Introducción

En este trabajo nos proponemos analizar las formas y consecuencias de la participación política de ese sector social marginal que habita en los asentamientos irregulares de Ciudad del Carmen. Indagamos en el impacto de sus formas de representación, en la acción de los partidos y en el desarrollo de un sistema democrático en espacios locales, en donde la ciudadanía construye nuevas prácticas de participación y nuevas formas de gestión con el gobierno municipal (^{Cornelius, 1986: 68}).

El contexto de este estudio se da en una ciudad estratégica para la economía nacional, ubicada en un territorio caracterizado por su abundancia en riquezas forestales, pesqueras y petroleras, que históricamente ha sido blanco de múltiples saqueos y del uso irracional de los recursos naturales. Entre ellos se encuentra la llamada Sonda de Campeche, que es el marco para la situación social y económica que actualmente rodea a la población de Ciudad del Carmen.

En este tipo de “ciudad petrolera” la desigualdad de ingresos entre los habitantes es más notoria, lo que ha generado una desequilibrada demanda de servicios básicos y públicos (vivienda, agua potable, educación, transporte, salud, entre otros), que con creces rebasó la capacidad de la infraestructura instalada en la zona. La migración a la ciudad ha sido significativamente alta, lo mismo que la población flotante; ³según cálculos no oficiales, la población flotante en Carmen, vinculada a las actividades administrativas y operativas relacionadas con el ramo petrolero, fue de casi veinte mil trabajadores foráneos durante los mejores años de explotación de hidrocarburos en la región: 2003-2006 (^{CIDE, 2012}).

Con el rápido crecimiento poblacional la oferta legal de suelo urbanizado se ha reducido considerablemente y el problema de la vivienda entonces ha cobrado tintes alarmantes para grupos sociales de bajos ingresos económicos. Esta problemática específica está directamente relacionada con el nivel de ingreso de la población, ya que el crecimiento económico de los años 80 trajo a la región una gran cantidad de trabajadores que no pudieron incorporarse al empleo formal y por lo tanto no tuvieron acceso al mercado convencional de vivienda (^{Martínez, 2012}). En este marco, las “invasiones” a terrenos baldíos y la autoconstrucción se convirtieron en una práctica recurrente de los sectores marginados de Carmen, al amparo y cobijo de los partidos políticos que se disputan la “clientela electoral”.

En estos contextos adversos, la construcción de ciudadanía y de una cultura política democrática se vuelve un asunto secundario, obstaculizada o limitada por necesidades materiales y la carencia de servicios básicos de estos sectores de la sociedad (con baja escolaridad, bajas remuneraciones, residentes en zonas rurales o marginadas); ahí el autoritarismo y el clientelismo mantienen sus rasgos esenciales en las relaciones entre el gobierno y la sociedad.

Si bien los mexicanos mantienen una cultura política con rasgos autoritarios, de desconfianza hacia las instituciones, con paternalismo, clientelismo, y con los valores de la democracia poco desarrollados (^{Durand, 2008: 12}), también es observable un proceso de cambio, de transición hacia una cultura cívica con mayor participación social y política, sobre todo en los sectores que tienen más recursos; aquellos que otorgan una mayor escolaridad (capital humano).

La alternancia y la pluralidad son dos variables que nos permiten analizar el desarrollo político y por ende, el proceso de cambio de la cultura política en los espacios locales, donde la proximidad entre las autoridades municipales y los grupos sociales organizados pueden generar nuevos acuerdos y nuevas formas de gobernanza (^{Cabrero y Díaz, 2012}). Mientras la “alternancia” puede ser un indicador del grado de competencia política en el municipio, la “pluralidad” nos habla de la posible competencia entre los propios partidos políticos y la integración de los ayuntamientos (^{Durand, 2008}).

Las preguntas medulares que motivaron este trabajo son: ¿Existe participación social y política de los habitantes de las colonias irregulares a nivel local? Y si existe ¿Cómo es esa participación?, ¿de qué manera la marginación ha sido un obstáculo para el desarrollo de la democracia en Campeche, considerando que es una de las pocas entidades en México que no han conocido la alternancia en la gubernatura?, y ¿cómo se manifiesta la lealtad de la “clientela electoral” en un contexto de precariedad social?

El trabajo se estructura en tres apartados: I) aspectos teórico-metodológicos de la investigación; II) la caracterización y contextualización del espacio urbano local: la marginación social y participación política como contexto en Ciudad del Carmen y, III) el análisis de la participación político-electoral en las colonias marginadas de la ciudad: las actitudes políticas y la alternancia en el gobierno municipal.

Aspectos teórico-metodológicos

En un primer momento se ubicaron las zonas urbanas de mayor marginación de la ciudad, esto se hizo con base en los datos del Consejo Nacional de Población (^{CONAPO, 2012}). En el mapa de la Isla se encontró que, si bien no hay zonas urbanas con un grado “muy alto” de marginación, sí existen zonas consideradas de grado “alto”, “medio” y “bajo”. Habiendo identificado esto, se procedió a ubicar las secciones electorales correspondientes a dichas zonas con ayuda de un mapa distrital elaborado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), lo que evidenció una veintena de secciones dentro de dos distritos electorales, lo que corresponde a una tercera parte de la totalidad de secciones electorales en la localidad.

En un segundo momento se procedió a delimitar las secciones de acuerdo a la ubicación de las colonias y los asentamientos irregulares que permanecen con un alto grado de marginación en la ciudad. La muestra quedó determinada por cinco secciones electorales comprendidas dentro de un distrito electoral local (el número XI) que abarca 15 colonias populares y una población en edad de votar de aproximadamente 25 mil ciudadanos (Figura 1 y Tabla 1).

Sabiendo qué secciones son parte de este estudio, se buscó dentro de los archivos electorales los resultados de las elecciones más recientes (2009-2015), con lo que se obtuvo la estadística oficial de resultados por casilla, por distrito y por tipo de elección en juego: presidente de la República, gobernador del Estado de Campeche, Ayuntamiento de Ciudad del Carmen y diputados locales.

Como ya se planteó inicialmente, los conceptos ejes de este trabajo son la marginación y la participación política, los cuales no explican por si solos nuestro asunto de interés, sino que se vinculan con términos como cultura política, ciudadanía, actitud y alternancia política. Por ello se hizo una revisión conceptual de estos términos para clarificar el sentido que se le dará en los resultados de este ensayo.

En términos ideales, un régimen democrático cuenta con una ciudadanía que se interesa, informa y participa en los asuntos políticos de su comunidad, ya que “sin la participación de los ciudadanos en el proceso político, la democracia carece de sentido y legitimidad” (^{IFE, 2014}).

Ahora bien, la democracia no sólo se caracteriza por el insustituible acto electoral, sino también “por la forma en que se ejerce el poder y se logran mínimos efectivos de ciudadanía”. Aunque la participación electoral es un indicador fundamental del ejercicio de ciudadanía, no es de ninguna manera el más importante ni el único. Otros tipos de participación política son mucho mejores indicadores de qué tan involucrados están los individuos en los asuntos públicos, y sobre todo es prioritario indagar en qué medida perciben su participación como exitosa (^{IFE, 2014: 80}).

La cultura política se concibe como un conjunto de dimensiones: valores, actitudes, ideología y evaluación que los ciudadanos hacen del sistema político, del régimen, de las distintas instituciones y de ellos mismos como ciudadanos, además de la participación política (^{Durand, 2004:13}). Dichas dimensiones son singulares en cada sociedad y no son permanentes, se modifican en el tiempo de acuerdo a su interrelación; esa relación específica determina la forma de ver la autoridad, de participar o abstenerse de hacerlo.

La dimensión de participación política es esencial para poder hablar de altos niveles de calidad de la ciudadanía. Sin embargo, aun cuando autores como ^{Durand (2008)} sostienen que la cultura política de los mexicanos está en transición desde los años ochenta, “en proceso de cambio hacia una cultura cívica”, lo que se observa en diferentes espacios locales (comunidades, municipios) es una continuidad de las prácticas autoritarias y clientelares de mediados del siglo XX, donde los grupos locales de la sociedad y los gobiernos municipales, indistintamente del sello político, limitaban el ejercicio democrático de la participación en los asuntos públicos.

Y es que la naturaleza autoritaria de la vida política “caciquil” le restó presencia a la acción política de la sociedad civil y como ésta se desarrolló fundamentalmente de manera reactiva, de cara a problemas de dotación de servicios, a partir de demandas muy concretas y a través de liderazgos naturales, las más de las veces acabaron siendo cooptados por las redes clientelares y corporativas del Partido Revolucionario Institucional, como lo han demostrado en diferentes estudios ^{Cabrero y Díaz (2012)} y ^{Durand (2004} y ²⁰⁰⁸⁾.

No obstante, en muchos municipios del país se incrementó la capacidad de movilización de ciertos sectores, muchos de ellos inconformes con los resultados electorales locales,⁴y surgieron formas diversas de acción social y política que anticiparon una organización democrática y contribuyeron a asentar la idea de que el país era plural (^{Cabrero y Díaz, 2012: 87}).

Así, a lo largo del último tercio del siglo XX aparecieron en el escenario ciudadanos organizados que contribuyeron a que el espacio público adquiriera una nueva dinámica de mayor apertura y participación política. El cuestionamiento al sistema tuvo diversas manifestaciones, pero estuvo asociado a la participación social y ciudadana que emergió con fuerza en distintas ciudades acuñando nuevas prácticas, principios y valores.

Referente al concepto de participación ciudadana existe una amplia bibliografía que la define y caracteriza, pero para fines de este trabajo basta mencionar sólo algunos referentes teóricos. Conceptualmente existen varias definiciones acerca del término, incluso se suele considerar como sinónimo de conceptos como participación social, movimiento social y otras formas de expresión social, política, comunitaria o popular (^{Arzaluz, 2003}). Sin embargo, la participación ciudadana, en términos de Marshall (1998), hace referencia a los derechos civiles, sociales y políticos de los individuos.

Mientras que en la participación social los individuos organizados (sociedad civil) se agrupan para defender sus intereses, fuera de la órbita del Estado, y más en cercanía con otras organizaciones civiles, con la participación ciudadana se intenta influir en las acciones de gobierno directamente, afectando la implementación de políticas públicas o indirectamente, influenciando en la selección de las personas que hacen esas políticas (^{Arzaluz, 2003: 394}). La participación política, más allá de lo electoral, es un buen indicador de la eficacia, eficiencia y honestidad de un gobierno local, o lo que se denomina “buen gobierno”.

Por otra parte, autores como ^{García (2004)} plantea que etimológicamente el término de participación social tiene dos significados en relación a dos campos semánticos: el primero se refiere a ser parte de alguien, vinculación a algo y pertenencia a un grupo o colectividad y el segundo alude a tomar parte en una acción de forma libre, creativa y singular.

En ese marco, el primer significado semántico genera el sentido de pertenencia e identidad en una cultura, en un lugar o se es parte de un grupo social o comunidad; en el segundo significado semántico, la participación es una acción elegible por parte del individuo o del colectivo para decidir en procesos de carácter económico, social y político, que tiene que ver con su ámbito de vida.

Para otros autores como ^{Silvia Bolos (2003)} la palabra participación es utilizada para explicar “la incidencia de individuos y grupos sociales en las diferentes etapas en las que se resuelven asuntos de interés público, es decir, en la consulta, discusiones, planteo de propuestas y, en algunos casos, en la gestión de recursos”.

Es por ello que ante estas acepciones hay que reconocer que el término adquiere una connotación mucho más compleja según sea el terreno donde se manifiesta. Es decir, está ligado a las prácticas sociales con diferentes objetivos y múltiples significados, por lo que su comprensión como unidad de análisis nos remite al campo de la sociología de la acción colectiva, porque esta se refiere a las acciones que tienen lugar en la sociedad donde se llevan a cabo diversas formas de participación.

En este tenor, autores como ^{Cunill (2004)}, al definir la participación como un ámbito estrictamente sociológico, consideran que esta tiene dos sentidos: el sentido fuerte y el débil. En el fuerte, primero la participación significa intervenir en los centros de gobierno de una colectividad, de un grupo, una asociación, una organización, una comunidad local, y sus actos implican una posibilidad real de incidir en la determinación de los objetivos principales de la vida de la colectividad, en el destino de sus recursos. En el otro sentido, participar es tomar parte de un modo más o menos intenso y regular en las actividades de un grupo o asociación, exista o no para el individuo la posibilidad real de intervenir eficazmente en las decisiones de mayor interés colectivo.

La participación en el sentido fuerte se le conoce como participación ciudadana o política, mientras que la participación en sentido débil se le conoce como participación social, popular o comunitaria. Así, se puede entender que la participación social se refiere “a los fenómenos de agrupación en organizaciones a nivel de la sociedad civil para la defensa de los intereses sociales” (^{Cunill, 2004}).

No obstante la definición anterior, la realidad latinoamericana y particularmente la mexicana, contrasta con los esquemas de participación social que se gestan al interior de los espacios sociales y de los distintos actores sociales que han surgido en el contexto contemporáneo, definido mayormente por las políticas económicas neoliberales en las últimas décadas.

En el ámbito nacional, México tiene una historia aun poco sólida hablando de participación social, ciudadana y política, al igual que el resto de Latinoamérica. En ese contexto, la realidad acerca de la participación social en el país y en los ámbitos locales tiene sus matices propios de acuerdo a las condiciones sociales, económicas, políticas e incluso culturales.

Al respecto, ^{Silvia Bolos (2003)} retoma un señalamiento de Alain Touraine respecto a las sociedades contemporáneas, particularmente la de países latinoamericanos donde existe una crisis de representación política que inhibe y es responsable del debilitamiento de la participación política y social, como consecuencia de la debilidad de las bases sociales de la vida política, en sociedades dominadas por la oposición entre asalariados-empleadores. Esa crisis de representación se encuentra vinculada a la que están viviendo los partidos políticos en su escisión y alejamiento de las demandas de la sociedad, constituyéndose solo en una democracia semi-representativa y en una “partidocracia” o en una sociedad política desvinculada de la sociedad civil.

Asimismo, el gobierno surgido de democracias representativas se presenta en nuestros días sin credibilidad y en crisis de representación ante la ciudadanía, que se torna apática, falta de confianza e incrédula hacia el Estado y sus instituciones.

^{Durand (2004)} analiza que en el caso de México la participación política, entendida como toda acción de los ciudadanos dirigida a influir en la elección de los candidatos a ocupar puestos públicos de representación y en las decisiones que ellos deben tomar, fue uno de los pilares fundamentales del sistema político autoritario que se conformó después de la Revolución Mexicana, especialmente en el gobierno populista de Lázaro Cárdenas. En ese sentido, agrega que fue la conformación de dos estructuras que favorecieron la participación política: la estructura partidista representada en un sistema de partidos dominante por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que involucraba de forma corporativa a sectores campesinos, obrero y popular, así como en los mecanismos de mediación de los cacicazgos tanto rurales como urbanos.

De ese modo, el autor plantea para México la generación de dos vertientes de participación: una, la relativa a los procesos electorales y la otra relacionada con las movilizaciones sociales para apoyar corporativamente al gobierno en conmemoraciones de la historia nacional, actos cívicos y de apoyo al gobierno o de repudio de sus enemigos.

En el caso de la primera vertiente, se caracterizó principalmente por un sistema electoral poco competitivo ante la existencia de un cuasi-partido único para elegir a los representantes populares para el gobierno ejecutivo y legislativo a nivel nacional, estatal y municipal. Ello favoreció una amplia participación votante como acto de refrendar simbólicamente su identidad y pertenencia al régimen político posrevolucionario vía el partido dominante y poco cuestionamiento a los resultados de los procesos electorales.

Con respecto a la segunda vertiente, las movilizaciones sociales se caracterizaron por más de setenta años por lo que se le ha denominado “control de las masas”, vía las organizaciones corporativas y en apoyo de los líderes del partido, así como a los actos políticos y gubernamentales de acuerdo a los intereses del régimen autoritario. Los intereses de muchos de sus afiliados en los sectores populares o campesinos se definían dentro de un esquema de relaciones clientelares y según las oportunidades de una carrera política-burocrática dentro del sistema político mexicano.

Planteado lo anterior, se entiende que la participación social, ciudadana y política en México es limitada y mediada por las estructuras de poder nacional, regional y local, con escasas iniciativas sociales aun en gestación.

La caracterización y contextualización del espacio urbano local: la marginalidad social y la participación política en Ciudad del Carmen

Larissa Adler (1975) se refiere al concepto de marginalidad como la ausencia de un rol económico articulado con el sistema de producción industrial, haciendo una distinción del concepto de pobreza, la cual es una situación de escasos ingresos económicos.

Por su parte, ^{Stavenhagen (1969)}, al abordar el concepto en su trabajo sobre marginalidad menciona que ésta originalmente fue concebida para referirse a las poblaciones que habitaban en los barrios urbanos con viviendas precarias en los márgenes de las principales ciudades de América Latina.

Desde el punto de vista de las instancias gubernamentales que proponen la política social en México, la marginación es un fenómeno estructural histórico cuyo origen es el estilo o modelo de desarrollo de una población y en un territorio, en el cual hay grupos sociales excluidos de los bienes y los beneficios de la estructura productiva, así como de la propagación del progreso técnico (^{CONAPO, 2000}). Este organismo del Estado plantea los criterios o dimensiones cuantitativas que miden el índice de marginación de esa población asentada en localidades urbanas y rurales, con base en éstos se definen las estrategias de desarrollo y de política social.

Con estos indicadores se entiende que la marginación es de carácter socio-económica, al considerar sólo aspectos como la vivienda (porcentaje de población en viviendas particulares sin agua entubada, porcentaje de población en viviendas particulares sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo, porcentaje de ocupantes en vivienda con piso de tierra, porcentaje de ocupantes en vivienda sin energía eléctrica y porcentaje de ocupantes en vivienda con algún nivel de hacinamiento); el ingreso monetario (porcentaje de población ocupada que percibe hasta dos salarios mínimos); la educación (porcentaje de población analfabeta a partir de 15 años, porcentaje de población de 15 años y más sin primaria completa); y la distribución de la población en áreas geográficas (porcentaje de población con menos de 5 mil habitantes) (^{CONAPO, 2012}).

Con respecto al concepto de marginación urbana, el ^{CONAPO (2007)} se limita a señalar que es un fenómeno multidimensional consistente en medir el acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a una vivienda “digna y decorosa”, percepción de ingresos monetarios suficientes y las desigualdades del género en áreas urbanas, indicadores que son utilizados para poner en marcha “programas sociales de combate a la pobreza en zonas, barrios y colonias de las ciudades para poblaciones que viven al margen del modelo de desarrollo productivo”.

La instancia menciona el acelerado proceso de urbanización que ha tenido México y la concentración de la población en grandes áreas metropolitanas y ciudades medias a partir de la segunda mitad del siglo XX, lo cual ha llevado a una dinámica de aglomeración en zonas no aptas para el desarrollo urbano, formación de asentamientos habitaciones irregulares en materia de servicios públicos como agua potable, electrificación, drenaje, viviendas, recolección de basura, servicios educativos, centros de salud, entre otros.

A la par, se reconocen los riesgos y vulnerabilidades ambientales de la cual padecen los habitantes de esas zonas por el deterioro del hábitat, los cambios en el uso del suelo a actividades industriales, técnicas y artesanales sin que medie ningún ordenamiento urbano territorial y el crecimiento de las periferias urbanas marginadas por carecer de bienes y servicios y por falta de un ingreso monetario dentro de la economía urbana.

Ciudad del Carmen, ubicada en el sureste mexicano, está inmersa desde los años ochenta en un agresivo proceso de modernización y urbanización que está llegando a un punto de crisis por la agudización de los problemas sociales, económicos y ambientales a raíz de la explotación de hidrocarburos en la Sonda de Campeche. El desarrollo económico de la región está en gran medida determinado por esta actividad, de tal suerte que se ha provocado un rápido desplazamiento de las otras actividades económicas tradicionales como la pesca y la agricultura, al tiempo que se consolidó una rapaz “cultura petrolera”.⁵

De acuerdo con datos de población del ^{CONAPO (2012)}, el Estado de Campeche junto con los Estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Yucatán, San Luís Potosí, Hidalgo, Tabasco y Michoacán, se encuentra con altos a muy altos índices de marginación. No obstante, el municipio del Carmen, con una población de 218, 087 habitantes, la segunda localidad en Campeche, de mayor importancia socio-demográfica y económica desde hace 30 años, ha mostrado un bajo índice de marginación por la actividad petrolera, y de manera particular, la Isla del Carmen, con 169 mil 466 habitantes (^{INEGI, 2010}), mantiene un índice de marginación variado, de alto, medio, bajo y muy bajo (ver Gráfica 1 y Mapa 1 ).

Fuente: Elaboración propia con base en ^{CONAPO (2012)}

Gráfica 1: Porcentaje de población en Ciudad del Carmen según el grado de marginación 

Fuente: Elaboración propia con base en ^{IFE-INEGI (2015)}

Mapa 1: Secciones electorales y grados de marginación en Ciudad del Carmen 

Ahora bien, al igual que en otras ciudades petroleras con rápido crecimiento poblacional, en Ciudad del Carmen no existe una amplia oferta legal de suelo urbanizado y de vivienda para el grueso de los sectores populares que perciben ingresos equivalentes a uno o dos salarios mínimos mensuales (menos de $4,000 pesos), por lo que a los migrantes pobres que llegan a la ciudad no les queda más que la irregularidad o el hacinamiento en viviendas precarias.

Por otro lado, la planeación del uso del suelo y del medio ambiente en el área conurbana de Ciudad del Carmen se enfrenta ante un gran dilema debido a su condición de Área Natural Protegida, con limitaciones de construcción precisas en su plan de manejo y ante la imperiosa necesidad de actualización a más de 20 años de su declaratoria . Asimismo, el problema de la vivienda está directamente relacionado con el nivel de ingreso de la población, ya que el crecimiento económico a partir de los años ochenta trajo a la ciudad una gran cantidad de trabajadores que no pudieron incorporarse al empleo formal y por lo tanto no tienen acceso al mercado convencional de vivienda (^{Martínez, 2012}).⁶

En la ciudad se tienen registradas un total de 72 colonias y 30 fraccionamientos. La estructura territorial de la ciudad se ha conformado con una zona urbana con población en condiciones de marginación, por las condiciones de carencias en materia de servicios de salud, agua potable, electrificación, escuelas, viviendas, entre otros servicios básicos de acuerdo a los indicadores de ^{CONAPO (2012)}.

Se trata de áreas urbanas consideradas como colonias irregulares debido a que no cuentan con un registro oficial ante el catastro municipal y fueron creadas a raíz de un proceso de invasión y apropiación de terrenos baldíos. Algunas colonias son de reciente creación (2000-2015), como Tierra y Libertad, 23 de Julio, Bivalvo 2, José Ortiz Ávila y Restitos de las Pilas, otras proceden de las décadas de los años 80 y 90, como efecto de la creciente actividad petrolera. En cualquier caso, todas presentan riesgos y vulnerabilidades medioambientales, de hacinamiento, pobreza, inseguridad y de alto riesgo de enfermedades e infecciones como desnutrición, dengue, parasitismo, diarrea, entre otras. Asimismo, se ubican en algunas de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) que según datos del INEGI cuentan con el mayor grado de marginación (ver Mapa 1 y Cuadro 1).

Fuente: Elaboración propia con base en www.ieec.org.com.mx/elecciones

Cuadro 1: Resultado y distribución de las casillas electorales en colonias marginadas de Ciudad del Carmen, 2009-2015 

La participación político-electoral en las colonias marginadas de Ciudad del Carmen: de actitudes políticas y alternancia en el gobierno municipal

En el caso de Ciudad del Carmen, la escasa participación social, ciudadana y política que se genera en los espacios urbanos es resultado en su mayoría de los procesos históricos-sociales y económicos de la región, así como de los procesos políticos encabezado por las estructuras y órganos de poder local, de carácter caciquil, partidista y gubernamental a nivel nacional con presencia a nivel local. Parte de esos procesos políticos en su dimensión nacional tienen su impacto en el terreno político regional y local. La alternancia partidista en la presidencia municipal de Carmen ocurre coincidentemente en el año 2000, justo cuando llega a la Presidencia de la República Vicente Fox como candidato del PAN; y continua por nueve años más como producto de una alianza entre las élites políticas y empresariales de la región (Gráficas 2 y 4).

Gráfica 2: Votación por partido en la elección del Ayuntamiento del Carmen (sólo 5 secciones electorales, Distrito XI) 

Fuente: Elaboración con base en www.ieec.org.mx

Gráfica 3: Votación total por partido en la elección de gobernador de Campeche (sólo cinco secciones electorales, Distrito XI) 

Fuente: elaboración con base en www.ieec.org.mx

Gráfica 4: Partidos ganadores de la presidencia municipal del Carmen 1997-2015 

^{Legorreta (1983)} en los años 80 analizó premonitoriamente los procesos de urbanización generados por el predominio de la actividad petrolera, aunado a la formación de grupos de poder local con tradición, que ascendieron a puestos de la administración pública mediante la participación política electoral en el partido gobernante y hegemónico, el Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, la irrupción institucional del cambio en el gobierno municipal de Carmen en los tres últimos trienios, con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN)⁷, alentó expectativas de regeneración de la gestión participativa social y ciudadana a fin de impulsar nuevas estrategias organizativas, mediante la formación de comités vecinales o comités de desarrollo comunitario para atender, por un lado, los programas de la Federación de corte asistencialista que resuelven problemáticas, demandas y necesidades coyunturales, y por otro lado, a resolver solo demandas precisas de servicios públicos municipales.

Ahora bien, como ya se planteó anteriormente, en la tradición política partidista que se gestó durante los gobiernos del régimen político autoritario de extracción priista, predominó la relación clientelar entre los órganos del poder con la población y una casi nula participación social, política y ciudadana por parte de la sociedad mexicana. Incluso con la alternancia de partidos en los puestos de gobierno la participación política-electoral en la región no repunta. En el caso de nuestra zona de estudio la participación política está lejos de ser alentadora, pues sólo cuando está en juego la presidencia municipal parece que los votantes de las zonas marginadas se animan a elegir al funcionario público que atenderá sus demandas de servicios urbanos (Tabla 4 y Gráfica 2).

Esta percepción de cercanía del funcionario municipal es quizás la variable que mejor explica la alternancia y el bipartidismo entre el PRI y el PAN en el Ayuntamiento de Carmen desde el año 2000. Mientras que la gubernatura ha permanecido en poder del PRI por más de ochenta años en Campeche, las once presidencias municipales que conforman la entidad han mostrado una pluralidad y alternancia frecuentes en los últimos quince años, independientemente de su grado de marginación y de la baja participación política. Lo que se observa es una dinámica municipal con cierta autonomía en sus procesos locales respecto al sistema de partido dominante, ya no único, como lo era el PRI en el siglo XX (Gráfica 3 y 4).

En el caso específico de las colonias irregulares que se han formado por procesos de invasión en Ciudad del Carmen, hemos distinguido dos tipos de participación social de los ciudadanos que tienen relación directa con las demandas y satisfactores de los servicios urbanos, y que en un estudio previo denominamos de la siguiente manera: 1) participación ciudadana regulada y 2) participación social marginal (^{Solano, 2012}).

La primera se caracteriza porque se genera e induce desde las estructuras legales, normativas y administrativas de la autoridad local, y está mediada a través del Ayuntamiento. La normatividad jurídica-administrativa existente menciona que uno de los fines del Ayuntamiento es “promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y programas municipales”, además de “interesar a la ciudadanía en la supervisión y autogestión de las tareas públicas municipales (H. ^{Ayuntamiento de Carmen, 2013}).

Fuente: Elaboración propia con base en ieec.org.com.mx/elecciones

Cuadro 2: Total de votos y porcentaje de participación en la elección de gobernador por partido en el Distrito XI, 2009-2015 

*Participó en alianza con PT y MC en 2012. Fuente. www.ieec.org.mx

Cuadro 3: Total de votos y porcentaje de participación en la elección de diputados locales Dto. XI de Carmen, 2009-2015 

*Sólo se consideró la votación del Distrito XI.

Fuente: Elaboración con base en www.ieec.org.mx

Cuadro 4: Porcentaje de participación ciudadana por tipo de elección, 2009-2015 

Desde ese marco legal institucional, las figuras que se definen para la participación ciudadana ante las autoridades del municipio y que son coordinadas por la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Social y Económico, son la creación de los Comités de Desarrollo Comunitario y los Comités Vecinales para funciones relacionadas con la Seguridad Pública, Protección Civil, Protección al Ambiente, Desarrollo Social, Servicios Públicos, Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Los Comités de Desarrollo Comunitario al igual que los Comités Vecinales están regulados normativamente por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Campeche. No obstante, el Bando Municipal menciona que los Comités de Desarrollo Comunitario se formarán en un proceso de elección cívica o democrática entre los vecinos en distintos territorios del municipio a los tres meses del inicio del periodo del gobierno municipal. Teóricamente estos son los canales de enlace entre las autoridades municipales y sus habitantes para participar estrictamente en el cumplimiento de planes y programas municipales, “ver por la seguridad pública, la ecología y la salubridad; convocar a juntas o asambleas de vecinos que sean de interés del Ayuntamiento para acciones que pretenda realizar”, entre otras acciones de carácter informativo.

La participación social marginal que se gesta de forma general al interior de estos espacios urbanos irregulares se caracteriza esencialmente por depender de una gran parte de la gestión de algún grupo o persona -la mayor de las veces- del mismo lugar, aunque sus habitantes están al margen de recibir satisfactoriamente la solución de sus demandas y de participar directamente en la gestión de los servicios públicos. Así, la participación de los colonos sólo se limita a reuniones, asambleas o juntas para recibir información, en un primer momento, de quienes realizan o encabezan el proceso de invasión de los terrenos y su apropiación, y en otro segundo momento, a la gestión que realizan ante las instancias municipales del gobierno local y en algunos casos ante el gobierno estatal o ante representantes populares o de los partidos políticos.

Aun cuando en términos generales se detecta un desgaste de las formas clientelares de liderazgo y un debilitamiento del control priista en las organizaciones populares, en Campeche la emergencia de nuevos grupos de poder es casi nula. La alternancia en los partidos que gobiernan el municipio refleja más el reacomodo entre las élites empresariales locales que pertenecen al PRI, así como las pugnas internas entre las familias “pudientes” que abandonaron al partido hegemónico para enlistarse con el PAN.

Por ello, las variaciones en las actitudes políticas de los individuos las podemos clasificaren dos actitudes generales: 1) un “apoyo determinado” al sistema político, derivado de recompensas o satisfacciones pragmáticas que obtienen los ciudadanos individuales, lo que representa un intercambio de “algo, una cosa por otra” en respuesta a una acción gubernamental directa (^{Cornelius, 1986: 59}); y 2) un “apoyo ambivalente”; que implica una orientación política positiva pero cambiante, de acuerdo al candidato y al puesto en disputa. Se trata de una actitud contradictoria, donde puede haber una evaluación muy positiva hacia el presidente municipal y al mismo tiempo opiniones negativas sobre el gobernador o funcionarios públicos de mayor rango, todos pertenecientes al mismo partido político.

Dado que las evaluaciones que los ciudadanos mexicanos hacen de los resultados del gobierno tienden a ser más bien negativas, en casi todas las épocas, en especial cuando se pasa del nivel nacional al local, la competencia electoral se nutre del descontento popular con los resultados de las acciones de gobierno y lo que se percibe como un mal desempeño de los funcionarios. El castigo del voto es de los pocos mecanismos de rendición de cuentas que los ciudadanos tienen a la mano cuando se trata de “castigar” a un partido que incumple con sus promesas de campaña o se percibe como que “está haciendo mal las cosas”.

Ahora bien, la mayoría de estas actitudes negativas al gobierno en turno y al partido que representa, se pueden relacionar fácilmente con las formas en que se crearon las colonias analizadas en este estudio (invasiones y apropiaciones ilegales de terrenos federales). Si revisamos el período de formación de estos asentamientos (2000-2005), y los resultados electorales en el municipio de Ciudad del Carmen, se puede observar un apoyo continuo de casi nueve años al PAN y a sus presidentes municipales.

Pero la lealtad política-electoral no es para siempre en estos espacios urbanos, pues depende de otras variables tan importantes como la anterior, entre ellas sobresale la clase de líderes locales que han surgido en las colonias y los tipos de relaciones que éstos establecen con funcionarios públicos, así como el tipo de servicios y beneficios proporcionados por el gobierno a cada colonia (^{Cornelius, 1986: 75}).

Durante los primeros años del auge petrolero, en las décadas de los años ochenta y noventa, sobresalieron, hasta alcanzar el rango de héroes, mujeres que encabezaron la apropiación de los baldíos en la isla de la mano del PRI y su sector popular (Consejo Nacional de Organizaciones Populares), mejor conocido como la CNOP.⁸ En los siguientes años, en el inicio de la decadencia de la petrolización de la región del sureste mexicano, las invasiones se volvieron más complicadas ante la escasez del suelo urbano y la alternancia política en el ayuntamiento de Ciudad del Carmen. Esto favoreció el surgimiento de nuevos líderes que aprendieron el estilo y los procedimientos para el cabildeo y la gestión política con los funcionarios de distinto sello partidista, sin comprometer de por vida la lealtad de sus votos.

Como ya lo mencionamos líneas arriba, el apoyo electoral de los ciudadanos que habitan en zonas marginadas de Ciudad del Carmen dejó de estar garantizado a partir del proceso electoral del 2000, el partido en el gobierno municipal se ha ido alternando como consecuencia de una personalización del desempeño en el cargo público. Los ciudadanos evalúan los resultados de las acciones gubernamentales y el desempeño de los funcionarios de una manera práctica. En qué medida sus demandas fueron satisfechas o qué se les otorgó a cambio de la regularización y la dotación de servicios para la colonia. En ese mismo tenor se manifiestan en las urnas en el siguiente proceso electoral, más allá de una pluralidad y lealtad política, lo que se observa es una actitud racional cargada de pragmatismo, resultado del deterioro de las condiciones de vida de la población y la pérdida de hegemonía del PRI.

Aunque el comportamiento político de estos ciudadanos pueda ser de apoyo al partido en el ámbito municipal, no vacilarán en criticar y cuestionar a los candidatos para los otros cargos en disputa, digamos gobernador o presidente de la República. En un mismo proceso electoral se puede observar un voto diferenciado dependiendo el cargo en juego y, sobre todo, en respuesta a un balance de la situación económica personal o familiar.

A final de cuentas, el ciudadano marginalizado establece una relación diferenciada con los funcionarios públicos de los cuales puede obtener algo a cambio (ayuntamiento, diputados locales y gobernador) o que le representan una mejoría en un futuro.

Reflexiones finales

Ha transcurrido casi una década desde que se realizó una investigación inicial sobre la problemática de la marginación y la pobreza en colonias populares de Ciudad del Carmen, en el Estado de Campeche (^{Frutos et al., 2012}). En ese entonces se levantaron datos estadísticos a través una amplia encuesta elaborada exclusivamente para medir las condiciones sociodemográficas, de salud, de migración y de cohesión social de los pobladores en zonas periféricas consideradas de nueva creación.

Diez años después, lo que se observa de primera mano es que las circunstancias no han variado en esencia, dado que aún prevalecen las condiciones estructurales de desigualdad y de escasa participación social de los habitantes de los asentamientos irregulares de la ciudad. Las preocupaciones y actividades de los residentes de esos asentamientos ilegales en la ciudad se siguen concentrando, lógicamente, en necesidades y problemas particulares muy importantes de la sobrevivencia diaria: obtener un empleo estable, construir o mejorar la vivienda, aumentar el ingreso familiar, cuidar a sus enfermos, entre otras.

La escasa participación social o colectiva que emerge en ese entorno se canaliza a esas demandas y necesidades inmediatas, que una vez satisfechas termina por diluirse, o en su defecto, tiende a transformarse en activismo religioso o en acciones en defensa de la seguridad personal ante el incremento de las violencias urbanas.

Este inmovilismo social que observamos en la ciudad tiene su correlación con el hecho de que la gubernatura del Estado de Campeche ha estado en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante más de ochenta años. No obstante, en los más recientes procesos electorales su dominio político ha menguado en los once municipios de la entidad. La alternancia y pluralidad que se observan en la conformación de los ayuntamientos contrasta con el verticalismo y los rasgos autoritarios en el aparato burocrático estatal. En este sentido, hablar de alternancia implica hablar de la salida del PRI de esos espacios de poder, porque su presencia se relaciona con esas formas clientelares y autoritarias de gobierno que aún no se han ido del todo y que obstaculizan el desarrollo de una cultura cívica.

En este marco, las personas en las colonias marginadas de Ciudad del Carmen han aprendido los estilos y procedimientos para el cabildeo y la participación política dentro del sistema político a nivel local. Aprendieron la negociación futura de beneficios para la familia y la comunidad, apropiándose de las viejas prácticas del clientelismo político; los líderes de colonia utilizan la negociación como una práctica política, sobre todo en los tiempos electorales, pero también como parte de la pugna por acceder al suelo urbano, a un lugar en la ciudad y a los bienes y servicios que en ella se disputan. Condicionan su apoyo a los contendientes de acuerdo a sus necesidades inmediatas, así, cada proceso electoral es distinto e implica una nueva negociación, pero es la misma pugna por la ciudad.

La dinámica de este proceso ha generado una alternancia bipartidista en el ayuntamiento carmelita, el cual se nutre de la participación social y política que emerge de las condiciones de marginación y desigualdad social. Lo que se traduce en un mayor costo político y en una tenaz disputa por la alcaldía. La alternancia en Carmen está determinada más que por la democratización de los actores políticos, por la disputa y arreglos entre los grupos de poder local en contubernio con las dirigencias de los partidos políticos nacionales. Lo que está en juego son los generosos recursos económicos que PEMEX despliega en la región y que alcanzan para beneficiar a contratistas de la obra pública municipal. Sin embargo, ante el declive de la actividad petrolera en la ciudad la disputa política entrará seguramente en una dinámica distinta, de mayor confrontación y con actores emergentes fortalecidos (MORENA).⁹

De este modo, el subdesarrollo democrático y la falta de una cultura cívica no son consecuencia de la marginación, sino de la permanencia de un sistema de prácticas políticas impregnadas de la desconfianza hacia las instituciones, el paternalismo, el clientelismo y la corrupción en distintos niveles.

Parece existir un consenso de que la participación social es fundamental para el desarrollo y la estabilidad de la democracia, donde participación es la capacidad de los ciudadanos para incidir en las decisiones que afectan a la sociedad de la cual forman parte. Sin embargo, desarrollar estos procesos no es sencillo. Lograr una sociedad civil dispuesta a participar activamente en la toma de decisiones, en el control de las mismas y en su ejecución es por demás complicado. Para esto se requiere de un cambio en la cultura ciudadana que debe superar algunos problemas, entre ellos el de la marginación y la desigualdad económica.

La problemática de la marginación y la participación ciudadana van de la mano y se deben entender como procesos simultáneos. Mientras existan comunidades marginadas por la falta de oportunidades para su desarrollo, en esos espacios la participación distará mucho de lo que se necesita para establecer procesos con las características antes mencionadas, porque esta falta de oportunidades no permite establecer patrones de participación para modificar esa realidad (^{CONAPO, 2012}).

No obstante que la marginación es un fenómeno producto de las relaciones sociales y productivas del modelo de desarrollo, donde las condiciones de la población al margen de los bienes carece de estructuras de representación que le permita avanzar hacia otros status de movilidad social, lo que intentamos destacar en este trabajo es que, en tanto prevalezcan las estructuras de poder y control institucional de viejos y nuevos cuños, con una democracia electoral poco o nada representativa, los sectores sociales marginados en poco o nada se verán beneficiados de la alternancia política. A lo sumo recibirán concesiones en actividades económicas irregulares, la dotación de magros servicios públicos y la promesa de la regularización de sus predios.

Por último, aun cuando la participación social y política sea limitada e institucionalizada en las colonias con alto grado de marginación, se debe considerar que la población se encuentra atravesada por problemas de desempleo, de precariedad, de migración y sus procesos de gestión y negociación se organizan bajo demandas puntuales, con el propósito de satisfacer necesidades inmediatas de corte económico, social y ambientales. La transformación urbana del sureste petrolero mexicano es más compleja y debe entenderse en diferentes temporalidades, más allá de la disputa política-electoral, lo que se observa en los barrios marginales es una pugna por acceder al suelo urbano, a un lugar en la ciudad y a los bienes y servicios que en ella se producen.