Artículos

 

Nuevos alcances de la participación ciudadana a través de las redes sociales

 

Jorge Francisco Aguirre Sala

 

Universidad de Monterrey.

 

Fecha de recepción: 8 de octubre de 2012
Fecha de aceptación: 14 de mayo de 2013

 

Resumen

La democracia representativa padece una crisis de legitimidad porque faltan espacios deliberativos y decisorios eficientes donde puedan participar los ciudadanos. Ante esto, los nuevos medios de comunicación de la tecnología de información y comunicación (TIC) (blogs, Twitter, Facebook, Web 2.0 y 3.0) presentan la oportunidad de superar algunos límites comunicativos y políticos y con ello auxiliar a la democracia. El objetivo de esta investigación explora esas posibilidades al indagar ¿qué límites de la participación ciudadana pueden rebasarse con las redes sociales cibernéticas?, ¿cuáles son las plataformas o redes sociales cibernéticas correlativamente apropiadas para los distintos objetivos y procedimientos de la participación ciudadana? Las respuestas se buscan con un análisis teórico conceptual de la participación ciudadana y de la distinción entre gobernabilidad y gobernanza; también con una descripción operativa práctica sobre la evolución de los medios comunicativos de cara al quehacer político. Como resultado se obtiene la diferenciación y evaluación de las redes sociales cibernéticas en función de los diversos espacios públicos. Finalmente, se discute y concluye el impacto que pudieran tener las redes sociales cibernéticas y sus derechos o formas de participación política.

Palabras clave: límites participativos, redes sociales cibernéticas, gobernanza, web 2.0 y 3.0.

 

Abstract

Representative democracy suffers a legitimacy crisis because there are not enough deliberative spaces where citizens can participate. Given this, the new media of Information and Communication (TIC) (blogs, Twitter, Facebook, Web 2.0 and 3.0) present the opportunity to excel certain communicative and politic limits and with this aid democracy. The objective of this investigation explores the opportunities by investigating: which limits of citizen participation can be exceeded with social networks? Which are the platforms or social networks appropriate for the different objectives and procedures of citizen participation? The answers are approached with a conceptual theoretical analysis of citizen participation and the meaning of governance, and also with a practical operative description about the evolution of communicative means facing the public agenda. As a result the differentiation and evaluation of social networking sites working on different public spaces. Finally, the impact that social networks have and it's rights and forms of political participation is discussed.

Keywords: limits participatory, social networking sites, governance, Web 2.0 and 3.0.

 

Introducción

El poder político de las redes sociales virtuales, que mejor deberían llamarse cibernéticas por las razones indicadas un poco más adelante, evoca algunos acontecimientos populares en internet: la movilización por teléfono celular del español "11-M" y la del Facebook del Movimiento de los Indignados, la influencia del Twitter en la "primavera árabe" y el servicio de la Web 2.0 en el movimiento #Yosoy132 de México. También existen acciones subversivas, bloqueos y sabotajes de hackers, de Anonymous y Wikileaks, que han invadido y dañado a consorcios comerciales, corporaciones financieras y gobiernos. Pero estas acciones sólo son protestas cuyo destino es devenir en un mayor o menor y efímero activismo. De hecho, estas actividades son clasificadas como "activismo on line" (Christakis y Fowler, 2010:215) y no tienen mayor alcance que las convocatorias de peticiones, los boicots y las marchas, la ocupación de oficinas, plazas o fábricas, los exhortos a huelgas y paros, u otras formas parecidas a la desobediencia civil que no mejoran las condiciones sociales.

En contraste, la deliberación e influencia en las políticas públicas a través de la participación ciudadana para definir acciones gubernamentales con base en planes, programas y presupuestos tiene mayores posibilidades de transformar las condiciones sociales al mejorar la democracia. No obstante, los espacios públicos para ello estaban condicionados por los medios comunicativos tradicionales (cine, radio, periódicos y televisión) porque generalmente reducían a los electores a meros receptores de las decisiones gubernamentales. Ello implicó una serie de limitaciones políticas y comunicativas a la participación ciudadana que, como lo considera la tesis central de esta investigación, hoy se busca superar con las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) (blogs, Twitter, Facebook, Web 2.0 y 3.0) estableciendo redes sociales.

Contemporáneamente, fuera de los usos académicos o especializados, el término "redes sociales" se utiliza para denominar a las redes de tipo electrónico, conocidas también como "tecnologías de información y comunicación", "new media" o "redes sociales virtuales". Ha de preferirse la denominación de "redes sociales cibernéticas" por las razones que apunta Aguirre:

Este término [cibernética], que se puso de moda apenas un par de décadas, proviene del griego kibernetiké; significa el arte de gobernar una nave, y de kibernetikós; el nombre para denominar los timoneles de los barcos hace 2,500 años. En Francia, alrededor de 1830, el término cibernétique fue utilizado para nombrar "el arte de gobernar". Por ello el "browser" es el navegador, o el "logbook" es la bitácora de navegación. De ahí la denominación de "weblog" y finalmente la abreviación de "blog". Por ello mismo, a los viajeros del Internet se les llama "surfeadores" (en referencia al surfing) o internautas. Pues bien, deberíamos regresar a los new media su sentido etimológico original y convertirlos en los instrumentos del arte de gobernar (Aguirre, 2011:17).

Ante las nuevas TICs o redes sociales cibernéticas que pueden convertirse en instrumentos del arte de gobernar, el objetivo de esta investigación aborda las siguientes cuestiones generales: ¿qué límites de la participación pueden rebasarse?, ¿todas las plataformas de las TICs pueden considerarse igualmente redes sociales cibernéticas aptas para la participación ciudadana?, ¿cuáles son las plataformas o redes sociales cibernéticas correlativamente apropiadas para los distintos objetivos de la participación ciudadana? Se buscarán las respuestas con un análisis teórico conceptual de la participación ciudadana y de la distinción entre gobernabilidad y gobernanza, y también con una descripción operativa de la evolución de los medios comunicativos de cara al quehacer político. Como resultado se obtiene la diferenciación y evaluación de las redes sociales cibernéticas en función de los diversos espacios públicos. Finalmente, se concluye y discute sobre la causalidad que pudieran tener las redes sociales cibernéticas, en función de sus prácticas, sobre nuevos derechos o formas de participación políticas.

 

Déficit de la democracia representativa

Los Estados democráticos de derecho, con los avances de la tecnología, han padecido en las últimas décadas el paso de la economía de recursos a la economía del conocimiento y el tránsito de una economía de Estado a una economía de mercado. Estas nuevas circunstancias agravan el diagnóstico de la representatividad democrática compilado por Manin (1997) en cuatro problemas fundamentales: a) la forma de elegir a los representantes y las características personales que marcan su preferibilidad, b) el grado de autonomía otorgado a los representantes, c) las funciones e influencias de la opinión pública y d) el espacio de la deliberación política.

En efecto, todas estas deficiencias están presentes en las democracias representativas y las tres últimas son más graves cuando se dan en las democracias participativas. Las primeras dificultades que presentan los mecanismos de representatividad y los criterios de elección resultarían secundarias si la organización de un gobierno democrático fuera más participativa que representativa, pues los métodos para elegir representantes y sus perfiles tendrían menor importancia si se definieran las políticas públicas en función de los acuerdos o consensos alcanzados en espacios deliberativos. Pero las políticas públicas no son generadas desde estos espacios porque la mayoría de los electores limitan su participación al voto y en las elecciones centran sus preferencias en candidatos y no en partidos, y si llegaran a centrar su atención en partidos, se corre el riesgo de no hacerlo en programas de gobierno.

La dificultad acerca de la autonomía de los representantes consiste en la asimetría de poder, de información privilegiada y de potencial de decisión entre gobernados y gobernantes. La aparente incompatibilidad entre la soberanía del ciudadano y la obediencia a las normas es conflictiva porque los electores y los representantes del gobierno buscan sujetarse mutuamente. Los gobernantes deben organizar políticamente a la sociedad para la sobrevivencia y desarrollo de la misma; para ello han de mantener el orden y emitir y hacer cumplir las leyes. Los votantes, habiendo elegido a sus representantes, reciben de ellos la coerción para cumplir sus órdenes. Paradójicamente, los representantes podrían imponer disposiciones sin justificar y normas que restringen a los ciudadanos alegando "razones de Estado". El ejemplo más cínico de esta situación se encuentra en el lema del Despotismo Ilustrado del siglo dieciocho: "Todo para el pueblo pero sin el pueblo", frase que alcanzó un lugar común literario en el ambiente europeo de la época y que fue atribuida a Federico II de Prusia.

Por otra parte, una vez establecidas las leyes, todos han de atenerse a ellas: incluso los gobernantes. Además, los políticos enfrentan el potencial del electorado que puede reemplazarlos en las siguientes elecciones. Así las autoridades también quedan sujetas tanto por las leyes como por las expectativas y exigencias de sus futuros electores.

Ante el cambio hacia la economía del conocimiento y del mercado, la deficiencia representativa se agranda, porque de por sí se ha considerado que "los ciudadanos no están capacitados para indicar qué debe hacer el gobierno" (Przeworski, 1998:8), "los partidos de gobierno han expropiado a los electores su influencia política" (Pasquino, 1994:25), "el elector común no tiene capacidad para discernir sobre los temas públicos de manera autónoma y racional y tampoco pueden obtener soluciones claras para los problemas" (Schumpeter, 1976:262). Lo anterior ha llevado a un proceso de oligarquización y burocratización de los partidos políticos y los gobernantes (Michels, 2008). No todo ha sido causado por la economía del conocimiento y del mercado, pero es cierto que "el patrimonialismo y la tecnocracia han asfixiado a la sociedad civil en los escenarios de la especialización y la complejidad de la vida política" (Hernández, 2006:68). Consecuentemente, se generan los privilegios de partidos o élites que se justifican por supuestos mandatos de mayorías auscultadas con métodos sospechosos, a lo cual habrá de sumarse la falta de rendición de cuentas y los actos de corrupción.

El déficit democrático exige mayor dinamismo y flexibilidad en la transferencia de la información significativa, la consulta, el diálogo, las encuestas y, finalmente, la co-legislación y co-decisión que implica el reparto de poder entre los representantes electos y sus respectivos electores. Esto crea la necesidad de una participación ciudadana no reducida a la reacción electoral como evaluación de sus gobernantes, sino elevada en la anticipación de la definición de las políticas públicas.

El ideal de la participación ciudadana debería resolver los problemas de comunicación, organización y legitimidad de la representatividad de los gobernantes sobre los gobernados. Sin embargo, el "ciudadano de a pie" (en la expresión de Ortega y Gasset hecha ya popular) no es participativo porque, en opinión de Haldenwag, los ciudadanos observan al gobierno con muchas deficiencias:

para la administración pública los ciudadanos y las empresas no son clientes, sino más bien solicitantes; los procesos [de la administración pública] son complicados y lentos; la provisión de bienes públicos fundamentales es insuficiente; el exceso de jerarquización y centralización provoca pérdidas de eficiencia y de eficacia; las administraciones locales no tienen autoridad o competencia para ocuparse de los asuntos más importantes; los gobiernos carecen de un conjunto común de normas y procedimientos; los presupuestos no son transparentes, por lo que los ciudadanos no saben en qué se gastan sus impuestos y contribuciones; la carrera funcionaria depende del apoyo político y no de la aptitud personal; es necesario acudir a sobornos y favores al margen de la legalidad (Haldenwag, 2005:48).

Con dicho cúmulo de faltas, la ciudadanía queda desesperanzada de cualquier poder que pudiese tener para realmente influir sobre el Estado. Ello explica que circunscriba su participación a concurrir a las votaciones.

 

Déficit de la participación ciudadana

En términos generales, se consideran equivalentes las actividades de la participación ciudadana y la participación política. Sin embargo, cabe precisar algunas distinciones importantes para comprender mejor el déficit participativo. Cunill (1997) distingue cuatro tipos de participaciones: social, comunitaria, política y ciudadana. La participación política la efectúan los ciudadanos mediante instituciones formales y con instrumentos reconocidos en el sistema político. Por ejemplo, constituir partidos con registro, ejercer el voto, formar parte de comisiones o cabildos, ejercer funciones públicas, entre otros. De esta manera, la participación política constituye una acción regulada en o con el Estado. En contraste, la participación ciudadana busca la interacción con el Estado en el espacio público para influir sobre él y definir las políticas públicas y, en el mejor de los casos, el reconocimiento de nuevos derechos. En este sentido, la participación política ejerce la democracia, mientras la participación ciudadana la genera y la amplía. La primera es una participación acotada en la medida en que se encuentra institucionalizada; la segunda no está acotada.

En ocasiones los teóricos (Ziccardi, 1998) denominan a la participación política, precisamente porque está acotada en los límites del Estado, como "participación ciudadana institucionalizada". Ello obliga a diferenciarla de la participación que está más allá de lo jurídicamente establecido y da pauta para generar acciones inéditas o ampliar nuevas esferas de las acciones políticas. Esta otra participación es llamada "participación ciudadana autónoma" y, precisamente por su soberanía, posee la capacidad de influir en el Estado y transformarlo más allá de lo que éste inicialmente permite o prevé.

Dada la distinción anterior, se puede establecer a su vez el déficit de la participación en dos categorías: "las limitaciones intra-régimen y las extrarégimen" (Villarreal, 2009:44). Las insuficiencias intra-régimen se presentan, precisamente por hallarse al interior del régimen, condicionadas por el marco legal y por los mecanismos o instrumentos participativos del Estado. Las carencias extra-régimen son causadas por la falta de civismo, de solidaridad y de educación politizada.

Entre las carencias dentro del régimen pueden contarse las elecciones cuestionadas cuando no tienen certeza, imparcialidad y equidad. Si bien podrían caber como legales, no por ello han de percibirse legítimas. Por otra parte, la participación política puede limitar la democracia cuando los funcionarios públicos ejercen su poder autoritariamente o discrecionalmente, con la consecuente ausencia de transparencia y rendición de cuentas. Además, el sistema político con la división tripartita de poderes, con el propósito de que éstos funcionen como contrapesos, puede ser fallido en la medida en que se impongan el presidencialismo o el parlamentarismo. O puede ser discutible cuando el Congreso está sujeto a las determinantes de los partidos mayoritarios. El Poder Judicial, por su parte, puede ser deficitario al estar determinado por alguno de los otros dos poderes o por el sesgo ideológico con que ejerza la impartición de justicia, amén de la lentitud y la inequidad.

Todo lo anterior no sería tan grave si no se padeciera la ausencia de algunos reglamentos específicos y procedimientos para garantizar el ejercicio de derechos, para obtener el reconocimiento a participar en la toma de decisiones públicas desde las consultas y deliberaciones de raigambre ciudadana. Más grave aún es la carencia de los instrumentos jurídicos de participación y de los medios efectivos para ejecutarlos, porque cuando la ciudadanía no tiene más salidas que las movilizaciones y protestas, éstas son criminalizadas por el Estado.

En lo que concierne a la participación ciudadana fuera del régimen del Estado, muchas de las limitaciones pueden concebirse debido a la actitud del "ciudadano privado" descrita por Ackerman:

[nada ocupará] al privatista perfecto, quien exige el derecho absoluto de pasar por alto la política cada vez que encuentra algo mejor que hacer ['los problemas son tareas del gobierno']... [además] ¿Cómo puede hacer notar sus preocupaciones de ciudadano privado sin lanzarse al obsesivo compromiso característico del ciudadano perfectamente público? ... [para los ciudadanos privados] la vida política no es más que una de muchas diversiones en su continua búsqueda de la felicidad (1999:205-208).

La descripción de Ackerman, al ironizar la indiferencia y apatía del "ciudadano privado", es un factor para comprender por qué existen las limitaciones de participación ciudadana fuera del régimen. Entre ellas se cuenta la enorme desconfianza hacia las instituciones y las leyes, pues la economía de mercado ha logrado que las personas confíen más en su poder financiero individual que en su condición política en un Estado de derecho democrático. García Canclini (1995) insinuó esta idea desde hace tiempo cuando parecía sugerir que las personas se sienten más poderosas como consumidores que como ciudadanos.

La lógica de la economía del mercado también provoca la falta de solidaridad, pues ésta resulta un gasto inútil a menos que pueda convertirse en una transacción de ganancias en el mediano y largo plazos. De esta actitud deriva la intransigencia hacia las diferencias del mosaico multicultural y la apatía para involucrarse en asociaciones altruistas. La indiferencia hacia los demás acarrea la discriminación entre religiones, razas, géneros e ideologías políticas diversas. En un escenario así no puede prosperar la participación ciudadana para abordar y cooperar en las soluciones de los problemas colectivos.

La economía del conocimiento y del mercado, amén de sus bondades, genera prácticas autoritarias en las empresas, situación que permea en las escuelas y familias y generaliza ausencias comunicativas, deliberativas y la indolencia del "ciudadano privado" frente a los problemas sociales. Si a estas circunstancias se les añade la apropiación de los espacios públicos comunicativos por grupos de interés y la ausencia de medios independientes, plurales y abiertos, entonces se observará un resultado participativo pobre, por no decir nulo o ineficiente.

 

Necesidad de transitar de la gobernabilidad a la gobernanza

Los déficits participativos interiores y exteriores al régimen de Estado son más obvios en la democracia representativa porque los medios masivos de comunicación (cine, radio, periódicos, televisión) se daban a la tarea de generar la opinión pública y conseguían convertirse en el coto de las discusiones políticas. Ellos ofrecen un sinfín de información a los electores; de esa manera les hacen creer que poseen democracia y que deben buscar esa información.

No obstante, una mínima evolución de los medios masivos de comunicación fue descrita por Habermas cuando pasaron de ser "prensa de noticias a prensa de opinión" (1997:209). Dicha evolución no ha sido suficiente para referir la colonización de la esfera pública en la vida privada. Es decir, los medios masivos tradicionales no se comportan como prensa de propuesta, revisión, discusión y participación de los asuntos ciudadanos.

Sin lugar a dudas, los medios masivos de comunicación tradicionales han intervenido en la interdependencia de la esfera privada y la pública, pero sus alcances no son comparables al potencial que poseen las redes sociales cibernéticas. En un vasto y denso ensayo, Habermas (1998) abordó los vínculos entre ambas esferas tratando de generar la acción comunicativa y con ella los derechos que dieran legitimidad a las decisiones políticas. Sin embargo, reconoce que "...en el espacio de la opinión pública, por lo menos en el espacio de una opinión pública liberal, los actores sólo pueden ejercer influencia, pero no poder político" (1998:452). Y ello, precisamente, en razón de que la opinión pública ha de pasar por un proceso de institucionalización; es decir, ha de devenir en participación política, como ya se ha dicho.

Y si bien es necesario el paso hacia la institucionalización, debe repararse en dos aspectos. En primer lugar, la participación ciudadana tiene poca eficacia cuando está aislada de los medios comunicativos y por tanto de la esfera pública. Habermas consideró que "las iniciativas ciudadanas y los foros ciudadanos, las asociaciones políticas y otro tipo de asociaciones... son demasiado débiles como para provocar a corto plazo procesos de aprendizaje en el sistema político o para reorientar los procesos de toma de decisiones" (1998:454). Es decir, efectivamente, los medios poseen un precario poder político.

A pesar de ello hay un segundo aspecto: los medios tradicionales de comunicación poseen un alto impacto de influencia. Habermas reconoce que "los espacios públicos [aparecen] dominados por los medios de comunicación" (1998:454). Nótese que el dominio de los medios es sobre el espacio público –el espacio propio de la influencia y la participación– pero no sobre la esfera propiamente política, la gubernamental, donde se toman las decisiones sobre las políticas públicas. Así, los medios de comunicación tradicionales pueden dominar los espacios públicos y marcar tendencias que serán registradas en los estudios de mercado y de opinión, que a su vez considerarán los partidos y los gobernantes, pero no por ello alcanzan a modificar directamente las instancias del poder decisorio. Esta distancia entre la influencia y la modificación del Estado es tan real que Habermas mismo tiene necesidad de ahondar en las tareas que los medios de comunicación tradicionales deberían cumplir en los espacios políticos en términos de Estado de derecho. Para ello sigue la síntesis realizada por Gurevitch y Blumler que puede consultarse en la publicación Democracy and the Mass Media, editada en Cambridge en 1990. De particular interés resulta la sexta estipulación: los medios de comunicación deberían poseer "incentivos que empujen a los ciudadanos a aprender, a escoger, a implicarse y no a limitarse simplemente a seguir y a mironear (sic) el proceso político" (Habermas, 1998:459).

Se presenta, entonces, una influencia mutua entre las esferas privadas y públicas, pero parece que el balance final resulta a favor de la dimensión pública sobre cualquier otra dimensión. Resultado que ha de revertirse para conseguir mayor reciprocidad entre ambas esferas y que las acciones políticas de los funcionarios públicos se realicen sólo con miras al interés público al garantizar la inclusión de los electores en la toma de decisiones. Por tanto, es necesaria una condición más simétrica entre la gobernabilidad y la gobernanza.

La gobernabilidad debe ser legítima, amén de presentar decisiones procedimentales que le otorgarán legalidad a sus decisiones. Pero ante los déficits políticos y representativos dicha legitimidad requiere proceder de las fuentes de la gobernanza. La noción de gobernanza es polisémica porque alude a un nuevo estilo de gobierno que deja atrás el control jerárquico y las condicionantes del mercado; se caracteriza por una mayor interacción y cooperación entre el Estado y los actores no estatales. Éstos están organizados en redes sociales que fluctúan entre lo público y lo privado y al cooperar con el Estado impiden que éste sea la instancia única de gobierno para tomar decisiones y ejercer las disposiciones de éstas. En consecuencia, la gobernanza no sigue las escalas gubernamentales o sociales, sino la interacción de redes autónomas que hacen referencia a estructuras y procesos de información, enlace y decisión.

Ahora bien, la gobernanza no sólo tiene efectos o funciones de legitimación, sino que permite el tránsito de la gobernabilidad al autogobierno en la medida en que no inhibe la formación de redes políticas y promueve su intervención. Por ende, cambia el equilibrio entre el Estado y la ciudadanía, requiriendo y promoviendo en ésta mayor participación. Debe advertirse que las redes que promueve la gobernanza son cibernéticas en tanto se recupera el arte de gobernar, pero no necesariamente son aquellas que hacen uso de las TICs, aunque éstas le resultarán muy útiles.

Las redes sociales que gestiona la gobernanza, en opinión de Natera, requieren tres disposiciones para evitar el monopolio de las decisiones: "a) su ordenación elemental, mediante el incremento del número y diversidad... b) la distribución del poder en su interior... y c) el espacio de las percepciones" (2005:774). Para conseguir estas características es deseable que devengan redes sociales cibernéticas, pues las Web 2.0 y 3.0 poseen los instrumentos necesarios para estructurar estas estrategias.

En consecuencia, la gobernanza posee mayor capital social y capacidad de participación ciudadana que la mera gobernabilidad y equilibra el acceso al poder. Con ello busca nivelar a favor de la esfera privada el balance que asimétricamente poseen las dimensiones pública y política que los medios tradicionales de comunicación cooptaron junto con la oligarquía de partidos de la democracia representativa.

En una tabla comparativa donde se diagnostique la calidad de la democracia en razón de la participación ciudadana puede observarse la radicalización de la gobernabilidad y la necesidad de su evolución hacia la gobernanza:

Tabla I

Debe evitarse la contradicción entre presentar como deseable la institucionalización de la participación ciudadana para darle garantías jurídicas, estabilidad política y permanencia legal (como se ha dicho arriba) y la crítica de la institucionalización estatal intermediaria o mediatizadora entre gobernantes y ciudadanos. Esta última más bien es la autoritaria burocratización estatal que anquilosa y decepciona a los ciudadanos de participar. Cuando un ciudadano no tiene capacidad de cambiar las disposiciones del gobierno y se queda anclado en los dictados del Estado, lo que existe entonces es "un culto a los antepasados, no una democracia", opina acertadamente Ackerman (1999:210), en el contexto de los caudillos que establecieron la ley o las Constituciones políticas.

La participación ciudadana combate la ineficiencia de representatividad, da legitimidad a las decisiones políticas, renueva la confianza de los ciudadanos, los responsabiliza de las decisiones, diversifica el saber a partir del cual se efectúan las deliberaciones con la intervención de expertos, ciudadanos comunes, políticos, representantes de grupos de poder y los afectados, y estimula la democracia y la ciudadanía activa elevando muchos asuntos privados o locales a la escala pública. Por su parte, las redes sociales cibernéticas deben rebasar los límites que la participación enfrenta y organizarse a sí mismas en función de los objetivos políticos que promueven.

 

Nuevos alcances participativos de las redes sociales cibernéticas

Ante la ausencia institucional o ineficiencia de mecanismos legales para ejercer derechos ciudadanos legítimos (en particular, cuando se trata de evaluar y sancionar las políticas públicas y a los responsables de las mismas o de obligar a los representantes políticos a cumplir sus promesas de campaña), la participación ciudadana no debe limitarse a las fórmulas que le ofrece el sistema burocrático. Tampoco ha de restringirse a evaluar las políticas públicas o fiscalizar la actuación de los representantes otorgando o denegando las oportunidades de reelección. Debe ayudar a los representantes políticos a proponer una amplia e incluyente deliberación para compartir decisiones y responsabilidades.

La asimetría informativa entre representantes políticos y ciudadanos y la eventual o común manipulación de los medios masivos de comunicación tradicionales impide a la ciudadanía elevarse por encima de la tecnocracia para prestar dicha ayuda y descentralizar a la democracia. A pesar de lo anterior, hoy en día es irreversible la pujanza de más poder local, de la emergencia de instancias periféricas hacia los centros de atención y de la mayor efectividad participativa en las escalas municipales que en otras mayores.

Para superar muchas de las limitaciones de la participación ciudadana con el uso de las redes sociales cibernéticas, en primer lugar es pertinente aclarar que no toda plataforma de la tecnología de información y comunicación constituye una red social cibernética. En el contexto del debate sobre el poder movilizador de los blogs que sostuvieron Malcolm Gladwell (2010) y Henry Jenkins (2010), debe considerarse la conclusión de Jenkins: "son distintos los movimientos y las plataformas" (2010:s/p). Entre las plataformas electrónicas se encuentran el correo electrónico y los wikis (en especial Wikileaks y la Wikipedia), mientras las redes sociales cibernéticas están armadas por chats, foros, blogs, el Facebook, el Twitter, las cuentas de Youtube (de colaboración abierta), las cuentas de Mp3 y el P2P (Peer to peer, o red de pares, que se constituye sin clientes ni servidores); paralelamente a estos mecanismos se encuentran las redes comerciales como Flickr, Tuenti, Myspace, etcétera. Una red social cibernética ejemplar puede ser el caso de Ted.com, donde se originan foros regionales con expertos, ciudadanos y los representantes políticos de éstos; todos pueden opinar, compartir, elaborar la curación de diálogos, post, videos, etcétera, y cabe la posibilidad de someterlos a votación.

Se trate de una plataforma electrónica o de una red social cibernética, toda esta tecnología ha de enfocarse en diversos tipos de incidencia digital de la participación ciudadana. A diferencia de los medios tradicionales y la versión Web 1.0, los usuarios pueden ser a la vez receptores y emisores. No están sujetos a la economía del mercado o a la reelección política, pues proceden del software libre y si lo desean utilizan contenidos no comprometidos.

Las redes sociales cibernéticas prácticamente carecen de barreras de ingreso toda vez que se posee una conexión a la internet; se propagan en "tiempo real" y por tanto son libres de la censura; adolecen de compromisos clientelares porque cada usuario a la vez es un protagonista y un receptor. En los medios de comunicación tradicionales sólo los emisores son protagonistas: en la radio un solo sujeto habla y muchos escuchan; en la pantalla de televisión o del cine unas cuantas personas aparecen y muchas contemplan, y en los periódicos casi siempre escriben los mismos autores y la audiencia apenas tiene un espacio insignificante de "cartas al editor", que puede tener cualquier otra denominación. No sucede así en las Web 2.0 y 3.0, que se comportan con independencia de la cantidad de receptores y cada usuario incrementa exponencialmente su valor, tanto comercial como social y político, pues cualquiera que lo desee puede "subir" un twitter o video, un post o un texto enciclopédico wiki.

La interactividad de las redes sociales cibernéticas es un bien comunicativo, debido a que por sí misma mejora el contenido, el medio y al usuario. A diferencia de los medios tradicionales que sólo buscan la utilidad receptiva (aunque atiendan las encuestas de mercado y opinión, pues lo hacen para incrementar su aceptabilidad), las redes sociales cibernéticas enriquecen la ciudadanía con la inclusión de identidades diferenciadas. Es decir, mientras los primeros homogeneízan a sus audiencias, los segundos ponen en emergencia la diversidad minimizando cualquier centralización.

Aunado a lo anterior, las plataformas y las redes sociales cibernéticas generan y se apropian en la práctica de nuevos derechos al exigir educación electrónica, gestión gubernamental electrónica que incluya trámites de la administración pública, voto electrónico y diversos modos de participación ciudadana electrónica. Su intención no es inducir al usuario hacia la búsqueda de información haciéndole suponer que posee la democracia, sino que difunden ideas, le obsequian información y provocan la deliberación para construir la democracia.

En términos generales, puede recapitularse: las redes sociales cibernéticas auxilian a rebasar los límites de la participación ciudadana, superan la ausencia de instrumentos y dan eficiencia a diversos mecanismos institucionalizados, o por institucionalizar, en el campo de la participación política (mecanismos electorales, de rendición de cuentas, de transparencia, del presupuesto participativo o de la fiabilidad de los procesos plebiscitarios, de referéndum o revocación de mandato). Logran superar la asimetría informativa y comunicativa entre ciudadanos y representantes políticos o grupos de élite de poder (con la deliberación abierta e incluyente); además, consiguen derechos nuevos como efecto inmediato del uso de la internet (educación, gestión y administración gubernamental, y foros decisorios en la dimensión electrónica).

En términos particulares, las redes sociales cibernéticas gestan mayor participación al estimular el involucramiento y la responsabilidad ciudadana en la definición de las políticas públicas y su evaluación. Este aspecto puede ejemplificarse con la estrategia "twitteando a la nación" (Postill, 2012:s/p). En el caso de Twitter y los web-blogs, la ciudadanía se moviliza no sólo para participar de modo activista, sino también para deliberar, colaborar, proteger y difundir las propuestas políticas, que inicialmente se presentan desde minorías insignificantes y fragmentadas hasta obtener audiencias nacionales con un fuerte sentido de pertenencia y afinidad que causa el proyecto identitario de nación (no de Estado).

Al "twittear" o "bloguear" a la nación, los intereses participativos, aun dentro de la multiculturalidad, generan una fuerte afinidad. Obtener afinidad para agrupar minorías fragmentadas, para sumar masas indolentes y para movilizar audiencias hacia las acciones deliberativas es el primer paso emancipatorio de la opresión.

El siguiente paso del Twitter es "jugar el algoritmo". La estrategia tiene por objetivo capturar la atención de nuevas audiencias a través de la función "sigue tus intereses" y se lleva a cabo introduciendo cambios en la palabra clave del asunto que ocupará la atención ciudadana. Esa palabra clave (hashtag) debe ser "retwitteada" hasta convertirla en una tendencia. El propósito cibernético es que la frase sirva para encontrar, seguir, suscribir, organizar y enlistar contactos que entran a la deliberación del asunto ciudadano presentado por la palabra clave. Al elevar la discusión a la cima de las tendencias, la esfera local y privada obtiene el estatus de interés general.

El paso definitivo para consolidar un asunto privado en la agenda pública y política se intenta con la estrategia llamada "# recopilar los hechos". No es una labor exclusiva de Twitter; también existe en los grupos de Facebook, Amigos Delicious, Youtube, Second Life, foros web, grupos de listas, webblogs y en especial de la Web 2.0 y, se podría pronosticar, en el desarrollo que tendrá la Web 3.0. Cuando el asunto que moviliza la participación ciudadana logra constituirse en tendencia (trending topic), automáticamente aparece en la página de las principales plataformas. En ese momento la participación ciudadana eleva su estatus cibernético desde Twitter y web-blog al de las redes sociales cibernéticas.

Además, se cumplen las condiciones informativas y colaborativas para la deliberación ciudadana porque las palabras clave poseen un vínculo que permite al usuario encontrar el desarrollo histórico del tema en discusión. Esta función no es nimia por las razones que sustentan la correlación entre las redes sociales cibernéticas y las distintas actividades de la participación ciudadana.

Para el ciudadano que desea participar con independencia de la burocratización, mediación o criminalización estatal, una ganancia secundaria –al vincular su propósito o palabra clave en el ciberespacio– está en que la denuncia y la discusión no pueden ser controladas ni retiradas del uso público. De esta manera, a la expansión de accesibilidad por el software libre y la automultiplicación e interoperatividad de la Web 3.0 se añade la "ubicuidad virtual". Ante este hecho, la oligarquización arbitraria de los partidos políticos y de los poderes de facto no tiene oportunidad de contrarrestar ninguna oposición, sectores descontentos o propuestas contrarias a las decisiones unilaterales de gobierno.

Ello puede incentivar la participación ciudadana y diferenciarla del activismo, porque, a pesar del activismo on line, no es lo mismo acudir a un mitin que "subir un twitter": el primero ocurre en un tiempo efímero, pues el largo plazo implica desgaste y su circunstancia carece de cabal proyección informativa, con lo cual caerá en la indiferencia del resto de la audiencia nacional. En contraste, el segundo opera en un tiempo real que queda vinculado al historial digital deliberativo y, como se ha dicho, busca la estrategia "twittear a la nación y jugar el algoritmo" para evitar el desgaste. Al "twittear la nación" se refuerzan los alcances culturales y políticos de la nación y no precisamente del Estado. Así lo mostraron las infiltraciones de twitters y blogs que lograron burlar la censura del gobierno chino cuando el entonces prisionero Liu Xiaobo ganó el Premio Nobel de la Paz en 2010.

Llegados a este punto, puede verse la correlación específica entre las redes sociales cibernéticas y la participación ciudadana. La información y movilización corresponde a los web-blogs y twitters; la deliberación y protección, difusión y crecimiento de consensos es tarea del Facebook; la organización, colaboración y reproducción de la participación queda en encargo general de la Web 2.0 y la Web 3.0 federada.

Castells, en un ensayo vinculador del poder y los medios de comunicación, a pesar de vislumbrar la evolución de la web, presenta una sorprendente aporía: "parecería lógico concluir que el poder reside en las redes de comunicación... Esta conclusión puede ser lógica, pero es empíricamente errónea" (Castells, 2009:537). Las razones empíricas que expone hacen alusión al tradicional esquema del emisor, del medio y del receptor, alegando que el medio no es el mensaje. No es éste el lugar para iniciar un debate con Marshall McLuhan, quien acuñó e hizo famosa la tesis contraria, pero la provocación que causa Castells conduce a especificar los anidamientos del poder en la web.

Existe el poder de conectar en red, el poder en red y el poder para crear redes. El primero es definido por Castells de la siguiente manera: "consiste en la capacidad de dejar que un medio o un mensaje entren en la red mediante procedimientos de filtro de acceso" (2009:538). El poder en red, continúa el mismo autor, "es la forma del poder que ejercen determinados nodos sobre otros" (2009:538). Ante lo cual queda explícito que el poder de conectar en red puede generar u omitir filtros de nodos o filtros de mensajes, y por ello puede afirmarse que el medio no es el mensaje, pues el filtro de mensaje no filtra los nodos ni sus redes. El poder para crear redes, que puede originarse del poder de unos nodos sobre otros, según Castells, "es la capacidad de configurar y programar una red" (2009:539). Este último poder desborda el control que los propietarios, directivos o gobierno tienen sobre los medios de comunicación en red, porque se pueden detener los mensajes pero no los medios mismos. En consecuencia, Castells afirma: "...una vez en el ciberespacio, a la gente pueden ocurrírsele todo tipo de ideas, incluso la de desafiar el poder de las empresas, desmantelar la autoridad del gobierno" (2009:540). En realidad, no sucede que estas ideas ocurran al llegar al ciberespacio, sino por provenir de los déficits de representatividad y participación es que llegan al ciberespacio. De cualquier forma, el poder para crear redes lleva a un nuevo poder: el poder de conexión. Éste es, en las definiciones de Castells, "la capacidad para conectar dos o más redes diferentes mientras cada una sigue construyendo el poder en su ámbito respectivo" (2009:548).

Cabe ahora preguntar: ¿qué efectos tiene todo lo anterior para el "ciudadano de a pie" o para el "cibernauta común"? La respuesta es importante porque las redes sociales cibernéticas dotan al ciudadano de los instrumentos exponenciales para cambiar las relaciones de poder en la esfera de la comunicación y, por ende, en la esfera del poder político. La siguiente tabla distingue la potencialidad de participación ciudadana en la evolución de las TIC desde la Web 1.0 hasta la Web 3.0.

Tabla II

Para un elector poco familiarizado con los contenidos cibernéticos que evoca cada término técnico de la tabla anterior, pero preocupado por la aplicación en la participación ciudadana y la eficiencia de los alcances políticos, será de utilidad establecer una breve descripción de cada herramienta, como se presenta en la tabla III, y una comparación evaluativa de un caso experimental, que se muestra en la tabla IV.

Molinari (2010), en un congreso sobre "Democracia electrónica", compartió exitosamente los resultados de un proceso empírico que permite evaluar la eficacia y la correlación entre las redes sociales cibernéticas y los efectos políticos de la participación ciudadana, sobre todo en las últimas cuatro líneas de la tabla que aquí se traduce.

Ha de advertirse que los resultados no obedecen al uso de redes sociales cibernéticas en función de alguna administración estatal establecida, a lo cual se le conoce como "Gobierno electrónico" (E-gov); sino que se trata de un proceso de participación ciudadana en el sentido establecido en este ensayo, es decir, en la esfera de la "Democracia electrónica" (E-dem), precisamente para el ámbito de la definición de políticas públicas y su impacto en la transformación social de las últimas cuatro líneas.

Como puede observarse, de los seis instrumentos cibernéticos auscultados (foros web, consulta electrónica, peticiones electrónicas, encuestas electrónicas de referéndum, encuesta deliberativa y reunión electrónica de una ciudad virtual), los mejores alcances se dieron en los dos últimos. Este resultado coincide con las conclusiones de Östling (2011), cuyo proceso empírico se llevó a cabo en cuatro países europeos. Por tanto, se puede conjeturar que el poder de conexión y crecimiento exponencial de crear redes, hacia donde apunta la Web 3.0, al convertir su poder de conexión en la autoconectividad exponencial establecerá una red de redes o web federada.

Si bien el ciudadano no comprende técnicamente las entrañas de la Web 3.0 federada, la podrá aprovechar de muchas maneras; entre otras, con el apoyo automático que otorgan las acciones de otros ciudadanos. Esto es posible gracias a los hipervínculos. Los primeros se constituyeron en advertencias o comentarios y evaluaciones de servicios entre usuarios (se da sobre todo en las plataformas vinculadas a servicios donde pueden hallarse comentarios y calificaciones de pasajeros de líneas aéreas, huéspedes de hoteles, consumidores de servicios en el extranjero y, por supuesto, con la administración estatal del gobierno). Los hipervínculos producen la sensación de transparencia y credibilidad.

La autoconectividad actual es exponencial no sólo técnicamente; también lo es cívicamente. Si comprendemos la democracia participativa más allá de la participación administrativa ante el Estado y la participación política en el Estado, e incluimos las organizaciones no gubernamentales y las instituciones de asistencia privada, podemos testimoniar ese potencial enorme. Cabe ejemplificar con acciones de lucha contra el crimen, apoyo legal y psicológico a víctimas, enlace entre ciudadanos y autoridades a través del programa Tehuan (en náhuatl, "nosotros") que con telefonía móvil, Twitter, correo electrónico, SMS, Facebook y portal web lleva a cabo el Centro de Integración Ciudadana (www.cic.mx). Este sitio de red es prácticamente una web federada del orden Web 3.0, pues ofrece su plataforma tecnológica para la colaboración masiva; en ella los ciudadanos envían y reciben reportes de situaciones de riesgo por inseguridad criminal, fenómenos naturales, accidentes y todo tipo de emergencias. Es un hecho que los hipervínculos proporcionan evidencias, confianza y apoyo.

Resulta una perogrullada afirmar que las personas toman decisiones, y que entre las decisiones que adoptan están las decisiones políticas, con base en la confianza comunicativa con que obtienen la información que guiará sus elecciones. Los hipervínculos de la Web 3.0 federada tienen esa influencia (basta con observar las plataformas answers.yahoo.com y www.slideshare.net, o el caso de "obamización" en la elección del presidente Obama en los Estados Unidos), precisamente porque el ambiente deliberativo en la web es horizontal, simétrico y está al margen del mercado cuando se trata de construir una verdadera polis en el sentido más democrático del término. Srinivasan (2009) mostró la solidaridad política del capital social en la web con el simple "pulse el botón para donar aquí".

 

Discusiones y conclusión

Desde la distinción entre participación ciudadana y participación política, de que la primera se concibe con autonomía y la segunda institucionalizada en una legislación, caben dos precisiones. La participación ciudadana genera y amplía los derechos que se ejercen en la participación institucionalizada; por tanto, deviene en los casos concretos en participación política al institucionalizarse. En segundo término, por ende, si se volviese a ubicar como participación autónoma, ha de buscar nuevos horizontes de influencia ante el Estado para generar, otra vez, nuevos derechos.

La existencia y uso de las redes sociales cibernéticas genera, de suyo, nuevos derechos. En lo general, apunta a derechos acerca de su disponibilidad y capacidad para aprovecharlos. Como se ha dicho, los principales son educación electrónica, gestión gubernamental electrónica que incluya trámites de la administración pública, voto electrónico y diversos modos de participación ciudadana electrónica. Y se podría añadir el derecho a la privacidad de datos, a no recibir "correo basura" (spam), a sumarse o restarse a las listas de correo comerciales, políticas y privadas.

En lo particular, la práctica ha llevado a proponer "La cuarta generación de derechos humanos en las redes digitales" (Bustamante, 2010). El catálogo de estos derechos ha evolucionado desde hace más de una década y media, y siempre insiste en la apropiación social de la tecnología; la utilización de las redes para acceder universalmente y a bajo costo a la información y difusión de ideas; la promoción de la inclusión digital como la creación de inteligencia colectiva más allá de la adquisición de soportes informáticos; la protección frente a políticas de vigilancia y control de los usos legítimos de las nuevas tecnologías; el software libre para la interconexión de la esfera pública, y en lo referente al gobierno electrónico, el derecho a participar en el diseño y evaluación de los procedimientos electrónicos gubernamentales.

Pero puede objetarse que las redes sociales cibernéticas no tienen la capacidad para generar derechos diferentes a los relativos a su existencia y utilización (por ejemplo, los derechos al referéndum o a la revocación de mandato como instrumentos de la participación política, entre otros). Es decir, a pesar de revertir la colonización, en este caso desde las esferas locales a las globales y la elevación de los asuntos privados a los asuntos públicos, el Estado no se dejará influenciar sin resistencia. La mera existencia de los instrumentos cibernéticos no implica el reconocimiento de nuevos derechos ciudadanos o la ampliación de los ya existentes.

Las redes sociales cibernéticas no son suficientes para que el Estado legalice las demandas que en ellas se expresan; en concreto, la demanda social de participación en el diseño de las políticas públicas. Pero el medio electrónico propicia una opinión de cada vez mayor alcance público, de contrapeso a los poderes de facto. Y dicho contrapeso busca facilitar a la democracia su condición esencial: la deliberación para tomar decisiones co-legislativas.

Para salvar este escollo, desde un punto de vista teórico, Habermas propuso que las acciones deliberativas sean concebidas en tanto principio de discurso. Esto implicará que las prácticas deliberativas alcancen legitimidad y en consecuencia puedan engendrar derechos. Entre otros: "Derechos fundamentales a participar con igualdad de oportunidades en procesos de formación de la opinión y la voluntad comunes, en lo que los ciudadanos ejerzan su autonomía política y mediante los que establezcan derecho legítimo" (Habermas, 1998:189).

Habermas está convencido de la efectividad del principio de discurso, obviamente deliberativo, porque considera que "la sociedad civil, a través de espacios públicos autónomos y capaces de la resonancia suficiente, desarrolla la vitalidad e impulsos necesarios como para que conflictos que se producen en la periferia se los logre transferir al sistema político" (1998:409). Es decir, la participación ciudadana logra insertar sus intereses en la agenda política pública e influye en el diseño de las políticas públicas para atenderlos. En efecto, ha de seguirse el camino desde la participación ciudadana hasta la política, pues "el influjo publicístico-político, al igual que el poder social, sólo puede transformarse en poder político [y entonces influenciar verdadera y efectivamente] a través de procedimientos institucionalizados" (Habermas, 1998:443). La ganancia democrática, entonces, será enorme, pues la producción legítima de derecho, por la vía participativa, acredita la legitimidad de las decisiones políticas. Y el poder y los derechos que eran vistos como "ilegítimos" desde la óptica de la normatividad (Habermas, 1998:407; Aguirre, 2012:169-183) son incluidos en el Estado.

También desde el punto de vista práctico que involucra a las redes sociales cibernéticas, Queraltó (2000) propuso la estrategia denominada "el caballo de Troya al revés". Consiste en una dinámica positiva de uso frecuente de plataformas y redes hasta convertirlas en rutinarias, de manera que cuando las prácticas cibernéticas se encuentren integradas a la vida diaria será imposible extirparlas y, por ende, excluirlas de sus efectos democratizadores. Es decir, las redes sociales cibernéticas no son políticamente neutras. Ejercen un influjo al ejecutar pautas de la vida social que llegan a constituirse con poder y autoridad.

Por otra parte, no puede ignorarse que la participación ciudadana a través de las redes sociales cibernéticas también enfrenta dificultades. La primera es la accesibilidad. Si tomamos a México como muestra habrá que reconocer que en 2011 sólo el 32 por ciento de los hogares encuestados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) poseía conexión a internet.

La misma fuente indica que sólo el 41 por ciento de los encuestados hace conexiones respecto a la categoría de lo político. Ello no discrimina si las conexiones se realizan en función de los trámites ante la administración electrónica del Estado o de acciones participativas autónomas.

En el punto anterior cabe la sospecha de una baja participación ciudadana, pues la mayoría de los usuarios no posee educación cívica suficiente para interesarse en la vida pública de la nación. La Encuesta Mundial de Valores (2005) reporta que en México sólo 66 por ciento se involucra en participación electoral. Si bien este porcentaje no es idóneo, resulta altamente contrastable con el porcentaje del activismo de protesta: 3.10 por ciento reporta actos consumados y 82.20 por ciento responde que "nunca lo haría". El activismo cívico (sin elucidar suficientemente qué debe comprenderse por tal noción) arroja 16.30 por ciento en actos consumados, 43.10 por ciento en "podría llegar a hacerlo" y 40.70 por ciento con la respuesta "nunca lo haría". Evidentemente, las redes sociales cibernéticas deben ser alimentadas con capital social y político para que logren obtener nuevos alcances en su influencia.

Otras dificultades podrían considerarse de índole psicológica. Tal es el caso de la desesperanza. Aunque un twitter permanezca y pueda reproducirse más que un mitin, las respuestas del Estado tardan en llegar y las demandas sufren un continuo desgaste.

También los asuntos locales que prevalecen en las redes sociales cibernéticas pueden terminar por resultar ajenos a la sociedad mayoritaria inmersa en la rutina del día a día. Y la insistencia o protesta sobre los asuntos locales provocan, o reacciones intensas –y por ello mismo demasiado efímeras–, o un rechazo generalizado. De ahí la necesidad de estrategias como la de "jugar el algoritmo", ya expuesta.

Las estadísticas marcan las tendencias para sostener que la deliberación política se realiza más a través de las redes sociales cibernéticas que en los medios masivos de comunicación tradicionales. Por ejemplo, en México los usuarios de internet incrementaron en más del doble su número en el periodo de 2006 a 2011. Y sólo en el transcurso de 2011 al 2012 los usuarios de Smarthphone también fueron duplicados, según el estudio de los Hábitos de los usuarios de Internet en México de la Asociación Mexicana de Internet (AMPICI, 2012).

En referencia a la recordación publicitaria on line, el campo de la política alcanzó a incluirse en los diez primeros tópicos, dado que un 20 por ciento de las actividades de los usuarios fueron ejecutadas en dicho ítem. En contraste con la actividad on line, en la actividad de las redes sociales el uso cibernético resultó ilustrativo: el 27 por ciento de las actividades se realizaron en el área de gobierno electrónico, mientras que el 77 por ciento se dirigió directamente al quehacer de la participación ciudadana de tinte político (AMIPCI, 2012).

Los datos anteriores deben leerse con relativo optimismo porque el año en que se realizó la muestra corresponde al de mayor importancia en cuanto a la actividad electoral (renovación de la presidencia federal, de las cámaras alta y baja federales y en muchas entidades de la cámara estatal y también la escala municipal). No obstante, los datos son concluyentes: en 2011, 40.6 millones de mexicanos fueron usuarios de la internet y en promedio cada uno de ellos se encontraba inscrito en cuatro redes sociales.

Las principales redes sociales cibernéticas, en orden descendente de acceso diario, son Facebook (con 90% de registrados en acceso diario), Youtube (77%) y Twitter (61%). Por otra parte, resulta muy difícil sostener que los medios masivos de comunicación tradicionales logran un alcance diario en los mexicanos receptores de más de cuatro tipos. Lo que no es probable es que rebasen las cuatro horas de conexión diarias, y especialmente de manera simultánea, tal y como sí ocurre con el usuario de la web gracias a los hipervínculos, la sindicación y la nueva tecnología de la Web 3.0 federada. Aunque es obvio que todo ese tiempo de interconectividad no se dedique a quehaceres ciudadanos o políticos.

Finalmente, debe reconocerse que las objeciones y discusiones son siempre provisionales. Las tendencias son cambiantes con la inclusión de nuevas tecnologías (las aplicaciones para Smartphone y Tablet en el caso de Bloglines, Rssowl, Skype, Mindmeister y un larguísimo etcétera, más las mezclas de la sindicación), y ello abre la investigación a futuras metodologías y marcos conceptuales cuyo desenlace no puede vislumbrarse del todo. Bastaría con referir algunos de los casos más recientes: las investigaciones de la Hansard Society en el Reino Unido, el proyecto de la Democracia Electrónica del Consejo de la ciudad de Bristol, el programa de participación electrónica para la inclusión de los inmigrantes del Fondo de Desarrollo de la Unión Europea y, particularmente para la participación ciudadana, los casos del Presupuesto Participativo Electrónico que pueden ejemplificarse con Peixoto en Suiza, Miori y Russo en Italia, Alfaro y Gómez en España, y Ruesch y Märker en Alemania. Otro modelo ejemplar que parte del activismo, pasa por la participación ciudadana y obtiene espacio en la participación política institucionalizada es el trabajo denominado "From Mobilization to Consensus", de los investigadores Kaipainen, Faraon, Ramberg y Villavicencio, realizado desde Estocolmo.

La anterior muestra, someramente enunciada, que va desde la conexión a los parlamentos centrales hasta los presupuestos participativos más locales y la atención a inmigrantes y multitudes, da prueba de que el crecimiento de la participación ciudadana a través de redes sociales cibernéticas es innegable.

Por desgracia, dicho crecimiento no es tan expedito ni vertiginoso como muchos quisieran. Pero West explicó desde hace más de un lustro que la relación entre la política y las redes sociales cibernéticas no puede tener un ritmo revolucionario (2005:8). Este investigador norteamericano considera que la historia muestra muchas tecnologías, y particularmente las de la información, con cambios relativamente acelerados, pero que el impacto se da en el largo plazo. Cuando la industria automotriz nació se esperaba una revolución en el transporte, pero ésta no fue rápida; de hecho, por motivos económicos y técnicos muy pocas personas podían disponer de transporte automotriz. Pero con el paso de las décadas la industria automotriz prácticamente alcanzó a casi todas las civilizaciones y hoy día serían impensables sin la existencia de autos, autobuses y camiones. Hay razones suficientes para creer que pasará lo mismo con las tecnologías electrónicas de información, las plataformas, las redes sociales cibernéticas y su vínculo con la gobernanza.

La participación ciudadana en las redes sociales cibernéticas no es tan acelerada como los cambios en éstas. Estas dos dimensiones no deben confundirse. Pero una vez poseyendo la disponibilidad de ellas, con la web federada, el número de redes sociales cibernéticas se vuelve exponencial y consecuentemente rebasa por mucho a los medios masivos de comunicación tradicionales de contenidos similares (existen en el mundo muchos más webblogs exclusivamente dedicados al contenido político que medios masivos tradicionales en el ramo).

La capacidad de reproducción automultiplicadora y la reciprocidad comunicativa de las redes sociales cibernéticas fomentan las prácticas para convocar mítines, dirigir debates, organizar y administrar actividades como la generación de opinión pública consensuada, la defensa de intereses, las negociaciones, las movilizaciones, las acciones legales (denuncias, demandas, recursos de amparo, réplicas a tribunales, etcétera), el trabajo en equipo, la firma de peticiones al gobierno, el reclutamiento de simpatizantes, la recolección de fondos, las alianzas estratégicas, el levantamiento de encuestas on line sobre conflictos o preferencias sociales y un largo etcétera, amén de todos los proselitismos electorales.

Cualesquiera sean las estadísticas de la participación ciudadana a través de las redes sociales cibernéticas en distintos sitios del orbe, se distingue hoy en día por su diversidad, flexibilidad y horizontalidad. Por hallarse descentralizada y digitalizada, tiene libertad, perfeccionamiento en los contenidos y en sus nodos, y mayor calidad deliberativa con miras a la definición de las políticas públicas legítimamente democráticas.

 

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