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Revista mexicana de biodiversidad

versión impresa ISSN 1870-3453

Rev. Mex. Biodiv. vol.82 no.3 México sep. 2011

 

Conservación

 

Evaluación de la efectividad de las áreas protegidas para contener procesos de cambio en el uso del suelo y la vegetación. ¿Un índice es suficiente?

 

Evaluation of protected area effectiveness for preventing land use and land cover changes in Mexico. Is an index good enough?

 

Fernanda Figueroa1, Víctor Sánchez–Cordero2*, Patricia Illoldi–Rangel2,3 y Miguel Linaje2

 

1 Programa de Becas Posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Torre II de Humanidades 4° piso, Circuito interior, Ciudad Universitaria 04510 México, D.F., México.

2 Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado postal 70–153, 04510 México, D.F., México. * Correspondencia: victor@ibiologia.unam.mx

3 Section of Integrative Biology, University of Texas at Austin, Waggener Hall 316, Austin, TX 78712 –1180, USA.

 

Recibido: 11 septiembre 2009;
aceptado: 19 noviembre 2010

 

Resumen

Se examina la efectividad de 44 áreas protegidas federales (AP) en México para evitar procesos de cambio en el uso del suelo y la vegetación (CUSV) y se comparan los métodos y resultados con los de algunos estudios previos. Se cuantificó el porcentaje de superficie transformada (ST) en 2002 y su tasa de cambio entre 1993 y de 2002 y se compararon las tasas de cambio observadas en las AP, en las áreas circundantes de cada AP y en sus respectivas ecorregiones. Se integró un índice de efectividad y se caracterizaron los procesos de CUSV en cada AP. En 2002, el 77% de las AP analizadas tenía menos de 20% de ST; casi 30% mostró una reducción en la ST, en tanto que en otro 30%, el incremento en la ST fue mayor que la tasa promedio de las AP analizadas. Poco más del 70% de las AP mostraron tasas de CUSV menores a las de sus áreas circundantes y en 80% de las AP, las tasas fueron menores que en sus ecorregiones. En general, estos resultados coinciden con estudios previos, pero existen variaciones según el enfoque metodológico utilizado. Consecuentemente, los índices de efectividad deben complementarse con una caracterización detallada de los procesos de CUSV y la interpretación de los resultados debe matizarse en función de los métodos.

Palabras clave: áreas protegidas, conservación, deforestación, deterioro, efectividad.

 

Abstract

Effectiveness of 44 federal protected areas (PA) for preventing land use and land cover changes (LULC) in Mexico is examined, comparing results and methodological approaches used in previous studies. We quantified the percentage of transformed area (TS) in 2002 and its rate of change between 1993 and 2002. We compared observed TS rate of change in PA, adjacent areas, and their ecoregions of location. An effectiveness index was build to produce a characterization of LULC processes developed for each PA. In 2002, 77% PA showed less than 20% covered by TS; nearly 30% of PA showed a reduction of TS. Additionally, in 30% of PA, TS increase exceeded the mean rate for all PA. More than 70% of PA showed lower LULC rates than their surrounding areas, and in 80% of PA, these rates were lower than those observed in their corresponding ecoregions. Overall, PA were effective to prevent LULC processes as previously suggested. However, trends derived from this type of analyses depend on methodological specifications. Effectiveness indexes should be complemented with a detailed characterization of LULC processes and their interpretation should correspond to the specific methodological approach used.

Keywords: protected areas, conservation, deforestation, forest degradation, effectiveness.

 

Introducción

Las áreas protegidas (AP) son en la actualidad la estrategia central de conservación en todo el mundo debido a su importancia para proveer espacios para la protección de la biodiversidad, la integridad de los ecosistemas y, por ende, de los servicios ecosistémicos (IUCN, 2005). Entre los años 1985 y 2003, estas áreas se expandieron de menos de 1 millón a más de 18.8 millones de km2, lo que representa 12.65% de la superficie de la Tierra (IUCN–WCMC, 1998; Chape et al., 2003). En el caso de México, hasta 2010 se habían decretado 174 AP, que cubren casi el 13% del territorio nacional (http://www.conanp.gob.mx).

Las AP se encuentran sujetas a procesos de deterioro que van desde la extracción de recursos naturales hasta una transformación completa de los ecosistemas (Carey et al., 2000). La magnitud de estos procesos y su impacto en las AP depende de factores asociados a su manejo (infraestructura, personal, financiamiento; Carey et al., 2000; Rao et al., 2002; Ervin, 2003a,b; Goodman, 2003), la historia y el contexto socioeconómico en el que se encuentran (de Sherbinin y Freudenberger, 1998; Mwamfupe, 1998; Figueroa et al., 2009), los conflictos por el control y uso de recursos que se generan dentro de ellas, los procesos participativos y las instituciones comunitarias de gestión de los recursos (Little, 1994; Western y Wright, 1994; Ghimire y Pimbert, 1997, Wilsusen et al., 2002) y la vulnerabilidad de los ecosistemas que contienen, influida por el clima, la topografía y los tipos de vegetación (Pressey et al., 2002; Brandon et al., 2005; Mas, 2005).

La evaluación de la capacidad de las AP para cumplir con sus objetivos de conservación se ha convertido en una preocupación relevante en todo el mundo (Margules y Pressey, 2000; Pressey et al., 2002), pues en numerosas AP se registran procesos de deterioro de diversa magnitud que en muchos casos comprometen los objetivos para los cuales fueron establecidas (Carey et al., 2000). Por ello, la evaluación de esta estrategia de conservación se incorporó a los objetivos de la planeación sistemática (Margules y Sarkar, 2007). La evaluación sistemática de las AP se ha realizado desde 3 perspecitvas distintas: la efectividad del diseño, la efectividad del manejo y la evaluación de la integridad ecológica (Ervin, 2003a).

La efectividad del diseño, también llamado análisis de vacíos y omisiones, parte de que el sistema global de AP representan una muestra sesgada de la diversidad biológica mundial. Esto obedece a los criterios que se utilizaron históricamente en la selección de numerosas AP, como el valor escénico o la presencia de especies sombrilla, carismáticas o de valor comercial, entre otros. Estos métodos evalúan la representación de distintos componentes de la biodiversidad (i. e. especies, comunidades, tipos de vegetación) en los sistemas de AP y busca detectar cuáles se encuentran subrrepresentados o ausentes (Rodríguez et al., 2004; Margules y Sarkar, 2007).

Por su parte, la efectividad del manejo se enfoca en la detección de fortalezas y debilidades en las AP, asociados a la planeación y la ejecución de los planes de manejo. Con fuerza, las organizaciones conservacionistas internacionales han impulsado estos métodos.(Brandon et al., 1998; Hockings, 2003; WWF, 2004; Chape et al., 2005) y la Comisión Mundial de Áreas Naturales Protegidas (WCPA) desarrolló un marco sistemático que constituye la base de la mayoría de estas evaluaciones (Hockings, 1998), el cual examina: a), el contexto o la importancia del AP, las amenazas que enfrenta y las políticas que la afectan; b), el diseño; c), los recursos necesarios para llevar a cabo el manejo; d), la ejecución de los programas de manejo y los productos y servicios resultantes, y e), los resultados, en términos de los objetivos planteados. Una de sus limitaciones es que la principal fuente de información son las percepciones sociales del personal de las AP y de organizaciones no gubernamentales que laboran en ellas. La subjetividad y parcialidad potencial de esta información hace necesaria la evaluación empírica y cuantitativa sobre los procesos de deterioro en las AP (Ferraro y Pattanayak, 2006; Nepstad et al., 2006).

Finalmente, la evaluación de la integridad ecológica implica un análisis cuantitativo, a través de indicadores, de la capacidad que tienen las AP para mantener a largo plazo las condiciones necesarias que permitan la existencia de los sistemas que protegen. Se incluye aquí una gran variedad de criterios y métodos (Ervin, 2003a), como la persistencia y la importancia de las principales amenazas (Brandon et al., 1998; Singh, 1999; Rao et al., 2002; Ervin, 2003b), el estado de conservación de la vegetación mediante la evaluación de cambios en el uso del suelo y la vegetación, deforestación, fragmentación o densidad de la vegetación (Sánchez–Azofeifa et al., 1999; Liu et al., 2001; Mas, 2005; Hayes 2006), la viabilidad de las poblaciones o la persistencia de ciertas especies (Woodroffe y Ginsberg, 1998; Lidlaw, 2000; Caro, 2001; Bhagwat et al., 2005), el funcionamiento de ciertos procesos ecológicos (Parrish et al., 2003) o la estabilidad del paisaje (Friedman y Zube, 1992).

Los procesos de cambio en el uso del suelo y la vegetación (CUSV) se utilizan comúnmente para evaluar la integridad, debido a su magnitud global y a su relación con otros procesos de deterioro, como la pérdida de diversidad biológica, el cambio climático, la degradación del suelo y la pérdida de servicios ecosistémicos (Vitousek et al., 1997; Riezebos y Loerts, 1998; Houghton et al., 1999; Chase et al., 2000; Islam y Weil, 2000; Lidlaw, 2000; Sala et al., 2000; Kinnard et al., 2003; Sánchez–Cordero et al., 2005). Si bien no todo proceso de CUSV se traduce en una reducción de la integridad ecológica, los procesos de gran magnitud pueden inducir la modificación de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas (Turner et al., 2007).

En México se han realizado evaluaciones sistemáticas y cuantitativas de la efectividad de las AP para contener procesos de CUSV (Mas, 2005; Sánchez–Cordero et al., 2007; Figueroa y Sánchez–Cordero, 2008; Figueroa et al., 2009). Este trabajo forma parte de esta serie de estudios e incluye datos para algunas AP federales que no habían sido analizadas previamente. Además, aunque considera indicadores similares a los utilizados en estudios previos, la evaluación de la efectividad se realizó con algunos enfoques metodológicos distintos. Se presenta, también, una comparación metodológica entre estos estudios y se analiza el efecto de la metodología en los resultados obtenidos. La evaluación de la efectividad incluye: a), un diagnóstico del estado de conservación de las AP y de los procesos de CUSV que se dieron en ellas, a través del porcentaje de ST observada en 2002 y, de los cambios en dicha superficie, ocurridos entre 1993 y 2002; b), un análisis comparativo entre las tasas de cambio en el uso del suelo y la vegetación en estas AP y sus respectivos contextos geográficos (áreas circundantes y ecorregiones); c), la construcción de un índice de efectividad que conjuga, para cada AP, los 4 parámetros de CUSV, y d), una caracterización de las AP en función de los parámetros de CUSV analizados.

 

Materiales y métodos

Análisis cartográfico. En este análisis se incluyeron 44 AP federales y corredores biológicos (Cuadro 1). La selección de AP estuvo guiada por los criterios de estudios previos (AP decretadas antes de 1997 y >1 000 ha; Figueroa y Sánchez–Cordero, 2008), pero además, a solicitud de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se incorporaron otras áreas decretadas posteriormente, debido a su relevancia. Por esta razón, para las AP de Balan Kaax, Barranca de Metztitlán, meseta de Cacaxtla, Ría Lagartos, Selva El Ocote, Sierra de Huautla, Sierra Gorda de Guanajuato y Volcán de Tacaná, los resultados obtenidos deben interpretarse tomando en cuenta que indican el estado en el que se encontraban las áreas antes de la existencia de las AP. Esta información es relevante en la medida que representa un punto de partida para futuros estudios sobre la efectividad de estas áreas. A diferencia de análisis previos, y también por solicitud de la CONANP, algunas AP se analizaron en conjunto, en la forma de corredores biológicos, y se incorporó al análisis la de Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, área que no había sido considerada oficialmente como AP federal por la CONANP en la Carta de Áreas Naturales Protegidas Federales 2003 (CONANP, 2003).

Con base en el mapa de AP federales (CONANP y CONABIO, 2007), para cada AP seleccionada se construyó un área circundante de 10 km de diámetro, a partir del límite del AP, usando el programa ArcView (v. 3.2). De estas áreas, se eliminaron áreas ocupadas por otras AP, océanos y territorio extranjero. Por otro lado, a través de la unión del mapa de AP y del mapa de las ecorregiones terrestres de México (INEGI/ CONABIO/ INE, 2007), se identificaron las ecorregiones en las que se ubican estas AP.

Para las AP, áreas circundantes y ecorregiones se evaluaron los procesos de CUSV, a través de la dinámica de las superficies transformadas (ST), esto es, de todas aquéllas áreas cubiertas por agricultura, pastizales cultivados e inducidos, plantaciones forestales y asentamientos humanos (Figueroa y Sánchez–Cordero, 2008), con base en el mapa de uso de suelo y vegetación (serie 2) y el conjunto de datos vectoriales de uso de suelo y vegetación (serie 3), ambos a escala 1:250 000 (INEGI, 1993, 2005). A diferencia de estudios previos, la estimación de la ST del AP Iztaccíhuatl–Popocatépetl se realizó a partir de un polígono modificado por la propia CONANP y proporcionado directamente por la institución.

Las categorías de vegetación utilizadas en los mapas de uso de suelo y vegetación presentan distintos niveles de agregación, por lo que se tomó como base la clasificación correspondiente al mapa de 2002, que muestra el mayor nivel de agregación. Se obtuvo la extensión ocupada por ST para ambos años. En estas áreas no se tomaron en consideración las superficies desprovistas de vegetación y sin vegetación aparente, ya que a la escala espacial del análisis no se pueden diferenciar las que se encuentran en estas circunstancias de manera natural (e. g. dunas o zonas altas de montaña) de aquéllas que lo están debido a procesos de deterioro vinculados con las actividades productivas.

Estimación del porcentaje y tasa de cambio en la superficie transformada. Se calculó el porcentaje ocupado por superficies transformadas en las AP en 2002, y la tasa de cambio promedio anual de dicha superficie entre 1993 y 2002 en las AP y en sus respectivas áreas circundantes y ecorregiones. Esta tasa se estimó como el porcentaje de AP que ha sido transformada anualmente, en promedio, durante el periodo de estudio (Figueroa y Sánchez–Cordero, 2008):

donde: TCUSV= tasa de cambio, S1= superficie transformada inicial, S2= superficie transformada final, St= superficie total evaluada, T= años transcurridos.

Se calculó la diferencia entre las tasas de cambio estimadas para las AP y las de sus respectivas áreas circundantes y ecorregiones. En el caso de las AP que coinciden geográficamente con 2 o más ecorregiones, se calculó una tasa ponderada, en la que los porcentajes del AP correspondientes a cada ecorregión funcionaron como valores de ponderación.

Índice de efectividad. Se obtuvo un índice de efectividad para cada AP a partir de los valores de: 1), el porcentaje ocupado por superficies transformadas dentro de las AP en 2002; 2), la tasa de cambio en las superficies transformadas en las AP (1993 –2002); 3), la diferencia entre la tasa de cambio en la superficie transformada en las AP y la observada en sus áreas circundantes, y 4), la diferencia entre la tasa de cambio en la superficie transformada en las AP y la observada en sus respectivas ecorregiones, Los datos para cada parámetro se estandarizaron a valores entre 0 y 1 y la suma de los parámetros constituye el índice de efectividad. Los últimos 2 parámetros únicamente adquieren valores de 0 o 1: cuando las AP presentan un incremento en la ST mayor que su respectiva área circundante o ecorregión adquieren un valor de 0; en caso contrario, adquieren un valor de 1. El índice, por lo tanto, puede tomar valores entre 0 y 4. Las AP con valores en el índice cercanos a 0 son de baja efectividad, al tener valores reducidos en varios parámetros, en tanto que las AP con valores cercanos a 4 serían las más efectivas del conjunto de AP analizado.

Caracterización de las AP. La caracterización de las AP se realizó mediante una clasificación en función del porcentaje y de la tasa de cambio de superficie transformada. Las clasificaciones para el porcentaje de ST fueron: bajo (0–10%), medio (11–25%), alto (26–50%) y muy alto (>50%), y para la tasa de cambio fueron: recuperación (áreas en las que se redujo la ST y, por consiguiente, se recuperó en la cobertura vegetal primaria o secundaria), estable (sin cambios observables en la ST, con una tasa de cambio cercana a 0), bajo (con un incremento, entre 0 y la media de la tasa de cambio del conjunto de las AP analizadas) y alto (con un incremento mayor a la media de la tasa de cambio; Cuadro 2). De este modo, las AP se organizaron en un cuadro de doble entrada; además, se indicaron los casos en los que éstas presentaron un mayor crecimiento en la ST que el de sus respectivas áreas circundantes y ecorregiones, lo que permitió describir los principales escenarios del estado de conservación y de los procesos de CUSV.

Análisis metodológico. Se compararon los métodos utilizados para evaluar la efectividad de las AP para contener procesos de CUSV en varios estudios previos (Sánchez–Cordero et al., 2007; Figueroa y Sánchez–Cordero, 2008; Figueroa et al., 2009) y los utilizados aquí. Para mostrar la influencia de los distintos métodos en los resultados obtenidos, se analizaron las diferencias más importantes entre los resultados obtenidos aquí y los correspondientes a Figueroa y Sánchez–Cordero (2008), en función de los métodos utilizados. A partir de este análisis se elaboró una lista de recomendaciones para las evaluaciones de la efectividad que sigan este tipo de metodología.

 

Resultados

En las AP analizadas se encontraron diversos estados de conservación de la vegetación, desde aquellas en las que no se observó ST en 2002 (p. ej., Bonampak, Uaymil y Yaxchilán), hasta las que mostraron valores mayores al 70% de ST (Los Tuxtlas y Palenque) (Cuadro 1). Sin embargo, la mayoría de las AP se encontraban en buen estado de conservación: el 77% de las AP tenía menos del 20% de ST; casi el 30% mostró una reducción en la ST, en tanto que en otro 30%, el incremento en la ST fue mayor que la tasa promedio de las AP analizadas. Debido a los procesos de CUSV que ocurrieron entre 1993 y 2002, se observó una reducción en el número de AP pertenecientes a las categorías de menor porcentaje de ST (0–10% y 20–30%), en tanto se incrementó el número de AP en las categorías de mayor porcentaje de ST (30–40%, 40–50% y 70–80%) (Fig. 1).

El porcentaje de ST depende de la extensión de cada AP, por lo que es necesario considerar su área neta. En 2002, la mayoría de las AP (64%) tenía, menos de 10 000 ha transformadas (Fig. 2), con una media de extensión de 15 153 ha; los valores máximos se observaron en Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec (65 261 ha), Tehuacán–Cuicatlán (101 496 ha) y Los Tuxtlas (111 587 ha) (Cuadro 1). Además, el mayor incremento neto anual en la ST se observó en Los Tuxtlas (1 112.2 ha/año), Tehuacán–Cuicatlán (673.3 ha/año) y Calakmul (557.9 ha/año). Estos valores no necesariamente se traducen en altas tasas de cambio, pues éstas dependen de la superficie total de cada AP (Cuadro 1). En contraste, en algunas AP se observó una reducción en la ST (es decir, una recuperación de la vegetación primaria o secundaria), como en Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec (–446 ha/año), La Encrucijada (–202 ha/año) y El Triunfo (–173.5 ha/año) (Cuadro 1). En las AP analizadas predominan los escenarios extremos de cambio: en el 30% (n= 13) se redujo la ST (es decir, se incrementó la vegetación primaria o secundaria) y en el 30% (n= 13) se dio un alto incremento en la ST; en cambio, el 20% de las AP (n= 9) permanecieron relativamente estables y el restante 20% (n= 9) sufrió un incremento bajo de la ST.

Se observó que el 73% de las AP mostraron tasas de cambio menores que sus respectivas áreas circundantes. Las AP que mostraron los mayores incrementos en la ST respecto a sus áreas circundantes fueron Cofre de Perote, Barranca de Metztitlán, Los Tuxtlas, El Triunfo y La Sepultura (Cuadro 2). En contraste, las AP en las que menos aumentó la ST en comparación con sus áreas circundantes fueron Nahá, Montes Azules, Huatulco, Cuatrociénegas y Ría Lagartos. Estas diferencias son relativas pues en buena medida dependen de los procesos de cambio en las áreas circundantes; es decir, puede haber AP con un incremento considerable en la ST al interior, pero menor al observado en su área circundante, como es el caso de Montes Azules y Ría Lagartos, que presentaron un incremento de la ST superior a la media, pero menor que la estimada para sus áreas circundantes (Cuadro 2).

Finalmente, casi todas las AP mostraron una tasa de cambio menor que sus respectivas ecorregiones; sólo en 9 AP (20% del total), el incremento en las superficies transformadas superó al de sus ecorregiones, como Barranca de Metztitlán, Cofre de Perote, Los Tuxtlas y Sierra de Álamos–Río Cuchujaqui (Cuadro 2). En contraste, las 5 AP con un menor incremento en la ST, en relación con sus respectivas ecorregiones, fueron Chamela–Cuixmala, Huatulco, Selva El Ocote, Nahá y Sierra de Manantlán. Al igual que en el caso anterior, estas diferencias son relativas a los procesos de cambio en las distintas ecorregiones.

Más de la mitad de las AP mostraron índices de efectividad mayores a 3.5 en una escala de 0 a 4 (Cuadro 3), resultados que confirman que, en general, las AP analizadas han sido efectivas para contener los procesos de CUSV. Las áreas más efectivas, de acuerdo con estos datos, fueron Sian Ka’an, Bonampak, Sierra La Laguna y Yaxchilán. En cambio, las AP con los valores más bajos (< 1) fueron Cofre de Perote y Los Tuxtlas.

La caracterización de las AP en función de estas tendencias permite observar perfiles de AP en función de los procesos que se dieron en ellas (Cuadro 4). Por ejemplo, se delimitó un conjunto de AP que en 1993 mostraba un porcentaje bajo de la ST, la cual se redujo entre 1993 y 2002 (i. e. recuperación de la vegetación primaria o secundaria), o bien, no sufrieron cambios observables en dicha superficie. Estas AP, como Lacantún y Metzabok, representan el mejor de los escenarios en términos de conservación. Por su parte, AP como Constitución de 1857 y Montes Azules, mostraron un porcentaje bajo de ST en 2002, pero tuvieron una tasa de cambio alta entre 1993 y 2002 (i. e. mayor que la media). Cabe indicar que algunas AP, aunque compartían una baja tasa de cambio, mostraron un cambio neto contrastante en las ST, como es el caso de Constitución de 1857 (5.4 ha/año) y Montes Azules (420 ha/año) (Cuadros 1 y 4).

Las AP en la categoría de porcentaje medio de ST formaron 2 grupos. Por un lado, AP en las que hubo recuperación de la vegetación entre 1993 y 2002, como Mariposa Monarca, y las que mostraron una alta tasa de cambio (mayor al promedio), como Sierra Gorda y Tehuacán–Cuicatlán (Cuadro 2). Las AP con un alto porcentaje de ST (entre 25 y 50%) formaron 3 grupos distinos: a), en La Encrucijada y en Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, hubo recuperación de la vegetación; b), en el Corredor Biológico Chichinautzin–Tepoztlán–Lagunas de Zempoala y en Sierra de Huautla, la ST se incrementó con una tasa menor a la media, y c), en Barranca de Metztitlán, Cofre de Perote y Volcán de Tacaná, la ST se incrementó con una tasa mayor a la media. La superficie transformada en 2 AP fue mayor del 50%: Palenque, donde se observó una reducción, aunque muy cercana a 0, de la ST (categoría de recuperación de la vegetación) y Los Tuxtlas, donde hubo además una alta tasa de incremento en la ST. El AP Sierra La Laguna fue reclasificada de baja tasa de cambio a estable, pues aun cuando su tasa de cambio fue del 0.01% anual, el porcentaje de ST era únicamente de 0.26%. Finalmente, las AP clasificadas en los grupos con alta tasa de cambio en la ST tienden a tener tasas mayores que sus respectivas áreas circundantes y ecorregiones, aunque también hay AP catalogadas como de baja tasa de crecimiento en las ST, en las que esta tasa supera la observada en estos contextos geográficos (p. ej. Sierra de Huautla, El Vizcaíno y Sierra de San Pedro Mártir).

 

Discusión

Las tendencias generales observadas en los análisis de efectividad muestran que las AP federales fueron efectivas para prevenir el cambio de uso del suelo, entre 1993 y 2002 (Cuadro 3 y 4). No obstante, existen diversos escenarios en los procesos de cambio que implicarían riesgos distintos, así como estrategias de solución diferentes. Esto es particularmente importante en AP que, aunque tienen bajos porcentajes de ST, presentan altas tasas de cambio en dicha superficie, o en aquéllas con una baja tasa de cambio, pero que se encuentran notoriamente transformadas. Algunas AP están bajo una presión de cambio particularmente alta, como Los Tuxtlas, Barranca de Metztitlán, Cofre de Perote y Volcán de Tacaná y ameritan atención especial para detener o revertir estos procesos.

Estos resultados corroboran algunas tendencias mostradas en estudios previos y, junto con ellos, conforman los primeros pasos para establecer sistemas adecuados de evaluación cuantitativa y sistemática de la efectividad de las AP para contener procesos de CUSV. Es importante resaltar la necesidad de establecer las condiciones que existen en las AP que permiten los mejores escenarios de conservación, así como las que imperan en las AP que han resultado en procesos de cambio significativos de la cobertura vegetal.

La conservación en las AP no se da como un proceso aislado de la dimensión social, política, económica y cultural. Los factores que inciden en la efectividad están ligados a los diversos procesos socioeconómicos y culturales asociados a la deforestación y el CUSV (Geist y Lambin, 1997; Lambin et al., 2001; Carr et al., 2005; de Sherbinin et al., 2007; Figueroa et al., 2009). Además, a los factores intrínsecos asociados a las AP, como el diseño, la planeación y operatividad institucional, el financiamiento e, incluso, factores como la corrupción y la impunidad (Carey et al., 2000), se agregan la dinámica social local, los conflictos que se generan entre las instituciones ambientales y la población local por la restricción en el acceso y uso de los recursos naturales (Western y Wright, 1994; Ghimire y Pimbert, 1997; Wilsusen et al., 2002), la organización social de las comunidades que habitan las AP y el capital social (Hayes, 2006; Ostrom y Nagendra, 2006) que inciden en el desarrollo de procesos de transformación de los ecosistemas. La investigación sobre relación de estos factores y la dinámica del uso del suelo y la vegetación en las AP apenas se está desarrollando, pero se trata de campos de enorme importancia para documentar la toma de decisiones sobre las estrategias idóneas para lograr una conservación efectiva en cada caso.

Reflexiones metodológicas. ¿Un índice es suficiente? El índice de efectividad conjuga los valores de varios parámetros en una sola cifra que permite agrupar las AP según su grado de efectividad (Figueroa y Sánchez–Cordero, 2008). Sin embargo, tal como está diseñado, el índice está influenciado fuertemente por los valores binarios (0–1) derivados de las comparaciones entre AP, áreas circundantes y ecorregiones. Las AP efectivas serían aquéllas con valor de 1 en ambos parámetros. A pesar de la gran utilidad de los índices de efectividad que brindan un diagnóstico general, sistemático y cuantitativo de la situación en la que se encuentran las AP, es poco recomendable basarse únicamente en éstos para juzgar su efectividad. Idealmente, este tipo de índices deben complementarse con la caracterización de los distintos escenarios de cambio en las AP (Cuadro 4), en virtud de que éstas se pueden calificar con un valor similar a través del índice de efectividad y, no obstante, encontrarse en muy distintas situaciones. Por esta razón, es importante tomar con cautela los valores de los índices y las clasificaciones derivadas directamente de ellos y matizar estos resultados con un diagnóstico de los procesos en cada AP.

Por otra parte, los métodos utilizados para realizar la evaluación influyen en los resultados obtenidos, lo que es inherente a cualquier método cuantitativo de evaluación. Por esta razón es necesario considerar las características de cada análisis y las limitaciones que conllevan las decisiones metodológicas. De hecho, los resultados de este estudio no son comparables directamente ni equivalentes a los de otros análisis previos (Sánchez–Cordero y Figueroa 2007; Figueroa y Sánchez–Cordero 2008; Figueroa et al., 2009), por las particularidades metodológicas de cada estudio (Cuadro 5), que pueden traducirse en valores de efectividad distintos en algunas AP. Por ejemplo, tomando en consideración únicamente las áreas compartidas por este estudio y el de Figueroa y Sánchez–Cordero (2008), encontramos que, en general, el método empleado aquí califica las AP más comúnmente como efectivas mediante el índice de efectividad. Esto se debe a que varias AP (p. ej. Cuatrociénegas, Cumbres de Monterrey y Lacan Tun) tuvieron un mayor incremento en la ST que en las áreas circundantes de tamaño equivalente al de ellas, pero menor que el de las áreas circundantes de 10 km a partir del límite del AP. Estas diferencias tienen una fuerte influencia en el valor del índice, por lo que la evaluación resultante es distinta. Si bien la comparación entre cada AP y su área circundante depende de la dinámica de los procesos de CUSV en cada contexto inmediato, la relación entre el área del AP y el de cada área circundante influye en los resultados. Cuando se utilizan áreas circundantes de tamaño estandarizado, las AP de menor tamaño se comparan con áreas circundantes proporcionalmente más grandes, respecto a su tamaño, que las AP más extensas. De este modo, el método de evaluación es distinto para AP grandes y pequeñas.

Por otro lado, los resultados obtenidos son distintos al comparar los procesos de cambio ocurridos dentro de las AP y su contexto geográfico, cuando se utiliza el estado de la República en el que se ubican (Figueroa y Sánchez–Cordero, 2008) o la ecorregión (este estudio). Tal es el caso de Yum Balam, que en el estudio de Figueroa y Sánchez–Cordero (2008) está evaluada como una AP más efectiva que en este estudio.

Estos ejemplos muestran cómo el enfoque metodológico puede incidir en algunas tendencias sobre la efectividad de las AP, aunque estas diferencias parezcan menores. Sin embargo, dentro de las posibilidades mostradas en el Cuadro 5, se propone que los criterios de selección de AP para los análisis se restrinjan a su tamaño (en función de la escala de los mapas de uso de suelo y vegetación que se utilicen) y que la fecha de decreto incluya, por lo menos, la mitad del periodo de evaluación de los procesos de CUSV. Además, los procesos de CUSV en las AP deben compararse con los ocurridos en áreas circundantes de tamaño equivalente y no con áreas circundantes de tamaño estandarizado que pueden inducir diferencias en la evaluación entre AP en función de su tamaño. Concretamente, cuando se incluyen áreas circundantes de tamaño estandarizado, las AP pequeñas se comparan con áreas proporcionalmente más grandes, en tanto que las de gran tamaño, son contrastadas con áreas proporcionalmente menores. Idealmente, los procesos de CUSV observados en las AP se deben comparar con los que ocurren en sus respectivas ecorregiones y desechar el uso de las unidades políticas como marco de comparación, pues al interior de cada ecorregión se comparten características ambientales y agroproductivas que inciden en los procesos de CUSV.

Aunado a estas recomendaciones, es necesario complementar estas evaluaciones con análisis a escalas más detalladas, sobre todo en el caso de las AP de menor tamaño en las que a una escala 1:250 000 es más probable sobreestimar cambios en las coberturas. Estudios subsecuentes a escalas más detalladas también deben abocarse a analizar los procesos de fragmentación y la dinámica de la vegetación primaria y secundaria (Chai et al., 2009; Román–Cuesta y Martínez–Vilalta, 2006), así como indagar más sobre las causas sociales y económicas que generan los procesos de cambio (Ostrom y Nagendra, 2006; Figueroa et al., 2009). Además, partiendo del concepto de que la conservación no sólo es un reto ecológico sino también social, es necesario generar métodos de evaluación de la efectividad que integren adecuadamente elementos de diversos ámbitos (véase Lü et al., 2003).

La efectividad de las AP y su relación con factores ambientales, económicos, políticos y sociales constituye un problema de investigación complejo. Las evaluaciones de efectividad de manejo están sujetas a un alto grado de subjetividad y están enfocadas más a la eficacia institucional y menos a los efectos concretos que tiene esta estrategia de conservación (Bhagwat et al., 2001; Nepstad et al., 2006). El desarrollo de este campo de investigación deberá partir de un enfoque multidisciplinario en el que se generen evaluaciones cuantitativas y sistemáticas que comparen el desempeño de las AP con el de otras formas de manejo, y en las que se integre una mayor diversidad de criterios de evaluación.

 

Agradecimientos

A la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), por el apoyo financiero para el desarrollo de este estudio; a R. Esquivel, G. Ibarra–Manríquez y a 2 revisores, por los comentarios valiosos que mejoraron sustantivamente el trabajo; al CONACYT (Proyecto SEP–CONACyT 25048), por el apoyo para la realización de este proyecto, así como por el de las becas de doctorado y posdoctorado que respectivamente recibieron de la misma institución F. Figueroa y P. Illoldi.

 

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