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Norteamérica

On-line version ISSN 2448-7228Print version ISSN 1870-3550

Norteamérica vol.4 n.1 México Jan./Jun. 2009

 

Análisis de actualidad

 

Algunas características de los migrantes devueltos por la Patrulla Fronteriza

 

Some Characteristics of Migrants Returned by the Border Patrol

 

Germán Vega Briones* Virginia Ilescas Vela*

 

*Profesores/investigadores, Departamento de Estudios de Población, El Colegio de la Frontera Norte. <gvega@colef.mx>.

 

Resumen

La idea central de este trabajo es aproximarnos a las características demográficas y señalar algunos de los factores sociales de los migrantes que son devueltos por la Patrulla Fronteriza. Con base en información de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif), la población estudiada está constituida por personas de origen mexicano mayores de doce años que lograron cruzar a Estados Unidos para trabajar o buscar trabajo y que fueron detenidos y trasladados a ciertos lugares del país (principalmente ciudades fronterizas), donde se les encuestó con un procedimiento por muestreo. Básicamente se exploran las preguntas que dan cuenta del perfil demográfico y social de las personas devueltas por la Patrulla Fronteriza. Es importante considerar que las personas sólo pueden estar representadas cuando se trata del número de eventos ocurridos, pudiendo por ello incluir en este instrumento más de una devolución de los mismos individuos; aún así, la intensidad en el flujo refleja su dinámica en las coordenadas espacio–temporales correspondientes a las fases y puntos de muestreo de la Emif.

Palabras clave: Migración, demografía, migrantes devueltos, Patrulla Fronteriza, Encuesta sobre Migración de la Frontera Norte.

 

Abstract

This article’s central aim is to determine the demographical characteristics and point to some of the social factors in the lives of migrants deported by the U.S. Border Patrol. Based on information gleaned from the National Survey on Migration on Mexico’s Northern Border (EMIF), the article looks at people of Mexican origin over 12 years of age who were able to cross the border into the United States to work or look for work and who were detained and transferred to certain places in the country (mainly border cities), where they were interviewed in a sampling. Basically, the article explores the questions referring to the demographic and social profile of personas returned by the Border Patrol. It is important to take into account that the persons interviewed are represented as of the number of events that took place, which means that the instrument may include more than one deportation of the same individuals. But even so, the intensity of the flow reflects the dynamic in the space–temporal coordinates of the EMIF’s phases and points of sampling.

Key Words: Migración, demografía, migrantes devueltos, Patrulla Fronteriza, Encuesta sobre Migración de la Frontera Norte.

 

INTRODUCCIÓN

A principios de 2008, todavía durante la administración del presidente George W. Bush, la Patrulla Fronteriza implementó una serie de "redadas", particularmente en los lugares de trabajo de los migrantes, con la finalidad de repatriar, encarcelar o deportar a aquellos trabajadores que no tuvieran documentos que les permitieran trabajar en Estados Unidos.

En este sentido, ante la carencia de una reforma migratoria o un programa "huésped" de trabajadores mexicanos, es muy probable que el decremento en las deportaciones de emigrantes no autorizados a Estados Unidos sólo se dé si tanto los migrantes como los traficantes de personas descubren maneras de evadir los nuevos obstáculos para que la probabilidad de aprehensión descienda de alguna manera (Cornelius, 2005). Aunque esto no se ve nada fácil, particularmente por las cada vez más severas políticas restrictivas de Estados Unidos, como se mostró recientemente en el caso de Arizona, estado que aprobó verificar la autenticidad de los documentos de los inmigrantes, multar a los patrones que no cumplan esta verificación y "repatriar" o encarcelar a los migrantes que no tengan en regla sus documentos.

Se previó que esta situación tendería a agudizarse durante las campañas para elegir a un nuevo presidente de Estados Unidos y más aún meses después de la elección presidencial, dado que se pensó que la prioridad del nuevo presidente tendría que ser atender los problemas económicos de su país y, por tanto, los deseos de realizar una reforma migratoria o la elaboración de un proyecto de contratación "temporal" de mano de obra mexicana.

Sin embargo, por el momento no es una prioridad para el nuevo presidente estadounidense, ya que los mexicanos saben que suelen ser usados como "chivos expiatorios" respecto de los problemas que enfrentan los ciudadanos de Estados Unidos, particularmente en este momento de crisis o recesión económica que experimenta aquel país. Por cierto, esta recesión ha dado pie a múltiples especulaciones sobre la potencial deportación o "retorno masivo" de mexicanos; se ha asumido que se quedarán sin trabajo y que "muchos" regresarán voluntariamente a sus lugares de origen. Sin embargo, hasta el momento ninguna fuente seria ha mostrado las cifras catastróficas que algunos medios de comunicación han mencionado, que van desde 300 mil hasta cerca de tres millones.

Indudablemente, la recesión económica estadounidense afectará de diversas maneras a un buen número de trabajadores migrantes y, por ende, a sus familias. No obstante, se considera que tanto en las ramas de actividades y en los respectivos nichos laborales en que se desempeña esa población, incluido el sector informal, no habrá tantos migrantes afectados por los problemas económicos de Estados Unidos. Si bien, hasta el momento, la industria de la construcción ha sido una de las más afectadas, no debemos olvidar que las actividades agropecuarias, particularmente las de uso intensivo de mano de obra, no van a ceder fácilmente a las deportaciones, pues tanto los agricultores como los ganaderos, e incluso otras ramas como la de los restaurantes y otras actividades del sector Servicios, requieren trabajadores que estén dispuestos a recibir bajos salarios y pocos o ningún beneficio (cobertura médica, apoyo a hijos en edad escolar, Medicare, Medicaid, fondo de retiro o pensión, etcétera). Sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante esta situación de crisis económica, en la que evidentemente, la población más vulnerable es la que carece de documentos válidos para trabajar en el conocido norte. Al respecto, vale la pena mencionar la nota que Rafael Alarcón (2008) publicó en el periódico La Jornada (28 de octubre de 2008), en la que dice que

El desarrollo de la crisis económica de Estados Unidos se ha visto acompañado de dos hechos importantes que quizás estén explicando en parte esta alarma: la aparente disminución de la migración indocumentada mexicana y el incremento de las deportaciones de migrantes llevadas a cabo por el gobierno estadounidense. En un reporte reciente del Pew Hispanic Center se estima que en marzo de 2008 había 11 millones 900 mil indocumentados en Estados Unidos, de los cuales siete millones eran de México (59 por ciento). Sin embargo, el reporte expone que la población indocumentada creció más lentamente entre 2005 y 2008 que al principio de la década. Se estima que el flujo de inmigrantes indocumentados llegaba en promedio a 800 mil por año entre 2000 y 2004, pero que este promedio bajó a 500 mil entre 2005 y 2008 con tendencia decreciente.

Y agrega que ni la Ley Simpson–Rodino de 1986 ni la Propuesta 187 de 1994, de las que se especulaba generarían retornos masivos de mexicanos a sus lugares de origen, jamás tuvieron este efecto. Todo lo contrario, la Ley Simpson–Rodino de 1986 no sólo permitió la reunificación familiar, sino que facilitó que miles de indocumentados regularizaran su estancia en Estados Unidos y se trasladaran hacia otros centros de trabajo, entre los cuales se incluían los de las grandes ciudades de Estados Unidos.

Por otro lado, este proceso de riesgos y devoluciones de migrantes mexicanos está conectado, de algún modo, tanto con la situación económica de Estados Unidos como con el patrón migratorio mexicano, el cual ha presentado algunos cambios. Lozano (2002), por ejemplo, considera que existe una diversidad de opiniones. Así, por ejemplo, Cornelius, en 1992, observó que los cambios en el perfil de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos correspondían básicamente a cuatro factores: en primer lugar, a la composición de la demanda de trabajadores migrantes en el país de destino; en segundo, a la crisis económica de México durante la década de los ochenta; en tercero, a la política de inmigración de Estados Unidos (IRCA) en 1986, con lo que aumentó la migración de mujeres y niños; y por último la gestación de las redes migratorias trasnacionales. Como consecuencia de estos cuatro factores, se alteró la composición demográfica de los flujos de migración y permitió la incorporación de estados no tradicionales. Rodolfo Tuirán (2006) considera que, actualmente, el patrón migratorio presenta las siguientes características: 1) un notable incremento en la intensidad y magnitud; 2) el desgaste de los mecanismos de circularidad migratroria; 3) que ahora la migración es predominantemente no autorizada o indocumentada; 4) que el movimiento migratorio no autorizado es cada vez más riesgoso y más costoso, 5) que el fenómeno migratorio ya no se origina únicamente en la región Centro–occidente de México, sino que se ha extendido, en mayor o menor medida, por todo el territorio nacional; 6) la migración mexicana también es cada vez más visible en todo el territorio estadounidense; 7) los migrantes mexicanos registran una creciente diversificación sectorial y ocupacional en los lugares de origen y destino; 8) el flujo migratorio hacia Estados Unidos de migrantes procedentes de las áreas urbanas de México es cada vez más notorio (Tuirán, 2006: 14).

Verduzco (2006), por su parte, sostiene que es evidente que las interacciones entre México y Estados Unidos han sido muy intensas en distintos niveles y dimensiones, pero que las exportaciones de mano de obra desde México no deben de ser vistas de manera aislada y sin tomar en cuenta los demás intercambios. Por otra parte, si consideramos que hoy casi el 20 por ciento del total de la mano de obra mexicana trabaja en Estados Unidos, podemos plantear que está ocurriendo una especie de integración entre estos dos países. Todo esto ha sucedido a pesar de las tensiones que existen entre los gobiernos de ambos países y a pesar de los intentos por ejercer el control de la frontera (Verduzco, 2006: 72). Verduzco plantea también que la firma, durante 1994, del

Tratado de Libre Comercio (TLC) fue una de las estrategias económicas de las que se valió Estados Unidos para apuntalar su papel en el continente y que parte de esa estrategia consideraba que la migración mexicana a ese país sería frenada una vez que se hubiera invertido suficientemente en México para promover un mayor desarrollo. También se creía que otros flujos migratorios hacia Estados Unidos, sobre todo de Centroamérica, disminuirían en intensidad cuando la situación económica en México empezara a mejorar, pues este país podría convertirse en un importante polo de atracción para las migraciones de Centroamérica (Verduzco, 2006: 68).

Cornelius (2007), al igual que otros autores, menciona que a diez años transcurridos desde que se implementó el control migratorio, iniciado por el gobierno de Bill Clinton y mantenido durante la administración de George W. Bush, es posible ver qué elementos de esta estrategia han funcionado y cuáles no. La enseñanza más importante es negativa. "Ala fecha no existe ninguna prueba de que triplicar los recursos utilizados para hacer cumplir la ley a lo largo de la frontera haya constituido un freno efectivo a la inmigración ilegal en tanto que abundan consecuencias significativas 'no previstas'" (Cornelius, 2007: 251). Concretamente, este autor menciona que

las consecuencias de la estrategia estadounidense de reforzamiento de la frontera se pueden resumir de la siguiente manera:

– Los grupos ilegales se han distribuido a lo largo de la frontera suroeste.

– El costo económico del ingreso ilegal se ha incrementado en más del cuádruple (aumentando también el uso de los polleros y los precios de éstos).

– Los migrantes indocumentados están permaneciendo más tiempo en Estados Unidos y una mayor proporción se está asentando permanentemente.

– Las muertes de migrantes han aumentado significativamente.

– Ha habido un incremento alarmante en la actividad antiinmigrante del tipo vigilante (minuteman, etc.) (Cornelius, 2007: 251).

Sin embargo, explica Cornelius (2007), los siguientes supuestos no se han materializado:

– Desalentar la migración ilegal en los lugares de origen en México.

– Desalentar a los migrantes potenciales en la frontera después de haber sido aprehendidos en múltiples ocasiones por la Patrulla Fronteriza para hacerlos retornar a sus lugares de origen.

– Que sus posibilidades de obtener empleo en Estados Unidos se hayan visto disminuidas y que el número de inmigrantes indocumentados que residen en el país vaya a la baja.

Cornelius (2007) indica también que

diferentes encuestas aplicadas en Estados Unidos muestran que la política estadounidense de control migratorio refleja tanto la baja importancia del tema como la ambivalencia de las actitudes del público en general hacia los recién inmigrados, particularmente aquellos a los que perciben como "trabajadores necesarios". La estrategia estadounidense se enfoca sólo sobre el aspecto de la oferta, el flujo de los migrantes ilegales, y no intenta de manera seria reducir la demanda de los empleadores de mano de obra migrante. (Cornelius, 2007: 254–266).

De manera bastante crítica Cornelius (2007) concluye afirmando que:

[1] La política de control de la inmigración ilegal no está funcionando. En primer lugar está la consideración política de que un esfuerzo de mano dura, de cierre de fronteras sigue siendo útil para convencer al público en general de que los políticos no han perdido el control sobre la inmigración. Se pueden ganar votos si se defienden estas medidas, sin importar la evidencia. 2) En la era posterior al 11 de septiembre, el control de la inmigración y las acciones contra el terrorismo tienden a fusionarse, y las muestras permanentes de fuerza en la frontera simbolizan la determinación de la nación de luchar contra el terrorismo incluso si no se logra nada para incrementar la seguridad. 3) La economía de Estados Unidos en el siglo XXI muestra tener un insaciable apetito por la fuerza laboral inmigrante –mucha de ella no capacitada– que no se satisface con las leyes y políticas existentes. Consecuentemente, el número de interesados en que exista una política migratoria expansionista de facto es muy grande y sigue aumentando. Esto se refleja en la ambivalencia de la opinión pública estadounidense sobre el tema migratorio. El estadounidense promedio puede oponerse a la migración a gran escala porque contribuye a la diversidad cultural o las cargas fiscales, pero reconoce las realidades del mercado de trabajo y la función económica de la inmigración (Cornelius, 2007: 274–275).

Corona Vázquez (1998), al caracterizar la migración laboral de México a Estados Unidos, concluye que el patrón migratorio se ha modificado, ya que, aun cuando la migración sigue siendo eminentemente masculina, hay una mayor participación femenina; los desplazamientos se realizan en edades productivas, presentan una mayor escolaridad, son principalmente de origen urbano y con una mayor intervención de los estados del norte, centro y sur del país (Huerta Rodríguez, 2006; Cruz Piñeiro, 2007; Tuirán, 2007; y Verduzco, 2006). Corona Vázquez (1998) señala también que los cambios en la migración laboral mexicana tienen su origen básicamente en el proceso de urbanización por el que ha atravesado el país, particularmente a partir de la década de los setenta. Asimismo, Durand, Massey y Zenteno (2001), al igual que Corona (1998), consideran que los cambios en el patrón migratorio se han dado como consecuencia de la progresiva urbanización de la sociedad mexicana; no obstante, estos autores señalan que la urbanización no representa ningún cambio en la selectividad de la migración.

Por su parte, Lozano (2002) sugiere que hacia la década de los ochenta, en la región tradicional,1 predominaba la participación de migrantes de origen rural, del sexo masculino y con bajos niveles de escolaridad; mientras que en la región emergente,2 los migrantes eran, en su mayoría, de origen urbano, con una mayor presencia de mujeres y una escolaridad promedio superior. Sin embargo, este autor asegura que, actualmente, se asiste a un aparente resurgimiento del predominio de migrantes de origen rural, por lo que, considera que se debe replantear la discusión teórica sobre los cambios en el perfil de la migración mexicana hacia Estados Unidos, ya que a partir de la década de los noventa la participación de migrantes de origen urbano empezó a declinar en todo el país.

Por otro lado, los 400 mil a 600 mil migrantes mexicanos que se presume se trasladan año con año a buscar empleo en Estados Unidos siguen siendo personas que carecen de documentos para poder trabajar en este país del norte. Un porcentaje considerable de estos migrantes probablemente no encontrará la forma, en el corto o mediano plazo, de obtener documentos para acceder al mercado laboral estadounidense. En este sentido, el recorrido hacia Estados Unidos probablemente se efectuará en condiciones más o menos adversas. Obviamente, esto dependerá de sus recursos económicos, del contacto y acceso al conocimiento de las trayectorias y redes sociales que les permitan llegar, ser devueltos o morir en el intento, en una palabra: lograr trabajar en Estados Unidos dependerá del capital social de estos migrantes. Además, tanto Tuirán (2006) como otros autores (Cornelius, 2007) han señalado que el flujo migratorio entre ambos países no podrá administrarse o regularse adecuadamente con un modelo anclado únicamente en el reforzamiento del control fronterizo.

Tuirán (2006), basado en Fernández de Castro et al. (2006), indica que Estados Unidos y México han desarrollado un doble juego en la gestión de la migración.

El gobierno estadounidense no obstante el discurso beligerante contra los migrantes indocumentados ha practicado tradicionalmente "la política de la tolerancia", tanto con el ingreso como con la estadía de los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos. En contrapartida, el gobierno de México ha construido un discurso a favor de los migrantes y de sus derechos, aunque en realidad hace muy poco por atenderlos, practicando una auténtica "política de la omisión", la cual es recreada permanentemente por un marco jurídico e institucional inapropiado y anacrónico (Tuirán, 2006: 14–15).

Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense cambió sus prioridades y colocó la seguridad en el centro de sus preocupaciones,

concentró su atención en el combate al terrorismo. La aprobación de la llamada Patriot Act y la creación del Departamento de Seguridad Interna constituyen algunas de las expresiones concretas de los cambios estructurales que en fecha reciente iniciaron las políticas de seguridad en el vecino país. La enorme concentración de recursos en esta dependencia (humanos, presupuestarios, tecnológicos y operativos) no tiene precedente alguno: se agregaron en un solo mando dieciséis agencias y cerca de 140 mil empleados, con un presupuesto inicial de 80 mil dólares. El tema de la seguridad fue colocado en el centro de la relación con México. Para las autoridades estadounidenses esto significaba el abandono de la "política de la tolerancia" en materia migratoria (Tuirán, 2006: 16–17).

Como habíamos comentado al inicio de este trabajo, el Tratado de Libre Comercio firmado entre Canadá, Estados Unidos y México despertó, entre otras expectativas, la idea de que sostener relaciones comerciales con países tan poderosos como Estados Unidos permitiría desarrollar nuestra economía y, por tanto, frenar el flujo de población mexicana que se traslada en forma documentada o indocumentada a buscar mejores condiciones de vida en ese país, particularmente debido al diferencial salarial.

En 2006, nosotros entrevistamos a jóvenes de Hidalgo que se encontraban trabajando en el sector de la construcción en Florida cuya remuneración era de 18 dólares por hora. Este simple dato nos da la clave de por qué la población mexicana está dispuesta a trabajar en condiciones de baja seguridad, bajos salarios y con escasos beneficios, a pesar de pagar impuestos en Estados Unidos y sin hacer uso, en muchas de las ocasiones, de los servicios de salud, del derecho al desempleo o del acceso a la educación, no sólo por carecer de papeles para trabajar, sino también porque un buen sector de esta población es muy joven, no está casada y por tanto no tiene dependientes pequeños. En este sentido, al referirse a las características de los mercados de trabajo, Cruz Piñeiro indica que

el sistema productivo de la economía mexicana ha mostrado su incapacidad para producir el número de empleos necesarios y enfrentar el crecimiento poblacional del país. Asimismo, la calidad de los empleos generados en los últimos años ha dejado mucho que desear en cuanto al nivel salarial y sus condiciones y prestaciones laborales. Actualmente miles de jóvenes mexicanos se ven obligados a autoemplearse o a resignarse al desempleo (2007: 322).

Para este autor, la transición demográfica ha permitido que la gran mayoría de la población se encuentre en la juventud y en edad productiva. El denominado "bono demográfico" sólo podría ser benéfico siempre y cuando la economía nacional pueda ofrecer un número suficiente de empleos de calidad a esta población joven, y si esto no es posible, la movilidad territorial de los mexicanos hacia el norte continuará (Cruz Piñeiro, 2007: 322–323). Como también se ha señalado ya,

la economía de Estados Unidos, además de enfrentar un problema de envejecimiento de su población, entre ellos los baby boomers, ha incrementado la demanda de una fuerza de trabajo de menor calificación y que recibe bajos salarios. Así, la diferencia salarial entre las economías de Estados Unidos y México es enorme, el contraste entre salarios en algunas ocupaciones llega a ser de diez veces; y, por otra parte, una alta proporción de los emigrantes mexicanos declaró que tenía algún tipo de empleo antes de migrar; sin embargo, en lugar de que se cerrara la brecha salarial en los últimos diez años, la proporción de de los migrantes creció más rápido que la de los salarios (Cruz Piñeiro, 2007: 323).

Dos aspectos más de suma relevancia rescata Cruz Piñeiro (2007) en su trabajo:

1) Las condiciones de la economía estadounidense regulan en gran medida la inserción laboral de los mexicanos. En los últimos años, esta economía se ha visto frenada y ha dejado de crecer; sin embargo, la participación económica de los mexicanos inmigrantes ha crecido y es superior a la participación de la población de origen mexicano, ya que muchos de los empleos tomados por ellos son de baja calidad, 2) La inserción laboral en los mercados estadounidenses se ha vuelto más rígida y de difícil acceso, requiriendo, ante todo, un mayor nivel de educación de la mano de obra. Los inmigrantes mexicanos muestran niveles educativos muy bajos si se comparan con los de otros grupos de inmigrantes procedentes de otros países. El 58 por ciento de la fuerza de trabajo mexicana tiene sólo 12 años cursados o menos, sin alcanzar el grado de preparatoria, y sólo 5.4 por ciento cuenta con la licenciatura o posgrado. Llama la atención que en el caso de las mujeres, éstas muestran una superioridad en su nivel educativo respecto de la masculina, ya que un 14 por ciento de las mujeres tiene algún año de licenciatura cursado y casi el 7 por ciento tiene el nivel de licenciatura o posgrado.

Por otro lado, es bastante significativo que los inmigrantes mexicanos tengan un ingreso promedio de 22,969 dólares al año, cantidad que representa aproximadamente la mitad del promedio nacional de ese país. No obstante, es muy superior al ingreso promedio anual en México (Cruz Piñeiro, 2007: 325–326 y 330).

En este sentido, la idea central de este trabajo es ofrecer una aproximación a las características demográficas y señalar algunos de los factores sociales de los migrantes que son devueltos por la Patrulla Fronteriza. Estamos convencidos de que este documento será de gran importancia para conocer algunas de las condiciones a las que están expuestos los migrantes en su trayectoria hacia Estados Unidos en busca de trabajo en aquel país, particularmente si se desea implementar una serie de políticas públicas que beneficien a los migrantes. Basados en información de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif), daremos cuenta del uso de servicios en ciudades fronterizas de cruce, el pago de polleros, algunos de los apoyos recibidos y condiciones laborales de los migrantes, tanto en sus lugares de origen como en la misma frontera mexicana. Se ofrece, también, a partir de la información aquí provista un escenario de posibles factores asociados a algunos de los riesgos y condiciones generales del trayecto migratorio. La población estudiada está constituida por personas de origen mexicano mayores de doce años que lograron cruzar a Estados Unidos a trabajar o a buscar trabajo y que fueron detenidos y trasladados a ciertos lugares del país (principalmente ciudades fronterizas), donde se les encuestó con base en un procedimiento por muestreo.3

El trabajo tiene como fuente principal, la Emif de 1993 a 2005 (fases I a X) en el cuestionario correspondiente a "Migrantes deportados. Personas devueltas por la Patrulla Fronteriza". Básicamente se exploran las preguntas que dan cuenta del perfil demográfico y social de las personas devueltas por la Patrulla Fronteriza. Es importante considerar que las personas sólo pueden estar representadas cuando se trata del número de eventos ocurridos, pudiendo por ello incluir en este instrumento más de una devolución de los mismos individuos; aun así, la intensidad en el flujo refleja su dinámica en las coordenadas espacio–temporales correspondientes a las fases y puntos de muestreo de la Emif.

Acerca de los factores asociados a los riesgos, se toman las preguntas que tienen que ver con eventos concomitantes al desplazamiento, tales como accidentes, lugares donde pernoctan y abusos o maltratos por parte de autoridades, entre otros. Estas variables no se presentan en todas las fases de la Emif, ya que algunas se han incorporado recientemente (desde la fase X), como el caso de las preguntas acerca del trato recibido por las autoridades.

Se proponen tres dimensiones de análisis: 1) demográfica, en la que se abordan las características que presenta el flujo de personas devueltas por autoridades estadounidenses; 2) social, en la que se resaltan las condiciones del contexto que precedieron el cruce (servicios utilizados, contratación de personas y uso de redes sociales); y 3) se documentan aquellas características del flujo que tengan impacto económico y que permiten valorar las pérdidas del dinero invertido en el trayecto –en el caso de las personas que han sido devueltas, todo desembolso desde el lugar de origen, traslado, servicios, alimentos, dinero prestado, pago de pollero, etc., se considera pérdida total de la inversión.

El control de la entrada de indocumentados a Estados Unidos

Cercar la frontera sur de Estados Unidos ha sido un objetivo desde 1993 en las administraciones federales de aquel país. Estas acciones trascienden el terreno virtual de propuestas como la 187, promovida por el Partido Republicano, aunque no hicieron mella en la dinámica de la inmigración indocumentada. A partir de entonces ha sido desplegado un vasto conjunto de propuestas, acciones y actividades que durante la etapa de 1993 a 2005 se establecieron como franco periodo de incremento de agentes de la Patrulla Fronteriza (Anguiano, 2006) "Todos estos elementos forman parte de lo que Timothy J. Dunn (1996) denominó "una guerra de baja intensidad". A continuación enlistamos algunas de estas acciones del gobierno estadounidense en su intento por "controlar" el flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos:

• 1993: Operación Bloqueo, que posteriormente se llamó Hold the Line, en el Paso Texas.4

• 1994: Operación Guardián en el corredor Tijuana–San Diego. Inicia la primera fase en el corredor que va del océano Pacífico hasta la Mesa de Otay. En la segunda fase se habría extendido hasta Tecate, Baja California y en la tercera hasta Yuma, Arizona. Incluyó el aumento de alta tecnología para vigilancia, construcción de nuevas barreras fronterizas, iluminación de los lugares de cruce e incremento de efectivos de patrullas.

• 1995–1997: Operación Salvaguarda, para mejorar el control de la frontera con Arizona.

• 1997: Operación Río Grande, para reforzar la frontera sur del valle del río Bravo, en Texas y Nuevo México.

• 2004: Control del la frontera de Arizona.

• 2005–2006: Construcción del muro fronterizo e incorporación de la Guardia Nacional en la vigilancia de la frontera (Cornelius, 2005 y 2007).

En el terreno jurídico, en 1996, el Congreso aprueba respecto de la inmigración la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva5 y la Ley para la Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Responsabilidad Migratoria. El refuerzo de las fronteras ya no tendrá mesura, a partir de que el Senado estadounidense aprueba 595 kilómetros de muros nuevos y más de 900 barreras vehiculares que serían complementadas por la posterior aprobación de 1126 kilómetros de fortificaciones. Acciones que, en palabras de Wayne Cornelius, no tendrán efectos perceptibles en el flujo de emigrantes ilegales provenientes de México (Cornelius, 2005). Aunado a este espíritu restrictivo, las reformas de 1996 limitan los derechos de los extranjeros, particularmente de quienes no tienen documentos, al tiempo que aumenta la lista de infracciones que son causales para su deportación y/o devolución. En dicha formulación legal, se sanciona con deportación inmediata a los infractores con sentencias de un año de cárcel.

Sin embargo, la ley más contundente en materia de política de restricción y sanción a los inmigrantes ha sido la Ley para la Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Responsabilidad Migratoria que promueve la expulsión lo más rápido posible a las personas que entran en Estados Unidos sin documentos. En este procedimiento, los propios funcionarios migratorios son quienes tienen en sus manos el poder de tomar decisiones sin que las personas indocumentadas tengan acceso a un proceso de deportación. En tal caso, existe sólo el trámite administrativo por el cual la persona es trasladada a los centros de detención para enviarla en el menor tiempo posible a los puntos de cruce y efectuar su devolución (Castillo, 2005).

Hemos acelerado el proceso legal para reducir el tiempo medio de deportación. Y hemos dejado claro a los gobiernos extranjeros que deben aceptar el regreso de sus ciudadanos que violan nuestras leyes de inmigración. Como resultado de estas acciones, hemos puesto fin a la "detención y liberación" de inmigrantes ilegales de algunos países. Y pediré al Congreso recursos y autoridad adicionales de manera que podamos poner fin a la "detención y liberación" en la frontera sur de una vez por todas. Cuando la gente sepa que serán capturados y se les enviará de regreso si entran en nuestro país de manera ilegal, será menos probable que traten de entrar furtivamente (Tuirán, 2006).

De esta forma, la frontera es cerrada mediante leyes y tecnología, de tal suerte que es una muerte anunciada para muchos indocumentados. Sin embargo, la instalación de bardas y equipo de alta tecnología para limitar –no erradicar necesariamente– el flujo de personas no autorizadas no es exclusiva de Estados Unidos. En España, a partir del 2005, miles de subsaharianos cruzaron de Ceuta a Melilla y el gobierno español hace lo propio levantando la altura de las bardas, instalando tecnología de vanguardia e incrementando el patrullaje: "Aunque las migraciones permiten el enriquecimiento de las sociedades y los mestizajes culturales, en este siglo están marcadas por la injusticia económica. Es igual para los mexicanos que van a Estados Unidos que para los africanos subsaharianos que cruzan masivamente el estrecho de Gibraltar hacia Europa" (Ronquillo, 2007).

Para los países receptores, las migraciones indocumentadas cumplen una función nodal en la economía. Para Estados Unidos es fundamental la mano de obra indocumentada en la agricultura y en los empleos urbanos con salarios bajos, ya que con este tipo de trabajadores ha logrado alcanzar liderazgo en el sector probablemente con las mínimas exigencias de inversión en seguridad social para ellos y un gran ahorro en pago de impuestos por parte de los empleadores. Por ello, es que habrá de analizar la política antiinmigrante y las acciones para la devolución de migrantes con una óptica del doble discurso de permisividad en un contexto de fortalecimiento de las barreras físicas y legales para ingresar a trabajar a Estados Unidos. El caso de los países emisores de trabajadores, la utilidad es más clara en cuanto a que esta salida representa una "válvula de escape" demográfica y laboral (Verduzco, 2006). Otros actores se benefician de un comercio subrepticio que surge al cobijo de la emigración indocumentada. Tal es el caso de la organización de traficantes de personas, quienes ante una acometida de restricciones cambian sus estrategias, rutas y aprenden cómo sortear los obstáculos y hacer más rentable este negocio global.

De esta forma, existe en los cruces no autorizados a nivel global, una combinación de factores que en todos los casos generan pérdidas al inmigrante indocumentado, dividendos al crimen organizado y tanto costos como ganancias diversas a la economía binacional.

Dinámica de las devoluciones de emigrantes laborales de Estados Unidos (1993–2005). Dimensión del flujo y principales características

Como sugiere el término "migración indocumentada", no hay y no puede haber cifras exactas que reflejen la cantidad y características de los emigrantes. Sin embargo, la estimación de los que no tuvieron éxito en su intento de cruzar a Estados Unidos, es decir, de los que pertenecen al universo de "devueltos por la Patrulla Fronteriza", es más fácilmente visualizarlos mediante instrumentos de recolección de datos como la Emif. Ésta ofrece su cuestionario para emigrantes deportados (el registro de las personas devueltas por la Patrulla Fronteriza), el cual permite conocer algunas de las principales dimensiones y características del flujo de emigrantes devueltos.

Este espacio analítico es relevante en cuanto a que representa su contundencia jurídica y operacional en el ámbito de las "Acciones para el control de indocumentados a Estados Unidos". En este marco jurídico, es importante que la forma de devolución sea expedita y para ello existen dos mecanismos legales: el primero es mediante la solicitud de la expulsión voluntaria, en este caso la permanencia en centros de detención migratoria es mínima, porque no son detenidos formalmente y son devueltos en algún punto de la frontera con México. Otra forma es solicitar la revisión del caso; en esta circunstancia, los emigrantes no autorizados quedan sujetos a procedimientos que pueden durar meses mientras permanecen en calidad de detenidos, a expensas de las condiciones del centro donde purguen esa detención, ya que como muchos de ellos no cuentan con representación consular tampoco cuentan con asesorías e incluso ocurre que los procesos se llevan a cabo en inglés, cuando al detenido no le es posible comprender ese idioma, por lo cual queda en estado de indefensión. Algunas irregularidades son detectadas por representantes de organismos internacionales y muchas ocurren cuando los detenidos son trasladados de un centro de detención a otro sin aviso o sin razón explícita, por lo que el contacto con representantes, asesores o familiares corre el riesgo de perderse. La posibilidad de quedar detenido sobre todo cuando se es reincidente lleva a la persona a solicitar su expulsión voluntaria (Castillo, 2005).

Por estas circunstancias, las devoluciones son frecuentes en el caso de los emigrantes que no han tenido éxito en su último cruce, en el de quienes han tenido más de un evento no exitoso. Las cifras registradas de emigrantes devueltos en el periodo comprendido entre 1993 y el 2005 indican que el flujo de devueltos se incrementa constantemente hasta la fase 6 (julio de 2000–julio de 2001). Para la fase 8 y 9 (julio de 2002–junio de 2004), se tiene que el flujo de devueltos se redujo sensiblemente. Algunos autores explican este decremento en las devoluciones de mexicanos a causa de la experiencia de los emigrantes para evitar ser capturados, pero sobre todo, por el aprendizaje y los arreglos que pueden hacer los traficantes de personas que llevan a mayores riesgos en un primer momento en la búsqueda de nuevas rutas, pero posteriormente, aseguran el paso y la mayor rentabilidad de las nuevas rutas de paso (Cornelius, 2005).

Otra explicación no necesariamente opuesta es que las crisis económicas que tuvo México, sobre todo entre 1994 y 1995, incrementaron el flujo migratorio en general hasta que el aprendizaje sobre las rutas permitió reducir el riesgo de ser devuelto y esto sólo fue posible en la práctica de algunos años y en la consolidación de redes sociales y ahora incluso, con redes de traficantes de personas.

Lo anterior se confirma al observar que los mayores flujos de devolución de personas indocumentadas ocurren sobre todo entre las fases 5 y 6 (julio de 1999–julio de 2001). El incremento en este flujo se tiene con precisión hasta la fase 6 (julio de 2000–julio de 2001). En tanto que para la fase siguiente que incluye septiembre de 2001, mes de los atentados en Estados Unidos, se observa una clara reducción, atribuible tanto a que los retornos a México efectivamente fueron más escasos como a una reducción general en los intentos de cruce. Para la fase 10 (julio de 2004–junio de 2005), esta tendencia vuelve a repuntar, aunque no en los niveles que tenía en 2001; por lo que la idea del aumento de las devoluciones de emigrantes en la frontera como consecuencia de las medidas para detener el flujo migratorio por parte de Estados Unidos es cuestionable hasta este punto del análisis.

Con respecto a la participación de emigrantes procedentes de localidades urbanas mayores de 15 mil habitantes (véase la gráfica 1), éstos tienen un comportamiento más cercano al promedio, donde el decremento de devueltos se hace patente a partir de la fase 6 (julio de 2000). Esto puede deberse a que se trata de la población más sensible a los eventos económicos coyunturales, control fronterizo y/o ciclos económicos. Al respecto, se ha documentado que la Ley Simpson–Rodino de 1986 posibilitó la migración urbana y hacia lugares urbanos en Estados Unidos.

En estas localidades, las devoluciones son constantes e incluso presentan ligero crecimiento hasta la fase 6 (2002), año cuando se refuerzan con más intensidad las barreras fronterizas del norte (véase la gráfica 2).

En las localidades consideradas como no urbanas (menos de 15 mil habitantes), el flujo de devoluciones de emigrantes es notablemente menor, bien sea porque al tratarse de localidades con más tradición migratoria iniciaron sus desplazamientos mucho antes y sus redes de apoyo son más eficientes, o bien, porque el propio stock poblacional es menor. En este flujo migratorio se aprecia un punto de inflexión hasta la fase 5 (julio de 2000), que también coincide con el momento en el que el incremento de efectivos de la Patrulla Fronteriza afecta los puntos tradicionales de cruce. La fase 7 (julio de 2001–julio de 2002) es el momento cuando vuelve a estabilizarse la dinámica del flujo, como se observa en las gráficas 2 y 3.

Con respecto a las entidades de origen, las que presentan el mayor flujo de devueltos en la fase 6 (julio de 2000–julio de 2001) son Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Puebla; es decir, se trata de aquellos sitios que se consideran de tradición migratoria. Y aunque dichos estados gozan de una larga tradición migratoria y cuentan con redes bien establecidas de paisanos, es muy probable que los altos números de detenciones pudieran tener que ver con el hecho de ser los estados que envían migrantes a Estados Unidos en formas más abundantes y por lo tanto pudieran estar sobre representados. Para la fase 10 (julio 2004–junio 2005), los estados que ocupan estos primeros lugares en el flujo de devueltos son Chiapas, Michoacán, Veracruz y Oaxaca, es decir, aquellos que, exceptuando a Michoacán, se encuentran entre las entidades de reciente incremento en la migración hacia Estados Unidos. Esta situación se pudiera deber a que desde hace unos veinte años, tales estados han enviado población hacia el mercado laboral norteamericano a fin de mejorar su situación económica o para ahorrar e invertir en rubros como la construcción y mejoramientos de casas, compra de instrumentos para el trabajo agrícola, apertura de algún negocio, etc., dado que se trata de estados de vocación predominantemente agropecuaria (con excepción del Estado de México). La incorporación de contingentes de entidades diferentes de las tradicionales es signo de que la totalidad del país ya está inmersa en el proceso migratorio internacional. Entidades que por sus condiciones económicas no habían sido expulsoras de trabajadores a Estados Unidos pueden tener más miembros en los hogares, quienes han recurrido a la migración como una estrategia para mejorar sus condiciones de vida.

Dinámica del volumen y lugares de cruce de los emigrantes devueltos

En el escenario de las devoluciones, el número de veces que esto ocurre observa que en el país, quienes han sido devueltos más de una vez no superan el 20 por ciento desde la fase 8 (julio de 2002–julio de 2003), por lo que el tipo de localidad (rural o urbana) no es un factor determinante que contribuya al riesgo de las devoluciones, aunque sí refleja que el fracaso en el cruce es alto cuando sólo lo han intentado una vez, apuntando a la experiencia en la ruta migratoria como factor importante para un cruce exitoso y/o al acceso de redes consolidadas (maduras).

Referente a la ubicación del cruce, las ciudades de la frontera de Sonora son las principales, sobre todo de la fase 4 a la 9 (julio de 1998–junio de 2004). Las ciudades de Baja California mantienen su predominio, mientras que Coahuila, Chihuahua y Ciudad Juárez tienen los más bajos porcentajes en cruces fronterizos en 2004 (4.88 y 6.89 por ciento, respectivamente).

Para la fase 10 (julio de 2004–junio de 2005), vista en la gráfica 5, continúa dicha tendencia: en primer lugar aparece Sásabe, con 32.59 por ciento, seguido de Nogales con 11.86 por ciento, ambas localidades en el estado de Sonora. Tijuana y Ciudad Juárez son las que ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente. Sin embargo, la distancia entre Sásabe y Nogales coloca a la primera en el principal lugar de cruce no autorizado hacia Estados Unidos. Es importante destacar que Tijuana es la tercera ciudad preferencial de cruce a Estados Unidos y mantiene estable esta situación, aunque también la caracterizan las devoluciones a lo largo de todo el periodo observado. Por entidad federativa de origen, se tienen en orden descendiente a Chiapas, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y Jalisco con las mayores proporciones de emigrantes devueltos. Sin embargo éstas no rebasan el 8.7 por ciento, como es el caso de Chiapas, la entidad que mayor número de devueltos presenta en dicha fase.

Un posible elemento que reduce la posibilidad de ser rechazados está dado por las facilidades que ofrece la ciudad donde se realiza el cruce. Otros elementos importantes por considerar son los apoyos recibidos, existencia o no de familiares, posibilidad de encontrar trabajo en la ciudad de cruce e incluso, de contactar polleros, etc. En relación con la elección del lugar de cruce, ésta se realiza primero, tomando en cuenta la facilidad del cruce, en segundo sitio está la cercanía del punto a donde se dirige, lo que puede representar menor riesgo cuando se logra cruzar y también cuando se es devuelto. En tercer lugar, se encuentra la contratación del pollero o coyote. Todos estos elementos conforman la ruta comprometida y pagada por el emigrante. Este comportamiento puede reflejar que a mayor conocimiento de la trayectoria, lugar de destino y apoyos (familiares o polleros), se reducen de forma importante los posibles riesgos (véase la gráfica 6).

 

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA DEL FLUJO DE EMIGRANTES DEVUELTOS POR LA PATRULLA FRONTERIZA

El comportamiento del flujo de devueltos por sexo se ha mantenido constante en las cifras de la Emif. Esto sucede para todos los tipos de localidad, donde la presencia de hombres prevalece sobre las mujeres. Ellas no alcanzan niveles más altos al 18.9 por ciento (para la fase 5, julio de 1999–julio de 2000) y 14.9 por ciento para la fase 10 (julio de 2004–junio de 2005). Con esta composición por sexo se puede considerar que las razones pueden atribuirse a que un mayor número de mujeres viajan documentadas (en alguna modalidad o con documentos apócrifos), a que siguen permaneciendo más tiempo en sus lugares de origen, o bien porque retornan menos y la exposición al riesgo de ser devueltas también es menor (véase la gráfica 7). También pudiera deberse a la existencia de nichos laborales determinados, como los que ha estudiado muy bien Hondagneu–Sotelo (2001) en su libro sobre las trabajadoras domésticas del sur de California.

Tomando como parámetro la característica de saber leer y escribir un recado no se encontraron diferencias importantes entre localidades de diferentes tamaños. En el flujo de emigrantes devueltos procedentes de México más del 90 por ciento no poseían esta capacidad. Esta característica no es factor clave para explicar alguna parte del riesgo de ser devuelto. Se puede considerar lo que diversos autores afirman acerca de que cada vez son más habilidades las que detenta el emigrante, entre ellas, una mayor instrucción6 (véase Escala Rabadán y Vega Briones, 2005, quienes corroboran esta situación en su estudios de los Commuteres que viven en Tijuana, pero trabajan en San Diego, California).

La importancia que tiene la jefatura del hogar7 en la dinámica migratoria se presenta en todos los casos en una proporción mayor al 40 por ciento de los emigrantes devueltos. Para ambos casos, la presencia de jefes de hogar en el flujo de emigrantes es capital a partir de la fase 4 (julio de 1998–julio de 1999). El incremento de jefes de hogar que emigraron a Estados Unidos es constante en toda la entidad. La participación menor en las primeras fases indica que el flujo se ha convertido a través de los años, primero, en una forma de ingresar al hogar más recursos económicos, en segundo lugar, en un cambio radical en la dinámica de los hogares y finalmente, en un mayor potencial laboral del stock migratorio (véase la gráfica 8).

En cuanto a la composición por sexo de la jefatura de hogar, sobresale la presencia de varones. En la gráfica 9 se aprecia que poco menos del 10 por ciento del flujo de cada fase son mujeres y esta tendencia no parece cambiar, lo que indica que ellas llegan a Estados Unidos en forma documentada más que los varones o que cruzan con mecanismos más seguros, ya sea con ayuda de traficantes, conocidos o familiares, o simplemente con visas de turistas.

Otro aspecto de esta composición por sexo de la jefatura familiar es que a pesar de que la participación de las mujeres en el flujo de devueltos es muy pequeña, las mujeres jefas de hogar son aún menos. Esto es, que las jefas de hogar permanecen más en sus lugares de origen y las mujeres que emigran son básicamente acompañantes de los varones.

Condición de ocupación que tienen los emigrantes devueltos de EU antes del viaje a Estados Unidos

Los emigrantes que proceden de las localidades no urbanas o menores de 15 mil habitantes sobresalen por su mayor participación en el trabajo en sus lugares de origen en México. En el último mes antes de iniciar el viaje a Estados Unidos y, por lo tanto, antes de ser devueltos, declararon haber trabajado, lo que confirma la necesidad de llevar dinero para el traslado, pago de alojamiento, servicios, alimentos y, en su caso, de polleros. Esto indica también que no se trata de personas en situación de desempleo las que principalmente realizan el trayecto. En esta dinámica, las localidades urbanas tienen menor porcentaje en el volumen del flujo que reporta haber trabajado los últimos treinta días previos a la aplicación de la entrevista. Sin embargo, la proporción de quienes trabajan es alta y con marcado incremento del año 2001 a la fecha.

[Gráfica 10]

La Emif muestra la tendencia de a mayores obstáculos en el cruce y mayor riesgo de ser devuelto, mayor inversión; por ello, la proporción de quienes trabajaron en el mes anterior a ser devueltos es siempre mayor al 40 por ciento y son además trabajadores con un sueldo fijo, como se aprecia en la gráfica 11.

La participación porcentual de quienes trabajan a destajo o por obra también es relevante, aunque declina hacia el 2005. Mientras que la participación de los que declaran trabajar por su cuenta muestra un ligero ascenso en la última fase analizada.

Quienes trabajaron o tenían trabajo en su lugar de origen en los treinta días anteriores a la aplicación del cuestionario y provienen de localidades no urbanas, prácticamente no cuentan con prestaciones laborales; en tanto que los procedentes de localidades urbanas (mayores de 15 mil habitantes) sí tuvieron alguna prestación, en proporciones que llegan hasta 22.6 por ciento en la fase 9 (julio de 2003–junio de 2004), como se observa en la gráfica 12.

La contratación es otro componente de la dimensión laboral que presenta diferencias importantes, ya que en las localidades con más de 15 mil habitantes la firma de contrato de trabajo es considerablemente mayor hasta la fase 9 (julio de 2003–ju–nio de 2004). Esto es, la contratación en el último trabajo y tener alguna prestación laboral no obstaculizan la intención de emigrar a trabajar o de buscar trabajo en Estados Unidos, antes bien, puede incentivarla, ya que esto puede representar seguridad en el ingreso hasta el momento de su partida.

Capacitación recibida previa al proceso migratorio que culmina con la devolución

Del total del flujo migratorio, sólo el 4.6 por ciento recibió algún curso de capacitación, cifra realmente baja para considerar esta característica con un papel preponderante en la búsqueda de empleo en Estados Unidos. De este total, poco más del 95 por ciento aprendió el oficio que desempeña en su lugar de trabajo y es esta habilidad laboral la única con la que cuenta para emplearse. La educación formal y la inversión en ella siguen siendo un aspecto secundario, no así el empleo para tener algún ingreso disponible en la travesía (véase la gráfica 13).

 

APOYOS RECIBIDOS ANTES DEL CRUCE

Entre los apoyos recibidos, la existencia de familiares o amigos en la localidad de la entrevista antes del cruce es siempre el factor que más se presenta, en segundo lugar y hasta la fase 9 (julio de 2003–junio de 2004), los apoyos recibidos son básicamente alojamiento y alimentos.

[Gráfica 14]

A partir de la utilización de servicios en la ciudad de cruce, se pueden hacer consideraciones acerca de la posesión de algunos recursos económicos previos. Entre ellos, se cuenta como el más importante el consumo de alimentos preparados en establecimientos y el transporte urbano. Entre el 20 por ciento y el 45 por ciento tienen acceso a hoteles, casa de huéspedes, baños públicos y tiendas de autoservicio. El emigrante antes de su cruce tiene cierta capacidad de adquisición de servicios y artículos para su estancia. El siguiente sitio lo tiene la utilización de una casa de cambio, probablemente porque realice alguna transacción en dólares. En penúltimo y último lugar están el uso de bares y servicios médicos. Esto representa que al utilizar escasamente los servicios médicos, las condiciones físicas del emigrante que logra llegar a este punto no ponen en riesgo la seguridad del cruce. En cuanto a los servicios de bar y centros de diversión, éstos no representan una prioridad para el emigrante antes de su cruce.

[Gráfica 15]

Complementario con la utilización de servicios se encuentra haber pernoctado la noche anterior al cruce en un hotel o casa de huéspedes. Con ello se refleja la previsión de gastos de alojamiento antes del cruce. En segundo lugar se sitúa a quienes declaran haber pasado esa noche en la central de autobuses hasta la fase 9 (julio de 2003–junio de 2004). Cada vez menos se utiliza este recurso, y por el contrario, recurrir a pasar la noche con familiares o amigos cobra importancia desde la fase 5 (julio de 1999–julio de 2000).

Con lo que se muestra que la construcción de redes sociales permite al emigrante estar en un sitio seguro y con ciertas comodidades. Es interesante, sin embargo, la observación de que el hotel y/o casa de huéspedes no pierden su primacía, por lo que es posible que el emigrante prefiera el pago de estos lugares antes de utilizar sus redes sociales y familiares.

[Gráfica 16]

Las personas que trabajaron en la ciudad de la entrevista son cada vez menos, sobre todo a partir de la fase 5 (julio de 1999–julio de 2000). Las proporciones en general son muy bajas y no llegan al 3 por ciento en todo el periodo, de manera que en realidad los emigrantes no tienen intención de trabajar en estas ciudades, tal vez sea porque tienen su estrategia de cruce preestablecida y prevean recursos que les permitirán permanecer en esas localidades, incluso utilizando servicios con el ingreso recibido del último trabajo en su lugar de origen.

[Gráfica 17]

Ante un fracaso en el intento de cruce –en el que el migrante perdió prácticamente la totalidad de la inversión–, uno de los objetivos de la política estadounidense para promover devoluciones rápidas y masivas esperaría que efectivamente hubiera un descenso en la intención de un nuevo intento de cruce. Sin embargo, la gráfica siguiente muestra que más del 60 por ciento de los devueltos realizará de nuevo un intento de cruce en los próximos siete días y una proporción menor, en el futuro. Por lo que los fines de tal política de devoluciones no repercuten aún en una reducción de intentos de cruce en el flujo observado.

[Gráfica 18]

Es de esperar que poseer documentos del flujo de emigrantes devueltos no presente proporciones importantes, y en realidad ésta no supera el 3.3 por ciento en la fase 5 (julio de 1999–julio de 2000). A partir de este momento, es cada vez menor la proporción del flujo de personas que cuentan con algún tipo de documento (véase gráfica 19).

 

FACTORES QUE SE ASOCIAN CON EL RIESGO EN LAS RUTAS MIGRATORIAS DE LOS EMIGRANTES DEVUELTOS POR LA PATRULLA FRONTERIZA EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO

La primera pregunta acerca de los riesgos, contenida en la Emif para el flujo de devueltos, refiere la percepción de riesgos que ponen en peligro la vida de las personas que fracasaron en el último intento de cruce y es incorporada desde la fase 10 (julio de 2004–junio de 2005). Para este caso, la percepción del riesgo fue admitida por el 27.3 por ciento del flujo total. Las personas que indicaron esta condición y que son procedentes de localidades urbanas están en el orden del 25.4 por ciento, esto es, 3.2 puntos porcentuales más que los oriundos de localidades no urbanas (las menores de 15 mil habitantes).

Sin embargo, sólo el 5.5 por ciento del total de quienes percibieron dicha situación de riesgo recibió ayuda, en su mayoría por parte de la Patrulla Fronteriza (75.2 por ciento). La Policía Municipal y Federal es quien menos prestó ayuda (4.2 por ciento), y el 20 por ciento del flujo declara que recibió ayuda del Grupo Beta. En suma, se obtiene que la ayuda prestada de ambos lados de la frontera es incipiente y el riesgo de muerte puede deberse más a la ausencia de dicha ayuda que a las condiciones propias del territorio (véase la gráfica 20).

De los riesgos enfrentados, los más significativos fueron tener un accidente en el vehículo en el que viajaban, falta de agua y de alimentos. Para el flujo de personas provenientes de localidades no urbanas, por accidente de vehículo está en el orden del 20.7 por ciento y el 10.92 por ciento en el caso de los procedentes de localidades mayores de 15 mil habitantes en este mismo riesgo. Falta de agua y alimentos fluctúa entre el 4.62 por ciento y el 6.6 por ciento, según se trate de localidades urbanas y de menores de 15 mil habitantes, respectivamente. El riesgo de ser mordido por una víbora asciende a un 5.5 por ciento para los oriundos de localidades menores de 15 mil habitantes y a un 1.42 por ciento para los procedentes de localidades mayores.

 

GASTO EN EL TRAYECTO DE EMIGRANTES DEVUELTOS

La pérdida del dinero que invierten los emigrantes devueltos se puede considerar uno de los mayores riesgos, pues seguramente se trata de un recurso reunido mediante el trabajo previo al cruce, préstamos e incluso a través de remesas. En general, el dinero invertido en este viaje se encuentra en el rango de los 5 mil pesos. Salvo en el caso de Tabasco y Yucatán que tienen registro de cantidades mayores (hasta 10 mil pesos y más de 20 mil pesos respectivamente).

Respecto a las personas de los hogares de los devueltos que trabajaron, según tipo de localidad, la diferencia es mínima: se ha visto que en la mayoría de los hogares hay hasta tres personas trabajando en todas las fases. De tal suerte, que el stock potencial para emigrar a Estados Unidos que tienen los hogares sigue siendo muy alto, con una ligera primacía de las localidades urbanas en la última fase de observación (julio de 2004–junio de 2005).

Los recursos con que cuentan para el viaje los emigrantes de este flujo provienen en alguna medida del trabajo que tenían antes de intentar cruzar. Sin embargo, en una proporción cada vez mayor, los entrevistados declararon haber pedido dinero prestado para este último viaje. Tal situación indica que el dinero que se tiene que reunir para el cruce es cada vez mayor y las formas de reunirlo pueden ser a través de ahorros del propio salario, junto con préstamos y tal vez también remesas.

[Gráfica 21]

[Gráfica 22]

La evolución del flujo respecto a la contratación de personas para cruzar la frontera es posiblemente la variable que más cambios ha tenido en el periodo analizado (1993–2003). Se observa una dinámica estable hasta la fase 8 (julio de 2002–julio de 2003) y luego un repunte hasta colocarse en el 45 por ciento de emigrantes devueltos que han contratado personas para el cruce fronterizo. La expectativa de cruce exitoso por medio de algún pollero u otra persona, si bien no han cambiado particularmente la dinámica de las devoluciones, es signo de que esta práctica se ha organizado y requiere de recursos para este desembolso. Por esta razón, es posible que las personas que emigran a trabajar a Estados Unidos deban poseer cada vez más recursos mediante el trabajo pagado, préstamos, ahorros, remesas y contar con estabilidad laboral previa a este desplazamiento. Esto será tal vez y más que nunca, el signo de la emigración laboral (véase la gráfica 25). Además, esta situación se torna más complicada en la medida en que no se ha logrado algún tipo de convenio de mano de obra.

 

CONCLUSIONES

A lo largo de este recorrido se consideraron algunos de los principales reactivos de la Emif en su cuestionario de "Personas devueltas por la Patrulla Fronteriza". En ellos es posible describir el flujo de quienes no lograron concluir el objetivo de cruzar a Estados Unidos en su último intento y concluir que las políticas implementadas prácticamente desde 1993 no han tenido un impacto sostenido en el número de devoluciones de trabajadores no autorizados. También es posible considerar que las trayectorias e intentos de cruce se hacen cada vez más peligrosos económica y físicamente. Sin embargo, el incremento de riesgos no sólo es producto de las barreras físicas y agresiones directas de los cuerpos de seguridad estadounidenses, sino, en todo caso, es producto del cambio en las trayectorias y lugares de cruce que son cada vez más peligrosos, largos y expuestos a peligros climáticos y de fauna, y por tanto su costo aumenta, tanto por estas nuevas condiciones como por la necesidad de contratar a personas que tengan dominio de los lugares de cruce y cuenten con redes seguras para este proceso, sean de familiares o de traficantes de personas (coyotes).

Es insoslayable observar que la dimensión de emigrantes devueltos de Estados Unidos refleja que el resultado de una política unilateral presiona aún más la relación entre mercados y gobiernos, y en esta dinámica se elude la importancia que para sostener los precios de la mano de obra internacional tiene contar siempre con entradas subrepticias a los países desarrollados. Resultado de estas disposiciones, se obtienen riesgos mayores y nuevos, entre ellos los grupos que al cobijo de la protección del territorio estadounidense surgen para hacer más difícil el cruce, riesgos propios de las trayectorias, riesgo de perder el dinero que se reunió para realizar el viaje y el cruce, riesgo de mayores gastos por concepto de contratación de personas para el cruce y de éste deriva el riesgo de colaborar con organizaciones de redes del crimen organizado o de tráfico de personas. En esta dimensión, se tiene que el monto de devueltos tiene un punto de inflexión en la fase que incluye el 11 de septiembre (2000–2001), que puede asociarse con los atentados de tal fecha, pero que no puede atribuirse necesariamente a que los cruces se hayan desalentado (véanse las gráficas 1, 2 y 3).

Podemos sostener, junto con Anguiano (2006), que existe una condición de riesgo en las nuevas rutas que son elegidas por los polleros para llevar a los emigrantes. Rutas peligrosas y costosas. Y aunado a ello, la eficacia de estos traficantes que es mayor a través del tiempo, tanto, que su contratación se ve incrementada al final del periodo de observación (véanse las gráficas 4, 5, 6, y 25).

Los factores sociodemográficos en general son estables: condición de lengua indígena, habilidad para escribir y leer un recado, sexo y capacitación para el trabajo. En realidad, todos estos rasgos no crean diferencias en cuanto a la dinámica de devoluciones (véanse las gráficas 7, 8, 9, 10). Otro factor importante es la existencia de redes familiares o de amigos en la ciudad de cruce, que se utilizan poco para alojamiento y consumo de alimentos, tal vez esto tenga que ver entonces con la seguridad que ofrece tener conocidos para contratación de polleros y acceso a lugares de hospedaje y alimentación confiables. Y en última instancia, para conseguir trabajo en tanto realizan un nuevo intento de cruce (véanse gráficas 17, 18 y 19).

Más del 70 por ciento de las personas que han sido devueltas al menos una vez, declararon tener la intención de cruzar nuevamente en los siete días siguientes de su devolución. El porcentaje de los que han sido deportados más de una vez asciende a alrededor de 30. De tal forma, se observa que el aprendizaje es realmente rápido y el riesgo de ser devuelto en el segundo intento es mucho menor (véase la gráfica 21).

En cuanto a los riesgos que son percibidos como tales por las personas entrevistadas, se encuentra en primer lugar sufrir un accidente automovilístico, lo cual puede relacionarse directamente con los recursos que utilizan los polleros para dar el servicio clandestino y el alto nivel de percances de que han sido informados los nuevos emigrantes. En segundo lugar de riesgo está la falta de alimentos y agua, vinculada estrechamente con que las rutas de tránsito son desérticas y largas. Finalmente, y también dependiente de este factor físico, está el riesgo de sufrir alguna mordedura o picadura de animales venenosos. Ante esto, quienes proveen más apoyo a los emigrantes es la propia Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, no así las corporaciones mexicanas, incluyendo al Grupo Beta. Sin embargo, la proporción es tan baja que prácticamente la ayuda es inexistente.

En relación con la dimensión económica, quienes han sido devueltos declararon que percibieron el dinero del cruce generalmente a través de préstamos, aunque no hay que dejar de lado que se trata de personas que tuvieron trabajo los treinta días anteriores al cruce en más del 40 por ciento del flujo captado. Esta condición tal vez refleje que el cruce es más costoso y puede deberse a la necesidad de pagar servicios de alojamiento, alimentos y polleros. Esto es congruente con la movilidad de los puntos de cruce hacia localidades donde se tiene menos posibilidad de recurrir a familiares y amigos (es el caso de Sásabe, véase la gráfica 5). La condición de no autorizados de los emigrantes deriva en elevados costos sociales, económicos y físicos. Los primeros tienen que ver desde luego con la integración al mercado laboral en condiciones cada vez más precarias al tener que adquirir el estatus de delincuentes en cuanto se introducen en el país vecino. Ante estas condiciones punitivas que impone el gobierno estadounidense a su inmigración laboral indocumentada, y ante la ineficacia de políticas económicas bilaterales que subyacen a la presión de los trabajadores para ser expulsados, resulta ahora que las entidades tradicionalmente expulsoras de emigrantes no lo son más, o al menos no lo son en exclusiva, puesto que todo el país ya se encuentra inmerso en esta dinámica de emigración y de riesgos.

 

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NOTAS

1 La región tradicional comprende los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Colima y Aguascalientes.

2 Los estados de Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Veracruz constituyen la región emergente.

3 El Colegio de la Frontera Norte, STPS, Segob, SRE, Conapo, INM, "Encuesta sobre migración en la frontera norte, 2004", serie anualizada 1995, 1999–2004", México, Colef. Consideraciones para el flujo de devueltos: incluye migrantes de otras nacionalidades; subestima menores de 18 años entregados a consulados de México en Estados Unidos para repatriación, incorpora residentes de ciudades fronterizas, incluye a personas cuyo desplazamiento al otro lado de la frontera no es por razones laborales, generalmente de las ciudades fronterizas; dado que se trata de desplazamientos y no personas, existe alta probabilidad de enumeración múltiple, ya que los migrantes realizan varios intentos de ingreso a Estados Unidos, hasta que logran internarse, o bien desisten.

4 Llamada Hold the Line a tres meses de iniciada la operación Blockade por la connotación que tenía: abarcó 20 millas de la frontera entre El Paso y Juárez. Véase Bean et al., 1994.

5 En 1996 Bill Clinton aprueba la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva. Ésta contenía previsiones especialmente restrictivas para los inmigrantes sobre culpabilidad por asociación, es decir, alguien podía ser detenido o deportado si había nacido en el extranjero y no por algo que hubiese cometido, sino por el apoyo a cualquier grupo catalogado como terrorista por el secretario de Estado. Se podía negar el visado a cualquier individuo que se asociara con esos grupos, aun si las acciones del grupo afín al individuo fuesen absolutamente legales. Con esta ley una persona destinada a la deportación no tenía derechos legales y podía ser deportada sobre la base de evidencia secreta. Hacia 2001, con la declaración de guerra al terrorismo, se otorgaron nuevos poderes legales a la ley patriota de este año, dándole al procurador general la potestad de encarcelar a cualquier nacido en el extranjero que él señalara como sospechoso de terrorismo. Véase Fernández, 2006.

6 Discurso de G.W. Bush, véase en http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/03/20060327.es.html.

7 El XII Censo General de Población y Vivienda 2000 consideró la siguiente definición de hogar: unidad formada por una o más personas unidas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen con un gasto común para la alimentación. Se concibe al jefe del hogar como la persona que los integrantes del hogar reconocen como tal.

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