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Revista IUS

versión impresa ISSN 1870-2147

Rev. IUS vol.5 no.27 Puebla ene./jun. 2011

 

Actualidad latinoamericana

 

Primavera constituyente entre viejos demonios: un nuevo despertar para América Latina

 

Spring Constituent between Old Demons: A New Awakening for Latin America

 

Martha Loyda Zaldívar Abad*

 

* Profesora de Derecho constitucional y Teoría del derecho en la Universidad de Oriente, Cuba. (martica@fd.uo.edu.cu).

 

Otros son los tiempos que corren en América Latina y otros los desafíos y expectativas que animan a ciudadanos, pueblos, gobernantes, movimientos sociales y demás actores, al rediseño de sus sociedades, a transformar la política y su diseño constitucional. A dicha coyuntura responde la "revolución constituyente", objeto de atención de este comentario.

* * *

Different times are running in Latin America and different are the challenges and expectations that encourage citizens, towns, governments, social movements and other actors, to redesign their societies, to transform the political and constitutional design. To this juncture the answer is "the revolution constituent" it is the object of attention of this comment.

* * *

 

Es mucha la podredumbre para arrojar al
fondo del mar en el camino de la reconstrucción
de América Latina. Los despojados,
los humillados [...] tienen, ellos sí,
en sus manos, la tarea. La causa nacional
latinoamericana es, ante todo, una causa
social: para que América Latina pueda
nacer de nuevo, habrá que empezar por
derribar a sus dueños, país por país.

Eduardo Galeano

 

Asistir a un cambio de estación ha de resultar, para quienes lo disfrutan, un momento de grandes expectativas. Expectativas que en la actualidad se multiplican, ante las posibilidades que nos ofrece la primavera política que viene dibujando los contornos de nuestra región, reverdecida por profundas transformaciones desde sus cimientos, y frente a un escenario multidimensional —político, jurídico, social, cultural, ideológico y global— condicionante de nuestra complejidad.

Desde esta perspectiva, y tomando como referente el prisma social con que invitamos a reflexionar sobre la "causa nacional latinoamericana" y su expresión jurídica, prestamos especial atención al contexto político internacional, signado en los últimos tiempos por un elevado rechazo hacia el neoliberalismo y la consecuente reconfiguración de las relaciones entre los Estados, la sociedad y los individuos. Tal problemática motiva polémicas discusiones que nos obligan a repensar las crisis —política, financiera, medioambiental, de la democracia— en nuevas dimensiones, entre lo que ha de permanecer en el pasado y lo llamado a construir.

Ante tal coyuntura, nos interesa potenciar una alternativa para la solución de los desafíos presentes, señales inequívocas de tal cambio: las experiencias constituyentes y su trascendencia para las mayorías olvidadas en nuestro continente, que hoy forman parte y reconstruyen la historia que les fue negada, refundan sus naciones y ponderan el bien común.

En consonancia con lo anterior, nos adherimos al criterio de GARCÍA VILLEGAS al reconocer, frente a la irrupción de nuevas arquitecturas constitucionales y la profundización de pulsiones sociales, que: "[...] en América Latina el derecho —en este caso particular, la ley de leyes— suele ser percibido no sólo como un instrumento de dominación de clase sino también como una fórmula futura para la redención social. Evoca resistencia tanto como inspira esperanza [...]".

Por ello, y de acuerdo con su evolución histórica, merece especial atención su creación, máxime si tomamos en consideración que todos nuestros actos están o debieran estar sometidos a una norma, o bien tienen consecuencias jurídicas, y cuya esencia lo revela como fuente de legitimidad de las decisiones adoptadas por las clases económicamente dominantes. Decisiones que, cuando se quieren adoptar de forma diferente, por y para sus verdaderos destinatarios, cuando se pretenden encontrar otras variantes en el modo de pensar y hacer política, demandarían la necesaria transformación del piso jurídico. El primer edificio: las Constituciones políticas, en tanto normas supremas de los Estados y brújulas para el alcance de la justicia, el respeto a la libertad de la persona y facilitadoras de la convivencia entre todos los que forman una comunidad.

Opción que encontraría fundamento, oposición, grandes debates y finalmente salidas exitosas para las fuerzas populares en Venezuela, Bolivia y Ecuador —y que mantiene a otros pueblos en discusiones y búsquedas permanentes en el mismo sentido—, al acceder al gobierno con la decisión de ejercer el poder político público o incidir sobre él, transformar el Estado y eliminar toda manifestación de inequidad y exclusión social, en rechazo a toda manipulación de la democracia.

 

Instauración constitucional: hecho social, factor de cambio y fuente de legitimidad

Para el logro de tales aspiraciones, procesos constituyentes en los tres países andinos y su principal producto, la norma normarum, se convirtieron en resultado y, al mismo tiempo, en catalizadores directos de las posibles, necesarias y urgentes transformaciones que animan y revolucionan a sus respectivas sociedades. Realidad que nos convida a suscribir las palabras de Rafael CORREA al vaticinar, con entusiasmo y optimismo, que el porvenir y un cambio de época está en marcha en América Latina. Gran laboratorio del que habrá de aprenderse, en opinión de Boaventura DE SOUSA SANTOS,1 en la búsqueda de alternativas al neoliberalismo.

Los ciudadanos, y ello es trascendental, han asumido el Poder Constituyente soberano como la oportunidad de participar en la construcción de su nación: inclusiva, participativa y justa, hacia la eliminación de las grandes inequidades en sus conjuntos sociales, como el instrumento ideal mediante el cual han diseñado la sociedad que piensan, quieren y les convence.2

Para la concreción de tales ansias o realidades concretas, resulta imperativo que la democracia, en palabras de RIVERA LUGO, sea efectivamente la gobernanza del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; y que la voluntad constituyente, desde la multiplicidad de voces y fuerzas que es la sociedad contemporánea, se represente de aquí en adelante a sí misma, instituyendo ésta una nueva democracia de lo común, creando un nuevo derecho a partir de su propios actos.

En conexión con lo anterior, y en aras de ratificar su indisoluble relación, hemos de atender a la concepción sociológica del derecho, reconocido por algunos autores, clásicos y contemporáneos, como un hecho social. Ya constituido, aparece como una fuerza social que actúa a modo de factor configurante de la colectividad y que produce efectos sobre otras manifestaciones de la vida social.

En esta dirección, nos proponemos dilucidar hasta qué punto los procesos políticos y las demandas sociales, en sus diferentes dimensiones e interrelaciones con lo económico, lo sociocultural, lo político, lo territorial y lo internacional, condicionan la génesis constitucional, y viceversa. Ello nos ha de introducir en el análisis de su posibilidad y necesidad como objeto de estudio por la sociología jurídica.

Eugene EHRLICH, fundador de esta ciencia, afirmaría que: "El centro de gravedad del desarrollo del derecho no reside en la legislación ni en la ciencia jurídica ni en la jurisprudencia, sino en la sociedad misma". Siendo los fenómenos jurídicos fenómenos sociales, donde quiera que la sociología jurídica perciba la existencia de algún tipo de derecho, estará ahí para investigar ese fenómeno, como fenómeno social jurídico.

En la misma línea de pensamiento, medular nos resulta el criterio decimonónico dukheimiano que postula como finalidad de la sociología del derecho la necesidad de desentrañar las problemáticas relativas a la constitución real y efectiva de las reglas jurídicas, o sea, cuáles serían las causas que las han suscitado y aquellas necesidades que tratan de satisfacer, y, en segunda instancia, a la manera como funcionan en la sociedad.

Sobre la primera de las aristas concentraremos en adelante nuestra atención, toda vez que nos limitamos a fundamentar cómo la realidad social imperante en estas tres naciones andinas condicionó la necesidad de nuevos ordenamientos políticos fundamentales, los que al mismo tiempo se convertirían en fuente y configuradores de una profunda, compleja e imprescindible transformación societal, en el intento de conciliar y zanjar conflictos de intereses. Por supuesto que ello depende de variados factores sociales, ya sean naturales, espirituales, económicos y políticos.

Partiendo de la idea de que una Constitución es derecho per se, y como tal, para la sociología jurídica su producción, realización, adhesión y cumplimiento espontáneo, las transgresiones que sufre y sus proyecciones prácticas, se muestran como un conjunto de hechos sociales; entonces las cartas magnas, y específicamente su creación, se incluyen dentro de éstos, de los más relevantes por su alcance y consecuencias, al involucrar como productores y destinatarios a los individuos en sentido general.

Entonces, como cuestión esencial resulta preciso señalar cuáles serían algunos de los factores sociales más importantes a tener en cuenta en la génesis constitucional de los países seleccionados, asumiendo al derecho como fenómeno social complejo, dentro del cual el elemento normativo, aunque esencial, no puede escindirse de los factores externos que lo producen o que constituyen el marco o el objeto de su actuación.

Tal motivación nos coloca frente a la necesidad de ahondar sobre la vocación o el ansia constituyente, que en las tres naciones andinas se cristalizara en la elaboración y ratificación de nuevas Constituciones políticas para sus respectivos Estados, hacia su rediseño y legitimación. Mayor atracción provoca si con ello se asegura la inclusión y participación ciudadana en la adopción de las principales políticas públicas.

Dicha aspiración comienza a larvarse en las entrañas mismas de los movimientos sociales, minorías étnicas y sectores de población decididos a transformar el "arte de lo posible" y su expresión jurídica. Todos, en mayor o menor medida, marcarían su impronta —y hoy en día se mantiene su pujanza y protagonismo— sobre los proyectos políticos de los actuales gobiernos venezolano, ecuatoriano y boliviano.

Tan es así que cada uno de sus respectivos presidentes accederían al poder, entre otras razones, por consagrar entre sus propuestas la convocatoria para la elección de asambleas constituyentes, consecuencia directa de la presión de dichos movimientos durante los años anteriores, en demanda de una identidad nacional que reconozca la transculturación, lo pluricultural, la diversidad étnica y la asimilación prudente de un mundo totalizante.

A continuación exponemos de manera sintetizada algunos de los acontecimientos y circunstancias, muchos de ellos "viejos demonios", decididos a envilecer el alma latinoamericana, y que condicionarían dichos procesos de instauración constitucional:

 

En Venezuela

Sobre la praxis constituyente3 en la patria de Bolívar nos interesa de forma particular, además de otros elementos sobre los que se llamará la atención oportunamente, la reconfiguración de las fuerzas y actores sociopolíticos.

Factor derivado de un escenario convulso que, a propósito de los estallidos sociales —cuyo culmen se alcanza con el "Caracazo", en febrero de 1989—, provocaría el rechazo hacia las reminiscencias de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, finalizada en 1958; la consolidación de la democracia representativa modelada por la Constitución de 1961 en beneficio de los intereses partidistas y firmados en el "Pacto del Punto Fijo", en una especie de consenso excluyente concebido como conciliación de elites durante la denominada "Cuarta República"; así como los altos índices de corrupción y exclusión política, social y económica de la mayoría de la población venezolana en favor de los partidos políticos tradicionales y modeladores del sistema político llamado a transformarse, debilitada por la desideologización y conductas clientelares que desembocarían en la desconfianza y en la falta de representatividad y liderazgo frente a la ciudadanía venezolana.

A lo anterior habría que agregar que el proceso de cambio constitucional estuvo influenciado por la crisis institucional en su dimensión económica, iniciada en la década de los años ochenta, a partir de la repulsa que provocaran las medidas y reajustes neoliberales impulsados en dicho periodo. Su punto de inflexión lo determinó el denominado viernes negro (18 de febrero de 1983); la crisis social derivada de los sucesos de febrero de 1989, que marcarían el inicio del proceso de transformación constitucional mediante la designación de una Comisión Bicameral para la Reforma de la Constitución, y transita por una crisis política derivada de los intentos del golpe de Estado en 1992 y el enjuiciamiento del presidente de la República al año siguiente.

Precisamente es con el intento golpista aludido que emergería con su primera aparición pública el movimiento cívico–militar liderado por Hugo Chávez —Movimiento Bolivariano Revolucionario 2000—. Movimiento que accedería al poder, vía elecciones democráticas, a partir de diciembre de 1998 y que enarbolaría con éxito la bandera de la Asamblea Constituyente. Desde esta coyuntura se cristaliza el impulso por la transformación radical del orden político y jurídico vigente, que desde los inicios de la década ganaba espacio en la sociedad venezolana. Para darle contenido a dicho impulso había que proceder a la convocatoria del órgano ad hoc. La respuesta popular a la consulta sobre su pertinencia resultó afirmativa.

 

En Ecuador

A semejanza con la Venezuela bolivariana y frente a la necesidad de reanimar la relación entre la ciudadanía y la organización política fundamental, identificamos la experiencia ecuatoriana.

Aparece así el rediseño constitucional —tal y como se había indicado supra— como una de las promesas de cambio presentadas por Rafael Correa, quien ganara la elección nacional en segunda vuelta, a fines de 2006. Se pronunciaría críticamente contra las falencias del sistema político y recibiría un apoyo diversificado, especialmente de organizaciones ambientalistas y movimientos sociales. Ello con el aditivo de triunfar en la contienda electoral sin presentar candidatos al Poder Legislativo. Tal suceso marcaría el inicio de la revolución ciudadana.

Empero, ¿qué factores animarían el último desarrollo constituyentista en el Meridiano 0?4 Ofrecer respuestas a esta interrogante nos convida a prestar atención a:

1. La precipitación de la caída del presidente Lucio Gutiérrez en 2005, en una especie de revocación de facto de mandato, por amplia oposición civil. No sería ocioso señalar, sobre este particular, cómo a finales del siglo XX, y en menos de 10 años, en Ecuador se experimentó la subida y caída de siete mandatarios, ninguno de los cuales logró finalizar el término constitucionalmente establecido.

2. Conciencia ciudadana sobre la necesidad de poner fin al modelo de Estado hasta entonces existente y cuya sustitución devendría en garantía para la paz y la justicia social, del sumak kawsay, así como la recuperación de las riquezas nacionales y el reconocimiento de la diversidad dentro de la identidad nacional.

3. Presiones, medidas de hecho y demandas dirigidas desde diversos sectores sociales por una Asamblea Constituyente, que recibiría la negativa obstruccionista de la derecha, especialmente en el Congreso.

4. El apuntalamiento de las Constituciones anteriores en un orden social y político injusto en beneficio de una minoría y del gran capital foráneo.

Al llegar a la escena Rafael Correa, como ministro de Economía del gobierno, se percataría de que las estructuras gubernamentales establecidas formaban parte del problema y no de su solución, determinándose a forjar una nueva alianza con el país y a potenciar el poder directo y soberano del pueblo, constituyente de lo nuevo. Afín con tales propósitos, su primer acto ejecutivo, una vez que asumiera la Presidencia de la República, fue librar la convocatoria por una Asamblea Constituyente con plenos poderes.

 

En Bolivia

En paralelo, con sus matizaciones y expresiones propias, destacamos el caso de Bolivia, y en ella el papel desempeñado por la resistencia originaria a lo largo del proceso histórico de la colonización: las mujeres, los campesinos, los cocaleros y los distintos sindicatos, especialmente en el denominado "ciclo rebelde", en el periodo comprendido entre 2000 y 2005.

Ciclo rebelde en cuya dinámica hemos de atender las marchas indígenas, las presiones directas en las calles y los bloqueos de caminos, que constituyeron el eje de un tipo de democracia, denominada directa, sin la mediación de los partidos políticos o las instituciones tradicionales. Relevantes resultan en este análisis las denominadas Guerras del Agua y del Gas en 2000 y 2003, respectivamente, cimientos de la visión político–cultural, y cuyo hito más importante lo encontramos en la Marcha por el Territorio y la Dignidad, realizada en septiembre de 1990, durante el régimen del ex presidente Jaime Paz Zamora.

En esta coyuntura, y luego de esta última, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) protagonizó otra manifestación del mismo tipo en el año 2000, atribuyéndose el primer llamado a una Asamblea Constituyente Nacional. La probabilidad de su ejecución motivó fuertemente a los movimientos étnico–culturales porque consideraban que ésa era la única forma para refundar el Estado boliviano.5

También merece nuestro interés la proposición del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ) sobre una Asamblea Constituyente soberana y participativa, así como una nueva Constitución asentada en los llamados principios del ayllu.

Otra marcha sería organizada en pleno proceso electoral en junio de 2002, como exigencia de ejecutar una Asamblea Constituyente y viabilizar un referéndum de consulta para analizar si se podía exportar gas natural por Chile. Dicha propuesta recibiría la negativa de los partidos y del Congreso de la República por ser una demanda no contemplada en la Constitución Política del Estado, reformada en 1994.

En un intento por señalizar los elementos, instituciones y acontecimientos que agilizarían el desarrollo del proceso constituyente en Bolivia, cuyo producto fundamental sería la Constitución vigente desde 2009, le otorgamos un valor sustancial a:

1. La política altamente discriminatoria y prejuiciada en el orden racial y la persistencia del colonialismo interno, enardecido por los ajustes estructurales de economía de mercado y la modernización según parámetros internacionales.

2. Un modelo de desarrollo signado por la ineficiencia en la intervención estatal, que alcanzaría sus mayores cotas en febrero de 2003 cuando se inició un proceso de ingobernabilidad y vacío de poder, al estallar una revuelta social contra el incremento de impuestos al ingreso. Protestas que se agravarían en la ciudad del Alto y que provocarían la renuncia a la Presidencia por parte de Sánchez de Lozada.

3. La profunda crisis de identidad nacional y colectiva. Los movimientos indígenas cuestionarían el hecho de que Bolivia sea una sola nación compuesta de una sola identidad.

4. Práctica política como patrimonio exclusivo de las elites mestizas e ilustradas.

5. El divorcio entre la modernidad occidental y el rescate de las identidades indígenas, dándose cabida a todo tipo de prácticas excluyentes.

Ha de adicionarse a lo anteriormente señalado:

6. La existencia de significativas falencias en el sistema normativo constitucional de la República, que requerirían ser mejoradas sustancialmente.

7. Aprobación de la Ley 2631, del 20 de febrero de 2004, para la Reforma de la Constitución, introduciendo institutos propios de la democracia participativa.

8. La ruptura del monopolio de los partidos políticos degenerativos y prebendalistas como canales de representación de la voluntad ciudadana, estableciéndose en este orden que las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas podían postular candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados, constituyentes, concejales, alcaldes y agentes municipales, en igualdad de condiciones que los partidos políticos, cuyos exponentes tradicionales habían caído en el descrédito y des confianza hacia sus modos de comportamiento y programáticas.

Ante el panorama descrito llegaría al gobierno el Movimiento al Socialismo (MAS), con un impresionante aval electoral de 53,7% durante las elecciones presidenciales del 18 de diciembre de 2005. Se materializaban de esta forma las expectativas de poder del movimiento indígena.

En sentido general podríamos identificar como denominadores comunes:

— Pérdida de legitimidad de la representación política ante la incapacidad de los partidos políticos tradicionales de defender el bien común, y por la exclusión de mayorías organizadas y con amplia capacidad de movilización.

— La articulación, por parte de movimientos sociales, de una agenda de demandas a garantizar por los Estados como muestra de una intención real de cambio político y cuyos temas prioritarios se relacionan con la nacionalización de los recursos naturales y la convocatoria de asambleas constituyentes.

— Conversión de dichos movimientos en los principales interpeladores de los Estados, al exponerse en ámbitos públicos el hastío social frente a la incapacidad partidaria para involucrarse con las necesidades primordiales de los representados.

— Influencia determinante de líderes con voluntad política y disposición para revertir las falencias del capitalismo neoliberal. Es el caso evidente de los presidentes Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente.

— Objetiva, evidente, pero no insoluble, crisis institucional y sociopolítica (aunque en diferentes formas y grados en cada país).

— Incompatibilidad entre la justicia (social, económica, política, ambiental y cultural) y el sistema democrático (tal como lo entendemos clásicamente); "el pan y la libertad".

 

¿Qué aspiraciones o necesidades se lograron satisfacer por medio del desarrollo de tales experiencias constituyentistas?

— Socialización de lo político, por medio de nuevos mecanismos de participación popular directa, desde el inicio hasta la culminación de dichos procesos de instauración constitucional, materializando así los valores de la nueva democracia participativa y protagónica.6

— Concepción del Estado como ámbito paradigmático de lo político dentro de lo social.

— Ejerciéndose el poder constituyente se produjo el reforzamiento de sujetos históricos —individuos y colectividades— con la capacidad suficiente de producir transformaciones en sus propios contextos.

— Práctica social corresponsable entre el Estado y la sociedad, en el marco de la emergente institucionalidad.

— Nuevas Constituciones políticas, paradigmáticas en el reconocimiento de la pluralidad, lo pluricultural y en el respeto y reconocimiento de los derechos de los indígenas, alternativas de transformación política generadas desde un poder "desde abajo" en el que la comunidad es el núcleo de la conformación de sus respectivos Estados.

 

A manera de epílogo

Para algunos, la palabra es una invitación al juego de construir sentidos. Se piensa en la palabra "tengo" y preferimos la palabra "soy". Mucho tenemos en común los latinoamericanos; nos convencemos de lo que somos, y con esa fuerza fundante, explosiva y soberana, que es el poder constituyente, arma poderosa en el arsenal que dispone la democracia, y especialmente el constitucionalismo democrático y progresista; se apuesta y defiende —vía pacífica— por una vida digna y en armonía con el otro.

Con nuestras disquisiciones pretendemos demostrar el carácter indubitable de las novísimas instauraciones constitucionales para la corrección de las falencias, olvidos y viejos demonios que postrarían, por décadas, al soberano en la región. A ello se abocaron estas tres naciones andinas, las cuales encontraron en el derecho, particularmente en la creación constitucional, respuestas a las demandas sociales. Convergentes todas en el desencanto frente a la fractura entre arraigo social y sistema político: materia prima para postular Estados pluriétnicos, poscoloniales o plurinacionales como exigencias de cambio para la reconstrucción del pacto social quebrado y un intento por superar las asimetrías sociales.

Tal es el prisma que nos presenta nuestra América en su andar, en la que las grandes mayorías y excluidas históricas, frente a democracias deficitarias y funcionales, pueden sentirse en estos nuevos tiempos actores relevantes y protagonistas activos en la construcción del destino de sus pueblos.

A ello nos convida Eduardo GALEANO al reflexionar sobre la esencia de la pobreza. Sobre este mal que abunda en nuestros pueblos, de manera aleccionadora sentenciaría: "[...] Pobres son los que tienen la puerta cerrada". Mantenerla abierta, pues, habrá de ser nuestro permanente derrotero, con mayores expectativas si asumimos que estamos asistiendo a un momento inédito, de cambio de estación, hacia una primavera constituyente que invita a nuestras sociedades a pensarse, sentirse y comportarse de manera diferente, a delinear nuestro presente y futuro con un nuevo tamiz. Se está haciendo realidad un bello adagio: América despierta nuevamente. Ojalá y definitivamente sea feliz su despertar.

* * *

 

Notas

1 DE SOUSA SANTOS, BOAVENTURA. Las paradojas de nuestro tiempo y la plurinacionalidad, ponencia presentada en Asamblea Constituyente de Ecuador, tema: "Plurinacionalidad, Asamblea Constituyente", Manta, Ecuador, marzo de 2008.         [ Links ]

2 Tomando como referencia los pronunciamientos de Peter HÄBERLE a propósito de formular una teoría cultural de la Constitución. Cfr., del autor, El Estado constitucional, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1994, pp. 149, 151 y 152.

3 Por todos véase VICIANO PASTOR, ROBERTO y MARTÍNEZ DALMAU, RUBÉN. Cambio político y proceso constituyente en Venezuela (1998–2001), Vadell Hermanos Editores C. A., Caracas, Venezuela, 2001.         [ Links ]

4 Para mayor información sobre el proceso constituyente en general véase BASABE–SERRANO, SANTIAGO. "Ecuador: reforma constitucional, nuevos actores políticos y viejas prácticas partidistas", en Revista de Ciencia Política, Centro de Investigaciones de Política y Economía (CIPEC), vol. 29, No. 2, 2009, pp. 381 y 382.         [ Links ]

5 Véase MOLINA BARRIOS, RAMIRO, Los derechos de los pueblos indígenas en un proceso de cambio de la naturaleza de la nación y del Estado. Una aproximación desde el caso de Bolivia, Investigación sobre mejores prácticas de la aplicación de los principios del Convenio núm. 169 de la OIT, Estudio de caso No. 4, Programa para Promover el Convenio núm. 169 de la OIT, La Paz, Bolivia, 2009, pp. 56–59.         [ Links ]

6 Cfr. VICIANO PASTOR, ROBERTO. "La columna vertebral de la revolución: el fenómeno participativo en la Venezuela bolivariana", en TORRES LÓPEZ, JUAN. Venezuela, a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana, Barcelona, Icaria, 2006, pp. 45 y ss.         [ Links ]

 

Información sobre la autora

Martha Loyda Zaldívar Abad

Profesora de Derecho constitucional y Teoría del derecho; candidata a doctor por la Universidad de La Habana; miembro de la red académica "Por un constitucionalismo democrático".