Introducción

La crisis de la deuda en América Latina trajo consigo una reforma en materia económica en muchos países apegada al Consenso de Washington en 1989. Se diseñó un programa de ajuste para la región que incluyó: disciplina fiscal, reordenamiento del gasto público, privatizaciones, desregulación, liberalización del comercio, entre otros aspectos (^{Martínez y Soto, 2012}). Nuevos actores participan en la economía, la política y en la vida social de esta región (^{Martínez y Soto, 2012}; ^{Rodríguez, 2013}).

Para cuando llega el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá en 1994, ya se podía apreciar la injerencia de la sociedad civil en los asuntos públicos en México gracias a la reforma política electoral de 1977, que sentó las bases para la alternancia y una mayor libertad para que actores ajenos al gobierno se empezaran a movilizar. En la frontera norte, donde la urbanización había despuntado gracias al Programa de Industrialización de la Frontera de 1965, el activismo social ya estaba desarrollado. Esto permitió que en poco tiempo se alzaran voces de ambos lados para advertir de posibles daños al medio ambiente fronterizo por la llegada masiva de industrias que, junto con el acelerado crecimiento urbano, podían generar contaminación y poner en riesgo el equilibrio ecológico, la salud humana y los recursos naturales de la región (^{Alfie, 1998}, ²⁰⁰²; ^{Verduzco, 2001}; ^{Sabet, 2008}; ^{Córdova, 2014}).

En la región que nos ocupa destaca el trabajo que la Comisión Sonora-Arizona ha venido desarrollando desde 1959, en los temas de agua, ecología y medio ambiente, entre otros, así como también la labor de diversas organizaciones de la sociedad civil en ambos lados de la frontera, como Arizona Border Ecology Project, Natural Conservancy, Proyecto Ambiental Fronterizo, Red Fronteriza de Salud y Ambiente, A. C., Centro de Estudios Ambientales, A. C., Sierra Club, Enlace Ecológico, A. C., entre otras organizaciones, que de 1993 a 1996 asumieron un liderazgo importante (^{Torres, 2004}). Esto generó, sin duda, una oportunidad para que la sociedad civil organizada pudiera influir sistemáticamente en las decisiones de política ambiental a lo largo de esta frontera (^{Liverman et al., 1999}).

De esta forma, y dado el interés de los gobiernos por incrementar la cooperación y librar de mejor manera la oposición al crecimiento económico, se establecieron varios acuerdos paralelos, entre ellos, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, entre México, Canadá y Estados Unidos en 1993 creando, como lo estipula su Artículo 8, la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), que tiene en su estructura operativa el Comité Consultivo Público Conjunto y los comités consultivos en cada país, ambos con la participación de miembros de la sociedad civil. Junto con ello, se crean en este mismo año la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) para operar en la frontera México-Estados Unidos con un Consejo Directivo que también considera la inclusión de miembros del sector civil.

Con estos hechos, se deja de lado la época de la negligencia negociada entre México y Estados Unidos (^{Fernández de Castro y Domínguez, 2001}) y se entra de lleno a lo que algunos llaman el juego de Washington, donde ambos países buscan ventajas económicas por medio del cabildeo (^{Fernández de Castro, 2006: 153}) y, de esta manera, se afianza un tipo de relación especial (^{Knight, 2006}; ^{Whitehead, 2006}) que se va haciendo cada vez más robusta en la medida en que la interdependencia económica se amplía.¹

En este contexto la Cocei, junto con el BDAN, se avocaron desde un inicio a desarrollar la frontera y, con ello, a acotar los posibles impactos ambientales que el TLCAN podría generar. En la primera fase de su acción pública, ambas instituciones se concentraron en reducir el atraso en infraestructura básica: agua, disposición de residuos sólidos y pavimentación y, de esta forma, conservar los recursos naturales y prevenir la contaminación del ambiente. Dentro del avance que podemos documentar en los primeros años se encuentra el tema del agua en la frontera mexicana. La cobertura de agua potable pasa del 87 por ciento en 1995 al 99 por ciento en 2009; la cobertura de drenaje pasa de 33 a 86 por ciento y la de saneamiento de tan sólo el 3 por ciento a un 86 por ciento en esos mismos años (^{Córdova, 2011}).

En la frontera Sonora-Arizona, comunidades pequeñas en población como Naco, Sásabe y Sonoyta en Sonora, o Somerton, Bisbee y Wilcox en Arizona, difícilmente hubieran podido solucionar el problema de alcantarillado y saneamiento de sus aguas sin el apoyo de estas dos instituciones. Para ciudades como Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado en Sonora, y Yuma y Nogales en Arizona, el financiamiento que se les ha otorgado es de 206 millones de dólares, lo cual es muy superior a lo que podrían recaudar con sus ingresos propios. Por ejemplo, el municipio de San Luis Río Colorado ha recibido un financiamiento de 110.07 millones de dólares, esto es, 1 981 millones de pesos al tipo de cambio actual para nueve proyectos relacionados con el agua, los residuos sólidos y la calidad del aire y sus ingresos propios se estiman en apenas 155.32 millones de pesos para 2017 (^{Municipio de San Luis Río Colorado, 2017}); esto sugiere que sin la intervención de estas instituciones binacionales, municipios como San Luis Río Colorado no habrían tenido la oportunidad de avanzar en el desarrollo de infraestructura ambiental.

Estos y otros resultados han permitido llevar a mejores niveles de bienestar social y de competitividad económica a la región por medio de la generación de proyectos que cumplen con tres elementos sustantivos: posibilidad técnica, viabilidad financiera y participación pública.² Esta última vertiente es la que interesa y se analiza en los procesos de certificación de proyectos de infraestructura ambiental relacionados con el agua, el aire, el suelo y la energía en esta frontera durante el periodo de 1996 a 2017.

Metodológicamente, este trabajo toma como base de información el documento de certificación de cada proyecto que se encuentra disponible en la página electrónica de la Cocef y se complementa con entrevistas semiestructuradas a dos de sus funcionarios más involucrados en el proceso de participación pública desde su creación.³ Del documento de certificación, en el apartado de participación pública observamos los siguientes aspectos: la existencia de los Comités de Seguimiento (CS), que se definen por su relación directa con los cueRPos técnicos y financieros del proyecto, con la gestión de recursos y con la evaluación de los impactos ambientales -esto ha permitido que la construcción de consensos surja desde etapas en que el concepto del proyecto está definido (^{Guerrero, 2001})-; la existencia del Programa Integral de Participación Pública (PIPP); el ejercicio de reuniones públicas (RP) -según el criterios de la Cocef se deben tener cuando menos dos RP, una para la presentación de la factibilidad técnica y otra para la presentación de factibilidad financiera-; y las estrategias de información y retroalimentación que el promotor y/o los CS desarrollan a lo largo del proceso de participación pública. En las entrevistas se preguntó a los funcionarios sobre estos procesos: sobre su diseño inicial, los cambios que se han hecho y la perspectiva futura de este tipo de ejercicios públicos.

En esta dinámica, nos preguntamos: ¿hasta qué punto se ha desarrollado la participación pública en la frontera Sonora-Arizona derivada de la certificación de proyectos de infraestructura ambiental que encabeza la Cocef?; ¿existe un cambio en las relaciones de poder a pesar de que la Cocef ha sido la promotora de la participación pública para este tipo de proyectos? Lejos de ser un trabajo descriptivo de los cincuenta y un ejercicios de participación pública analizados, donde se involucran actores de los diversos sectores de la sociedad de ambos lados, se han podido observar algunas conductas individuales y grupales de los participantes que muestran un cierto interés, no tanto por adueñarse de la cosa pública, sino por mejorar las condiciones de vida de sus comunidades.

Para cumplir con este planteamiento, el trabajo se divide en tres apartados: el primero expone el marco teórico de la participación pública; el segundo hace una análisis de las formas en que ésta se ha llevado a cabo en los proyectos de infraestructura ambiental en los dos estados en cuestión; y en el tercero se vierten algunas consideraciones finales a manera de conclusión.

Participación pública

La participación pública o ciudadana se da cuando la sociedad civil interviene en la esfera de lo público; se crean condiciones para el debate abierto sobre los diversos temas de interés general (^{Dahl, 1989}; ^{Serrano, 2015}; ^{Sánchez, 2009}; ^{Arteaga, 2003}); y se da pie a una mayor confianza en las sociedades para soluciones conjuntas a problemas públicos, alcanzándose con ello una cierta legitimidad democrática en la acción de los gobiernos (^{Guillén y Monsiváis, 2017}).

En los tiempos actuales, reflexionar acerca de la participación pública nos lleva necesariamente al asunto de la gobernanza moderna. Aquí, el Estado no desaparece, sino que se producen cambios en los roles de gobierno para cooperar con otros sectores sociales sin disminuir su intensidad y compartir responsabilidades (^{Kooiman, 2005}; ^{Mayntz, 2001}; ^{Aguilar, 2010}, ²⁰¹⁶), lo cual permite la conversión de una pluralidad de intereses en una acción unitaria, alcanzándose las expectativas de los diversos actores sociales (^{Cerrillo, 2005}). Para Luis F. Aguilar la gobernanza ha sido posible, entre otras cosas, debido “[...] a la creciente diferenciación interna de los ámbitos de acción de la sociedad contemporánea y su mayor independencia de la política, así como debido a la interdependencia económica e informativa que una sociedad doméstica construye con otras sociedades externas para estar en condiciones de resolver problemas y realizar sus aspiraciones” (^{Aguilar, 2016: 80}).

Sin duda, el paradigma de la gobernanza moderna explica de mejor manera el modelo de participación ciudadana que se expone en este trabajo; no obstante, debemos aclarar que estamos frente a dos sistemas de gobierno muy diferentes que convergen a la hora de tratar de solucionar problemas ambientales fronterizos. Por el lado de México, el paradigma de la gobernanza aparece en plena transición a la democracia, y por el de Estados Unidos surge en una democracia ya consolidada. Veamos el expediente.

En el caso de México, la gobernanza se atraviesa en el camino a las inercias de un sistema político vertical, desgastado. Esto da como resultado la crisis de la deuda, por lo que no se opone mucha resistencia y obliga necesariamente al Estado a abrirse a la sociedad, que está cada vez más informada (^{Labastida, 2000}; ^{Bolívar, 2013}). El Plan Baker empuja hacia la aceptación plena del modelo neoliberal (^{Rosales, 1986}; ^{Przeworski, 1998}) y, con ello, propicia la apertura a nuevas formas de gobernar apegadas a los postulados del Consenso de Washington que considera, entre otras cosas, la opinión de los actores no gubernamentales (^{Guevara et al., 2010}; ^{Toledo, 2009}). Coincidentemente, a partir del TLCAN observamos en el país formas novedosas como la gestión interorganizacional y transversal (^{Aguilar, 2011}), la gestión por resultados (^{Villalobos, 2012}) y la evaluación al desempeño de los planes y programas gubernamentales (^{Penagos, 2008}).

Para el caso estadounidense la gobernanza moderna, tal como se aplica a México, no pasa por una etapa crítica, pues gran parte de su filosofía fue adoptada desde mucho tiempo atrás. Alexis de Tocqueville explica en 1835 esta tendencia en ese país, donde la democracia se finca precisamente en la independencia individual del pensamiento de cada ciudadano. Lo expone así: “Los hombres que viven en los tiempos de igualdad son difícilmente conducidos a situar la autoridad intelectual a la cual se someten fuera y por encima de la humanidad. Es en ellos mismos o en sus semejantes donde de ordinario buscan las fuentes de la verdad” (^{Tocqueville, 1989: 29}).

De hecho, los ajustes al modelo de participación pública han sido discretos. Por ejemplo, desde los años treinta del siglo XX inicia la regulación de la participación de actores no gubernamentales con la Foreign Agents Regulation Act (FARA) de 1938, para limitar la influencia de agentes ajenos al gobierno; asimismo, se cuenta con la Federal Regulation of Lobbying Act de 1946, para evitar presiones indebidas de particulares; y con la Administrative Procedure Act (APA) de 1946, para regular la participación ciudadana en la elaboración de leyes y reglamentos (^{Vázquez, 2010}). Esta institucionalización de la participación genera la confianza necesaria en las comunidades para ejercer ese derecho a la vida política, especialmente en el ámbito local, donde se pueden ver con mayor claridad los beneficios de la normatividad, pero también del acercamiento que debe existir entre gobierno y ciudadanía (^{Dabelko y Weinberg, 1984}; ^{Neuse, 1983}; ^{Berner et al., 2011}).

En este escenario, la Cocef y el BDAN establecen una forma de gobierno que rompe con los esquemas de figuras del Estado omnipotente, para convertirse en una cara amable, comunicativa y eficaz para organizar la participación pública necesaria para conocer las expectativas, capacidades y compromisos que los ciudadanos de esas comunidades tendrán a la hora de contar con la infraestructura solicitada. De alguna manera, este esquema indica que la Cocef y el BDAN ceden parte de su poder público a las comunidades para la construcción de una agenda ciudadana por medio de un Plan Integral de Participación Pública (PIPP) y para decidir estrategias de deliberación, información y toma de decisiones sobre los alcances de los proyectos en cuestión.⁴

En este proceso, los Comités de Seguimiento (CS) son la figura principal, son el eslabón entre las autoridades y la ciudadanía. Se reúnen con otros actores ya sea del mundo académico, empresarial y gubernamental para asesorarse, a su vez, debaten hasta alcanzar un consenso y se dan a la tarea de difundir la información que tienen en sus manos para generar opinión pública, esto de alguna forma constituye un tipo de deliberación pública.

Son ahora diversos los actores sociales que debaten sobre un mismo punto en condiciones comunicativas apropiadas para llegar a un consenso sin que sea el sistema el que dicte completamente la política pública que habrá de llevarse a cabo en estas comunidades. Al respecto Jurgen ^{Habermas (2013: 246)} señala que en la actualidad “[...] el sistema político no es el centro ni la cúspide, ni tan siquiera el modelo de la sociedad que acuñará las estructuras de ésta, sino tan sólo un sistema de acción entre otros”. De esta manera, los CS, junto con los promotores (gobiernos locales) y la Cocef convocan a las reuniones públicas (RP), que son los encuentros entre todos los interesados para discutir, primero, la posibilidad técnica, y en segundo término, la viabilidad financiera de un proyecto.

En los veintiún años que se analizan se pueden observar los ajustes que la Cocef ha hecho en el camino. A partir de 2009 se abandona el esquema de participación por medio de los CS sólo para aquellos proyectos que se relacionan con el Fondo de Infraestructura Ambiental de la Frontera (BEIF, por sus siglas en inglés) que administra la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y, con ello, se adoptan nuevos procedimientos de participación pública. Por ejemplo, para proyectos de residuos sólidos, de agua y saneamiento, así como de energías renovables con crédito del BDAN, la Cocef sólo realiza consultas ciudadanas informativas y establece treinta días para recibir comentarios del público en general; para proyectos PAC (Programa de Acción Climática) se efectúan también consultas públicas informativas pero con catorce días para aceptar observaciones de la ciudadanía.⁵

Como quiera que sea, la Cocef mantiene el objetivo de que a los ciudadanos se les informe oportunamente y que participen con sus ideas y experiencias en los proyectos que se van a certificar, ya sea en un CS o en una RP, donde se les informará y se les pedirá la opinión, ya sea verbal o contestando una “encuesta de salida” en el lugar de la reunión o en sus hogares.⁶ El avance en materia de participación es ahora expuesto de una manera general, de tal forma que se puede apreciar la sistematización de la participación y algunas diferencias en cada uno de los proyectos en cuestión, que dependen de las motivaciones e intereses de cada comunidad convocada a participar.

Participación ciudadana en la frontera Sonora y Arizona

Para la frontera de Sonora se analizaron veintiocho proyectos certificados y para Arizona veintitrés, mismos que recibieron financiamiento ya sea por el BDAN, por la epa, por instituciones federales y locales de cada lado o por una combinación de estas instancias por un monto de 399.55 millones de dólares para Sonora y de 196.85 millones de dólares para Arizona.

De los cincuenta y un proyectos estudiados, treinta y dos están relacionados con el agua, ya sea para agua potable, alcantarillado o saneamiento, de los cuales diecinueve se han llevado a cabo en el estado de Arizona; seis son de residuos sólidos (sistemas de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos), cinco en Sonora y solamente uno en Arizona; ocho están relacionados con la calidad del aire (proyectos de pavimentación), todos ellos realizados en Sonora; cuatro tienen que ver con la generación de energía renovable (parques solares), con tres que se ubican en el estado de Arizona y uno en Sonora; y uno más, que se enfoca en los cruces internacionales, se encuentra radicado en Sonora.

En general, podemos resumir lo siguiente para ambos estados: los comités de seguimiento (CS) trabajaron por lapsos que van de seis meses a dos años y estuvieron conformados por un promedio de ocho personas, representantes de la ciudadanía y de algunos sectores sociales, incluyendo a empresarios y funcionarios gubernamentales; los planes integrales de participación pública (PIPP) fueron elaborados en la mayoría de los casos allí donde se constituyó un CS, y la Cocef los aprobó en su momento; en cuanto a las reuniones públicas (RP), en ambos casos se cumple con las dos reuniones sugeridas por la Cocef. Las dos RP que se sugieren se celebraron para cada proyecto en proceso de certificación y cumplieron con un espacio de un mes entre una y otra. En algunos casos hubo más de dos reuniones públicas; asimismo, la asistencia promedio se calculó en ochenta personas, con casos extremos ya sea de sólo diez personas, o por el otro lado, con ochocientas.

La estrategia de información pública y de retroalimentación para el contacto con los actores locales fue relevante por su variedad y por la forma de abordaje a los mismos. Las cartas de apoyo y/o aceptación en reuniones públicas fueron un mecanismo ampliamente generalizado en todos los proyectos donde se constituyó el CS. En el lado estadounidense fue más patente el recurso de las cartas de apoyo. La aplicación de encuestas de salida, en especial después de la segunda RP, en donde se trataba el asunto financiero, así como de una encuesta a jefes de hogar para conocer las condiciones de vida y expectativas que los ciudadanos pudieran tener en relación con el proyecto a certificar, fue un mecanismo innovador en cierto momento, y brindó información cuantitativa y cualitativa actualizada más allá de la que proporcionan los censos de cada país; por último, se documenta el manejo de estrategias simples de información, como el uso de volantes y carteles, así como de medios de comunicación masiva como la radio, la televisión y los periódicos locales. Asimismo, resulta interesante el trabajo con actores específicos, dependiendo del tipo de proyecto y el trabajo de integración por medio de reuniones del CS y los promotores con sectores y actores sociales particulares, como los son: cámaras empresariales, colegios de profesionistas, asociaciones de productores, ejidos, tribus indígenas, comités de vecinos y grupos de vecinos de las colonias afectadas por los proyectos a certificar.

Para la frontera de Sonora se observó de manera particular lo siguiente: los CS se integraron con un promedio de cinco miembros y su primera tarea fue elaborar su PIPP. En cuanto a las RP, en la mayoría de las ocasiones se llevaron a cabo las dos correspondientes, dándose un caso (Proyecto Numeral 4) con tres reuniones. El tiempo entre una y otra reuniones públicas varió, ya que en unos casos fue de unas semanas y en otros (la mayoría) de hasta dos años. La asistencia promedio fue de aproximadamente cien personas. En el caso de la estrategia de información y retroalimentación se encontró que en la mayor parte de los casos el apoyo al proyecto de los asistentes a las RP fue abrumador. En relación con el trabajo de información al público del CS se observa un esfuerzo muy importante tanto por éste, como de otros actores, como los promotores y la Cocef, por informar oportunamente a la población acerca de la realización y operación de los proyectos en sus comunidades (véase el Cuadro 1).

Para la frontera de Arizona se constató lo siguiente: los CS se integran con un promedio de nueve miembros, la mayoría ciudadanos que elaboraron los PIPP en los primeros meses. En cuanto a las RP, en la mayoría de los proyectos se efectuaron las dos correspondientes, con dos de ellos (numerales 7 y 10) con más de dos reuniones. El tiempo entre una y otra RP varió, ya que en algunos casos fue de unos meses y en otros hasta de dos años. La asistencia promedio no se puede determinar, ya que casi ninguno de los reportes especifica ese dato, pero se estima que llegaron alrededor de cincuenta personas por cada RP (véase el Cuadro 2).

En relación con las estrategias de información y retroalimentación, se encontró que hubo creatividad y consistencia. Se documentan la reunión entre actores y el sondeo de opinión como las principales estrategias, pero también, en muchas ocasiones, se recurrió a la utilización de medios electrónicos y de comunicación masiva, además de que fue frecuente el uso de cuadernillos informativos. Respecto del trabajo de los CS con la información al público y a otros actores, se aprecia un gran esfuerzo, en el cual participaron decididamente los promotores y la Cocef (véase el Cuadro 2).

En este proceso, se puede documentar además la participación pública de acuerdo con una clasificación de cuatro tipos de actores que propone (^{Pedro Pirez 1995}; véase el Cuadro 3): actores que siguen una lógica de la ganancia, como son los empresarios; aquellos que tienen una lógica de la necesidad, como son las organizaciones de la sociedad civil, organizada o no; actores que se mueven con una lógica de la política y el bienestar social, como los gobiernos; y quienes responden a una lógica del conocimiento, sobre todo los académicos e investigadores de instituciones públicas o privadas. Con base en ello, se pudo distinguir a cien actores sociales, de los cuales veintidós pertenecen a Sonora y setenta y ocho a Arizona.

En los proyectos certificados para Sonora participaron seis actores del sector empresarial, seis de la sociedad civil, organizada o no; ocho actores del sector gubernamental y siete actores del sector académico. Para Arizona intervinieron veinte del campo empresarial, treinta y cuatro de la sociedad civil organizada, veintisiete del sector gubernamental y siete de procedencia académica.

Consideraciones Finales

La participación pública se ha desarrollado en un grado importante en la certificación de proyectos de infraestructura ambiental en la frontera Sonora-Arizona. Se ha mantenido un cierto orden cívico y las autoridades locales, o sea los promotores, han sido capaces de comprender el ejercicio democrático y trabajar de la mano con las autoridades binacionales, en este caso la Cocef y el BDAN.

Se pudo comprobar que la gobernanza moderna opera si se produce una relación de confianza entre autoridades y sociedad civil, esté organizada o no. Lo anterior sin duda constituye un importante capital social por la conciencia y confianza ciudadanas generadas en estos procesos de certificación de infraestructura.

La apertura de los gobiernos de ambos lados para permitir la inclusión de nuevos actores en el ejercicio de gobierno se demuestra con el desarrollo de estrategias con alta participación e integración ciudadana, como:

Estos resultados de más de veintiún años son reflejo de la búsqueda de nuevos caminos para llegar a poner al ser humano en el centro del escenario político internacional, otorgándole la oportunidad de ejercer el derecho a decidir sobre su propio entorno. Para el caso particular, el cumplimiento de los acuerdos paralelos del TLCAN en materia de participación pública y el cumplimiento al Artículo 2 del Acta Constitutiva de la Cocef y el BDAN, así como el cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que se refiere a la necesidad de promover la participación ciudadana y el acceso a la información, junto con la presión de grupos de empresarios, académicos y organizaciones civiles, marcaron el camino por donde la Cocef debía transitar en la frontera, sin permitir caer en la tentación de aplicar formas altamente racionales y burocráticas.

Asimismo, se ha podido documentar que para el caso de proyectos de infraestructura ambiental en un contexto fronterizo, el modelo horizontal de alto involucramiento ciudadano es el que mejor ha resultado, ya que se ajusta precisamente a las expectativas de una sociedad cada vez más informada y motivada para responder a los planteamientos que las autoridades desarrollan en su beneficio.

Se aprecia que en la frontera de Arizona la participación activa de los actores sociales es mucho mayor que en la de Sonora, pues en el primer caso se pudieron identificar, con los datos que aparecen en los documentos de certificación, a ochenta actores, de entre los cuales cincuenta y cuatro son de los sectores de la sociedad civil y empresarial. En cambio, en Sonora esa participación fue mucho más reducida, con apenas veintidós actores, doce del campo empresarial y seis de la sociedad civil organizada entre ellos. Todo esto motiva a que se tenga que trabajar más en los asuntos de involucramiento ciudadano en las comunidades mexicanas y en generar una mayor confianza por parte de las autoridades de este país.

No deja de inquietar que la participación pública no sea directa para proyectos privados con financiamiento del BDAN. Si bien los particulares pagarán el costo del financiamiento, esto no quiere decir que su obra u actividad no afecte a las comunidades locales en materia ambiental. Pudimos observar que en los once proyectos, nueve de Arizona y dos de Sonora, donde la participación es por medio del internet, en ninguno hubo comentarios públicos, teniendo todos un plazo de quince o treinta días para efectuarlos. Este resultado indica que si los miembros de la comunidad no son convocados a una RP, no opinan. Con ello se abre la posibilidad de que estos proyectos no sean conocidos por los miembros de las comunidades y, por lo tanto, no pueden generar confianza, algo que se ha cuidado en el resto de los proyectos.

Esto nos lleva a la segunda pregunta del estudio sobre si existe un cambio en las relaciones de poder a pesar de que la Cocef ha sido la promotora de la participación pública para este tipo de proyectos. Primero, debemos señalar que gracias a la Cocef se ha podido realizar un tipo de participación pública sui genéris para comunidades fronterizas; lo segundo, es amplia la participación pública en programas y proyectos en el marco de la Comisión Sonora-Arizona y en los grupos de trabajo del agua, aire y suelo del Programa Ambiental México-Estados Unidos Frontera 2020; y tercero, se ha instalado en el imaginario colectivo de las comunidades en cuestión la idea de que pueden participar en cualquier momento, ya sea en respuesta a una convocatoria, o bien cuando haya una emergencia por alguna amenaza por parte de la actividad humana o la naturaleza.

Finalmente, es preciso mencionar que el presente trabajo seguirá en pie mientras se obtengan los testimonios de otros actores clave provenientes de la sociedad civil de ambos lados de la frontera y mientras el futuro de BDAN sea incierto. Desde el 10 de noviembre de 2017, el Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre el Establecimiento de la Cocef y el BDAN entró en vigor, con lo cual se fusionaron las dos instituciones en una sola entidad, quedando como banca de desarrollo con una parte operativa donde estaría lo que fue la Cocef. Habrá que estar atentos a esta fusión en un contexto desfavorable, ya que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca crea incertidumbre para la frontera, donde ha puesto mucha de su atención por cuestiones de seguridad, migración, pero en especial por su negativa a ratificar los Acuerdos de París sobre Cambio Climático, lo cual hace pensar que el medio ambiente y lo que puedan opinar al respecto las comunidades no es un tema dentro de su agenda.