Reseñas

 

La cultura política de la democracia en México, 2004

 

Antonio Murga Frassinetti*

 

Jorge Buendía y Alejandro Moreno, Vanderbilt University/ITAM/USAID, 2005, 130 pp.

 

* Profesor-investigador del Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Correo electrónico: <almf@xanum.uam.mx>.

 

El surgimiento de nuevos sistemas o regímenes democráticos en América Latina, el sureste de Asia y Europa Central y Oriental contribuyó en el último cuarto del siglo XX al renacimiento intelectual de la cultura política. A partir de entonces, la avalancha de estudios ha estado vinculada con la hipótesis clásica de que los sistemas democráticos requieren de una cultura que los sustente; es decir, la aceptación por parte de los ciudadanos y las élites políticas de un conjunto de valores y actitudes plasmados en la confianza interpersonal, la libertad de expresión, de información y de culto, la competencia política, el derecho al disenso, los derechos de los partidos de oposición, el imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos y la confianza institucional, entre otros.¹

Viejas y nuevas problemáticas constituyen los ejes analíticos del estudio reciente de la cultura política. Entre las primeras, mencionemos el examen de la tolerancia, la participación política, las identificaciones partidistas, los sentimientos de eficacia política; entre las segundas destacan el examen de las concepciones ciudadanas de democracia, las nuevas formas de participación o participación no convencional, el apego a los valores democráticos, la evaluación de las instituciones y los actores políticos, los sentimientos antipartidistas, la desafección y el apoyo político, así como los efectos del capital social, la inseguridad pública y la corrupción sobre la cultura política.

La bibliografía disponible sobre la cultura política mexicana, que se reconstruye de manera paralela a los procesos de liberalización y transición política que experimentó el país desde los años setenta y ochenta del siglo pasado, es sencillamente vasta. Una nueva generación de estudiosos —como son, entre otros, Marco Antonio Cortés, Víctor Manuel Durand, Ana María Fernández, Julia Flores, Yolanda Meyenberg, Alejandro Moreno y María Fernanda Somuano—² ha recuperado algunas temáticas clásicas, al tiempo que ha construido nuevas problemáticas de estudio, ha producido otras dimensiones y variables analíticas, ha enriquecido los instrumentos para la recolección de datos e incorporado técnicas novedosas al análisis de datos.³ Así, podemos apuntar que el estudio de la cultura política mexicana ha experimentado una verdadera renovación teórica, metodológica y técnica.

En este nuevo contexto, aparece La cultura política de la democracia en México, 2004, escrita por los politólogos Jorge Buendía y Alejandro Moreno, profesores e investigadores del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Esta obra es producto de un programa de investigación de mayor envergadura acerca de la cultura política de la democracia en ocho países —México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia—, realizada por el Proyecto de Opinión Pública en América Latina (OPAL; LAPOP por sus siglas en inglés), bajo la coordinación del latinoamericanista Mitchell A. Seligson en la Universidad de Vanderbilt. Uno de los méritos de este proyecto, además de su naturaleza comparativa, es el diseño uniforme de la muestra y el cuestionario aplicado en los ochos estudios nacionales. Este perfil metodológico del proyecto ha permitido realizar análisis detallados de cada caso nacional a la par de análisis comparativos de los ocho casos, los cuales han reportado similitudes y contrastes sorprendentes de país a país (Seligson, 2005).

La cultura política de la democracia en México, 2004 "explora [algunos] elementos cardinales de la democracia" (p. ix); más específicamente, examina seis componentes de la cultura política de inicios del siglo XXI: el apoyo a la democracia estable (capítulo 3), las percepciones ciudadanas sobre la corrupción y sus factores determinantes (capítulo 4), el Estado de derecho y la victimización del crimen (capítulo 5), la relación entre gobierno local y ciudadano (capítulo 6), el comportamiento electoral (capítulo 7) y el capital social (capítulo 8). Adicionalmente, la obra de Buendía y Moreno incluye dos apéndices: el primero describe el diseño muestral y el segundo presenta el cuestionario utilizado para la investigación.

El análisis de los datos de la encuesta OPAL–México, recogida en marzo del 2004, se inicia en el tercer capítulo.⁴ El eje central del análisis de la obra está constituido por el "grado de apoyo a la democracia estable". Las propuestas teórico–metodológicas para medir el apoyo ciudadano a los sistemas democráticos han sido numerosas después de las contribuciones pioneras de Almond y Verba, así como de David Easton.⁵ En este caso, la medición fue construida a partir de dos dimensiones: el apoyo al sistema institucional y la tolerancia política. La primera se refiere a "la manera en que los ciudadanos ven y aprecian a su sistema político" (p. 19), y su medición se realizó con una pregunta tipo termómetro (escala de cero a 100) construida con 21 indicadores.⁶ El apoyo institucional alcanzó un valor promedio de 58 puntos, con un intervalo de variación que va del 89.1 (orgullo nacional) al 41.4 (partidos políticos). De acuerdo con los autores, las visiones ciudadanas favorables hacia la democracia y las percepciones sobre un buen desempeño son factores que fortalecen el apoyo al sistema, mientras que la corrupción y la desconfianza lo coartan o disminuyen (pp. 24–25).

La segunda dimensión, tolerancia política,⁷ alude al potencial de "coexistencia en la diversidad" o existencia de valores y normas de respeto a la diversidad, y se construyó con cuatro indicadores: el respeto que los ciudadanos expresan al derecho al voto, a la protesta (o "llevar a cabo manifestaciones pacíficas"), a ser candidatos para cargos públicos y la libre expresión de ciudadanos que son, explícitamente, contestatarios del sistema político (p. 25).⁸ La tolerancia política alcanzó un promedio de 57 puntos. Según los autores, estos datos permiten decir que "los mexicanos son más tolerantes que intolerantes, [aunque] los niveles de tolerancia son relativamente bajos" (p. 25).

Ahora bien, ¿qué tanto apoyo expresan los mexicanos hacia su sistema político? El procedimiento metodológico, consistente en la combinación de ambas dimensiones desagregadas en dos niveles: alto y bajo, generó cuatro tipos de ciudadanos: a) aquellos que reportan un nivel alto de apoyo institucional y de tolerancia política: democracia estable (41.3%); b) aquellos que reportan un nivel bajo en ambas dimensiones: ruptura democrática (14.4%) y dos tipos intermedios: c) aquellos que expresan un alto apoyo institucional pero baja tolerancia política: estabilidad autoritaria (23.2%), y d) aquellos que expresan un bajo apoyo institucional pero alto nivel de tolerancia política: democracia inestable (21.1%).

¿Qué significan estos datos para una sociedad que apenas cuatro años antes había roto con el autoritarismo del sistema político priista? De acuerdo con Buendía y Moreno, se puede decir que el apoyo ciudadano al sistema "se antoja aún bajo al tener la expectativa de que la democracia requiere que todos la vean como el único arreglo institucional válido" (p. 30). Sin embargo, las actitudes hacia la democracia estable son notorias en cuatro de cada 10 mexicanos, mientras otros cuatro de cada 10 presentan uno de los dos rasgos democráticos: apoyo institucional o tolerancia. La proporción restante, "una quinta parte de los mexicanos, es propensa, en términos de cultura política, al rompimiento democrático" (p. 31).

Los siguientes capítulos de La cultura política de la democracia en México, 2004 están dedicados al examen de otros componentes de la cultura democrática. Destaquemos algunos de ellos. El primero alude a las percepciones ciudadanas sobre la corrupción (capítulo 4), entendida como el comportamiento ilegal de las élites políticas para manipular los asuntos del Estado en busca de una ganancia privada (p. 33). Desde este punto de vista, la corrupción mina la confianza y las actitudes ciudadanas. Dos datos son reveladores: el primero destaca que tres de cuatro adultos (73%) cree que la corrupción de los funcionarios gubernamentales es un fenómeno común (p. 34); el segundo refiere que uno de cada tres mexicanos reporta haber sido víctima de alguna experiencia en la que se involucra algún acto de corrupción durante el año previo a la realización de la encuesta (p. 41).

Un segundo componente destaca la relación entre Estado de derecho y democracia. El estudio midió la confianza ciudadana en el sistema de justicia, la satisfacción con los trámites en los juzgados y la victimización del crimen. En términos generales, los datos sugieren que "los mexicanos han perdido la fe en los hombres pero no en las instituciones" (p. 53). Un tercer componente puntualiza a los gobiernos locales (pp. 55–64) y, sobre todo, la confianza y satisfacción con el gobierno municipal, la participación ciudadana en los asuntos municipales y la confianza en el manejo de fondos por parte de los municipios. Los gobiernos locales no salen "bien parados", pues "la población mexicana no considera que los gobiernos locales escuchan y responden a sus quejas y peticiones. Por el contrario, creen que no hay responsividad hacia la ciudadanía" (p. 64).

El último componente está referido al capital social⁹ o conjunto de redes sociales, normas de reciprocidad, asistencia mutua y confianza social (p. 71). El capítulo mide el comportamiento de dos variables: la confianza social y la participación de la sociedad civil. De acuerdo con Buendía y Moreno, "en México, la sociedad es predominantemente desconfiada y la participación civil es débil" (p. 77). En términos de confianza social, sólo 20% de los entrevistados "considera a la gente de su propia comunidad como muy confiable"; en términos de asociación participativa, el grado más alto de participación (51%) se produce en las iglesias y el más bajo (7%) se presenta en las asociaciones cívicas.

La contribución de Buendía y Moreno tiene muchos méritos, entre los que citamos enseguida solamente algunos. En primer lugar, el estudio reseñado proporciona un perfil detallado de la cultura política de la ciudadanía mexicana en un contexto democrático o, dicho de otro modo, en un contexto de alternancia política. Segundo, aun cuando se trata del análisis de la experiencia mexicana, la naturaleza comparativa del proyecto de investigación que generó los datos del estudio permitió a los autores avanzar en numerosas comparaciones con la cultura política de los otros países —Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia—, que participaron en el proyecto LAPOP. Tercero, el análisis explora una diversidad de componentes centrales de la cultura política pero, sobre todo, recoge nuevas problemáticas que no han sido desarrolladas en el estudio de la cultura política mexicana; por ejemplo, el apoyo político, el capital social y la relación entre corrupción y democracia. Cuarto, el examen destaca con solidez teórica y rigurosidad metodológica las fortalezas y debilidades de la cultura política mexicana del siglo XXI, al mismo tiempo que precisa las asignaturas pendientes de la democracia mexicana. Por último, señalemos que la obra de Buendía y Moreno constituye uno de los pocos estudios disponibles sobre la cultura política democrática posterior al periodo hegemónico del Partido Revolucionario Institucional; por lo mismo, se trata de un análisis que se funda en datos recogidos después del año 2000.

En resumen, La cultura política de la democracia en México, 2004 es un libro de lectura obligada para los estudiosos de la política mexicana actual.

 

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Notas

¹ Gabriel Almond y Sidney Verba elaboraron la hipótesis clásica en su obra referencial The civic culture (1963). Entre los autores contemporáneos destacan las aportaciones de Inglehart (1991 y 2000) .

² Para citar unas pocas obras recientes, mencionamos los libros de Cortés (2005), Durand (2004), Fernández (2003), Flores y Meyenberg (2000) y Moreno (2005).

³ Véase, por ejemplo, el trabajo de Durand y Smith (1996).

⁴ El primer capítulo ofrece "una introducción al caso mexicano para contextualizar el estudio" (p. 1), mientras el segundo plantea el proceso metodológico con el que se produjo la evidencia empírica, materia prima de los hallazgos empíricos que se reportan en los siguientes capítulos.

⁵ Entre las contribuciones más influyentes sobre el tema, mencionemos las de Almond y Verba (1963), Easton (1975), Kornberg y Clarke (1992), Montero y Morlino (1993), Klingemann y Fuchs 1998), Norris (1999), y Rose, Mishler y Haerpfer (1998). Una revisión críticas de estas aportaciones es la de Rose (2002).

⁶ Los indicadores de apoyo al sistema, en orden de importancia, son: orgullo de ser mexicano, Iglesia católica, fuerzas armadas, Comisión Nacional de Derechos Humanos, medios de comunicación, apoyo al sistema político, instituciones políticas, movimientos indígenas, orgullo de vivir bajo el sistema político mexicano, elecciones, tratados de libre comercio, gobierno nacional, elecciones, respeto a los derechos básicos, tribunales, presidente municipal, Procuraduría General de la República, Congreso, Suprema Corte de Justicia, policía y partidos políticos (cuadro 111.1, p. 21).

⁷ Una revisión de los estudios recientes acerca de este tema ha sido realizada por Sullivan y Transue (1999).

⁸ Esta medición tiene antecedentes teóricos y metodológicos en trabajos previos de Mitchell A. Seligson, coordinador del OPAL. Véase Booth y Seligson (1984).

⁹ Esta temática ha ganado una enorme atención y ha sido objeto de un intenso debate en los últimos 20 años. Para la conceptualización y medición del capital social, véanse los trabajos de Arriagada (2003), Millán y Gordon (2004) y Portes (1999). Para la discusión capital social–democracia, véanse las contribuciones de Boix y Posner (2000), Norris (2002) y Paxton (2002).