1. Introducción

Al momento de escribir estas líneas, la noticia matutina es que la primera caravana migrante del año 2020 que salió de San Pedro Sula en Honduras se reintegra, cruza el Río Suchiate y se interna en Chiapas mientras los militares mexicanos se preparan para frenarla.¹ La política exterior de México, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en su primera etapa, ha tenido que enfrentar dos retos importantes en materia migratoria. Por un lado, las caravanas de migrantes por la frontera sur, y por otro, las presiones políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenaza con el aumento de aranceles a los productos mexicanos por no controlar la migración hacia Estados Unidos.

La implementación de la política migratoria del gobierno de López Obrador tiene como contexto que México, junto con Suiza, fue líder de la adopción internacional del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en Marrakech, Marruecos, en diciembre de 2018. Este pacto es publicitado como un mecanismo clave de la gobernanza global de las migraciones.² Para julio de 2018, el documento del Pacto estaba negociado, se publicó la versión acordada y solo se esperaba su adopción formal en diciembre en Marrakech.³ Justo en ese contexto, en octubre de ese año en México, se visibilizan las caravanas de migrantes.

Estas caravanas surgieron como una forma organizativa de seguridad (autodefensa) entre migrantes centroamericanos en tránsito por México hacia Estados Unidos, y usaron la estrategia de visibilizarse.⁴ Tenían como antecedente el viacrucis del migrante de la Semana Santa de 2018 y también la organización de caravanas mesoamericanas de madres, desde el año 2006, que buscan a sus hijos migrantes desaparecidos en México.⁵

De la misma manera, migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos viajan en caravana anualmente, durante periodos vacacionales, desde la frontera norte hacia sus comunidades de origen al interior de México para protegerse de la extorsión de agentes aduanales y de la delincuencia.⁶

El proceso de securitización de la migración hacia Estados Unidos se detonó a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001, pues se considera como amenaza de seguridad a la migración, al vinculársele con el terrorismo.⁷ Esto ha conducido a que, desde el gabinete presidencial estadunidense, se crearan el Departamento de Homeland Security, las agencias federales de US Customs and Border Protection (CBP) y el US Immigration and Customs Enforcement (ICE). Del mismo modo, se ha incorporado también en la misma estructura gubernamental a la Patrulla Fronteriza (Border Patrol).

En México, la visión securitaria de las migraciones se despliega con mayor fuerza desde 2006, a partir de la guerra contra el narcotráfico, durante la administración de Felipe Calderón.⁸ Esto a partir de una mayor convergencia entre las rutas que unen a Centroamérica y México con dirección a Estados Unidos y que son controladas por los traficantes de drogas; además, esto se intersecta con el tráfico de personas, la trata y el secuestro de migrantes. Las rutas migratorias se vuelven muy peligrosas y los migrantes centroamericanos “no importan” en México, como argumenta el periodista salvadoreño Oscar Martínez.⁹

En 2010, la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, evidenció las convergencias entre las rutas migratorias y de narcotráfico. Y, a partir de entonces, la prensa y defensores de derechos humanos en México reportan sistemáticamente los crímenes contra migrantes y la violencia en su contra, además de graves violaciones a derechos humanos, por parte de las autoridades.

Las caravanas migrantes de Centroamérica, en tránsito por territorio mexicano, que se presentaron entre octubre de 2018 y enero de 2019, coincidieron con la transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La primera caravana de octubre de 2018 salió de San Pedro Sula, reuniendo inicialmente a mil seiscientas personas, pero se fue ampliando hasta llegar a México. Al arribar a Oaxaca, llegó a ser integrada por siete mil personas,¹⁰ incluso en la Ciudad de México reportaron que las caravanas integraron a quince mil personas durante el mes de noviembre de 2018.¹¹ El objetivo de las caravanas no solo era pasar por territorio mexicano en busca de llegar a Estados Unidos, sino visibilizarse y acompañarse en esta difícil travesía, para autoprotegerse.

Las caravanas migrantes, entre 2018 y 2019, se posicionaron como una prioridad de seguridad entre México y Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenazó con incrementar aranceles a los productos mexicanos si México no controlaba la migración. Esto se consideraba una potencial guerra comercial entre ambos países.¹² Ante la amenaza de estos aranceles, en medio del proceso de ratificación del acuerdo comercial TMEC que sustituiría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México aceptó, en junio de 2019, un acuerdo con Estados Unidos para disminuir la migración irregular. Así, la administración de López Obrador decidió utilizar a la recién creada Guardia Nacional (GN) para detener migrantes.

Por ello, este artículo se centra en cuestionar cómo se contradicen los discursos de seguridad y el cumplimiento al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (en adelante Pacto Mundial sobre Migración). Esto, considerando las acciones del gobierno de López Obrador para controlar la migración centroamericana en tránsito, que se dirige hacia la frontera de Estados Unidos, por medio de la Guardia Nacional.

Este artículo tiene como objetivo analizar tales contradicciones desde la perspectiva de la seguridad humana, en contraste con la seguridad nacional implementada en la política migratoria mexicana. Andrés Manuel López Obrador tenía como objetivo crear la GN para incrementar la seguridad y disminuir la violencia en México. Desde su campaña a la presidencia, manifestó que sería prioritario retirar al ejército de las calles y dar paso a una policía preparada y capacitada. Sin embargo, al tomar posesión y durante las discusiones legislativas para crear la GN, se desató una serie de controversias sobre su estructura y operación. Y, contradictoriamente, los primeros despliegues de la GN se realizaron para el control migratorio en las fronteras mexicanas.

Como estrategia metodológica para discutir la pregunta de investigación, se contrastan discursos políticos sobre seguridad con las acciones gubernamentales en México, a través del análisis de información oficial, legislación y los compromisos internacionales de México, particularmente con el Pacto Mundial sobre Migración. Asimismo, se realizó un seguimiento hemerográfico sobre la relación bilateral México-Estados Unidos, las caravanas y la Guardia Nacional en el periodo 2018-2019.

Los datos se examinan a través de la perspectiva de seguridad humana, enfatizando en las relaciones entre seguridad, migraciones y derechos. Con este fin, el artículo se compone de tres secciones. La primera estudia a la seguridad humana como una perspectiva teórica que cuestiona la seguridad Estado-céntrica; en esta sección también se incluyen las vinculaciones entre derechos humanos y seguridad humana. La segunda sección se centra en el proceso de creación de la GN. La última sección está dedicada a examinar su intervención en operativos migratorios y el cumplimiento del Pacto Mundial sobre Migración.

2. La seguridad humana como perspectiva teórica

Desde principios del siglo XXI, una de las perspectivas que ha cobrado relevancia en los estudios sobre seguridad internacional es la “seguridad humana”. Desde finales del siglo XX, el debate sobre seguridad humana había dejado claro que la seguridad internacional no puede mantener como eje único al Estado-nación, es decir, los temas de seguridad internacional no solo pueden ser concebidos desde un enfoque Estado-céntrico, sino que se requiere un enfoque centrado en las personas.

Así, las amenazas a los Estados no son las únicas relevantes como problemática de seguridad dentro del campo de las relaciones internacionales y sus perspectivas teóricas. Para analizar las amenazas y proponer soluciones, también son relevantes las amenazas a las personas. El debate se ha centrado en cómo operacionalizar la seguridad humana y en si la seguridad Estado-céntrica es o no complementaria y compatible con la seguridad humana.¹³

El concepto de seguridad humana ha sido difundido y discutido desde la publicación del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1994, donde se propuso que las amenazas hacia las personas pueden ser amenazas cometidas por el Estado (tortura); de otros Estados (guerra); de otros grupos de la población (tensión étnica); de individuos o pandillas contra otros individuos o pandillas (delincuencia, violencia callejera); contra las mujeres (violación, violencia doméstica); contra los niños sobre la base de su vulnerabilidad y dependencia (maltrato infantil), o dirigidas contra la propia persona (uso de estupefacientes, suicidio).¹⁴

En esta lista específica de amenazas, se puede identificar que tanto la violencia y amenaza de otros grupos de la población, de individuos o pandillas, contra las mujeres, jóvenes y niños son las circunstancias que se aplican al caso de la migración de centroamericanos hacia México. Asimismo, se puede observar que las condiciones de los países de mayor emigración (Guatemala, Honduras y el Salvador) no ofrecen a esta población la garantía de su integridad como personas.

Para Bertrand Ramcharan, la seguridad humana es estar seguro, estar a salvo y protegido, con condiciones y sentimientos de seguridad; además establece que las normas de los derechos humanos internacionales dan contenido al significado de la seguridad humana.¹⁵ Sin embargo, en una de las más recientes publicaciones al respecto, David Andersen y Kerry Crawford retoman el debate entre seguridad humana, seguridad nacional y seguridad global, contrastando estos conceptos de una manera más realista, no solo normativa.¹⁶

Estos autores observan las condicionantes que se han presentado en la aplicación de la seguridad humana desde su adopción en la publicación del Informe del PNUD, en 1994. Exponen que los propósitos de la seguridad son diferenciados: mientras la seguridad global se enfoca en la protección de la estabilidad del sistema de los Estados-nación, la seguridad nacional tiene como propósito la protección del Estado frente a amenazas externas y también frente a inestabilidad interna. En contraste, la seguridad humana centra su protección en el individuo y su comunidad, para evitar amenazas a su bienestar y seguridad física.

Andersen y Crawford mencionan que una norma sobre seguridad humana podría guiar el comportamiento y consenso en los diferentes niveles de prioridad, desde el individuo, el Estado y el sistema. Sin embargo, consideran que el hecho de que personas, Estados y organizaciones no acepten una norma que defienda y defina la seguridad humana es la razón por la cual continúa un comportamiento donde la prioridad no son las personas, sino el enfoque Estado-céntrico de la seguridad internacional.¹⁷

Al considerar el nexo de seguridad y migración, Jef Huysmans y Vicki Squire advierten que, por un lado, la seguridad humana intenta enfocarse más en el individuo migrante, incluir una dimensión ética y normativa, pero puede seguir considerando a la migración como “amenaza”, y a la persona migrante solo como víctima despolitizada. Por otro lado, ven que el lenguaje securitario de la migración justifica el uso de la fuerza, la violencia y la instauración de la gobernabilidad. Por esta razón, una de sus propuestas es que la perspectiva de derechos reemplace las perspectivas de seguridad, para que, en ese marco, las personas migrantes tengan un papel político central.¹⁸

Por su parte, Robert Hanlon y Kenneth Christie, al explicar el enfoque de la seguridad humana en el contexto migratorio, consideran dos condicionantes contemporáneas: la debilidad de los países de origen de migrantes y la operación de organizaciones criminales transnacionales en el tráfico y trata de personas. Entonces, observan la incapacidad de los Estados para brindar seguridad a las personas migrantes, a los desplazados y refugiados; y, en contraste, el creciente poder de las redes transnacionales de traficantes y tratantes de personas.¹⁹ En otras palabras, el ejercicio del poder continúa dominando la aplicación de la perspectiva de seguridad humana y cuestiona la responsabilidad de los Estados.

Por lo anterior, es esencial recuperar el papel central de los derechos humanos de las propias personas migrantes. Los humanos tienen derechos y la comunidad internacional tiene la obligación de proteger y promover estos derechos. Negarlos conlleva inseguridad humana; protegerlos y promoverlos es el camino a la seguridad humana.²⁰

Los derechos humanos deben ser garantizados. Estos cambian de lo negativo a lo positivo cuando son cumplidos para las personas si su seguridad no es amenazada. El énfasis no es solo disfrutar la sustancia del derecho, sino también acceder a ellos, lo cual es imperativo en esta conceptuación de derechos humanos, así como en la definición de seguridad humana.²¹

La seguridad humana y los derechos humanos comparten bases fundamentales. La primera es que se refieren a personas y no a Estados y ambos están centrados en garantizar el bienestar de los humanos.²² Una segunda base es que ambos marcos conceptuales comparten definiciones interdependientes e interrelacionadas. Ambos también promueven abordajes holísticos, pues de igual forma que los derechos, las amenazas están interconectadas y la seguridad es indivisible. Así, ambos conceptos empujan círculos que pueden ser virtuosos: un derecho hace avanzar a otro, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la seguridad humana, al resolver amenazas que afectan a las personas.

Ambos conceptos priorizan la libertad y la dignidad. El centro de la vida es una gama de derechos y libertades de las personas y ambos marcos se concentran en la dignidad de las personas. Los derechos humanos se desarrollaron en respuesta a la violación de la dignidad humana, mientras la seguridad humana emergió de las amenazas a los derechos de las personas. Esta noción, además, surgió en un marco caracterizado por el uso de la seguridad nacional para frenar derechos a las personas. Por ello, se puede conceptualizar a la seguridad humana como una extensión de la búsqueda de la dignidad.

Asimismo, ambos enfatizan la universalidad y la indivisibilidad de sus componentes. Así, los derechos humanos y los componentes de la seguridad humana son definidos para aplicarlos en distintos contextos alrededor del mundo. En el lenguaje de los derechos humanos, la indivisibilidad y la interdependencia se refuerzan mutuamente. Mientras las políticas orientadas a la seguridad humana promueven los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos minan la seguridad humana. La fortaleza de los derechos humanos recae en su posición moral y ética, así como en sus valores. Lo mismo ocurre con la seguridad humana.

Por estas últimas razones, la aplicación de la seguridad humana a asuntos migratorios no se circunscribe a las amenazas que representan para las personas migrantes las organizaciones criminales de tráfico y trata de personas. Tampoco se limita a justificar las incapacidades de los Estados en los países expulsores de migrantes para retener a su población, Más bien, la seguridad humana busca poner en el centro a las personas migrantes y sus derechos, recordando que sus derechos humanos son la base de su bienestar, que son interdependientes, están interrelacionados, que la libertad y la dignidad individuales y colectivas son fundamentales, que sus derechos son indivisibles y se refuerzan mutuamente. Al minar los derechos de las personas migrantes, se mina su propia seguridad, se les despolitiza. En consecuencia, se justifica discursivamente la violencia en su contra, así como la necesidad de “gobernabilidad” de las migraciones.

3. La creación de la Guardia Nacional

Uno de los temas importantes que estuvo presente en la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue el incremento de la violencia y la inseguridad en distintas regiones de México, protagonizada por organizaciones criminales y la delincuencia común. Asimismo, se trató la insatisfacción respecto a la democracia, de modo que la Guardia Nacional se propuso para pacificar al país. Pero, con ello, México se encamina a la militarización de la seguridad pública.²³

López Obrador, como candidato, insistía en la falta de coordinación que tenían las instituciones de seguridad pública para combatir el crimen organizado y abatir la violencia. Apuntaba que las instituciones se obstruían entre ellas y que no había una estrategia. La solución era unificar las acciones de seguridad y combate a las organizaciones criminales, con la creación de una sola fuerza militar bajo el mando único y la dirección del presidente.

Así, López Obrador propuso en su plataforma electoral, Proyecto de Nación 2018-2024, el capítulo “Sociedad segura y Estado de derecho”, donde se incluye una serie de medidas para terminar con la violencia que había afectado al país en los dos sexenios anteriores. Entre los puntos más destacados se incluía la creación de la Guardia Nacional para proyectar el retiro paulatino de las fuerzas armadas en zonas de alto riesgo, pues estas no deberían tener funciones de seguridad pública. Asimismo, figura el destinar mayores recursos a la capacitación de policías; la creación del Colegio Nacional de Seguridad Pública, como una opción para 6.87 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, y su objetivo será especializar y profesionalizar a los cuerpos de seguridad.²⁴ Para combatir la violencia y la inseguridad, López Obrador proponía un enfoque diferente a gobiernos anteriores, tanto de forma operativa como institucionalizada. Tres cambios importantes se proponían: eliminar de la Secretaría de Gobernación las funciones en materia de seguridad, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y la creación de la GN.

Tras lanzar esta propuesta, quien era postulado para secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, señaló cuáles serían las prioridades del gobierno de Obrador al llegar a la presidencia:

El primero es cerrar el ciclo de guerra. El segundo, lograr un punto de inflexión de la violencia criminal en un plazo de 180 días. Número tres: recuperar la confianza de la sociedad en los cuerpos de seguridad. Cuatro: afianzar la estrategia en un plazo de tres años y, finalmente, entregar un país en paz y tranquilidad en 2024.²⁵

Los plazos sugeridos no parecían realistas al comparar que en los pasados periodos presidenciales la violencia solo creció cuando Felipe Calderón desplegó la guerra contra el narcotráfico en 2006 y con Enrique Peña Nieto había tenido una leve disminución, pero la violencia repuntó hacia el final de la administración, incluso superando las estadísticas del sexenio de Calderón.²⁶

Poco después de que López Obrador ganara las elecciones, Alfonso Durazo anunció que la gn ya no sería creada, la prioridad eran otros temas y el combate al crimen organizado se realizaría a través del lavado de dinero. Desde su punto de vista, esa sería la mejor forma para enfrentar a las organizaciones delictivas en el país y a un menor costo.²⁷ Esto era compatible con lo prometido en campaña electoral de “más abrazos y menos balazos” y oportunidades para jóvenes bajo el eslogan “becarios sí, sicarios no”.²⁸

Cabe señalar que, durante la campaña electoral, la relación entre Obrador y los militares había sido tensa, desde que lanzó declaraciones sobre una probable amnistía para personas encarceladas, el retiro de los militares de las calles y señalar que las fuerzas militares cometían violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, esto se transformó tras las reuniones, en agosto de 2018, entre el presidente electo López Obrador y el secretario saliente de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, así como el de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.

La postura de López Obrador respecto al papel de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad cambió drásticamente, pasando de un distanciamiento a una aceptación y posterior reconocimiento central de su papel como garantes de la seguridad en México.²⁹ Ambos secretarios pudieron ofrecerle un diagnóstico de cómo estaba el país en temas de seguridad y las acciones que realizaban ambas secretarías para limitar la actuación de las organizaciones criminales en diversas regiones.

Los secretarios también buscaron demostrarle que no habría tantos efectivos disponibles para su plan de la GN, por lo cual tendrían que trabajar con elementos de ambas dependencias y, sobre todo, con elementos de mayor experiencia. También le revelaron las posibles consecuencias de que los militares regresaran a sus cuarteles, así como de crear un nuevo cuerpo de seguridad nacional sin una estrategia clara para combatir al crimen organizado. Incluso hablaron sobre los compromisos internacionales que tenían con Estados Unidos, a partir del apoyo recibido por la Iniciativa Mérida (2800 millones de dólares).³⁰

Tras estos encuentros, López Obrador expresó: “No podemos dejar de usar al ejército y la marina para garantizar la seguridad pública”.³¹ Posteriormente, entre agosto y noviembre de 2018 no se publicó más información sobre el proyecto de la GN; se trató de apaciguar a la opinión pública, concentrándose en otras prioridades de su agenda de gobierno. Fue hasta noviembre de 2018 cuando se retomó la propuesta de la GN y los legisladores del mismo partido político que el presidente (Morena) presentaron la iniciativa de ley.³²

En esta propuesta, la GN tendría funciones policiacas para sustituir a las fuerzas militares. La diferencia radicaba en su preparación y actuación para enfrentar amenazas de violencia; la GN consideraría la seguridad de la población civil al enfrentar a los criminales y también estaría preparada para atacar con fuerza letal a su enemigo.³³

López Obrador declaraba que sería: “una manera distinta de enfrentar el problema en la práctica”. Con esto, parecía que sería un proyecto innovador en materia de seguridad, en comparación con sus antecesores.³⁴ Sin embargo, en principio, no sería una fuerza civil, sino que sería una fuerza policiaca militar integrada por la incorporación de policías militares (reclutados por el Ejército y la Marina) y agentes de la Policía Federal. De tal modo, estaría principalmente bajo el control y supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Reformar y capacitar a la Policía Federal sería tardado, y México necesitaba una respuesta contundente en este tema; sobre todo, se valoró que la GN sería más efectiva para combatir la delincuencia. Por eso, la GN sería comandada por militares, pero con un perfil de formación policiaca, para disminuir las violaciones a los derechos humanos.³⁵

Distintas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, insistían en las obligaciones internacionales del Estado mexicano para limitar al máximo la participación de fuerzas armadas en asuntos de orden interno y seguridad ciudadana. Así, las fuerzas armadas podrían participar solo de manera extraordinaria, subordinada y complementaria a labores de corporaciones civiles, regulada y fiscalizada.³⁶

El debate entre los legisladores fue acalorado, debido a que las críticas a la GN se sustentaban en que era un proyecto de militarizar al país y que sería la milicia del presidente. Se requerían reformas constitucionales, pues ninguna fuerza militar podría estar a cargo de asuntos de seguridad pública, además, implicaba desaparecer a la Policía Federal.

Después de casi un mes de debates y posicionamientos en el Poder Legislativo, se aprobó su creación.³⁷ Se aprobaron las reformas constitucionales en los congresos de las entidades federativas y, en marzo del 2019, se publicó la Ley de la Guardia Nacional. Los artículos constitucionales modificados fueron los siguientes: 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89.³⁸ La crítica a la creación de la GN es que significaría una legalización para la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública, y representaría una continuidad a las medidas implementadas en los periodos presidenciales previos, de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con ello, se cedería paulatinamente más espacio a las fuerzas armadas mexicanas para estar en las calles.³⁹

Alfonso Durazo Montaño, tras ser designado como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que la GN: “es uno de los instrumentos indispensables que el Gobierno federal implementa para optimizar los resultados de la estrategia contra la inseguridad”. ⁴⁰ Aseguró que era la primera institución pública con mayor aceptación por parte de la población con 70.9% y que con la GN se pondría fin a la violencia.⁴¹

4. ¿La Guardia Nacional en operativos migratorios?

El 7 de junio de 2019, los Gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo migratorio para evitar la imposición de aranceles con la que Donald Trump había amenazado.⁴² El presidente de México confirmó el despliegue de la Guardia Nacional hacia las fronteras norte y sur del país como control migratorio, con lo cual se pasó, de una política de securitización de la migración, a una de militarización fronteriza para detener migrantes. De hecho, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunció que, en materia de migración, se aplicará un “modelo especial mexicano”, basado en el Pacto de Marrakech: una migración regular, una migración segura y una migración ordenada.⁴³

Pero el primer costo visible del nuevo acuerdo migratorio se presentó dos semanas después, cuando un joven salvadoreño y su pequeña hija de un año y once meses, Oscar y Valeria, fueron encontrados juntos y ahogados en las orillas del río Bravo, intentando llegar a Estados Unidos y escapar del control migratorio mexicano.⁴⁴

El compromiso de México con Estados Unidos fue reducir la migración en 45 días. Cumplido el plazo, el canciller Marcelo Ebrard -quien había estado a cargo de la negociación de este acuerdo migratorio- reportó que los flujos migratorios a Estados Unidos, desde México, se habían reducido en 36.2%.⁴⁵

La manera en que el Gobierno de México aplica el Pacto Mundial sobre Migración es siguiendo solo la narrativa de ordenar, regular y asegurar la migración, en particular, desarticular las caravanas. Sin embargo, el Pacto es un instrumento internacional que pretende ser más comprensivo de las dinámicas migratorias. Incluso plantea como primer principio: “centrarse en las personas” y, con esto, intenta impulsar una perspectiva de seguridad humana. El Pacto propone abordar las causas de las migraciones y que los Estados retomen sus responsabilidades en un contexto de crisis neoliberal, pues este último ha implicado la desregulación de los mercados laborales. Asimismo, es en este marco donde se insertan las personas migrantes, el crecimiento de la “industria” de la migración y de las organizaciones de tráfico y trata de personas.

Pero también, como acuerdo intergubernamental, el Pacto Mundial sobre Migración incluye como segundo principio a la cooperación internacional. Así, reconoce que se requiere asumir responsabilidades compartidas en materia migratoria. Como tercer principio, establece la función de las soberanías nacionales, para evitar que los Estados eludan sus responsabilidades y asuman el cumplimiento del derecho internacional.⁴⁶ En ese sentido, el Pacto, para ser operativo, intenta proponer un balance entre seguridad Estado-céntrica y seguridad humana.

Distintas instituciones de derechos humanos han externado su preocupación por la intervención de la Guardia Nacional en operativos migratorios. En particular, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha insistido en que el artículo primero constitucional reconoce a toda persona en México para gozar de las garantías otorgadas por la Constitución. Esto incluye a la población migrante, sin importar su situación migratoria; todos sus derechos deben ser respetados y en particular:

En los primeros meses, tras el desplazamiento de la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur de México, se presentaron más de 24 quejas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violación a los derechos humanos en operativos de seguridad. Hasta octubre de 2018, se mantenían 27 000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en las fronteras norte y sur, y habían detenido a alrededor de 67 057 migrantes.

Los albergues para migrantes y organizaciones humanitarias han sufrido acoso por parte de los elementos de la GN, en particular la Casa del Migrante de Saltillo. A pesar de que se presentó una denuncia al respecto, esta fue cambiada para ser en contra de la Policía Municipal y no contra la Guardia Nacional.⁴⁸

Internacionalmente, el Comité Contra la Discriminación Racial de la ONU realizó una petición para evaluar el retiro de la GN de la función migratoria en México. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que la GN no se iba a retirar, debido a que se trabajaba en un convenio de colaboración con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, para que la GN pudiera proceder bajo los estándares de la onu.⁴⁹

Por su parte, durante la sexta evaluación periódica a México, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló a la nueva política migratoria de López Obrador, la presencia de la Guardia Nacional y las múltiples denuncias de violaciones a migrantes, casos de tortura, tratos crueles, desapariciones forzadas, extorsión, trata, asesinatos, etcétera. El riesgo de sufrir cualquiera de estas situaciones se incrementa en las fronteras de México, donde la GN está presente. Se señaló que la nueva política migratoria recurre al uso generalizado de la detención y el uso de la fuerza por parte de los agentes de seguridad.⁵⁰

El Comité de Derechos Humanos de la ONU también indicó que es preocupante la política de contención que orilla a los migrantes a rutas más peligrosas, la detención de niñas y niños, así como la falta de protección y asistencia adecuadas, especialmente para aquellos no van acompañados. En su evaluación, también incluyó una sección sobre el derecho a la vida y a la seguridad personal, respecto a las cuales se subrayan las altas y crecientes tasas de homicidios en México, los reportes sobre ejecuciones extrajudiciales y los índices de letalidad. Asimismo, el comité puntualizó su preocupación por el carácter militarizado de las fuerzas de orden, en general, incluyendo la GN, y la falta de un calendario claro para el retiro de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana.⁵¹

Tras seis meses del acuerdo migratorio México-Estados Unidos, el 26 de diciembre de 2019, el canciller Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, dio a conocer los resultados del control migratorio efectuado. Presentó la reducción significativa de flujos migratorios que reportó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) de Estados Unidos respecto a su frontera con México.

Mientras en mayo de 2019 las aprehensiones mensuales habían sido 144 116, durante noviembre fueron 42 710. Esto representaba una reducción histórica en el número de migrantes que lograban llegar a la frontera de Estados Unidos y eran detenidos por autoridades estadunidenses. El canciller Ebrard reportó que el total de migrantes “rescatados” por las autoridades mexicanas, durante el periodo, fue de 280 409. De este número, la Guardia Nacional había “rescatado” a 59 483; la Secretaría de Seguridad a 41 649 y el Instituto Nacional de Migración (Inami) a 178 917.⁵²

La Ley de la Guardia Nacional, en su artículo 9, delimita que esta puede actuar en centros de supervisión y control migratorio, solo en auxilio y coordinación con las autoridades responsables, es decir, con el Instituto Nacional de Migración.⁵³ A pesar de esto, de manera independiente, la Guardia Nacional ha estado presente en el control migratorio; detiene migrantes y les priva de su libertad.

De manera oficial, el Gobierno de México insiste en que está cumpliendo con el Pacto Mundial sobre Migración. Pone énfasis en que solo aceptará a migrantes regulares, es decir, a quienes cumplan con la legislación migratoria, de otra manera, deberán “asegurarlos”, es decir, detenerlos para mantenerlos “seguros”. En tal sentido, destacados especialistas han insistido en el uso de eufemismos en la política migratoria, por ejemplo, Pablo Ceriani identifica dos dispositivos de control migratorio para el cual se usan con frecuencia eufemismos: la privación de la libertad y la expulsión del país. Con estos eufemismos, argumenta Ceriani, se oculta una realidad jurídica y otra fáctica, además de que estos dispositivos se intentan legitimar.⁵⁴

Para el caso mexicano, analizando comunicados oficiales del Instituto Nacional de Migración, Eduardo Torre Cantalapiedra expone claramente los principales eufemismos que se usan en México, supuestamente, para proteger a migrantes adultos y menores y con propósitos reales de control migratorio. En el caso de los adultos, se usa “rescatar” que es “detener”; se emplea “alojar”, en vez de “privar de libertad”; “retornos asistidos”, que en la práctica son retornos forzosos y deportaciones. En los casos de niñas y niños migrantes, además de los eufemismos anteriores, se emplea “proteger” que es “privar de libertad”, y “reintegrar” que, en la práctica, es “retornar forzosamente”.⁵⁵ En la Ley de la Guardia Nacional, se especifica que entre sus funciones está el apoyar el “aseguramiento” realizado por el Inami y “resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros en ellas”.⁵⁶

En concreto, a pesar de que el Gobierno mexicano insiste en el “aseguramiento de los migrantes” para garantizar su “seguridad” y que en las estaciones migratorias están “resguardados”; las personas migrantes en estaciones migratorias están en privación de su libertad, los operativos para el “aseguramiento” son detenciones y el llamado “retorno” es expulsión.

Además, a pesar de que el Gobierno de México sostiene que cumple con el gran objetivo del Pacto Mundial sobre Migración (“asegurar” las migraciones), al desplegar a la Guardia Nacional en operativos migratorios, incumple específicamente este instrumento en sus objetivos 3, 5, 12 y 13:

La nueva Guardia Nacional en México ha tenido como una de sus primeras tareas realizar los operativos migratorios, contra los centroamericanos en tránsito, en la frontera sur y en la frontera norte. Su despliegue logró contener la migración en el segundo semestre de 2019 y también desarticular rápidamente a la primera caravana migrante en enero de 2020. Mientras, estaba en proceso de firma el nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), con lo cual, aparentemente, se conjuran las amenazas de aranceles estadounidenses a los productos mexicanos.

5. Reflexiones finales sobre (in)seguridad, migraciones y derechos

Este artículo permite discutir el enfoque de seguridad humana, al contrastarlo con las acciones del gobierno de López Obrador para controlar la migración centroamericana irregular, en tránsito por México hacia Estados Unidos. Se ha utilizado la Guardia Nacional, mientras, discursivamente, se justifica con un supuesto cumplimiento del Pacto Mundial sobre Migración. Así, su narrativa general, este “regula” y “asegura” los flujos migratorios. Pero, ¿qué implica esto, si se relacionan los enfoques sobre seguridad que se implementan, las migraciones y los derechos?

Académicos latinoamericanos, como Eduardo Domenech (2013) y Jacques ^{Ramírez (2018}), han advertido una tendencia de avance de políticas de control migratorio con rostro humano y con rostro inhumano. Con ello, los derechos humanos se usan como discurso de legitimación, de modo que la securitización y el control en la gobernabilidad migratoria están imbricados.

Debido a que la migración “ilegal” o “irregular” se asume como un problema, se busca lograr migraciones “ordenadas”. De tal modo, se da lugar a políticas migratorias de carácter neofascista, caracterizadas por accionar la xenofobia, el racismo y la aporofobia.⁵⁸ En ese sentido, al analizar la intervención de la Guardia Nacional en operativos migratorios en México, podemos encontrar una coincidencia con esos argumentos. Ello debido a que las caravanas evidenciaron racismo, aporofobia y xenofobia como un problema que se securitiza y se militariza para desarticular la “amenaza”, “ordenar” y “regular” los flujos migratorios.

Lo anterior también permite discutir la perspectiva de seguridad humana como la plantean Anderson y Crawford, sobre las distintas prioridades en los ámbitos de la seguridad global, nacional y personal (humana)⁵⁹ y cómo estas entran en contradicción porque hay una división tajante en cada uno de estos ámbitos. Particularmente, cuando la responsabilidad de la seguridad recae en el Estado, se prioriza la seguridad nacional, los intereses nacionales y la asimetría de poder, en este caso, entre Estados Unidos y México.

En un dilema de preferencias entre la seguridad nacional y la seguridad humana, la prioridad no son las personas, sino la protección nacional de amenazas externas y de inestabilidad interna. En el caso de estudio de este artículo, el Gobierno de México, entre enero y febrero de 2019, abandonó su esfuerzo inicial de otorgar las tarjetas de visitante por razones humanitarias, para intentar gestionar las caravanas migrantes, y buscar alguna otra alternativa para priorizar su seguridad humana. Frente a una amenaza de guerra comercial con Estados Unidos, convirtió a la migración centroamericana en tránsito y a las caravanas migrantes en amenazas a la seguridad nacional de México.

El despliegue de la Guardia Nacional a las fronteras para operativos migratorios refleja un enfoque de seguridad nacional, en contraste con la estrategia de seguridad humana no Estado-céntrica desplegada por las propias caravanas migrantes. Las caravanas surgieron como una estrategia de autociudado y de colectividad, para transitar por México y poderse proteger de los peligros y la violencia.

Sin embargo, no se consideró a las caravanas como estrategia comunitaria y colectiva de seguridad humana, en la cual las personas migrantes usan sus propios cuerpos para intentar protegerse y visibilizarse. Las estrategias gubernamentales no están orientadas a los derechos humanos de las personas migrantes para que su seguridad pueda garantizarse, sino que se implementa un enfoque de seguridad nacional.

México mantiene una discursiva oficial de cumplimiento con el Pacto Mundial sobre Migración a favor de las migraciones “seguras”, “regulares” y “ordenadas”, justificando la intervención de la Guardia Nacional en operativos de control migratorio para “rescatar” y “asegurar” a las personas migrantes. El Pacto, sin embargo, explícitamente establece que la detención migratoria es un recurso último y México, para gestionar las caravanas migrantes, lo contradice porque usa la detención de manera generalizada. Además, el contenido del Pacto especifica, en su objetivo 12, la importancia de aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular.

El Gobierno de México despliega a la Guardia Nacional para el “aseguramiento” de los migrantes sin acompañar un despliegue de diversas estrategias para la regularización de los flujos en tránsito irregular, la estrategia principal fue el control migratorio porque el acuerdo aceptado con los Estados Unidos implicó tener resultados rápidos y evidentes en la reducción de los flujos migratorios llegando a la frontera norte de México y capturados por la patrulla fronteriza estadunidense.

La contradicción más grave con el enfoque de la seguridad humana en asuntos migratorios, ha sido movilizar a la Guardia Nacional para control y vigilancia de las fronteras (norte y sur) deteniendo a migrantes, ésta ha sido la prueba de que la seguridad de las personas no es la prioridad, sino por el contrario garantizar que se cumplan los objetivos comprometidos con Estados Unidos de resguardar y asegurar las fronteras para disminuir la migración irregular de centroamericanos y desarticular las caravanas, en pocas palabras, priorizar la seguridad del Estado.

En el discurso político se ofrece una perspectiva de seguridad y respeto a los derechos humanos cuando en realidad se contrapone a la seguridad humana y los derechos de las personas migrantes. La prueba son las detenciones, las deportaciones y el despliegue de militares que integran la Guardia Nacional contra personas migrantes para evitar una amenaza a la seguridad de México: una guerra comercial con Estados Unidos que pudiera acarrear pérdida de empleos a mexicanos.

El Pacto Mundial sobre Migración es un instrumento internacional cuya narrativa de seguridad termina siendo Estado-céntrica. Desde la lógica de que los Estados deben cumplir sus responsabilidades, en términos del derecho internacional, intenta operacionalizar la seguridad humana de tal manera que solo puede ser garantizada por los Estados, quienes, a su vez, securitizan los flujos migratorios. Esto tiene implicaciones concretas en la implementación, como el hecho de que México asuma la narrativa general del Pacto, mientras no garantiza seguridad humana para las personas migrantes. Además, no hay respeto a los derechos humanos, cuya violación mina la seguridad de las personas. Por otra parte, la Guardia Nacional fue creada con otra prioridad: disminuir la violencia e inseguridad en México. Pero, en el trascurso del tiempo, fue cambiando hasta llegar a lo que se ha convertido, al intervenir en asuntos migratorios: un cerco militar fronterizo.

Al utilizar a la Guardia Nacional en operativos migratorios se evidencia que la seguridad del Estado está por encima de las personas. La Guardia Nacional es una instancia de seguridad con personal militar. Su intervención en el control migratorio, en el contexto de las caravanas migrantes de Centroamérica hacia México, plantea un enfoque Estado-céntrico de la seguridad.

La Guardia Nacional se muestra exitosa al enfrentar y detener a migrantes (incluso a familias). Así fue como México se propuso desarticular a las caravanas, como estrategia de seguridad de las propias personas migrantes, aunque estas pudieron ser una oportunidad para replantear y proponer migraciones “seguras”, “ordenadas” y “regulares”, desde un enfoque de derechos y no Estado-céntrico.