Artículos conmemorativos por el 20 aniversario

 

Los futuros de México: encrucijada y clavos en el zapato

 

Mexico's futures: crossroad and pain in the neck

 

Antonio Alonso Concheiro*

 

* Ingeniero mecánico eléctrico y doctor en Ingeniería de Control por la Imperial College of o Science and Technology, Londres. Autor o coautor de Futuros del sistema nacional de ciencia y tecnología y Los futuros de la salud en México 2050. Durante los últimos 30 años se ha dedicado a la prospectiva y la planeación estratégica. Correo electrónico: analitic@netjeruce.com.mx

 

Artículo recibido el 19 de septiembre de 2011
Aceptado el 28 de octubre de 2011.

 

Resumen

El artículo propone que México tiene pendiente la tarea de imaginar sus futuros de largo plazo, planteando que es urgente que lo haga en un esfuerzo colectivo, sistemático y riguroso. Como anticipo, bosqueja a vuelo de pájaro, con una visión crítica, lo ocurrido en los últimos 20 años, desde el nacimiento de la revista POLIS hasta el presente, en varias esferas de la vida nacional: demografía, economía, política, sociedad. En cada caso también esboza posibles futuros en las próximas dos décadas, o asuntos que sería importante considerar al imaginar tales futuros.

Palabras clave: México, pasado, futuros, escenarios, demografía, economía, política, sociedad.

 

Abstract

The essay argues that, up to now, Mexico still lacks to imagine its long term futures; it states that it is urgent to make a collective, systematic and rigorous effort to do so. Anticipating such an effort, the essay outlines in an overall view, a critical perspective of what has happened in the last twenty years-since the birth of POLIS and up to our days-in several spheres of the national life: demography, economics, politics and society. In each case it also sketches possible futures over the next two decades, or issues that would be important to consider in imagining such futures.

Key words: Mexico; past; futures; scenarios; demography; economics; politics; society.

 

Encrucijada: (a) Lugar en donde se cruzan dos o más calles o caminos;
(b) Ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien, emboscada,
asechanza; (c) Situación difícil en que no se sabe qué conducta seguir.
Diccionario de la Lengua Española, 22ª ed., 2001.

Clavos en el zapato: Asunto doloroso, que impide caminar sin dolor.

 

Introducción

El México actual parece estar pasmado. Como si la historia pasase por encima de él, arrollándolo las más de las veces, como una turba que todo lo desmiembra. No acertamos a vernos diferentes de lo que somos; tal vez ni siquiera estamos viendo lo que somos.

Desde su descubrimiento por los españoles, México, América, fue territorio de futuros: un Nuevo Mundo, donde era posible soñar un renacimiento sin los viejos vicios de Europa. Y más de 500 años después, México sigue siendo apenas eso: una promesa de lo que podría ser, sin llegar a serlo. Pero, a diferencia de hace unas cuantas décadas, hoy no tenemos nada claro lo que podríamos ser; por lo menos, así parece a juzgar por la ausencia de proyectos, de grandes visiones de país que nos orienten y guíen, aunque solo sea como utopías que perseguir.

México parece haber perdido el rumbo. ¿Y quién si no los mexicanos para encontrarlo? Más de una vez he advertido que si nosotros no imaginamos los futuros de nuestro país, los posibles, los preferidos y los indeseables, alguien más, desde afuera, los imaginará por nosotros y terminará por imponernos sus visiones. Habremos entregado así nuestro porvenir sin siquiera haber intentado ser sus dueños. ¿Por qué esa ausencia casi total de futuros nacionales? ¿Estaremos tan atrapados por nuestro pasado como para no poder imaginar nuestros mañanas? ¿O será que nuestro presente es tan abrumador que no deja espacio a la imaginación de un porvenir diferente?

Nos guste o no, México no podrá permanecer estático. Si no cambia por voluntad propia tendrá que hacerlo por las transformaciones que está viviendo el mundo de manera acelerada. La geopolítica mundial de hoy está viva y cambiando. Los avances tecnológicos no dan respiro a los modos de vida y los comportamientos individuales y sociales establecidos. La economía y las finanzas internacionales tienen un gran contenido de volatilidad. La política nacional es de pacotilla, cada vez más de comerciales y campañas de imagen, y de corrupción. Y la inseguridad es rampante. El tejido social parece estar deshebrándose sin agujas visibles para recomponerlo. Hay quienes alegan que nada podrá hacerse por el país sin las llamadas reformas estructurales. Hay quienes se oponen a ellas sosteniendo que nos conducirán por un camino todavía peor. Lo cierto es que hay un inmovilismo evidente. ¿Hasta cuándo aguantará México sin una refundación que remueva los cimientos sobre los que está basada nuestra sociedad?

México está en una encrucijada. No serán otros quienes nos saquen de ella. Cualquiera de las tres acepciones de encrucijada que incluye el Diccionario de la Lengua Española parece aplicable al México actual. Nuestro país tiene ante sí diferentes opciones de futuro; enfrenta una situación difícil en la que parece estar pasmado, sin saber qué o cómo actuar, y los pocos aprovechan la situación, con lo cual dañan a los muchos. México parece haber perdido el rumbo o, si se prefiere, parece haberlo equivocado y está empecinado en no reconocerlo. En esa encrucijada, el echarse a andar se vuelve difícil por los muchos clavos que el país tiene en sus zapatos. Algunos de ellos forman parte del contenido de este ensayo. El zapatero que los retire tendrá que ser el colectivo nacional. La tarea no es de uno o unos, sino de todos.

POLIS celebra ahora su vigésimo aniversario. Dos décadas representan una larga vida para una revista (son pocas las que alcanzan esa edad). Pero probablemente no sean mucho para la vida de un país. Aunque quizá sí, cuando se trata de uno como el nuestro, que apenas cumple 200 de existir como nación moderna, independiente (al menos en papel), pues dos décadas constituyen 10% de su vida. Por alguna razón extraña de la condición humana, los aniversarios (en particular aquellos que terminan en cero) suelen ser ocasión para la reflexión sobre lo vivido y acerca del presente; son, también, ocasión para formular planes y fijarse metas, esto es, para imaginar futuros. México desperdició su 200 aniversario y el centenario del inicio de su Revolución acudiendo solo a conmemoraciones de su historia (y eso, bastante pobres). Estas sin duda son necesarias (la historia se reescri-be de modo permanente), pero conviene acompañarlas de una visión de futuros. El presente es apenas un fugaz punto de tránsito entre el pasado y el futuro, y difícilmente puede aprehenderse sin acudir a uno y otro. Y es en el futuro donde el país vivirá el resto de sus días. Hoy tenemos más información y más herramientas para imaginar los futuros posibles de México y para discutir cuáles serían los preferibles. Los futuros, como entes imaginarios, están siempre en competencia. No existe tal cosa como el "destino nacional". Cada futuro posible representa la derrota de otros futuros que compiten con él. Cada futuro preferible o "deseable" lo es sólo dentro del conjunto de valores en los que se sustenta. Cada futuro deseable representa la apuesta de quienes con él se benefician. La construcción de futuros no es, pues, un ejercicio neutro; y justo porque no lo es resulta más valioso ponerlos en blanco y negro. Como la historia, la prospectiva es un ejercicio para comprender mejor el momento actual, una ayuda para tomar decisiones mejor informadas en el presente.

 

Demografía

Dos décadas no son mucho, pero hace 20 años México era otro. Para empezar, el territorio nacional estaba habitado por casi 30 millones menos de mexicanos que en la actualidad (112.3 millones, según el Censo de Población de 2010). Dentro de 20 años la población nacional podría llegar a sumar entre 131 y 142 millones (20 a 30 millones de habitantes más que en la actualidad) y hacia la mitad de este siglo alcanzará entre 141 y 160 millones. Nuestras proyecciones son bastante mayores que las que el Consejo Nacional de Población proponía hace unos años (121 millones para 2030 y 122 millones cuando cruzáramos la mitad de siglo). Las implicaciones de un mayor crecimiento de la población son formidables y es seguro que se manifestarán en prácticamente todos los órdenes de la vida nacional. Luego de haber tenido en la década de los setenta una de las tasas de crecimiento poblacional más altas del mundo, la política demográfica del país se obsesionó con lograr la estabilización de la población, esto es, con alcanzar una tasa de crecimiento nula. Y, en efecto, las proyecciones previas al Censo de 2010 postulaban que eso ocurriría antes de arribar a la mitad de este siglo. Crecer con tasas elevadas como las habidas en el pasado resulta insensato, porque, entre otros inconvenientes, obliga a incrementar la infraestructura (vivienda, dotación de agua potable y drenaje, energía eléctrica, etcétera) y servicios (educación, salud, entre otros) y la dotación de empleos con tasas que son imposibles de lograr con los recursos disponibles. Pero dejar de crecer tampoco parece sensato, sobre todo porque la riqueza de una nación no está en sus recursos materiales sino en el número de sus nacionales capaces de generarla. Aun suponiendo que en el futuro se presentasen escenarios demográficos como los aquí propuestos, México seguiría siendo un país relativamente despoblado, con densidades de población inferiores a las que hoy tienen las naciones europeas, China o la India.

Por otra parte, como resultado de la dinámica de la natalidad y la mortalidad (y de la migración), hace 20 años la estructura de la población por grupos de edades apenas empezaba a cambiar de la pirámide de ancha base que la había caracterizado todo el siglo XX, hacia una rectangular, con una burbuja ascendente, aunque hoy se asemeje más a un trompo invertido. La población mostraba ya, pero apenas de modo incipiente, los inicios de un proceso de envejecimiento que seguramente también marcará el futuro de México en las próximas décadas. En los últimos 20 años la esperanza de vida al nacer de los mexicanos pasó de de 69.7 a 75.4 y la mediana de edad de la población se incrementó en siete años, hasta llegar en 2010 a 26 años. Este envejecimiento relativo de la población repite en cierta medida el ya ocurrido con mayor profundidad en los países con una transición demográfica más avanzada, y tendrá importantes repercusiones económicas (principalmente por el lado de un incremento de las pensiones de retiro), políticas (posiblemente con un avance gradual de posiciones más conservadoras y más reticentes al cambio), sociales (con una mayor carga socioeconómica sobre los jóvenes y un balance intergeneracional diferente), sobre el sistema de salud (por una mayor prevalencia de las enfermedades crónico degenerativas y, en consecuencia, mayores costos de atención a la salud per cápita), etcétera. Entre otros cambios demográficos de las últimas dos décadas, conviene destacar también el inicio de un proceso de desconcentración de la población (iniciado en 1980, pero confirmado solo con los datos del Censo de 2010) que, de continuar, probablemente hará que la región del centro del país¹ pierda cerca de tres puntos porcentuales de la total entre hoy y el año 2050 (cuando en la región centro podría habitar entre 28.5% y 29% de la población total). Parece, así, que en el futuro no cabe esperar que el proceso de desconcentración sea ni muy acelerado ni muy profundo, pero sí, en cambio, que continúe lentamente. En términos demográficos, al parecer las regiones ganadoras serán las del norte del país, quizá por su cercanía con Estados Unidos. Con respecto al proceso de urbanización, parece ya claro que este se desaceleró a partir de 1990 y que los escenarios apuntan ahora a que en el año 2050 la población nacional asentada en localidades de 15 000 o más habitantes podría llegar apenas a poco más de 70% de la total nacional (contra 62.5% registrado en el Censo de 2010). Si bien ello significa un posible incremento cercano al 10% con respecto a la proporción actual, representa también cerca de 10% menos de lo que hasta hace poco se calculaba que podría ocurrir. Lo anterior implica que dentro de 40 años todavía poco menos de la tercera parte de la población del país se asentará en localidades pequeñas, con las dificultades correspondientes para proporcionarles infraestructura y servicios (como educación y salud) adecuados. Ello da para pensar en políticas públicas que pudiesen alterar este futuro tendencial, buscando agrupamientos entre las pequeñas comunidades.

 

Economía

Si en los últimos 20 años la demografía nacional cambió, las modificaciones en la economía fueron quizá incluso más profundas. En 1990 el modelo económico nacional hacia adentro, con una fuerte presencia estatal, en el que el mundo se veía apenas débilmente según lo no mucho que atravesaba nuestras fronteras, se había empezado a desmoronar. El sueño nacionalista estaba a punto de ceder a la glo-balización, acelerada por la caída del muro de Berlín (en 1989) y el desmantelamiento de la Unión Soviética (en 1991); una globaliza-ción dirigida por Estados Unidos y las instituciones nacidas de los acuerdos de Bretton Woods: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Estados Unidos surgía entonces como la gran potencia victoriosa sin un rival que la enfrentara. Para algunos, como Francis Fukuyama, sonaban las trompetas del fin de la historia. La economía de mercado y la democracia liberal lo abarcarían todo de manera irremediable y México tenía como opción única inscribirse de la mejor manera posible en ese mundo unipolar en el que, afortunadamente, nos tocaba en suerte ser la frontera más larga del mundo entre el sur y el norte, y no cualquier norte, sino justamente el definido por Estados Unidos. En 1990 México todavía era, a pesar de su ingreso al gatt en 1986, una economía cerrada. Pero no lo sería por mucho tiempo más; la polémica de entonces sobre su postura frente al exterior quedaría sellada en 1994 con su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (acuerdo para Estados Unidos y tratado para México; diferencia no menor por lo que implica en términos de jerarquía legislativa). La receta era simple: abandonar la economía a las leyes del mercado y abrirla al exterior para aprovechar las ventajas de la globalización, con lo que ganaríamos acceso a los mercados internacionales. En las últimas dos décadas así ocurrió y México firmó una larga serie adicional de tratados de libre comercio con distintos países y regiones. A pesar de ello, nuestra dependencia económica de Estados Unidos sigue siendo muy elevada, casi asfixiante, y parece que así seguirá siendo durante los siguientes 20 años. Si bien la economía se abrió al exterior, el aprovechamiento de las ventajas de la globalización quedaría como tarea pendiente.

La adopción de un modelo denominado neoliberal, bajo la divisa de una supuesta eficiencia económica (centrada más en el cómo que en el qué o por qué), empezaría a minar las bases del incompleto Estado benefactor que el país había venido construyendo desde después de la segunda Guerra Mundial. Se planteaba como necesaria la retirada del Estado de la economía nacional y el consecuente adelgazamiento del Estado. Justo alrededor de 1990 se inició, ejemplo notable, la privatización de la banca nacional. Para 1991 se habían privatizado ya cuatro bancos (Multibanco Mercantil, Banpaís, Banca Cremi y Banco Confía). Luego seguirían los dos mayores bancos del país: Banamex (adquirido por City Group) y Bancomer (adquirido por el grupo BBVA). La banca quedaría así dominada por el capital extranjero, operando con reglas que le son muy favorables. Con el argumento de la ineficiencia administrativa del sector público, las empresas descentralizadas empezaron a desaparecer y a ser transferidas a la iniciativa privada en todos los sectores: en los que parecía razonable que así fuese y en los que no. La fiebre de privatización se extendió durante las últimas dos décadas, con diversos artificios, hasta otros sectores como el eléctrico (donde los privados quedaron autorizados a construir plantas para satisfacer sus propias necesidades y a vender los "excedentes" a la Comisión Nacional de Electricidad), y todavía hoy amenaza con ampliarse a otros considerados por muchos mexicanos como patrimonio inalienable de la nación, como el petrolero (para el que, luego de varios intentos fallidos de privatización y de la implantación de los anticonstitucionales contratos incentivados para la exploración y explotación de yacimientos, el presidente Felipe Calderón anunció que propondrá al Congreso una apertura al capital privado a la Petrobras). Como corresponde a un país como el nuestro, si bien la desincorporación de empresas paraestatales y la apertura de diversas actividades al capital privado cobraron bríos, con la consecuente reducción de las responsabilidades del Estado, este no se "adelgazó" en la medida que debía haberle correspondido; por el contrario, la burocracia siguió creciendo.

En una lógica de crecimiento económico basada en la competencia en los mercados globales, que por serlo incluyen al mercado interno como territorio de competencia internacional, hay quienes, con una buena dosis de razón, culpan a la falta de competitividad nacional del insuficiente crecimiento económico del país. La competitividad es un asunto multifactorial y muy dinámico, y motivo de políticas públicas en la mayor parte de los países. En el nuestro, cuando se habla de políticas para mejorarla es frecuente acudir a argumentos que se refieren a la tasa de cambio de nuestra moneda, a asuntos fiscales relativos a los impuestos que pagan (o deberían pagar) las empresas, a la regulación de todo tipo (incluyendo la existente para abrir o cerrar un negocio), a la rigidez de la legislación laboral y la necesidad de "flexibilizarla", y hasta a la corrupción. Pero el gran ausente en esas discusiones suele ser, justamente, el tema central de la competitividad: la capacidad tecnológica y de innovación del país y sus empresas. La competitividad se conquista con nuevos productos y servicios o con procesos de producción más eficientes y eficaces, y estos son consecuencia fundamentalmente de la capacidad científica y tecnológica para innovar. Todo lo demás es accesorio y volátil. Y en los últimos 20 años, a pesar de haberse aprobado una legislación que propone que el gasto nacional en investigación y desarrollo científico y tecnológico debe alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) -cifra moderada con respecto a los que otros países competidores del nuestro invierten ya en ello-, el país sigue destinando a dicho rubro menos de 0.5% del PIB y aplicándolo sin una política medianamente orientadora. Innovar implica riesgos y México parece tenerles aversión. Mientras que en otros países intentar y fracasar es un activo (porque se considera un proceso normal de aprendizaje), en México fracasar en un intento es un estigma difícil de combatir.

En todo caso, salvo para unos cuantos, el cambio de orientación en el modelo económico (que algunos plantean como una transición de un modelo de sustitución de importaciones a otro de promoción de exportaciones) no muestra en los hechos resultados siquiera cercanos a lo prometido. En las últimas dos décadas el crecimiento anual medio del pib ha sido de apenas 2.64%, muy por debajo de las tasas de alrededor de 6% habidas durante las cuatro décadas comprendidas entre 1940 y 1980. La llamada "década perdida" de los ochenta se ha prolongado así durante ya 30 años. Los mexicanos menores de 40 años han crecido en un país que va de crisis en crisis y que no les da respiro. Durante los últimos 20 años el salario mínimo siguió perdiendo valor adquisitivo en términos reales; pero, por otra parte, se ha venido reduciendo la proporción de los trabajadores que perciben un salario mínimo, lo que, en términos gruesos, hace que la capacidad adquisitiva de los mexicanos prácticamente no haya variado. En ese lapso, la injusta distribución de la riqueza que prevalece en el país no mostró mejorías importantes; hacia 1990 la razón de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población era de 23.97; en 2008 fue de 21.8, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, o de 34.4 si se atiende a los Indicadores de Desarrollo Mundial 2010 del Banco Mundial. No resulta sorprendente, entonces, que la pobreza siga siendo hoy uno de los principales problemas del país, a pesar de que medirla no resulta fácil y hacerlo se presta a múltiples desacuerdos y, en un país donde todo está bajo sospecha, a dudas sobre una posible manipulación de las cifras. Más allá de ello, no debe haber duda de que México es un país con un enorme y altamente indeseable número de pobres. De acuerdo con las cifras oficiales (del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social), la crisis económica de 1995 hizo que entre 1994 y 1996 el porcentaje de pobres patrimoniales del país² se elevara de 52% a 69% de la población, y el de mexicanos en pobreza alimentaria³ de 21.2% al 37.4% de la población. De entonces a 2006 el número de mexicanos en condiciones de pobreza se fue reduciendo de manera importante; pero de 2006 a 2008 la población pobre del país volvió a pegar un salto (que algunos atribuyen en parte importante a incrementos en los precios de los alimentos) y en el último de esos años se calculaba que 50.6 millones de mexicanos (prácticamente la mitad de la población) vivían en condiciones de pobreza patrimonial y, de ellos, 19.5 millones (uno de cada cinco mexicanos) vivían en pobreza alimentaria. Las diferencias entre regiones son notables, con un norte con menor número de pobres y un sur más pauperizado, y con un mayor número de pobres alimentarios entre la población rural que entre la urbana. Hoy, después de la crisis económica de 2008-2009, la situación solo puede ser peor, y quizá uno de cada cuatro mexicanos viva en pobreza extrema.

Hay quienes proponen que la mejor manera de redistribuir la riqueza es a través del empleo bien -"dignamente"- remunerado. La actual administración del Ejecutivo federal se había auto anunciado, de manera afortunada, como "la del empleo" (aunque a poco de haber andado se convirtió en "la de la seguridad y el combate al crimen organizado"). Tan solo para mantener el statu quo de desempleo, el crecimiento demográfico obliga a la economía nacional a crear alrededor de un millón de nuevos empleos por año (cifra de jóvenes que ingresan al mercado de trabajo anualmente). Crear empleos requiere de inversiones nuevas; aun pensando en actividades de bajo valor agregado, crear un millón de empleos por año requeriría una inversión anual cercana a 3-4% del pib (cifra superior a la tasa de crecimiento anual de nuestra economía). En los últimos cuatro años el número de nuevos empleos generados no llega a la mitad de los requeridos teóricamente. En buena parte, sin duda, ello se debe a la crisis económica de 2008-2009. El caso es que el desempleo no se ha resuelto. Quienes no pueden ingresar al mercado laboral formal, o bien quedan desempleados y sin ingresos, o bien se incorporan a las filas de la economía informal, en actividades "legales" o "ilegales". Entre 1990 y 2010 la población económicamente activa del país pasó de poco más de 24 millones a algo más de 47 millones; en ese mismo lapso la población empleada en el sector formal de la economía (asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las fuerzas armadas, etcétera) pasó de alrededor de 13 millones a cerca de 22 millones. Lo anterior implica que en las últimas dos décadas el número de empleados en el sector informal de la economía creció a más del doble, pasando de unos 11 millones de personas a cerca de 25 millones.

Dentro de los factores que podrían influir de manera importante sobre la futura economía nacional está la posible evolución de la producción de hidrocarburos. Si bien la economía nacional no está "petrolizada", el presupuesto federal sí depende en buena media de la industria petrolera (los ingresos petroleros representaban en 1990 el 29.1% de los ingresos del gobierno federal, y en 2009 el 26.8%). Por otra parte, el petróleo es la principal fuente de divisas de México. Los recursos petroleros son, además, para muchos mexicanos, motivo de orgullo nacional y presupuesto básico de la soberanía del país, por lo que los intentos de abrir el sector al capital privado son combatidos con fiereza por diversos grupos. En 1990 las reservas totales de petróleo llegaban a unos 45 000 millones de barriles (luego de haber alcanzado un nivel máximo histórico cercano a los 50 000 millones en 1983) e iban en descenso; aunque no hay cifras oficiales, las reservas probadas tal vez rondaban entonces los 30 000 millones, también con una tendencia a disminuir. La razón entre reservas probadas y producción (medida en años) en 1990 posiblemente era superior a los 30 años. Dos décadas más tarde, las reservas totales de petróleo son de 30 000 millones de barriles; las probadas, de apenas poco más de 10 000 millones y la razón entre reservas probadas y producción, de apenas 10 años. Si en el futuro continuaran las tendencias aparentes desde 1983, en el año 2030 las reservas totales de petróleo del país llegarían a cerca de 10 000 millones de barriles, las probadas estarían bien por debajo de los 5 000 millones y la razón entre reservas y producción (si esta también siguiera su trayectoria tenden-cial) será cercana a dos años. En los últimos cinco años la producción nacional de crudo tuvo una fuerte caída (que la llevó a 1018 millones de barriles por año en 2009, 16.3% menos que en 2005). Ello puede ser un bache temporal, o bien estar marcando una nueva tendencia de más largo plazo. El gobierno federal y Petróleos Mexicanos parecen estar convencidos de que se trata de lo primero. Además de una recuperación en las reservas totales y probadas de petróleo, han planteado que la producción del mismo recuperará los niveles de 2005 dentro de unos años; otros ven en la disminución de la producción el inicio de una tendencia hacia reducciones todavía mayores en el futuro, atribuyendo tal comportamiento, entre otros, a malas prácticas de explotación de los yacimientos. En todo caso, dado que durante las próximas dos décadas, salvo por rupturas tecnológicas mayores, el consumo nacional de petróleo por unidad de producto difícilmente se reducirá en más de 15%, y en vista de que en esos 20 años más nos vale que el pib nacional por lo menos se duplique (tasa anual media de crecimiento de 3.5%), es claro que aun si se recupera la producción de crudo a niveles de 2005 el margen para las exportaciones de crudo se irá reduciendo, al grado de que el país podría convertirse en importador neto de petróleo crudo antes del año 2030. Si así ocurriera, el país tendría que encontrar nuevas fuentes de divisas para pagar por las importaciones de crudo, y hoy no está claro cuáles podrían ser estas. Por supuesto, en ese escenario, los recursos públicos sufrirían un duro golpe, que requeriría ajustes mayores en el gasto público, probablemente obligando a una reducción de la burocracia, lo que contribuiría a un mayor desempleo.

En resumen, ¿qué cabe esperar en la economía nacional dentro de 20 años? La pregunta no tiene, por supuesto, una respuesta fácil. De no cambiar sustantivamente el modelo económico, es probable que veamos más de lo mismo. Un país con un inaceptable elevado número de pobres, aun si en los próximos 20 años se recuperara la tendencia a la baja habida entre 1996 y 2007. Una economía con tasas de crecimiento del PIB de 2% a 4% anual, lo que llevaría a que el pib del año 2030 fuera 50% mayor que en el 2010 si el crecimiento estuviera en el límite inferior, o algo más del doble del de 2010 si dicho crecimiento fuera el del límite superior. En otras palabras, una economía dentro de 20 años con un pib un poco mayor del que tuvo España en 2010 y un poco menor que el de Italia en el mismo año, nada por lo cual estar orgullosos. Un país con una oferta insuficiente de trabajos para sus jóvenes y más trabajadores en la economía informal (la que podría representar entre 30% y 40% del PIB) que en la formal. Una economía todavía volcada hacia el exterior y con un mercado interno insuficiente como para servir de plataforma de despegue. Una economía con un ahorro interno por lo menos cinco puntos porcentuales del pib por debajo de lo deseable. Un país que habrá dejado pasar la oportunidad de insertarse en la economía global del conocimiento por no haber querido ser una sociedad de aprendizaje, con un sistema nacional de ciencia y tecnología todavía raquítico y mayormente desvinculado del sector productivo.

Todos estos descriptores de la economía nacional en 2030 corresponden a un escenario tendencial que repite los errores del pasado. Un país, así, prolongación del que hemos vivido durante los últimos 20 años, sin muchas esperanzas y expectativas, sólo es posible imaginarlo si el aguante de la sociedad mexicana es cercano al estoicismo. Sería, posiblemente, un país que viviría, por lo menos en lo económico, permanentemente al borde de la insurrección.

Pero, por supuesto, el descrito arriba es sólo uno de los posibles escenarios. Puede pensarse también en una futura economía en la que se hayan puesto en marcha procesos de redistribución de la riqueza (con una creciente generación de empleos de mayor valor agregado e incrementos salariales anuales de por lo menos un punto porcentual por encima de la inflación), con un sentido colectivo de solidaridad. Una economía en la que las grandes empresas paguen los impuestos que en teoría les corresponden, y en la que la progresividad en el pago de impuestos sea mayor. Un país con una cultura científica y tecnológica todavía insuficiente, pero muy superior a la actual, con un sistema nacional de ciencia y tecnología más sólido y más vinculado con las necesidades de la población y los sectores productivos, y en el que la inversión en ciencia y tecnología supere holgadamente a lo que la ley obliga y que contribuya a agregarle valor a los sistemas de producción. Una economía con cadenas productivas bien articuladas, con una contribución importante de los sectores de gran valor agregado y tecnología desarrollada. Un país en el que la capacitación de la fuerza laboral no sea objeto de simulación y se le vea más como una inversión que como un gasto. Una economía con un ahorro interno sostenidamente superior a 25% del PIB y una banca que, a diferencia de la actual, privilegie el crédito a las inversiones productivas por encima del crédito al consumo. Un país que finalmente entiende que el crecimiento económico no es un objetivo por sí mismo y que, como meta, dicho crecimiento es válido solo si sirve para asegurar el bienestar de la población. En fin, un país que, visto desde las condiciones actuales y las tendencias del pasado inmediato, se parece un poco a una carta a los Reyes Magos.

Los dos futuros escenarios económicos bosquejados antes a grandes brochazos no agotan ni con mucho el universo de los posibles. Son sí, quizá, una especie de escenarios límite (lo que algunos denominarían como los escenarios pesimista y optimista) entre los que posiblemente se desenvolverá nuestro futuro, y ni de eso podemos estar seguros. Y vale la pena aclarar que nuestra trayectoria podría oscilar a lo largo del tiempo, aproximándose unas veces a un lado y en otras al otro, y que en algunos rubros tenderá a acercarse al lado optimista y, en otros, al pesimista. En lo aquí dicho con respecto a los pasados 20 años y las próximas dos décadas prácticamente hemos omitido al entorno económico internacional. No es que este no haya tenido o no vaya a tener importancia alguna para el futuro desarrollo económico del país; pensar así sería, por decir lo menos, iluso. Hoy mismo, a pesar de la supuesta "solidez" y "blindaje" oficialmente declarados de la economía nacional frente a los choques externos, creo que nadie en su sano juicio (y sin necesidad política de vender mundos color de rosa) se atrevería a afirmar que la falta de una resolución aceptable para el techo de endeudamiento de la economía estadounidense y, como consecuencia, su posible desplome (o al menos el del dólar), o la incertidumbre no resuelta de un posible contagio de las crisis de algunas de las economías menores de Europa (Portugal, Grecia) a los mayores de dicha región (Alemania), no golpearían a la economía mundial lo suficiente como para poner en jaque a la economía mexicana. Pero analizar los posibles futuros del entorno económico internacional requiere de un espacio mayor del aquí disponible. Con todo, a modo de compactísimo resumen, vale destacar que en las próximas dos décadas el entorno internacional probablemente será de cambios importantes, de complejidad creciente, con un mayor grado de incertidumbre acerca del futuro mismo y sobre el impacto de nuestras intervenciones, y con grandes presiones de competencia. Todo ello en un marco en el que la sustentabilidad se verá amenazada cada vez más (sin poder descartar crisis del agua, un cambio climático por el calentamiento global, crisis alimentarias, etcétera).

 

Política

Los cambios de las dos últimas décadas en el sistema político nacional fueron también profundos. Cuando nació POLIS el país acababa de pasar por unas elecciones presidenciales (en 1988) controvertidas, después de las cuales Carlos Salinas de Gortari fue declarado presidente electo. Por primera vez desde al menos los años cincuenta, la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdiera las elecciones presidenciales había parecido real y cercana; incluso hay quienes afirman que, de hecho, las perdió frente a Cuauhtémoc Cárdenas. Pero ello no se consumó (al menos no en las cifras oficiales); así, en 1990, tal como había sido desde hacía tres cuartos de siglo, México seguía siendo gobernado en el ámbito federal por el PRI, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, donde tenía mayoría absoluta en ambas cámaras. Y también en el ámbito estatal: en 1990 el pri gobernaba en todos los estados de la República, con excepción de Baja California, la primera entidad en la que fue derrotado en las elecciones gubernamentales por un partido de la oposición (el Partido Acción Nacional, PAN), lo que había ocurrido apenas un año antes, en 1989. Veinte años más tarde el PRI ha perdido la Presidencia de la República en dos ocasiones consecutivas, quedando su candidato en tercer lugar en las últimas. Luego de haber sido la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados y la segunda en el Senado en la LX Legislatura, 2006-2009 (en 1997 había perdido la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados por primera vez), recuperó la mayoría (no absoluta) en esa cámara, pero se mantiene como la segunda fuerza en la de Senadores. Hoy gobierna con un candidato propio (ganador sin alianzas partidistas) solo en seis estados de la República, y en otros 12 de manera compartida como producto de diversas alianzas.

En la primera mitad de la década de los noventa el país se vio sacudido por varios acontecimientos políticos de gran magnitud. En mayo de 1993 el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue muerto en un tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara, sin que a la fecha se haya resuelto el crimen. En 1994, justo en la fecha de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el primero de enero sorpresivamente estalló el levantamiento indígena zapatista armado (precariamente) en Chiapas. En marzo de ese año fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato oficial del PRI a la Presidencia de la República, lo que trastocaría los procesos establecidos de sucesión presidencial del partido entonces en el poder. Poco más tarde, en septiembre, fue asesinado también, José Francisco Ruiz Massieu (quien había sido secretario general del PRI y era exesposo de una hermana del presidente Carlos Salinas de Gortari), siendo diputado electo y hermano del entonces subprocurador general de justicia, Mario Ruiz Massieu (quien aparentemente se suicidó en Estados Unidos, en 1999). Estos hechos sacudieron al mundo político nacional. Aunque el PRI, gracias a su maquinaria electoral, ganó las elecciones presidenciales de 1994 con un candidato construido al vapor y que no se distinguía por su carisma popular, el desarreglo interno y su creciente debilidad eran ya manifiestas. Así, en el año 2000, en el último año de un siglo en el que el poder nacional había sido de su propiedad exclusiva, el PRI tuvo que entregar la banda presidencial al candidato del PAN. Las más recientes elecciones presidenciales, de 2006, fueron todavía más controvertidas que las de 1998, aunque ninguno de los dos protagonistas principales de la disputa a que dieron lugar era del PRI. La legitimidad de los árbitros electorales y de los resultados fue puesta en duda y el país quedó polarizado. Se consumó la transición del sistema político nacional de uno de un partido a otro de tres grandes y una colección de pequeños. En las elecciones para gobernadores no solo fue cambiando el color de los partidos en el poder, sino que el margen de votos entre los ganadores de las elecciones locales y los ocupantes del segundo lugar se fue estrechando. La frecuencia de las elecciones impugnadas creció y la importancia de los tribunales electorales aumentó.

Más allá de lo anterior, no hay duda de que en las últimas dos décadas el sistema político nacional se transformó de manera trascendental en muchos otros aspectos. El sistema presidencialista en que el titular del Ejecutivo concentraba el poder de manera casi absoluta en una dicta-blanda (como presidente, jefe del partido, gran elector, cacique supremo, coordinador de las cámaras de diputados y senadores, distribuidor de cargos y prebendas, etcétera), dejó de ser. La separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial cobró vigencia, y acotó la capacidad de maniobra presidencial; los poderes metaconstitucionales asociados con la banda presidencial se fueron perdiendo. La frecuente queja del pasado por la sumisión del Legislativo al Ejecutivo se transformó en otra sobre la falta de coordinación y la permanente lucha de poder entre el primero y el segundo; hoy, con frecuencia uno a otro se lanzan acusaciones de estar impidiendo la aprobación de medidas que beneficiarían al país. Al interior del Legislativo suele también haber discrepancias que impiden o retrasan acuerdos. Hay quienes piensan que el número de diputados y senadores, pero particularmente el primero, es excesivo y que los legisladores de representación proporcional ya no tienen sentido. Por otra parte, con los procesos de descentralización, los gobernadores tomaron distancia del poder central y se convirtieron en actores políticos importantes, reproduciendo a escala local el sistema absolutista federal del pasado. Si hace 20 años era impensable que los candidatos presidenciables del partido en el poder no salieran del gabinete del Ejecutivo, hoy, para aspirar a ser presidenciable en cualquiera de los partidos aparentemente resulta más valioso como activo ser o haber sido gobernador. En todo caso, la designación desde el centro de candidatos a puestos locales de elección popular enfrenta hoy, a diferencia del pasado, grandes resistencias. La democracia mexicana abierta, que durante años fue una quimera a la que atribuíamos un supuesto poder curativo de todos los males nacionales, terminó siendo una ramera muy costosa. Su chaperón, el Instituto Federal Electoral, concebido como órgano supervisor independiente, terminó siendo instrumento partidista. Al final, las frecuentes disputas electorales que llegan a tribunales hacen que los ganadores sean elegidos, no por los votantes, sino por un puñado de magistrados, que ni siquiera ocupan sus puestos por elección popular.

En 1990 el sistema político todavía mostraba cierta disciplina partidista. Los aspirantes a algún cargo político aún se formaban en gran parte en la fila de su partido, en espera de ser seleccionados por las estructuras nacionales o el Gran Elector. Es cierto que las elecciones de 1988 habían roto con parte de la disciplina (en el Partido de la Revolución Democrática se había formado ya una fila alternativa para los priistas que no percibían un futuro promisorio dentro del PRI). Pero quienes habían perturbado el orden quedaban fuera sin posibilidades aparentes de retornar como hijos pródigos. La izquierda todavía era un remedo razonable de la izquierda, el centro revolucionario seguía siendo el centro y la derecha, la derecha. La sociedad civil, la ciudadanía, apenas empezaba a despertar como actor de los procesos políticos, y a nombre de ella se gobernaba para los de siempre.

Veinte años después, los tres partidos más importantes del país muestran desarreglos importantes, resultado de pugnas internas por el poder. Con mucha mayor frecuencia de la deseada, los candidatos a puestos de elección popular saltan de un partido a otro sin remordimiento alguno, con tal de colocarse en el primer lugar de los aspirantes a un puesto dado; los hay que han recorrido ya prácticamente toda la gama partidista. Los partidos los acogen si estiman que el posicionamiento de estos personajes entre el electorado les da alguna ventaja sobre los posibles candidatos de su propio partido. Así, los políticos cambian de chaqueta a conveniencia y buscan votos en contiendas en las que se vale todo (hasta el fuego amigo), excepto quizá las propuestas positivas y serias (plausibles) para darle rumbo y crearle un mejor traje de futuro al país. Todavía más, los partidos de supuestas ideologías encontradas están dispuestos a jugar con la idea de firmar alianzas electorales perversas con tal de derrotar al tercero en discordia. Las diferencias en los paradigmas y programas de acción o la consistencia entre el dogma y la praxis parecen ser lo de menos. La alternancia en el poder es incluso a veces difícil de reconocer; cambia el partido ganador pero con un candidato que poco antes pertenecía a uno de los partidos perdedores. La política se ha convertido, así, abiertamente, en una búsqueda del poder por el poder, en la que lo único que importa parece ser conseguirlo. Como resultado -de ello y de otros factores- el grado de desconfianza y descontento de los ciudadanos (que afortunadamente poco a poco parece que han venido cobrando mayor conciencia política) frente a los partidos es elevado y creciente.

Si bien en los 20 años transcurridos desde 1990 hubo cambios importantes en el sistema político nacional, parece haber también algunas constantes políticas (claro está, seguramente con algunas excepciones): los gobernantes siguen tan desentendidos como siempre de las opiniones, aspiraciones y demandas populares de sus gobernados. El hartazgo de los ciudadanos con el partido en el poder simplemente se hizo extensivo a todos los partidos. Los políticos siguen siendo tan zánganos y tan centrados en su conveniencia personal como antaño. Los poderes fácticos, los poderosos intereses económicos, siguen acotando lo que es posible y lo que no. Lo que ha cambiado es la composición y peso al interior de dichos poderes, agregándose algunos -como los narcotraficantes-, permaneciendo otros -como los medios de comunicación, en particular las televisoras-, y cambiando de nacionalidad otros más -como la banca-, pero no las aspiraciones de poder de todos ellos. La búsqueda del poder por el poder sigue intacta, con la única salvedad de que si antes el poder se entendía como la capacidad para hacer lo que se quería, ahora se entiende como la capacidad para impedir que otros hagan lo que quieren.

Para el futuro queda abierta la posibilidad de una reforma política profunda. Porciones de ella, quizá las menos profundas, forman ya parte de la agenda política (la segunda vuelta en las elecciones, la eliminación o reducción del número de legisladores plurinominales, la aprobación de los miembros del gabinete por parte de Legislativo, entre otras) y algunas, como la reelección de los legisladores y las candidaturas independientes, parecen haber sido ya negociadas con éxito entre los actores políticos. Otras, como la posible adopción de un sistema parlamentario, se ven lejanas. En todo caso, como quienes deberán aprobar la reforma serán los propios políticos que operan al sistema actual, parece difícil que la reforma incluya cambios que vayan en contra de sus intereses. Lo realmente importante sería que los actores del sistema político adquirieran una actitud de servicio público y de atención al bien común; pero como ello seguramente es pedirle peras al olmo, quizá tendremos que conformarnos con preguntar si será o no posible una refundación política de la República que incluya mecanismos formales reales de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y que acote la sinvergüenza de los actores políticos. De cualquier forma, creo que sería sensato que, aun pensando en que los vientos le fuesen del todo favorables a nuestra democracia, abandonáramos la idea de que eso sería la fórmula mágica, la bala de plata que corregiría todos nuestros males. Sin duda ayudaría, pero tenemos problemas estructurales que requieren algo más. Nuestra democracia, llena de adjetivos (e improperios), aunque le pese a Enrique Krauze, no puede con el paquete.

 

Sociedad

La sociedad mexicana también tuvo su dosis de cambio en las últimas dos décadas. En términos generales, quizá no sea exagerado afirmar que el tejido familiar y social del país se ha visto distendido de manera importante y, en algunos sentidos, empieza a deshebrarse. La estructura familiar se modificó, agregando un estrés creciente a la familia tradicional. Por una parte, el tamaño medio de las familias mexicanas se redujo como consecuencia de la disminución en la tasa de fecundidad. Una contracción en la proporción de familias extendidas y una mayor participación de las familias nucleares en el total han contribuido a reducir el sentimiento de participación familiar y la capacidad de las redes familiares de atender a sus miembros, en particular a los viejos y los enfermos. Por otra parte, la creciente tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo (que hoy supera ya el 50%), empujada por las condiciones económicas y la insuficiencia de ingresos familiares, se agrega a lo anterior e impone obligadamente una menor atención al tejido familiar. Con seguridad esto se acentuará en el futuro (de continuar las tendencias es probable que dentro de 30 años la tasa de participación en la población económicamente activa de las mujeres iguale a la de los hombres), con consecuencias todavía no evaluadas. A ello se añade el que un porcentaje cada vez mayor de los hogares del país son encabezados por mujeres (15% de ellos en 1990, casi 25% en 2010 y probablemente más de la tercera parte en 2030), siendo una buena parte de ellos uniparentales. La carga familiar y laboral simultánea para las mujeres mexicanas se está volviendo cada vez más pesada. Para agravar las cosas, a trabajos y responsabilidades iguales, los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres, y todavía existen limitaciones importantes para que las mujeres puedan progresar en su carrera laboral con igualdad frente a ellos. A pesar de los avances habidos en materia de igualdad de género durante los últimos 20 años, México sigue siendo un país machista, que en muchos rubros y sectores parece seguir montado en el pasado. Como en muchos otros asuntos, los avances en papel se cumplen apenas a medias en la vida real (como botón de muestra baste la desatención de los partidos políticos en la proporción acordada para las mujeres en las candidaturas a cargos de representación popular). Todo lo anterior será importante para el futuro nacional, en particular porque la mujeres han tenido tradicionalmente la responsabilidad de la transmisión de los valores sociales; su menor tiempo de presencia familiar está dejando un hueco en esta función que, salvo por excepción, no está siendo llenado por los hombres y sí, en cambio, por los medios de comunicación masiva, en particular la televisión, donde los valores que imperan no son, por cierto, los más deseables.

A lo anterior se agregan otras tendencias importantes para la estructura familiar. Por una parte, en los últimos 20 años la edad de la mujer en la primera unión ha aumentado (y probablemente seguirá aumentando durante los próximos 20) y los porcentajes de casados y solteros perdieron cada uno cinco puntos porcentuales, mientras que el de aquellos en unión libre ganó siete puntos porcentuales y el de los separados o divorciados ganó más de tres; en otras palabras, las familias se forman más tarde y la estabilidad familiar se debilita gradualmente.

La educación de los mexicanos se plantea hoy como clave para el futuro del país y como uno de los grandes retos en espera de solución. La población nacional tiene hoy una escolaridad media (8.6 años) dos años mayor que en 1990, la tasa de analfabetismo (6.9%) es la mitad que hace 20 años, y la población de 15 a 24 años que asiste a la escuela (40.4%) es 10% mayor que hace dos décadas. En términos cuantitativos, pues, la educación de los mexicanos es hoy mayor que la de 1990. Pero los avances cuantitativos señalados son solo parte de la película. El resto de ella muestra que la educación recibida no es buena. Las mediciones disponibles, nacionales e internacionales, sobre el estado cultural de los alumnos mexicanos no son nada halagüeñas. Una parte importante de los alumnos de secundaria son incapaces de señalar que México se encuentra en Norteamérica; que Sonora, Sinaloa y Tamaulipas tienen costa, o que Monterrey es el mayor centro industrial del norte del país. Nuestro sistema escolar no parece ser apto para reducir nuestra ignorancia en la medida esperable. Tampoco parece serlo para conseguir que podamos aplicar los conocimientos adquiridos en la solución de problemas. Ello es grave, repito, más cuando la sociedad de la información se ha transformado ya, para los países desarrollados, en la sociedad del conocimiento. La educación nacional sigue estando centrada en la enseñanza (los maestros) más que en el aprendizaje (los alumnos), y caben todas las dudas sobre su pertinencia. Por ello resulta todavía más doloroso descubrir que un porcentaje importante de los maestros tampoco tienen los conocimientos que se supone deben transmitir.

En un escenario tendencial, dentro de 20 años probablemente la escolaridad media de los mexicanos habrá crecido dos o tres años más, la población de 15 a 24 años que asistirá a la escuela posiblemente será de 10 a 15% más que hoy, y la cobertura del bachillerato completo prácticamente será universal, la de educación superior quizá cercana al doble de la actual, y la de posgrado (maestría y doctorado) ligeramente mayor a la de hoy. Todo esto sin duda sería positivo, y quizá todavía pueda esperarse algo más si el país hace un esfuerzo adicional en educación. Pero con todo, ello no será garantía de que constituyamos una población mucho más educada. Los mexicanos leemos muy poco y la acelerada acumulación de conocimientos hace rápidamente obsoletos a aquellos que se adquirieron durante el lapso de escolarización formal.

Dados los avances cuantitativos habidos y la disminución en la tasa de crecimiento demográfico, la preocupación cuantitativa por aumentar la cobertura será en las próximas dos décadas menor que en las dos anteriores; habrá así, por lo menos, mayor espacio para pensar en cómo elevar la calidad de la educación. De hecho, el tema de la calidad de la educación empezó a ser preocupación institucional en México desde hace más de una década: en 1994 se creó el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, en 2000 México participó en el primer ejercicio de evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, y en 2002 se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pero el camino por recorrer todavía es largo. Para empezar habría que comprender mejor qué es una educación de buena calidad. Las mediciones estándar de calidad educativa son casi en su totalidad (dentro y fuera de México) mediciones de salida (los egresados) y de dotación de infraestructura. Pero si la educación es principalmente un cambio en el estado cultural de las personas, la medición de la calidad tiene que medir dicho cambio y no sólo el resultado final (un sistema educativo al que ingresaran ingenieros consumados y del que egresaran aprendices de ingeniero sería de pésima calidad, independientemente de qué tan buenos fueran los aprendices de ingeniería egresados y de la infraestructura disponible en el sistema). Hoy el paradigma educativo del país requiere cambios profundos e innovaciones radicales. Los cambios y ajustes menores conducirán a avances menores; lo que se requiere, y con urgencia, es una verdadera revolución. Que esta pueda o no darse dentro de los próximos 20 años dependerá en buena parte de la actitud y disposición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al que más de uno le atribuye ser un poderoso freno al cambio, y de si el gobierno y la sociedad le permiten a este seguir siendo lo que es. La privatización de la educación, proceso en marcha sobre todo en algunos niveles, como el de la educación superior, agrega interrogantes a los futuros educativos del país, como también lo hacen los desarrollos en las tecnologías de la información y las comunicaciones que prometen posibilidades de una educación a distancia ubicua y a la vez amenazan con una globalización de las opciones educativas y una mercantilización creciente de la educación.

Entre las preocupaciones sociales del México del mañana habrá que agregar la correspondiente al futuro de la seguridad social. Los impulsores de cambio, con la retirada del Estado benefactor, parecen indicar que en el futuro la seguridad "social" podría ser un asunto más individual que gubernamental. El Sistema de Ahorro para el Retiro y el crecimiento de los seguros individuales o colectivos para la salud, incluido el Seguro Popular, parecen formar parte de esta tendencia. Hasta ahora, en México la seguridad social ha estado atada al mercado laboral; las prestaciones correspondientes se adquieren junto con un empleo en la economía formal. Y dada la insuficiencia de esta última y el crecimiento de la informalidad laboral, con todo y los avances pregonados por las diversas administraciones federales, en 2008 el Banco Mundial estimaba que seis de cada 10 mexicanos en edad de trabajar no tenía acceso a la seguridad social. Lo cierto es que los pobres tienen hoy más dificultades que hace 15 años, cuando el país inició su inserción al área de libre comercio de América del Norte, para insertarse en el mercado de trabajo formal, y por tanto para hacerse beneficiarios de la seguridad social. Por otra parte, el deterioro financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo ha puesto en una situación de quiebra. Para evitarla se requerirán cambios fundamentales en la institución, y muchos recursos económicos que no está claro de dónde podrían provenir. De hecho, en las pasadas dos décadas la capacidad del IMSS ha tenido un deterioro continuo que no será sostenible en las próximas dos. Con la actual estructura organizacional y legal, los cambios requeridos se ven difíciles. La reforma completa del sistema de seguridad social del país, por más que sea necesaria, tampoco parece fácil.

En los últimos 20 años el cambio social del país parece haber empezado a afectar también a las convicciones más profundas de los mexicanos. En 1990, 89.7% de la población nacional de cinco o más años se declaraba católica (muchos dirán que la etiqueta debería ser más bien la de guadalupanos, y que entre la declaración de serlo y serlo en la realidad hay una brecha); 20 años después el porcentaje había descendido a 83.9% (ganando peso los protestantes y evangélicos, 7.6%, y quienes no profesan religión alguna, 4.6%). El descenso de seis puntos porcentuales de los católicos en 20 años no parece mucho. Pero si nos atenemos a lo que dicen los modelos logísticos de competencia, esos seis puntos habrán sido los más difíciles de perder, por lo que en el año 2030 la población no católica del país podría constituir entre una cuarta y una tercera parte del total. La descatolización del país parece extenderse desde el sur (donde la pérdida de feligreses católicos ha sido más pronunciada) hacia el norte, agregando a las diferencias en el grado desarrollo humano y de marginación y pobreza entre una y otra región un factor adicional de diferenciación (y conflicto potencial). No está claro cuáles podrían ser las implicaciones futuras de un México más o menos católico, aunque no son escasos los estudios que apuntan a que la religión condiciona, por ejemplo, la ética laboral, la actitud empresarial, la inclinación hacia la innovación, etcétera, y en términos no favorables para los valores católicos.

Hoy, a diferencia de hace 20 años, es obligado incluir entre los clavos del zapato nacional que contribuyen a la desintegración social a las adicciones, el crimen organizado, la violencia y la inseguridad. México ha empezado a convertirse de un país productor y de paso de las drogas hacia el vecino del norte, a un país consumidor de las mismas. Cerca de 70% de los mexicanos mayores de 18 años consumen bebidas alcohólicas, una droga legal, y alrededor de tres millones presentan problemas de alcoholismo (10% de ellos mujeres y, otro tanto, menores de edad). Adicionalmente, el alcohol (junto con el tabaco) es una droga de inicio que propicia el consumo de drogas ilegales. Cerca de 3.5 millones de mexicanos reconocen haber consumido drogas ilegales por lo menos una vez (poco más del 6% de ellos son menores de edad) y al menos unos 600 000 consumen ya dichas drogas de manera frecuente. Dentro de 20 años posiblemente seis millones de mexicanos habrán consumido drogas ilegales al menos una vez y cerca de un millón y medio podría consumirlas de manera frecuente. Las drogas mismas han vivido un proceso de transformación, en el que las sustancias sintéticas (químicas, como crack, ice, piedra, anfetaminas, etcétera) han cobrado mayor peso; estas últimas son más baratas y, en cierto sentido, tienen consecuencias más dañinas para la salud. Quizá el crecimiento en el consumo de drogas a edades cada vez más tempranas esté relacionado con los cambios en los valores, donde la velocidad de las transformaciones y la creciente incertidumbre nos empujan a preferir la retribución inmediata, descontando al futuro de manera tan atroz que el mañana prácticamente deja de tener valor. El esfuerzo sostenido para alcanzar una satisfacción sana en el futuro es hoy fácilmente superado por la retribución inmediata, aunque esta sea profundamente dañina y cancele nuestro futuro de largo plazo.

Cada vez parece más evidente que el uso de la fuerza del Estado como eje central del combate al crimen organizado no está dando resultados; parte de la sociedad civil parece haberlo entendido así. Resulta difícil creer que dicha estrategia podría dar los resultados deseados cuando, entre otros, existe un número importante de mexicanos en pobreza extrema y un verdadero ejército de jóvenes etiquetados como los ninis (ni estudian ni trabajan) que son reclutas relativamente fáciles de las bandas criminales, cuando el crimen organizado se ha infiltrado en al menos parte de la estructura policial que debe combatirlo, y cuando la impunidad y la desigual aplicación de la ley son rasgos característico de nuestro sistema judicial. No se trata de discutir si el Estado debe o no enfrentar a dichas bandas haciendo uso de su monopolio de la fuerza (que hoy ya no lo es), sino de reflexionar sobre cuál es la manera más efectiva y de menor costo económico y social para hacerlo. La acción policial y militar sin una política social eficaz parece conducir a un callejón sin salida; a una disputa por el territorio nacional entre bandas y policías y militares. El futuro desenlace de la lucha contra el crimen organizado está, así, lleno de incertidumbres, pero merece al menos experimentar nuevos caminos. Por lo pronto, sin un cambio en la orientación de las políticas públicas, más dirigido a la mitigación de los factores determinantes de la criminalidad, las próximas dos décadas podrían ser no solo más de lo mismo, sino escenario de cosas peores.

Entre lo que ha variado poco en México en los últimos años está la situación del Estado de derecho. México es en el papel un país de leyes; en muchos casos su legislación es de "avanzada". El problema reside en la falta de aplicación irrestricta y pareja de las mismas. El problema es profundo. No se trata solo, aunque lo abarca, de una aplicación diferenciada de la ley de acuerdo con la clase social a la que se pertenece o los ingresos que se tienen, lo que ya de por sí resulta escandaloso. Las autoridades del país, lo mismo del Ejecutivo que del Legislativo o el Judicial, incumplen con la ley, con frecuencia de manera impune. Unas veces por intereses políticos, otras por beneficios personales, y algunas más por incapacidad. Las leyes "son interpretadas" a conveniencia y el que tiene más saliva traga más pinole. México es hoy quizá tanto o más corrupto que hace 20 años. Tal vez el mundo entero lo sea y lo que ocurre en México es solo la manifestación local de una tendencia mundial. En 1983 se creó la entonces llamada Secretaría de la Contraloría General de la Federación, más tarde (1994) convertida en Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y hoy (desde 2003) Secretaría de la Función Pública, como organismo de control y vigilancia del ejercicio público del gobierno federal. El valor de tal estructura de control es, por decir lo menos, dudoso. Quizá es por eso que durante la crisis del 2009, en aras de un ahorro para las finanzas públicas, el propio presidente pensó en la desaparición de esa secretaría. En la asignación de recursos públicos probablemente el resultado más importante de contar con dicha estructura ha sido un encarecimiento de la corrupción. Las mediciones del fenómeno por parte de organismos como Transparencia Nacional cuantifican parte de la corrupción al menudeo (las mordidas que los ciudadanos pagan para obtener los servicios que deberían cubrir sus impuestos o para no ser acreedores a las sanciones por cometer faltas menores). Los grandes negocios de la corrupción al mayoreo quedan fuera de toda medición. Hoy todos somos la corrupción. Sin una refundación moral del país, que no sabemos si puede o debe ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, dentro de 20 años México seguramente seguirá siendo un país de leyes "asegún" y de corrupción.

Afortunadamente hoy, a diferencia de hace 20 años, en México parece estar surgiendo una sociedad civil del país algo más consciente y más despierta. El número de organizaciones no gubernamentales ha aumentado de manera significativa en las últimas dos décadas y el número de quienes participan en ellas es creciente. Son todavía, en gran medida, grupos con agendas específicas y desagregadas, sin conexión entre sí. La falta de una visión amplia hace que se mantengan desarticulados unos de otros y sin una agenda común. Así, su grado de organización y su disposición a actuar están todavía lejos de convertirlas en uno de los principales actores del país, pero por lo menos muestran una capacidad creciente de vigilancia activa y de interés para intervenir en los procesos de cambio. Hoy todavía no existen en el país mecanismos formales para incluir de manera directa a la sociedad civil en la toma de decisiones.⁴ El desarrollo de las redes virtuales seguramente ayudará a que en el futuro la capacidad de movilización de la población por fuera de las instituciones tradicionales crezca; el poder de convocatoria de las mismas será un factor a tomar en cuenta. Pero, por otra parte, dichas redes están ya permitiendo medir la condición y preferencias de la población (o de segmentos de ella), con posibilidades de manipulación por parte del Estado y los poderes fácticos antes no imaginables. En la medida en que los canales tradicionales de representación formal de la sociedad sean inoperantes y las respuestas a las necesidades específicas sean insuficientes, las organizaciones sociales tendrán campo fértil para crecer y afianzarse.

 

Colofón

El presente de México es, sin duda, de grandes contrastes. A una parte de los mexicanos, minoritaria, seguramente les bastará con que el futuro nacional sea una mera prolongación del pasado. Pero estoy seguro de que ese no es el caso de la mayoría. Un futuro que esencialmente proyecte los últimos 20 años hacia delante para las próximas dos décadas resulta insatisfactorio. La miopía de pensar en la solución de los problemas con una visión que solo incluye al presente y al futuro de corto plazo, resulta ser conformista y el equivalente a dar palos de ciego. Este ensayo queda, por supuesto, muy corto en la tarea de imaginar los futuros nacionales. No podría haber sido de otra manera. Entre otras razones, porque la tarea no puede ser individual; ha de ser colectiva y plural. Muchos de los juicios anotados aquí seguramente les parecerán desatinos a algunos lectores. Si el ensayo lograse tan solo que algunos de ellos abrazaran el propósito de pensar seriamente en el largo plazo del país, desde su punto de vista, con sus propias percepciones, este ensayo habría logrado en mucho su propósito. Pero lo que México necesita es una reflexión mucho más profunda y comprehensiva sobre lo que podría ocurrir y sería preferible que eso ocurriera en, por lo menos, las próximas dos décadas. Existe la necesidad, existen las herramientas formales para hacerlo, pero ha faltado la voluntad y los recursos para realizar el esfuerzo riguroso y sistemático que ello requiere. Quizá nuestro futuro sería otro si se realizara un ejercicio tal. Construir una visión alternativa para nuestra sociedad, así sea en el papel, que cree consensos y compromisos para lograrla, representaría la esperanza. Nuestro país, como la casa del poeta español Miguel Hernández, está pintado "del color de las grandes pasiones y desgracias". Y como él, no sobra gritar: "Dejadme la esperanza".

 

Notas

¹ Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

² Se considera pobres patrimoniales a aquellos que cuentan con un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades de salud, de educación, de alimentación, de vivienda, de vestido y de transporte público, aun si dedicasen la totalidad de sus recursos económicos a ese propósito.

³ Se consideran pobres alimentarios a quienes tienen ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos, incluso si los destinasen exclusivamente para ese fin.

⁴ En México ha habido resistencia a crear un Consejo Económico y Social nacional, como el que ya existe en muchos países (e incluso en algunos estados de la República), que, aun sin agotar las formas de participación de la sociedad civil, sí abriría un camino de expresión formal de sus deseos y preocupaciones.