Análisis de actualidad

 

Recesión económica, reflujos migratorios y violencia antiinmigrante entre México y Estados Unidos

 

Guillermo Alonso Meneses*

 

* Investigador titular adscrito al Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera, gui@colef.mx.

 

Recibido: 11/04/2012
Aceptado: 18/09/2012

 

Resumen

Los cambios en el comportamiento de los flujos migratorios México-Estados Unidos se infieren del análisis de las tendencias apuntadas por estadísticas públicas oficiales y de la información publicada en revistas académicas y en la prensa. Los flujos los modelan factores de tipo económico, como la gran recesión, el control de las fronteras o las políticas migratorias y la violencia antiinmigrante. El resultado son los reacomodos, "nuevas" tendencias, y la emergencia de escenarios como el descenso de la migración mexicana, un reflujo sostenido de retornos y deportaciones procedentes de Estados Unidos, o la violencia contra migrantes en tránsito por parte del crimen organizado.

Palabras clave: migraciones, crisis, violencia, control fronterizo, deportaciones, crimen organizado.

 

Abstract

Changes in Mexico-U.S. migratory flows are inferred from the analysis of the trends pointed to by official public statistics and from the information published in academic journals and the press. The flows are modeled by economic factors, like the great recession, border control, or migratory policies and anti-immigrant violence. The result is adjustments, "new" tendencies, and the emergence of scenarios like the decline in Mexican migration, a sustained return flow from the United States that includes deportations, or the violence against migrants en route by organized crime.

Key words: migrations, crisis, violence, border control, deportations, organized crime.

 

Introducción

Durante el periodo 1995-2008, Estados Unidos fue de los países que recibió mayor número de inmigrantes y México uno de los países del que salió un mayor número de emigrantes internacionales. Esto refleja la importancia de los flujos y de las tensiones habidas en la frontera común, un escenario estratégico para la "seguridad nacional", que se redimensionó tras la globalización de la amenaza del terrorismo yihadista de Al Qaeda a partir de septiembre de 2001, que así desplazaba al narcotráfico como preocupación mayor. A lo cual se sumó la escalada de la violencia del crimen organizado en el periodo 2006-2011 en México, con un periodo extremo posterior a 2009 que culminó en el bienio sangriento 2010-2011. Esta espiral de violencia ha afectado a la sociedad mexicana en general, así como a los migrantes en tránsito, ya sean mexicanos, centro y sudamericanos.

Paralelamente, durante 2007 se manifestaron los primeros indicios de lo que ha acabado siendo la crisis económica más grave en la historia del capitalismo, lo que algunos autores han denominado la gran recesión. Destapada en Estados Unidos con la caída del mercado de trabajo en la construcción, unida a una crisis en el sector de bienes raíces y de créditos para comprar casas -tres ámbitos que atañían de lleno tanto a la inmigración legal como a la indocumentada- que acabó por afectar a los productos financieros de inversión-y-especulación, así como a la banca mundial, a los fondos y crédito disponibles y, finalmente, a la economía real, la relacionada con commodities o el levantamiento de cosechas y no con hedge funds o agencias calificadoras de productos bursátiles. Este crash económico, que en algunas regiones y países es de "estanflación" (estancamiento e inflación), se tradujo en una caída aguda del consumo y del empleo, así como en la bancarrota de bancos, empresas, regiones e incluso Estados, muchos de los cuales debieron ser "rescatados" económicamente. A veces, como en el caso de Grecia o España, a costa de la calidad de vida o del welfare State forjado tras 1945.

El conjunto de fenómenos y acontecimientos económico-culturales y político-sociales que ocurren sólo se explican por una conjunción de factores fatales, vinculados con una concepción del capitalismo abiertamente depredadora y de una irresponsable regulación y gestión por parte del Estado, en el sentido de lesiva, para los intereses de amplias capas de la sociedad. Esta mezcla de factores desestabilizadores provocó un reacomodo brusco de los sectores sobre los cuales se articulaba el fenómeno migratorio anterior a 2007, emergiendo inéditos escenarios en ámbitos como la economía y los mercados de trabajo que tributan impuestos, la economía y trabajos informales, la legislación laboral e inmigratoria, las rutas de los flujos, las políticas y estrategias de control fronterizo, las relaciones sociales transnacionales, la manifestación pública de xenofobia, y tantos otros, como se muestran en los medios de comunicación masiva en 2012.

En lo que a migración se refiere, el Pew Hispanic Center (phc) definió recientemente la situación actual con un informe bastante explícito, titulado "Net Migration from Mexico Falls to Zero-and Perhaps Less" ("La migración neta desde México cae a cero -y quizás menos-) (Passel, Cohn y González-Barrera, 2012). Anteriormente, García Zamora (2010), Passel y Cohn (2011) o Douglas S. Massey (2011), entre otros, advirtieron que había una caída en el número de inmigrantes mexicanos y que el saldo neto migratorio de México respecto de Estados Unidos se acercaba a un equilibrio técnico entre salidas y "retornos" que sumaba cero. Entre 1995 y 2000, los retornos a México/salidas de Estados Unidos fueron 670 000; las entradas a Estados Unidos sumaron 2 940 000, mientras que en el periodo entre 2005 y 2010 las primeras se estimaron en 1 390 000 y las llegadas en 1 370 000, por eso hay migración neta cero (Passel, Cohn y González-Barrera, 2012: 7).

Constatado esto, el reto radica en señalar qué factores modelan los distintos flujos migratorios y en conjeturar explicaciones. Algunos políticos y académicos entienden que el "bienestar" del que goza México es un factor de peso; otros entendemos que existe un conjunto de factores que se han alineado, donde la violencia es un factor más importante que el bienestar. La hipótesis es evidente: quizá ocurrió que algunas agendas académicas especializadas en la migración se han plegado a los intereses políticos en México. Algo muy parecido a lo ocurrido con la economía y los economistas neoliberales en la precrisis.

 

Ciencia, historia y crisis económica

Uno de los ámbitos en los que se ha manifestado la crisis ha sido el académico, que no sólo fue incapaz de prever el peligro que se gestaba, salvo contadísimos casos, sino que coadyuvó con inercias explicativas acientíficas a acrecentar el problema. Esto se tradujo en un cuestionarmento de las ciencias sociales en general y de la economía en particular, que bien por intereses ideológicos, bien por sus silencios acríticos vinculados a cabildeos académicos, desempeñaron un papel fatal al no ver la catástrofe. El artículo de Krugman (2009) "How Did Economists Get it so Wrong?" fue paradigmático de esta crítica a la academia. Lo que le ha valido a algunos -no sólo a los economistas- ser tachados de "mayordomos intelectuales de los poderosos" (Estefanía, 2011). Y los estudios migratorios deberían ser revisados a la luz de esta experiencia, no para buscar culpables u ofrecer cabezas de turcos, sino para aprender qué no debemos volver a hacer. Al respecto, los ejercicios de autocrítica desde la demografía con autores como Partida (2012) es encomiable, habida cuenta que en las proyecciones erradas analizadas por este autor, el "desvío" achacable a los expertos en migración se aproxima a los dos millones.

Las críticas a los departamentos de economía de las universidades y a autores en particular que deben ser parte importante del debate, han sido explicitadas desde un primer momento por los académicos más comprometidos. Paul A. Samuelson¹ (2009) señaló también algunas cuestiones clave que siguen vigentes en el artículo "Una pronta recuperación: ¿ficción o realidad?". Los nuevos conceptos y herramientas de la ingeniería financiera, como los paquetes titulizados de préstamos hipotecarios de dudosa viabilidad (las subprime), unidos a las prácticas no reguladas de inversión financiera que proliferaron especialmente en el mandato de Bush Jr., produjeron un "sistema financiero ultrafrágil". Los autores intelectuales de aquel deterioro y los elaboradores de las "herramientas" -como señala el propio Samuelson- fueron académicos formados en los setenta y ochenta (macroeconomistas, entre otros) en las prestigiosas universidades de Harvard, Chicago, Princeton, Stanford o en el mit; quienes, a su vez, constituyen una generación de profesores que ahora trabajan en el mltt, la Wharton School o la Universidad de Chicago. No por casualidad aquel periodo en el que se formaron coincide con la crisis del petróleo 1973-1975 y la llegada de M. Thatcher y de R. Reagan al frente de los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos, respectivamente, entre 1979 y 1980.

La crisis de los setenta profundizó el fracaso de las políticas y medidas aplicadas para incrementar la productividad, incluido el ataque del fordismo en la industria o del modelo keynesiano en economía que habían estado avalados por un prolongado crecimiento económico tras la segunda guerra mundial. La estanflación de los años setenta, una combinación de falta de crecimiento, inflación y alto desempleo, facilitó que la doctrina del monetarismo del economista de Chicago, Milton Friedman, desplazara la doctrina keynesiana de un Estado-actor económico activo (Krugman, 2009).

Por todo esto, Krugman ha hablado de junk science, de junk economics y de estafas piramidales o Ponzi Schemes en el ámbito teórico-académico, lo cual tuvo y tiene su correlato en la destrucción y marginación en los planes de estudios de un conocimiento económico valioso: la alternativa al monetarismo; con la consiguiente reproducción de generaciones de economistas sesgados ideológica y científicamente. Mientras, habría que evaluar por qué los estudios de migración, tanto los de corte cuantitativo como cualitativo, se tardaron en proponer hipótesis sobre lo que estaba ocurriendo o sobre lo que se avecinaba.

Cuando esto ocurría en "prestigiosas" universidades y departamentos del Occidente académico, se desarrollaban paralelamente importantes paradigmas de investigación para abordar la crisis de una forma más crítica, como el de la "economía-mundo capitalista", que intenta analizar conjuntamente factores económicos, políticos y sociales desde una perspectiva situada claramente del lado de la clase trabajadora, para dar cuenta del sistema sin perder de vista las relaciones centro-periferia y lograr un análisis integral y mundial de los problemas (Amin et al., 1999). El pensamiento marxista sabe que la acumulación de capitales margina a un número cada vez mayor de obreros; la contraparte de la acumulación de riqueza es la acumulación de miseria (Marx, 2001: 532).

Resumiendo, el Occidente capitalista encabezado por Estados Unidos y las grandes corporaciones dejó en una situación debilitada a sus trabajadores y desplazó definitivamente al socialismo, con excepción de la República Popular China, que ha acabado consolidándose como una potencia mundial con una economía que no dejó de crecer en el periodo 1980-2011. Especialmente en los años ochenta del siglo xx, el capitalismo comenzó a desmontar los derechos laborales de la clase trabajadora, incluidos el debilitamiento del poder sindical, la penalización de los movimientos sociales o la cosificación y deshumanización de los pobres (González Casanova, 2012), al trans-nacionalizar la producción (deslocalización/ outsourcing) y el mercado para reducir costos en nombre de la flexibilidad empresarial. También propició la consiguiente degradación de los derechos sociales y algunos de los fundamentos de la democracia, como la calidad de la educación pública y su desmantelamiento internacional (Chomsky, 2012). Paradójicamente, este deterioro de derechos y de la calidad del empleo constituye un factor de atracción de flujos migratorios laborales.

Los ahorros y plusvalías derivados de estas transformaciones político/económicas y acciones especulativas posteriores a 1980, que atentaron de forma sistemática contra el bienestar y los salarios de los trabajadores, permitieron que esos capitales se reorientaran hacia la inversión en desarrollo tecnológico, la bolsa de valores y la globali-zación financiera. Las consecuencias de esta visión estratégica, de la maniobra especulativa de estos intereses unilaterales de clase, no evitó -como señaló Castells antes de la crisis- que siguiera creciendo "la lógica autodestructiva del desarrollo capitalista mundial" y "el crecimiento económico explotador en casi todo el mundo" (2006: 46).

El crecimiento económico de países como China le permitió acumular billona-rios fondos, parte de los cuales se invirtieron en deuda de Estados Unidos y productos financieros. Esta inyección de capital sostenido financió un endeudamiento sin precedentes en el Coloso del Norte, sobre todo en el periodo 2000-2008. Anteriormente se había producido una importante recuperación económica y el consiguiente auge de la migración indocumentada durante las dos presidencias de B. Clinton (1992-2000), que se cerraron con un inédito superávit en las cuentas estadunidenses, el cual se despilfarró después.

Durante los más de veintiocho años de transformaciones radicales (1980-2008) en Occidente que desmantelaron el Estado de bienestar y deterioraron los fundamentos sociales de la estructura productiva, por decisión del capitalismo postsocialista, se produjeron distintas crisis nacionales y regionales en países como Japón, el Sudeste asiático, Rusia, México o Sudamérica, con distintas burbujas especulativas regionales y autodestructivas locales, vinculadas a su vez a una espiral autodestruc-tiva individual en los actores endeudados con estilos de vida consumistas sostenidos por las tarjetas de crédito o hipotecas cuantiosas a treinta o cuarenta años. Una situación exacerbada bajo el doble mandato de G.W. Bush (2000-2008), que hipotecó al país con sendas guerras y una política económica desreguladora, deficitaria e irresponsable socialmente (Ovejero, 2011).

He considerado necesaria esta breve síntesis para transmitir, con una mínima perspectiva histórica, algunas claves económicas que explican ciertas manifestaciones y dimensiones del fenómeno migratorio internacional, tal como lo observamos en pleno 2012. Sin este descalabro de la economía, la migración mexicana no estaría en ese punto que se expresa con la metáfora de equilibrio "cero", resultado de unas entradas y salidas muy parecidas en número. Pero su crecimiento sostenido a partir de los años setenta y la eclosión habida en el periodo 1996-2007, con un auge migratorio, no se entenderían sin las crisis y apogeos económicos. En otros casos, como el español, la situación se desequilibró radicalmente y no sólo se ha frenado (e incluso revertido) el flujo de inmigrantes internacionales, sino que ha reiniciado la salida de españoles al extranjero. Otra evidencia del radical reacomodo de los escenarios migratorios.

Pero este factor principal que es la depresión de la economía mundial y de los mercados de trabajo en particular está unido a otros factores concurrentes, de carácter "necesarios pero insuficientes", como las políticas de seguridad y medidas de control fronterizo estadunidenses, que, como plantearé, a su vez tienen varias dimensiones. También la violencia del crimen organizado, articulado en torno a los cárteles y células locales del narcotráfico en México, pues la presión del narco, especialmente en las dos fronteras y la región del Golfo, pasó a controlar agresivamente las plazas con los negocios delictivos ajenos al tráfico de drogas, concebidos como botín de sus luchas territoriales.

Esto explica que haya estado vampirizando los flujos migratorios desde hace más de doce años, aunque fue a partir del periodo 2002-2011 cuando, al parecer, se sistematizó y extendió por gran parte de México, irrumpiendo violentamente en una dimensión de la migración en tránsito que, mal que bien, había fluido durante décadas. La extorsión a quienes transitan por la frontera sur y México, que había sido un coto de pequeños grupos de asaltapollos (sobre todo en Baja California), o de policías y funcionarios locales corruptos, cambió cuando éstos fueron desplazados del negocio de la extorsión por el narcopoder (el crimen organizado violento) durante la lucha violenta por los territorios y corredores estratégicos del centro y sur de la república.

Un tercer factor, en principio "secundario", pero de peso cuando se interrelacio-na con los dos anteriores (crisis y violencia) es el de la "equilibrada" situación macro-económica, política y demográfica del México del siglo XXI. Un conjunto de aspectos cuyo desempeño "positivo" -al menos en términos macros/abstractos para lo económico y político, y en términos reales en lo que es el descenso de la natalidad- han incidido en el comportamiento reciente de los flujos de (e)migrantes y en la reducción de la emigración. Porque también sabemos que los salarios no han dejado de perder capacidad adquisitiva durante los sexenios de Fox y Calderón (2000-2012).

Ahora bien, aun aceptando su condición de factores necesarios, pero no suficientes, lo cierto es que hoy ignoramos cuál es la importancia relativa real de estos factores en la evolución y reacomodo del flujo migratorio, que partiendo o transitando por México busca llegar a Estados Unidos. Resulta imposible calibrar en estos momentos las fuerzas que rigen el comportamiento de los flujos, en el sentido de que no sabemos si la violencia del narco o el miedo y la percepción de peligros operan como factores de disuasión, freno o cuellos de botella. O si una supuesta mejora de las condiciones económicas en México modulan el flujo a nivel familiar y local, inhibiendo la emigración internacional, tal como lo declararon académicos y ex funcionarios como D.S. Massey o R. Zenteno (Arvizu, 2011; Ellingwood, 2011).

Los potenciales escenarios de análisis para ofrecer una visión prospectiva del fenómeno migratorio en los próximos años tienen en las turbulencias económicas mundiales un factor de volatilidad inmanejable. Sin embargo, hay una serie de cuestiones objetivas que ya estaban presentes antes de la crisis, como la jubilación de los baby boomers estadunidenses, los nacidos durante la segunda guerra mundial o en los milagrosos años de la posguerra (1941-1950), o incluso la generación anterior que ya está jubilada, lo cual tiene implicaciones en asuntos como las jubilaciones o la demanda de servicios de apoyo y cuidados personales, en los que la población trabajadora inmigrante cumple un papel estratégico y real. Sin menoscabo del escenario en el que México sería capaz de crear las condiciones estructurales necesarias para retener e incluso "atraer" flujos migratorios con y sin cualificación a corto y mediano plazo o en los próximos tres sexenios.

 

La atracción y control de los flujos migratorios indocumentados

Los últimos treinta años de la historia reciente de México coinciden con los peores años de desempeño económico y con el crecimiento de los flujos emigratorios hacia Estados Unidos, con una intensidad inédita en los once años del periodo 1996-2007. El lapso comprendido entre la crisis de 1982 y la actualidad (2012), con la severa crisis intermedia de 1994-1995, ha dejado un escenario estructural de "atraso económico" que ha operado como un coadyuvador de la migración: un multifacético y poderoso factor push.

Según Hanson (2010; 2011), las claves de este atraso económico se deben a una combinación de factores como unos bienes básicos caros (telefonía, electricidad, Internet), un ineficiente e ineficaz sistema educativo público, una escasa actividad crediticia de la banca y una baja productividad, en parte debido al peso de la informalidad, todo lo cual explicaría que el ingreso per cápita en México entre 1985 y 2008 haya crecido sólo a un 1.1 por ciento de promedio acumulado anual. Otra característica específica de México es su dependencia del sector maquilador, responsable de casi un 80 por ciento de las exportaciones, que supuso el 28 por ciento del plb en 2008. Por otra parte, Esquivel (2011) señala que durante estos últimos treinta años los ingresos medios se han estancado, incluido el salario de los trabajadores formales, como los de la industria manufacturera; a lo que hay que sumar la inflación que opera como un implacable impuesto de facto. Por ello, la economía mexicana no ha podido impulsar la capacidad de compra y consumo de la mayor parte de la población, lo que a su vez atrofia el crecimiento del mercado interno. La consecuencia es la existencia de más de veinte millones en el sector informal y subocupados (empleo precario) y un déficit de empleos anuales superior al millón (Calderón y Sánchez, 2012: 142).

Este estancamiento (prolongado por tres décadas) le permite afirmar a Jaime Ross que México es un país subdesarrollado, uno de los de más lento crecimiento en las últimas décadas, en parte por la ausencia de un tejido económico basado en actividades de alta productividad y fuerte intensidad de capitales (Ross, 2011: 48); empeorado por la continuada baja inversión privada y pública, así como por el débil gasto federal en infraestructura productiva. Este panorama económico negativo contempla que la economía actual recién se recupera del bienio 2008-2009, que fue lo peor de la gran recesión tanto para Estados Unidos como para México, con su economía excesivamente dependiente de las importaciones estadunidenses. Por tanto, las investigaciones de Hanson, Ross, Esquivel o Calderón y Sánchez contradicen las hipótesis que explicarían la caída de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos por una hipotética mejora en las condiciones económicas en México, la versión oficial del gobierno mexicano/Segob (Arvizu, 2011).

Asimismo, la actual contracción de la economía estadunidense, "por una demanda insuficiente en el mercado de bienes" (Ross, 2011: 48), explica el crecimiento del desempleo hasta fechas recientes, lo que a su vez influye en los segmentos del mercado de trabajo que contrata clandestinamente mano de obra de inmigrantes indocumentados o illegal aliens. De hecho, el asimétrico desempeño de las economías se tradujo históricamente en la atracción de los flujos de migración clandestina, sobre todo de trabajadores en busca de mejores salarios. Según Camarota (2010), entre enero de 1990 y marzo de 2000 llegaron a Estados Unidos 12.1 millones de inmigrantes (3.6 de México); mientras en esa misma década se crearon 21 millones de puestos de trabajo. Posteriormente, entre enero de 2000 y marzo de 2010 llegaron 13.1 millones de inmigrantes, de los cuales 3.9 millones son de México, entre legales e "ilegales" (me refiero a la naturaleza de las entradas, no al estatus de las personas) para contabilizar 37.6 millones de inmigrantes, 11.5 de México (Camarota, 2010: 15).

Durante esa década hubo dos significativas recesiones: en 2001-2002 y 20082009. Camarota señala que durante el bienio 2008-2009 entraron 2.4 millones de inmigrantes entre regulares e irregulares, al tiempo que se perdían 8.2 millones de puestos de trabajo (2010: 4-5) y se incrementaba el desempleo entre inmigrantes (2010: 7). Y del lado de México la situación siempre fue deficitaria. Calderón y Sánchez (2011) concluyen que en México, entre 2000 y 2010, apenas se crearon 133 515 empleos en promedio anual, muy por debajo de las necesidades existentes.

Por tanto, la caída de la economía y de los mercados de trabajo estadunidenses, tanto el legal como el sumergido, parecen el factor principal para explicar la "contracción" actual de los flujos migratorios sur-norte, sobre todo de mexicanos hacia Estados Unidos. Pero, mutatis mutandi, cuando la economía y esos mercados funcionaban a toda máquina durante los años previos, atrajeron a millones de migrantes que alimentaron la corriente migratoria que cruzó la frontera, sorteando toda clase de obstáculos y escapando al control implacable de la migra. Esto ya sugiere la existencia de un segundo factor a considerarse: el control férreo de los cruces regulares e irregulares de la frontera, que de 1993 a 2011 registró el mayor número de detenciones y de muertes de migrantes.

Este trágico registro en parte es el resultado de la estrategia de control fronterizo que Estados Unidos implementó a partir de 1993 con los operativos mayores como Blockade/Hold the Line, Gatekeeper, Safeguard o Rio Grande, dirigidos, en un primer momento, a "controlar" los flujos de migración clandestina y el narcotráfico, y reorientados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 a combatir también potenciales terroristas, especialmente yihadistas, lo cual endureció los protocolos de actuación en los tradicionales escenarios de control fronterizo por parte de la Patrulla Fronteriza, así como el comportamiento histórico de los fenómenos locales transfronterizos documentados (Alonso, 2003).

Esta radical reestructuración conceptual y material del escenario fronterizo posterior a 1993 se ilustra con las bardas de acero y concreto en Ciudad Juárez o Tijuana; es conocido el reforzamiento de la frontera californiana con dobles y cuádruples bardas de acero, "muros" de concreto y otros obstáculos, así como el levantamiento estratégico de torres de iluminación y una telaraña de dispositivos de detección electrónica. Este esquema también se halla en tramos extensos de Arizona, Nuevo México y Texas, incluidos los vuelos de aeronaves no tripuladas, del tipo drones y zepelines. El objetivo es impedir los cruces o desviarlos a regiones peligrosas, como los desiertos, las zonas menos vigiladas y desde 1998 aquellas donde más se incrementaron los cruces, las detenciones y las muertes de migrantes (Alonso, 2001; Cornelius, 2001). De 1993 a 2012, se calculan en más de siete mil las víctimas mortales que intentaban entrar a Estados Unidos (Alonso, 2009).

Por otro lado, si cambiamos el enfoque del fenómeno y profundizamos en la historia contemporánea, encontramos que el flujo migratorio en los últimos cuarenta años (1972-2012) ha estado modelado desde la perspectiva de Estados Unidos básicamente por seis episodios principales: la crisis del petróleo 1973-1975, la regulación de la irca en 1986, el inicio de los operativos "férreos" de 1993-1994, el récord de detenciones del año fiscal 2000, cuando la Patrulla Fronteriza realizó más de 1.6 millones de detenciones en la frontera con México, y los atentados del 11 de septiembre de 2001 que, ipso facto, desencadenaron los cambios en el statu quo de la frontera y de la cuestión migratoria. El Congreso promulgó en octubre de 2001 la Ley Patriota y el presidente G.W. Bush firmó, en noviembre de 2002, la creación del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) para perseguir y combatir el terrorismo.

El DHS empezó a funcionar en marzo de 2003 con una profunda reestructuración de diferentes dependencias, que acabó integrando veintidós agencias que sumaban 170 000 empleados. El antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés), la archiconocida migra, fue una de las agencias que desaparecieron al integrarse al DHS, con lo que ganó protagonismo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Estos cambios reflejaron el nuevo lema: "La seguridad de la patria se convirtió en la principal preocupación de la nación". Entre las medidas implementadas, los operativos del CBP se potenciaron incrementando el presupuesto año tras año, desde el 2003, hasta alcanzar los más de 3 500 millones de dólares del presupuesto combinado 2010-2011. Paralelamente, se aumentó el número de vigilantes de frontera al pasar de 4000 en 1994 a casi 9500 en 2002, y los aproximadamente 20 000 en 2011. Además, ha habido una presencia temporal y puntual, pero activa, tras los atentados del 2001 de la Guardia Nacional que aún en el 2012 tiene unidades realizando tareas en la frontera, y la utilización de los drones para vigilancia desde el 2007, cuyas cámaras han detectado y videograbado actividades transfronterizas "ilegales".

Esta fuerte inversión en recursos humanos y tecnología de punta en la vigilancia fronteriza y para la captura de illegal aliens en su territorio es otro de los factores que explica, en parte, el descenso de las detenciones y del flujo migratorio que cruza clandestinamente por montañas y desiertos, pues tras declinar las detenciones en los años 2001, 2002 y 2003, éstas se incrementaron entre 2004-2006. La economía conocía un auge por la actividad en la construcción y los bienes raíces, las guerras de Irak y Afganistán captaban la atención, y los cárteles del narcotráfico aún no habían comenzado la guerra de todos contra todos y contra el Estado mexicano. De aquellos años destacan las masivas manifestaciones de migrantes con y sin documentos en ciudades estadunidenses durante la primavera de 2006, reivindicando una regulari-zación migratoria.

Pero un año después, a fines de la primavera del 2007, surgieron las primeras noticias acerca de la contracción del caudal de los flujos migratorios, un hecho del que se hizo eco el diario La Opinión de Los Ángeles, citando investigaciones del Pew Hispanic Center (Macías, 2007). Y con el annus horribilis del 2008 se constató la acumulación de potentes factores con capacidad para ralentizar y contener el flujo migratorio, notoriamente el procedente de México. Por ejemplo, en los sectores de la Border Patrol de la frontera con México (southwest sectors), las detenciones reportadas fueron 705 022 en el año fiscal (af) 2008, 540 851 en el af 2009 y 447 731 en el af 2010 (DHS, 2011). Estas cifras demuestran que el flujo no ha dejado de reducirse a su mínima expresión desde el inicio de la crisis y la reducción ha sido tan radical que las detenciones de la Patrulla Fronteriza para todos sus sectores en el 2011 fue de 327 500, una cifra que recuerda las 321 326 de 1972. Cuando a principio de los años setenta se produjo un reajuste agresivo en las detenciones, en medio de la profunda crisis económica vinculada a los precios del petróleo, por eso en 1971 hubo 263 991 detenciones y en 1973: 441 066.

Paralelamente a las detenciones (apprehensions) y expulsiones (returned) de la Border Patrol/CBP, el ICE, bajo el mandato de Obama, comenzó a operar intensamente y a incrementar las deportaciones (removed) en distintas modalidades (expedited removals, reinstatements of previous removal orders, etc.) de inmigrantes irregulares establecidos en Estados Unidos, parte de ellos con condena. La diferencia entre expulsiones (returned) y deportaciones (removed) es la existencia de una order of removal. Las cifras actuales de "deportaciones" (removals) han estado cercanas a las 400 000 anuales en el periodo 2006-2010. Concretamente fueron 280 974 en 2006; 319 382 en 2007; 359 795 en 2008; 395 165 en 2009 y 387 242 en 2010. De estos últimos, a su vez, 282 003 fueron de origen mexicano (un 72.8 por ciento), de los cuales 127 728 fueron considerados "criminales"; la categoría exacta es convicted criminal aliens removed (DHS, 2011: 4).

La precisión de las categorías y de su traducción es importante, así como el cotejo de las fuentes, lo cual conduce a algunas confusiones. Al respecto, Alarcón y Becerra (2012) hablan de "remociones", lo que se trata de un calco del inglés que, aunque quizá sea correcto, no especifica claramente la naturaleza de la expulsión, menos aún la gravedad jurídica que implica. Deportados comunica mejor la gravedad. O cuando reproducen:

El 16 de octubre de 2010, Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) de Estados Unidos, en conferencia de prensa, dio a conocer que su departamento deportó a más de 392 000 personas en el año fiscal 2010, la cifra más alta en toda la historia. Casi la mitad de estos deportados, más de 195 000, fueron clasificados como extranjeros criminales convictos en situación irregular en Estados Unidos (Alarcón y Becerra, 2012: 126).

Aquí habría que señalar que el mismo DHS es impreciso a lo largo de los meses o los años con sus propias estadísticas, que corrige sin mayores explicaciones; ellos traducen remove como deportación. Según la fuente que manejo (DHS, 2011), la cifra más alta de deportados (removals) había ocurrido en el año fiscal 2009, con 395 165. Mientras que en el 2010, al contrario de lo que asumen los autores precedentes, ocurrió que el DHS deportó (removed) a 387 242 extranjeros, de éstos 168 532 fueron deportados (removed) por el ICE y considerados extranjeros criminales (criminal aliens) porque tenían una condena criminal (criminal conviction) en Estados Unidos, generalmente por posesión de drogas ilícitas, delitos relacionados con el estatus migratorio, incluido contrabando de personas y faltas graves de tráfico, entre otras. Ese mismo año, el DHS devolvió (returned) a 476 405 extranjeros que, a diferencia de los anteriores, no tenían una orden de deportación (without a removal order).

La suma de ambos rubros, los del ICE más los del CBP, asciende a más de 863 000 "eventos" de expulsiones, que no de "personas", como reproducen Alarcón y Becerra (2012: 126), matiz que lo especifica claramente el DHS: "The data provided on removals or returns, apprehensions, or detention all relate to events or encounters (2012: 3)"; sin negar que se trata de una manipulación del lenguaje que borra el rastro de la persona para transmitir una falsa objetividad.

Por otra parte, desde la perspectiva de las autoridades de México, tanto los expulsados por el ICE en calidad de removeds como los returned del CBP son índistinta-mente ciudadanos deportados, removidos, devueltos o expulsados. La suma total de eventos de deportación protagonizados por nacionales de México reportados por el ICE en 2010 de 282 003, más los reportados el CBP para ese mismo año de 427 940, suman: 709 943. Algo más del 82 por ciento de los 863 000 expulsados del 2010.

Un primer horizonte de interpretación de estas cifras apunta a que el incremento de las deportaciones del ICE y del CBP en su modalidad de removals y de returns constituye una operación sistemática de acoso a la inmigración indocumentada, tanto la asentada dentro del país, como la de reciente cruce. Una buena parte de los primeros cuentan con años acumulados de residencia, sin negar que varios miles tuvieron graves problemas con las leyes. No por casualidad, su crecimiento sostenido ha sido coetáneo de una ola de sentimientos y medidas antiinmigrantes en estados como Arizona, Alabama, Colorado, Tennessee o Utah, entre más de una docena de estados que dieron cauce político y jurídico a leyes que atentan contra los más elementales derechos civiles y humanos, como la SB 1070 de Arizona. Y aunque fueron impugnadas, el 25 de abril de 2012, la Suprema Corte declaró a favor de los puntos polémicos y en contra de las tesis federales (Liptak, 2012; Notimex/AFP, 2012; Caño y Pereda, 2012).

Asimismo, las redadas del ICE suponen una operación de cirugía de extirpación social antiinmigrante que recuerda no sólo las habidas en 1929 o la Operación Wetback de 1954, sino las limpiezas étnicas del tipo expulsión de judíos y moriscos en la España de los siglos XV y XVI, o de sectas religiosas en Gran Bretaña, como la que afectó a los Pilgrims Fathers, sólo que ahora camufladas como deportación de criminales y de transgresores de la ley. Esta política abusiva ha sido cuestionada por Massey y Sánchez (2010), o por la prensa de prestigio o informes jurídicos independientes.²

Tal vez por eso el gobierno de Obama, en boca de Janet Reno, ha dicho recientemente que se revisará esta política, tras más de 1 461 584 deportados (removals) en los cuatro años del periodo 2007-2010, la mayoría mexicanos. Mientras en los seis años del periodo 2001-2006 hubo 1 333 362 (DHS, 2011: 4). Es decir, del 2001 al 2010 fueron deportados 2 794 946, la gran mayoría originarios de México y cifras no oficiales establecen que en el 2011 hubo más de 350 000 deportados, o que lo eleva a 3 000 000.

Un acercamiento a las cifras de los deportados y retornados a México la ofrecen Passel, Cohn y González-Barrera (2012) que incluyen a los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos:

From 2005 to 2010, 1.4 million Mexicans and their families (including U.S.-born children) left the U.S. to move to Mexico, according to data from the 2010 Mexican census. That is about double the 670,000 who did so a decade earlier, from 1995 to 2000. While most of these immigrants returned voluntarily, an estimated 5 por ciento to 35 por ciento returned as a result of deportations between 2005 and 2010 (Passel, Cohn y González-Barrera, 2012: 11).

Es obvio que estamos frente a un importante flujo migratorio de retorno a México constituido por estos deportados y expulsados, que en conjunto promedian más de 250 000 anualmente desde 2007. Aunque las cifras oficiales se revisarán ante la acusación de que hubo presión para imponer cuotas de detenciones al ICE (Hsu y Becker, 2010) y que fueron infladas para calmar a los republicanos (Gonzales, 2012). Asimismo, el trabajo de campo en Tijuana ha permitido detectar la presencia de mexicanos deportados acompañados de sus parejas o esposas, en ocasiones ciudadanas estadunidenses, y de hijos estadunidenses, lo cual hace más complejo el segmento del flujo de deportados, ya que va acompañado de neomigrantes estadunidenses.³ Por último, habría que considerar el flujo de exiliados a Estados Unidos, quienes huyen de la violencia (Aguilar, 2012) o los desplazados internos.

 

Los migrantes y la violencia del crimen organizado

Otro factor para explicar el descenso del flujo migratorio a Estados Unidos, además de la crisis económica, el endurecimiento de la frontera, el clima antiinmigrante y la política de deportaciones, es la violencia contra migrantes en sus diversas modalidades. Ahora ya se sabe que el flujo migratorio que transita por México, ya de nacionales, ya de centro y sudamericanos, acabó siendo afectado sistemáticamente por la criminalidad vinculada directa o indirectamente al narco, al menos desde 2006. Se sabe de asaltos a migrantes con AK-47 o cuernos de chivo desde finales de los noventa (Alonso, 2001) y la utilización de armas de alto poder por asaltantes de migrantes debería considerarse un indicador de nexos (del tipo que sean) con el narco.

El contagio de estos episodios al resto de México, así como la existencia de esta realidad y su gravedad se sabía por testimonios de integrantes de üng, que incluso interponían demandas en las instancias judiciales correspondientes, pero consideradas un tipo de evidencia débil (cuando no insuficiente) (Solalinde, 2011). Más de una vez, esas acusaciones estaban avaladas por informes de la cndh, como los del 2007 o el 2009, pero ni así los argumentos sobre el acoso que sufrían los migrantes en tránsito por México camino del norte eran tomados con seriedad (Slack y Whiteford, 2010) y la unodc ha reconocido el importante papel que desempeñan las ong en estas áreas, especialmente en su "apoyo a las víctimas de crímenes" (Fedotov, 2012).

Los problemas derivados del narcotráfico no son exclusivos de México, ya que globalmente hay un auge del crimen organizado, a veces de inspiración italiana ('Ndrangheta, la Cosa Nostra y la Camorra), tal como lo defiende Forgione (2010); otras veces, en su perfil contemporáneo, tal como se ha definido desde la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés), que se caracteriza por una multifacética capacidad de adaptación a las cambiantes coyunturas y circunstancias, así como de "apropiarse" de negocios que dejan rápidas y pingües ganancias. Los modelos mafiosos de corte familiar y jerárquico están en franco declive, frente a modelos basados en la flexibilidad para las alianzas y maleabilidad en los esquemas de negocio y diversificación de las actividades delictivas. Esto se relaciona con la emergencia de nuevos cárteles y el reclutamiento en estados de emigración tradicionales, como Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guerrero, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, etc. Lo que necesariamente debe afectar a la emigración.

En la 21st Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, celebrada del 23 al 27 de abril del 2012, se explicó que el crimen organizado transnacional es una de las claves de los cambios que hay que enfrentar en el siglo XXI y una amenaza contra el desarrollo sustentable, la transición democrática, el Estado de derecho (rule of law), las buenas prácticas de gobernanza, los derechos humanos o la legitimidad de las instituciones del Estado. El binomio narcotráfico-crimen organizado es un impedimento para el desarrollo social y económico en los países "débiles y frágiles" (weak and fragile, según la terminología de la unodc) y suelen estar unidos elementos negativos como el terrorismo y la corrupción, cuya fuerza reside en el gran volumen de sus ganancias.

Al respecto, el crimen organizado, a principios del siglo XXI, y los negocios promovidos o impuestos (tráficos ilícitos, lavado de dinero, violencia y corrupción) generan unos 2.1 billones de dólares en ingresos anuales a nivel mundial, que equivalen a 3.6 por ciento del pib de la economía mundial, lo que a su vez implica a estar entre las veinte principales economías. Esta cifra resulta de las estimaciones realizadas en trabajos conjuntos por la unodc y el Banco Mundial, con datos de 2009. Entre las consecuencias que conlleva, está la pérdida aproximada anual de cuarenta mil millones de dólares en corrupción en los países en desarrollo o que los ingresos ilegales del tráfico de personas llegan a 32 000 millones de dólares al año (Fedotov, 2012).

Parte de las ganancias se generan con el contrabando de drogas ilegales, armas, contrabando y lavado de dinero, flujos ilícitos de dinero, contrabando de fauna salvaje, pero también con la trata (trafficking) y contrabando (smuggling) de migrantes, que implica racismo, xenofobia y violencia. Como señaló Yury Fedotov: "Trafficking and smuggling increase in conditions where there is conflict, lack of security or a weak rule of law [...]. According to some estimates, at any one time, 2.4 million people suffer the misery of human trafficking, a shameful crime of modern day slavery" (2012: 1). De hecho, entre los rubros principales de esta asamblea estaban incorporados a los trabajos la "violence against migrants, migrant workers and their families".

Si nos centramos en México, el crimen organizado vinculado al narco posiblemente comenzó a intervenir activamente en todo lo que es delincuencia y criminalidad a partir de 2003, extorsionando o imponiendo un "impuesto mafioso" (pago de piso o de plaza). Hasta que, después del 2007, desembocó en un escenario caracterizado por cotidianos episodios de violencia por todo México, en especial la frontera, donde Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo o Matamoros han sido las "plazas" más peligrosas durante años.

Para una descripción ordenada del proceso, que no niega otras periodizaciones alternativas o complementarias, se establecen cronológicamente tres fases principales en la escalada de la violencia: 1998-2002, 2003-2007 y la más devastadora en el periodo 2008-2011, que incluye el bienio sangriento del 2010-2011, cuando se superaron las catorce mil muertes violentas anuales. La primera, 1998-2002, coincide con la última etapa de esplendor en la que dominaban el panorama nacional los cárteles de Sinaloa, de los Arellano Félix, del Golfo y de Amado Carrillo. La violencia estaba más contenida, se produjeron los atentados del 11 de septiembre, en el 2002 el caf de Tijuana sufrió su primer descabezamiento importante y los migrantes no formaban parte activa del negocio.

La segunda etapa, 2003-2007, inicia con la detención de Osiel Cárdenas, lo cual abre la puerta al empoderamiento de Los Zetas y el inicio del uso de la violencia indiscriminada, que se refleja en la caída de los flujos por ese territorio y termina con el inicio de la guerra contra el narco. Aristegui (2005) escribía: "La violencia que hoy impera, que ha traído más de ochocientos muertos en lo que va del año, y unos cuatro mil del 2001 a la fecha es explicada como producto de la recomposición de los grupos delictivos asociada 'al combate del gobierno mexicano en contra del narcotráfico'". Es decir, algunos actores críticos de la sociedad mexicana ya estaban denunciando, a fines del sexenio de Fox, antes de la guerra de Calderón, esta violencia. Se hablaba, escandalosamente, de cuatro mil muertos, sin saber que serían más de 75 000 a mediados del 2012, y ya se hablaba en pleno 2005 de los reacomodos habidos en los distintos cárteles.

El último periodo, 2008-2011, coincide con la escalada de la violencia en una guerra de todos contra todos, debido a las escisiones y refundaciones de cárteles, el inicio de la crisis y la caída confirmada del caudal de los flujos migratorios que van al norte. A partir del 2008, las dos fronteras y el corredor del Golfo de México, incluyendo la franja que forman las ciudades de Saltillo, San Luis, Querétaro, D. F. y el istmo, las diferentes células y grupos dependientes del narco comenzaron a hacerse presentes cometiendo crímenes de alto impacto público. En el periodo 2003-2007, surgen cada vez más noticias y testimonios relacionados con extorsiones a coyotes y polleros, secuestros de migrantes, violaciones sistemáticas (Salinas, 2011), asesinatos de agentes del Grupo Beta y de pagos por derecho de piso por transitar o trabajar en sus plazas y territorios, entre otros hechos violentos.

Esta actitud agresiva del narco no siempre fue así. He obtenido testimonios fiables de polleros que afirman que a mediados de los noventa los narcos y los polleros en el área de Tijuana convivían cotidianamente a pie de frontera, se conocían, intercambiaban información de forma amistosa y, puntualmente, un pollero podía hacer un "jale" especial para los narcos (cruzar o vigilar). De modo que la violencia del narco se comienza a volver indiscriminada paulatinamente en el periodo 1995-2005, hasta acabar afectando a los flujos migratorios.

Los episodios más graves perpetrados contra los migrantes comenzaron a salir a la luz pública de los medios de comunicación nacionales recurrente y crecientemente entre 2003 y 2008; antes los hubo, pero no tan seguidos. Ese periodo, como se dijo, coincide en el tiempo con los conflictos internos que fragmentaron los cárteles, así como el inicio de la espiral de violencia indiscriminada que se exacerbó tras la "guerra" del 2006. Ahora bien, desde una perspectiva regional, hubo lugares donde las agresiones a migrantes eran cometidas por las Maras o por Los Zetas, por miembros de las fuerzas de seguridad del estado o por criminales que estaban en connivencia con los coyotes y polleros (Najar, 2003; Krissman, 2003; Berestein, 2004). A lo cual habría que añadir el uso de los migrantes como transportistas de drogas o mulas, su reclutamiento para incorporarse al crimen o, también, el secuestro y consiguiente extorsión a sus familiares. Al respecto, Slack y Whiteford (2010) ofrecen evidencia de entrevistas con víctimas e inmigrantes que fueron testigos de la violencia y abusos del crimen organizado.

Estas actividades de explotación o vampirización del constante río humano de migrantes que fluye de sur a norte ha sido denominado por Hernández de León (2012) como la "industria bastarda de la migración". Y quien mejor ha explicado el modus operandi (la tecnología) y el concepto que subyace en las agresiones a los migrantes en tránsito ha sido el padre Solalinde en una entrevista (Gutiérrez, 2011):

¿Qué obtienen las bandas con la muerte de los inmigrantes? "Las bandas y los funcionarios corruptos y la policía también", matiza el padre Solalinde. "No hay que olvidar". El dibujo que traza el padre Solalinde de lo que llama "la tecnología" del cártel de Los Zetas demuestra, a su parecer, que "se puede sacar mucho dinero de los pobres". El dinero de hoy: los abordan en las vías del tren en el que viajan clandestinamente para quitarles lo que llevan encima; el dinero de ayer: les torturan hasta que llaman con sus móviles a familiares o enlaces en Estados Unidos para obtener un rescate de sus ahorros, y el dinero de mañana: una vez liberados, los inmigrantes necesitan trabajar meses o años para pagar la deuda. El sacerdote calcula que las bandas pueden obtener de quinientos a mil dólares por secuestro. Y unos cincuenta millones al año si mantienen su actividad.

Esta escalada del horror culminó con la aparición, a finales de agosto del 2010, de los cuerpos masacrados de 58 hombres y catorce mujeres en un rancho del municipio de San Fernando, Tamaulipas, que resultaron ser migrantes en tránsito hacia Estados Unidos, la mayoría de México, aunque otros procedentes de países de Centro y Sudamérica (hondureños, salvadoreños, ecuatorianos). El trágico descubrimiento supuso, además, porque todos pudimos ver las imágenes en distintos medios, la evidencia irrefutable de que el crimen organizado vinculado al narco extorsionaba, secuestraba y asesinaba a migrantes.

Unas semanas antes, entre fines de mayo y principios de junio del 2010, había muerto un inmigrante mexicano que llevaba años residiendo en Estados Unidos, tras una brutal golpiza propinada por policías de distintos cuerpos, la mayoría de ellos una docena de elementos de la Patrulla Fronteriza, a escasos metros de ser deportado en Tijuana, lo que permitió que el crimen fuera contemplado por decenas de testigos y se videograbara. Otra víctima de aquellos días, Sergio Adrián Hernández de catorce años, murió de un disparo efectuado en la zona del río entre El Paso y Ciudad Juárez, cuando le arrojaba piedras a un patrullero del CBP el 7 de junio. La prensa hizo una cobertura extensa de ambos hechos (Ramos y Otero, 2010) y las imágenes dieron la vuelta al mundo por la brutalidad y la tolerancia cero contra dos transgresores de la frontera y de las leyes migratorias.

Para realizar un esquema de análisis sintético, se establece que los(las) migrantes han sufrido la violencia física, psicológica y simbólica de esa pinza de facto que, por un lado, tiene al todopoderoso DHS y, por el otro, a los distintos cuerpos de seguridad y administrativos del Estado mexicano, que históricamente han sido acusados de extorsionar y abusar de los migrantes (García, Cornejo y Morales, 2001; Solalinde, 2011, Bustamante, 2011; Durand, 2011), así como al crimen organizado de polleros, coyotes y asaltapollos, que unas veces están directamente ligados al narco y actúan en connivencia, u otras veces actúan como vasallos del mismo, pagando derecho de piso como si de una franquicia criminal se tratase.

A esta situación se llegó porque en el periodo posterior a 1994 con los operativos Hold the Line y Gatekeeper, el precio por llegar a Estados Unidos fue creciendo y la cantidad de dinero que movilizaba el negocio fue mayor, al crecer el número de personas que emigraron clandestinamente. Si en 1994 cruzar por Tijuana para llegar a Los Ángeles costaría de 300 a 500 dólares, en el año 2000, cruzar por Tijuana era dificilísimo, y llegar a Los Ángeles podía costar 1500 o 2000 dólares (aunque las tarifas varían según la negociación o regateo y la modalidad de cruce). Esto es, el flujo creció, la dificultad de cruzar también y, por consiguiente, los precios y el dinero que se movía.

El crecimiento del flujo en aquellos años ha sido evaluado. A mitad de los noventa, cuando comenzaban los operativos, el número de indocumentados mexicanos que cruzaban con éxito osciló entre las 277 000 y las 315 000 personas por año (Bean et al., 1997). El periodo 1998-2002 registró un promedio aproximado de 365 000 cruces anuales o mil diarios. Por consiguiente, la población irregular creció, estimándose que en Estados Unidos en el 2001 había entre 4 y 4.5 millones de mexicanos. Posteriormente, los investigadores Corona y Tuirán (2008: 36) estimaron que en el lustro 2000-2005 llegaron a Estados Unidos más de 2 870 000 mexicanos a un promedio anual de 574 000 personas, entre regulares e irregulares. Y Cornelius, apoyándose en trabajos del Pew Hispanic Center, señala que la población de inmigrantes de origen mexicano que residían sin documentos en Estados Unidos pasó de 4.6 millones en el 2000 a 7 000 000 en el 2007 (2011: 199), más de 2.4 millones de personas a un promedio aproximado de 400 000 indocumentados anuales.

El último trabajo de Passel, Cohn y González-Barrera (2012: 21) muestra cómo la población mexicana en Estados Unidos se duplicó entre 1980-1990 y de nuevo, entre 1990-2000. Estas fuentes y autores confirman lo caudalosos que fueron los flujos migratorios que cruzaron irregularmente la frontera en ese periodo, cuando la economía estadunidense demandaba trabajadores/consumidores, y que en su mayoría necesitaron pagarle a un coyote, lo que permite inferir que la magnitud del negocio fue sustanciosa.

También se sabe que, debido a la fuerte vigilancia, los altos precios de coyotes y polleros comenzaron a incorporar manutención y transporte a ambos lados de la frontera por varios días o semanas (en los años noventa solía ser uno o dos días; a no ser las modalidades que necesitaban embarcarse en un avión a Chicago, Nueva York, Georgia, etc.), y la "promesa" de que si se era detenido y devuelto lo volverían a intentar sin costo alguno una o dos veces más. Posteriormente, se habla del derecho de piso y de una "supuesta" garantía de seguridad, en testimonios de migrantes que han negociado las condiciones y garantías del cruce, al menos en los últimos seis años.

Años atrás se sabía que en el noroeste de Sonora, entre el 2000 y 2005, los coyotes locales comenzaron a presionar a los del centro del país, pues era su territorio, lo cual sólo lo avalaba el crimen organizado dependiente del narco, por tanto ellos recibían a los migrantes a cambio de una cantidad proporcional, adquiriendo de esa manera los derechos sobre el negocio final, lo que Marroni y Alonso (2006) denominaron "entregar la estafeta". Una metáfora que habla claramente del trato de mercancía que se le dispensa a las y los migrantes, que les deja vulnerables frente a coyotes ajenos a sus comunidades de origen y refleja parte de la inmoralidad y violencia que puede albergar el negocio del "coyotaje".

Hay investigadores cuya perspectiva difiere y concluyen que el negocio del "coyotaje" no está entregado al crimen organizado, especialmente para la frontera con Texas y sus más de mil kilómetros, tal es el caso de Spener (2008; 2009) o Izcara (2012). De hecho, este punto de vista de Spener ha sido criticado en términos parecidos por Slack y Whiteford (2010), que aportan evidencia para el sur de Arizona. Sin negar que existan coyotes o polleros honrados o los comunitarios que se rigen con otra lógica y valores, tal como lo refieren para casos históricos López (1998) y Aquino (2012), o que incluso comparten su destino final en un trabajo en Estados Unidos como los migrantes a quienes cruzan, lo que los obliga a conducirse con respeto.

Sin embargo, la evidencia etnográfica, hemerográfica (afn, 2010), investigaciones académicas (Baumann, Lorenz y Rosenow, 2011) y de informes de organismos internacionales como unodc (2009, 2010 y 2011), hablan de que prácticamente "siempre" los coyotes han cometido desde pequeños abusos hasta crímenes execrables. Cualquier idealización del coyote o ignorar la abundante información que apunta a actos cotidianos de abusos, violencia y negligencia por parte de ellos no tiene ninguna justificación, sin que esta perspectiva crítica implique aceptar el discurso demoniza-dor de las autoridades de uno y otro lado de la frontera. Tampoco implica negar la existencia de coyotes eficientes que han desempeñado y desempeñan un papel fundamental en la fluidez del fenómeno. Lamentablemente, la eficiencia y la ruindad no se excluyen una a otra.

Por tanto, todo apunta a que el ciclo de un crecimiento económico que en Estados Unidos se dio entre 1992-2007, salvo las crisis en 1993-1994 y la del 2001-2002, derivada de las empresas punto com, aseguró la afluencia de migrantes y de dinero para pagar los cruces, lo que atrajo al crimen organizado. La violencia e intimidación ha sido tal que ha habido asesinatos de miembros de los Grupos Beta de protección al migrante en Tijuana por detener a polleros que pagaban al narco derecho de piso y se han reportado narcoataques contra agentes de distintos cuerpos de policía estadunidenses en la frontera (Gómora, 2011). La Patrulla Fronteriza realiza importantes aseguramientos de alijos de droga cada año, y cuando eso ocurre, en México hay represalias contra la policía.

La cuestión, con todo, es si las medidas del gobierno mexicano han aminorado la presión del crimen contra los migrantes. Una respuesta posible la sintetizó recientemente David Brooks al retomar las palabras del jefe del Comando Norte de Estados Unidos (Northcom), el general Charles Jacoby, quien declaró ante el Comité de Servicios Armados del Senado "que es muy prematuro para estimar si se está ganando o perdiendo la guerra contra el narcotráfico en México". Ésta fue la respuesta a una interpelación previa del senador John McCain que interrogó al general "insistiendo en que casi cincuenta mil ciudadanos mexicanos han perdido la vida desde 2006, casi trece mil sólo en 2011, y que a la vez se han emitido alertas diplomáticas a viajeros para zonas norteñas de México por el gobierno estadunidense, y pregunto si todo esto indica que estamos ganando o perdiendo, o es un estancamiento allá" (Brooks, 2012: 2).

El momento actual de incertidumbre o de espera, máxime con las más de catorce mil víctimas del 2011, sugieren que la percepción de los riesgos por parte de los migrantes relativos al tránsito -no sólo durante el cruce de la frontera- y el comportamiento de los flujos migratorios en todos sus ramales a lo largo de las fronteras norte y sur han tenido en esa violencia una razón más para replegarse o autocontenerse. Esto explicaría la ralentización del flujo principal, el descenso de los cruces irregulares ante las deprimidas expectativas económicas en Estados Unidos y el temor a los actos violentos (secuestros incluidos) perpetrados contra los migrantes. Razones de peso para realizar un cambio en las estrategias de subsistencia o en la articulación de los proyectos de vida, pues incluso hay decenas de miles de desplazados en México (Notimex, 2012).

 

(In)conclusiones

Estados Unidos y, en consecuencia, los migrantes, enfrentan el desorden creado por la gran recesión. Si entre los años 2000-2006 se estimó en más de quinientos mil las(os) mexicanas(os) que anualmente cruzaron la frontera de distintas maneras para quedarse el mayor tiempo posible, las cifras del periodo 2007-2011 rompen con una inercia migratoria que estuvo creciendo desde los años setenta, y en pleno 2012 han caído a ese punto aludido por la metáfora de migración cero. Si en 2007 había 11.8 millones de migrantes residiendo sin autorización, de los cuales 6.9 millones son mexicanos, a fines del 2009, tras dos años de crisis y una tasa de desempleo del 10 por ciento, el impacto entre los inmigrantes fue automático, pues en 2010 la cifra de "indocumentados" se estimó en 10.7 millones, 6.6 nacidos en México.

Estas cifras de la crisis confirmarían las tesis que sostienen la importancia de los factores de demanda laboral y económica en general a la hora de atraer mayor o menor caudal al flujo migratorio. Ahora bien, el colapso sufrido por los flujos hay que explicarlo con otras fuentes y otros factores concurrentes, no sólo económico-laborales. El endurecimiento del control en la frontera por parte del lns primero y del CBP después es un factor que opera in crescendo desde mediados de los noventa. Otro factor son las redadas del ICE y de la política de deportaciones del DHS en sus distintas modalidades, de manera que si en el af 2004 se realizaron 202 842 deportaciones (la mayoría de mexicanos), desde el af 2007 se ha promediado casi cuatrocientos mil deportados anuales (mayores y menores de edad de ambos sexos, mayormente mexicanos). Esto ha implicado la llegada de ciudadanos estadunidenses en calidad de cónyuges, parejas o hijos a México.

Pero si del lado norte de la frontera está el todopoderoso Departamento de Seguridad Nacional, en la cara sur está la presencia activa del cruel crimen organizado y de un entramado menor, aunque amplio, de delincuentes y funcionarios que intentarán lucrar si las circunstancias lo permiten. El clima de impunidad y violencia que azota a México como factor desestabilizador de los flujos y los patrones migratorios que suben al norte merece mención especial a partir de la denominada guerra contra el narco durante el periodo 2006-2012. El acoso del crimen organizado a los flujos migratorios en México, que se traduce en robos, violaciones, extorsiones, secuestros y asesinatos de migrantes, resulta difícil de cuantificar por la naturaleza clandestina de los crímenes y por la vulnerabilidad o fragilidad de las víctimas que suelen estar resignadas a seguir la marcha (huir) a como dé lugar. Además, cuando el flujo migratorio llega a la región fronteriza y choca con el control férreo estadunidense, se ralentiza o "embalsa" temporalmente, exponiéndose a la violencia del crimen organizado.

El narco ha estado creciendo y reclutando en la tradicional región centro-occidental de migración internacional, y esto influye tanto en las salidas de quienes huyen de la violencia, como de quienes no migran porque se unen al narcotráfico. El flujo de exiliados a Estados Unidos de quienes huyen de la violencia y de los desplazados al interior de ciertos municipios, regiones y estados de México crece en importancia. Sin olvidar que el encarecimiento de coyotes y polleros también afectó el flujo migratorio cuando éste dejó de estar financiado por sus familiares y estimulado por la oferta de trabajos en el lado norte de la frontera, que hace que menos migrantes activen su proyecto de ir al norte. Por todo esto, la situación actual es de un equilibrio técnico en el saldo entre retornos y llegadas para el periodo 2005-2010, estimadas en 1 390 000 y en 1 370 000, respectivamente.

 

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Notas

¹ El por aquel entonces nonagenario Premio Nobel de Economía de 1970.

² Véase Shankar Vedantam (2010) de The Washington Post o la editorial del The New York Times, "Deportation Without Representation" (NYT, 2011) o el informe de NYRS (2011), "Accessing Justice. The Availability and Adequacy of Counsel in Immigration Proceedings".

³ Observación etnográfica registrada en trabajo de campo, realizada por el autor en Tijuana, 2008-2012.