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Introducción
De un imaginario “mundo sin fronteras” se pasó a un “mundo fortificado” (Aguilar, 2006), donde las fronteras internacionales se han fortalecido a través de políticas unilaterales en un proceso conocido como de “refronterización”. En Estados Unidos, esto ha generado nuevas espacialidades en las regiones fronterizas, tanto de ese país, como de los colindantes. En el caso de la frontera de Estados Unidos con México, este proceso del Estado-nación se expresa con operaciones como la construcción del muro fronterizo, el aumento de efectivos de las agencias policiales y fronterizas, así como la (re)producción de un discurso del miedo, entre otras, que confrontan las operaciones espaciales en la escala local. Como se mostrará, las acciones confrontadas no son únicamente las que, desde la justificación de la refronterización, suponen una amenaza a la seguridad del Estado-nación (como el tráfico de drogas y de personas), sino también las actividades cotidianas de la población fronteriza. Partiendo de la perspectiva de la geografía de la vida diaria (Holloway y Hubbard, 2000; Lussault, 2015) y de los critical border studies (Amilhat-Szary y Giraut, 2015, eds.; Mezzadra y Neilson, 2013; Nail, 2016; Rumford, 2012) focalizados en las relaciones de poder en el espacio y en distintas escalas (desde la global a la microlocal), se pueden interpretar las nuevas espacialidades en las regiones fronterizas como resultado de la copresencia de operadores y operaciones espaciales en conflicto: por un lado, las de refronterización y, por el otro, las cotidianas, que se reajustan a la refronterización o, por el contrario, se reinterpretan como una resistencia a aquélla.
Aunque la refronterización de Estados Unidos tiene efectos en las espacialidades de ambos lados de la frontera, el grueso de los análisis académicos se ha centrado exclusivamente en el lado estadunidense véanse, por ejemplo, Andreas y Biersteker, 2003, eds.; Casey y Watkins, 2014; Correa, 2013; Dear, 2013; Drache, 2007; Maril, 2011; por el contrario, se ha prestado una insuficiente atención a los espacios locales fronterizos de México, incluso desde este país (Verea, 2006; Wong, 2013), así como desde una perspectiva comparativa o transfronteriza. En este sentido, los objetivos de esta investigación son identificar, primero, las espacialidades locales en conflicto (y los espacios, operaciones y operadores espaciales que las coconstruyen), las de refronterización y las de resistencia, prestando atención a las diferencias en las operaciones en el lado estadunidense y el mexicano; y, segundo, las interrelaciones entre unas y otras, y si con ellas se desactiva o refuerza la separación fronteriza entre México y Estados Unidos.
Para este fin se entiende la separación fronteriza como la función dirigida a crear y mantener las discontinuidades (territoriales, sociales, culturales, etc.) entre los espacios separados y diferenciados (Benedetti, 2014). Se parte de la hipótesis de que, en un contexto de refronterización, el refuerzo de la separación fronteriza contribuye a aquélla; mientras que, por el contrario, la desactivación en un marco de resistencia influiría en el proceso contrario, la desfronterización. Para ello se seleccionó un estudio de caso local, el embalse binacional de Anzaldúas, inscrito en el área metropolitana de Reynosa, Tamaulipas, y McAllen, Texas, analizado con una metodología cualitativa.
Este trabajo inicia con la aproximación teórica que debe permitir el análisis de las especialidades fronterizas en conflicto. A continuación, se ofrece la estrategia metodológica y la descripción del área de estudio, a lo que sigue la exposición de los resultados (las espacialidades de refronterización y las de resistencia en Estados Unidos y en México), y las conclusiones.
Marco Teórico
Los procesos que constituyen la globalización pusieron en duda el paradigma que sustentaba la relación entre Estado-nación y frontera, no sólo en el ámbito de la geopolítica, sino también epistemológica y ontológicamente (Amilhat-Szary y Giraut, 2015; Elden, 2005, 2009; Mezzadra y Neilson, 2013), ante lo cual surgieron -o se propusieron- nuevos paradigmas y aproximaciones teóricas. Partiendo de las conceptualizaciones de espacialidad y fronteridad, se procede a exponer la fronteridad contemporánea.
Espacialidades y fronteridades
Para esta investigación son útiles el marco analítico de espacialidad (Lussault, 2015) y fronteridad (Amilhat-Szary y Giraut, 2015), ambos procedentes de la geografía francesa. Para Lussault (2015: 141) la espacialidad se define como el “conjunto de relaciones de los operadores (es decir, cualquier instancia, cualquier individuo o grupo que realice una operación espacial) con el espacio, aquí concebido como un recurso material e ideal para los operadores” (cursivas en el original). Esta conceptualización supera la definición habitual que de esta categoría da la geografía positivista y neopositivista, que suele reducirla a la simple localización y distribución geográfica de los fenómenos. Por el contrario, para Lussault (2015: 141) implica considerar la “genealogía y expresión de esta espacialidad bajo sus múltiples formas ideales y materiales”, por lo que cualquier fenómeno espacial implica una complejidad mayor que la de su localización y distribución.
En la espacialidad interactúan tres componentes distintos: el espacio, los operadores (o actantes) y la operación (o acción) espacial (Lussault, 2015). En relación con el primero, el espacio se conceptualiza como un elemento temporal coconstruido por los operadores y las operaciones; es decir, como un espacio relacional. Ya no es concebido como una estructura, sea absoluta (el espacio como algo fijo y conocido dentro del cual ocurren procesos) o relativa (el espacio de los flujos, donde la localización y la distancia de los objetos es relativa en función de sus características). En segundo término, los operadores son “una realidad social cualquiera (por lo tanto, no necesariamente […] una persona), dotada de la capacidad de contribuir a la organización y la dinámica de una acción individual o colectiva” (Lussault, 2015: 142). Estas realidades sociales pueden ser humanos (individuos y colectivos), no humanos (otros seres vivos y objetos) e híbridos (o casi personajes) (una disposición socioespacial como el paisaje, los lugares identitarios, etc.).
El tercer componente, la operación espacial, parte de la premisa de que los operadores espaciales “no actúan sobre el espacio, sino con el espacio” (Lussault, 2015: 172) (cursivas en el original). Según Lussault y Stock (2010), la actuación con el espacio permite un acercamiento más adecuado a la dimensión espacial de los fenómenos. En esta dirección, la operación espacial se refiere a que “toda actividad compromete una relación del operador con la dimensión espacial (ideal o material) de la sociedad”, donde cualquier actividad “exige dominar el espacio, poner en práctica diferentes tecnologías de la distancia, jugar con el recurso espacial” (Lussault, 2015: 171-172).
Esto nos lleva a las espacialidades fronterizas, que Amilhat-Szary y Giraut (2015) proponen denominar con un término análogo, el de fronteridad. Con este concepto se alude a los múltiples roles de la frontera y a las múltiples experiencias de lo que ésta es, entendiendo frontera como práctica y no sólo como producto. De ello se desprenden dos componentes básicos: primero, implica cualquier tecnología de división espacial y social y, por ende, de poder, dominio, control y regulación del espacio y de las espacialidades. Segundo, implica el reconocimiento de la dimensión social, es decir, de las interrelaciones de los operadores espaciales en relación con y en la frontera. En este sentido, las fronteridades están constituidas por los diversos y desiguales derechos, recursos, intereses, referencias y proyectos individuales o colectivos.
Por último, la perspectiva de la espacialidad y la fronteridad permiten una aproximación al espacio en tanto que socialmente construido y el reconocimiento de la complejidad, lo que implica para el investigador confrontar dos condicionantes. El primero se refiere a la escala de los fenómenos estudiados, donde lo micro y la cotidianidad (desde el cuerpo a lo local) se tornan las dimensiones inteligibles del espacio. Derivado de lo anterior, el enfoque metodológico más adecuado es el cualitativo, del que se desprende el segundo condicionante. Éste se refiere a la relación del investigador, en tanto que cuerpo y emociones, con el espacio de estudio, por lo que la aplicación de la metodología e interpretación de los resultados están marcadas por su experiencia espacial como individuo.
Fronteridades contemporáneas
En el campo de los estudios fronterizos, se han identificado distintos procesos multifacéticos que actúan simultáneamente, a pesar de su oposición en el espacio y el tiempo, y en distintas escalas (de la global a la microlocal), dando como resultado combinaciones específicas a cada lugar. Justamente su simultaneidad -y no su mutua exclusión- y las tensiones que ello produce son lo que caracteriza la fronteridad contemporánea (Amilhat-Szary y Giraut, 2015; Mezzadra y Neilson, 2013; Nail, 2016). Entre otros aspectos, cabe mencionar la refronterización y la desfronterización, uno opuesto al otro, las resistencias a uno y otro, la deslocalización y externalización de las funciones fronterizas. Por razones de espacio, y de acuerdo con los objetivos de la investigación, sólo expondremos la refronterización y la resistencia a ésta.
En primer lugar, la conceptualización de la refronterización depende de la posición política e ideológica de quien use el término (Ashby, 2014; Herzog y Sohn, 2017). Para esta investigación, se interpreta como la reacción de los Estados-nación a lo que perciben como las amenazas derivadas de ciertos procesos de la globalización: la migración indocumentada, el narcotráfico, el terrorismo internacional, la pérdida de soberanía y de poder, la hibridación cultural, etc. (Anderson, 2001; Vallet y David, 2012; Ferrer-Gallardo, 2008; Till et al., 2013); en cambio, no se refiere a las medidas tomadas en caso de conflictos bélicos entre Estados-nación colindantes (Amilhat-Szary, 2012). A menudo también se ha interpretado aquella reacción como un signo de la reafirmación de los Estados-nación; sin embargo, trabajos como los de Brown (2010) muestran que se trata más bien de un síntoma de su crisis. Sea como sea, esa reacción se traduce en un reforzamiento o incremento de las funciones fronterizas (es decir, de la regulación y control de la movilidad de personas, bienes, capitales e información) y de la separación fronteriza (la significación y diferenciación del marco binario de los territorios e identidades nacionales), tanto en los límites de los Estados como -y de acuerdo con la deslocalización de las funciones fronterizas- potencialmente en cualquier punto de su territorio. Simplificando, como ya se ha mostrado ampliamente, para determinados flujos globales, transnacionales y transfronterizos (de personas, especialmente indocumentadas, de mercancías ilegales, etc.), la frontera se cierra.
Aunque es frecuente referirse a la refronterización como un solo proceso, para los efectos analíticos es preferible distinguir al menos tres subtipos complementarios: 1) la refronterización material, mediante el incremento de la infraestructura, tecnología, métodos de control y cuerpos policiales y militares (implementación de sistemas de vigilancia, construcción de bardas y muros de seguridad, etc.); 2) la refronterización jurídica, mediante el endurecimiento de las provisiones legislativas sobre migración (incluida la deportación), aduanas, seguridad de la frontera, etc., y su aplicación por los poderes Ejecutivo y Judicial y 3) la refronterización biopolítica, mediante métodos de control de los cuerpos y las emociones (desde técnicas biométricas hasta la (re)producción de discursos del miedo y del odio, en relación con la población y el territorio al otro lado del límite fronterizo, así como la insensibilización moral hacia el sufrimiento causado por el régimen fronterizo).
Estos procesos los realiza el Estado-nación (y todo su aparato) y, en determinados aspectos, otros operadores no estatales, como los medios de comunicación y los grupos civiles de vigilancia fronteriza. Para esta investigación resultan de interés los medios de comunicación, en tanto que operadores clave en la (re)producción de los discursos del miedo y de la insensibilización moral, y de la separación fronteriza en general. Todos aquéllos construyen y difunden una imagen negativa del espacio fronterizo, lo que abarca un abanico de componentes que van desde un espacio desolado y abandonado, hasta un espacio peligroso y violento (Dorsey y Diaz-Barriga, 2010; Jones, 2014), lo que refuerza el discurso de una necesaria y creciente refronterización material y jurídica. Además, estas representaciones tienen la capacidad de negar la posibilidad de ver la frontera como un espacio humano, vivible, dinámico y diverso a nivel económico, social y cultural.
Por último, si bien la refronterización es llevada a cabo unilateralmente por un Estado-nación, aquélla tiene efectos en las espacialidades de ambos lados de la frontera (Dear, 2013). Además de las consecuencias geopolíticas en las relaciones bilaterales entre aquel Estado-nación y los colindantes, sus influencias también se manifiestan en la cotidianidad de las poblaciones locales fronterizas, la migración y las actividades económicas que hacen uso de la frontera.
En segundo lugar, y retomando la posibilidad de la configuración de espacialidades en conflicto, como reacción a la refronterización se desarrollan operaciones de resistencia a aquélla, ya sea activa o pasiva (Gordon, 2010; Nyers, 2010; Jones, 2011; Amilhat-Szary, 2012; Casey y Watkins, 2014; Walters, 2006). Por medio de una resistencia pasiva, la población rechaza aceptar las espacialidades impuestas por las funciones y la separación fronterizas, incluida la refronterización, sin mostrar necesariamente una confrontación política abierta. Esta resistencia se da con (y mediante) las actividades y espacios cotidianos, a través de las cuales se transgrede, subvierte y omite lo que es interpretado como una imposición o un ejercicio de violencia.
Por otro lado, la resistencia activa se muestra abierta y explícitamente mediante operaciones como manifestaciones reivindicativas, campañas de boicot, ocupaciones y construcción de campamentos antifronteras, apoyo a migrantes indocumentados y refugiados, actos festivos de protesta y expresiones de arte fronterizo, entre otras posibilidades. Ambas modalidades buscan confrontar y transformar las espacialidades de la refronterización o la reivindicación de las espacialidades de la desfronterización (como la unidad transfronteriza). Un elemento clave de esta dinámica es el lugar donde se construye: en (o en las inmediaciones de) los espacios de la refronterización, ya sea en el límite entre estados (muros fronterizos, puertos fronterizos, etc.) o, dada la deslocalización de las funciones fronterizas, en el resto del territorio estatal (aeropuertos, centros de detención y deportación de migrantes indocumentados, sedes de organismos fronterizos y de empresas privadas que hayan asumido funciones fronterizas, etc.).
Por último, la resistencia a menudo se construye, y a la vez reproduce, según imaginarios ideales o ficciones romantizadas y naïves, como la coexistencia pacífica y amistosa, un “mundo sin fronteras”, la unidad transfronteriza, la libertad de movimientos y la libertad de permanecer donde cada persona escoja, entre otros (Sundberg, 2007; Burridge, 2010; Casey y Watkins, 2014). Sin estos ideales prefigurativos, difícilmente sería posible la resistencia e imaginar alternativas (Gordon, 2010); sin embargo, se alejan, en menor o mayor medida, de una realidad constituida por unas asimetrías de poder entre los Estados-nación fronterizos o entre los distintos operadores (por ejemplo, las diferencias en los recursos y derechos que poseen y ejercen los activistas y ciudadanos de un lado y otro de una frontera). Por ello se produce un efecto paradójico: las operaciones de resistencia acaban volviendo visible la frontera y la separación entre ambos países (o entre los distintos operadores).
Metodología y área de estudio
Metodología
La metodología aplicada fueron dos técnicas de investigación cualitativa: recorridos de observación (con guión) y análisis de contenidos para fuentes textuales. Primero, se realizaron varios recorridos en el lugar de estudio (en ambos lados de la frontera) durante el periodo 2013-2015, para identificar y describir las espacialidades (la configuración del espacio, los operadores espaciales y sus operaciones), incluidas las interacciones fronterizas. Esta técnica permite registrar la distribución, frecuencia e interacción de las distintas operaciones (en el espacio y el tiempo) y tipos de operadores más habituales o frecuentes en un arco temporal que, a partir de un punto de saturación, se asume como estable. En cambio, no es adecuada para registrar hechos imprevisibles y excepcionales (por ejemplo, accidentes y protestas, respectivamente), salvo que se produzca una coincidencia espacio-temporal entre la eventualidad y el investigador durante el trabajo de campo, lo cual es estadísticamente poco probable. Segunda, se llevó a cabo una revisión de fuentes textuales para documentar el caso de estudio y las espacialidades con un arco temporal mayor al periodo de trabajo de campo (particularmente las operaciones de refronterización, desde 2001), como los imprevistos y excepcionales (por ejemplo, las operaciones de resistencia a la refronterización y conflictos o disputas causadas por esta actividad).
La revisión documental se aplicó a dos tipos de fuentes: 1) noticias publicadas en los medios de comunicación locales (prensa impresa y digital de las áreas metropolitanas de Reynosa y McAllen, en particular El Mañana, Expreso y La Prensa, así como Rio Grande Guardian, The Monitor y The Progress Times, respectivamente); 2) documentación de los operadores locales sobre operaciones de resistencia y demás sucesos imprevistos (blogs y videos subidos a YouTube). El uso de noticias como fuente primaria posee ventajas y desventajas; entre las primeras destaca la cantidad de información suministrada, además, cronológicamente, sobre un determinado fenómeno y la cobertura de sucesos que los recorridos de observación no permiten captar; asimismo, su recopilación es facilitada por los motores de búsqueda. Entre sus desventajas destaca el carácter parcial e incompleto de la información, que no siempre es veraz y neutral. Con la finalidad de paliar en lo posible este problema, se optó por recabar información a partir de al menos un medio local de cada país; sin embargo, el interés en los medios radica justamente en su imparcialidad y en que, como se ha señalado, constituyen uno de los operadores que más contribuyen a la (re)producción de discursos (ya sea de la separación fronteriza y del miedo o de la resistencia a la fronterización).
En cuanto a los blogs y videos de YouTube, se buscaron y seleccionaron escritos y grabaciones realizados por los operadores locales que documentaran las espacialidades en el área de estudio, incluidas las eventualidades, así como para contrastar las informaciones de los medios de comunicación, siempre que fuera posible. La información recabada posteriormente se revisó mediante un análisis de contenidos (content analysis), técnica que permite formular inferencias reproducibles y válidas. Su aplicación implica dos etapas básicas, la simplificación de la información y su categorización. Para esta investigación, se definieron categorías comparables con las aplicadas en los recorridos de observación para su mejor complementariedad: sobre los operadores espaciales, sus operaciones y las interacciones fronterizas.
Área de estudio: el embalse de Anzaldúas (México-Estados Unidos)
Para la selección del área de estudio se definieron dos criterios: un espacio local fronterizo y la copresencia de operaciones de refronterización y de resistencia a ésta, a partir de lo cual se escogió el espacio formado por el embalse de Anzaldúas (en el río Bravo/Grande) y sus riberas. Éste se localiza en el límite entre Texas y Tamaulipas, integrado en el área metropolitana transfronteriza de Reynosa-McAllen1 (Mapas 1 y 2). Este espacio ejemplifica las imbricaciones de la relación entre México y Estados Unidos, desde la escala nacional -siendo el propio origen del embalse un ejemplo de ello- a la microlocal.
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps.
Mapa 2 El embalse binacional de anzaldúas. Fuente: Elaboraciónpropia a partir de Google Maps.
Tocante a esta investigación, se trata de uno de los numerosos lugares utilizados por el narcotráfico y la migración indocumentada para ingresar a Estados Unidos, si bien la US Border Patrol (USBP) lo consideraba uno de los principales (Maril, 2011). Igualmente, éste es uno de los muchos lugares donde el gobierno federal estadunidense y otros operadores han realizado labores de refronterización, aunque, a diferencia de otros desde y con éste se procede a la (re)producción del discurso del miedo. Asimismo, y a diferencia de otros lugares (aunque no es el único), su particularidad radica en las espacialidades de la vida cotidiana: el uso y actividades recreativas que se desarrollan, simétricamente, en ambos lados del río/frontera.
Para el análisis de las espacialidades en conflicto, conviene identificar algunas características de su configuración espacial. En primer lugar, dada su localización fronteriza, aquí confluyen e interactúan distintas dinámicas geopolíticas, geoeconómicas, socioculturales y ambientales de distintas escalas y de dos estados-nación. Sirva de ejemplo la sinuosidad del río, característica de su cuenca baja, que dificulta la vigilancia de la frontera por parte de las agencias fronterizas y policiales y, en sentido contrario, facilita los flujos migratorios y económicos ilegales. Asimismo, las sinuosidades tienen implicaciones metageográficas que entran en contradicción con el imaginario geopolítico de México y de Estados Unidos: mientras que en el imaginario el primero se halla en el Sur y el segundo en el Norte, en este espacio -como en otros de la cuenca baja- en ocasiones el lado mexicano está en el Norte y el estadunidense en el Sur (mapa 2). Asimismo, dada la dinámica hidrológica, que modifica constantemente el lecho fluvial, se produce una ausencia de demarcación del límite fronterizo -fijado en el canal más profundo del río- por lo que en la práctica nadie sabe con precisión dónde está.
Para la población local, ni uno ni lo otro constituyen un “problema”, aunque para los operadores de escala nacional genera un cierto desconcierto y puede ser fuente de conflictos. El carácter binacional de este espacio se manifiesta con la presa derivadora internacional, en funcionamiento desde 1960, y cuya gestión se realiza de forma concertada a través de las secciones mexicana y estadunidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)/International Boundary and Water Commission (IBWC). Inicialmente, la presa cumplía dos funciones: el control de las inundaciones y el riego para la agricultura, a las que, desde 1980, se añadió una tercera: el abastecimiento de agua para el consumo humano de la creciente área metropolitana de ReynosaMcAllen, en menoscabo del riego agrícola.
Independientemente de estas funciones, en ambas riberas (a ambos lados de la línea fronteriza) se han desarrollado espacios de esparcimiento: el Centro Recreativo La Playita y el parque zoológico de Reynosa, en el lado mexicano, y Anzalduas County Park, en el estadunidense; también adyacente al río se localizan, aunque un poco aguas arriba, el Parque de la Misión de La Lomita y Riverside Club. Estos espacios los utilizan las poblaciones locales (familias y grupos de amigos) y turistas estacionales, en fines de semana y festividades señaladas (especialmente entre marzo y noviembre), para distintas actividades: carnes asadas, cumpleaños, “pachangas”, pesca y observación de aves y mariposas, entre otras. Para ello están disponibles juegos infantiles, asadores, mesas, palapas, entre otros equipamientos.
Además de las riberas, el cauce del río también tiene un uso recreativo, materializado en el baño y en paseos con embarcación. En este último sentido, a uno y otro lado de la frontera hay dos embarcaciones para el paseo grupal, el Pachamama y el Riverside Dreamer, en el lado mexicano y estadunidense, respectivamente. Asimismo, en La Playita se cuenta con lanchas y motos acuáticas; mientras que en Anzalduas Park se dispone de un muelle para kayacs y canoas, actualmente en desuso. La intensidad de uso de estos espacios recreativos es distinta en un lado y otro de la frontera, siendo mayor en el mexicano, a pesar de la simetría y similitud en las actividades.
La significación del uso recreativo se refleja también en los proyectos de ampliación de estos espacios, especialmente en los últimos diez años, aunque no se materializaron por la coincidencia en el tiempo de al menos tres factores adversos (la refronterización, la crisis económica global de 2008 y el huracán Álex en 2010). En el caso de La Playita, en 2008 el gobierno municipal proyectó una ampliación, que incluía la construcción de embarcaderos, un teatro al aire libre, una concha acústica, gradas y canchas deportivas, un muelle de pesca y áreas para acampar. Paralelamente, en el lado estadunidense, en 2007 se proyectó la construcción de un parque de piragüismo de aguas bravas, ubicado al otro lado de la presa, lo que implicaba la modificación de la ribera y del cauce del río -y, por lo tanto, del límite fronterizo- con la instalación de rampas, bloques y rocas. El proyecto fue por iniciativa de una asociación civil local que persigue la preservación y promoción del corredor natural y cultural del río Bravo/Grande, y contó con el apoyo de los gobiernos locales, e incluso de la IBWC. Después de constatar la complementariedad de ambos proyectos, sus impulsores acordaron sumar esfuerzos. Se buscaba pasar de una concepción de dos espacios diferenciados y separados, a un solo espacio recreativo que integrase el río y ambas riberas.
Paralelamente, este espacio también es utilizado por el narcotráfico y el coyotaje de forma habitual y con una larga trayectoria histórica. Según Maril (2004; 2011), el modus habitual es el cruce desde el lado mexicano al estadunidense de la mercancía y de los migrantes, por medio de embarcaciones pequeñas y rápidas (lanchas y motos acuáticas). Asimismo, narcotraficantes y coyotes en un lado y otro patrullan el río y supervisan los movimientos de la USBP para determinar el mejor momento de realizar los cruces. A pesar del carácter efímero y voluntariamente invisible de estas operaciones, en el lado estadunidense permanecen restos materiales de su realización: desde ropa, calzado y bolsas hasta bardas de alambre cortadas. A esto se suma la localización de una estatua de la virgen de San Juan de los Lagos en medio del río, instalada para la protección de los migrantes. Independientemente de la dimensión real de estas actividades, lo significativo es su percepción y difusión como tal por parte de los operadores nacionales y los medios de comunicación de Estados Unidos, y las decisiones tomadas al respecto.
La refronterización y la resistencia en Estados Unidos
Desde los años noventa, la frontera Estados Unidos-México ha estado simultáneamente sujeta a procesos de refronterización y de desfronterización. Ambos se ejemplifican en dos sucesos acaecidos en 1994: el inicio de la construcción del muro fronterizo por parte de Estados Unidos y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Es lo que Andreas (2000: 141), al caracterizar la política exterior de Estados Unidos, describió como “a borderless economy and a barricaded border”. La refronterización aumentó especialmente a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, lo que se tradujo en una elevada percepción de vulnerabilidad y, recientemente, con la presidencia de Donald Trump, parecen estar reforzándose aún más las funciones fronterizas. Si bien antes de 2001 la simultaneidad de ambos procesos no se percibía especialmente conflictiva, a partir de entonces la primera afectó sustancialmente la integración de América del Norte, a la vez que la política de seguridad estadunidense se tornó más intrusiva en sus cuestionamientos a la política mexicana (Aguilar, 2006; Andreas y Biersteker, eds., 2003; Drache, 2007; Riguzzi y de los Ríos, eds., 2012; Verea, 2006).
La refronterización se materializó en diversas operaciones de “seguridad nacional” (Dear, 2013; Garrett y Storbeck, 2011; Longmire, 2014; Maril, 2011), entre las cuales cabe subrayar las siguientes:
La instrumentación de controles fronterizos más rigurosos a los flujos comerciales, vehiculares y de personas.
El aumento de los efectivos y dispositivos de las agencias policiales y fronterizas, especialmente en el límite con México.
La creación del Department of Homeland Security (DHS), que implicó un rediseño de más de veinte agencias federales, junto a la formación de una red de distintos operadores públicos (de todos los niveles: desde el federal al local) y privados (constructoras, fabricantes de armamento, servicios de seguridad, penitenciarias, etc.), lo que Dear (2013; 2016) denomina el “complejo industrial-fronterizo”.
La promulgación de la Secure Fence Act de 2006, con la que se autorizaba la construcción de un muro fronterizo en el límite con México, destinado a hacer disminuir la inmigración indocumentada y el narcotráfico procedente de este país.
En relación con esta última operación, en el sector Texas-Tamaulipas, uno de los prioritarios, las labores para la construcción del muro se emprendieron en 2007. La intención era extenderlo de forma continua a lo largo de cuatrocientos kilómetros y hacerlo en una sucesión rigurosamente uniforme; sin embargo, terminó teniendo una extensión discontinua, discrepante e inconsistente, con variaciones significativas en su estructura, apariencia y estilo constructivo (Casey y Watkins, 2014). La discontinuidad se debe a distintas razones, entre otras, los altos costos económicos, complejidades técnicas e ingenieriles, conflictos jurídicos por la propiedad del suelo, rechazo de las comunidades locales, grupos indígenas y grupos ambientalistas, así como decisiones gubernamentales dirigidas a no afectar a determinados operadores e intereses económicos.
Asimismo, el trazado del muro fronterizo no resultó paralelo ni adyacente al río Bravo/Grande, debido a las sinuosidades de su cuenca baja; por el contrario, el muro se localiza a una distancia variable del mismo (incluso superior a los tres kilómetros). Su trazado en ocasiones coincide con el dique de contención del río de la IBWC, como en el caso del condado de Hidalgo, y en otras se sitúa por detrás, pero nunca por delante, ya que la IBWC prohíbe cualquier construcción permanente en el área inundable.
La aplicación de la Secure Fence Act fue paralela a un incremento en México de la violencia e inseguridad asociada al combate entre diferentes cárteles del narcotráfico y entre el Estado y aquéllos. Este conflicto en México contribuyó directamente a la refronterización en Estados Unidos, al ser utilizado por distintos operadores espaciales como justificación de aquélla. En primer lugar, en cuanto a la refronterización material, se justificó el incremento de las inversiones del complejo industrial-fronterizo, en tanto que, como señala Dear (2013: 146): “The war on drugs […] was becoming more profitable that the drug trade itself”. En segundo lugar, en relación con la refronterización biopolítica, constituyó la base para la (re)producción y popularización de un discurso del miedo y de la insensibilización moral. A ello contribuyeron ampliamente algunos medios de comunicación masivos de Estados Unidos, como Time Magazine y National Geographic (Dorsey y Diaz-Barriga, 2010; Jones, 2014) y creadores de opinión (periodistas, expertos en seguridad, en frontera, etc.) (Longmire, 2014; Vulliamy, 2010).
La región fronteriza de México se representa como un lugar peligroso, una zona de guerra, de tráfico de drogas y de personas, e ingobernable. En la (re)producción de este discurso, incluso se apuntó que la violencia e inseguridad se suscitaba también en el lado estadunidense, en concreto, en la región fronteriza de Texas con Tamaulipas. Esa narrativa tenía el objetivo de convencer a la población estadunidense de que el “problema” de la frontera con México requería una respuesta basada en la militarización,
Ante esta refronterización en Estados Unidos, las comunidades fronterizas, especialmente del lado estadunidense, realizaron distintas operaciones de resistencia activa a aquélla o, más concretamente, a la construcción del muro. Participaron distintos operadores (funcionarios públicos, líderes económicos, clérigos, propietarios y activistas sociales y pro migración, entre otros) que se oponían a lo que el muro representa y a sus efectos en los ámbitos social, económico y político, a la vez que apelaban a una idealización de la unidad transfronteriza. En ocasiones, la oposición se representó a través de actos festivos transfronterizos (Casey y Watkins, 2014; Correa, 2013; Dorsey y Diaz-Barriga, 2010; Thompson, 2015) que, al tratarse en muchos casos de una reacción directa a la Secure Fence Act de 2006 y al inicio en 2007 de la construcción del muro, se concentraron en el periodo 2006-2008. Además de éstas, otras operaciones de resistencia, de carácter pasivo, han continuado hasta la actualidad (Garrett y Storbeck, 2011).
Espacialidades en conflicto
La refronterización de Estados Unidos en el embalse de Anzaldúas
Varias operaciones espaciales de refronterización se construyeron en y con este espacio, de las que destacan tres. Correspondientes a la refronterización material, la construcción del muro fronterizo y otras barreras, y el incremento de la presencia y acción de agencias policiales y fronterizas; y, relacionada con la biopolítica, la construcción in situ de un discurso del miedo, que incluye la criminalización del tráfico de drogas y de personas, pero también de las actividades recreativas en el lado mexicano.
En cuanto a la primera, como ya se ha dicho, no se cumplió con la propuesta inicial de construir un muro continuo. Precisamente en este espacio local se produce una ruptura y discontinuidad: al este de Anzalduas Park, se construyó hasta la localidad de Granjeño, pero, al Oeste, colindante con un gran desarrollo urbanístico, Sharyland, no se construyó. Asimismo, y aunque no forma parte del muro, debe añadirse la instalación de una barda de alambre en el lado sur del parque, colindante con el río, con el mismo fin, a la que se sumó el cierre del acceso al muelle y su degradación intencional, con el fin de evitar y desincentivar su uso.
La extensión del muro hasta Granjeño ejemplifica cómo la refronterización acaba regulando y transformando las espacialidades locales: aquí las autoridades locales acabaron legitimando la construcción como medida de seguridad ante las inundaciones. El proyecto inicial del DHS implicaba la edificación del muro a través de la localidad, lo que suponía la afectación de varias propiedades, incluso el derribo de algunas viviendas. Ante su rechazo por parte de la población local, las autoridades del condado y el dhs acordaron en 2007 un nuevo trazado que satisficiera al DHS, pero que minimizara las afectaciones en las propiedades: el muro se hizo coincidir y se combinó con el dique fluvial de la IBWC, aprovechando que requería reparaciones urgentes. El nuevo proyecto provocó una reacción inicial ambigua por parte de la población local, en cuanto a que se oponía al muro, pero a la vez deseaba mejorar la protección ante las inundaciones. Dorsey y Diaz-Barriga (2010) y Mena (2013) señalan que esa ambivalencia fue el factor que facilitó al DHS, finalmente, la construcción del muro fronterizo.
Sin embargo, cabe añadir un segundo factor: la amplia difusión de un discurso del miedo a las catástrofes ambientales, reforzado por el entonces reciente huracán Katrina (2005) y sus consecuencias en Nueva Orleans, donde justamente se rompieron los diques fluviales. Así, en cierta medida, la aceptación del muro-dique se debió a la voluntad de no sufrir lo mismo.
Por el contrario, la extensión del muro hacia Sharyland muestra el proceso inverso, cómo la refronterización acaba siendo regulada por las dinámicas del capital global. Aquí, el muro no se construyó para no afectar los intereses económicos de Hunt Realty, empresa que desde fines de los noventa desarrollaba una gran área residencial, comercial e industrial de 2 600 hectáreas. Según el Working Group on Human Rights & the Border Wall (Nedderman et al., 2008; Miller, 2010), el DHS decidió no construir el muro en esta propiedad, en tanto que esto podía afectar sus aprovechamientos. Implícitamente, por lo tanto, se reconocía que el muro constituía un factor negativo para el desarrollo económico, que podía causar un descenso del valor y del precio de mercado de los bienes raíces, así como de la capacidad de atracción de inversiones. El DHS no dio explicación alguna de por qué esa discontinuidad no vulneraba la seguridad nacional ni el condado de Hidalgo explicó por qué no constituía un riesgo de inundaciones (y por qué sí lo era en el caso de Granjeño, por ejemplo). A ello debe añadirse que, según reporta el mismo grupo de trabajo, el entonces presidente George W. Bush y el presidente del grupo Hunt eran íntimos amigos desde la infancia.
La segunda operación espacial fue y se deriva del incremento del patrullaje de la USBP, tanto por el número de oficiales destinados, como por la frecuencia de paso de las unidades (terrestres y fluviales). Como ha afirmado la Customs and Border Protection (CBP), de la que depende la USBP, así como los usuarios de los parques de ambos lados del embalse, el aumento es notorio cuando hay una mayor afluencia en los parques. Además de esta agencia, también el estado de Texas, por iniciativa propia, encomendó desde 2005 a los cuerpos policiales y militares estatales, como la Texas Highway Patrol y la Texas National Guard, el patrullaje de la frontera México-Estados Unidos (la prevención y detección de migrantes indocumentados, narcotraficantes, etc.), tanto en el río como en los caminos y carreteras cercanos al límite fronterizo. En conjunto, el condado de Hidalgo es el que ha recibido un mayor número de agentes, que fueron trasladados desde otros condados del estado. Este caso muestra cómo los operadores de nivel estatal se acomodaron a un proceso fronterizo de nivel nacional.
La tercera operación, paralela a las dos anteriores, refleja cómo la (re)producción del discurso del miedo se realiza en y con el espacio fronterizo. Desde Anzalduas Park se procedió a la construcción de un discurso del miedo, ante lo que se percibe como amenazas a la seguridad nacional. Su (re)producción se basa en representar el lado estadunidense como un espacio recreativo y familiar, amenazado por las actividades ilegales (narcotráfico y migración indocumentada) procedentes del lado mexicano. Así, dichas actividades ilícitas no sólo constituirían una amenaza al país, sino también a la seguridad de las familias estadunidenses. Este recurso se complementó con la invisibilización (en ocasiones) y criminalización (en otras) de las actividades recreativas y familiares que se dan al otro lado, en La Playita. La invisibilización y criminalización permitieron reforzar la imagen de peligrosidad y reflejan igualmente un proceso de insensibilización moral. Con ello, a su vez, se superaba la contradicción que suponía la práctica de actividades recreativas similares a ambos lados del río.
La criminalización se centra específicamente en los bañistas y los paseos por el río en embarcación (en el Pachamama y las motos acuáticas). Desde Estados Unidos, se ponía en duda que usuarios y propietarios de las embarcaciones estuvieran en su totalidad realizando actividades recreativas; por el contrario, se acusaba que entre ellos había polleros, migrantes y narcotraficantes. De manera más insidiosa, en ocasiones algunos operadores estadunidenses parecían poner en duda el derecho de México a usar su lado del río.
Un hecho clave en la (re)producción de este discurso del miedo fue la representación de las amenazas a la seguridad protagonizada por el presidente George W. Bush, en agosto de 2006, ampliamente cubierta por los medios de comunicación de ámbito local, estatal y nacional. En primer lugar, el presidente Bush procedió a “verificar” sobre el terreno que la USBP se veía superada y, acto seguido, presentó en rueda de prensa la Operation Jump Start, destinada a reforzar la seguridad fronteriza y la construcción del muro (de hecho, fue el antecedente inmediato de la Secure Fence Act). Para la rueda de prensa, el presidente se situó de espaldas al río y a México, así como de la barda de alambre del parque, que aparecía saboteada. Desde entonces, una o dos veces por año otros funcionarios públicos estadunidenses emulan la puesta en escena, con modificaciones mínimas, para (re)presentar las amenazas a la seguridad; entre los más recientes se encuentran Michael McCaul, presidente del U.S.
House Homeland Security Committee, en 2013; una delegación del Homeland Security and Governmental Affairs Committee del Senado de Estados Unidos, en 2015, y una delegación del Senado de Estados Unidos, encabezada por John Cornyn, senador por Texas, en 2016. Como el protagonizado por el presidente Bush, los siguientes recorridos y ruedas de prensa se complementan con una amplia cobertura y difusión mediáticas.
Las resistencias a la refronterización
Las actividades de resistencia en ambos lados de la frontera han sido distintas, no sólo en cuanto a sus operadores, sino también en su modalidad de confrontación política: pasiva en ambos lados, pero únicamente activa en el estadunidense. Primero, en el condado de Hidalgo destaca la oposición al muro (en tanto que elemento espacial no deseado localmente y como símbolo de la refronterización) y a la imagen negativa que como consecuencia de la refronterización se estaba construyendo sobre la región fronteriza del sur de Texas. Segundo, en Reynosa, la resistencia se manifiesta en la continuidad de las actividades recreativas en el embalse de Anzaldúas, lo cual derivó en algunos conflictos entre los bañistas y agentes de la Patrulla Fronteriza.
La resistencia a la refronterización en Estados Unidos
El posicionamiento de la población local ante la refronterización no fue unánime, sino que mostró una amplia diversidad, que va desde una clara oposición hasta un apoyo directo. En medio, la opción más frecuente y defendida en los medios de comunicación consistió en el rechazo al muro fronterizo, sin cuestionar el proceso de refronterización en su conjunto; así, por ejemplo, se difundieron propuestas para sustituir el muro mediante el aumento de otras operaciones de seguridad, como el endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias y aduanales. La resistencia en ocasiones derivó en un conflicto territorial por los usos del suelo, como el caso del muro en Granjeño, antes de que se acordara el trazado definitivo; y en otras se manifestó en la celebración de distintas protestas, que tomaron la forma de actos festivos. En este último sentido, en este espacio se celebraron dos actividades: en 2007, La Lomita No Border Wall Festival y, en 2008, el Big River Festival. Dadas sus similitudes, el segundo servirá de ejemplo.
El Big River Festival se celebró en Anzalduas Park con el objetivo de reivindicar el río Bravo/Grande como un espacio recreativo y estético binacional, y a la vez rechazar el muro fronterizo y la construcción de una imagen del río como un espacio inseguro, de migración indocumentada y tráfico de drogas. Ambos fines se sintetizan en uno de sus lemas, aunque de tono fatalista: “Enjoy the park and the river now, before the wall is finished” (No Border Wall, 2008). Su organización estuvo a cargo de la misma asociación local que había propuesto el parque de piragüismo de aguas bravas, y se contó con la colaboración de algunos gobiernos locales. Durante el evento, se realizaron distintas actividades recreativas (paseo en kayac por el río y hacia el lado mexicano, paseos en bicicleta, un curso y un concurso de comida mexicana y saludable, conciertos de música, entre otras actividades).
Tanto en la organización como en la celebración, se movilizó un discurso de unidad transfronteriza, donde el río Bravo/Grande y los parques a ambos lados constituyen los operadores espaciales con los que se construye. El primero articula y une el espacio y la identidad locales de ambos lados (el río es binacional), y el segundo refleja la unicidad cultural y social de las redes familiares y de amistad transfronterizas reunidas en los parques. Como parte de esta dimensión transfronteriza, se invitó al gobierno local de Reynosa a organizar un evento similar en la Playita, el cual no se celebró. A pesar de la retórica binacional y transfronteriza, en el festival se reprodujo y reforzó la separación fronteriza. Representativo de ello son el lugar donde se organizó y celebró el acto (sólo en el lado estadunidense) y la lengua en la que se difundió (mayoritariamente en inglés).
Igualmente, en el evento se manifestó cómo las espacialidades locales en los espacios adyacentes al límite fronterizo están reguladas por las administraciones federal y estatal, en detrimento de los operadores locales. En este sentido, para la organización y celebración fue obligatoria la negociación con distintas agencias federales, especialmente la cbp y la ibwc, y estatales, por ejemplo, para el uso del río. Así, durante el festival se contó con la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza, que incluso participaron en el concurso de comida.
La resistencia a la refronterización en México
En el lado mexicano, no hubo una participación en la confrontación política ni en la representación de la unidad transfronteriza. Muestra de ello fue el rechazo a la invitación a organizar un acto similar al Big River Festival en La Playita. Según recogieron y difundieron los medios de comunicación, los operadores locales interpretaron que esa voluntad de inclusión respondía no tanto a una unidad transfronteriza, sino a una instrumentalización del lado mexicano por parte de un movimiento capitalizado en y desde Estados Unidos. Así, la separación fronteriza no sólo se reforzaba desde Estados Unidos, sino también desde México, en tanto que los operadores locales de Reynosa no organizaron el festival.
Por el contrario, la resistencia local se manifiesta a través de la continuidad de las actividades recreativas en el embalse y la confrontación, a través de aquéllas, al patrullaje fronterizo de Estados Unidos y Texas en el río, y a la intrusión de las operaciones de seguridad en México. En esta dirección, una de las denuncias o quejas habituales de los usuarios de La Playita y de los medios de comunicación locales se refiere a los patrullajes en lancha, cuya actitud se percibía hostil, un excesivo armamento en las lanchas y de los agentes, así como una excesiva velocidad y cercanía a los bañistas.
Se argumenta que estas situaciones ponen en riesgo a esos usuarios y, en general, son contrarias a las actividades recreativas y al ambiente familiar de aquel espacio. Asimismo, la presencia del patrullaje se percibe como una agresión y una forma implícita de criminalización de los bañistas. Paralelamente, los operadores mexicanos pasan a definir todo el espacio a partir del uso recreativo y, en un proceso inverso al estadunidense, invisibilizan las actividades ilegales. Así, presentado únicamente como un espacio recreativo, se construye un rechazo legítimo a una refronterización impuesta por un operador externo al territorio mexicano.
La aparente incompatibilidad entre el patrullaje en el río y las actividades recreativas fue la causa de al menos un incidente, acaecido en 2015, en el que resultaron involucrados usuarios de La Playita y agentes fronterizos de Estados Unidos. Si bien mediante el vaciado de las noticias publicadas en los medios sólo se contabilizó uno en el embalse de Anzaldúas, según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Consulado de México en McAllen, Texas, aquél no fue considerado excepcional. Desde la perspectiva de México, se trata de “incidentes en los que los organismos [de Estados Unidos] encargados de hacer cumplir la ley recurren injustificadamente al uso de la fuerza” (SRE, citada en Expreso, 2015).
El incidente se produjo a raíz del impacto entre una lancha de la USBP y una barcaza mexicana, en la que paseaba una familia con dos hijos menores, y donde resultaron heridos tres de los cuatro tripulantes (uno en estado grave) y uno de los agentes fronterizos. Después del choque, los agentes quisieron auxiliar a la familia mexicana, pero no se lo permitieron, a la vez que, desde la orilla, algunos bañistas arrojaron piedras a los agentes.
Además de las consecuencias personales de los involucrados, el incidente derivó en un pequeño conflicto diplomático en el que se vieron involucrados, por un lado, el gobierno local de Reynosa y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por medio del Consulado de México en McAllen, y por el otro, la CBP, el sindicato de los agentes fronterizos (National Border Patrol Council) y el estado de Texas. Hubo acusaciones mutuas por la responsabilidad del choque: si se debía a la agresividad de la Patrulla Fronteriza o a la inacción e irresponsabilidad de las autoridades mexicanas por falta de prevención. A ello se sumaba el desconocimiento de en qué lado del límite fronterizo había ocurrido, dada la ausencia de una demarcación.
Finalmente, las consecuencias geopolíticas resultaron ser escasas y el cuestionamiento por parte de México de la política de seguridad estadunidense quedó en una advertencia. Asimismo, en el conflicto se alinearon los demás operadores locales de ambos lados de la frontera. Así, en los medios de comunicación de Reynosa se daba por buena la versión de la familia afectada y se responsabilizaba a la USBP; mientras que, por el contrario, los medios de McAllen no cuestionaban la versión de la Patrulla Fronteriza y se acusaba a la familia mexicana.
Conclusiones
Con esta investigación se intentó mostrar que los procesos de refronterización, como parte de la fronteridad contemporánea, reconfiguran las espacialidades locales de los espacios fronterizos, tanto en el Estado-nación que ejecuta dichos procesos, como en los colindantes. En este contexto, y respondiendo al primer objetivo del trabajo, la reconfiguración se caracteriza, por un lado, con el conflicto entre las operaciones de refronterización (la construcción del muro, en coincidencia con un dique fluvial, el aumento del control y vigilancia del límite con un mayor patrullaje de los agentes fronterizos, así como la invisibilización y criminalización de las actividades recreativas en México, entre otras) y, por el otro, las operaciones de resistencia a ese proceso.
Mientras las primeras las realizan operadores de nivel nacional y se reproducen o son reforzadas por sus pares de los demás niveles (estatal y local), las segundas están protagonizadas por algunos operadores locales, pero después pueden ser reforzadas o reguladas por los de los demás niveles (estatal y nacional), en función de sus intereses. De lo primero es muestra la regulación impuesta por el DHS, en el caso de la construcción del muro y que, mediante la negociación con las autoridades del condado, se dio a partir de la reconstrucción de un dique fluvial de la IBWC. De lo segundo es muestra la continuidad de las actividades recreativas locales en La Playita y su uso por parte de la SRE, en un conflicto por los usos del río Bravo/Grande en tanto frontera, pero también, en sentido opuesto, la regulación de la resistencia en el lado estadunidense y la reivindicación del uso recreativo del río mediante la autorización y presencia de la Patrulla Fronteriza en actos como el Big River Festival. Junto a lo antes dicho, aún hay que añadir otros factores que interactúan con unas y otras especialidades, como el riesgo y el miedo a las inundaciones y los intereses económicos, todo lo cual intervino tanto en la justificación de construir y no construir el muro fronterizo. De todo ello se concluye que la configuración de las espacialidades de refronterización y resistencia son procesos multifacéticos sujetos a numerosos factores, no siempre predecibles.
Como reacción a la refronterización, se han documentado tres tipos de maniobras espaciales. En el lado estadunidense se asentó un posicionamiento por parte de los operadores locales, en el que se rechazaba el muro fronterizo, mas no se cuestionaba la criminalización de las actividades recreativas en el lado mexicano ni el patrullaje en el río. Aquí se manifestaron dos tipos de acciones interrelacionadas de carácter activo: una de rechazo a un elemento espacial no deseado localmente (el muro fronterizo) y otra de reivindicación del uso recreativo del río y de los espacios adyacentes a éste, mediante la reproducción y refuerzo de las actividades recreativas.
Por otra parte, en el lado mexicano, la resistencia se manifiesta en un tercer tipo de operación: la continuidad de las actividades de esparcimiento, acompañada de las quejas de los usuarios del espacio respecto de la hostilidad percibida en el patrullaje del río por parte de las agencias fronterizas y policiales estadunidenses. Como se advierte, las actividades recreativas tanto en un lugar como en otro se reconfiguran y reinterpretan como espacialidades de resistencia a la refronterización.
También se ha mostrado que las espacialidades se coconstruyen con el espacio mismo, es decir, los espacios fronterizos (el río Bravo/Grande, el Anzalduas Park, La Playita, etc.) no sólo constituyen el lugar donde se desarrollan la refronterización y la resistencia, sino que también intervienen casi como un personaje de esas espacialidades. Esta característica es especialmente notoria en cuanto al uso recreativo; de hecho, es probable que, sin esta particularidad, Anzaldúas no participaría en la (re) producción del discurso del miedo ni en la resistencia a la refronterización.
Así, del lado estadunidense, el uso recreativo en el lado mexicano constituye el objeto a invisibilizar o criminalizar, y a partir del cual se construye y (re)produce la refronterización. Ejemplo de ello es el papel que se le asigna al lado mexicano en los recorridos y ruedas de prensa de funcionarios públicos de nivel federal y estatal estadunidenses. En un proceso inverso, del lado mexicano se procede a invisibilizar las actividades ilegales para reforzar el carácter lúdico de este espacio y así rechazar la refronterización.
Respondiendo al segundo objetivo, ese proceso lleva implícito el refuerzo de la separación fronteriza, es decir, tiene la función de reforzar las discontinuidades entre los territorios y sociedades colindantes; sin embargo, los resultados reflejan que las operaciones de resistencia también lo hicieron en menor o mayor medida, a pesar de que, a priori, intentan escapar de aquélla, incluso en ocasiones incluyen la movilización de un discurso de unidad transfronteriza. Así, las resistencias, lejos de seguir una dinámica transfronteriza, muestran una independencia una de la otra, respondiendo a las lógicas de cada Estado-nación, a la vez que la separación se manifiesta en la ausencia real de la unidad transfronteriza, más allá de su idealización.
Del lado estadunidense, parece concebirse el espacio y los operadores mexicanos como recursos para reivindicaciones pensadas en y para Estados Unidos, a la vez que la población local de dicho país estaba ausente en un apoyo al uso recreativo del lado mexicano. En cambio, allí la separación se refuerza con la negativa o ausencia de los operadores locales a participar en los actos reivindicativos del lado estadunidense. La separación fue más evidente en la alineación de los operadores locales de un lado y otro, ante las disputas por el uso del río, es decir, ante la copresencia de las dos operaciones espaciales en conflicto, la recreación y el patrullaje.
Para concluir, si bien los enfoques teórico y metodológico han permitido el análisis de las espacialidades en conflicto, debe señalarse que presentan algunas limitaciones. De este modo, el enfoque en las fronteridades no es suficiente para retomar el conjunto de las relaciones locales (por ejemplo, las que no corresponden a operaciones espaciales de escala nacional) y fenómenos como la hibridación de las poblaciones fronterizas, que dan lugar a espacialidades locales aún más complejas. Asimismo, para la profundización resultarían útiles otras técnicas, como las entrevistas con informantes clave. El actual incremento de la refronterización en Estados Unidos, a raíz de la presidencia de Donald Trump, constituiría una oportunidad de investigación, tanto para la indagación más a fondo, como para la validación de los resultados obtenidos.
