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Introducción
Algunos autores sostienen que la integración internacional de los mercados de bienes, servicios y, sobre todo, de capitales ha erosionado la capacidad de los gobiernos para instrumentar medidas de política económica en forma autónoma y que, por lo tanto, ha vuelto difícil, por no decir imposible, formular alternativas a las políticas de libre mercado.3 Esta ausencia de alternativas solo puede conducir a la "convergencia" ideológica de los partidos de izquierda y de derecha. Así, para Donald Sassoon, la globalización, "real o percibida", ha sido la "gran fuerza que ha empujado hacia la convergencia entre la izquierda y la derecha" (1997:10). Para este autor, la actual convergencia en materia de políticas públicas es el "resultado inevitable" de la "mayor interdependencia": "si la política nacional -afirma- se encuentra cada vez más constreñida por una economía globalizada, entonces no es sorprendente que estas presiones empujen a los dos bandos [izquierda y derecha] hacia políticas similares" (1997:14).
Otros, sin embargo, difieren de este análisis. Garrett y Lange, por ejemplo, consideran que, si bien la creciente integración económica y la mayor competencia han alterado los "instrumentos" de política económica a través de los cuales los gobiernos pueden alcanzar sus "objetivos partidarios", no han vuelto estos objetivos inalcanzables (1991:541). Aunque el nuevo entorno económico internacional ha reducido la eficacia de las estrategias económicas tradicionales de la izquierda y de la derecha, basadas en políticas fiscales y monetarias "keynesianas" y "monetaristas" (respectivamente), los gobiernos aún pueden "moldear" las "políticas orientadas hacia la oferta", y aún existen "instrumentos" de política económica que les permiten alcanzar sus objetivos partidarios, al tiempo que promueven la competitividad y el "ajuste flexible" (1991:541).
En el mismo sentido, Carles Boix argumenta que, si bien los gobiernos "de todas las tendencias políticas" han tenido que recurrir a "políticas orientadas hacia la oferta", los partidos de diferente signo ideológico aún pueden optar por "estrategias económicas" diferenciadas, que afectan de manera distinta a los distintos estratos sociales (1998: 10-11, 3). Para el autor, existen así "dos principales estrategias económicas" a disposición de los gobiernos: una que consiste en reducir los impuestos para alentar el ahorro privado, dinamizar la inversión privada y acelerar la tasa de crecimiento; y otra que busca aumentar el gasto público en capital humano y fijo para incrementar la tasa de productividad del trabajo y del capital, lo que alienta a los agentes privados a seguir invirtiendo a pesar de los altos niveles impositivos, necesarios para financiar las transferencias sociales y los programas de inversión pública (1998:3).
Con todo, tanto Garrett como Boix reconocen que la globalización ha llevado a un cierto nivel de convergencia. Para el primero, "las implicaciones de la interdependencia para las políticas fiscal y monetaria son claras: los gobiernos ya no gozan de autonomía para llevar a cabo estrategias macroeconómicas independientes", por lo que "las políticas fiscal y monetaria de los gobiernos de izquierda y de derecha deberían convergir" (Garrett y Lange, 1991:543). Boix, por su parte, ilustra con el ejemplo del gobierno de Baldwin en Gran Bretaña que los gobiernos (y los partidos) dependen de los modelos e instrumentos económicos considerados "correctos", los cuales determinan las soluciones "realistas" a ciertos problemas (1998:6-7). Ahora bien, a finales de la década de los sesenta, las "soluciones basadas en la demanda (es decir, las políticas de corte keynesiano) dejaron de ser eficaces, por lo que los partidos de diferente signo ideológico ya solo pueden perseguir sus objetivos partidarios por medio de estrategias "orientadas hacia la oferta" (Boix, 1998:10-11).
El caso del Partido Socialista francés constituye, sin duda, uno de los que mejor ilustran las presiones del entorno económico internacional sobre los programas y las políticas de los partidos. En 1981, los socialistas, en efecto, llegan al poder con la propuesta de "romper con el capitalismo" (Ross, 1988:13). En palabras de George Ross, el manifiesto electoral de 1981 de los socialistas franceses, "uno de los documentos más radicales apoyados por un candidato serio al poder en los anales recientes de la política occidental", propone "iniciar una transición hacia el socialismo" a través de una "tercera vía" entre el socialismo real del Este y la socialdemocracia clásica de Europa del Norte (1988:23).
Sin embargo, el "reformismo radical" dura menos de un año. Los problemas económicos llevan a los socialistas a efectuar, en el otoño de 1982, un "cambio brusco de rumbo" (Ross, 1988:23). Para revertir la degradación de la balanza de pagos y detener la inflación, el gobierno socialista opta por la "austeridad": bloquea precios y salarios,4 reduce el gasto público, aumenta los impuestos a las personas físicas y a los consumidores, al tiempo que reduce los de las empresas (Hall, 1988:8183). A partir de 1985-1986, emulando las políticas de Ronald Reagan en Estados Unidos (Halimi, 2000:610), el gobierno lleva a cabo una reactivación "neoliberal" de la economía, basada, no en el aumento del gasto público (que, por el contrario, es reducido con el propósito de mantener el déficit del sector público por debajo de 3 % del Producto Interno Bruto), sino en la reducción de los impuestos (Hall, 1988: 83).
Para George Ross, el cambio de rumbo de los socialistas franceses ofrece un buen ejemplo de la manera en que los "factores internacionales limitan seriamente, para todos los Estados nacionales, la posibilidad de tomar decisiones políticas originales", al tiempo que refleja una "nueva realidad": el hecho de que, a partir de la década de 1980, los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, deben dar prioridad a la inserción competitiva de sus economías nacionales en una división internacional del trabajo que los constriñe (Ross, 1988:26). Peter Hall, por su parte, destaca que los socialistas, en cinco años, aprendieron mucho acerca de los "límites que se imponen a aquellos que administran una economía mixta en un marco de interdependencia internacional" (Hall, 1988:78).
El caso de Grecia, más reciente, constituye otra ilustración de cómo "los gobiernos, en cualquier parte, son forzados a hacer arreglos en su trato con el resto del mundo" (Wallerstein, 2015). En 2015, una coalición que reúne a una variedad de pequeños partidos que van de la extrema izquierda hasta el centro-izquierda (Syriza) llega al poder, en alianza con un pequeño partido de derecha nacionalista, con el propósito de poner fin a las políticas de austeridad impuestas desde la década de 1970, y que gobiernos tanto de centro-derecha como de centro-izquierda habían aceptado. En un referéndum convocado el 5 de julio de ese año por el gobierno, en el marco de las negociaciones con la llamada "troika" (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), una mayoría de 61.3 % se pronuncia en contra de las condiciones ofrecidas a Grecia. Aun así, el gobierno griego es obligado a renunciar a uno de sus principales compromisos de campaña y a "aceptar una serie aún más dura de reformas que las que habría enfrentado al inicio de las negociaciones" (Wallerstein, 2015).
En América Latina también hay ejemplos de cambios de rumbo parecidos. Susan Stokes (2001) encuentra que, en una serie de casos, los políticos de diferentes países de América Latina se pronuncian, durante la campaña electoral, por la creación de empleos, crecimiento, aumento de los salarios reales, política industrial, una estabilización gradual de la inflación y por limitar el pago de la deuda, para luego imponer, una vez en el gobierno, la austeridad y las reformas estructurales.5
El caso de la primera campaña de Alberto Fujimori, en Perú, es altamente revelador de la influencia de los actores económicos externos. Fujimori había manifestado, a lo largo de la campaña electoral, su oposición a un ajuste draconiano (el shock) y a las medidas de austeridad y proponía mantener las principales empresas estatales bajo dominio público. Sin embargo, diez días después de haber tomado el poder, anuncia un paquete de aumento de precios (el shock) que llevó a una fuerte caída de los salarios reales del sector privado y al aumento de la pobreza extrema.
Las políticas de largo plazo de Fujimori resultaron ser, de hecho, muy parecidas a las que proponía su principal adversario, Mario Vargas Llosa: liberalización comercial y de los mercados de capital, reforma fiscal, adelgazamiento del Estado, privatizaciones, eliminación de las leyes de protección laboral y liberalización de las relaciones laborales, eliminación de la indexación de los salarios, privatización de la seguridad social (Stokes, 2001:53).6
En México, la globalización económica parece haber tenido una influencia importante sobre la ideología y los planteamientos programáticos de los tres principales partidos políticos -Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD)-. Un análisis de los documentos básicos de estos partidos muestra, en efecto, una tendencia, durante el periodo 1982-2009, a la convergencia ideológico-programática en torno a las políticas neoliberales. Así, hacia el final de siglo, los tres partidos defienden sin reservas la economía de mercado, una intervención limitada del Estado en la economía, una economía mixta con un sector estatal reducido, un modelo de desarrollo orientado hacia el mercado externo, basado en la diversificación de las exportaciones, la apertura comercial, la liberalización financiera y la promoción de la inversión extranjera directa (Johansson, 2011:103-104).
¿Cómo evaluar, en el caso mexicano, el alcance (y el carácter determinante o no) de las llamadas "presiones" de la globalización? Es factible, sin duda, comparar las políticas públicas de los gobiernos del PRI y del PAN. Pero, además de que la comparación excluiría al tercer gran partido político mexicano (el PRD), que nunca ha ejercido el poder a nivel federal,7 el método presenta el inconveniente, destacado por Przeworski y Wallerstein (1988:13-14), de arrojar poca luz sobre los límites estructurales que se imponen a todos los partidos. No tenemos, por otro lado, el caso de un partido que haya llegado al poder con un programa de cambios radicales y que, una vez en el poder, haya tenido que renunciar a dicho programa.
Las "presiones" de la globalización pueden ser, ciertamente, observadas en la interacción entre los mercados financieros y los candidatos durante las campañas electorales. Sin embargo, las señales mandadas por los candidatos (promesas de políticas públicas) y las reacciones de los mercados (expresiones de confianza o de desconfianza), aun cuando constituyen, sin duda, indicios de una presión fuerte de los segundos sobre los primeros, nos dicen poco acerca de la intensidad y del carácter determinante (o no) de estas presiones para la evolución ideológica y programática de los partidos y de los políticos. El discurso de los políticos, y particularmente la manera en que estos justifican los cambios en los programas y las ideologías de sus partidos (o en sus propias posiciones) puede ayudar a evaluar el alcance de estas presiones.
Dedicaré, por consiguiente, una primera sección de este trabajo a la búsqueda de indicios de la presión ejercida por los actores económicos externos (particularmente los "mercados") sobre los políticos, centrándome en la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2006, y una segunda sección al análisis de las "creencias" de los políticos, tomando como base un corpus de discursos de actores políticos pertenecientes a los tres principales partidos mexicanos.8
Las presiones de los actores económicos externos
En México, la presión de los actores económicos externos se ha ejercido indirectamente, a través de la fuga de capitales, pero también por medios más coercitivos, como el de los "préstamos condicionados", por medio de los cuales los organismos financieros han supeditado el apoyo económico a la adopción de un cierto número de medidas (reducción del déficit, recorte al gasto público, apertura a la competencia externa) (Babb, 2001:10). Al condicionar su apoyo financiero -explica el economista Héctor Guillén Romo-, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene un "poder de control sobre la política económica, financiera y monetaria" de los países endeudados. Los montos de los préstamos que otorga son, de hecho, bastante débiles, pero la aplicación de los planes de austeridad convenidos con el organismo vuelve al país digno de crédito, por lo que los acuerdos de préstamo del FMI constituyen para los banqueros un "certificado de buena conducta" (Guillén Romo, 1984:35, 41).
A mediados de la década de 1970, la influencia del FMI, que había sido hasta entonces marginal, empieza a hacerse sentir con fuerza. En 1976, para tener acceso a los fondos del organismo, el gobierno mexicano se ve obligado a firmar un "acuerdo de estabilización" en el que se compromete a llevar a cabo un programa de austeridad (reducción del déficit del sector público, aumento de los precios de los bienes y servicios del sector público, contención de los aumentos salariales) y a realizar reformas estructurales (apertura de la economía hacia el exterior). El descubrimiento de importantes yacimientos petroleros permite, de hecho, al gobierno llevar a cabo una política económica diferente a la que fue concebida por el acuerdo (Guillén Romo, 1984:54-55).
Tras la crisis de 1982, el gobierno firma una nueva "carta de intención" con el FMI. A cambio de ayuda financiera y del aval del organismo para solicitar un nuevo plazo para el reembolso de la deuda externa a los principales acreedores, el gobierno mexicano se compromete a aplicar un severo programa de austeridad "de corte típicamente monetarista". En 1986, una nueva carta de intención plantea un nuevo programa económico "orientado al crecimiento y a reformas estructurales", poniendo "particular énfasis en la privatización de la economía, la apertura comercial, la libertad cambiaria y la promoción de la inversión extranjera" (Guillén Romo, 1990:88). El Plan Brady (1989), que permite a los países endeudados reducir el monto total de sus deudas, favorece "decisivamente" la alineación de México (y de la mayoría de los países de América Latina) al llamado "consenso de Washington". El gobierno mexicano recurre nuevamente, en febrero de 1995 y en julio de 1999, a dos préstamos condicionados.
Como se puede apreciar, la presión de los actores externos durante las décadas de 1980 y 1990 es fuerte y directa. Sin embargo, no es posible establecer si esta presión hubiera tenido los mismos efectos (es decir, la adopción de las medidas de ajuste y de cambio estructural) si el gobierno hubiera estado encabezado por políticos menos proclives a la ideología neoliberal. Por otro lado, la presión directa de los organismos financieros multilaterales se ejerce únicamente sobre los partidos y los políticos que se encuentran en el poder (el FMI no firma cartas de intención con los candidatos) o, como en el caso de Fujimori, que están a punto de acceder a él.
La presión ejercida por "los mercados" sí puede ser, en cambio, observada en la interacción entre estos y los candidatos durante las campañas electorales.9 Layna Mosley (2003) establece un modelo de interacción entre mercados y gobiernos nacionales con el que busca determinar el tipo de presión que genera la internacionalización de los mercados financieros. Para esta autora, la presión que ejercen los mercados financieros sobre las políticas públicas proviene de la manera en que estos evalúan el riesgo de invertir en los diferentes países, evaluación que se refleja en las primas sobre las tasas de interés de cada nación (a mayor riesgo, primas más altas).
Para realizar esta evaluación, los inversionistas usan las políticas públicas como "señales". Para ahorrar costos de información, buscan menos información de los países que perciben como creíbles (las democracias desarrolladas), mientras que invierten más en los países de los que no saben si son o no creíbles. Esto hace, de acuerdo con Mosley, que los inversionistas se enfoquen, en el caso de las democracias desarrolladas, en un número limitado de indicadores (inflación, déficit público), mientras que deben utilizar, en el caso de las economías emergentes, además de los indicadores macroeconómicos, una amplia gama de indicadores de nivel micro: estructura del gasto público, estructura de los sistemas fiscales. El resultado es que las presiones son más fuertes, y abarcan un mayor número de áreas, para los países en vías de desarrollo que para los países industrializados (Mosley, 2003:30-40).
Los inversionistas suelen destacar su interés único en que los países respeten los grandes equilibrios macroeconómicos. Mosley sugiere, sin embargo, que en el caso de los mercados emergentes la influencia de los mercados financieros podría ser tan grande que presionaría a estos para que emprendieran una serie de "reformas neoliberales". La autora, en efecto, observa una preferencia de los inversionistas por las políticas neoliberales. Un manual destinado a los inversionistas de los mercados emergentes describe, por ejemplo, como "buenos" mercados aquellos que tienen no solamente un equilibrio fiscal, una deuda decreciente y baja inflación, sino también un mercado libre y abierto, un programa de privatización en curso y un alto nivel de libertad económica (Mosley, 2003:124).
Durante las campañas electorales, las señales consisten en promesas de políticas públicas y, tras estas, en la conformación del gabinete,10 en la que cobra particular relevancia la designación del secretario de Hacienda, el cual debe contar con la "confianza" de los mercados. Así, para Víctor Manuel Herrera, director general de la calificadora Standard and Poor's, un buen secretario de Hacienda es aquel que mantiene la estabilidad macroeconómica y que tiene el "reconocimiento" de los mercados nacional e internacional (Castellanos, 2006a).
No cabe duda que las designaciones de Francisco Gil Díaz (por Vicente Fox) y de Agustín Carstens (por Felipe Calderón) representan señales enviadas a los "mercados". Tanto Fox como Calderón tuvieron que recurrir a economistas vinculados al PRI, no solo porque su partido carecía de personalidades que gozaran de la confianza de los mercados, sino para dejar clara la intención de los nuevos gobiernos de garantizar la continuidad de la política económica.
Durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2006 fueron particularmente notables tanto el empeño de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Alianza por el Bien de Todos, por ofrecer garantías a los mercados, como la respuesta de los mercados a estas señales.11 Un año antes de la elección, en una entrevista con el Financial Times, López Obrador se presentó como un político pragmático en el terreno económico, ofreció a la comunidad de inversionistas mantener una política fiscal cautelosa y la independencia del banco central, y dijo que no buscaría renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Para ese diario, los comentarios de López Obrador sugerían que si ganaba la elección, sus políticas podrían ser más cercanas a aquellas que impulsa el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, que a las instrumentadas por el "radical" presidente venezolano Hugo Chávez (Hernández Navarro, 2005).
Meses antes, en septiembre de 2004, Andrés Oppenheimer había escrito en el Miami Herald, tras encontrarse con el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, que el gobernante se había presentado en la entrevista "como un modelo de moderación y responsabilidad económica". Concluía convencido de que la "neutralidad positiva de Estados Unidos... ayudó a convencer a Lula de moverse hacia el centro en Brasil y podría tener el mismo efecto en México si López Obrador llegara a vencer sus líos legales para ganar la Presidencia" (Hernández Navarro, 2005).12
Rogelio Ramírez de la O, principal asesor en materia económica de López Obrador, se reunió en varias ocasiones con representantes de JP-Morgan, Crédit Suisse First Boston y Goldman Sachs Group Inc., para asegurarles que López Obrador mantendría el control del gasto público para garantizar que el déficit presupuestal permaneciera dentro de los objetivos fijados por la administración de Fox (Black, 2005).
La propia elección de Rogelio Ramírez de la O como principal asesor en materia económica constituye, sin duda, una importante señal enviada a los mercados: egresado de la universidad de Cambridge, cuenta con importantes vínculos en círculos empresariales y financieros y goza de gran "credibilidad" en los sectores financieros y empresariales (Black, 2005). Como lo advierte Thomas Black, López Obrador buscó, con esa decisión, "ganar credibilidad" en los círculos financieros y mandar un mensaje a los inversionistas extranjeros similar al que envió el presidente brasileño Lula da Silva con el nombramiento de Henrique Meirelles, ex banquero de la Fleet Boston Financial Corp, como presidente del Banco Central.
Los representantes de instituciones financieras y de sociedades de inversión dieron acuse de recibo a las garantías ofrecidas por López Obrador. En un reporte difundido a principios de diciembre de 2005, Standard and Poor's señaló que un triunfo de López Obrador no incidiría en la calificación crediticia de México. La calificadora descartó un regreso al "viejo modelo económico" y desestimó las comparaciones que se han llegado a hacer entre López Obrador y Hugo Chávez (González Amador, 2005a). También a principios de diciembre, Guillermo Prieto Treviño, entonces presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, indicó que los inversionistas no temían un triunfo del candidato del PRD y que ninguno de los tres candidatos pondría en riesgo el avance macroeconómico registrado por el país (González Amador, 2005b). El 7 de diciembre, el grupo soberano Fitch elevó las calificaciones de deuda de México, argumentando que el país mantendría la estabilidad macroeconómica sin importar el resultado de los comicios presidenciales (González Amador, 2005b).
Las expresiones de confianza se mantuvieron durante el primer semestre de 2006. En marzo, Eduardo Cepeda, presidente de JP Morgan en México, manifestó que cualquier gobierno, si mantiene el orden macroeconómico y las finanzas públicas sanas, va a tener el apoyo "no solo de los banqueros en México, sino de todos los capitales internacionales, los fondos de pensiones y de las empresas" (González Amador y Castellanos, 2006). Ernesto O'Farrill Santoscoy, presidente de la consultora Bursamétrica, señaló que, de ganar López Obrador, habría de inmediato un ambiente favorable para los negocios y las inversiones (Castellanos, 2006b).
Unos días antes de la elección, al tiempo que dos influyentes diarios extranjeros manifestaban su confianza en que López Obrador no alteraría el rumbo económico del país,13 Pamela Starr, autora de un informe del Council on Foreign Relations dedicado al escenario electoral mexicano, afirmó que los inversionistas extranjeros y Washington no estaban preocupados por un posible triunfo de López Obrador ya que lo consideraban un político pragmático de "izquierda moderada", no de "izquierda radical", enfocado sobre todo en la política interna y en mantener la estabilidad macroeconómica". Starr rechazó su caracterización como un político que pudiera sumarse a la corriente de Hugo Chávez y representar una opción peligrosa para México y causar alarmas en Washington (Brooks, 2006b).14
Es posible, pues, establecer, a través de la observación de la interacción entre mercados y candidatos, indicios de una presión de los primeros sobre los segundos. Pero resulta más difícil evaluar el alcance de esta presión y, sobre todo, si es o no determinante en la evolución ideológica y programática de los políticos y de sus respectivos partidos. Para ello, parece indispensable recurrir al análisis de las "creencias"15 de los políticos.
Las creencias de los políticos
¿Cómo perciben los políticos las presiones de los mercados? De manera más general, ¿cómo justifican los cambios programáticos ocurridos en sus partidos, o el cambio de sus propias posturas? Existe un obstáculo para responder a esta última pregunta: los políticos del PRI son los únicos que asumen el cambio programático de su partido y, por lo tanto, son los únicos que han elaborado una justificación explícita de este cambio. Ni los políticos del PAN, ni los del PRD aceptan abiertamente que sus partidos hayan experimentado tal cambio. Así, mientras que Miguel de la Madrid reconoce que la nueva estrategia "de modernización" impulsada por su gobierno representa un "cambio de ruta" (1988:78, 74), tanto Vicente Fox como Cuauhtémoc Cárdenas niegan, con diferentes argumentos, que sus respectivos partidos hayan experimentado un cambio programático.
El primero afirma que el PAN "lleva setenta años luchando, y no está inventando una propuesta de desarrollo económico a estas alturas. Acertado o equivocado, el PAN ha pregonado desde siempre por la privatización de las empresas paraestatales, la disminución del Estado y del aparato burocrático, así como el fortalecimiento de la sociedad" (Fox, 1999:76).16
Cárdenas, por su parte, niega que haya habido "cambios de posición respecto de alguna cuestión fundamental" (Gallegos, 2000:6-7). Para respaldar su dicho, remite, durante una entrevista concedida en enero de 2000, a "documentos públicos" en los que ha expuesto sus puntos de vista sobre cuestiones económicas: el programa económico para la elección de 1994, expuesto durante una reunión de la Coparmex de 1994 y el discurso leído en Davos, Suiza, en enero de 1999. En cierto modo tiene razón. El cambio de posición no ocurrió durante la campaña de 2000, sino que inició por lo menos seis años atrás, durante la campaña de 1994.
¿Cómo ocurrió este cambio en las creencias de los políticos mexicanos? Tanto en el PRI como en el PAN, parece ser esencialmente el resultado de la renovación de las élites al interior de estos partidos. Los nuevos políticos llegan con un discurso muy diferente, si no es que opuesto, al de los viejos. Existen abundantes caracterizaciones de la oposición, en el caso del PRI, entre "tecnócratas" y "políticos", o "renovadores" y "dinosaurios" y, en el caso del PAN, entre "neopanistas" (o "bárbaros del norte") y "doctrinarios".
En el PRI, una nueva generación de políticos, educados en universidades de Estados Unidos, llega a ocupar, tras la crisis económica, los puestos más altos de decisión. La crisis de 1982 hace que se recurra a "aquellos que [hablan] el mismo lenguaje que los banqueros [extranjeros]". Los miembros de la nueva élite eran los candidatos idóneos del más importante actor externo para el Estado mexicano: los acreedores y las instituciones financieras internacionales (Centeno, 1997:71).
En el transcurso de la década de 1980, el PAN empieza a recibir a nuevos militantes (muchos de ellos empresarios originarios del norte del país), con un discurso que critica fuertemente la intervención del Estado en la economía (Reveles, 2003:138). El ascenso electoral que el partido experimenta entre 1983 y 1986 (sobre todo en el norte del país) fortalece a la nueva fracción, que Francisco Reveles identifica como "pragmático radical" (2003:136). Soledad Loaeza ve en estos nuevos militantes del PAN a los representantes de una "derecha moderna", que acepta la desigualdad y está convencida de que el Estado tiene una responsabilidad social muy limitada (Loaeza, 1989:232-233).
En el PRD, el cambio parece ser el resultado de la conversión de las élites, que pasan de una crítica frontal a la política del gobierno a la aceptación de los principales elementos de la nueva estrategia (privatización, liberalización, desregulación).
En 1987, Cuauhtémoc Cárdenas manifiesta un claro rechazo a estos elementos:
Hay quienes dicen ver el camino en la apertura casi indiscriminada en la ley, que sería indiscriminada en la práctica de acuerdo a experiencias ya vividas, a la inversión extrajera, cuyos efectos, demostrados históricamente, son obligadamente descapitalizadores; en la mayor privatización relativa de la economía, reclamo por cierto tanto de los intereses trasnacionales, como de las agrupaciones políticas más conservadoras; en el fomento de las exportaciones, desentendiéndose de los mercados internos; en la modernización de la planta industrial, sin tomar oportunamente las medidas que eviten la desocupación que acarrea y los efectos negativos sobre las empresas medianas y pequeñas, de escasa capacidad financiera, disminuida aun más por la prolongada duración de la crisis (Cárdenas, 1990:65-66).
Cárdenas califica el proyecto del gobierno resultado, según él, de "dictados del exterior", como "frontalmente opuesto al proyecto de la Revolución Mexicana" (Cárdenas, 1987:40-41) y llama a retomar este último camino, que es el de "una nación plenamente soberana e independiente, cuyo desarrollo no tenga ataduras económicas ni políticas y en el que exista una equitativa distribución de la riqueza" (Cárdenas, 1990:68, 57). En sentido opuesto a la política del gobierno, llama a fortalecer la participación del Estado en la economía, de manera que este "conduzca" su desenvolvimiento (1990:59, 67-68).
Aunque no hay un rechazo explícito a la apertura comercial ni a la inversión extranjera como tal, sino a la manera "indiscriminada" como esta ha sido realizada, el rechazo de Cuauhtémoc Cárdenas a los principales elementos de la nueva estrategia económica del gobierno (como la privatización y el fomento a las exportaciones en detrimento del mercado interno) no deja lugar a dudas. Percibe esta nueva estrategia como una imposición del exterior, que busca garantizar el pago de la deuda a costa del "desplome en los niveles de vida populares" y que limita la autonomía del Estado mexicano (Cárdenas, 1987:40). Es particularmente crítico de las "frecuentes intromisiones" del gobierno "prepotente y agresivo" de Estados Unidos, por medio de las cuales "pretende imponer sumisión y mayor dependencia" (Cárdenas, 1990:62).
Un texto de 1991 sobre el Tratado de Libre Comercio marca el inicio de un proceso de revisión de las posiciones en materia económica de Cuauhtémoc Cárdenas. Este documento, en efecto, no deja dudas acerca de la posición del ingeniero respecto de la "liberalización económica". Esta -dice- debe ser vista como una "herramienta" y no como un "objetivo" (1991:51). Cárdenas da a entender, por primera vez, que no está en contra de la "privatización y liberalización de la economía mexicana" como tales, sino de la manera en que estas han sido y están siendo llevadas a cabo, es decir, con "falta de visión, ausencia de toda credibilidad democrática, corrupción, mala administración y demagogia" (1991:51). Para Cárdenas, dadas las disparidades entre México y sus dos socios comerciales, la apertura comercial debe ser, del lado mexicano, gradual y selectiva, y el país debe tener "más tiempo" que sus vecinos para eliminar subsidios, remover restricciones y cancelar la protección a ciertas industrias (1991:53). Pero no hay una oposición de principio a ese elemento clave del nuevo modelo económico.
Para 1999, la adhesión al principio de la liberalización comercial y financiera es notablemente más entusiasta. En un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, Cárdenas afirma que las fuerzas de la globalización "que abarcan" (que el autor opone a las "fuerzas que desintegran") "se asocian sobre todo al funcionamiento de los mercados, bajo la forma del libre comercio y de las corrientes transfronterizas de capitales" (Cárdenas, 1999:9). El TLC es otra expresión de las fuerzas abarcadoras, aunque ha tenido efectos desintegradores "sobre algunas ramas y sectores" (1999:15).
Si bien el discurso lanza una serie de críticas al "consenso de Washington", estas no se dirigen, en esencia, a los elementos básicos del "consenso" ("privatización, desregulación y apertura"), sino a las condiciones de su aplicación:
Si privatización, desregulación y apertura, los tres pilares del consenso de Washington, se aplican sin tener en cuenta las condiciones nacionales específicas, los riesgos desintegradores crecen sobre las promesas de integración. Si además se implantan como se hizo en México en la década precedente, en medio de graves síntomas de deterioro del régimen político y del sistema financiero y bancario a él amarrado, entonces se convierten, como así sucedió, en una aventura en el marco nacional y una estafa en el internacional.
En la aplicación del consenso de Washington por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari [...] lo que privó fue la fuga hacia adelante: la ilegalidad, la corrupción y la improvisación (Cárdenas, 1999:18).
Durante la presentación de su propuesta económica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el 27 de octubre de 1999, Cárdenas atenúa, por cierto, estas duras críticas a la instrumentación de las reformas, al tiempo que deja claro su respaldo a la reforma de la economía emprendida a partir de 1982:
En México ha habido, sin duda, importantes reformas económicas en los últimos años: apertura comercial, privatización de empresas públicas, operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son algunas de ellas. Estas, al mismo tiempo que abrieron nuevos caminos, en una economía que requería reformarse, presentaron también limitaciones de tipo operativo e institucional, las cuales es necesario complementar con medidas que fortalezcan la actividad de las empresas y mejoren las condiciones de empleo e ingreso de los trabajadores.17
Rogelio Ramírez de la O, principal asesor económico de Andrés Manuel López Obrador, va más lejos al aceptar, en una entrevista con El Semanario, que la propuesta económica del candidato del PRD, que Ramírez de la O caracteriza como "de libre mercado con responsabilidad social", se parece a la de Carlos Salinas de Gortari. Para el economista, "las reformas estructurales de Salinas no estaban mal excepto porque se comprometieron con corrupción. El programa de carreteras hubiera salido bien si no hubieran calculado mal el aforo y lo calcularon mal porque necesitaban sacar más dinero. Es el mismo caso de los bancos, si los hubieran vendido menos caros a verdaderos banqueros".18
Las críticas a la manera en que fueron instrumentadas las reformas no provienen solamente de políticos del PRD. Así, Vicente Fox afirma, por ejemplo, que la apertura económica que emprendió Carlos Salinas de Gortari "no fue planeada" y no tomó medidas para proteger a la pequeña y mediana industrias, las cuales "sufrieron graves pérdidas, al grado que están a punto de desaparecer, ante la imposibilidad de competir con capitales extranjeros". Por otro lado, "hizo a un lado la reforma política, lo que a la larga afectó su proyecto económico", provocando que este se desmoronara (Fox, 1999:75).
En el transcurso de la década de 1990, los políticos de los tres principales partidos llegan a compartir, en resumen, la creencia si no en las bondades, por lo menos en la necesidad, de la reforma económica emprendida desde 1982.
Para justificar los cambios en sus creencias (como resultado de la renovación de las élites o de su conversión), los políticos invocan los ocurridos en el entorno, incluso aquellos que niegan que haya habido "cambios en su posición". Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, afirma que tuvo que adecuar sus "propuestas políticas" a los "cambios en el país":19
En estos doce años, lo que hemos visto es cambiar al país, y cuando cambia el país necesariamente se tiene que poner énfasis en lo que hace a las propuestas políticas o a las tomas de posición sobre las cuestiones políticas que están resaltando, sobre aquello que resulta más importante o se vuelve prioritario, lo cual no significa que las posiciones se modificaron
[...]. Insisto: hay cambios en el país y al cambiar las condiciones de un problema social y económico uno tiene que hacer referencia a ello. En 1988, por ejemplo, en el terreno económico, el problema principal era el tamaño en cifras absolutas de la deuda externa y lo que representaba del producto interno bruto del país. Hoy, la deuda sigue siendo un problema, pero tiene otras dimensiones en el conjunto de la economía (Gallegos, 2000).
Los políticos hacen referencia a cambios ocurridos en la sociedad. Salinas invoca, por ejemplo, la "acelerada dinámica demográfica" y el "vastísimo proceso de urbanización" (Salinas, 1990:27). Para Vicente Fox, es la sociedad la que obliga a los partidos a correrse al centro: "quien quiere gobernar tiene que colocarse en el centro", porque "los extremos ya no son aceptados por la sociedad" (Fox, 1999:146).
Pero hacen, sobre todo, referencia a los cambios en el entorno económico internacional y a los límites que estos les imponen. Para Salinas, una "gran transformación mundial" está en marcha: la "globalización de la economía, una revolución de la ciencia y la tecnología de alcances inimaginables, la formación de nuevos centros de financiamiento mundial y de nuevos bloques económicos, imponen una competencia más intensa por los mercados" y ninguna nación puede aislarse de esta transformación sin "graves consecuencias" (Salinas, 1990:29). Para Francisco Labastida, candidato presidencial del PRI en la elección de 2000, la globalización es "una realidad ineludible de nuestros días" que surge de "fuerzas irreversibles", por lo que "el dilema no es si participamos o no en la nueva dinámica del mundo", sino cómo aprovechar sus beneficios y evitar sus riesgos (Labastida, 2000:177-178).
Para Fox, no podemos, hoy, "renunciar al enorme potencial que representa la cercanía con el mercado más grande del mundo, ni encerrarnos en un nacionalismo a ultranza, sino salir a competir en el exterior y hacerlo con la seguridad de que podemos triunfar en estas aventuras inevitables que impone la modernidad" (Fox, 2000:97). Para Felipe Calderón, la "economía global" impone a México una competencia contra países en donde la energía es más barata, los impuestos más bajos y el sistema fiscal más simple, por lo que el reto es simple: aligerar los costos de las empresas para hacerlas competitivas (Calderón, 2006:67).
Cuauhtémoc Cárdenas, por su parte, observa desde 1994 que "las economías que avanzan, en cualquier país de cualquier continente, se mueven hacia la globalización". El reto, frente a "estas realidades, que son realidades de fuerza", es "buscar la inserción de nuestro país en la economía mundial en condiciones de equidad, no de subordinación, y a partir de decisiones y negociaciones soberanas, no de la imposición de dependencias y de actitudes entreguistas" (Cárdenas, 1994:158). Cinco años más tarde, Cárdenas concibe la globalización, al igual que el candidato del PRI, como una "fuerza irreversible" (1999:7).
Los políticos del PRI, del PAN y del PRD parecen coincidir en la percepción de la globalización como una fuerza irreversible que constriñe a los países, y que no deja otra alternativa que la inserción en el proceso.
Esta percepción no es, desde luego, privativa de los políticos mexicanos. Como observa Chantal Mouffe (1999:61), la globalización es la justificación que los políticos suelen dar al dogma según el cual "no existen soluciones alternativas". Así, para Anthony Blair, el "nuevo mercado económico mundial", los cambios tecnológicos y las transformaciones en el mercado del trabajo obligan a hacer a un lado las "viejas políticas" (Crowley, 1999:26), para enfrentar los desafíos de un "mundo llevado cada vez más lejos por el movimiento irresistible de la historia y la inventiva humana":
Un mundo tan rápido, tan competitivo que 90 % de los nuevos productos desparecen del mercado dos años después de haber sido lanzados. Mercados en los que las transacciones efectuadas en un día -1 300 billones de dólares- rebasan las reservas acumuladas de todos los países. Un mundo en el que, hoy, 40 de las 100 primeras potencias económicas son empresas, y no países. Un mundo en el que el espectro de la crisis-la recesión golpea a 25 % del planeta-no hace sino precipitar el cambio y acelerar el curso de los acontecimientos (Crowley, 1999:38).20
Esta percepción es, sin duda, reforzada por el carácter generalizado de la convergencia en torno a las políticas neoliberales. Como afirma Sarah Babb (2001:2), las "transiciones neoliberales" han ocurrido en casi todas partes, independientemente del nivel de desarrollo, del tipo de régimen o del contexto cultural. A propósito del caso chileno, James Petras observa que la constatación de que el modelo neoliberal estaba siendo aplicado en todos los países aceleró la "conversión ideológica" de los economistas socialistas y demócrata cristianos. Al percatarse de que la "modernización" experimentada por Chile entre 1983 y 1989 correspondía de cerca a las "tendencias modernizadoras a nivel internacional",21 estos empezaron a ver bajo una luz diferente el modelo aplicado por Pinochet y los Chicago Boys (Petras, 1994:63).
La afirmación de Cárdenas de que "las economías que avanzan se mueven hacia la globalización" parece confirmar, en el caso mexicano, la importancia acordada a las experiencias de otros países. Las políticas neoliberales parecen estar, así, cada vez menos ligadas a intereses o partidos específicos y haberse vuelto una suerte de "sentido común", de saber convencional retomado por políticos de derecha y de izquierda (Babb, 2001:5).22
En Un México para todos, propuesta programática de Cárdenas elaborada con miras a la elección de 2006,23 este se aleja de esta percepción que tiende a ver la globalización como una fuerza de la naturaleza. Deja de verla solamente como el resultado del avance tecnológico y de "fuerzas" impersonales, para tomar en cuenta a los actores que mueven los hilos. En la globalización, dice:
Un puñado de países con el más alto grado de desarrollo capitalista define e imponen al resto del mundo las políticas económicas, sociales y culturales y de relación internacional según sus intereses. A nombre del libre mercado y el flujo sin restricciones de mercancías y capitales [...] se arrogan el derecho a intervenir política o militarmente en cualquier país del mundo [...] y a fijar la orientación de su política económica (Cárdenas, 2005:13).
Esta presión se ejerce por medio de una serie de "instrumentos" de las "grandes potencias": Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, "empresas trasnacionales cada vez más concentradas" que ejercen un "creciente control" sobre la economía mundial (Cárdenas, 2005:14).
La sugestiva descripción que Andrés Manuel López Obrador hace, en los meses previos a la campaña de 2006, de las presiones de la globalización combina fuerzas impersonales y actores concretos:
Es obvio que la lógica de la economía global hoy tiende a desplazar a la lógica de la economía y de las políticas nacionales. Las nuevas tecnologías y los nuevos modos de producción globalizan tendencias al desempleo y acentúan las desigualdades. Todo se inclina a favorecer a los grandes actores económicos trasnacionales y a debilitar a los medianos y pequeños actores internos. El libre flujo de capitales, productos, ganancias, información y servicios erosiona las soberanías nacionales. Las instancias supranacionales, las corporaciones y el mercado financiero global ejercen fuertes presiones sobre los gobiernos (López Obrador, 2004:29-30).
Años más tarde, rumbo a la elección de 2012, López Obrador afirma que un "grupo internacional de potentados, que se sienten dueños del planeta", fue el que ordenó "a sus técnicos y políticos diseñar y aplicar un nuevo modelo que les permitiera dominar a los Estados nacionales y apoderarse de los recursos naturales y de los bienes de la inmensa mayoría de los seres humanos". Este grupo y sus ideólogos "divulgaron y convirtieron en dogma criterios tan absurdos como la supremacía del mercado", proclamando que "la privatización era la panacea" y que "el nacionalismo económico era anacrónico y la soberanía nacional un concepto caduco frente a la globalidad" (López Obrador, 2010:15).
El discurso sobre el carácter inevitable de la inserción en la globalización y las presiones que conlleva se acompaña, en algunos casos, de otra justificación, expresada en forma velada: el temor a provocar inestabilidad o de comprometer el futuro. Para Salinas, este argumento adquiere una lógica darwiniana. En la gran transformación en curso, "nadie tiene asegurado el futuro", y las naciones que no muestren la suficiente capacidad de adaptación (el cambio mundial -dice-" pone en tela de juicio a toda rigidez y a los dogmas que no permitan ajustes en la escala y a la velocidad requeridos") corren el riesgo de comprometer la viabilidad de su proyecto nacional (1992:29).
Cárdenas, por su parte, justifica así, en 1994, su rechazo a los "cambios traumáticos":
No se trata de plantearnos cambios traumáticos. Graves son ya los deterioros de los niveles de vida, el creciente desempleo y la destrucción de nuestras capacidades de producción ocasionadas por este gobierno como para someter a más sobresaltos y a más restricciones a la población. Es necesario, sí, decidirse a resolver los problemas del país, [pero] con los pies en el suelo, reconociendo las realidades existentes, nuestras potencialidades y posibilidades (Cárdenas, 1994:184).
De la misma manera, en su discurso de Davos (1999), Cárdenas ofrece "un cambio de rumbo y de política que dé garantías a todos", no una "nueva aventura" (Cárdenas, 1999:21). En un ensayo sobre los "caminos de la izquierda" en los tiempos actuales, Cárdenas reitera, en términos muy parecidos, que la izquierda no puede "caer en planteamientos o adoptar posiciones fuera de la realidad". Esta-afirma- debe impulsar sus proyectos políticos "con los pies en la tierra y sin desconocer realidades" (Cárdenas, 2003:47).24 Para no generar inestabilidad económica ("sobresaltos"), que a su vez sometería a la población a "más restricciones", la izquierda debe, pues, proponer soluciones realistas a los problemas del país.
El reconocimiento de las presiones del entorno económico, ya sea que estas provengan de la intensificación de los intercambios económicos y comerciales, o de actores externos concretos (las instituciones financieras multilaterales, las empresas trasnacionales, los mercados financieros), no lleva, sin embargo, a los políticos a admitir que no hay alternativa y que tienen las manos atadas, como sí lo hacen otros actores. Rogelio Ramírez de la O, asesor en temas económicos de López Obrador, por ejemplo, admite que no hay, en la globalización, una alternativa al modelo de "mercado con responsabilidad social" propuesto por Carlos Salinas: "Es que no hay otro que pueda darte crecimiento sostenido en la globalización. No hay otro" (Milenio, 2006).
De los discursos parecen desprenderse tres ámbitos para la acción de los políticos: propiciar que se aprovechen las oportunidades que ofrece la globalización y que se eviten sus efectos más negativos; buscar incidir en las reglas del orden económico internacional; aprovechar los márgenes de maniobra que permiten los mercados globales.
Francisco Labastida identifica, al lado de las "oportunidades" que ofrece la globalización, una serie de "riesgos" asociados a este proceso, "entre los que destacan la globalización del hambre, la pobreza, la volatilidad financiera" que constituyen la "cara oscura de la globalización". El "reto" (para los políticos) es "aprovechar al máximo sus beneficios", pero conciliando "la eficacia económica con las demandas sociales" (Labastida, 2000:177-178).
Cuauhtémoc Cárdenas, por su parte, identifica en la globalización "dos fuerzas o tendencias antagónicas: una de ellas tiende a abarcar e integrar, la otra a desplazar y desintegrar". Esta última se manifiesta en los "sectores y actividades menos dinámicos" que, al quedar fuera de la competencia, generan "zonas muy vastas de desintegración, geográficas y poblacionales":
Segmentos enteros de la población tienden a quedar desempleados e incluso a marginarse del mercado de trabajo sin posibilidades de reintegración. Porciones enteras de los distintos territorios nacionales son desplazadas o relegadas y hasta países enteros dejan de participar en las corrientes dinámicas y dominantes de la economía mundial (Cárdenas, 1999:9).
Corresponde a los políticos proponer políticas que "se hagan cargo" de estos efectos. Cárdenas plantea, así, articular una estrategia de desarrollo nacional "que se haga cargo" de la "exacerbación de las desigualdades geográficas y sectoriales que el proceso de liberalización económica ha generado hacia adentro del país" (Cárdenas, 2005:18).
Los políticos pueden también buscar influir en las reglas del orden económico internacional. Para "contrarrestar los efectos negativos del intercambio desigual en las relaciones económicas", Miguel de la Madrid se pronuncia por "promover la acción concertada de la comunidad internacional" (De la Madrid, 1988:171). Para Cárdenas, una "condición necesaria" para la construcción de un "proyecto de nación diferente al que las fuerzas de la derecha y el neoliberalismo impulsan en la actualidad" es "reivindicar una integración mundial equitativa, distributiva, incluyente y democrática" y promover una "reestructuración global que forje condiciones de igualdad en el funcionamiento de los organismos económicos multilaterales [...] y regule con equidad los flujos mundiales de capital, mercancías e información" (Cárdenas, 2005:15-16).25
¿No es este un reconocimiento implícito de que no es posible, en el orden económico internacional actual, promover un "proyecto de nación" diferente al neoliberal?, ¿de que los políticos que quisieran cambiar el orden establecido no pueden hacer gran cosa a nivel nacional si no cambian primero las reglas del juego económico mundial?
Los políticos pueden, por último, aprovechar los márgenes de maniobra que permiten los mercados globales. Así, López Obrador afirma que, no obstante las fuertes presiones que las instancias supranacionales, las corporaciones el mercado financiero global ejercen sobre los gobiernos, "hay márgenes para emprender un modelo de desarrollo propio" (López Obrador, 2004: 29-30).
Los márgenes consisten a menudo en aumentar los recursos para el desarrollo sin incrementar el déficit presupuestario. Vicente Fox, por ejemplo, menciona, entre los ocho principales "compromisos" que contempla su "nuevo proyecto de nación", el incremento de los "recursos para el desarrollo", lo que implica llevar a cabo la "reforma fiscal integral" (Fox, 1999:165). Para Cárdenas, se debe incrementar el presupuesto necesario para que el Estado cumpla con su responsabilidad social. "Los recursos que el Estado necesita [...] pueden obtenerse a través de una reforma fiscal equitativa" (Cárdenas, 2005:21-22).
La descripción que Rogelio Ramírez de la O hace del origen del programa económico de López Obrador pone en evidencia los límites presupuestales a los que se enfrentan los políticos:
[...] Definimos [los temas fundamentales del programa económico] cuando comenzamos a ver cuáles eran los posibles márgenes de maniobra para el manejo presupuestal.
Entonces allí, viendo el presupuesto como porcentaje del producto interno bruto, gasto-ingreso y la composición del gasto, él [López Obrador] comenzó a generar ideas de cuánto podría tener adicionalmente de gasto social y cuánto se podría reducir de gasto corriente. Esa fue la piedra angular del programa económico en lo macro (Milenio, 2006).
De acuerdo con Ramírez de la O, se consideró que al aumentar la recaudación tributaria en un punto del PIB se podrían quitar dos puntos al gasto corriente para destinarlos a gasto de inversión (un punto a inversión en energía y otro a infraestructura). "Entonces son tres puntos con los que empezamos a imaginarnos la estructura presupuestal, y de allí salió el programa de recortes de 100 mil millones de pesos" (Milenio, 2006). Un punto del pib a gasto social y dos a gasto de inversión: tales parecen ser, del lado de las limitaciones presupuestales, los "márgenes para emprender un modelo de desarrollo propio" (López Obrador, 2004:30).
Conclusiones
Las presiones de la globalización y de los actores económicos externos sobre el conjunto de los partidos políticos no son, en el caso mexicano, fáciles de comprobar. Sin duda es posible establecer la influencia creciente que actores como el Fondo Monetario Internacional empiezan a tener sobre las políticas públicas a partir de mediados de la década de 1970, y sobre todo de 1982. Pero, como ya he argumentado, no es posible determinar si esa presión habría tenido los mismos efectos si el gobierno hubiera estado encabezado por políticos menos proclives a la ideología neoliberal. En efecto, la presión directa de los organismos financieros multilaterales se ejerce fundamentalmente sobre los partidos y los políticos que se encuentran en el poder.
En cuanto a la presión indirecta que ejercen los mercados financieros, esta resulta, por razones similares, igualmente difícil de constatar. Hemos visto, sin embargo, que puede ser observada en su interacción con los candidatos durante las campañas electorales. Estos últimos mandan "señales" (promesas de políticas públicas) y ofrecen garantías a los mercados, que a su vez reaccionan con expresiones de confianza o de desconfianza. Pero si los mensajes cruzados constituyen, sin duda, indicios de una presión de los primeros sobre los segundos, resulta difícil, por no decir imposible, evaluar el alcance de esta presión y, sobre todo, si es o no determinante en la evolución ideológica y programática de los partidos y de los políticos.
La manera en que los políticos justifican los cambios en los programas e ideologías de sus partidos (o en sus propias posiciones) sugiere que esta presión es fuerte. Los políticos de los tres principales partidos políticos mexicanos (PRI, PAN y PRD) ven, en efecto, estos cambios como una necesaria adaptación a los ocurridos en el entorno internacional durante las últimas décadas. Todos coinciden en la percepción de la globalización como una fuerza irreversible que constriñe a los países y a la cual hay que sumarse.
En estas percepciones hay, sin embargo, algunos matices. Mientras que los políticos del PRI y del PAN tienden a ver el proceso de globalización como resultado de fuerzas esencialmente impersonales y de cambios tecnológicos, los políticos perredistas, sin negar estas fuerzas, también toman en cuenta a los actores externos involucrados: países más avanzados, instituciones financieras multilaterales, empresas multinacionales, mercados financieros globales.
A la justificación por las presiones del entorno se añade, en el caso de algunos políticos, otra que pone por delante el temor a generar inestabilidad o a comprometer el futuro. Para Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, la izquierda debe abstenerse, para no generar "sobresaltos" que puedan someter a la población a mayores sacrificios, de proponer cambios "traumáticos", y proponer soluciones realistas a los problemas del país.
El reconocimiento de las presiones del entorno económico, ya sea que provengan de la intensificación de los intercambios económicos y comerciales, o de actores externos concretos (las instituciones financieras multilaterales, las empresas trasnacionales, los mercados financieros), no lleva, sin embargo, a los políticos a admitir que no hay alternativa y que tienen las manos atadas. Tres ámbitos para la acción de los políticos se desprenden de los discursos: propiciar que se aprovechen las oportunidades que ofrece la globalización y que se eviten sus efectos más negativos; buscar incidir en las reglas del orden económico internacional; aprovechar los márgenes de maniobra que permiten los mercados globales.
La creencia, compartida por los políticos de los tres principales partidos, de que la globalización y los cambios asociados a esta en el terreno de las políticas públicas (que pueden resumirse en privatización, liberalización, desregulación) son inevitables, permite entender que estos (y sus respectivas organizaciones partidarias) se muevan hacia programas y planteamientos ideológicos cada vez más parecidos, alineados sobre los principios del neoliberalismo.
