1. Introducción

Paralelamente fungen dos fenómenos alarmantes: por un lado, la transnacionalización de las grandes empresas ¹ que monopolizan la economía mundial y, por otro, el crecimiento desmesurado de la criminalidad global o internacional, dentro de la cual se encuentra proliferando la delincuencia económica.

El derecho penal se ha extendido a nuevas zonas de intervención como la delincuencia económica, "en un tiempo en que la economía y el crimen se globalizan [...] también debe globalizarse el derecho penal". ²

Ante esta globalización económica, el derecho penal ha tenido que reconducir sus disposiciones jurídicas a la luz del nuevo paradigma, la criminalidad no convencional, ³ caracterizada por esas figuras novedosas que van apareciendo a partir del avance científico y tecnológico, ⁴ las cuales no han sido en su totalidad captadas por esta rama del derecho, y que, de apreciarse, son tomadas como un injerto o innovaciones audaces, pero oportunas.

La interrelación de las economías nacionales, los mercados regionales, la integración de los sistemas financieros y los agentes económicos que intervienen en el comercio internacional han repercutido en la eliminación gradual de las barreras que entorpecen la internacionalización de los procesos, que puede provocar, dentro de sus efectos negativos, la afectación no sólo de intereses individuales sino colectivos.

Minimizar los efectos de la globalización neoliberal es algo pedestre; sus consecuencias nefastas conllevan a que sea una preocupación latente no sólo de juristas y criminólogos, ⁵ sino también de economistas, por la incidencia que presenta para la economía tanto mundial como nacional.

La delincuencia económica irrumpe en este contexto con una abrumadora carga de perjuicios no sólo para la economía, sino que ha subvertido valores de muchas personas y ha dejado prácticamente afónico al derecho penal, que no estaba diseñado para estos retos por los escasos recursos con que cuenta para replicar convenientemente. Se trata de un fenómeno que representa un por ciento nada despreciable, lo cual ha conllevado a incitar a investigadores a escudriñar las causas y condiciones que permiten su dispersión, así como detectar sus posibles mutaciones o manifestaciones para encontrar la respuesta adecuada a su enfrentamiento.

Para lograr eficiencia en el proceso de investigación, juzgamiento y ejecución de este tipo de criminalidad se necesita personal especializado, lo que se hace casi indispensable, pues de lo contrario la ineficacia del sistema penal frente a este tipo específico de delincuencia seguirá siendo un hecho inevitable, como ha ocurrido hasta el momento.

2. La globalización versus globalización neoliberal

El término globalización, a pesar de ser una realidad ineludible en el mundo actual, no ha adquirido metodológicamente una uniformidad para lograr su conceptualización. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, puede definirse tal expresión como "tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales".

Puede entenderse por globalización al proceso sistémico, continuo y dinámico, de carácter económico, tecnológico, social y cultural a nivel supranacional, que permite la intercomunicación e intercambio entre los Estados, a través de la unificación del mercado y la cultura.

Proceso con una arista económica que ha logrado desarrollo y proliferación por la variación y evolución de la ciencia y la técnica, que lo ha convertido en multidimensional por la producción de alianzas estratégicas.

Su característica fundamental gira en torno al logro de la integración de la economía, que se desplaza desde un nivel local a una economía de mercado a escala global; produce un movimiento de capital que le proporciona cobertura a la creación de empresas trasnacionales y desarrolla la sociedad de consumo; se puede considerar un catalizador y una consecuencia del progreso humano y, finalmente, se considera como un macroproceso social que irrumpe en los fenómenos de cambio social, que incrementa y establece nuevas alianzas empresariales y societarias.

En el sistema jurídico tanto nacional como internacional también se reflejan los efectos de la globalización; su perfeccionamiento se encuentra destinado a aunar y uniformar los procedimientos y regulaciones en aras de potenciar la seguridad jurídica y las condiciones de competitividad.

El libre comercio entre los pueblos; la integración de las economías entre los Estados; ⁶ la eficiencia del mercado, la cual proporciona mayor competitividad y genera un efecto shock en el poder monopolista; el aumento de la cooperación internacional, así como la desaparición paulatina de la barreras o muros de contención al mercado laboral, financiero, de bienes y servicios, sin duda puede llegar a ser un motor impulsor para el desarrollo económico de las naciones; sin embargo, la manera en que se interpretó el término globalización permitió tergiversar sus verdaderas intenciones, el capitalismo se reacomodó, ⁷ e impuso una política comercial neoliberal que quedaba fuera del control estatal, logrando imponer determinadas medidas a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que sólo da paso a las sumas millonarias que adquieren las grandes trasnacionales.

A la globalización neoliberal se adhieren trasfondos económicos, los cuales en gran medida conllevan a una lucha de poder, la cual se bifurca y da al traste con un sistema de mercado que permite la obtención de ganancias fundamentalmente a favor de las grandes empresas trasnacionales.

El neoliberalismo ⁸ ha implementado con la transnacionalización, en los países pobres, presiones económicas y políticas con el objetivo de flexibilizar los mercados de trabajo y obtener mano de obra barata; privatizar la mayoría de los servicios públicos; evadir impuestos; sustentar aún más la hegemonía de la propiedad privada; promueve la fuga de cerebros y sobre-explota el medio ambiente. Es la respuesta de las empresas privadas ante el nuevo contexto de los negocios internacionales. Esos emporios universales son, hoy día, los mayores propietarios de las riquezas del mundo.

El neoliberalismo condujo a la desregulación en el ámbito jurídico y ha obligado a una reestructuración del derecho interno para poder contrarrestar los efectos de la situación provocada ante nuevos y crecientes espacios sociales, económicos y financieros.

El poder público político de los Estados se debilita ante la imposición del poder que generan las grandes trasnacionales, con su vasto alcance y gran complejidad, las cuales se erigen sobre estructuras ininteligibles que permiten su organización, estructuración, irradiando un daño social de manera difusa y masiva, lo cual provoca en ocasiones inseguridad ciudadana.

3. El delito económico como perspectiva contemporánea de los delitos no convencionales

La delincuencia común, como un pleonasmo de la criminalidad, hizo posible que las investigaciones criminológicas se sumergieran en el desarrollo de un arsenal teórico y metodológico para enfrentar la renaciente delincuencia económica y profesional, que difundía altos niveles de inteligencia del infractor, lo que, unido a otros factores, requería una categoría diferente en los procedimientos y técnicas que se necesitaban para su desafío.

La ciencia del derecho penal contemporáneo también ha tenido el desafío de la llegada del delito económico, al tener que incorporar nuevos análisis, nuevas reglas y exigencias en torno al objeto de valoración, la economía. Para el legislador y para el operador del derecho penal ha sido y es un reto el tener que conectar el hecho a los parámetros de la economía y, por tanto, determinar la licitud o ilicitud del comportamiento y la necesidad de manejar información relativa a esta esfera, de tal modo que pudiera limitar el alcance del hecho a la verdadera afectación del funcionamiento de los factores económicos o la política económica. Es así que dentro de la sinergia del proceso globalizador surge como un bien que requiere especial atención y protección por la gravitación de las empresas trasnacionales.

Ello significó atemperar estas conductas dentro de la normativa jurídica penal en el título que protege el orden económico, por afectar o dañar en sentido general las reglas de la economía. ⁹

Lograr establecer los puntos de contacto entre el delito y la economía ha permitido un paso de avance en el proceso de criminalización o selección abstracta de las conductas que deben ser reflejadas en los tipos penales; descifrar esas actividades ilícitas en el área de la economía es romper con la concepción de inmunidad de la empresa. ¹⁰

En este sentido, la transnacionalización de los delitos económicos ¹¹ conlleva a una compleja situación de enfrentamiento, investigación y juzgamiento, lo que afecta indudablemente la estabilidad y la economía de los países a los que se les ha rebasado su jurisdicción interna. Se materializa así una desvirtuada autoridad del Estado, por lo que su actuación en la lucha contra la criminalidad económica debe partir desde la cooperación trasnacional con el fin de hacer cumplir el derecho nacional.

El delito económico rompe con las imágenes estereotipadas de la criminalidad, que dificulta dirigir la acción de los mecanismos de control social en el combate de estas tipologías delictivas. Es así que las respuestas jurídicas clásicas ante hechos y circunstancias tradicionales han quedado inutilizables por los comportamientos novedosos que se materializan en la sociedad moderna y presentan una repercusión dentro de los sistemas jurídicos contemporáneos, los que se encuentran permeados cada vez más de los criterios internacionales.

López-Rey, al respecto, plantea que "el delito ya no es la entidad científica elaborada por destacados criminólogos sino un fenómeno sociopolítico en proceso de rápida expansión, estrechamente relacionado con la estructura global de la sociedad". ¹²

Desde el plano estructural deben valorarse las características más significativas que pueden resaltar de la criminalidad de la globalización. La criminalidad organizada se efectúa con la intervención de un colectivo de individuos que se encuentran muy bien estructurados y jerarquizados, desde la empresa o como organización delictiva.

Los países en desarrollo se encuentran afectados en gran medida por la delincuencia económica; los factores que más inciden giran alrededor de la deficiente regulación en materia financiera y económica, así como el poco desarrollo tecnológico.

Generalmente los delitos económicos se estructuran sobre la base de normas penales en blanco, ¹³ consideradas como la remisión que hace el legislador a otra norma de carácter extrapenal, de igual o inferior rango que la jurídico-penal. Para Muñoz Conde, "es aquella cuyo supuesto de hecho viene consignado en una norma de carácter no penal", ¹⁴ la que se configura por un "supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica". ¹⁵

Si bien es cierto que tanto la norma completa como la norma penal en blanco tienen todas las partes de su estructura lógica, tanto la disposición como la sanción, su diferencia radica en el contenido incompleto de la disposición de la norma penal en blanco. Por ende, el supuesto de hecho tiene que completarse por otra norma que se va a encontrar en una disposición jurídica fuera de la materia del derecho penal; de ahí su inclusión en la clasificación de norma incompleta.

Existen esferas en la sociedad cuya regulación jurídica presenta un movimiento dinámico y continuo, y aunque la mutabilidad es una característica del derecho y sus normas, tampoco es prudente, en pos de la certeza jurídica, que los cambios legislativos sean constantes. Así, si los elementos que subyacen en la norma complemento fueran incorporados dentro de la disposición jurídico-penal se provocaría un deterioro de la norma sancionadora por su constante modificación al variar el contenido en dependencia del sujeto y el hecho calificado en la normativa inferior. Esta cuestión ha repercutido en la creación de las normas penales en blanco, que permiten encontrar en la norma complementaria los elementos fácticos que le ofrezcan al operador del derecho penal las piezas necesarias para la interpretación y aplicación jurídica.

En no pocas oportunidades ha resultado criticada esta técnica legislativa, porque obliga a los especialistas del derecho penal a dirigirse a materias que pueden resultar desconocidas para este profesional. ¹⁶ Ello es cierto, pero si de juristas hoy se trata, la interdependencia disciplinar es una constante, no por moda, sino por necesidad.

Otra de las cuestiones que han sido debatidas doctrinalmente es si es posible completar la disposición de la norma penal en blanco mediante la remisión a otra contenida en una disposición normativa de inferior rango, por resultar inconsistente con el cumplimiento del principio de legalidad. ¹⁷ Sin embargo, si la esencia de la conducta manifestada por el sujeto comisor viene descrita dentro de la disposición de la norma jurídico-penal, así como la narración del presunto o potencial peligro o la clara afectación del bien jurídicamente protegido, y sólo se reenvía a la norma de inferior rango a completar otros elementos de esa disposición, puede ser válida la utilización de esta técnica, y una menor afectación a las garantías de los procesados.

Por otro lado, si se parte de que el derecho es un sistema ¹⁸ en el que se agrupan un conjunto de normas jurídicas, que componen un ordenamiento jurídico; ¹⁹ que se integra de manera coherente a partir de la unidad tanto interna como externa que debe primar en el sistema normativo, y en consonancia con los valores y principios que se derivan de los fundamentos político, económico y social que las condicionan.

Esa coherencia del orden normativo también está dada por la organización jerárquica del mismo, el cual es resultado de principios tales como la jerarquía normativa y legalidad, presentes tanto en la creación del derecho como en su aplicación.

Si las normas no se encuentran todas en un mismo plano, sino de manera piramidal en dependencia del órgano que las crea, las normas inferiores no pueden contradecir lo estipulado por normas superiores, por encontrar en éstas su fundamento.

Por tanto, si las normas proceden de un centro único de creación, el Estado, es éste con su producción normativa quien debe tributar a esta armonía y adoptar las previsiones necesarias para excluir las posibles contradicciones entre ellas; este es el caso de la necesaria congruencia entre las normas penales en blanco y las que reciben la remisión legislativa.

Característica importante de los delitos económicos es que éstos pueden ser pluriofensivos, porque el ejercicio de la acción u omisión del sujeto comisor pone en peligro, amenaza o destruye al unísono más de un bien jurídico, lo que se puede ver reflejado en el perjuicio económico provocado por estas conductas; unido a ello, trae consigo además la pérdida de confianza en el tráfico mercantil, en la credibilidad de las instituciones del Estado y en los funcionarios públicos. En estos casos, en la propia figura delictiva se ha tenido en cuenta esa ofensa a más de un bien jurídico tutelado por la norma, la que refleja el tipo penal vulnerado a partir de la dañosidad social que provoca el hecho, y ha permitido en cierta medida que el legislador incorpore marcos sancionadores más severos.

Cuba, en cuanto a la exigencia de responsabilidad penal ²⁰ a los sujetos implicados en la participación de un hecho delictivo, ha logrado dar pasos con la incorporación desde 1997de la persona jurídica como sujeto de derecho en el ámbito penal, ²¹ aunque de manera restrictiva al no someter a las de interés público a esta rama del derecho. No obstante, esta visión, aunque limitada, logra individualizar los actos propios de las personas naturales con los cometidos por la esfera de competencia de la persona jurídica en el ejercicio de sus acciones. De esta forma se supera el clásico aforismo societasdelinquere non potest, elcual aún es fundamento en determinadas legislaciones para no exigirle directamente responsabilidad a este ente.

4. La seguridad ciudadana ²² ante los avatares de la delincuencia económica

La delincuencia económica perfora e interrumpe la armonía del orden establecido, y ello redunda en la exigencia y demanda de una mayor intervención del derecho penal, con la consiguiente expansión en la aplicación de las penas, entre ellas la privativa de libertad.

Esta propensión a la extensión inflacionista del derecho penal ²³ ha contribuido a exacerbar la ineficacia de los mecanismos de represión e incluso del carácter simbólico de las sanciones penales, que ante hechos en los que se produce un daño se hace casi imposible lograr el resarcimiento del mismo, que en ocasiones es más trascendental por la repercusión económica que entraña que la propia aplicación de la sanción penal.

Los delitos económicos no son tipologías delictivas que menoscaban directamente al ciudadano; su afectación no recae en bienes jurídicos individuales sino colectivos, ²⁴ motivo por el cual en ocasiones presenta una aceptación social, ²⁵ generando una descriminalización ²⁶ que se ha valorado desde un perspectiva criminológica, que afecta en gran medida la investigación y procesamiento de este tipo específico de delincuencia.

Es tendencia casi generalizada a nivel societal el convencimiento de que la amenaza criminal proviene sólo de las clases bajas de la sociedad, percibiendo sólo como peligro esa violencia explícita que generan los delitos convencionales; por tanto, ese proceso sutil de los negocios implica un daño simbólico, que no es alcanzado generalmente por ese estigma que provoca la criminalización secundaria. ²⁷ El delincuente económico no es un marginado, por lo que la reacción social y jurídico-penal frente a este tipo de delincuencia debe tener una proyección diferente, de lo contrario sería ilógica e inconsistente.

No debe considerarse como un requisito sine qua non la carencia de recursos económicos, financieros o materiales como factor determinante en la comisión de conductas que tipifiquen en esta específica delincuencia; debe quedar invalidada cualquier explicación que sustente este comportamiento criminal en las carencias personales.

Al contrario, resulta más lógico adecuar estas conductas al exceso de oportunidades sociales y ocupacionales que se presentan tanto en el plano de los negocios o cualquier actividad económica, como en la disponibilidad de medios, recursos y técnicas que giran en torno a funcionarios o agentes económicos y el conocimiento o especialización en la materia, lo que le permite con sagacidad enmascarar su comportamiento bajo la fachada de prácticas comerciales en su actividad empresarial, dispersando sus efectos y encubriendo sus procedimientos, lo que ha provocado un aumento de la cifra negra de estos comportamientos delictivos, lo que resulta aún más pernicioso y comparable con el efecto iceberg, donde lo más nocivo se encuentra oculto.

Toda actividad económica genera efectos beneficiosos tanto a nivel estatal como social; sin embargo, si determinados perfiles de sus operaciones presentan indicios delictivos, produce al mismo tiempo costos que se representan en un perjuicio o daño que repercuten a nivel macrosocial. La tendencia para lograr minimizar los efectos de esta delincuencia económica ha sido incorporar en la norma penal, con tipos específicos, estos comportamientos. No consideramos que sea una posición totalmente desacertada si se incluyen dentro de esta esfera aquellos actos u omisiones que realmente, por la dañosidad social que representan, merecen tutela dentro de esta materia, ²⁸ reconocida como la más enérgica con la que cuenta el Estado y a través de la cual los mecanismos formales del control social ²⁹ logran restablecer las relaciones que han sido vulneradas, cuestión que trasciende a proporcionar una respuesta uniforme y armónica a la delincuencia económica, incluyendo la trasnacional, para impedir la formación de paraísos jurídico-penales.

Por tanto, la capacidad punitiva del Estado se amplía y se profundiza en consonancia con las nuevas conductas transgresoras y su criminalización, pero ello no ha de incidir negativamente en la seguridad ciudadana, entendida como la posibilidad real de ejercicio de cada uno de los derechos que tiene reconocido el ciudadano por su condición, así como la activación, cuando sea preciso, de los mecanismos pertinentes para garantizar el goce efectivo de los mismos. ³⁰

Sin embargo, la representación que se tiene de seguridad ciudadana parte, desde un sentido estricto, al conjugarla con la necesidad de protección ante la criminalidad o los procesos de criminalización, o en la inseguridad que proporciona la desconfianza desmedida en las instituciones encargadas de esa seguridad pública, dígase, la policía, el Ministerio Fiscal, los órganos jurisdiccionales, ³¹ así como los establecimientos penitenciarios como marco escénico de cumplimiento de las sanciones de privación de libertad. Esa ineficiencia estructural ha propiciado una pérdida de la legitimidad del Estado ante la capacidad de respuesta para proporcionar la seguridad pública y la disminución de la delincuencia.

El delito económico perturba la seguridad ciudadana; constituye la antesala de la corrupción, fenómeno que afecta la imagen de la justicia y la confianza en las estructuras del gobierno, las que se encuentran cerca de la ciudadanía.

Sin embargo, seguridad ciudadana no es sinónimo de mayor criminalización; todo lo contrario, la mejor política criminal es una buena política social, lo cual se sustenta en el aseguramiento por el Estado de la calidad de vida de sus ciudadanos, mediante la determinación de políticas públicas, proyectos sociales que pueden ser insostenibles ante las pérdidas económicas que sufre el Estado mismo, producto de la delincuencia económica.

Esta cuestión afecta procesos sociales, culturales y económicos que facilitan el desarrollo humano, que al no ser alcanzables, el ciudadano responsabiliza al Estado en cuanto a su inacción en la concreción del desarrollo exitoso de los programas implementados en la política social, por considerar que ésta persigue el bien común y que le atañe garantizarlo a todos los habitantes para preservar sus condiciones materiales; elementos para nada errados, pues es el Estado, como detentador del poder público-político, quien posee las herramientas y mecanismos necesarios para exigir el cumplimiento estricto de la política general del gobierno; no obstante, el ciudadano ha dejado de percibir el deber que tiene en el enfrentamiento, desde su condición, a estas conductas ilícitas que impiden el desarrollo local o societal, que inspira la apatía impropia de la esencia misma de su constitución.

La delincuencia económica crea víctimas difusas que con esa ausencia de sentido crítico de sus efectos actúa como un bumerán en el campo de la persecución y punibilidad de la conducta, que impide recuperar las pérdidas por concepto de daños o perjuicios ocasionados a la economía, y que resulta en detrimento tanto del Estado como del ejercicio efectivo de los derechos del ciudadano.

El enfrentamiento y búsqueda de soluciones a la problemática de la delincuencia económica no puede resultar solamente en términos punitivos como rearme de la norma jurídico-penal frente a modelos de criminalidad que generan inseguridad; aunque de utilizarse la sanción penal como máxima expresión, debe incentivarse la utilización de los mecanismos legales que conllevan a la aplicación de sustitutivos penales, o la posibilidad de aplicar sanciones pecuniarias que afectan el patrimonio del comisor del hecho, que en la mayoría de los casos suele surtir efectos preventivo especiales y persuasivos u otras variantes ante hechos que no revisten gran peligrosidad social, que al igual que la reparación del daño permiten reponer las pérdidas económicas causadas y de esta manera ejecutar proyectos sociales para evitar el perjuicio que este tipo de criminalidad le causa a los ciudadanos.

5. Conclusiones

Los sistemas jurídicos nacionales e internacionales también reciben los impactos de la globalización, de nuevas conductas que se generan y difunden, como las medidas y normativas adoptadas para su combate. Su perfeccionamiento ha de estar destinado a aunar y uniformar los procedimientos y regulaciones en aras de potenciar la seguridad jurídica de los sujetos colectivos e individuales en las nuevas condiciones, sin desconocer las peculiaridades locales.

El derecho penal atemperó sus normas jurídicas ante el fenómeno de la globalización y se ha extendido a nuevas zonas de intervención como la delincuencia y los delitos económicos, los que generalmente se estructuran sobre la base de normas penales en blanco, que remiten al intérprete a otra norma de igual o inferior rango que la ley penal.

La remisión a una norma de inferior rango que el Código Penal no es violatoria del principio de legalidad, teniendo en cuenta que el derecho es un sistema integrado por un conjunto de disposiciones normativas que componen el ordenamiento jurídico, que sustenta toda la producción jurídica dentro de la organización jerárquica del sistema, el que se cubre por el principio de legalidad.

La delincuencia económica presenta una aceptación implícita socialmente porque no menoscaba bienes jurídicos individuales sino colectivos, y el sujeto concreto individual no percibe como una amenaza directa este tipo de criminalización.

Mantener la posición desocializadora en los sujetos comisores de los delitos económicos es una falencia; son personas adaptadas a su medio social y con fuertes relaciones sociales, lo cual pone en tela de juicio el ideal resocializador que se mantiene hoy día en la ejecución de las penas.

El término seguridad ciudadana presupone que se establezcan los mecanismos o medios necesarios para que, por su condición de ciudadano, pueda ejercitar todos los derechos que se le han reconocido; no se puede, strictu sensu, atemperar esta terminología solamente al derecho de protección ante la criminalidad o los procesos de criminalización.