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El Partido de la Revolución Democrática: la difícil recomposición*

 

The Democratic Revolution Party. A difficult re–composition

 

Rosendo Bolívar Meza**

 

** Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor–investigador titular C del Instituto Politécnico Nacional, becario de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas y del Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores de esa institución. Correo electrónico: <bolivamr@prodigy.net.mx>.

 

Artículo recibido el 21 de julio.
Aceptado el 24 de octubre de 2008.

 

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar, a partir del cuestionado proceso electoral de 2006, al Partido de la Revolución Democrática, para destacar fundamentalmente la necesidad de su recomposición interna La falta de ésta mantiene al partido sumido en una serie de conflictos entre sus expresiones o corrientes políticas internas, a pesar de que en 2006 se constituyó en la segunda fuerza electoral de México por su número de diputados federales y senadores y no obstante que es el principal partido de la izquierda en el país. También se analiza su participación en la Convención Nacional Democrática, el "gobierno legítimo", el Frente Amplio Progresista y su postergado proceso interno de reorganización. Se parte de la premisa de que el este partido prosigue en un proceso de institucionalización, en el cual su dirigencia nacional se ha encargado únicamente de administrar el conflicto que se ha dado entre las corrientes internas por la búsqueda de espacios de poder.

Palabras clave: Partido de la Revolución Democrática, coalición Por el Bien de Todos, Convención Nacional Democrática, "Presidencia legítima", Frente Amplio Progresista.

 

Abstracts

This article's objective is the Democratic Revolution Party (PRD analysis up from the 2006 questioned electoral process, essentially to emphasize an internal resetting necessity that has not come to being, and keep's the party sunk in a series of conflicts between it's political expressions or internal tendencies, in spite of being Mexico's second electoral force for the 2006 — 2009 triennium as to number of deputies and senators, and the country's main leftwing party. The article also analyzes its participation in the National Democratic Convention, the "legitimate government", Progressive Broad Front, and it's delayed internal reorganization process. It begins with the premise that the PRD continues to be a party in an institutionalization process and that its national leadership has been responsible for only managing the conflict that exists between the internal tendencies search for power.

Key words: Democratic Revolution Party, a coalition For the Good of All, Democratic National Convention, "legitimate government", the Progressive Broad Front.

 

Introducción

Como es bien sabido, las elecciones presidenciales de 2006 en México resultaron muy conflictivas, pues las acciones de inequidad y el cuestionamiento de su resultado, que hicieron sentir en el ambiente la posibilidad de un enorme fraude, no sólo se dieron durante el proceso preelectoral o la jornada electoral y el conteo de los votos, sino inclusivo tiempo después, una vez que concluyó de manera formal la participación del Instituto Federal Electoral (IFE) y el proceso pasó a manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En particular, la coalición Por el Bien de Todos, conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia, que postuló a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República, denunció que funcionarios de las juntas distritales electorales del IFE quitaron sellos y abrieron los sitios donde se almacenaban actas, boletas y resultados de cientos de casillas, con el argumento de que el TEPJF había solicitado esa información, a fin de analizar los juicios de inconformidad interpuestos por los representantes de López Obrador.

Por ello, la coalición Por el Bien de Todos desconoció al IFE como árbitro electoral, pues manifestó haber perdido la confianza en quienes lo encabezaban. Entonces, preparó un paquete de denuncias judiciales contra todos los consejeros por incurrir en actitudes dolosas e irresponsables y desvirtuar los resultados electorales (La Jornada, 2006a). Ante el TEPJF interpuso el recurso de apelación por haber detectado irregularidades en casi 52 mil casillas. No pidió la anulación de los comicios, sino que se abrieran los paquetes electorales y se revisara voto por voto.

El candidato de la coalición, López Obrador, cuestionó la legalidad y legitimidad del proceso electoral y desconoció a las instituciones que se encargaron de él y pasó a encabezar la defensa del voto mediante una serie de movilizaciones, a las que se les denominó como de resistencia civil pacífica. Éstas consistieron en la convocatoria a diversas asambleas informativas, a las que asistieron cientos de miles de personas; posteriormente se instalaron campamentos desde el Zócalo de la ciudad de México hasta Chapultepec durante varios días, en tanto se resolvía la demanda de limpiar la elección presidencial.

Los argumentos legales de la coalición Por el Bien de Todos y su candidato presidencial para impugnar el triunfo de Felipe Calderón se fundaron en el artículo 41 constitucional, el cual señala que los principios rectores de un proceso electoral son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad, condiciones que a juicio de los primeros no se habían cumplido en la elección de 2006.

Una de las primeras resoluciones del TEPJF respecto de las demandas interpuestas por la Coalición se dio el 5 de agosto de 2006. En ella se ordenó, de forma unánime por parte de los siete magistrados que lo conformaban, hacer un recuento de votos en sólo 11 839 casillas (9.07%) de las 130 477 que se instalaron en los comicios del 2 de julio, por imprecisiones observadas en las sumas de las actas. Estas casillas se ubicaban en 149 distritos de 26 entidades del país. Se volvieron a contar alrededor de tres millones 800 mil votos de una votación total de 41 millones 791 322 sufragios emitidos el día de la elección. Para los magistrados del TEPJF, ninguno de los argumentos de la coalición Por el Bien de Todos fue suficiente para ordenar el recuento en los 300 distritos electorales; el Tribunal adujo que la coalición sólo había impugnado los resultados en 230 distritos y nada más en 40 880 casillas de un total de 130 477.

El recuento parcial ordenado por el TEPJF reveló que se presentaron anomalías e irregularidades en las elecciones para presidente de la República. Más allá de la nueva sumatoria de votos que ordenó el Tribunal, donde se demostró que hubo "errores aritméticos" en la contabilidad final de votos de varias casillas, se evidenció que no sólo existió dolo en el registro de los votos, sino que también se recurrió a tácticas fraudulentas para beneficiar al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón.

En su sesión del 28 de agosto de 2006 el TEPJF despejó el camino de su veredicto al desechar, según su dictamen, por "ampliamente improcedentes" la mayoría de las 240 impugnaciones que había interpuesto la coalición Por el Bien de Todos. Anunció la anulación de la votación en un número mínimo de casillas, en las que todos los partidos perdieron algún número de votos, pero que a juicio del Tribunal no afectaron el resultado de la elección del 2 de julio.

El 5 de septiembre, los magistrados reconocieron la intromisión ilegal del presidente Vicente Fox en el proceso electoral y establecieron que esa acción puso en riesgo la validez de los comicios. También se refirieron a la participación del Consejo Coordinador Empresarial, cuyos anuncios publicitarios en favor de Calderón y denostando a López Obrador violaron la Constitución. Por apoyar ilegalmente al candidato presidencial del pan, tanto Fox como el organismo empresarial hicieron que el proceso electoral no fuera equitativo ni transparente. Pese al reconocimiento de estas irregularidades, el TEPJF consideró válida la elección presidencial e hizo la declaración de Felipe Calderón como presidente electo de México para el periodo 2006–2012.¹

La actuación tanto de los consejeros del IFE como de los magistrados del TEPJF dejó mucho que desear no sólo entre la coalición Por el Bien de Todos, que cuestionó el proceso electoral de 2006 y la calificación de las elecciones, sino también en buena parte de la ciudadanía. Su parcialidad y falta de interés por llegar al fondo de las denuncias y dejar satisfechos a todos los actores políticos hizo que, como lo señalara Julio Scherer Ibarra, el proceder de estas instituciones no fuera únicamente contra López Obrador, sino contra el sistema jurídico mexicano (Scherer, 2007: 92).

Ante este panorama, parte de la izquierda decidió no reconocer como legal al gobierno de Calderón (Meyer, 2007: 175–180). De ahí la respuesta de López Obrador y sus seguidores: desconocer la resolución del Tribunal y considerar ilegítimo el nombramiento de Calderón, pues a su juicio éste no había ganado la elección, con lo cual a López Obrador se le estaba despojando de un triunfo legal y legítimo. Por ello, el 16 de septiembre de 2006, una vez que se levantó el plantón del Zócalo a Chapultepec, en apoyo a López Obrador, se creó de manera formal la Convención Nacional Democrática (CND), la cual acordó no reconocer a Calderón como presidente de la República y, en cambio, nombrar a López Obrador como "presidente legítimo", quien tomó posesión de su cargo el 20 de noviembre de 2006.

La creación de la CND y de la "Presidencia legítima" constituyeron la salida política y social que encontró la coalición Por el Bien de Todos para reencauzar, por medio de un gran movimiento, a las fuerzas que la habían apoyado. La coalición representa el intento por mantener en cauces pacíficos y legales el descontento político, económico y social manifestado en buena parte del país. Se concibe como un esfuerzo por empezar a abordar y resolver los problemas reales de México mediante una articulación social, que supla las distorsiones y el mal funcionamiento de los organismos públicos oficiales.

Para López Obrador su "Presidencia legítima" tendría como principal objetivo preservar el patrimonio de la nación y no fuera meramente testimonial, simbólica o de sombra, sino todo lo contrario, es decir, que encabezara un gobierno activo, reivindicador, propositivo, que defendería lo mejor de México. Con ese propósito se presentarían iniciativas de ley por medio de lo que posteriormente sería el FAP (Frente Amplio Progresista, una alianza legislativa entre los legisladores del PRD, PT y Convergencia), para proteger los intereses de las mayorías y proponer políticas de desarrollo social y una profunda reforma del Estado. La actividad legislativa del FAP se complementaría con la movilización ciudadana de la CND, a la que se convocaría cuando se intentara consumar un retroceso en la vida pública del país y se pusiera en riesgo cualquiera de las conquistas sociales o los derechos de los mexicanos.

Antes de la realización de la CND, los tres partidos que conformaron la coalición Por el Bien de Todos decidieron crear el FAP como una "salida institucional y legislativa" en apoyo a la CND,² ante el riesgo de que el movimiento de resistencia civil encabezado por López Obrador se aislara políticamente. Aquellos que idearon la creación del FAP y los dirigentes de esos tres partidos, lo hicieron con el objetivo de mantener lo ganado por la coalición en las elecciones del 2 de julio de 2006, y aglutinar a organizaciones sociales, campesinas, sindicales e intelectuales para enfrentar al régimen de la derecha. Esto en coordinación con la CND.

De esta forma, lo que comenzó como una alianza electoral pasó a ser una alianza en términos de proyectos legislativos, a fon de impulsar mediante el Proyecto Alternativo de Nación que el PRD, el PT y Convergencia propusieron durante el proceso electoral de 2006, y enmarcar la resistencia civil pacífica contra el gobierno en términos constitucionales.

 

Los intentos de recomposición

Después de las elecciones federales del 2 de julio de 2006 y de las locales de Chiapas y Tabasco, el PRD concluyó ese año con las gubernaturas del Distrito Federal, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. Asimismo, ejercía el poder en 397 municipios y 14 jefaturas delegacionales del Distrito Federal; tenía 380 síndicos y 3 324 regidores. En el Congreso de la Unión sumó 29 senadores (20.13%) y 126 diputados (25.4%), así como con 232 diputados locales. Estos datos indican que ese año la izquierda tuvo su mejor año en materia electoral, pese al muy cuestionado resultado de la elección presidencial, con lo que se convirtió en la segunda fuerza electoral en el ámbito federal.

Durante varios meses la estrategia perredista consistió en realizar la defensa del resultado del proceso electoral presidencial, tanto en las instancias electorales como en el IFE y el TEPJF, mediante la movilización y la resistencia pacífica, con el respectivo retraso en la autoevaluación y autocrítica de su desempeño en ese proceso electoral y la consecuente redefinición del rumbo de su recomposición.

En una sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, previa a su Consejo Nacional, se acordó cerrar filas en torno al movimiento encabezado por López Obrador, reconocerlo como "presidente legítimo" de México y participar en los 14 procesos electorales de 2007 mediante el FAP (PRD, PT y Convergencia).

En esa reunión del más alto nivel, la primera después de las elecciones de julio de 2006, la directiva nacional del partido también respaldó la posición de sus legisladores de impedir la toma de posesión de Calderón como presidente de la República, el 1 de diciembre de 2006, ya que para el PRD estaba claro que este cargo lo había obtenido por medio de un fraude electoral. No obstante, se dejó la puerta abierta a los gobernadores y presidentes municipales emanados del partido para sostener una relación institucional con la Presidencia de la República y evitar así su aislamiento del pacto federal, más aún cuando la mayoría de los estados gobernados por el PRD dependían en 90% de las participaciones federales (La Jornada, 2006b).

El Consejo Nacional del PRD, realizado en noviembre de 2006, hizo un análisis del proceso electoral de ese año, en el que se dejaron ver dos posiciones diferentes: unos culparon al fraude electoral como el factor por el cual a su candidato a la Presidencia de la República no se le reconoció el triunfo, donde fue decisiva la intervención de Fox en favor del candidato presidencial del pan y a la ilegal participación de los empresarios en la contienda electoral; mientras que otros adjudicaron la derrota de López Obrador a fallas en las redes ciudadanas y en la estructura del partido, a la exclusión del PRD en la campaña electoral, al manejo de recursos económicos por el equipo de la campaña presidencial sin pedir opinión al partido y a la falta de coordinación entre las redes ciudadanas y la estructura partidista. Ambos tenían razón.

Pese a ello, el balance de los comicios de 2006 resultó ser el mejor en la historia de la izquierda en México, pues el PRD se consolidó como una fuerza política fuerte en el país al incrementar su votación en cada una de las 32 entidades federativas. De 2000 a 2006 el PRD aumentó su votación de 16.64% a 35.31% (como coalición Por el Bien de Todos, donde se incluyeron también los votos del PT y Convergencia), lo que le permitió contar para la LX Legislatura del Congreso de la Unión (2006-2009), con el mayor número de diputados y senadores de su historia.

Asimismo, la dirigencia del PRD ratificó su apoyo a López Obrador y reiteró que se impulsarían en el Congreso las reformas necesarias para el país. También se ratificó que el partido acompañaría al "gobierno legítimo", sin reconocer al de Calderón y fortalecería su participación en la CND y en el FAP (La Jornada, 2006d y 2006e).

Una parte importante de la recomposición del PRD después del proceso electoral del 2006 se inició con la integración del Frente Político de Izquierda (FPI), que agrupó a ocho corrientes del partido, y que en los hechos se convirtió en contrapeso de la corriente Nueva Izquierda (NI), la cual contaba con la mayor participación en la estructura del perredismo y constituía uno de los grupos con la fuerza suficiente para disputar la dirigencia nacional y marcar el rumbo que seguiría el partido en los próximos años, toda vez que era la corriente con el mayor número de diputados, senadores, asambleístas y consejeros nacionales, y con posiciones clave en el CEN, como la Secretaría General.

Este reagrupamiento de corrientes se hizo en medio de señalamientos de que ni quería deslindar al PRD del movimiento de López Obrador y de la CND, lo cual fue desmentido por José Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del partido e integrante de esta corriente, quien ratificó el apoyo de su grupo a la CND, al FAP y a López Obrador.

Las ocho corrientes del PRD que conformaron inicialmente el FPI —sin que eso significara que éstas desaparecerían, sino que tendrían una coordinación permanente para fijar sus posiciones como bloque—, fueron las siguientes:

1. Foro Nuevo Sol (FNS), encabezada por Amalia García, gobernadora de Zacatecas.

2. Alternativa Democrática Nacional (ADN), dirigida por el senador Héctor Bautista, que después apoyó a NI.

3. Izquierda Democrática Nacional (IDN), creada por René Bejarano, a cargo de Dolores Padierna y Agustín Guerrero.

4. Izquierda Social (IS), de reciente formación y desprendimiento de la anterior, que tenía entre sus dirigentes a Javier Hidalgo, Martí Batres y Alejandra Barrales.

5. Movimiento de Bases Insurgentes, de Gerardo Fernández Noroña.

6. Red de Izquierda Revolucionaria (Redir), con Camilo Valenzuela como su líder.

7. Unidad y Renovación (Unyr), encabezada por Armando Quintero, y

8 Movimiento Nacional Organizado Aquí Estamos, bajo la dirección de Benito Mirón.

La decisión de estas ocho corrientes marcó el inicio de un reagrupamiento de fuerzas al interior del PRD, por lo que se vislumbraba la conformación de dos grandes expresiones ideológicas: una, la del FPI, y otra, conformada por NI, la cual también buscaría su reestructuración y crecimiento a partir de la inclusión en sus filas de integrantes de las otras corrientes que no se hubieran sumado a la creación de dicho frente.

El propósito del FPI sería impulsar un proyecto de partido y de país que recogiera los principios de pluralidad, independencia, lucha por la justicia, equidad social y el espíritu que había enarbolado históricamente la izquierda. Como parte de sus objetivos estratégicos se encontraba convertirse en una fuerza política y social que influyera de manera decisiva en la conducción del PRD, el FAP y la CND, así como mantener y ampliar el apoyo ciudadano al Proyecto Alternativo de Nación que encabezaba López Obrador, y contribuir a derrotar el proyecto de la derecha, que buscaba seguir con el modelo económico neoliberal. Contemplaba también su intención de expandir su presencia por todo el país, para ganar la dirección nacional del PRD en 2008 (La Jornada, 2006c), una vez que concluyera el periodo de Leonel Cota Montaño al frente del partido.

En medio de este reagrupamiento en el PRD, se creó una nueva corriente encabezada por Pablo Gómez, Inti Muñoz, Saúl Escobar, Alfonso Ramírez Cuéllar, Jesús Martín del Campo, Clara Brugada, Juan Guerra, Guadalupe Chavira y el coordinador de los diputados del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, entre otros. Se trataba del Grupo Movimiento, que en marzo de 2007 pasó a denominarse Movimiento por la Democracia (MD), cuyo propósito era transformar al partido, promover el debate crítico y combatir la lógica clientelar de algunas de las corrientes. Algunos de sus integrantes estaban claramente identificados con Cuauhtémoc Cárdenas, otros eran académicos, personas que habían participado en el movimiento estudiantil–popular de 1968 y otros más que habían sido parte de la corriente Unidad y Renovación.

El MD criticó de inmediato el funcionamiento y estructura del PRD y a su dirigencia nacional encabezada por Cota; sus integrantes propusieron que con miras al siguiente congreso nacional se realizara un profundo debate sobre el partido, sobre México y el mundo. Después de hacer un análisis de las elecciones del 2 de julio de 2006 y del movimiento de resistencia postelectoral, los miembros de MD concluyeron que se preservara, en lo fundamental, el liderazgo de López Obrador, ya que se había constituido como el dirigente de izquierda más importante, capaz de convocar a nuevas jornadas de lucha y movilización. Sus integrantes externaron el propósito de refundar al PRD; renovar su ideología; evitar la corrupción, el uso faccioso de los cargos, los intereses de grupo y los enfrentamientos internos, y frenar el avance de la derecha, para lo cual se acordó construir una gran alianza mediante un frente electoral eficaz, consolidar al FAP, mantener y mejorar la relación con organizaciones sociales y civiles, así como realizar un trabajo legislativo cuidadoso y brindar buenos gobiernos en los lugares donde se tenía el poder (El Universal, 2007a; La Jornada, 2007f y 2007g). Esta nueva corriente no se alió a ninguno de los dos grandes bloques que se habían comenzado a perfilar recientemente dentro del partido.

En el Consejo Nacional del PRD de los días 10 y 11 de febrero de 2007 se aprobaron varios puntos básicos: promover de manera urgente una reforma electoral que contemplara la salida de los consejeros del IFE, así como buscar la obtención del triunfo en el mayor número de elecciones locales mediante el impulso de una política de alianzas que se expresara en coaliciones electorales con el movimiento social y, sobre todo, con los partidos integrantes del FAP, con la postura de evitar alianzas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el PAN, y, en esa coyuntura del momento, no avalar la candidatura de la ex panista Ana Rosa Payán a la gubernatura de Yucatán, como la corriente NI lo planteó. Asimismo, los consejeros nacionales del PRD determinaron que se impulsara la con solidación de la CND, así como el apoyo a la lucha de los movimientos sociales, en particular en Oaxaca (El Financiero, 2007a).

Después del Consejo Nacional, la corriente NI realizó su congreso nacional los días 16 y 17 de febrero de 2007 para —como corriente de opinión— definir lo que a su juicio debería ser la línea política del partido. Sus integrantes, encabezados por Jesús Ortega, Jesús Zambrano, José Guadalupe Acosta Naranjo y Carlos Navarrete, entre otros, partieron del diagnóstico de que el pacto que dio origen al PRD en 1989 estaba agotado, por lo que se proponían marcar la estrategia que debería seguir el partido, revisar su entramado institucional y sus normas de funcionamiento, sin entrar en un enfrentamiento con las otras corrientes o expresiones. NI efectuó una autocrítica a la actuación del PRD en las elecciones de julio de 2006, como el hecho de haber centrado demasiado el esfuerzo político del partido en su candidato presidencial; además, señaló, los errores de estrategia de López Obrador lo llevaron a la derrota. Para NI, uno de los principales yerros cometidos por el partido consistió en que la campaña presidencial tuvo como fundamento la reivindicación de los pobres, pero sin saber llegar a otros sectores —como las clases medias, los jóvenes y los pequeños, medianos y grandes empresarios—, algunos de los cuales esperaban una propuesta que los comprendiera. Otra crítica fue la referente a que en la campaña se privilegiaron ciertos puntos de la geografía del país y se descuidó la presencia del PRD en la región norte, lo que hubiera sido fundamental para elevar la cantidad de votos a favor del partido. Por ello, para NI era necesario fortalecer al PRD y fomentar su vida institucional, pues de lo contrario las corrientes y los líderes carismáticos se seguirían imponiendo; por ese motivo sus dirigentes acordaron promover un partido por encima de las expresiones políticas o de las corrientes y sus dirigentes, y con el reconocimiento de que es mucho mejor la decisión colectiva, el debate abierto y los órganos horizontales, que las decisiones que estén por fuera de las instancias partidistas o de un solo hombre.³

Respecto de su relación con López Obrador, de quien se decía ni pretendía deslindarse, estableció en su congreso nacional que el ex candidato presidencial era el único con el liderazgo capaz de ponerse enfrente del gobierno de Calderón. A este acuerdo se llegó luego de que días antes, durante el Consejo Nacional del PRD, se diera una confrontación interna entre diversas corrientes por la negativa de postular a la ex panista Payán como candidata a la gubernatura de Yucatán, y a las críticas que en público y en privado se lanzaron contra López Obrador desde NI, por lo que en su congreso esta corriente señaló que la relación con el ex candidato presidencial era de compañeros de lucha y de proyecto, más aún, que estaba cohesionada alrededor del liderazgo del tabasqueño. Asimismo, NI acordó rechazar de forma categórica las invitaciones, convocatorias a giras o reuniones con Calderón, a quien no reconocerían como presidente, y quien lo hiciera sería a título personal.

Otro de los resolutivos llamó a los gobernadores surgidos del PRD a conducirse con apego a los documentos y doctrina del partido, puesto que no siempre lo hacían. También se aprobó iniciar un proceso judicial contra Fox por haber declarado el 12 de febrero de 2007, en el Centro Kennedy de Washington, en una de sus conferencias de paga, que perdió la batalla por lograr el desafuero —y la inhabilitación política de López Obrador para que no participara en las elecciones de 2006—, pero que un año y medio después, en los comicios de 2006, se había desquitado con el triunfo de Calderón, su candidato. Con esta declaración era evidente que Fox operó para hacer posible el fraude electoral, con lo que se violentó la voluntad ciudadana (La Jornada, 2007a, 2007b, 2007c y 2007d).

Esto propició que los coordinadores parlamentarios del PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado acordaran redactar un documento conjunto que permitiera al FAP contar con elementos para presentar una demanda penal por delitos electorales y traición a la patria en contra del ex presidente. Esto se concretó el 22 de febrero, cuando integrantes del FAP interpusieron una denuncia de hechos, ante la Procuraduría General de la República, en contra de Fox por su intromisión en las elecciones de 2006.

El primer nombre que se manejó para dirigir al PRD en sustitución de Cota fue el de Alejandro Encinas, propuesto por la corriente Unyr, ya que se consideraba que él podría aglutinar al partido y no distanciarlo de López Obrador. Para los integrantes de este grupo, si Encinas no llegara a la Presidencia nacional del PRD se corría el riesgo de que quien lo hiciera marcara distancia con el ex candidato presidencial, a quien Unyr le expresó todo su apoyo por encabezar un movimiento constituido como un frente social amplio, que va más allá del partido. Esta posición de la corriente Unyr fue contraria a la expresada por Nueva Izquierda (La Jornada, 2007h).

En el contexto de los festejos por el 18 aniversario de la creación del PRD, algunas corrientes firmaron un acuerdo político de unidad ante lo que consideraron la mayor disyuntiva de la historia del partido: renovarse de manera radical para evitar el fortalecimiento de la derecha panista en el gobierno o seguir siendo víctima de sus problemas internos, de sus vicios y de sus indefiniciones políticas. Este acuerdo lo suscribieron las corrientes NI, FNS, ADN, Movimiento Cívico, Redir y MD.

En él se planteaba impulsar un debate interno para dirimir las diferencias, así como armonizar el papel de los grandes liderazgos (el de Cuauhtémoc Cárdenas y el de López Obrador, notoriamente contrapuestos), con el funcionamiento regular de las estructuras del partido. También se establecía ahí que se impulsaría la construcción de un nuevo pacto partidario y avanzaría en la construcción de una mayoría responsable que sumara a todos los militantes del PRD, sin exclusiones. Por ello se convocó a todas las corrientes y al conjunto de la militancia a generar un ambiente que permitiera discutir lo que hubiera que modificar en el PRD, a fin de lograr la mayor unidad del movimiento democrático y de izquierda ante la embestida de la derecha, pues cualquier división en la izquierda debilitaba al partido (El Financiero, 2007b).

En el contexto previo al X Congreso Nacional del PRD, la situación de las corrientes o grupos de expresión se presentaba de la siguiente manera:

Nueva Izquierda. Proveniente en su mayoría de una escisión del Partido Socialista de los Trabajadores en la década de los ochenta, por lo que sus integrantes se sumaron a los esfuerzos de unidad del Partido Mexicano Socialista. A NI se adhirieron también grupos como Línea Proletaria, surgido a raíz de la amnistía decretada a los grupos guerrilleros en el marco de la reforma política de 1977. Sus líneas de acción son la transición pactada y gradual hacia la democracia, así como la negociación política. Es la principal corriente dentro del PRD. En la LX Legislatura federal (2006–2009) contó con 46 de los 126 diputados del partido; 16 de los 29 senadores; 21 de los 37 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y ocho de los 21 integrantes del CEN perredista bajo la Presidencia de Cota. Sus principales dirigentes son Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, José Guadalupe Acosta Naranjo, René Arce y Víctor Hugo Círigo.

Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Se le conoce también como "los cívicos", proviene del proceso de guerrilla surgido en los años sesenta en Guerrero. Bajo el nombre de Frente Cívico este grupo se integró al Frente Democrático Nacional en 1988 y después al PRD. Forman la primera gran corriente al interior del partido, la llamada trisecta, encabezada por Mario Saucedo, quien fuera senador y secretario general del PRD entre 1993 y 1996, en la dirigencia nacional de Porfirio Muñoz Ledo. En esta corriente también participó el Movimiento Revolucionario del Pueblo y el Partido Patriótico Revolucionario. En los últimos años ha perdido influencia; sin embargo, en ciertas coyunturas ha fortalecido su alianza con NI, lo que le ha permitido participar de las decisiones más importantes del PRD. Otros de sus dirigentes son Eliana García y Humberto Zazueta.

Alternativa Democrática Nacional. Nace de una corriente local en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y después adquiere un posicionamiento nacional importante. El discurso de esta corriente es de compromiso social y su línea de acción es de diálogo y acuerdo. Tiene un comportamiento corporativo y clientelar. Sus bases sociales se encuentran conformadas, principalmente, por vendedores ambulantes, asociaciones de colonos y de taxistas. Sus dos principales dirigentes son el senador Héctor Bautista y el diputado Luis Sánchez, ambos ex presidentes municipales de Nezahualcóyotl.

Movimiento por la Democracia. Se formó a principios de 2007 como una escisión de la corriente Unyr. Su estrategia se basa en utilizar la acción política mediante la movilización social. Cuenta con una relevante fuerza de interlocución. Entre sus dirigentes se encuentran el coordinador de los diputados federales del PRD, Javier González Garza, el senador Pablo Gómez y Saúl Escobar, todos ligados en su momento a Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles.

Red de Izquierda Revolucionaria. Surge entre 1999 y 2000 bajo el liderazgo de Camilo Valenzuela, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Su estrategia se basa en la línea de acción de masas y el movimiento social.

En su gran mayoría los integrantes de estas corrientes se pronunciaban inicialmente por apoyar la candidatura de Jesús Ortega para dirigir al PRD a partir de 2008. Otras corrientes, las que se mencionan a continuación, conformaron el FPI y sus militantes se pronunciaron por apoyar la candidatura de Encinas para la dirigencia del partido.

Izquierda Democrática Nacional. Su antecedente más directo es la Corriente de Izquierda Democrática, fundada por René Bejarano y Dolores Padierna. Parte de sus primeros integrantes provienen del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y de la Asamblea de Barrios. Por mucho tiempo fue la corriente más fuerte en el Distrito Federal. Constituyó la fuerza más significativa del FPI.

Izquierda Social. Es producto de una escisión reciente de IDN. En su línea de acción reivindican al movimiento social como bastión de la lucha política. Sus principales líderes son Martí Batres, proveniente del CEU, y Javier Hidalgo, surgido de la Asamblea de Barrios.

Foro Nuevo Sol. Sus orígenes se remontan al Partido Comunista Mexicano, de donde proviene Amalia García, su principal dirigente y gobernadora de Zacatecas. En 2002 esta corriente apoyó la fórmula Jesús Ortega–Raymundo Cárdenas para la Presidencia y la Secretaría General del partido, respectivamente; sin embargo, para el proceso electoral de 2006 esta corriente se sumó al grupo de López Obrador y votó por Marcelo Ebrard como candidato del PRD a jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo que se distanció de NI, que para ese cargo pretendía postular a Jesús Ortega.

Unidad y Renovación. Nace en 2002 para apoyar la candidatura de Rosario Robles a la dirigencia nacional del PRD. Su estrategia se basa en utilizar la acción política por medio de la movilización social. Mantuvo una historia común con quienes integraron después el MD en 2007. Sus más importantes dirigentes son Armando Quintero, ex líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y Carlos Reyes Gámiz, ex integrante del CEU y vinculado a la lucha vecinal.

Movimiento de Base Insurgente. Surge el año 2000. Su línea de acción se centra en la lucha y la movilización social, así como en la vinculación con las bases. Está liderado por Raúl Álvarez Garín, dirigente histórico del movimiento estudiantil de 1968, y Gerardo Fernández Noroña, ex presidente del PRD en el Estado de México y quien encabezó el movimiento de deudores de la banca conocido como "El Barzón" (El Financiero, 2007c).

Previo a la realización del X Congreso Nacional del PRD se creó una 60 nueva corriente llamada Izquierda en Movimiento (IM), conformada, entre otros, por militantes de Tabasco y Chiapas que estuvieron ligados con NI, así como algunos más de Veracruz, que en algún momento formaron parte de IDN. Constituye también un desprendimiento importante de la corriente Redir, sobre todo de los grupos encabezados por Pablo Franco y José Antonio Rueda. Sus integrantes, entre ellos Miguel Elías Moreno Brizuela, dijeron que el propósito de esta nueva corriente sería luchar por el ejercicio pleno de la democracia en el PRD, y que serían aliados de aquellos individuos o corrientes que cumplieran con este postulado (La Jornada, 2007i).

 

El X Congreso Nacional

Del 16 al 19 de agosto de 2007 se realizó en la ciudad de México el X Congreso Nacional del PRD, dividido entre dos posiciones y dos bloques: por un lado NI, ADN y MD, que sería la tendencia negociadora, y por el otro, el FPI, más proclive a las propuestas de López Obrador y conformado por el resto de las corrientes. El primer bloque logró llegar al Congreso con el mayor número de delegados.

La comisión organizadora del Congreso estuvo a cargo de Jesús Zambrano, René Arce e Imelda Castro, de NI; Mario Saucedo y Eliana García, de "los cívicos"; Agustín González y Aleida Vázquez, de IDN; Pablo Gómez, del MD; José Antonio Rueda, de Unyr; Eloi Vázquez y Azucena Reyes, del FNS; Yeidkol Polevnsky, sin pertenencia a ninguna corriente pero cercana a López Obrador; Marcos Álvarez, de ADN; así como Camilo Valenzuela, de Redir.

Al primer día de sesiones del Congreso asistió López Obrador, con cuya presencia desmintió la versión de confrontaciones entre él y el partido.⁴ Invitó a sus correligionarios a pensar más en los pobres y desposeídos para edificar la nueva República. Señaló que la unidad a la que se aspira tenía que provenir de los proyectos y de sus realizaciones, no a partir de las personas y de los grupos, por lo que el PRD sólo podía tener como caudillo al PRD y un solo compromiso: la gente.

Después hizo uso de la palabra el presidente nacional del PRD, quien dejó en claro que el partido se debía mantener como una oposición real y no conceder legitimidad a Calderón como presidente de la República. Hizo un llamado a consolidar al partido como una de las mayores fuerzas políticas del país, sin abandonar las causas sociales. Para ello se requería que en el Congreso se renovara la línea política, el programa, los estatutos y la declaración de principios del PRD, sin olvidar la autocrítica que debían realizar las diversas corrientes.

Los principales resolutivos que aprobó el máximo órgano de decisión del partido y que marcarían la ruta del PRD en el futuro inmediato fueron los siguientes:

1. Descartar alianzas electorales con el PRI y el PAN; no tener ningún tipo de acercamiento con el gobierno de Calderón ni reconocerlo como presidente de México por no contar con la legitimidad que sólo da una elección democrática, y mantener abierto el diálogo con los otros grupos parlamentarios dentro del Congreso de la Unión para llevar adelante las reformas que necesita el país.

2. Impedir que Felipe Calderón pronunciara su primer informe de gobierno en la Cámara de Diputados, e impulsar a la vez una reforma constitucional para establecer un debate parlamentario y republicano entre poderes sobre el estado de la nación, en el marco de un nuevo régimen político.

3. Apoyar a la CND, pero no someterse a sus resoluciones, pues los asuntos del partido se deberán resolver en el ámbito interno, con lo que se comenzaba a marcar cierta distancia con López Obrador.

4. Crear un Comité Político Nacional integrado por ex presidentes del PRD, gobernadores, líderes de corrientes, coordinadores parlamentarios, alcaldes y representantes de los congresos locales.

5. Mantener cerrada a la población en general la elección de presidente y secretario general del CEN, a fin de evitar que intereses externos al partido se inmiscuyan en sus asuntos internos. Para ello se propuso depurar el padrón de militantes.

6. Impulsar una profunda reforma electoral que tuviera como eje la remoción de los consejeros del IFE que participaron en el proceso electoral de 2006, así como una revisión integral del TEPJF.

7. Someter a todos los representantes en cargos de elección popular emanados del PRD, a la obligación de ceñirse a la línea política que a partir de este Congreso marcaría el Comité Político Nacional.

8. Establecer la paridad de género en 50% de los cargos directivos o para la postulación de candidaturas; es decir, mitad para hombres y mitad para mujeres.⁵

9. Rechazar la propuesta fiscal de Calderón por no constituir una reforma hacendaria sino sólo impositiva, aunque se dejaba en libertad a los gobernadores para negociar con el gobierno federal su respectivo presupuesto.

10. Sancionar a cualquier dirigente, militante o corriente interna que aliente o consienta el clientelismo y el corporativismo, por considerar que son prácticas incompatibles con un partido democrático y de izquierda.

11. El PRD se asumió como una organización política que buscaría la confrontación entre los valores, ideas y posiciones de izquierda frente a la derecha.

12. El PRD se identificó con las luchas obreras, campesinas y populares, así como con los movimientos que defienden la equidad de género y la diversidad sexual.

13. Defender el patrimonio nacional en materia energética, mediante la preservación de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro como pilares de la soberanía nacional, por lo que se debía impedir su privatización y desmantelamiento (La Jornada, 2007j, 2007k, 2007l y 2007m; El Financiero, 2007d, 2007e, 2007f y 2007g).

14. El PRD se define como una organización de izquierda, plural, socialista y democrática; ratifica su integración en el FAP, su participación en la movilización social pacífica, en la lucha electoral y en los espacios institucionales.

Haciendo a un lado los acuerdos de este Congreso, hubo quienes se manifestaron por acercarse a la administración de Calderón y reconocerlo como el gobierno constitucional y constituido de México. Algunos personajes que se pronunciaron en ese sentido, en forma separada, fueron Cuauhtémoc Cárdenas, para quien el de Calderón era un gobierno que funcionaba en los hechos porque "aplicaba las leyes, emitía decretos, cobraba impuestos y era reconocido por otros gobiernos". Otro de ellos fue Leonel Godoy Rangel, quien dijo que de ganar las elecciones de Michoacán (que finalmente lo logró) era necesario trabajar con el gobierno calderonista. Igual fue el caso de Ruth Zavaleta, la entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (2007–2008) e integrante de NI, quien pidió a los diputados y senadores del PRD "reconocer la realidad" y admitir que Calderón era el presidente constitucional (La Jornada, 2007t; El Financiero, 2007j). Estas posiciones fueron duramente criticadas por el grupo compacto de López Obrador y las corrientes que apoyaban la candidatura de Encinas para dirigir los destinos del PRD.

 

Hacia la conflictiva renovación de la dirigencia nacional en 2008

Una vez que concluyó el X Congreso Nacional del PRD, se comenzó a gestar el proceso para la renovación de su dirigencia nacional mediante las elecciones a realizarse el 16 de marzo de 2008, por lo que desde varios meses antes se hizo abierto el reagrupamiento de las corrientes en torno a los candidatos a dirigir los destinos y marcar el rumbo del partido.

Con ese propósito se realizó el Encuentro Nacional para la Renovación de la Izquierda, del cual surgió el movimiento Izquierda Unida (IU), cuya finalidad era replantear el papel político e histórico de la izquierda en México e impulsar la candidatura de Encinas a la Presidencia nacional del PRD por parte de cinco corrientes, las cuales fueron el FNS,⁶ IS, IDN, Unyr e IM. A esta acción se sumó el gobernador del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien llamó a los gobiernos municipales y estatales de extracción perredista, y a los propios militantes del PRD, a apoyar la candidatura de Encinas.

La respuesta de NI no se hizo esperar: Jesús Zambrano, su líder nacional y aspirante frustrado a la dirigencia del PRD en el Distrito Federal, consideró la participación de Ebrard como una "declaración de guerra" contra las corrientes perredistas que apoyaban a Jesús Ortega para la dirigencia del partido (La Jornada, 2007ñ y 2007o). Ante esto, Ortega asumió el 25 de septiembre de 2007 que participaría en la contienda por la Presidencia nacional del PRD y externó su preocupación porque gobernadores emanados del PRD pudieran usar recursos públicos en el proceso electoral de su partido, en clara alusión a Ebrard.

Al "destape" de Ortega asistieron figuras relevantes de su corriente, como Ruth Zavaleta; Carlos Navarrete, coordinador de los senadores perredistas; y Víctor Hugo Círigo Vázquez, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF. En ese acto, Ortega dijo que de ganar la competencia buscaría reafirmar al PRD como una fuerza que rechaza y reprueba todo tipo de violencia para conseguir sus objetivos políticos y que él y sus simpatizantes se mantendrían dentro del marco legal y constitucional. Garantizó a sus seguidores que la izquierda continuaría creciendo y lograría más gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal si el partido mantenía y acrecentaba una estrategia de recuperación y plena vigencia de la legalidad constitucional. Propuso revisar a fondo las causas de la caída electoral del partido después del 2 de julio de 2006, y diseñar estrategias para consolidarlo como la primera fuerza política y lograr la mayoría en las elecciones intermedias de 2009, como primer paso para ganar las presidenciales de 2012. Pero para ganar, señaló, se requería de una izquierda unida y un PRD incluyente, que se reconociera en las más diversas luchas sociales y civiles y en las más amplias demandas de una sociedad pluricultural, diversa y plural (La Jornada, 2007p y 2007q; El Financiero, 2007h).

Una vez que Ortega dio a conocer sus principales planteamientos, Encinas hizo lo propio, en compañía de diputados federales y locales, presidentes municipales y dirigentes de las corrientes que lo apoyaban. Afirmó que no veía inconveniente alguno en que los mandatarios estatales de filiación perredista o cualquier militante que tuviera un cargo de representación popular participaran en el proceso interno de su partido para renovar la dirigencia nacional, pero sin la utilización de recursos públicos para apoyar a un candidato. Para Encinas había llegado la hora de las definiciones en el PRD, el cual debía representar a la izquierda moderna y democrática, abierta, diversa, plural y tolerante, no dócil ni legitimadora, que buscara una sociedad más equitativa e igualitaria. Aceptó que la transformación del PRD debía ser real, ya que había prácticas nefastas como la venta de plazas y candidaturas, corporativismo, mal manejo de recursos públicos, impunidad y corrupción en muchas áreas de dirección del partido y eso habría que erradicarlo (La Jornada, 2007r).

Además de las candidaturas de Encinas y de Ortega, surgió la de Camilo Valenzuela, de la corriente Redir, quien consideró que los dos primeros aspirantes estaban generando una polarización en el PRD, lo cual afectaba su unidad. Para Valenzuela, tanto Encinas como Ortega mantendrían una línea de continuidad respecto de la dirigencia de Cota y, además, se habían beneficiado de la vida burocrática y de las decisiones cupulares del partido. Propuso terminar lo que calificó como subordinación de la dirección del PRD hacia López Obrador (La Jornada, 2007s).

Una cuarta candidatura para dirigir los destinos del PRD (que no se concretó pues su protagonista declinó antes de concluir el periodo de registro), fue la de Ricardo Monreal Ávila, pese a que el TEPJF le restituyó sus derechos partidistas, los cuales le habían sido suspendidos porque la dirigencia nacional y la Comisión Nacional de Garantías (CNG) del partido lo habían encontrado culpable de traición al PRD por haber apoyado a candidatos de otros partidos –a los del PT– en las elecciones locales de Zacatecas, donde no había funcionado una alianza electoral del FAP. En su precampaña y antes de su declinación, Monreal planteó que buscaría presentarse como el candidato de los militantes sin corriente, pues éstos constituían a la mayoría del partido (La Jornada, 2007t y 2007u).⁷ Una de las razones que explicaría la razón de su declinación es porque tanto él como Encinas compartían el mismo proyecto dentro del movimiento de López Obrador, y se podrían restar votos entre ellos, lo cual favorecería sin duda a los otros contendientes, en particular a Ortega y su corriente.

Antes de que se abriera la convocatoria y se establecieran las reglas de la competencia por la renovación de la dirigencia del partido, las corrientes y personalidades del PRD se inclinaron por uno u otro aspirante y definieron sus posiciones.

A Encinas lo apoyaron desde un principio López Obrador y Ebrard, corrientes como FNS, IS, IDN, Unyr, IM, funcionarios del gobierno del Distrito Federal y algunos jefes delegacionales. Su postura política era no dialogar con el gobierno de Calderón y que el "gobierno legítimo" encabezado por López Obrador representaba realmente a la mayoría de los mexicanos. Respecto de su concepción del PRD, Encinas consideraba que el partido había perdido en esencia su carácter de organización partidaria para dar paso a una federación de corrientes. Los grupos habían creado una estructura paralela a la dirigencia y desplazado a los órganos de dirección.

A Ortega lo apoyaban los principales dirigentes del partido en el Congreso de la Unión y en la ALDF y algunos jefes delegacionales, todos ellos de la corriente NI. Su postura política era no dialogar con el gobierno de Calderón, pero sí con los secretarios de Estado. Asimismo, señaló que se debían realizar cambios desde el Congreso de la Unión y fomentar un trato institucional entre los poderes y con los otros partidos, así como cambiar de un régimen presidencial a uno semiparlamentario. Para el PRD, proponía poner en orden a las corrientes, fiscalizarlas y normar su existencia para saber cuántas son y con qué recursos cuentan, con la intención de que dejaran de de operar como grupos de presión.

A Valenzuela, además de Redir, lo apoyaban otros grupos de la izquierda social con posiciones radicales. Su postura política giraba en el sentido de no dialogar con el gobierno de Calderón, realizar cambios mediante la presión y la movilización social. También planteaba la táctica de la lucha de masas para "derrumbar a la república simulada" y por elecciones extraordinarias en los tres poderes de la Unión. Respecto de la reforma del PRD, consideraba que el partido debía pasar de las declaraciones, conferencias y ruedas de prensa a la movilización en las calles (El Universal, 2007b).

Haciendo un alto en el camino y para no afectar el proceso electoral en Michoacán, entidad gobernada por el PRD, en noviembre de 2007 los aspirantes a dirigir los destinos del partido y las corrientes y personajes que los apoyaban decidieron realizar una tregua y cerrar filas en torno a Godoy, el candidato de su partido en ese estado, quien en las elecciones del 11 de noviembre de ese año logró el triunfo y mantuvo al PRD en la gubernatura de Michoacán (El Financiero, 2007k).⁸

Tras estas las elecciones estatales, la atención en el PRD se centró de nuevo en la renovación de su dirigencia. Quienes en ese momento habían manifestado su interés en dirigirlo firmaron, junto con la dirigencia saliente, un acuerdo para fortalecer la unidad e institucionalidad del partido y generar las condiciones de equidad en el proceso, y que los candidatos perdedores respetaran los resultados de la elección. Además, los candidatos se comprometieron a realizar campañas proselitistas austeras, en un tono de respeto y con énfasis en el debate de ideas, evitar cualquier intromisión externa en el proceso, no utilizar recursos públicos en la contienda, no contratar espacios publicitarios en radio y televisión, promover la observación externa en el proceso de elección del dirigente nacional y de los 32 presidentes de los comités estatales, así como efectuar propuestas para fortalecer al partido. Al mismo tiempo, la dirigencia del PRD se comprometió a realizar una elección limpia y transparente mediante la integración de órganos imparciales y confiables para la realización del proceso interno (El Financiero, 2007l; La Jornada, 2007v).

Previo a la emisión de la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional del PRD, se presentó la candidatura de Alfonso Ramírez Cuéllar, apoyado por la corriente MD, que con esto se deslindó de la candidatura de Ortega, quien en un principio contó con las simpatías de ese grupo.

En la sesión de noviembre de 2007, el Consejo Político Nacional del PRD fijó para el 16 de marzo de 2008 la realización de las elecciones internas en las que, según lo acordado en el X Congreso Nacional, sólo participarían militantes y afiliados al partido que aparecieran en el padrón. Se acordó que los encargados de organizar el proceso interno de elección fueran el senador Arturo Núñez, Edmundo Cancino Gómez y Graciela Sánchez Mota, en la Comisión Técnica Electoral (CTE). En la CNG se nombró a Renato Sales Heredia, Ángeles Nazares Jerónimo y Ernestina Godoy Ramos. Se determinó que el registro de los aspirantes sería del 21 al 25 de enero de 2008 y las campañas proselitistas iniciarían el 1 de febrero y concluirían el 12 de marzo de ese año (El Financiero, 2007m).⁹

Con el compromiso de firmar un pacto de no agresión antes de las votaciones internas, el 21 de enero de 2008 arrancó el proceso formal para el relevo del liderazgo nacional del PRD, con el registro de los candidatos. Las fórmulas que se inscribieron ese día fueron las integradas por Encinas para la Presidencia nacional y Hortensia Aragón para la Secretaría General.¹⁰ Lo mismo hicieron Ortega y Horacio Duarte, así como Ramírez Cuéllar y Rosa Albina Garavito para los mismos cargos.

Durante su registro, algunos de los candidatos realizaron algunos posicionamientos. Encinas dijo estar listo para acabar con la que calificó como la "falsa izquierda de representación proporcional", que realizaba alianzas pragmáticas que dañaban al PRD, en clara alusión a I. Ramírez Cuéllar pidió acabar con las corrientes internas. Después, Ortega (quien se quejó de que el gobierno del Distrito Federal desviaba recursos a la campaña de Encinas) se comprometió a que en caso de ganar la elección interna, no dejaría fuera del proyecto partidista a López Obrador. En lo que coincidieron los aspirantes fue en que el PRD había perdido el rumbo y necesitaba encontrarlo, así como recomponer el camino de la izquierda en México (El Financiero, 2008a).

Un día después, Valenzuela, con Adela Román como compañera de fórmula, presentó su registro para la contienda interna. Criticó lo que consideró como la burocracia partidaria y a los políticos acomodaticios. De Ortega dijo que era un burócrata de partido que no aportaba nada al PRD; de Encinas comentó que no tenía los principios de izquierda, sino de centro, mientras que de Ramírez Cuéllar cuestionó que fue uno de los diputados que aprobaron la llamada Ley Televisa (El Financiero, 2008b).

Además de los anteriores, también registraron sus fórmulas y cumplieron con los requisitos Dina Rocío Navarro y Raúl Delgado, así como Miguel León López y Dioselina Sánchez López, sin pertenencia o identificación con alguna de las corrientes del PRD. De esta forma, se registraron un total de seis fórmulas.

El CEN del PRD destinó para la renovación de la dirigencia nacional del partido alrededor de 18 millones de pesos. El tope de campaña para cada fórmula no debía rebasar el millón 368 409 pesos, con base en un padrón de seis millones 763 160 afiliados hasta el 31 de enero de 2008, día en que concluyó el registro de candidatos (La Jornada, 2008a).

En este contexto, la correlación de fuerzas entre los principales contendientes se presentaba de la siguiente manera:

Además del apoyo abierto de López Obrador, Encinas, de IU, tenía de su lado a las corrientes IDN, FNS, Unyr, Movimiento Cívico, Movimiento de Base Insurgente e IS, todas cercanas a López Obrador, algunos de cuyos dirigentes afirmaron que abandonarían el PRD en caso de que triunfara Ortega.

Jesús Ortega, líder real de la corriente mayoritaria dentro del PRD, NI, también recibió el apoyo de ADN (que muy al principio del proceso había mostrado simpatías hacia Encinas). NI tenía una gran presencia nacional y al momento de la elección para la renovación de la dirigencia presidía 25 comités estatales y contaba con más de 50% de los militantes perredistas del país. Esta corriente goza de una fuerza considerable en la Cámara de Diputados, el Senado, la ALDF y el CEN del PRD; además de que tenía la Secretaría General y contar con el apoyo de gobernadores como Zeferino Torreblanca, de Guerrero, y Juan Sabines, de Chiapas, quienes no están afiliados al partido.

Alfonso Ramírez Cuéllar fue promovido por la corriente MD, la cual tiene entre sus filas a miembros de la izquierda histórica que provienen de los desaparecidos partidos Comunista de México y Socialista Unificado de México, de Punto Crítico, así como a ex dirigentes del movimiento estudiantil-popular de 1968, muchos de ellos simpatizantes del cardenismo.

La corriente que postuló a Valenzuela, Redir, llegó débil y dividida a la contienda, ya que una parte de este grupo apoyaba a Valenzuela y otra fracción, encabezada por José Antonio Rueda y Pablo Franco, se pronunciaban por una alianza que impulsara a un candidato con mayor peso (Vergara, 2008: 28-31).

En el primero de los debates entre los seis aspirantes a dirigir el PRD, que se realizó el 19 de febrero de 2008 en el Museo de la Ciudad de México, los candidatos fijaron sus posturas sobre el futuro del PRD y su organización interna.

Encinas propuso rescatar al PRD como instrumento de causas sociales y del movimiento popular. Lamentó las prácticas ligadas al clientelismo y al corporativismo y que el PRD haya perdido identidad como partido de izquierda, por lo que debería ser democrático, tolerante, plural y abierto, en el que el cambio debería venir de la militancia.

Jesús Ortega planteó que el PRD debería dejar de ver hacia sus entrañas para dedicar mayor tiempo a impulsar las transformaciones que el país requiere. Para ello se propuso cinco tareas: a) reconstruir al partido de acuerdo con sus principios éticos y morales; b) fortalecer la unidad dentro de la pluralidad de sus grupos con respeto a sus diferencias y la suma de las coincidencias; c) organizar al PRD en todo el territorio nacional para alcanzar mayor eficiencia electoral; d) renovar el programa de la izquierda mexicana en general, y e) proyectar al PRD como una verdadera alternativa de gobierno que luche contra los abusos y las agresiones a los ciudadanos y defienda la soberanía nacional.

Camilo Valenzuela propuso vincular más al PRD con los movimientos sociales mediante la construcción de un movimiento patriótico nacional.

Miguel León López señaló que mantendría el apoyo al movimiento de López Obrador y buscaría el desarrollo parlamentario que se opusiera a las reformas estructurales que lesionan los intereses nacionales. Hacia el interior del partido se propuso acabar con los monopolios de las organizaciones internas que mantienen al PRD "secuestrado".

Alfonso Ramírez Cuéllar expresó que tanto él como su compañera de fórmula, Rosa Albina Garavito, buscarían constituirse en un factor de unidad dentro del partido, puesto que ninguno de los dos se encontraba atado a los grupos de poder (La Jornada, 2008b).

Navarro se pronunció por la construcción de un partido más igualitario y con mayores oportunidades para todos, así como en evitar enfrentamientos estériles y recobrar la identidad partidista.

El segundo y último debate se efectuó en Morelia, Michoacán, el 5 de marzo de 2008, en un contexto de irregularidades y cuestionamiento a la poca credibilidad del padrón electoral perredista, pues se había incrementado de forma considerable en algunas regiones, además de que se percibía que existía inequidad y lo que algunos candidatos consideraban como distribución ilegal de propaganda (debido a cartas enviadas por López Obrador a los militantes del PRD, donde pedía su voto por Encinas). Éstas fueron algunas de las razones por las cuales Valenzuela manejaba la idea de posponer las elecciones, mientras que Ramírez Cuéllar acusaba a Ortega y Encinas, los dos candidatos favoritos para ganar la contienda, de ser los principales responsables de esa situación.

Ramírez Cuéllar acusó a Ortega de haberse aliado con fuerzas políticas externas, como gobiernos locales del PAN y el PRI, y con un sector del Partido Alternativa Socialdemócrata, a fin de afiliar al PRD a integrantes de dichas agrupaciones para que votaran por él. Ortega no respondió a esas acusaciones y afirmó que de ganar la contienda pediría licencia para separarse de su corriente y demostrar sus intenciones de querer dirigir el partido en favor de todos los perredistas.

Alejandro Encinas recibió la crítica de Ramírez Cuéllar de verse beneficiado por López Obrador, quien, según se decía, había mandado imprimir seis millones de copias de una carta a favor de la candidatura del primero, por lo que se consideraba que había violado el acuerdo de distribución de propaganda y el tope financiero de campaña impuesto. Pese a este cuestionamiento, Encinas salió fortalecido del debate, ya que uno de los candidatos, León López, declinó en su favor.

Camilo Valenzuela insistió en su propuesta de postergar la realización de las elecciones internas hasta junio de 2008 –aunque esta petición ya había sido rechazada por la mayoría del CEN del PRD y por el resto de los candidatos–, con el argumento de la desigualdad y las irregularidades que habían permeado en el proceso. Se pronunció porque el PRD asumiera la movilización de masas como el único camino para rescatar a México. A su vez, Dina Rocío Navarro reiteró su demanda de respeto a la equidad de género y la unidad partidaria.

Eso sí, todos los aspirantes coincidieron en oponerse de forma categórica a la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Aunque con distintos matices, también abordaron temas de interés en la agenda política nacional, entre los que destacó la revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en su apartado agropecuario (La Jornada, 2008c; El Financiero, 2008c).

En sus respectivos cierres de campaña, Encinas y Ortega se acusaron mutuamente de buscar la Presidencia nacional del PRD con prácticas y actitudes contrarias a la línea del partido.

Para Encinas, con las elecciones estaba en juego un nuevo tipo de PRD y de izquierda, por lo que se pronunció por fortalecer el espíritu transformador, rebelde y de lucha del perredismo, sin simulaciones ni ambigüedades. Cuestionó la falta de legitimidad del gobierno de Calderón y se pronunció por la defensa de los recursos de la nación. Estableció que de dirigir los destinos del PRD asumiría 10 compromisos, entre ellos, construir un partido con visión estratégica, de largo plazo, y con vocación de mayoría y de cambio, así como la de constituir alianzas a partir de principios. Señaló que haría del proyecto del "gobierno legítimo" de López Obrador la columna vertebral del partido.

Por su parte, Ortega dijo que de ganar haría del PRD un partido unido y cohesionado, sin pleitos ni divisiones, por lo que no permitiría que sobre el interés del PRD y del pueblo se impusiera algún grupo, corriente o individuo. Propuso una izquierda influyente e incluyente, determinante en el rumbo del país y no una izquierda marginal, arrinconada, autoexcluyente e intolerante como la que, según decía, representaba Encinas. Para Ortega, la disputa era entre lo que definió como la izquierda del pasado y la del futuro; entre una izquierda atrapada en el dogmatismo, en las visiones anacrónicas, y una izquierda moderna, que actualiza sus ideas, que recoge el pensamiento más avanzado.

La posición del gobierno de Calderón ante la renovación de la dirigencia nacional del PRD no se hizo esperar, aunque se presentó de manera ambigua y hasta cierto punto también contradictoria, ya que mientras que en Guanajuato el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (cuestionado fuertemente en ese momento por el posible tráfico de influencia en beneficio de él y su familia por algunos contratos con Pemex) pidió a los panistas de esa entidad estar atentos a lo que pasara en el PRD porque quizá ganaría Encinas (La Jornada, 2008d).

Tres días después, el coordinador de asesores de esa Secretaría, Arne Aus den Ruthen Haag, dijo que al gobierno de Calderón le preocupaba que Ortega ganara la dirigencia nacional del PRD, porque López Obrador podría salirse del partido y conformar un movimiento no sólo muy radical, sino también al margen de cualquier posibilidad de diálogo, pues admitió que había grupos del campo y sindicatos radicales que presentaban esas características. Señaló que, contrario a lo que muchos pensaban, el triunfo de Ortega en el PRD no sería favorable para generar un clima de acuerdos con el gobierno federal, ya que se vería obligado a radicalizar su propia postura para poder integrar al grupo perdedor. En la lógica de este funcionario, si ganaba Encinas se fortalecería el ala lopezobradorista, la cual tendría una fuerza renovada y seguiría su desconocimiento hacia el gobierno federal.

Cuatro días antes de la elección, la Sala Superior del TEPJF ordenó a la CNG del PRD reponer la investigación sobre las irregularidades cometidas por Encinas y los presuntos apoyos que recibió con recursos públicos para respaldar su campaña por la dirigencia nacional del partido, ante la queja que había sido presentada por Ramírez Cuéllar (El Financiero, 2008d).

 

Las elecciones internas y sus consecuencias

El proceso del PRD para elegir tanto a su dirigencia nacional como a las estatales del 16 de marzo de 2008, derivó en una crisis de tal magnitud que algunos resultados no definitivos se dieron a conocer muchos días después de haberse realizado los comicios, pese a que tanto la empresa Mitofsky como el Instituto de Mercadotecnia y Opinión dieron como virtual ganador de la Presidencia nacional del PRD a Encinas desde el mismo día de la elección. Esto provocó la reacción de la corriente NI y su candidato Ortega, que descalifico los conteos y el supuesto triunfo de Encinas. Más tarde se desataron las acusaciones mutuas entre todas las corrientes por el desaseo electoral.

Los problemas del proceso de elección interna del PRD resultaron evidentes mucho antes de la jornada electoral, pues se habían denunciado desde inconsistencias en el padrón hasta propaganda ilegal, así como los acuerdos que establecieron algunos grupos del partido con gobiernos priistas e incluso panistas para apoyar a NI. Estas irregularidades (además de las registradas durante la votación, como robo o quema de urnas o de paquetería electoral, acarreos y compra de votos) afectaron la elección. Incluso se presentó una situación deliberada de tardanza en el cómputo de los votos por parte de ambos grupos en los estados en que los resultados no les favorecían.

Después de muchos desencuentros y fricciones al interior del PRD, que llevaron a la renuncia de Núñez al frente de la CTE (órgano encargado de organizar la elección interna del partido), en su último día como dirigente nacional perredista Cota autorizó a hacer públicos los resultados oficiales con que se contaba hasta ese momento.

Con el 83.95% de las casillas contabilizadas (el mínimo legal es de 80%, según los estatutos del PRD), sin tomar en cuenta aquéllas no instaladas e impugnadas, los resultados dados a conocer arrojaban un apretado triunfo de Encinas, con 488 260 votos, frente a 457 762 sufragios a favor de Ortega. Éste se negó a reconocer este resultado, por considerar que faltaban votos por contabilizar y que, a su juicio, lo beneficiaban a él, por lo que NI criticó la actitud de Cota de dar a conocer resultados y dar por ganador a Encinas sin que se hubieran computado todos los sufragios.

En este mismo contexto, el 21 de abril concluyó el periodo de Cota al frente del PRD, sin que hubiera un nuevo dirigente formalmente electo, razón por la cual para evitar un vacío legal en la dirigencia nacional del partido, los dos grandes bloques que se disputaban la dirección del partido nombraron en el pleno extraordinario del Consejo Nacional del PRD a dos representantes legales (uno por cada grupo). De esta forma, este encargo temporal cayó en el senador Graco Ramírez, de NI, y del diputado Raymundo Cárdenas, de IU, cuya función concluiría cuando tomara posesión la nueva dirigencia nacional (La Jornada, 2008e).

Ante el empantanamiento del proceso electoral y con la ausencia de los consejeros de IU, el Consejo Nacional del PRD del 4 de mayo de 2008 nombró a José Guadalupe Acosta Naranjo y Marta Dalia Gastélum como presidente nacional y secretaria general sustitutos, respectivamente. Los consejeros que participaron en la designación de la dirigencia interina pertenecían a la corriente NI, que apoyaban al candidato Ortega. Se acordó que tanto Acosta Naranjo como Gastélum se mantendrían al frente del partido hasta que terminara el conteo de los votos y se declarara un ganador en la contienda. Esta sesión fue impugnada por IU y los consejeros cercanos a Encinas, quienes cuestionaron estos nombramientos ante la CNG del PRD, por haberse realizado en una sesión ilegal del Consejo Nacional por la falta de quórum, como lo certificó un notario público, pues después de la primera y la segunda convocatorias sólo había 113 consejeros nacionales de los más de 120 necesarios para formar el mínimo de asistentes. Pese a esta irregularidad, el Consejo Político del PRD sesionó, realizó los nombramientos referidos y se ahondaron más las diferencias entre las corrientes perredistas cuando Acosta Naranjo, ya como presidente nacional interino, afirmó en su discurso de toma de posesión que al igual que en el presidencialismo mexicano, "la etapa de un solo hombre en el PRD también concluyó", en clara alusión a López Obrador (La Jornada, 2008f).

De inmediato, el Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el Distrito Federal, presidido todavía por Ricardo Ruiz Suárez, cercano a Encinas, acordó desconocer los acuerdos del Consejo Nacional y, en consecuencia, también la Presidencia y la Secretaría General interinas, porque no se reunieron los requisitos legales para llevar a cabo estas acciones (La Jornada, 2008g).

Debido a los cuatro recursos de inconformidad interpuestos por Ortega ante el TEPJF (según él por la manera en la que la CTE realizó el conteo de los votos y la forma en que la CNG validó la elección), por unanimidad de sus magistrados esta instancia revocó el 7 de mayo de 2008 el triunfo que se le había otorgado a Encinas con el 83% de los votos computados y ordenó a la CNG del PRD que concluyera el cómputo total de los votos en un plazo no mayor a 120 horas. El TEPJF se justificó al señalar que "las fechas para la realización de los cómputos mencionados obedecen a que el partido, al momento de la emisión de la sentencia, había excedido en demasía el plazo que en su normatividad se prevé para que culminara la fase de cómputo nacional de la elección de los integrantes de su dirigencia nacional".¹¹ Esto obligó a la CTE a presentar el 9 de mayo el 100% de los resultados electorales, aun los de las casillas donde se presentaron irregularidades, principalmente en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Conforme a estas cifras, se dio un vuelco al quedar Ortega con 557 729 votos y Encinas con 541 515, es decir, con 16 214 votos de ventaja en favor del primero, equivalentes a 1.24% del total de los sufragios emitidos (La Jornada, 2008h). Estos resultados fueron validados por sólo nueve miembros del CEN encabezado por Acosta Naranjo y pertenecientes a NI, de los 21 que lo integran, y se envió así a la CNG para su ratificación.

José Guadalupe Acosta Naranjo se convirtió oficialmente en el noveno dirigente nacional del PRD al ser reconocido por el IFE como presidente sustituto y Martha Dalia Gastélum como secretaria general, debido a que pese a la impugnación interpuesta por IU, a juicio del IFE –y después del TEPJF –, no hubo irregularidades en la decisión que tomó el Consejo Nacional del PRD, pese a la falta del quórum reglamentario. También el IFE validó la prórroga de las dirigencias estatales y municipales, así como del Consejo Nacional del partido, mientras no concluyera el proceso electoral (El Financiero, 2008g).

En un intento de operación cicatriz, en el Consejo Nacional del PRD del 31 de mayo de 2008 se aprobó por unanimidad un acuerdo entre IU y NI, para nombrar secretario de Finanzas a Rigoberto Ávila, del primer grupo, a cambio de reconocer a Acosta Naranjo, de la segunda corriente, como presidente sustituto del partido (La Jornada, 2008i).

Cuando parecía que la anulación de los comicios del 16 de marzo de 2008 para la Presidencia y Secretaría General del partido iba a calmar los ánimos, en un nuevo episodio de la interminable crisis postelectoral del PRD, la presidenta de la CNG, Ernestina Godoy, renunció a su cargo tras argumentar que los otros dos integrantes de ese órgano partidista, Renato Sales y Dolores de los Ángeles Nazares, habían actuado de manera parcial a favor de la corriente NI mediante el uso de argumentos de pragmatismo político y no jurídico en el proceso de calificación, además de que habían validado actas de casillas no instaladas y casillas con votación atípica, con lo que se convalidaba el fraude (El Financiero, 2008h).

Otro desencuentro más se dio en la realización del Consejo Nacional del PRD de agosto de 2008, una vez que militantes de IU intentaron evitar la realización del evento al bloquear el ingreso de los consejeros en el lugar establecido para su realización, en reclamo de que se cumpliera el acuerdo al que, según dijeron, habían llegado con NI respecto de posponer la realización del encuentro hasta lograr consensos para la convocatoria a la elección de presidente nacional, el análisis de la iniciativa de reforma energética propuesta por el FAP y la renovación de la CNG. Este bloqueo no impidió la realización del Consejo Nacional, ya que los consejeros de NI y de ADN se trasladaron a otra sede, en Ciudad Nezahualcóyotl, y al contar con el quórum reglamentario (157 de los 120 consejeros requeridos) aprobaron el resolutivo de convocar a una elección extraordinaria de presidente y secretario general del PRD para febrero de 2010 y, por añadidura, mantener a José Guadalupe Acosta Naranjo en la dirigencia hasta ese fecha, pese a que previo a la realización del Consejo Nacional las dos corrientes en pugna estaban en negociaciones para nombrar a Lázaro Cárdenas Batel como presidente de unidad del perredismo, por no haber participado en el frustrado proceso electoral, y conformar un CEN dividido entre ocho integrantes para NI y otros ocho para IU. Otro acuerdo importante fue la aceptación de la propuesta de reforma energética, que sería única (esto porque NI había señalado que presentaría la suya, independientemente de la del PRD), elaborada por un grupo de especialistas, académicos e intelectuales, cuyo contenido se asumiría como propio por el FAP, una vez que transitara por una serie de consultas entre las dirigencias del PRD, el PT y Convergencia (La Jornada, 2008j; El Financiero, 2008i).

Finalmente, ocho meses después de que se realizara la elección interna del PRD y producto de la impugnación interpuesta por Ortega, a mediados de noviembre de 2008 el TEPJF determinó por unanimidad de sus integrantes revocar la declaración de nulidad de los comicios para elegir al presidente nacional y al secretario general del PRD, emitida anteriormente por la CNG del propio partido. En contra de los estatutos del PRD, que establecen que una elección podrá ser anulada si hay irregularidades en 20% o más de las casillas (en esta elección fueron de 22.88%), los magistrados del TEPJF consideraron que las irregularidades en esas casillas no resultaron determinantes en el resultado de la elección y, en el reacomodo del cómputo elaborado por los ellos, la votación favoreció a Ortega con 440 891 votos, frente a 404 940 para Encinas. Éste desconoció dicho resultado y rechazó ocupar la Secretaría General del PRD, tal y como lo marcan los estatutos del partido, pues esto implicaría no sólo avalar el triunfo de Ortega, sino aceptar la intromisión del TEPJF en los asuntos internos del partido. En cambio, llamó a conformar el Movimiento por la Renovación del PRD para rescatar al partido y poner en el centro de su atención la construcción de una verdadera opción de izquierda dentro de una cultura democrática (La Jornada, 2008k y 2008l).

 

Conclusiones

El PRD condensa en su interior dos décadas de trabajo político vinculado a la lucha contra el autoritarismo, la defensa de la soberanía nacional y la reivindicación de muchas causas populares. Desde su fundación ha sido un actor decisivo en la transición democrática en la que todavía se encuentra el país.

A lo largo de su historia, la izquierda electoral mexicana que cristalizó en el PRD aprendió a alejarse de los fundamentalismos y a ganar de manera paulatina espacios políticos y electorales, como diputaciones locales y federales, senadurías, presidencias municipales, gubernaturas y, para muchos, la Presidencia de la República en 2006, aunque los grupos de poder económico, político y mediático no se lo hayan reconocido.¹²

Las elecciones de 2006 proporcionaron lecciones fundamentales para el PRD. La votación obtenida por López Obrador ha sido la mayor de la historia para la izquierda mexicana en una contienda presidencial. Lo mismo sucedió en su representación parlamentaria. Sin embargo, el desenlace final de la elección presidencial dejó muy insatisfechos a los militantes, simpatizantes y votantes del PRD. El plantón en el Centro Histórico y en la avenida Paseo de la Reforma, así como las medidas de desobediencia civil constituyeron un claro ejemplo del tamaño de la frustración ante lo que se consideró un gran fraude.

Si bien es cierto que el TEPJF pronunció la verdad formal y legal de la elección al declarar como presidente electo para el sexenio 2006–2012 al candidato del PAN a pesar de una gran controversia, la verdad absoluta e histórica, así como los alegatos políticos y las suposiciones sobre las causas del fraude electoral se irán aclarando cada vez más con el paso del tiempo.

Pese al ascenso de Calderón a la Presidencia de la República, para la enorme mayoría de quienes votaron por López Obrador, el primero es el usurpador y el segundo es el "presidente legítimo" de México. Esto implica la negativa rotunda, no sólo del PRD sino de las fuerzas políticas seguidoras de López Obrador, al diálogo con el gobierno de Calderón y la exacerbación del clima político mediante la descalificación de todo aquello que proponga el Ejecutivo federal desde el 1 de diciembre de 2006.

Del otro lado del PRD también se encuentran, paradójicamente, quienes antes del proceso electoral de 2006 y producto de él, enfrentan responsabilidades institucionales de gobierno (como presidentes municipales, gobernadores, jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados locales, diputados federales y senadores) que, por la naturaleza de sus cargos, están obligados a mantenerse en la vida orgánica e institucional de la política y no desperdiciar el capital político que lograron construir.

De ahí que aunque sea entendible que el resentimiento contra el PAN y Calderón sigan presentes por mucho tiempo, el PRD deberá resolver la manera de conciliar el activismo político y la lucha social con la responsabilidad de gobernar en sus distintos ámbitos de poder, como la segunda fuerza electoral del país a partir del proceso electoral de 2006. El gran reto del PRD en el sexenio 2006–2012 reside en utilizar y aprovechar sus facultades legislativas y en los gobiernos estatales y municipales que encabeza, para contribuir a resolver los problemas sociales que requieren el impulso de la izquierda.

Temas tan importantes como la política social, el futuro de la seguridad social, el combate a la pobreza, la defensa del patrimonio nacional, la defensa de Pemex y, en general, todos los asuntos relativos a las asignaciones de dinero público en los presupuestos federales, deben ser motivo de una gran estrategia de acción política del PRD.

Sin claudicar a sus creencias y con respeto al proyecto social que le dio origen, el partido se debe reestructurar y renovar para fortalecerse y contribuir así a consolidar la transición a la democracia, a impulsar la necesaria reforma del Estado —aún incompleta e inconclusa— y a garantizar la gobernabilidad, sin que eso signifique someterse al proyecto ni a las directrices que pretenda dictar el Ejecutivo federal.

Uno de los retos a los que se enfrentará el PRD es mantenerse como la segunda fuerza electoral en el país entre 2009 y 2012. Sin embargo, esto será difícil de lograr en un partido al que sus militantes y simpatizantes lo conciben como carente de una dirigencia legal, que ante su preparación para los comicios legislativos federales de 2009 no ha logrado resolver su proceso de elección interna. Otra carga para el PRD será su permanente división interna que se hizo más evidente por sus fallidos intentos de renovación en 2008.

 

Siglas

ADN Alternativa Democrática Nacional

ALDF Asamblea Legislativa del Distrito Federal

CEN Comité Ejecutivo Nacional

CEU Consejo Estudiantil Universitario

CND Convención Nacional Democrática

CNG Comisión Nacional de Garantías

CTE Comisión Técnica Electoral

FAP Frente Amplio Progresista

FNS Foro Nuevo Sol

FPI Frente Político de Izquierda

IDN Izquierda Democrática Nacional

IFE Instituto Federal Electoral

IM Izquierda en Movimiento

IS Izquierda Social

IU Izquierda Unida

NI Nueva Izquierda

MD Movimiento por la Democracia

PAN Partido Acción Nacional

Pemex Petróleos Mexicanos

PRD Partido de la Revolución Democrática

PRI Partido Revolucionario Institucional

PT Partido del Trabajo

Redir Red de Izquierda Revolucionaria

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Unyr Unidad y Renovación

 

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Notas

* El presente artículo es continuación de dos trabajos anteriores del mismo autor: El Partido de la Revolución Democrática; antecedentes, nacimiento, conformación, desarrollo y problemas para la institucionalización de la izquierda partidaria moderna, México, Instituto Politécnico Nacional, 2005, 260 pp., y El Partido de la Revolución Democrática en el proceso electoral de 2006, México, Publidisa, 2007, 253 pp.

¹ Como escribió el economista James K. Galbraith el 7 de septiembre de 2006 en el periódico londinense The Guardian, al igual que George W. Bush en Estados Unidos en 2004, Felipe Calderón obtuvo de los jueces —refiriéndose a los magistrados del TEPJF— lo que las urnas no le dieron con certeza: una victoria como presidente electo para el periodo 2006–2012. Por otro lado, como bien lo señaló John M. Ackerman (2006: 12), el máximo tribunal de justicia electoral de México no sólo desaprovechó la oportunidad de coadyuvar a reencauzar la oposición de izquierda a las vías institucionales, sino que con su proceder mandó a ésta de nuevo a las calles.

² En un principio López Obrador no estuvo de acuerdo con la creación del FAP por considerar que se podría oponer con los objetivos de la CND (Díaz, 2006: 14–19).

³ Incluso días después de su congreso nacional, NI emprendió una serie de alianzas con otras fuerzas del propio PRD con miras a la renovación del partido, como fue el caso con la Corriente Universitaria Perredista, encabezada a su vez por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Agustín Rodríguez Fuentes. Esta alianza se hizo, según los representantes de ambas expresiones políticas, con el objetivo de fortalecer y desarrollar los principios que le dieron vida al PRD desde su creación en 1989 (La Jornada, 2007e).

⁴ Para invitar a López Obrador al Congreso del PRD se conformó una comisión integrada por Leonel Cota, dirigente nacional del PRD; Javier González Garza, coordinador de los diputados federales perredistas; Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del partido, y Saúl Escobar. Algo similar se hizo con Cuauhtémoc Cárdenas, quien declinó la invitación.

⁵ Quizá el único partido en el mundo con esta propuesta sea el PRD.

⁶ El FNS se dividió en cuanto a la selección del candidato que apoyaría para la dirigencia nacional del PRD. Por una parte, Eloi Vázquez, coordinador nacional de dicha corriente, anunció que a raíz de una consulta nacional los integrantes de su expresión política habían decidido respaldar a Alejandro Encinas, en tanto que Martha Dalia Gastélum y José Luis Jaimes se sumaron a la candidatura de Jesús Ortega, a contracorriente de la decisión del grupo al que pertenecen. Esta posición obedecía a que Gastélum mantenía la pretensión de convertirse en secretaria general del PRD, al compartir fórmula con Jesús Ortega (La Jornada, 2007n).

⁷ Cabe señalar que Monreal envió una carta a la Comisión Técnica Electoral del PRD, presidida por el senador Arturo Núñez, en la que fundamentó su decisión de declinar a la contienda interna porque a su juicio no existían las condiciones para hacerlo.

⁸ De esta forma, en las tres elecciones para renovar gubernaturas en 2007, el PRI ganó en Yucatán con Ivonne Ortega Pacheco (quitándole la gubernatura al PAN); en Baja California, Acción Nacional conservó la gubernatura con José Guadalupe Osuna Millán y en Michoacán el PRD logró también mantenerse en ese cargo.

⁹ Una vez abierto formalmente el proceso de renovación de la dirigencia nacional del PRD, en lo que era ya un hecho evidente, López Obrador manifestó su apoyo a la candidatura de Alejandro Encinas en un acto organizado por el bloque IU, en el cual señaló que en el PRD no debería haber "corrimientos" ni "zigzagueos" ideológicos, por lo que era fundamental mantener los principios y los ideales, además de que en circunstancias como las que vivía el país no estaba de acuerdo con la moderación. Tanto López Obrador como Encinas coincidieron en no hacer del PRD un partido de izquierda dócil y legitimadora. Por su parte, la corriente NI, encabezada por Jesús Zambrano y que apoyaba la candidatura de Ortega, minimizó el respaldo público de López Obrador a Encinas y desechó que su corriente representara a la izquierda legitimadora y dócil a la que se había hecho referencia (El Financiero, 2007n).

¹⁰ Dolores Padierna, integrante de IDN (la corriente con mayor presencia en el Distrito federal) y secretaria de Planeación del PRD, pretendió ser la candidata a la Secretaría General del PRD con Encinas, pero no lo consiguió.

¹¹ Este ordenamiento del TEPJF tuvo que ser atendido por la CNG del PRD, ya que el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece que un eventual incumplimiento a los plazos marcados por los magistrados contempla una sanción que va desde amonestaciones públicas o apercibimientos a los funcionarios responsables, hasta multas de 100 días de salario mínimo —el doble si se reincide— o cárcel hasta por 36 horas (El Financiero, 2008e y 2008f).

¹² Al respecto, una cercana colaboradora de Andrés Manuel López Obrador y ex coordinadora de las redes ciudadanas en favor de su candidatura, escribió un libro cuyo objetivo es demostrar que la derecha y los poderes fácticos quieren evitar a toda costa que la izquierda llegue al poder (Díaz, 2007).