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Crisis de autoridad y violencia social: los linchamientos en México

 

Authority crisis and social violence: lynching in Mexico

 

Raúl Rodríguez Guillén*

 

* Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, coordinador del Grupo de Investigación Sociología de la Política y Políticas Públicas. Correo electrónico: <raulrodriguezguillen@yahoo.com.mx>.

 

Artículo recibido el 15 de agosto de 2011
Aceptado el 29 de junio de 2012

 

Resumen

La crisis de autoridad es la causa más profunda de la violencia social y la indignación moral; es el detonante que expresa que los límites sociales se han roto y es necesario poner coto a la corrupción e ineptitud de las autoridades, así como al abuso que cometen en contra de la sociedad. En el presente artículo mostramos cómo los linchamientos son una de las formas de violencia social que muestran el hartazgo de la sociedad frente a la autoridad que no actúa o que lo hace de manera incorrecta.

Palabras clave: linchamientos, violencia social, crisis de autoridad, indignación moral, usos y costumbres.

 

Abstract

The authority crisis is the deepest cause of social violence and moral indignation; it is the catalyst expressing that the social boundaries have been broken and it is necessary to curb authorities' corruption and ineptitude, as well as the abuse they have committed against society. In this article we demonstrate how lynching is a manner of social violence that exhibits society's fill of the authority that does not act or acts wickedly.

Key words: lynching, social violence, authority crisis, moral indignation.

 

Violencia social y crisis de autoridad

La violencia común, lo mismo que la violencia que ejercen grupos más o menos organizados, son expresión de la crisis de autoridad o del estado que se vive en México y cuya tendencia principal la encontramos en el crecimiento sin límite de la delincuencia (individual y organizada). Sin embargo, son las ejecuciones (de civiles, policías, funcionarios públicos, militares, etcétera), los enfrentamientos entre bandas organizadas y policías o militares y los linchamientos, las expresiones en las que podemos tener un referente más acabado del grado de erosión de las instituciones y de los niveles de corrupción de las personas que tienen como función hacer respetar la ley y el orden social y político. Las ejecuciones y los linchamientos se pueden analizar como expresión de violencia social localizada, en la que grupos de colonos, miembros de una comunidad o grupos de la delincuencia organizada ejercen la violencia frente a situaciones o condiciones que ponen en riesgo los principios de convivencia pacífica. Reflexionar sobre la violencia implica necesariamente pensar el problema de la crisis de autoridad, debido a que ambos se encuentran unidos por un elemento común: la acción colectiva¹ que señala que los límites sociales se han roto y que es necesario restituir o cambiar la autoridad o sus fundamentos (leyes e instituciones), o bien ambos al mismo tiempo.

Una primera manifestación de la violencia social es la que podríamos llamar resistencia, y esta puede tomar formas violentas, expresarse en la negativa a cooperar o bien manifestarse como la negativa a adoptar una práctica social desconocida o nueva; el sabotaje es otra de sus formas. Pero como violencia práctica la encontramos en el ejercicio de la presión, el uso de la fuerza, la cohesión; en suma, el poder sobre otros. La violencia puede ser individual o estructural. La primera la ejercen individuos que, en posesión de medios técnicos, son capaces de imponer su voluntad a otro u otros (ejemplo típico es el del ladrón que somete a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias), el agresor puede ser identificado, es la violencia frente a frente. La segunda forma es de carácter social, se da como expresión de desigualdades de poder y condiciones de vida.²

La violencia, al igual que el poder, es una manifestación universal. La podemos encontrar en toda sociedad y bajo diversas formas como expresión moral de la razón y la pasión en el actuar de sujetos que ejercen su libertad. Todo actuar colectivo es un actuar moral, aun cuando manifieste malestar y se desborde en pasión pura. El origen de la violencia es exterior al individuo, pero expresa su subjetividad en una relación concreta volviéndola un proceso íntimo; es decir, manifiesta la falta de límites en la acción o relación con los demás. Así, la violencia es expresión de la crisis de autoridad, en la que un hombre o un grupo de hombres desean expresar su inconformidad con un orden que ha dejado de ser referente de su actuar, cuyo sentido privilegia nuevos valores, intereses, mitos y ritos.

La violencia es un medio, es instrumental y no deja de tener una carga moral, siendo, como es, expresión social. Pero la violencia, como todos los medios, precisa una guía y una justificación, lo cual nos permite conocer la razón misma de la violencia. No creemos que los fines justifican los medios, pero es necesario conocer los fines para entender el carácter de la violencia misma.

Violencia y poder son una díada inseparable, el uno es condición del otro, el poder tiene como origen y fundamento a la violencia misma, pero cuando la violencia se hace acompañar de una multitud, de un grupo, cuando es colectiva, expresa "rebelión o bien estabilidad social". En tal sentido, Nicolás Maquiavelo decía: "Así es la índole de la multitud, o sirve con humildad o domina con insolencia [pero] no se debe culpar a la multitud más que a los príncipes, porque todos cometen demasías cuando nada hay que las contenga" (Maquiavelo, 1971: 145). Completaba su idea con el señalamiento de que las faltas que cometen los pueblos provienen de la negligencia o las faltas de los gobernantes; es decir, en última instancia, los gobernantes son los autores de la violencia que priva en la sociedad. Cuando los gobernantes cumplen con su función y esta es reconocida por la sociedad, la autoridad se mantiene y mantiene alejado el peligro de la violencia. El grado de erosión de la autoridad se puede medir por el nivel del agravio sufrido por una sociedad (por el grupo de colonos, por los pasajeros de un microbús, por una comunidad), así como por la violencia desarrollada.

La falta de un poder común o bien la ausencia de autoridad son la causa de la violencia; la ausencia de derecho, legalidad o justicia, porque donde no hay poder común, la ley no existe, y donde no hay ley, no hay justicia. No podemos dejar de pensar en la violencia sin remitirnos a la autoridad, la ley y la justicia. Es de reconocer que hoy día existen grupos de la sociedad, cada vez más numerosos, que han generado prácticas que no están reconocidas por la ley, pero tampoco están prohibidas, o bien están prohibidas pero no son castigadas. A estas últimas pertenecen las ejecuciones y los linchamientos, pues la violencia puede servir para dramatizar las reivindicaciones y llamar la atención pública, para decir: aquí estoy, el orden está fallando o ya no funciona. Pero curiosamente, encontramos la violencia como fundamento último del mismo orden.

La crisis de autoridad apunta a una erosión de los fundamentos del Estado, primero en la desobediencia a la persona en la que recae la autoridad y símbolos, para pasar a cuestionar después sus instituciones y las leyes que lo soportan. Una crisis de autoridad puede ser superada con la modificación de prácticas de algunas de las personas en las cuales recae la función pública y que no cumplen con esta. Una crisis del Estado de derecho implica cambiar el conjunto de su arquitectura institucional y constitucional. Crisis de autoridad y crisis del Estado de derecho son grados diferentes de un mismo fenómeno; en una basta con restituir los fundamentos de la legitimidad; en la otra es necesaria una reforma profunda de las bases institucionales y constitucionales,³ pero en ambas la violencia es el símbolo de la erosión que se vive.

La violencia se justifica solo cuando se ejerce como forma de defensa, como razón última. La violencia como venganza, entendida como forma única de emparejar las cosas, como medio para restablecer la convivencia, "únicamente debe oponerse la fuerza a la fuerza injusta e ilegal" (Locke, 1982). A decir de T. Hobbes el Estado de naturaleza es violencia cruda, simple, sin adjetivos; mientras que para J. Locke, en la sociedad civil la violencia es justa o injusta, dependiendo de las razones, por lo cual es posible que la sociedad se rebele contra los gobernantes, o bien se defienda ante cualquier acto en contra de su libertad, su propiedad, su dignidad o su vida. La falta de un poder común, de un juez imparcial o una ley reconocida por la mayoría son causas de la violencia, así como la inobservancia de la ley por parte de un miembro de la sociedad o por una autoridad que con sus actos agravia a la sociedad. Se puede preguntar si en México existe ley reconocida y juez imparcial, si la autoridad cumple las funciones para las cuales fue investida, si la sociedad reconoce tal autoridad o bien, si la violencia es expresión de su crisis.

El fenómeno de los linchamientos ha registrado un importante crecimiento durante los años recientes en diferentes países de América Latina; la situación obliga a reflexionar sobre lo novedoso de esta forma de violencia colectiva. No son muchos los investigadores que han deliberado al respecto, más bien ha sido un tema que llena las páginas de la nota roja de diferentes diarios y algunos editoriales en noticiarios de radio y televisión, los cuales hemos leído o escuchado en algún momento.

En este contexto, a lo largo de las dos últimas décadas se han registrado más de 200 linchamientos o intentos de linchamientos en diferentes estados de la República (cuadros 1 y 2). Esto implica un promedio anual de 11 situaciones de ese tipo, en las que llama la atención la violencia ahí expresada, con la participación de hombres y mujeres de diferentes edades que intervienen de manera directa o bien instigando la violencia. Se trata de agresiones y castigos contra individuos a quienes se les asocia con la tentativa de robo, violación, abuso policiaco, atropellamiento, secuestro, entre otras imputaciones. Causalidades que sin embargo, es importante no mitificar, dado que los hechos de violencia que les siguen ocultan motivos más profundos que es necesario investigar para poder explicar el fenómeno del linchamiento. El descontento casi siempre presente parece proceder de algo más que el hecho inmediato: no se puede explicar la indignación individual -y menos la colectiva- por un robo, un atropellamiento o algún abuso policiaco.

Es necesario enfatizar que la problemática a la cual nos enfrentamos, como integrantes de una sociedad no es un linchamiento aislado -por ejemplo, el ocurrido en Tláhuac, Distrito Federal-, sino una amplia secuencia de linchamientos a lo largo y ancho del país tanto en zonas urbanas como rurales. Lo que hoy se manifiesta como violencia colectiva parece ser un amenazador referente del punto de erosión que se vive en la autoridad administrativa, política y religiosa, así como al interior de la familia, las comunidades, barrios y colonias de las diferentes entidades del país. Parece ser que la violencia es, a fin de cuentas, ausencia de autoridad, y señala los límites que cada grupo de colonos, miembros de una comunidad o un pueblo están dispuestos a tolerar antes de tomar medidas directas y drásticas, como son los linchamientos. Si bien la violencia es condenable desde cualquier punto de vista, es necesario explicar su origen y manifestaciones.

Lo anterior nos lleva a plantear una serie de preguntas que buscan comprender las causas de la violencia, tanto individual como colectiva, que se expresa en los linchamientos. ¿Acaso la violencia expresa la descomposición social? ¿Por qué se llega a un grado de irritación social tal que un grupo de personas decide linchar a uno o varios individuos? ¿Es acaso el linchamiento una forma de ejercicio de la justicia de manera directa, por encima y aun en contra de la misma autoridad? El número de preguntas se puede incrementar pero es a las anteriores a las que se trata de dar respuesta en las siguientes páginas.

La crisis de autoridad expresa la causa más profunda de la violencia social; así, lo que se pretende es explicar los linchamientos a partir del vacío que tanto autoridades legales como tradicionales han generado, el cual es ocupado por la violencia de diferentes formas. La crisis de autoridad se acompaña de un sentimiento de indignación compartido por individuos y grupos de colonos o pobladores de comunidades, que ante la falta de respuesta de las autoridades o la ausencia de seguridad, estalla ante el menor pretexto y se expresa como violencia incontenible.

El aumento del robo con violencia, la violación, el secuestro y los abusos de miembros de los cuerpos policiacos, así como la incompetencia y corrupción que priva en el Ministerio Público⁴ marcan el ritmo de la violencia social y el grado de erosión de la autoridad policiaca y administrativa. Los delitos antes mencionados, son la causa del mayor número de linchamientos, así como del número creciente de presos en las cárceles de México, lo cual representa una parte de la violencia social.

Los linchamientos⁵ en Oaxaca, Morelos, Guerrero, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Chihuahua y otros lugares, así como las rebeliones en Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca, en las cuales grupos de la sociedad y comunidades enardecidas deciden hacer justicia por propia mano, son el objeto de mi reflexión.

Ahora bien, la indignación moral que antecede a la violencia, no es, como dice Smelser (1989), expresión de la frustración individual transformada en conducta colectiva que adquiere forma en la multitud. No tiene un carácter irracional, ni es una conducta anómica, en el sentido de Emile Durkheim (1997a); tampoco es la manifestación de un elemento enfermo del sistema social, como plantea Alaine Touraine (1987), pues no es expresión de la falta de adaptación a una nueva situación. Es, a nuestro entender, un rechazo a la autoridad que no cumple y un intento por restablecer los principios de convivencia pacífica; es un poner límites sociales al abuso de autoridad, la impunidad y el aumento de la delincuencia. Es un querer restablecer los principios de armonía, de convivencia pacífica, y al mismo tiempo de los órganos encargados de que se cumpla la ley.

Con esto no queremos decir que los linchamientos sean expresión de una causa justa, ni mucho menos que la violencia sea la mejor forma de solucionar los conflictos; simplemente señalamos que los linchamientos tienen cierta connotación de acción colectiva capaz de generar simpatía entre grupos de la sociedad. Al margen de si tiene o no un carácter legitimo o cuándo es que lo tiene, es necesario identificar las causas de los linchamientos.

Hablar de violencia colectiva es hablar del orden social y político, es hablar de crisis de autoridad, es considerar hechos que aparecen como nota roja en los diarios en su dimensión política, en la que un crimen realizado por un grupo o una comunidad adquiere significado para el conjunto de la sociedad y para las autoridades. Cuando la sociedad lincha pone en tela de juicio a las autoridades, la justicia, los cuerpos policiacos y el Ministerio Público. Cuando la nota roja en forma reiterada da cuenta de ejecuciones, motines, y linchamientos, indirectamente da cuenta del incremento de la violencia, de la delincuencia, de la crisis de autoridad, al mismo tiempo que de la incapacidad para explicar la naturaleza del fenómeno que es el motivo del presente estudio.

Pretendemos explicar las causas y el fenómeno de los linchamientos, así como las regiones donde este se expresa con mayor frecuencia, sin olvidar que el robo, la violación y el abuso de autoridad son las causas inmediatas que se asocian a los linchamientos. Destacan México, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Morelos Guerrero como las entidades donde el linchamiento y su tentativa han registrado un mayor incremento. En ellas se concentran alrededor del 70% de los casos registrados (cuadro 3). En contra de lo que suele creerse, los usos y costumbres no son la causa del fenómeno, que tampoco está asociado al carácter rural de las comunidades. Diferimos de quienes afirman que los usos y costumbres son la causa de los linchamientos, y recurrimos a varios ejemplos de linchamientos en zonas netamente urbanas y con actores también urbanos.

La relación entre crisis de autoridad y violencia se encuentra atravesada por lo que denominamos indignación moral. Destaca su carácter colectivo compartido por grupos de individuos agraviados por la delincuencia y la negligencia de jueces y Ministerio Público, así como el abuso de las autoridades policiacas locales, estatales y federales.

Los linchamientos pueden ser explicados desde diferentes enfoques o bien a partir de una sola perspectiva en la que existe variedad de matices. Pero es ante la ausencia de un poder reconocido capaz de contener la conflictividad social, o a falta de un juez imparcial y leyes que expresen las necesidades sociales o ante el incumplimiento de su función por parte de uno o varios miembros de la autoridad, que la sociedad queda en situación de manifestarse por medio de la violencia. La ley, el juez o el poder reconocido son, en suma, expresión de la autoridad y del orden, y su crisis es causa de la violencia social y política.

Consideramos que la principal causa de los linchamientos es la crisis de autoridad, expresada por el incremento de la delincuencia sin castigo o con castigo insuficiente, o bien, resultado de la corrupción o negligencia de jueces, Ministerio Público e integrantes de cuerpos policiacos. Es esta la causa profunda.⁶ Es necesario entender que los miembros de la sociedad rechazan de manera individual a policías y ladrones por igual y extienden ese rechazo a los miembros del gobierno en general, pero es cuando adquiere un carácter colectivo y en la práctica se convierte en violencia, que nos referimos a la indignación moral.

Entendemos por indignación moral el punto de quiebre en el que la sociedad o un grupo más o menos organizado de esta expresa mediante la violencia colectiva el rechazo a diferentes formas de alterar los ritmos de la vida cotidiana; cuando las ofensas de algún miembro de la sociedad o de alguna autoridad estatuida generan el descontento, pero ya no a nivel individual, sino colectivo. La indignación moral se expresa casi siempre como acción colectiva y la violencia es el medio por el cual se pretende ejercer el reclamo, que los individuos por sí mismos, no podrían llevar a cabo. Es una forma de poner límite a diferentes acciones individuales y organizadas que ofenden la dignidad, la propiedad y la vida de las personas de manera constante y a grado tal que generan condiciones para estallidos violentos.

La violencia expresa la indignación moral de grupos de colonos o miembros de una comunidad que han decidido poner coto a la violencia de la delincuencia y los abusos de la misma autoridad. Cuando decimos que la indignación ha alcanzado el rango de moral nos referimos a que a) la acción deja de ser individual y se convierte en colectiva; b) quienes actúan expresan lo que otros piensan aunque no lo lleven a la práctica, y c) la violencia que se expresa en los linchamientos es aceptada, es decir, goza de la legitimidad que la autoridad ha perdido. A decir de Emile Durkheim (1997a), "una regla moral expresa, [...] esencialmente necesidades sociales". El buen funcionamiento de la autoridad es una necesidad social; frente a la ausencia o incompetencia de esta, la violencia se convierte en su sustituto. Una necesidad social, en el México contemporáneo, es la seguridad en cuanto a los bienes, la vida y la dignidad, así como el rechazo a los abusos de la autoridad.

La crisis de autoridad y la violencia colectiva se presentan en México como expresión social de los cambios en sentido contrario entre las prácticas de la autoridad y las de la sociedad, que sin un rumbo definido y bajo el signo de la crisis pone en tela de juicio a algunas instituciones y leyes, así como su aplicación incorrecta. La indignación moral es el puente entre ambos. Nos indignamos cuando algún problema que tiene solución no se resuelve como debe ser o como esperamos; también cuando la autoridad, abusando de sus facultades, se excede en sus funciones. La violencia ofende a la sociedad cuando rebasa los límites tolerados; es de señalar que los límites no son fijos para toda sociedad y época. En tal sentido, Hannah Arendt dice: "La rabia sólo brota allí donde existen razones para sospechar que podrían modificarse esas condiciones y no se modifican. Sólo reaccionamos con rabia cuando es ofendido nuestro sentido de la justicia y esa reacción no refleja necesariamente en absoluto una ofensa personal" (Arendt, 1973: 163). Es decir, cuando tal ofensa adquiere un carácter colectivo se convierte en guía, no en justificación, de la violencia misma.

Son la violencia en general, el robo, la violación, el secuestro⁷ y los abusos por parte de miembros de los cuerpos policiacos preventivos, ministeriales, estatales o militares, así como la incompetencia y la corrupción que privan en el Ministerio Público, los que marcan el ritmo de la violencia social y el grado de erosión de la autoridad policiaca, administrativa y política. Son los delitos antes mencionados la causa inmediata del mayor número de linchamientos en el México contemporáneo (cuadro 4), lo que representa una parte de la violencia social.⁸

Los linchamientos expresan la violencia en la cual grupos de colonos de alguna ciudad o integrantes de determinada comunidad deciden "hacer justicia" por propia mano, considerando que: primero, son actos violentos en los cuales algunos grupos de la sociedad deciden poner un coto a los abusos de autoridad y a la negligencia de jueces, policías y funcionarios públicos; segundo, la violencia social tiene carácter político en la medida en que se cuestiona la autoridad en sus distintos niveles, así como el orden político y social existentes; tercero, la acción social-colectiva pretende restablecer el orden, aunque sea por medios violentos.⁹

El literario espíritu de Fuenteovejuna o el hacer justicia por propia mano, evidencia los momentos cruciales de la crisis por los cuales atraviesa el aparato judicial y policiaco en el país, así como el alto grado de inconformidad de la sociedad ante la impunidad, el abuso y la prepotencia de las autoridades civiles, judiciales, militares y policiacas. Cuando nos referimos al espíritu de Fuenteovejuna queremos significar las condiciones, tanto materiales como psicosociales, que confluyen en un momento determinado y que generan la posibilidad de la violencia colectiva.

En el sentido antes mencionado, Carlos M. Vilas (2001a: 134), señala:

El discurso de los actores políticos convencionales (por ejemplo dirigentes, partidos, dependencias gubernamentales, sindicatos, cámaras empresariales) suele poner el acento en los referentes macropolíticos y macrosociales de la legitimidad, pero la mayoría de la gente construye sus juicios de legitimidad en el nivel microsocial sobre el cual posee, o espera poseer, alguna capacidad de decisión. La legitimidad se expresa de manera concreta en la vida diaria, en el plano existencial, y se construye a partir del efecto en ese nivel de los procesos macrosociales, macroeconómicos y macropolíticos.

La crisis de autoridad en el nivel microsocial es a la que nos referimos y es el nivel en el cual se expresa como indignación moral y violencia colectiva, cuando la violencia se vuelve recurrente. Entonces podríamos señalar que se encuentran en crisis los fundamentos del Estado; es decir, entraríamos en el nivel macrosocial y macropolítico.

Un punto en el cual coincido con Carlos Vilas (2001a: 131) es en la caracterización de la violencia como una "reacción a la ineficacia de las instituciones públicas para hacer efectiva su propia legalidad". Considero que lo que Vilas llama "ineficacia de las instituciones públicas" es lo que hemos llamado crisis de autoridad, el punto de quiebre en el que las instituciones o los hombres investidos de autoridad han cedido, que se manifiesta como negligencia en su función, abuso de la misma, corrupción o interpretación equívoca de la ley. La violencia ocupa el lugar que la autoridad, tanto tradicional como racional, ha dejado de ocupar; la violencia ocupa el vacío de autoridad que expresa la crisis.

Comparto con Carlos Vilas (2001b: 128-129) que son "el clima de inseguridad generalizada y la convicción respecto de la inoperancia o la complicidad de las instituciones públicas [los que] definen el trasfondo social de los linchamientos", a lo cual agrega que "los linchamientos tienen mucho de explosión de ira, lo cual contribuye al carácter brutal e incluso desproporcionado de la violencia que ejercen contra sus víctimas". La inseguridad y la negligencia, así como la inoperancia institucional, son expresiones de la crisis de la autoridad en el nivel microsocial y micropolítico y contribuyen a generar desconfianza y enojo entre los miembros de la sociedad. Se trata de un enojo primero individual, pero compartido, que en un momento determinado adquiere un carácter colectivo, y en momentos coyunturales, cuando llega a coincidir, se expresa en forma de una indignación moral compartida que marca el límite tanto a los individuos como a los grupos que han hecho del delito una forma de vida como a la autoridad que los tolera o que comparte con ellos el botín.

En tal sentido, para explicar el fenómeno de los linchamientos consideramos como punto de partida a la autoridad que ha dejado de operar o que lo hace incorrectamente, y aun cuando el contexto sea de crisis económica, no es en esta donde encontraremos la explicación. Por tanto, la crisis de autoridad es la causa de explicación más profunda del origen de la violencia y en particular de los linchamientos. Buscar en otro lugar impide avanzar en su explicación. Así, cuando Carlos M. Vilas, Carlos Monsiváis, la Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala y José Luis Soberanes Fernández señalan que la falta de conformación del Estado de derecho es la causa, equivocan el nivel de análisis. Esa conclusión sería procedente solo si el fenómeno de los linchamientos se extendiera a lo largo y ancho de México o de cualquier otro país, y al mismo tiempo se incrementara su incidencia al grado de convertirlo en una forma de resolver los conflictos aceptada por la sociedad. Es decir, que la práctica de la violencia adquiriera el rango de uso y tendiera a convertirse en costumbre o referente para introducir una nueva legalidad.

Injusticia e indignación moral son una díada inseparable que a partir de la crisis en la impartición de la justicia y el abuso de los cuerpos policiacos permite explicar la acción colectiva de una comunidad enardecida que se hace "justicia" por propia mano con el fin de restaurar el orden, expresando "la extraordinaria pretensión de que la fuerza y el espíritu del populacho son necesarios para poner en vigor las leyes" (Thompson, 1979: 87). La sociedad actúa, casi siempre, conscientemente y detrás de su acción podemos encontrar un claro mensaje de que las cosas no están funcionando como deberían. El actuar violento y colectivo no es solamente una llamada de atención, es en sí una propuesta de restitución del orden, que de no ser atendida se puede transformar en una propuesta de cambio.

A decir de Barrington Moore (1989), una determinada acción violenta se puede convertir en la base de una nueva legalidad. Agregaríamos: cuando dicha acción se acompaña de la idea de restituir o cambiar el orden y se convierte en justa, legítima y portadora de un código de valores que cohesionan a los actores del drama. A su vez, Hannah Arendt (1973: 87) señala: "La ley puede, desde luego, estabilizar y legalizar el cambio, una vez que se haya producido, pero el cambio es siempre resultado de una acción extra-legal". Acción extralegal que cuenta, por supuesto, con el consentimiento de una parte significativa de la sociedad en cuestión, lo cual le confiere un carácter de legitimidad.

La cohesión social puede explicarse por la armonía de las instituciones con la sociedad, o bien, por un creciente rechazo de esta a las instituciones o a sus representantes; en ambos casos no se trata de una expresión de anomia, en el sentido utilizado por Emile Durkheim, sino más bien de un principio de cambio con conservación de valores, cuyo fin es la restitución del orden quebrantado. La crisis de autoridad apunta a una erosión de los fundamentos del Estado, primero por la desobediencia a la persona en la que recaen la autoridad y símbolos, para pasar a cuestionar después sus instituciones y las leyes que lo soportan.

Decir que los linchamientos en México son expresión de la crisis del Estado de derecho es pretender que este ha sido rebasado en sus bases normativas y es necesario modificarlas, al igual que las instituciones que le dan vida. Pero cabe señalar que hoy día bastaría con hacer cumplir puntualmente las leyes y erradicar la corrupción que envuelve a los cuerpos policiacos, Ministerio Público y jueces para que el Estado recupere parte de la legitimidad perdida. Una crisis de autoridad puede ser superada con la modificación de prácticas de algunas de las personas en las cuales recae la función pública y que no cumplen con ella. Una crisis del Estado de derecho implica cambiar el conjunto de su arquitectura institucional y constitucional.

Crisis de autoridad y crisis del Estado de derecho son grados diferentes de un mismo fenómeno. En una basta con restituir los fundamentos de la legitimidad; en la otra es necesaria una reforma profunda de las bases institucionales y constitucionales. Pero en ambas la violencia es el símbolo de la erosión que enfrentan.

 

Algunos ejemplos

Habitantes de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac en el Distrito Federal, lincharon a dos oficiales de la Policía Federal Preventiva y un tercero salvó la vida gracias a la intervención del Grupo Especial de Reacción Inmediata. El motivo fue el rumor propalado por habitantes del lugar, en el que se acusaba a los oficiales de pretender secuestrar niños de una escuela primaria. "Los tres agentes fueron amarrados por la multitud en la calle Educación Tecnológica, colonia Torres Bodet, donde se congregaron más de 200 personas" (Fernández, 2004).

Señalamos líneas arriba que la causa de los linchamientos puede ser un simple rumor, siempre y cuando existan condiciones que permitan que este se propale y sea considerado motivo suficiente, como fue el caso de la delegación Tláhuac.

A raíz de los linchamientos, el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, "dijo que la autoridad del Distrito Federal 'de alguna manera ha tolerado los linchamientos' y esa idea de hacerse justicia por propia mano, y aseguró que su gobierno no está dispuesto a aceptar más hechos de ese tipo" (Saldierna y Herrera, 2004: 35). Decir lo anterior era aceptar que los linchamientos sucedidos durante los últimos cuatro años habían sido tolerados por su gobierno.

Sobre el mismo hecho, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, dijo: "'no es un hongo que aparece de pronto' [...] sino algo que desde hace tiempo se viene gestando por el clima de violencia que se vive en todo el país [... y] advirtió a las autoridades que de no poner alto a la impunidad la gente seguirá cometiendo estos delitos" (Román, 2004: 42).

Podemos afirmar que la crisis de autoridad ha alcanzado a la misma Iglesia, que ha sido incapaz de incidir o influir en quienes han participado en los diferentes linchamientos, en un país con una población mayoritariamente católica. El sacerdote del pueblo Magdalena Petlacalco en la delegación Tlalpan, en referencia a otro caso de linchamiento, afirmó: "Los días lunes y martes se confesaron aproximadamente 500 personas del pueblo de Magdalena. Hay tanta gente que se ha arrepentido como gente que no lo ha hecho. Ignoro quién haya incitado al linchamiento, y quién haya participado directamente, ya que cuando llego no identifico a nadie más que a los fiscales mencionados" (CDHDF, 2002: 42). Ni en secreto de confesión aceptaron su participación los habitantes de Magdalena; dijeron desconocer quién incitó, no aceptaron que el linchamiento hubiera sido un error. Ante los hechos, podemos afirmar que ni la autoridad moral de la Iglesia es suficiente para detener a un colectivo enardecido que ha tomado la decisión de hacerse "justicia por mano propia". ¿Podrá la policía evitarlo?, y de ser así, ¿a qué costo?

En Guadalajara, "un asaltante fue linchado por pasajeros que viajaban en un camión del transporte urbano, cuando intentó robar algunas alhajas a dos jóvenes que iban a bordo de la unidad. [...] Las jóvenes comenzaron a gritar y uno de los pasajeros se levantó de su asiento para someter al asaltante, pero este lo recibió con un golpe en la nariz y le ocasionó una hemorragia; luego despojó de sus pertenencias a otros pasajeros y al momento en que se dirigía al chofer, este cerró las puertas del vehículo para impedir que escapara. De inmediato Rodríguez Zetina fue sometido por varios pasajeros, quienes comenzaron a golpearlo. Uno de ellos desprendió la cadena que divide el asiento del conductor y se la enredó en el cuello al delincuente, estrangulándolo en esos momentos" (Rico, 1997: 21).

Durante las primeras investigaciones se confirmó que los pasajeros se hicieron justicia por su propia mano y de inmediato huyeron del lugar de los hechos, por lo que resultó imposible su identificación. Difícilmente se puede identificar a quienes por azar han compartido el viaje en un autobús. No se puede explicar la acción violenta de los pasajeros, lo único que podemos decir es que la presencia de la ira que provoca la indignación moral es la causa del linchamiento.

El linchamiento del asaltante ocasionó la reacción de representantes de diversos sectores sociales. El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Jalisco, Gilberto Parra, consideró que los índices de inseguridad pública en Guadalajara "llegaron a límites de intolerancia". Dirigentes de agrupaciones de abogados indicaron que esos hechos constituían un síntoma de la incapacidad de las autoridades municipales y estatales para reducir los índices de inseguridad pública en la zona metropolitana de la capital jalisciense (Rico, 1997: 21).

La violencia colectiva en las ciudades es expresión del agravio moral; es decir, los individuos llegados a cierto punto de enojo no pueden contener más la necesidad de castigar a quienes de una u otra manera han abusado ante la inactividad o ineficacia de policías y jueces.

En otro caso, este ocurrido en la ciudad de México, dos ciudadanos comunes estuvieron a punto de ser linchados, igual que el conductor de un trolebús, por un accidente vial del cual no tenían culpa alguna. Lograron salvar la vida gracias a la rápida intervención policiaca:

Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) evitaron que vecinos de la colonia Juan González Romero, en la delegación Tlalpan, lincharan a dos personas luego de que un motociclista se impactara en la parte trasera de la unidad en que viajaban y muriera en el percance.

La multitud acusó al tripulante, Israel Ramírez, y a su acompañante de ser los culpables del accidente y por ello quisieron lincharlos; sin embargo, gracias a que llegaron agentes judiciales adscritos a la delegación Tlalpan pudieron salir de la casa y ser presentados ante el agente del Ministerio Público de la 23 agencia.

En un acto similar ocurrido en pleno centro de la ciudad de México, un conductor ebrio estuvo a punto de ser linchado e, igual que en los casos anteriores, la acción fue frenada por agentes de la policía. En este accidente no hubo muertos ni heridos, pero sí el abuso que da el actuar en forma colectiva:

Transeúntes y comerciantes ambulantes estuvieron a punto de linchar al conductor de una camioneta Dodge placas 681-HNZ, color verde militar, con la puerta trasera roja, que en completo estado de ebriedad circulaba a alta velocidad, se impactó contra un automóvil Caribe placas 506-FAD que se encontraba estacionado afuera de la estación Juárez del Metro, ubicada en el lado izquierdo de norte a sur; las autoridades no informaron sobre lesionados.

Los vendedores bajaron de la camioneta al conductor y al descubrir que venía ebrio empezaron a golpearlo. Cinco minutos después, elementos de la policía rescataron al chofer, que no presentaba lesiones de consideración. Esta persona, que se negó a proporcionar su nombre, fue detenida, por policías preventivos que lo subieron a la patrulla C-239 (Ramírez, 1997: 62).

En la Texcoco, Estado de México, hubo un intento de linchamiento que fue evitado pero los ladrones resultaron con heridas graves. La policía logró detener el linchamiento a cambio del compromiso de que los ladrones serían castigados.

Alrededor de 200 habitantes del poblado Purificación de este municipio estuvieron a punto de linchar esta madrugada a dos sujetos, a quienes sorprendieron cuando desvalijaban una camioneta y los retuvieron durante diez horas hasta obtener garantías de las autoridades de que aplicarían la ley. A causa de los golpes recibidos, los presuntos delincuentes se encuentran gravemente heridos, uno con estallamiento de vísceras y traumatismo craneoencefálico, y el otro con las costillas fracturadas y politraumatismo, por lo que debieron ser internados en el hospital de la Cruz Roja de Polanco, en el Distrito Federal y en el de Xoco, respectivamente. [...] Los presuntos ladrones fueron atados de un árbol situado frente a la iglesia de la Purificación y golpeados. La intervención de la policía de tránsito estatal y del encargado del despacho de la Subprocuraduría de Texcoco, Sebastián Cruz Vargas, evitó que los lincharan (Gudiño y Salazar, 1997: 54).

Como podemos ver, el robo con violencia es una de las causas que más se repite como móvil de intentos de linchamiento. Al igual que en Texcoco, en los límites del Estado de México y la ciudad de México, en el corredor entre Tultepec y la estación Indios Verdes del Metro, fue linchado un asaltante, en lo que se puede denominar un acto de defensa propia. El sujeto habría despojado a los pasajeros de sus pertenencias y herido a dos de ellos, hecho que detonó la acción colectiva violenta en su contra:

Era un asalto de los que se dan día con día en la periferia de la ciudad de México, pero esta vez la gente no soportó y con saña golpeó al maleante hasta darle muerte. [...] Según testimonio del conductor Silverio Bernal Jesús, los tres asaltantes subieron al autobús Mercedes Benz, a la altura de la colonia República Mexicana, en Coacalco, Estado de México. Apenas salía el sol cuando el camión entraba a la autopista. En ese momento los hampones sacaron las armas punzocortantes y con extrema violencia comenzaron a despojar de sus pertenencias a los pasajeros y al chofer del autobús (Bolaños, 1999: 62).

En la misma zona de la ciudad de México y por igual motivo, un asaltante fue linchado a bordo de un microbús. El robo con violencia en el transporte urbano de la ciudad de México y zona conurbada se mantiene como uno de los delitos con mayor grado de incidencia que afecta a la población de escasos recursos, sobre todo en la zona norte, y es justo en esa zona donde ha ocurrido mayor número de linchamientos. Por ejemplo:

A golpes y con la misma arma (un picahielo) con la que amenazó a los pasajeros que pretendía asaltar, un sujeto fue linchado la noche del viernes en el microbús [...] de la ruta 2, que corre de Indios Verdes al Metro Auditorio. Esta es la segunda ocasión en seis meses que usuarios de este tipo de transporte en la ciudad de México linchan a quien intenta despojarlos de sus pertenencias [...] en un descuido del delincuente, uno de los usuarios logró derribarlo y, ya en el piso, de inmediato los demás pasajeros arremetieron contra él a golpes y patadas, e incluso también utilizaron en su contra el picahielo. Cuando los pasajeros se percataron de que el sujeto estaba muerto, abandonaron el microbús (González, 2000: 29).

En la mayoría de los casos, las causas son robo con violencia, violación (sobre todo de menores) y abuso policiaco, y solamente en unas cuantas ocasiones la imprudencia o algún accidente menor. Podemos afirmar que los límites sociales a la delincuencia y el abuso de autoridad, así como la desconfianza en las autoridades han sido el caldo de cultivo de la violencia social que en forma cada vez más recurrente hace del linchamiento un medio de rechazo a la autoridad que no cumple.

En todos los casos anteriores de violencia colectiva, los pobladores se cobijaron en el anonimato derivado de la acción en masa, colectiva, para cumplir su fin de restituir el orden y la convivencia pacífica. Podemos afirmar que mientras las condiciones de la injusticia prevalezcan, mientras las autoridades encargadas de brindar seguridad pública no lo hagan, ultrajando los derechos individuales y las reglas mínimas de convivencia comunitaria, es muy probable que los casos de acción colectiva se sigan registrando con una mayor intensidad. Estos actos dan lugar a una situación de incertidumbre que se puede resumir de la siguiente manera: vivimos entre el Estado de derecho y el espíritu de Fuenteovejuna, que se expresa como un conjunto de revueltas y rebeliones que cobran vida para hacerse justicia a lo largo y ancho del país. De este modo, el poder colectivo de la sociedad cuestiona la legitimidad de instituciones, funcionarios y prácticas que socavan los principios mismos de la convivencia. La legitimidad de las autoridades radica en la sociedad; cuando la sociedad actúa al margen de las instituciones está poniendo en duda a las mismas instituciones y, sobre todo, a quienes son responsables de ellas.

A lo anterior cabe agregar el hecho de que en no pocos casos de nota roja difundidos en los distintos diarios nacionales y locales del país resulta que los encargados de hacer cumplir la ley forman parte de las organizaciones criminales.¹⁰ Baste mencionar algunos casos: el general Jesús Gutiérrez Rebollo, a cargo del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, colaboraba con los narcotraficantes; el capitán Jesús Miyasawa, encargado de la Brigada Antisecuestros, actuaba en complicidad con los secuestradores en el estado de Morelos; los responsables de combatir el robo de autos no solamente participan, sino que hasta son los responsables de la organización de las mismas bandas, y qué decir de los agentes que torturan, asaltan, matan, estafan...

 

¿Usos y costumbres o crisis de autoridad?

La existencia del pluralismo cultural y jurídico es una particularidad de las sociedades latinoamericanas que ha estado presente a lo largo de su historia, desde su formación como Estados-nación. En muchas ocasiones los diferentes marcos normativos se han podido articular con mayor o menor éxito, pero en el caso particular de México ha existido un reconocimiento jurídico del derecho consuetudinario.

En el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que forma parte del capítulo I, denominado "De los derechos humanos y sus garantías", se establece: "La Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para [...] Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos...". Sin embargo, el mismo apartado añade que para ello se deberán sujetar "a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos...".

La propia carta magna prohíbe que las personas se hagan justicia por propia mano, como lo señala el artículo 17:

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan la leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Nadie puede hacerse justicia de propia autoridad pues para eso están los tribunales; de ahí que considerar a los linchamientos como prácticas propias de los usos y costumbres es desconocer la ley y el origen mismo de los linchamientos. De suyo, atribuir el linchamiento a los usos y costumbres implica no considerar que el castigo o sanción al cual se hace acreedor el integrante de una comunidad siempre será proporcional a la falta y tiene una advertencia como antecedente. Cada comunidad establece reglas que pretenden ser morales y reparadoras con el objetivo último de reinsertar al infractor en la comunidad preservando la armonía de esta.¹¹ El linchamiento, en ese sentido, no forma parte ni jurídica ni consuetudinariamente de los ordenamientos comunitarios de los pueblos indígenas en América Latina.¹² En su lugar podemos afirmar que los linchamientos son expresión de la crisis de autoridad; por ende, la violencia colectiva tiene un origen estrictamente social.

Hay quien afirma que los linchamientos son más comunes en el México rural, donde no opera el Estado de derecho y la violencia se considera una práctica propia de las zonas rurales (Vilas, 2001a).¹³ En el mismo tenor definió los linchamientos quien fuera jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que "con las tradiciones de un pueblo, con sus creencias, vale más no meterse" (Gómez, González y Herrera Beltrán, 2001: 30). Sin pretender justificar la violencia como una reacción normal por quienes han visto agredidas sus creencias y tradiciones por un individuo o un grupo de individuos, insinuar que la violencia es la respuesta posible a cualquier tipo de agresión es pensar que quienes así actúan adquieren la razón. Ante esto se hace necesario esclarecer qué son los usos y costumbres, para lo cual nos remitimos a Max Weber (1983: 23), quien entiende por uso "la probabilidad de una regularidad en la conducta [...] dentro de un círculo de hombres, dada únicamente por el ejercicio de hecho" y por costumbre, "cuando el ejercicio de hecho descansa en un arraigo duradero".

Solo se puede aplicar un castigo como parte de los usos y costumbres a miembros de una comunidad que conocen y comparten los mismos principios; no es posible castigar con principios consuetudinarios a aquellos que los ignoran y no forman parte del círculo de la comunidad. Incluso el castigo debe ser proporcional a la falta y observar un carácter restitutivo; por ejemplo, el robo se castiga con la devolución o reposición de los bienes o con trabajo al servicio de los miembros de la comunidad. Uno de los mayores castigos es la expulsión de quien ha incurrido en faltas graves, con lo que pierde el derecho a pertenecer a la comunidad en cuestión. La función de los usos y costumbres dentro de las comunidades no es sacrificar a alguien, "sino vigilar que la reparación de daño y la conciliación se lleven a cabo" (Ávila Méndez, 2002: 49-50).

El sistema de usos y costumbres legitima las prácticas tradicionales para dar membresía y reconocimiento a los actos derivados de la convivencia en la comunidad. Faltar a estas prácticas conduce a la disolución de una forma de vida reconocida y aceptada por la colectividad para preservar su propia identidad. "El sistema de usos y costumbres está estrechamente ligado al sistema de creencias y valores, y estos están, además, estrechamente relacionados con una cosmovisión donde el hombre, espacio y el tiempo forman una sola unidad, una unidad en la que para sobrevivir de manera armónica deben guardarse mutuo respeto" (Ríos, 2001: 77). A la luz de lo anterior, cabe preguntarse: ¿son los linchamientos expresión de los usos y costumbres?; ¿acostumbran las comunidades agrarias, los pueblos indígenas y los grupos tradicionales emplear la violencia para solucionar sus conflictos?; ¿son los linchamientos parte de los usos y costumbres de los grupos tradicionales de México? O bien, ¿cómo explicar los linchamientos en zonas consideradas urbanas?

Discrepamos de Carlos M. Vilas en el sentido de que las comunidades rurales son el espacio de la violencia social que expresan los linchamientos. Baste por el momento señalar que muchas de estas situaciones han ocurrido en zonas consideradas urbanas. Al mismo tiempo hay que descartar que los linchamientos sean expresión de los usos y costumbres. Por el contrario, la violencia colectiva que este tipo de hechos manifiesta tiene que ver con el grado de irritación social y la falta de confianza en las autoridades a nivel local o regional, a lo que denominamos indignación moral.

Como vimos antes, "la legitimidad se expresa de manera concreta en la vida diaria, en el plano existencial, y se construye a partir del efecto en ese nivel de los procesos macrosociales, macroeconómicos y macropolíticos" (Vilas, 2001a: 134). La violencia es una "reacción a la ineficacia de las instituciones públicas para hacer efectiva su propia legalidad" (Vilas, 2001a: 131). La ineficacia de las instituciones públicas es a lo que nos referimos como crisis de autoridad; es decir, es el punto de quiebre en que las instituciones o los hombres investidos de autoridad han dejado de cumplir con aquello que la ley y la sociedad les han encomendado, manifestándose como negligencia en su función, abuso de esta, corrupción o interpretación errónea de la ley.

 

A manera de resumen

La inseguridad y la negligencia, así como la inoperancia institucional, expresan la crisis de la autoridad en el nivel microsocial y micropolítico, lo cual contribuye a generar inseguridad, desconfianza y enojo entre los miembros de la sociedad. Al principio, enojo individual pero compartido, que en un momento determinado adquiere el carácter de colectivo y en situaciones coyunturales llega a coincidir y se expresa como indignación compartida o moral para marcar el límite tanto a los individuos o grupos que han hecho del delito una forma de vida, como a la autoridad que tolera a la delincuencia o comparte con ella el botín.

La rabia acumulada y la falta de castigo a los delincuentes mantienen relación de causa-efecto, pero los linchamientos son, ante todo, una forma de señalar que los límites han sido rotos y que es necesario restablecerlos. Es decir, expresan la ruptura de los códigos morales que vinculan a sociedad y autoridad; lo que Durkheim denomina anomia.¹⁴

A decir de Monsiváis (2002: 16), quienes linchan "matan porque odian la impunidad de violadores, ladrones y asesinos, pero sobre todo, por el poderío catártico que les confiere lanzar penas de muerte". La crisis de autoridad se expresa como un rechazo, condena y castigo de ciertas formas de delincuencia, pero el rechazo implica al mismo tiempo condena y castigo a la autoridad; es decir, se lincha al mismo tiempo al delincuente y al símbolo de la autoridad.

En tal sentido, para explicar el fenómeno de los linchamientos consideramos que la autoridad ha dejado de operar o que lo hace deficientemente, en un contexto de crisis económica. Pero no es en la crisis económica donde encontraremos la explicación; por tanto, la crisis de autoridad es la causa más profunda para explicar el origen de la violencia y, en particular, de los linchamientos.

La crisis de autoridad expresada en el crecimiento de la delincuencia sin castigo, con castigo insuficiente o bien como resultado de la corrupción o negligencia de jueces, Ministerio Público o cuerpos policiacos es la causa de la violencia, pero es necesario entender que los miembros de la sociedad rechazan de manera individual a policías y ladrones por igual y extienden ese juicio a los miembros del gobierno en general. Cuando este rechazo adquiere un carácter colectivo y en la práctica se convierte en violencia, nos referimos a la indignación moral.

La violencia colectiva es de carácter reactivo al mismo tiempo que restitutivo, debido a que se propone la restitución de la autoridad, su buen funcionamiento, la correcta aplicación de la ley, el límite a la función de los cuerpos policiacos y los Ministerio Público. Es el rechazo a la corrupción y la impunidad, y causa del crecimiento de la violencia en última instancia. Expresión de lo anterior son los linchamientos en Oaxaca, Morelos, Guerrero, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Tlaxcala, Puebla, entre otros lugares, así como las rebeliones¹⁵ en Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca, en las que fragmentos de la sociedad y comunidades enardecidas deciden "hacer justicia" por propia mano. Consideramos que: primero, son actos violentos en los cuales grupos de colonos o miembros de una comunidad deciden poner un coto a los abusos de autoridad y a la negligencia de jueces, policías y funcionarios públicos; segundo, la violencia social tiene carácter político en la medida en que se cuestiona la autoridad en distintos niveles, así como el orden político y social existente, y tercero, la acción social-colectiva pretende restablecer el orden, aunque sea por medios violentos.¹⁶

 

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NOTAS

¹ La acción colectiva ha sido estudiada desde diferentes enfoques, entre los cuales destaca el de Neil J. Smelser (1989) en su libro Teoría del comportamiento colectivo. Por su parte, Mancur Olson (1992) y Charles Tilly señalan el carácter reactivo de la acción colectiva en relación con los procesos de modernización de las sociedades, aunque difieren en cuanto a las conductas de los actores. Para el primero, son de tipo defensivo y para el segundo, ofensivo o propositivo; es decir, para Olson los actores se oponen a la modernización y para Touraine (1987) estos quieren influir en calidad de participantes. En el caso de los linchamientos la acción colectiva es reactiva frente a la tendencia creciente de la violencia en la sociedad y cuerpos policiacos, al mismo tiempo que es restitutiva de la normalidad social. Se trata de acciones que si bien son pasionales, mantienen algunos rasgos de racionalidad.

² Al respecto se puede consultar el libro de Devalle (2000).

³ Si atendemos al planteamiento de Max Weber, es necesario distinguir entre tipo de autoridad a partir del mandato específico (legal-racional, tradicional o extracotidiano), pero es la creencia en el contenido del mandato lo que explica la existencia de la legitimidad de la autoridad. El Estado de derecho tiene como fundamento la ley y las instituciones necesarias para hacerla cumplir. La violencia llevada a cabo por la guerrilla o por grupos de narcotraficantes tiene como referente la crisis de las instituciones y las leyes, no solo de la legitimidad; en las formas mencionadas se disputa incluso el monopolio de la violencia legítima, fundamento del Estado. Al respecto se pueden consultar las obras de Max Weber Economía y sociedad y El político y el científico, en las cuales aborda el fenómeno del poder, la violencia y la legitimidad.

⁴ Considero la falta de castigo al robo, a la violación y al abuso policiaco como el principal factor de indignación a la sociedad; es decir, no son el robo o la violación en sí, sino la corrupción de las autoridades, que implica el aumento de los delitos mencionados. De ahí que me refiera a estos delitos como iguales a pesar de las grandes diferencias. La similitud estriba en la falta de castigo o el castigo insuficiente.

⁵ Generalmente cuando se habla de linchamientos se opta por una condena a su carácter violento y pasional, pero al mismo tiempo se les justifica cuando se señala que el linchado es un ladrón o un violador, omitiendo la causa e incluso el carácter restitutivo en el sentido en que llama la atención a la autoridad sobre el rechazo de la sociedad a la violencia, la impunidad y la ineficacia de la autoridad.

⁶ Se me puede cuestionar respecto de los elementos que considero para establecer que vivimos una situación de crisis de autoridad, pero para los fines que me planteo es suficiente si acordamos que la autoridad en términos macro involucra elementos tales como: los procesos electorales, los partidos políticos, las reglas de la competencia político-electoral, etcétera. En términos micro el ejercicio de la autoridad vinculada con delincuencia, violencia y abuso policiaco, los mencionados son nuestro referente.

⁷ En el ámbito nacional, el robo con y sin violencia representa 50% de los delitos que se cometen. Es decir, de los aproximadamente 170 000 reos en los diferentes penales del país, 85 000 purgan condenas por robo (con y sin violencia). El 11% cumple penas por violación, pero en este delito es necesario considerar que menos del 20% de las violaciones son denunciadas por las víctimas o familiares de estas. Es necesario interpretar lo anterior considerando que en México solamente alrededor del 5% de los delitos son castigados; es decir, los cerca de 170 000 internos en los penales del país constituyen una ínfima cantidad de los delincuentes que han cometido diversos delitos. Cuando consideramos el robo, la violación y el abuso policiaco como iguales lo hacemos bajo la consideración de que son delitos que gozan de impunidad por negligencia de las autoridades o bien por tolerancia a dichos delitos, de ahí que el índice de castigo sea bajo.

⁸ La guerrilla; los conflictos agrarios, electorales o por límites de tierras entre diversas comunidades; los ajustes de cuentas entre narcotraficantes, entre otros tipos de conflicto que no serán abordados en el presente trabajo, también son expresión de la crisis de autoridad. Guerrilla y conflictos agrarios confluyen en lo que denominamos rebelión, que teniendo un mismo origen —la crisis de autoridad—, por su magnitud y su mayor capacidad para permanecer por periodos largos, cuestiona los fundamentos del Estado (legalidad, institucionalidad y monopolio de la violencia).

⁹ El restablecimiento del orden por la vía violenta no es un fenómeno nuevo y no requiere que quienes actúan violentamente estén conscientes del resultado de su acción; no es necesario que los actores se organicen en forma racional, permanente o bien que pretendan hacer justicia de manera paralela.

¹⁰ En Axochiapan, Morelos, nos dice Guillermo Correa (1994: 36), "hartos de la inseguridad y de los abusos de agentes judiciales involucrados en asaltos, una muchedumbre de indios nahuatlacos persiguió y detuvo a cuatro delincuentes que fueron golpeados, amarrados y trasladados al centro de la población Marcelino Rodríguez del Municipio de Axochiapan, donde después de un juicio popular, se decidió que murieran fusilados"

¹¹ Agustín Ávila Méndez (2002: 45) dice que "en México existen 10 millones de personas pertenecientes a esas comunidades, quienes se comunican por medio de alguna de las 62 lenguas indígenas que se hablan hoy todavía o a través de una variante dialectal, de las que hay un sinnúmero. Y todo esto es importante mencionarlo porque siempre que hablemos de indígenas debemos tener presente su diversidad cultural, lingüística, geográfica, histórica y social..."

¹² Véase Óscar del Álamo (2004).

¹³ Los linchamientos no son exclusivos de las zonas rurales, como lo pretende Carlos M. Vilas. En este capítulo se muestra que también existen en zonas netamente urbanas, ejecutados por actores anónimos de carácter también urbano y por causas asociadas a las características de las grandes ciudades.

¹⁴ Al respecto se pueden consultar las obras de Emile Durkheim: El suicidio y La división del trabajo social.

¹⁵ La rebelión de Chiapas no se abordó en el presente estudio debido a sus dimensiones, la abundante información que existe al respecto y porque rebasa en mucho las pretensiones de este trabajo, por lo cual solo señalamos que las rebeliones son expresión de la crisis de autoridad, así como expresión de crisis del Estado. En la rebelión encontramos a un actor pasional-racional que mantiene en su perspectiva la transformación de la sociedad desde la sociedad y para la sociedad en función de múltiples macroproyectos, lo que Alain Touraine llama movimiento societal.

¹⁶ El restablecimiento del orden por la vía violenta no es un fenómeno nuevo y no requiere que quienes actúan violentamente sean conscientes del resultado de su acción, no es necesario que los actores estén organizados en forma racional o permanente ni que pretendan hacer justicia de manera paralela.