Introducción

Las dictaduras que se instalaron desde los años setenta del siglo XX en varias naciones de América del Sur siguieron patrones políticos, económicos, de seguridad, entre otros, muy similares. Chile, con el general Augusto Pinochet a la cabeza, fue el modelo a seguir, mientras que la Operación Cóndor se convirtió en el experimento que inauguró una red internacional de acciones clandestinas, cuyo propósito fue instaurar el terror en grandes fracciones del mundo. Esta compleja estructura obedeció a las duras exigencias del proyecto anticomunista de Estados Unidos que nació a partir de la guerra fría (c. 1947).

Los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTE) son uno de los varios objetivos encubiertos de dicho proyecto, a saber: controlar y paralizar a la población civil para implementar un paquete de reformas estructurales sin resistencias. La ideología que guiaba ese plan se cimentaba en la amenaza de una “invasión comunista”, que atentaba contra unos supuestos valores occidentales.

De acuerdo con la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004),¹ se registraron 1 132 CCDTE en Chile. Dentro de sus muros estuvieron 38 254² personas: 3 185 de ellas permanecen como casos de desaparición y/o ejecución. Durante y después de su mandato, los miembros del gobierno pinochetista destruyeron la mayor parte de esos CCDTE; por ello, y entre otras razones, pocos de éstos se han rescatado como museos o sitios de la memoria, cuyas puertas se abren a la reflexión y a la materialización de la política de la memoria. Algunos de esos recintos son Villa Grimaldi, Colonia Dignidad,³ Clínica Santa Lucía, José Domingo Cañas y Londres 38.

Entre los años de la dictadura y los correspondientes a la lucha por rescatar la memoria, localizamos procesos de despolitización y de cierta conciencia política, respectivamente; en este sentido, nos referimos a las distintas funciones políticas (hegemónicas y contrahegemónicas) de esos espacios físicos.

Cada uno de los cambios en los inmuebles, que han sido rehabilitados como museos o sitios de la memoria, los comprendemos como una resemantización, es decir, una nueva adaptación (estructural y/o funcional) dentro de nuevas condiciones sociohistóricas, lo que conlleva objetivos ideológicos y significantes de orden político. En otras palabras, continuas deconstrucciones y resignificaciones que modifican la manera de concebir el pasado de y en la sociedad de dicha nación. Así pues, entenderemos al ahora museo o sitio de la memoria como un texto guardián de un sinfín de signos que permite realizar lecturas diversas de un periodo ajustado, como ya mencionamos, a determinadas circunstancias sociohistóricas.

El edificio marcado con el número 38 de la calle Londres, en el centro histórico de Santiago de Chile, ha experimentado varios procesos históricos de resemantización. Los miembros del Colectivo Londres 38, representantes de Londres 38, espacio de memorias, permitieron, en 2011, una investigación de peritaje forense con la finalidad de descubrir algunos testimonios de un pasado traumatizante: “Se trata de un trabajo que indaga en los muros, suelos y diversas superficies en busca de eventuales huellas de ADN que hayan quedado a través de fluidos orgánicos, sangre o cabellos, por ejemplo, así como rastros culturales (rayados, inscripciones, marcas, etcétera) dejados por prisioneros durante el periodo 1973-1975” (^{Colectivo Londres, 2005}). El peritaje, a su vez, dio con ciertos “borrones” que se corresponden con un complejo proceso de resemantización que sufriera el recinto cuando se concibió como CCDTE.

José Santos, por su parte, provee un catálogo muy completo de las diferentes alteraciones por las que pasaron muchos de los CCDTE en Chile. De manera fugaz, se acerca a Londres 38, lugar en el que detecta “conversiones”, es decir, cambios de sentido o de finalidad que “incluye[n] el mantener viva la memoria de lo que fueron” (^{Santos, 2016, pp. 263-264}).

Existen otros trabajos que se centran en nuestro elemento de estudio. Citaremos tres ejemplos importantes. América ^{Escobar (2011)} realiza su tesis de grado con un enfoque antropológico. Recoge 19 testimonios para elaborar un “mapa de la memoria testimonial”, con el fin de determinar las funciones (actividades) de las diferentes zonas del edificio como CCDTE. Romané ^{Landaeta (2008)},⁴ desde la historicidad, tiene como objetivo mostrar la materialización del horror que representaban los CCDTE, en especial Londres 38, y la intención de la dictadura por desaparecer a la disidencia. Gloria Alejandra ^{Ochoa (2017)} vincula el ejercicio en Londres 38, espacio de memorias, de reconstruir la memoria de los hechos terroristas de la dictadura chilena (labor, a la vez, visibilizadora) con la de reconstruir la identidad de las personas afectadas (desaparecidos, sobrevivientes, familiares de ambos y organizaciones sociales en lucha).

Finalmente, el trabajo de Patricia ^{Baeza (2014)} aborda el ex CCDTE Villa Grimaldi como texto; para ello se vale de un par de herramientas de corte semiótico, con el propósito de analizar las “recontextualizaciones y resemantizaciones” del edificio.

Por nuestro lado, la revisión de algunas de esas resemantizaciones, que se asocian al inmueble de Londres 38, nos permitirá, como objetivo primordial, determinar la función política de dicho centro, ya sea como CCDTE, al inicio de la dictadura, o como espacio de memorias, al final de la dictadura. La enorme divergencia entre estos dos últimos usos del monumento (así catalogado) nos presenta una microsemiótica de polos opuestos. Por un lado, “cerrazón” y, por el otro, “apertura”, cada una es una marca denotativa que tiene como correlato uno de esos momentos históricos de Chile. Sabemos que las dicotomías son, en extremo, reduccionistas, y que no muestran lo que sucede entre uno y otro polo, empero, la nuestra será útil para los propósitos que nos hemos fijado.

Inicialmente presentaremos un esbozo de las bases teóricas de las que partimos; después, haremos un recorrido fugaz por algunas de las circunstancias sociohistóricas que circundan el golpe de estado en Chile; finalmente, abordaremos dos diferentes secciones: en la primera tomaremos el recinto Londres 38 como CCDTE y, en la segunda, el mismo edificio, pero como sitio de la memoria.

La sociosemiótica y la función política

Concebimos la sociosemiótica como una posición crítica (no precisamente una teoría en sí) interdisciplinar.⁵ Esta propuesta parte del objetivo primordial de exponer y analizar la función política de cualquier elemento cultural, siempre inserto en determinadas circunstancias sociohistóricas en las que entra en contacto con una sociedad concreta. Asimismo, ese elemento cultural es susceptible de abordarse como un texto, es decir, como algo que permite leerse y, en consecuencia, podrá aportar conocimiento, debido al ordenamiento particular de varios de los signos que lo componen. Es posible que nuestro texto no aparezca por primera vez en las mencionadas circunstancias sociohistóricas que nos interesan, así, habrá al menos un segundo momento en el que emerja bajo nuevas reglas pragmático-significativas, por ello es que consideramos el hecho de encontrar algunas resemantizaciones por las que ha pasado dicho texto.

Un recinto que dentro de un régimen dictatorial funcionara como CCDTE y que en la actualidad sea un museo o sitio de la memoria es, debido a nuestro interés, a lo que nos referimos con sendas resemantizaciones. Para cada caso, la lectura de ese texto arquitectónico precisará de una parasintaxis (dado que sus signos no aparecen en un orden sintáctico, como en el código lingüístico), misma que comprenderá tanto fenómenos extratextuales como inherentes al espacio físico, objetivos y/o subjetivos. Ejemplos de esto últmo son el proceso por el que tuvieron que pasar las víctimas⁶ (detención, aislamiento, tortura y, para varios, la desaparición), así como la reconstrucción de la memoria por parte de los sobrevivientes y familiares.

Ahora bien, un elemento cultural corresponde a cualquier tipo de componente o entidad (material o conceptual, natural o artificial) que se presenta en la realidad de una cultura humana concreta y que puede funcionar como signo;⁷ en cuanto tal, “no sólo existe (cosa), no sólo está para alguien (objeto), él también está para alguien por algo más (signo)” (^{Deely, 1996, p. 83}). Esos tres momentos en los que “la cosa” (insistimos: cualquier elemento del universo, concreto o abstracto, objetivo o subjetivo) pasa a ser signo es lo que se conoce como semiosis: el accionar de los signos (Deely, 1986), la producción y comunicación de signos dentro de una cultura (^{Eco, 2000}). Es fundamental entender las anteriores finalidades semiósicas como interdependientes, principalmente en el campo de conocimiento (sistema modelizante) de la arquitectura, ya que es común colocar la funcionalidad (uso habitacional práctico sin más) por sobre el significado (^{Eco, 1999, pp. 280-282 y 295}).

En concordancia con lo anterior, y de manera general, entendemos por función política el papel comunicativo-significativo-pragmático de dicho elemento cultural inserto, como ya hemos dejado entrever, dentro de una sociedad específica, dominada por el cúmulo de relaciones provenientes de un poder gubernamental determinado.⁸ Dicho papel puede ser hegemónico o contrahegemónico y, en algunos casos, un cruce entre ambos.

En una cultura, una sociedad humana se rige, entre otras cosas, por relaciones de poder que emanan, generalmente, de un grupo dominante; por lo tanto, varios elementos culturales aparecerán modelados por ideologías concretas (formas de entender y posicionarse ante el mundo tales que pueden estar orientadas hacia dominar o, en su defecto, concientizar a amplios sectores sociales),⁹ todo lo cual implica, necesariamente, la participación de una función política, entre otras posibles funciones (identitaria, histórica, visibilizadora, etcétera), inserta en dichos elementos.

Circunstancias sociohistóricas: guerra fría y dictadura

El presente apartado tratará brevemente de mostrar algunas de las circunstancias sociohistóricas alrededor del momento en el que analizaremos nuestro objeto de estudio.

El final de la segunda guerra mundial (1945) propició un reordenamiento mundial. De manera básica, se estableció una redistribución del espacio geográfico (geopolítica) que partía de una división bipolar, la cual colocaba frente a frente a un par de grandes naciones, Estados Unidos y la Unión Soviética, con fuertes intereses hacia el expansionismo planetario desde su correspondiente origen (^{Powaski, 2014, p. 12}). Cada una de ellas obligó a otros Estados más a suscribirse a sus propias exigencias. Gran parte de América Latina, por ser un subcontinente con una economía frágil y dependiente, tuvo que alinearse con Estados Unidos, país que representaría las nociones de “modernidad”, “desarrollo”, “libertad” y “democracia”, entre otras. Las estrategias de control residían en intervencionismo, reformas económicas, alto y forzado endeudamiento, capacitación y adiestramiento policiaco-militar, guerra sucia, operaciones encubiertas, terrorismo oficial, guerras psicológica y mediática, geopolítica agresiva, etcétera. El pretexto central en cuanto a aplicar ese plan internacional giró en torno de la supuesta amenaza comunista, esquema que, además de lo anterior, se concretó en violentos programas desarrollistas y, consecuentemente, en el cierre de filas en pro de la seguridad nacional, pues se consideraba que el “enemigo” vivía dentro de las fronteras de cada país. Grosso modo señalamos los elementos discursivos básicos que marcan la experiencia en el hemisferio occidental de varias de las fases de la guerra fría y, a la vez, de un inequitativo y avasallante proceso modernizador.

La creación, en 1947, de la Escuela de las Américas, en Panamá, marcó el primer paso hacia un control más estrecho sobre Latinoamérica durante la posguerra. En esa institución militar se capacitaron a varios soldados que participarían en golpes de Estado dentro de cada una de sus naciones. En la desaparición forzada,¹⁰ la tortura y el exterminio de personas, generalmente disidentes, residen los objetivos principales del adiestramiento. Estas prácticas fueron una herencia de los Escuadrones de la Muerte franceses que operaron en las guerras de Indochina y Argelia, de 1945 a 1954 y de 1954 a 1962, respectivamente. Estados Unidos ya había procedido de manera similar en la segunda guerra mundial, a base de operaciones anticomunistas que utilizaban, junto con fuerzas aliadas, grupos paramilitares “detrás de las líneas enemigas” (^{McSherry, 2009, p. 42}) y, más tarde, a principios de los sesenta, en la ya iniciada guerra de Vietnam.

El primer ejercicio en el subcontinente lo marcó, en 1954, el golpe de Estado en Guatemala. El gobierno nacionalista guatemalteco decidió oponerse a los intereses mercantiles de la United Fruit, lo cual le costó su derrocamiento y, un poco después, la instauración de un régimen dictatorial. Aquella empresa se dedicaba, básicamente, a la producción y exportación bananera a Estados Unidos; poseía grandes extensiones en diversos países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, y su poder le permitió intervenir en asuntos políticos y económicos de esa amplia zona (^{Chomsky, 2007, pp. 121-126}) por un poco más de cien años (de 1871 a 1975).

De acuerdo con ^{Chomsky (2007, p. 126)}, la lógica de este caso es la siguiente:

[…] obligamos a Guatemala a defenderse de la amenaza de nuestro ataque, creando, por lo tanto, una amenaza a nuestra seguridad, lo que a su vez explotamos destruyendo la economía guatemalteca para provocar un golpe militar o una penetración comunista de hecho, que entonces justificaría nuestra violenta respuesta en defensa propia.

Posteriormente en 1961, la administración del presidente estadounidense John F. Kennedy impulsó un amplio y complejo esquema paradigmático que abrió más las puertas hacia nuevos procesos dictatoriales en América Latina, los cuales tenían la posibilidad de realizar acciones coordinadas entre naciones. El resultado llevó el título de “Alianza para el Progreso”, que establecía los mecanismos políticos, económicos, militares y culturales para acabar con los diferentes movimientos antiimperialistas, anticapitalistas o nacionalistas que, a partir del triunfo de la revolución cubana (1959), parecían producirse en cascada dentro de esta fracción hemisférica. El patrón a seguir sería similar al del ejercicio en Guatemala. Las diferencias, sin embargo, son altamente reveladoras.

Uno de esos casos fundamentales consecutivos, que “atentaba” contra los intereses estadounidenses, fue el ascenso de Salvador Allende a la presidencia de Chile, en 1970. Durante el proceso electoral previo, el gobierno de Richard Nixon tomó medidas radicales, primero con el fin de que el candidato socialista no llegara al poder, para lo cual se creó el proyecto Fubelt,¹¹ que consistía en una amplia campaña propagandística de terror que se difundió con panfletos, carteles y a través de los medios de comunicación, además de una gran suma de dinero como apoyo al Partido Demócrata Cristiano chileno y al presidente en turno, Eduardo Frei Montalva.

Un poco más tarde, ante el fracaso de la fase inicial del proyecto, Washington actuó decididamente, ahora con la meta fija en derrocar a Allende con el auxilio de las fuerzas armadas.

Las medidas fueron extremas. Es ilustrativa en demasía la amenaza que lanzó el embajador estadounidense en Chile Edward Korry (1970), citado por ^{Kornbluh (2013, p. 46)}:

No dejaremos que llegue una sola tuerca o tornillo a Chile si Allende se hace con el poder. Haremos cuanto esté en nuestras manos para condenar al país y a sus habitantes a las privaciones y a la pobreza más absolutas. […] Frei sería un iluso si creyera que existen muchas alternativas a la miseria más extrema o alguna esperanza de ver a Chile salir adelante.

En correspondencia directa con la declaración de Korry, desde el primer día del gobierno de Allende se llevaron a cabo algunas de las siguientes acciones: el ahorcamiento económico y un plan de terror mediante el recorte de subsidios y préstamos por parte de Estados Unidos, los cuales descendieron inmediata y drásticamente,¹² el retiro de empresas estadounidenses, la intensificación de la campaña “negra” de (des)información, la provocación de atentados por parte de grupos de extrema derecha,¹³ varias huelgas (como la de los transportistas en 1973), el caos social, etcétera. Al final del camino, grandes sectores de la sociedad, confundidos, pedirían la intervención del ejército.

El 20 de junio de 1973 el centro de Santiago presenció el llamado “Tanquetazo”: un intento frustrado de golpe militar. No obstante, ni Estados Unidos ni la ultraderecha unida a los militares arredraron. Ese “ensayo” preparó el terreno para el golpe definitivo del 11 de septiembre, cuando, desde las primeras horas, tropas y tanques tomaron las calles principales de Santiago y cercaron el Palacio de la Moneda. Alrededor del mediodía, aviones cazabombarderos ingleses Hawker Hunter hicieron blanco en el recinto nacional y en la casa de Salvador Allende.¹⁴

A las pocas horas después del ataque, se anunció en la radio, la televisión y los periódicos que la sublevación militar había sido obra de la Providencia en beneficio de la “salvación” del pueblo chileno. En octubre surgieron más “justificaciones”: además de la crisis reinante, el gobierno de Allende habría fraguado una nunca comprobada conspiración, llamada “Plan Z”, en contra de la sociedad civil (asesinatos, encarcelamientos masivos, desapariciones forzadas, etcétera) que provocó la cruenta “Caravana de la Muerte”.¹⁵

El Plan Z, como es sabido, fue una acusación lanzada en octubre de 1973, según la cual el gobierno socialista planeaba instaurar una República Democrática, al estilo de las existentes en Europa Oriental o Asia, procediéndose a la eliminación física de altos oficiales de la (sic) Fuerzas Armadas y de Carabineros, así como de dirigentes políticos y gremiales opositores […]. El anuncio del Plan Z fue hecho con gran despliegue comunicacional, acompañado de imágenes de supuestos hallazgos de armas en industrias o “enterramientos”.

[…]

Si el golpe había sido legitimado por un porcentaje significativo del país, la nueva situación internacional requirió del uso de herramientas de guerra psicológica. A ellas se sumaron días más tarde las acciones de la Caravana de la Muerte, que dejó un resultado de 72 personas ligadas a la Unidad Popular asesinadas en distintos regimientos del país, bajo el argumento de que estaban involucradas en el Plan Z y que el contexto era de guerra. (^{Valdivia, 2010, pp. 170-171})

El comunicado defensivo y explicativo, que Pinochet diera el mismo día del golpe, apareció en El Mercurio, en la emisión de la jornada siguiente. Un fragmento, citado por ^{Rojas (2007, p. 22)}, nos muestra rastros discursivos de orden religioso y mítico, similares a los propios de las cruzadas:

Y a Ti, ¡Oh Dios Todopoderoso!, que ayudaste con tu sabiduría infinita a desenvainar la espada y empuñarla para recuperar la libertad de esta Patria que tanto amamos, te pido ante mis conciudadanos lo que como tantas veces te imploré en el silencio de la noche antes de ese 11 de septiembre: ayuda hoy a este pueblo que con fe en Ti busca su mejor destino.

Sin embargo, los fines últimos y encubiertos del golpe estaban dictados por las reglas del mercado mundial. Se requería entonces de un alto desarrollo industrial en la zona bajo la tutela de las fuerzas armadas, aumentar los índices en la macroeconomía y, por otro lado, adelgazar la economía interna. Un gobierno militar “sabría” cómo dirigir, finalmente, el destino nacional hacia el “verdadero” desarrollo. De hecho, Chile fue el primer país que adoptó las grandes reformas estructurales de corte neoliberal que presentó el premio Nobel de economía Milton Friedman, mismas que siguieron los “Chicago Boys”,¹⁶ un grupo de jóvenes que pertenecían a la Pontificia Universidad de Chile o a la Universidad de Chile, y quienes posteriormente habrían realizado estudios de posgrado en la Universidad de Chicago.

Este complejo esquema agresivo cubrió gran parte del Cono Sur, en el que se materializaron y perfeccionaron los siguientes ejercicios para el resto de Latinoamérica, a los que ^{Rojas (2007, pp. 26-29)} nombra dictaduras militares, para diferenciarlas de las positivistas del siglo XIX y de las bananeras que actuaron en Centroamérica antes de la segunda guerra mundial a favor, principalmente, de la United Fruit.

Desde los primeros años después del golpe, entró en acción la Operación Cóndor que, en los ochenta, ascendió hasta Centroamérica. Sin ahondar en detalles, la estructura gubernamental que se implantó como modelo consistía en una junta militar a la cabeza y diversas concentraciones (para)policiacas y (para)militares que ejecutaban acciones terroristas sin respetar fronteras. Patrice ^{McSherry (2009)} llama a esas organizaciones, por su gran acumulación de poder, “Estados paralelos”. La investigadora acierta cuando detecta la independencia, ilegalidad e ilegitimidad con la que operaban, pero si consideramos que el factor de clandestinidad queda velado en su denominación propuesta, quizá sea “institución de poder fáctico” la noción que más se ajuste.

Siempre con conocimiento y, en gran número de casos, en contubernio con la Agencia Central de Inteligencia¹⁷ (CIA, por sus siglas en inglés) en Chile (país que inauguró la Operación Cóndor), la dictadura creó la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional), que estuvo encabezada por el general Manuel Contreras. Esta organización participó “en acciones concertadas con grupos neofascistas y terroristas, tales como Milicia y Triple A [Alianza Anticomunista Argentina], en Argentina; CORU [Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas], con exiliados cubanos; Ordine Nuovo [Nuevo Orden] y Avanguardia Nazionale [Vanguardia Nacional], en Italia” (^{McSerry, 2009, p. 315}).

La desaparición forzada, la tortura, el exterminio de personas, la extracción y manejo de información son, concretamente, las actividades terroristas más comunes de esas organizaciones fácticas. En los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, espacios físicos ahora convertidos (algunos de ellos) en museos o sitios de la memoria, se guardan miles de historias y testimonios relativos a ese largo periodo, los cuales se han recogido durante, al menos, 60 años.¹⁸

En gran medida, el asesinato de Orlando Letelier en 1976 en de la capital estadounidense, la excesiva corrupción, la violencia oficial sistematizada, la ausencia de democracia y la marcada desigualdad del proyecto modernizador provocaron una intensificación de las protestas sociales en la década de los ochenta, que desafiaba al férreo cerco militar chileno.

Todo este periodo revisado, así como algunos casos del presente, serán la base de una serie de luchas por el olvido y la memoria en la que se adhieren, respectivamente, prácticas de despolitización-cerrazón y concientización-apertura. Como es sabido, la influencia del pinochetismo no ha dejado de estar presente en la vida de la nación chilena.¹⁹

Londres 38 como Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio

Durante la dictadura chilena, con el pretexto de la “amenaza comunista”, los CCDTE ilustran perfectamente la aplicación de la geopolítica interna (defensiva) de las fronteras del país y la materialización efectiva de la biopolítica: “el terror que la existencia del campo [o CCDTE] diseminaba en toda la sociedad tenía el objeto de irla transformando, en términos generales, en el cuartel ordenado y disciplinado que los militares deseaban como modelo de organización social” (^{Calveiro, 2008, p. 188}).²⁰ Žižek (a partir de Foucault) entiende como biopolítica “una política del miedo que se centra en defenderse del acoso o de la victimización potenciales” (Žižek, 2009, p. 56), en la que el objeto central de la violencia es el cuerpo humano en su integridad (los ámbitos físico y psicológico). De estas prácticas deviene la noción de “cerrazón”, que compone una parte de la microsemiótica propuesta para analizar Londres 38 como CCDTE.

En cierto sentido, la Dina, la Operación Cóndor y la posibilidad de acción internacional de ambas nos hablan de una geopolítica de control más allá de los límites fronterizos de Chile. He aquí sólo unas muestras. El Informe ^{Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990, pp. 861, 863 y 1023-1025)} (o Informe Rettig) expone que, durante los 17 años de dictadura, la Dina y la posterior CNI (Central Nacional de Informaciones), en coordinación con otros organismos extranjeros, privó de la vida a 47 chilenos exiliados a lo largo de América Latina; al excomandante en jefe del ejército chileno (activo en el gobierno de Allende), Carlos Prats, y a su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires; al exministro de Estado (activo en el gobierno de Allende), Orlando Letelier, (ya citado) y a su acompañante, Ronnie Moffit, el 21 de septiembre de 1976 en Washington (este último fue un caso que tuvo resonancia en casi todo el mundo).

Además de lo anterior, el excedido poder con que contaba la Dina hacia el interior lo utilizó no sólo con el propósito de modelar a la sociedad civil (sin contar los CCDTE):

Su misión fue más allá de diezmar la izquierda chilena. La Dina infiltró, asimismo, toda una red de espías en el interior del gobierno militar con la intención de garantizar la total legalidad de éste al régimen pinochetista y colocó a sus propios agentes en cargos políticos en la dirección que tomaba éste. (^{Kornbluh, 2013, pp. 120-121})

La combinación entre lo externo y lo interno al Estado en el proyecto geopolítico pinochetista es ilustrativo en demasía, empero, el cerco defensivo dominó por sobre la expansión: “Los estudios geopolíticos latinoamericanos ya en los años cincuenta y sesenta elaboran una topología diversa en donde lo que va a importar más que la expansión hacia fuera (la frontera expansiva) es una reconquista y organización de las fronteras internas” (^{Mangieri, 2015, p. 68}; las cursivas son textuales).

La Dina²¹ entró en operaciones exactamente el día del golpe. El inmueble de Londres 38 recibió a las primeras víctimas de la represión. Al edificio se le conoce como “Casa de las Campanas”,

llamada así por los sobrevivientes que, atados de manos y pies, con su vista vendada, tenían como única señal de referencia […] el toque de campanas [de la vecina iglesia de San Francisco] que cada cierto tiempo escuchaban, desde las improvisadas celdas de reclusión. (Landaeta, p. 3326)

“La Casa de la Silla, […] en alusión al hecho de que allí los detenidos eran mantenidos día y noche durante todo su periodo de reclusión, sentados en una silla, a la cual se les amarraba de pies y manos, con la vista vendada” (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004, p. 264); “Palacio de la Risa”²² (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004, p. 528) o “Cuartel Yucatán”.²³ Dos años más tarde dejaría de funcionar como CCDTE. Por ese espacio, circuló un número aproximado de mil víctimas, de las cuales 219 se consideran como desaparecidas o ejecutadas. El sitio web de Londres 38, espacio de memorias, presenta algunas de las resemantizaciones que sufrió el inmueble desde los años setenta.

Este lugar, que anteriormente había sido la sede comunal del Partido Socialista, fue rápidamente reconocido por los detenidos sobrevivientes por lo que, como una forma de borrar las huellas, la dictadura sustituyó la numeración original que designaba al inmueble, por el número 40. Así, las numerosas denuncias realizadas comenzaron a apuntar, a partir de ese momento, a una dirección inexistente. Luego, en 1978, mediante decreto firmado por el propio Augusto Pinochet, la propiedad del recinto fue transferida gratuitamente al Instituto O’Higginiano.²⁴ Un organismo estrechamente vinculado al Ejército, financiado -en aquel entonces y también ahora- por el Estado chileno y dirigido, hasta el año 2006, por el general retirado Washington Carrasco, ex vicecomandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa de Pinochet. (^{Colectivo Londres 38, 2005}; las cursivas son nuestras)

De acuerdo con algunos testimonios de víctimas que pasaron por Londres 38, entendemos que había un sistema bien organizado que iniciaba fuera del recinto. La Dina contaba con información detallada de las personas consideradas como subversivas,²⁵ por lo tanto, no resultaba difícil dar con ellas. Mario ^{Irarrázabal (2012, pp. 28-29)},²⁶ un sobreviviente, nos cuenta:

La detención es la típica, eran unas camionetas C10 doble cabina, me metieron en el asiento de atrás, me vendaron los ojos, pero poco menos que pidiéndome disculpas. […] Así comienza todo un sistema paulatino en que uno va perdiendo todos sus derechos y todo su honor. Te empiezan de a poco a garabatear y a maltratar. Se veía que era importante que yo no supiera para dónde me llevaban. Ahí empieza el juego, uno trata de recordar por dónde diablos lo están llevando, pero dan miles de vueltas y al final es imposible. Entonces tú no sabes a dónde te llevan. Y eso ya es parte de la tortura.

Es sumamente revelador el énfasis de Mario al momento de indicar que la tortura inicia con la separación del ambiente cotidiano, continúa con la falta de contacto con el exterior a raíz del vendaje de ojos y la zozobra causada por la desorientación. Esta separación, como inicio de la maquinaria de tortura, es un punto importante ya que, a la vez, la víctima padece una primera fase de cosificación que, como veremos, se agudizará con la desaparición.

El suplicio, si seguimos a Mario, se resume mediante el uso de una frase eufemística e irónica: “pero poco menos que pidiéndome disculpas”. La pérdida de derechos y del honor, tan sólo en los primeros pasos, concluirá con la reducción del ser de la víctima, como lo plantea ^{Foucault (2005)}, o cosificación, mediante el maltrato físico-psicológico (segunda fase de cosificación) y, para algunas, en su desaparición definitiva (fase de nulificación del ser).

El detalle nimio, en apariencia, de mencionar el tipo de automóvil utilizado resalta el grado de organización y acceso a recursos materiales con que contaba la Dina. Es necesario tomar en cuenta que, para llevar a cabo la detención y el allanamiento, el perímetro de la zona donde vivía el/la sospechoso/a debería estar acordonado con el fin de tener éxito en la operación y, además, evitar al máximo la presencia de testigos. Pensemos en el número de agentes que habría de intervenir en cada una de las acciones.

La cerrazón y la corrupción del régimen, mismas que se reproducían profundamente en Londres 38, nos permiten encontrar una de sus connotaciones principales, a saber: la “clandestinidad”; en adición, logramos entender la eficacia de la dictadura, así como de la existencia y coordinación de sus aparatos represivos.

Érika ^{Hennings (2012, p. 37)}, ex militante del MIR, nos dice que el número de víctimas destinadas a Londres 38 variaba de 70 a 109, “ya que la Dina estaba permanentemente operando, interrogando, torturando y simultáneamente analizando la información para salir a detener más gente durante las noches o en las tardes, que era cuando la casa se llenaba”.

La distribución de las áreas en Londres 38 nos muestra un aprovechamiento del espacio, a pesar de las reducidas dimensiones y lo intrincado de la ubicación de cada zona.²⁷ El frente tiene cerca de 20 metros y un poco más de 25 metros de fondo (consideremos que el terreno no es rectangular). La Sala de Detención (en el primer piso) congregaba a la mayoría de las víctimas, donde las dimensiones no exceden los 40 m².

En concordancia con la distribución, existía una rigurosa organización de actividades para cada uno de los miembros, agentes de la Dina,²⁸ al interior del CCDTE. Las actividades principales del primer piso eran: registro, control, vigilancia y hacinamiento de los/las detenidos/as, servicios y accesos. Es de hacer notar que, con base en algunos testimonios, a la persona detenida se le cambiaba el nombre por un número (recordemos lo que hemos expuesto en cuanto a la primera fase de cosificación). El segundo piso y el entrepiso estaban destinados, básicamente, al interrogatorio y la tortura.

En el primer piso existe un único baño con estrechas dimensiones (no más de 2 m²) que está designado para las víctimas. Reparemos en que las características de esa área permiten un control más eficiente, puesto que se considera el baño como el recinto de mayor intimidad.

Las condiciones de permanecer casi permanentemente embozado e incomunicado, sufridas por las víctimas, así como la fuerte vigilancia, nos remiten a una especie de panóptico, donde el sujeto era consciente de encontrarse bajo continua observación, sin que esto fuera totalmente cierto.²⁹ Las acciones punitivas y de tormento, además, complementan lo que nos hemos referido como biopolítica, la cual se materializa en el dolor (corporal y emocional) para conseguir dos fines estrechamente vinculados entre sí: el vaciamiento de ser y la consecución de la “verdad” (información): “Sufrimiento, afrontamiento y verdad, están en la práctica de la tortura ligados los unos con los otros: trabajan en común el cuerpo del paciente” (^{Foucault, 2005, p. 47}). Un pequeño cuarto en el entrepiso, acondicionado para el castigo, acentúa, una vez más, el aprovechamiento del uso del espacio: cada rincón del edificio cumplía con un uso específico, nada se desperdiciaba.

No podemos dejar de ver un gran retroceso en el ejercicio del poder (casi medieval e inquisitorial) y una estrecha vinculación con una práctica orientada hacia la legitimación del régimen: “Hay que concebir el suplicio, tal como está ritualizado aún el siglo XVIII, como un operador político” (^{Foucault, 2005, p. 59}). Sin embargo, a diferencia en gran medida con el pasado, la tortura en Chile se llevaba a cabo de manera clandestina, lo cual no obstaba para aterrorizar al resto de la población.

Desde los primeros días de la dictadura, surgieron las demandas legales (habeas corpus) por la presentación de los desaparecidos, así, este tema, el de los desaparecidos (como ente genérico),³⁰ poco a poco fue común en el país, ya fuera como mito o como realidad; esto último a raíz del terror oficial y de la paulatina despolitización lograda.

Luz ^{Encina (2012, p. 49)}, madre del desaparecido Mauricio Edmundo (en ese tiempo, de 19 años), relata la experiencia de pedir información, en compañía de un sacerdote, sobre su hijo:

Cuando llegamos a Londres 38, preguntamos por Mauricio, preguntamos si estaba detenido ahí.³¹ Entonces ese hombre [suponemos que se refiere al guardia] me dijo: “Señora, usted está loca, aquí no hay detenidos ni nada por el estilo” y nos cerró la puerta. Le toqué de nuevo y cuando abrió le dije: “Señor, yo sé que mi hijo está aquí y no sólo mi hijo, hay varios detenidos aquí”. Ahí me dijo: “Mire, si siguen así, los dos van a entrar y van a saber si hay detenidos o no”.

El sufrimiento de la madre inició días antes de la desaparición de Mauricio, pues tuvo que soportar varios allanamientos violentos de su hogar ante la presencia de dos de sus hijas menores. Cuando se dio cuenta de la ausencia de Mauricio, Luz acudió al sitio conocido como Santa Mónica,³² con la finalidad de obtener un recurso de protección, ya que las instituciones oficiales negaban proporcionar información acerca de las víctimas y, en la misma medida, a ofrecer garantías de protección al resto de la población. A pesar de todos los esfuerzos del régimen, estas prácticas no pudieron quedar por siempre en el silencio.

Tanto el control de las operaciones como la estricta disciplina interna en Londres 38, la limitación de sus espacios, el hacinamiento y la tortura guardan, como ya referimos, una similitud con el régimen imperante (cerrado) y, asimismo, con el carácter defensivo de la geopolítica pinochetista hacia el interior del país. Las prácticas de poder durante la dictadura nos permiten, entonces, entender el dominio de los espacios sociales (la represión, el ocultamiento de la información y las actividades coordinadas para la detención) y, en particular, de Londres 38 (la logística del manejo de las zonas y sus funciones). Por otro lado, la despolitización (condensada en los numerosos CCDTE), como uno de los cometidos cardinales de la dictadura, se asemeja a la mencionada reducción de espacios de acción social.³³ Sin embargo, existieron, con la debida represión, diversas protestas y movilizaciones por parte de ciertos gremios.³⁴

Sólo por poner un ejemplo, Patricia ^{Verdugo (2015b)} aborda un caso espeluznante en el que dos jóvenes (una mujer y un hombre) sufrieron quemaduras profundas como represalia por haber participado en una manifestación contra Pinochet en 1986. Agentes militares los rociaron con gasolina y les prendieron fuego en plena calle. El chico, Rodrigo Rojas de Negri, murió a consecuencia de la gravedad de las heridas. La joven, Carmen Gloria Quintana, se recuperó y se convirtió en una activista social.

La coerción y la tortura (segunda fase de cosificación) son los mecanismos para reducir el ser del disidente (vaciamiento de ser). Esa reducción del ser de las múltiples víctimas concluía con la eliminación de los cuerpos: el desaparecido, desde el poder, pasaba a ser la inexistencia, la nada (fase de nulificación del ser). De aquí, encontramos la “reducción” (de las víctimas y de los espacios) como una nueva connotación del régimen.

Los anteriores procesos serían unas de las razones principales que acreditaban el uso de los CCDTE, que trajeron como consecuencia el neutralizar, paralizar o acabar por completo con varios seres humanos y su consciencia opuesta al régimen. De esta forma, la denotación principal de la dictadura (“cerrazón”) y las posteriores connotaciones nos dirigen hacia una de las funciones principales de Londres 38, a saber, la despolitización.

Y esto es así porque el terror provoca un efecto de inmovilidad, un “anonadamiento”, al decir de Scheer, que “deja hacer” al poder. Se trata de un “dejar hacer” económico, político, cultural, de la vida cotidiana, que perdura luego por largo tiempo en la sociedad como “marca” que convoca la memoria del miedo y de la impunidad del Estado. (^{Calveiro, 2008, p. 188})

Hemos localizado, entonces, el núcleo de la función política, en nuestro caso, de Londres 38 como CCDTE, que lograría en poco tiempo extenderse a grandes sectores sociales.

Londres 38 como espacio de memorias

En el momento que determinados grupos sociales se apoderaron de los pocos CCDTE que quedaron en pie, gran parte de la inercia pinochetista en la sociedad se invirtió a favor de una función política que privilegiara, en inicio, la divulgación de la memoria de los hechos traumatizantes de la dictadura y del periodo posterior.³⁵ Londres 38, espacio de memorias, nos servirá para ilustrar esto último.

Es justo decir que esa lucha por mantener viva la memoria inició, como ya señalamos, desde que ocurrió el golpe de Estado. Varios miembros de las organizaciones sociales de izquierda se manifestaron; de inmediato, los familiares de los desaparecidos (principalmente las madres) acudieron en busca de información y de protección dentro de instancias, en este caso, no gubernamentales.³⁶

Para poder arribar a la función política, es necesario presentar tres funciones previas: función histórica, función visibilizadora y función identitaria.

En principio, partiremos de un hecho germinal del proceso resemantizador sobre el inmueble, a saber: la apertura del mismo para fines distintos durante la dictadura. Así, “apertura” (el segundo polo de la microsemiótica que ya se presentó), como noción, la entenderemos como la denotación vectorial del presente análisis.

El Colectivo Londres 38, en su página web, rememora:

La recuperación de Londres 38 fue un largo proceso que comenzó el mismo año 1974 con las primeras denuncias de los sobrevivientes y familiares de los prisioneros. Posteriormente, diversas manifestaciones realizadas en el marco de las luchas por verdad y justicia, a lo largo de los años 80 y 90, continuaron “marcando” el lugar, incluyendo la toma del inmueble por parte de un grupo de jóvenes, algunos de ellos hijos e hijas de víctimas del terrorismo de Estado.

[…]

Un hito más reciente fue la solicitud que el Colectivo Londres 38 presentó al Consejo de Monumentos Nacionales para la declaratoria del lugar como Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico, en julio de 2005. (^{Colectivo Londres 38, 2005})

Finalmente, después de un ligero trabajo de readaptación (resemantización) en octubre de 2008, Londres 38, espacio de memorias, abre sus puertas como sitio orientado, en gran medida, hacia la reconstrucción de un pasado como arma politizadora. Si la remodelación hubiera sido profunda, muchos rastros se habrían perdido o alterado. La actual administración del monumento, entonces, ha tratado de intervenir en la estructura física lo menos posible, con el objetivo de mantener y exhibir los diferentes “borrones” que padeciera el edificio como CCDTE (1973-1975) durante el largo periodo en el que fue Instituto O’Higginiano (1978-2006) y el intermedio (2006-2008), en el que se luchó para convertirlo en el espacio de memorias actual. Esa precaución, por ejemplo, permitió que el referido peritaje forense de 2011 arrojara, principalmente, elementos fehacientes de prueba para señalarlo como CCDTE. En principio, tanto los “borrones” (“rastros culturales: rayados, inscripciones, marcas”, etcétera) como los vestigios corporales (“huellas de ADN que hayan quedado a través de fluidos orgánicos, sangre o cabellos”) constituyen los primeros indicios que se convertirían en signos portadores de información, los cuales, a la postre, configurarán los elementos discursivos torales y formadores de lo que se conoce como la política de la memoria (un poco más adelante abundaremos al respecto). La acción de dichos signos, en adición, propicia, en un segundo momento, una de las funciones primordiales del monumento histórico: la función histórica, que se concentra en el primero de los objetivos de Londres 38, espacio de memorias, que es “generar conocimiento sobre las memorias sociopolíticas, individuales y colectivas, y la historia relacionada con Londres 38, durante el periodo histórico en que funcionó como centro de detención y tortura, así como a sus antecedentes y efectos en el presente” (^{Colectivo Londres 38, 2005}).

De acuerdo con la perspectiva anterior, es factible, como ya se indicó, considerar el edificio como un documento, un “depósito de información constante […]. Entre la modelización geométrica y la creación arquitectónica real existe un eslabón mediador: la vivencia simbólica de esas formas que se han depositado en la memoria de la cultura, en los sistemas codificantes de ésta” (^{Lotman, 2000, pp. 103 y 105}). La mencionada readaptación, por lo tanto, no fue solamente física: los testimonios vertidos por los sobrevivientes y sus familiares fueron fundamentales para conformar aquel segundo momento en que surge la función histórica. Por ello, debemos notar en todo esto un nuevo y complejo proceso de resemantización de Londres 38.

Entendamos que varios militares han tratado de “disfrazar” y ocultar cualquier vestigio que pudiera usarse como evidencia de violación de derechos humanos (antes y después del régimen). A raíz de las condiciones concentracionarias (incomunicación, inmovilización, vendaje de ojos, etcétera), las víctimas sobrevivientes tienen escasos pero valiosos datos que los llevan a reconocer el sitio: el piso de ajedrez (mosaicos intercalados de colores blanco y negro), el sonido de las campanas de la iglesia de San Francisco, entre otros.

Cada régimen gubernamental propone o impone una determinada historia oficial del pasado de una nación en particular, misma que se distribuye en los centros de educación, los medios masivos de comunicación y en otras instituciones oficiales o no.³⁷ Al mismo tiempo, ciertos grupos sociales pueden presentar una historia alternativa que desmantela mucho de la oficial.

En la época contemporánea, el estudio de la memoria histórica surgió de la obra de especialistas europeos, sobre todo franceses y alemanes, que abordaron de qué manera los periodos problemáticos de su historia se proyectaban sobre la memoria social. Para ellos, la “memoria” era el significado social que se otorgaba al pasado y como tal, se diferenciaba de la “historia”, entendida como reconstrucción del pasado basada en documentación objetiva y métodos a académicos. (^{Wilde, 2013, p. 55})

Así, la política de la memoria “se suele vincular con el estudio de políticas concebidas directamente para encarar el legado de atrocidades pasadas: sobre todo enjuiciamientos, medidas de esclarecimiento de la verdad, memorialización y reparaciones” (^{Collins, Hite y Joignant, 2013, p. 25}).

Con base en lo anterior, determinamos la función histórica como el propiciar, crear, conservar y difundir la política de la memoria mediante cualquier medio (impreso, audiovisual, arquitectónico, sonoro, etcétera). Si seguimos a Foucault, estamos hablando de la construcción de una gramática de los desaparecidos y la violencia oficial.

Las premisas bajo las cuales se concibe el sitio nos parecen muy ilustrativas al respecto. Londres 38, espacio de memorias, es

[…] un sitio que ha sido recuperado tras un largo proceso de lucha, visibilización y denuncia, del que han sido protagonistas ex detenidos y detenidas, familiares, compañeros y compañeras de militancia, y también distintas personas que desde la sociedad civil se han hecho parte de la importante tarea de mantener con vida y resignificar en el presente a un sitio como Londres 38 […]. Entre las líneas de trabajo de Londres 38, espacio de memorias, está el desarrollo de su archivo audiovisual de entrevistas a los protagonistas de la historia relacionada al sitio, y la generación de conocimiento a partir de él […]. El testimonio entregado a través de una entrevista se erige entonces como un relato único en elaboración y construcción de experiencias personales y colectivas, y como un soporte imprescindible a la hora de transmitir las memorias sobre nuestro pasado reciente. (^{Colectivo Londres 38, 2012, pp. 6 y 7}; las cursivas son nuestras)

En las anteriores líneas, destacamos algunos de los elementos discursivos básicos que formarán parte del sustento teórico de la función política del sitio. Esto es, la apertura del edificio permite, en primer lugar y a partir de la gestación de rastros discursivos o prácticas discursivas y prácticas no-discursivas que representan un quehacer colectivo (prácticas contrahegemónicas), la operación de las siguientes marcas semánticas (ya subrayadas), portadoras de una realidad diferente a la que trató de imponer la dictadura: lucha, visibilización, denuncia, mantener con vida, resignificar, espacio de memorias, desarrollo de archivo audiovisual de entrevistas, historia, generación del conocimiento, testimonio, relato, elaboración y construcción de experiencias personales y colectivas, soporte y transmisión de memorias.

La elaboración y construcción de un relato único a través de experiencias personales y colectivas nos remite a la búsqueda de otra verdad, diferente a la oficial, más cercana a la vida social. Esa verdad significa, también, una alternativa hacia un constante ejercicio crítico de justicia, solidaridad, participación social y democracia.

En adición, el declarante, cuando vierte sus testimonios y los comparte, se une al quehacer colectivo para restaurar parte del tejido social: se abre el discurso que permaneció callado o ignorado por muchos años; hablamos de un par de derechos, a saber: a dialogar y a resignificar un pasado, a hacerlo común³⁸ y válido.

La memoria como un derecho es un principio fundamental del marco ético, histórico y político desde el cual Londres 38 se ha posicionado. El derecho a la memoria constituye un recurso para la acción en el presente que puede ejercer cualquier persona: los directamente afectados y los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados y los sobrevivientes. Por lo tanto, ejercer la memoria sólo puede realizarse a través de una participación social amplia. La reivindicación de la memoria como un derecho busca visibilizar los hechos ocurridos en la historia reciente del país, para tomar posición y reflexionar sobre la forma en que la sociedad integra ese pasado. (^{Ochoa, 2017, p. 35})

La participación común de las historias incide directamente en la “visibilización de la violación de los derechos humanos” (^{Ochoa, 2017, p. 31}). El testimonio, en consecuencia, se convierte en denuncia. Esta nueva vinculación entre el ejercicio de la política de la memoria y la visibilización de hechos traumatizantes resulta del conflicto que deviene de la microsemiótica propuesta, elemento significativo en el que las marcas semánticas “cerrazón” y “apertura” se oponen fuertemente entre sí dentro del largo periodo que comprende el inicio de la dictadura hasta la actualidad.

Otro hecho altamente representativo que abona a la visibilización referida, es el reconocimiento formal del inmueble como ex CCDTE; nos referimos a una resemantización extra. Con la finalidad de “ocultar” el recinto o, en todo caso, causar confusión entre la población chilena, el gobierno dictatorial decidió quitar el número 38 y, en su lugar, colocar el 40. Al momento de la recuperación del inmueble, se expusieron ambos números.

Se trata de devolver la identidad de la que alguna vez fue despojada la casa, sin borrar el intento de ocultamiento. Para esto se instalará sobre el número 40 una placa acrílica transparente inscrita con el número 38 y con una explicación al respecto. Se propone que el restablecimiento del número original -medida acordada por el Consejo de Monumentos-, no implique la supresión del número 40.

El proyecto conmemorativo que se propone contempla mantener en la fachada ambos números como una forma de poner en evidencia el ocultamiento que se pretendió perpetuar (^{Colectivo Londres 38, 2005}).

La función histórica depende de tres factores para su concreción: la labor testimonial de las personas involucradas directa y/o indirectamente (sobrevivientes y familiares de éstos y de los desaparecidos), la participación de organizaciones sociales no gubernamentales y de varios sectores sociales en la búsqueda de la verdad y de la justicia. En adición, no es para menos la ubicación y el reconocimiento de Londres 30 como instrumento del terror oficial de la dictadura. De esta manera, lo anterior incide en la segunda función de Londres 38, espacio de memorias, a saber: la función visibilizadora.

El pasado no está formado por una visión única ni autoritaria. La denuncia y la discusión, junto con la lucha social, abren cauces legales para el análisis de los hechos y el señalamiento de los responsables (intelectuales y/o materiales) del terrorismo oficial. En gran medida, la lucha se concentra en el reconocimiento de los derechos humanos violentados, por su preponderancia y reivindicación en todo momento. La función visibilizadora es, entonces, la apropiación y democratización del discurso no oficial con el objetivo de denunciar, reconocer y señalar hechos traumatizantes e instrumentos que favorecieron la instauración, la continuación del terror y la despolitización durante el régimen pinochetista y sus secuelas al momento presente.

Por otro lado, la creación constante del discurso no oficial reconstruye, demanda y recobra elementos identitarios de los detenidos y desaparecidos cuyo ser, como dijimos, se limitó al mínimo (fases de cosificación) o trató de eliminarse (fase de nulificación), según sea el caso. La narración de un pasado traumatizante, exhibición de objetos de las víctimas (fotografías, efectos personales, etcétera) y la lucha por la verdad son elementos fundamentales para fortalecer una identidad y una vida que subsistieron fuera de toda condición humana posible. El tomar el uso de la palabra, hacerla común, con el fin de exigir los derechos de los que, en algún tiempo, se careció totalmente, “ofrece una saludable contribución a la tensa y frágil situación actual de la ‘política del reconocimiento’” (^{Bhabha, 2013, p. 24}).

No es casualidad que varios CCDTE, incluido Londres 38, espacio de memorias, exhiba en sus paredes retratos de los desaparecidos. El retrato es una de las herramientas iniciales para empezar con la reconstrucción de la identidad de las víctimas desaparecidas (^{Morales, 2017}). La función identitaria reside entonces en restituir y reconstruir la identidad individual y colectiva de las víctimas de la violencia oficial mediante diversos instrumentos (discursivos y no-discursivos, subjetivos y objetivos).

A las afueras del inmueble:

En la vereda frente a Londres 38 se dispusieron 94 placas de fierro fundido grabadas con los nombres de las personas ejecutadas o detenidas y desaparecidas que pasaron por dicho inmueble, incluyendo la edad y militancia en los casos en que esto último se conoce.

La colonización del espacio público […] se verifica en el pavimento de la calle Londres, desde Alameda hasta el inmueble, y desde éste hasta la calle París, a través de la inserción de placas de mármol blanco y placas de granito negro, en medio del adoquinado de la calle.

Esta intervención hace alusión a las baldosas blancas y negras […] y, al mismo tiempo, fuerza a la detención y fijación de la vista hacia el suelo, gesto obligado del detenido a causa de la venda puesta sobre sus ojos. (Colectivo Londres 38, 2005; las cursivas son textuales)

La denuncia que se logra con esas placas visibiliza, en consecuencia, una identidad que trató de negarse.

Ahora bien, en cuanto a la inconveniencia de tratar a sobrevivientes y desaparecidos como víctimas, el Colectivo Londres 38

[…] postula un autorreconocimiento que va más allá de aceptarse como víctima: se trata de definirse como sobrevivientes y denunciantes, lo que tiene una trascendencia política militante. Esto porque Londres 38 reconoce a quienes fueron desaparecidos como luchadores sociales, portadores de un proyecto político transformador, distanciado del concepto común de víctima. Este colectivo se define como un aporte al conocimiento y a la visibilización de la historia sociopolítica de los movimientos de izquierda y sus proyectos transformadores que el terrorismo de Estado truncó, pero que superviven en las y los luchadores sociales del presente y en quienes han actuado por recuperar Londres 38 como un espacio de memorias, denunciando y señalando su uso como recinto de detención y tortura, desde el periodo de la dictadura hasta la actualidad. Se suma a ello la posibilidad política de poner en discusión modelos transformadores de sociedad hoy. (^{Ochoa, 2017, p. 36}; las cursivas son textuales)

En resumen, la lucha por la recuperación del lugar y el posterior proceso complejo de resignificación (resemantización), íntimamente ligados a las anteriores tres funciones, desvelan y complementan la función política: el monumento histórico Londres 38, espacio de memorias, como una herramienta contrahegemónica.

Lauro Zavala propone una terna de modelos de análisis para acercarse a determinados fenómenos significativos. Los museos son parte de ese trabajo. Los tres esquemas pueden, en algún momento, establecer relaciones entre sí.

En la postura “clásica”, un museo tiene una función eje que se centra en una labor educativa para “conservar los valores representados por un determinado patrimonio material […] que produce el sentimiento de lo ritual” (^{Zavala, 2014, pp. 64-65}). El visitante es parte de una estadística, ya que importa más el valor autoritario de verdad inmanente al patrimonio expuesto. Por otro lado, Zavala, con base en Bordieu, señala que los objetos sufren una “violencia simbólica […] al ser expuestos fuera de su ámbito original, y ser parte de un discurso específico que se apropia de ellos para sus fines” (^{Zavala, 2014, p. 65}).

La segunda propuesta, la “moderna”, se distingue por una función lúdica. En este caso, el visitante es un factor importante, mas se corre un riesgo: “el carácter lúdico de la experiencia no garantiza que los valores representados por los acervos o los módulos interactivos sean reconocidos por el visitante como resultado de su experiencia de visita” (^{Zavala, 2014, p. 67}).

Finalmente, dentro de una visión posmoderna, existe un equilibrio entre los dos anteriores marcos, así, “la experiencia de visita consiste en la integración de elementos rituales y lúdicos, de acuerdo con el capital cultural, las expectativas, las competencias de lectura y el contexto de cada visita” (^{Zavala, 2014, p. 67}). Esta última concepción del museo se orienta hacia la industria turística.

En cuanto a Londres 38, espacio de memorias, debemos puntualizar lo siguiente:

Por lo anterior, podemos decir que Londres 38, espacio de memorias, aunque toma algo de los tres modelos de Zavala, no se ajusta exactamente a alguno de ellos. Hay dos explicaciones fundamentales extra a las anteriores cinco: 1) la orientación política que cubre al espacio, a su patrimonio y a todos sus actores humanos, y 2) Londres 38 es un espacio de memorias, no un museo: un espacio de memorias es una edificación que se recupera para el ejercicio de la memoria de hechos traumatizantes que sucedieron ahí.

Con base en las tres funciones y las diferencias precedentes, la función política de Londres 38, espacio de memorias, es el uso comunicativo-significativo-pragmático de dicho elemento cultural inserto dentro de la sociedad chilena, dominada por el cúmulo de relaciones provenientes de diferentes fases del poder gubernamental desde el inicio de la dictadura hasta el presente.

Conclusiones

La textualización hecha al recinto Londres 38 nos ha permitido pasar por al menos dos de sus principales resemantizaciones o deconstrucciones. La primera concierne al periodo de la dictadura pinochetista, en la que el régimen militar supo aprovechar eficientemente el espacio del edificio, primer CCDTE en la nación chilena, para ejercer tanto una geopolítica terrorista y defensiva como una biopolítica particulares. Ambos criterios tuvieron como metas materializar una férrea disciplina en la sociedad mediante la despolitización general, la represión y, en varios de los individuos disidentes, el sacrificio corporal, en su integridad o su desaparición física.

Lo cruento de la desaparición no se puede comparar con una cosificación (reducción del ser), pues la desaparición del ser humano, el intentar eliminar toda evidencia de su vida, buscó acabar con el mínimo rastro de existencia de esa persona y, de paso, en materia legal, el sistema militar imperante pudo hacerse de una protección ad hoc: sin esa evidencia no hay delito que perseguir. Notemos que la resemantización referida también abarca el ambiente humano: el ser del ser humano pasa a la nada. Esto constituiría la primera parte de la microsemiótica propuesta que revisamos: la “cerrazón”.

El otro polo de la resemantización, el ejercicio de la función histórica, en principio basada en la política de la memoria y la denotación, salida de la microsemiótica, “apertura”, ha rescatado múltiples relatos testimoniales de Londres 38, espacio de memorias -como en muchos otros sitios dentro del resto del continente-. Los esfuerzos que hace ese recinto por mantener viva aquella función han incidido en consolidar, paulatinamente, los espacios públicos, el derecho al diálogo, la creación de relatos contrahegemónicos, el derecho a ser, la participación ciudadana, la visión crítica social, la lucha por los derechos humanos, el señalamiento de culpables, etcétera.

Así, el uso del inmueble se concentra en entenderlo como un instrumento desde el cual es posible: a) reproducir y transcribir prácticas de contrapoder, discursivas y/o no-discursivas, que se refieren a la creación, conservación y reproducción de la política de la memoria; b) la visibilización de hechos traumatizantes desde la dictadura chilena hasta el presente, y c) la reivindicación y recuperación de la identidad de, principalmente, los desaparecidos y sobrevivientes que pasaron por ese espacio.

La función política que circunda a los sujetos de desaparición forzada y a los exCCDTE abre también la posibilidad de un derecho a ser: a desarrollar un proyecto propio de vida, de un individuo o de una colectividad, sin que se vea interrumpido o limitado por intereses y/o prácticas de poder ajenas e ilegítimas a las formas de sobrevivencia de tales individuo y colectividad indicadas (^{Morales, 2017}).

Los lineamientos sociosemióticos aplicados nos han abierto nuevas rutas de análisis de elementos culturales como los CCDTE, y similares, para entenderlos como “receptores” y “conservadores” de diversas funciones que confluyen en un determinado uso, comunicativo-significativo-pragmático (función política), no ajeno a los momentos que abordamos en dicho elemento.