Introducción

A tres décadas de la firma de los acuerdos de paz, Centroamérica se mantiene como una región caracterizada por la extrema desigualdad y la violencia social (^{Sandoval, 2020}). Lejos de solventar los problemas sociales y económicos que reproducen el retraso comunitario y económico, la región vive a inicios de la segunda década del siglo XXI una época de creciente desencanto democrático y autoritarismo (^{Pignataro et al., 2021}). En este contexto cerca del 53% de la población tiene entre 15 y 49 años en 2020 y su cotidianidad está marcada por contextos de alta violencia y escasas oportunidades de empleo (^{Pérez Sáinz, 2021}; ^{Pignataro et al., 2021}). Asimismo, cuando se les consulta a las personas jóvenes sobre la distribución de la riqueza un 73,6% considera que esta es “muy injusta” o “injusta” (^{Sandoval, 2020}). En tono con lo anterior, este artículo busca preguntarse sobre cuáles son las evaluaciones de justicia distributiva que tienen los jóvenes de barriadas empobrecidas en Centroamérica.

Académicas de distintas disciplinas han estudiado los efectos de la desigualdad en distintos ámbitos de la vida de las personas. Estos estudios han mostrado cómo la desigualdad económica está relacionada a mayor violencia, desigualdad política (^{Houle, 2018}; ^{Østby, 2013}) y a sociedades más infelices (^{Yu y Wang, 2017}). Recientemente, se han mostrado los efectos de la desigualdad en el contexto de la pandemia de COVID-19, al asociarse una mayor mortalidad de las personas con sectores geográficos con un nivel socioeconómico más bajo (^{Mena et al., 2021}).

La importancia de los estudios sobre la desigualdad no recae sólo en su carácter objetivo, sino también en su dimensión subjetiva. Estudios recientes han mostrado que lo que piensan y sienten las personas respecto a la desigualdad puede ser incluso más importante que la desigualdad real (^{Hauser y Norton, 2017}; ^{Kuhn, 2020}). En este marco es que las visiones y actitudes de las personas respecto a la justicia ha tomado un lugar primario, especialmente en lo que refiere a la justicia distributiva; es decir, cómo las personas ven la justicia en la distribución de recursos de la sociedad (^{Saxton, 2021}).

Los estudios de justicia distributiva tienen una larga trayectoria en sociología y en psicología social. Su mayor desarrollo empírico se da desde los años 90 con grandes proyectos de encuestas cómo el International Social Justice Project (ISJP) o algunas olas del International Social Survey Project (ISSP). A partir de la producción de estos datos nacieron una serie de estudios comparativos que buscaron determinar las diferencias en las visiones sobre la justicia basándose en indicadores contextuales y las trayectorias de los países. Por ejemplo, ^{Kluegel et al. (1995}) indagan en las diferencias en las evaluaciones de justicia entre países post-comunistas y países capitalistas posterior a la caída del muro de Berlín. Posteriormente, esta agenda de investigación migró a Latinoamérica, donde tanto estudios de un sólo país (^{Castillo, 2011}; ^{Rodríguez, 2014}) cómo estudios comparativos (^{Cramer y Kaufman, 2011}; ^{Reyes y Gasparini, 2021}) han indagado en los factores individuales y contextuales que inciden en las evaluaciones de justicia distributiva.

En el caso de Centroamérica hay una ausencia de estos estudios a pesar del carácter desigual de la región (^{Castillo y Barrera, 2018}). Uno de los aportes de este artículo es sumar al debate sobre la desigualdad en América Central, tomando en consideración la especificidad de estos países. En particular, buscamos explorar las evaluaciones de justicia distributiva de jóvenes, las diferencias entre los países y sus factores más influyentes. En lo que sigue hacemos una caracterización de la desigualdad en Centroamérica y cómo los jóvenes han vivido esta desigualdad. Luego, presentamos los antecedentes teóricos y empíricos sobre las evaluaciones de justicia distributiva, incluyendo las teorías relevantes para entender las visiones de jóvenes en contextos de exclusión. En tercer lugar, presentamos los datos y el método utilizado para el estudio. Y finalmente presentamos los resultados. En la última sección discutimos y concluimos en torno a los resultados. En el siguiente enlace se puede encontrar el preregistro del estudio, los datos y los materiales suplementarios: https://osf.io/rcpf2/?view_only=67678b95395e484ea703e760cfb17804

Centroamérica: migración, violencia social y desigualdad económica

Centroamérica está caracterizada por un sistema económico y político que concentra riqueza y poder en un número reducido de sus ciudadanos: las élites económicas (^{Sánchez-Ancochea y Puig, 2014}). La fortaleza de estas élites ha devenido a su vez en un histórico debilitamiento de las instituciones y de los Estados (^{Bull, 2014}). Marcada por sus similitudes geográficas, económicas y políticas, la región en la transición a su democracia construyó modelos de desarrollo menos dependientes de la agricultura, pero mayormente dependientes de las remesas, los servicios y la maquila textil y de alta tecnología (^{Robinson, 2003}). Este nuevo modelo económico, a pesar de sus diferencias entre países no ha podido favorecer una mayor incorporación de personas a los ámbitos formales de la economía y ha puesto el peso en nichos muy específicos de mercado, con respecto a su ubicación geográfica y en torno a las calidades educativas de las personas (^{Gindling y Trejos, 2013}; ^{Pérez, 2019}). Asimismo, es una región donde las percepciones sobre inseguridad y carencia económica han debilitado el apoyo político y la satisfacción con la democracia (^{Pignataro et al., 2021})

En torno a la población joven, son El Salvador, Honduras y Guatemala los países que tienen la mayor cantidad de personas en edades entre los 15 y 24 años, siendo aproximadamente un 20% de la población. Mientras en Costa Rica dicha población ronda el 15% (^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022}). Por otro lado, la problemática de falta de empleo en la población joven se experimenta en mayor medida en Costa Rica cuya tasa de desempleo juvenil ronda el 20%. De cerca le siguen El Salvador, Nicaragua y Honduras con una tasa del 15%, mientras Guatemala reporta la menor con un valor cercano a 7% (^{CEPAL, 2022}). Estas cifras de desempleo ocultan la informalidad y el subempleo (trabajar menos que una jornada completa). La informalidad supera al 40% de la población activa, en particular en Costa Rica y en Nicaragua puede alcanzar el 50% (^{CEPAL, 2022}). De esta manera, las oportunidades laborales de la población joven son escasas, carecen de derechos mercantiles y de una jornada laboral completa. Esta situación puede tener varias implicaciones: una puede ser optar por la migración (^{Sandoval, 2015}) y la otra vincularse a las pandillas (^{Pérez, 2021}). De esta manera, la vida cotidiana de las personas jóvenes combina situaciones de migración forzada, violencia y desigualdad.

Detonante de la migración forzada, la violencia social juega un papel crítico en la construcción y socialización de Centroamérica. Caracterizada por altos índices de violencia de maras, pandillas y de grupos organizados del narcotráfico, la violencia en la región podría explicarse en parte por la frustración de las carencias cuando se opone a la opulencia de los otros y, por otro lado, a la presencia marginal del Estado (^{Pérez, 2019}). En términos generales, la violencia social se manifiesta tanto en su agravante económico para la región, cerca de un 8% del PIB, como por su afectación directa sobre hombres jóvenes de entre 15 y 34 años, ya sea como víctimas o como victimarios (^{Sandoval, 2020}). Además, la violencia provoca una estigmatización, pues se homogeniza socialmente a todas las personas, siendo así que todas las personas jóvenes de territorios particulares son considerados criminales (^{Pérez, 2021}). La exposición a la violencia define además límites en torno a las oportunidades de socialización, intercambio y también de empleabilidad (^{Pérez, 2021}). Así, por ejemplo, en el caso de los jóvenes entrevistados los temas relacionados con la violencia y la criminalidad (pandillas, drogas, delincuencia, violencia) se constituyen como los principales problemas de su comunidad y su país (^{Sandoval, 2020}).

En los primeros dieciocho años del siglo XXI, los países centroamericanos experimentaron una caída en la desigualdad del ingreso medido con el coeficiente de Gini, con la excepción de Costa Rica. Específicamente, los motivos de la mejora en la distribución del ingreso no han sido explorados para los países centroamericanos, pero se sigue que su mejora está vinculada con el constante crecimiento económico de la época y con políticas públicas de redistribución del ingreso (transferencias condicionadas) (^{Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales [ICEFI], 2019}). Sin embargo, es posible sugerir que la disminución de la desigualdad medida por el coeficiente de Gini no necesariamente significa una mejora distributiva entre las personas de más bajos y más altos ingresos, estos últimos vinculados con personas que reciben ingresos de capital (propietarios de capital). En su lugar, la disminución del Gini podría implicar exclusivamente una mejora distributiva entre los ingresos laborales.

Evaluación de (in)justicia distributiva

La justicia distributiva es una dimensión de los estudios de justicia social que investiga las visiones que tienen los individuos sobre la justicia en la distribución de recursos de una sociedad. La principal distinción en esta área es la de teorías normativas y empíricas (^{Wegener, 2000}). Las teorías normativas, principalmente provenientes de la filosofía política, se encargan de reflexionar los principios que deberían guiar una distribución de recursos justa. En cambio, las teorías empíricas, principalmente provenientes de las ciencias sociales, estudian qué es lo que las personas consideran efectivamente cómo justo (^{Sabbagh, 2001}). Dicho de otra manera, esta distinción abarca lo que debería ser justo y lo que es justo. Dentro de la investigación empírica existe una segunda distinción importante: entre justicia relacionada a los principios y justicia relacionada a las recompensas (^{Castillo, 2011}). El primer enfoque busca determinar qué principios de justicia usan las personas al momento de hacer una evaluación de justicia (e.g. principio de igualdad, equidad o necesidad) (^{Deutsch, 1975}). En cambio, el segundo enfoque indaga las evaluaciones de justicia para una situación de distribución de recursos determinada (^{Jasso, 2015}). En lo particular este trabajo se enmarca en la justicia de recompensas.

Las evaluaciones de justicia distributiva se entienden como un proceso cognitivo en el cual las personas comparan la actual distribución de recursos con una que consideran justa (^{Jasso, 1980}). Este proceso ha sido estudiado desde dos perspectivas. Primero, desde una perspectiva micro donde el foco de estudio está en la justicia de ingresos ocupacionales, es decir, el estudio de la formación de ideas de justicia sobre los ingresos que reciben distintas ocupaciones. La segunda perspectiva se centra en las evaluaciones de justicia de agregados sociales, es decir, a nivel macro. A diferencia de la perspectiva micro, en la perspectiva macro las evaluaciones tienen que ver con cómo debería verse la distribución de recompensas en general y no sólo para una situación con características específicas (^{Brickman et al., 1981}; ^{Jasso, 2015}). En nuestro caso, el trabajo, al explorar las evaluaciones que hacen jóvenes de colonias empobrecidas respecto a la distribución de riqueza en el país nos ubicamos en la perspectiva macro.

En lo que respecta a propuestas que han teorizado respecto a los determinantes de los sentimientos de injusticia, un primer planteamiento es la condición de privación que tienen las personas. Por un lado, se propone que es la privación absoluta la que influye en estos sentimientos (^{Robinson, 1983}). Es decir, aquellos individuos que efectivamente están más desventajados en términos de recursos y posición en la estructura social suelen evaluar menos justicia distributiva. Por otro lado, desde la óptica de la privación relativa se plantea que son los juicios que estos hacen respecto a su posición lo que genera los sentimientos de injusticia (^{Smith y Pettigrew, 2015}). Específicamente, experimentar privación relativa se compone de cuatro partes: 1) hacer comparaciones; 2) evaluar que uno o su grupo está en situación de desventaja; 3) percibir esas desventajas cómo injustas y; 4) resentir esa injusticia (^{Smith et al., 2012}). Lo relevante para este trabajo es que, según esta teoría, las evaluaciones de justicia son una función de una combinación específica de oportunidades y restricciones de movilidad social en la carrera de un individuo (^{Wegener, 1991}). En el caso de jóvenes de colonias empobrecidas como los de nuestra muestra, se puede proponer que son las distintas restricciones a la movilidad social (e.g. violencia social, desempleo) y el cómo estas jóvenes comparan estas desventajas con otros sectores de la población, o con sus expectativas para el futuro, lo que influencia como evalúen la justicia en la distribución de riquezas en el país.

Antecedentes empíricos

El estudio empírico de la justicia distributiva macro generalmente utiliza ítems de encuestas para indagar en los factores que influyen en las evaluaciones de justicia. Estos ítems piden a las encuestadas responder sí la distribución de la riqueza es justa o no. Estudios basados en los proyectos ISSP o ISJP han mostrado cómo es que en los países ex comunistas la desigualdad se percibe en términos más negativos que en países capitalistas (^{Redmond et al., 2002}; Suhrcke, 2001). Así, también, en los países más desiguales (i.e. medido a través del coeficiente de Gini) los individuos conciben las diferencias de ingresos cómo demasiado grandes (Suhrcke, 2001). Por último, teorías cómo la del interés propio o el efecto túnel también encuentran evidencia, en tanto cuanto más alto sea el auto posicionamiento en la escala social y mayores las experiencias de movilidad ascendente, más se toleran las desigualdades socioeconómicas (Suhrcke, 2001).

Los estudios enfocados en los factores que influencian las consideraciones sobre la distribución de la riqueza como justa son dos latinoamericanos, uno del país africano Lesotho y uno sobre China. En América Latina, los resultados muestran que las personas que completaron la escuela secundaria evalúan más justicia (c.f. ^{Salgado, 2020}) y las personas mayores y los desempleados evalúan menos justicia (^{Reyes y Gasparini, 2021}). No se han encontrado diferencias para el sexo (^{Reyes y Gasparini, 2021}). Estudios similares también muestran que a mayor educación se evalúa más justicia, y que personas de clase media evalúan menos justicia en la distribución de ingresos (^{Cramer y Kaufman, 2011}). Estudios que han incluido una perspectiva macro en su análisis en la región latinoamericana han encontrado que en países más desiguales se evalúa menos justicia (^{Reyes y Gasparini, 2021}). En otros países como Lesotho, se ha encontrado que la sensación de impotencia económica y las atribuciones estructurales al desempleo se relacionan con evaluaciones de menos justicia (^{Khaola, 2010}). En tanto, en China las percepciones de ingresos y las actitudes hacia la corrupción están negativamente relacionadas con las percepciones de justicia (^{Chang, 2021}).

Método

Resultados

Multivariados

En la Figura 1 (o más detalladamente en la Tabla S5 del material suplementario) se muestran los modelos de regresión lineal de eliminación hacia atrás. A nivel general de la muestra, se observa que el país tiene un efecto significativo con un sentido negativo en El Salvador y Guatemala, tomando Costa Rica como referencia. Esto quiere decir que, en promedio, los jóvenes salvadoreños (β = -.57, p < .001) y guatemaltecos (β = -.45, p < .001) evalúan menos justicia distributiva que los jóvenes costarricenses. En lo que respecta a las variables sociodemográficas, se aprecia un efecto negativo de la edad (β = -.03, p < .01) y un efecto positivo del número de personas que viven en la casa (β = .02, p < .05), ambos coeficientes de baja magnitud. Pasando a las variables que refieren a la vida cotidiana, se observa que quienes algunas veces (β = -.22, p < .05) y con mucha frecuencia (β = -.39, p < .05) se quedan sin dinero para la comida evalúan menos justicia distributiva que a quienes nunca les ocurre tal situación. También, se observa que, a mayor percepción positiva de la situación actual, más justicia distributiva se evalúa (β = -.21, p < .05). En lo que respecta a las variables de actitudes políticas, se puede apreciar un efecto positivo de la confianza en las instituciones (β = .32, p < .001). Por último, las variables relacionadas a las instituciones también muestran algunos efectos de baja magnitud. En detalle, a mayor percepción de que se necesitan organizaciones para el empleo se evalúa menos justicia (β = -.04, p < .05) y a mayor creencia de que las organizaciones se crean por el gobierno, mayor es la justicia distributiva que se evalúa (β = -.03, p < .05).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1 Coeficientes de regresiones lineales de eliminación hacia atrás para evaluaciones de justicia distributiva por país. 

En el modelo de Costa Rica, se observa que el índice de confianza en instituciones es el predictor con mayores niveles de significancia del modelo (β = .94, p < .001), es decir, quienes confían más en las instituciones tienden a evaluar más justicia. Por otro lado, se observa un comportamiento interesante en variables relacionadas a la falta de dinero. Específicamente, se observa que quienes muy pocas veces (β = -.43, p < .05) y algunas veces (β = -.63, p < .01) se quedan sin dinero para pagar la comida evalúan menos justicia distributiva que a quienes nunca les ocurre. También relacionado a las variables de falta de dinero, se observa que quienes con mucha frecuencia se quedan sin dinero para pagar la casa, evalúan más justicia distributiva que a quienes nunca les ocurre (β = 1.81, p < .05). Este último resultado llama la atención tanto por la magnitud del coeficiente, como por la dirección de la relación. Sin embargo, consideramos que este resultado puede deberse más a diferencias de “n” entre cada categoría, que a un hallazgo real. Los bivariados (ver Tabla S1, del Material Suplementario) muestran que la distribución de la variable dependiente en la categoría de “Con mucha frecuencia” de la variable de falta de dinero para la casa consta solamente de 3 casos. Los otros efectos significativos del modelo se concentran en las variables sobre organizaciones: a mayor creencia de que las organizaciones se crean por adultos con estudios (β = -.05, p < .05) y por “personas como usted” (β = -.06, p < .05) menos justicia se evalúa.

En el caso de Nicaragua, se observa que la única variable sociodemográfica que tiene un efecto significativo es el número de personas en la casa, aunque con una magnitud baja (β = .04, p < .05). En lo que respecta a las variables relacionadas a la falta de dinero, los resultados muestran que quienes algunas veces (β = -.69, p < .01) y con mucha frecuencia (β = -1.45, p < .01) se quedan sin dinero para comida evalúan menos justicia que quienes nunca les ocurre. En contraste, observamos que quienes responden que con mucha frecuencia se quedan sin dinero para pagar la casa evalúan más justicia (β = 2.263, p < .01) que a quienes nunca les ocurre. Al igual que en el caso de Costa Rica, somos cautos con este resultado dada la poca varianza en la distribución de casos en la variable sobre la falta de dinero para pagar la casa. En la dimensión sobre actitudes políticas, vemos que quienes confían más en las instituciones evalúan más justicia (β = .80, p < .001). Por último, los efectos que tienen que ver con las organizaciones muestran que a mayor percepción de que se necesitan organizaciones religiosas (β = -.08, p < .05) y a mayor valoración de que los dirigentes recolectan fondos (β = -.08, p < .05), menos justicia se evalúa. En contraste, a mayor creencia de que las organizaciones se crean por el gobierno, más justicia se evalúa (β = .10, p < .001).

El modelo de El Salvador muestra, en general, efectos de baja magnitud. Por un lado, vemos que a mayor edad (β = -.05, p < .05) y a mayor creencia sobre que se necesitan organizaciones de derechos humanos (β = .07, p < .05), se evalúa menos justicia en la distribución de riquezas. Por otro lado, a mayor percepción de que se necesitan organizaciones en prevención de drogas (β = .04, p < .05), mayor creencia de que las organizaciones se crean por el gobierno (β = .04, p < .05) y mayor confianza en las instituciones (β = .22, p < .05), mayor justicia distributiva se evalúa. Cabe resaltar que, a diferencia del modelo general, de Costa Rica y de Nicaragua, en El Salvador las variables sobre falta de dinero no son incluidas en el modelo más explicativo.

En lo que respecta a Guatemala, las variables sociodemográficas que presentan resultados significativos son la edad (β = -.04, p < .01) y el número de personas en la casa (β = .03, p < .05). Por el lado de las variables sobre calidad de vida, se observa que quienes con frecuencia se quedan sin dinero para pagar la comida (β = .84, p < .01) evalúan más justicia distributiva que a quienes nunca les ha ocurrido. Al igual que en el caso de Costa Rica y Nicaragua, atribuimos este resultado a la poca varianza dentro de cada categoría. También, vemos que a mayor percepción de que la situación pasada era buena, más justicia se evalúa (β = .34, p < .05) y que quienes sienten miedo (β = -.46, p < .05) y mucho miedo (β = -.38, p < .05) de ser víctimas de violencia, evalúan menos justicia distributiva. Por último, en lo que refiere a las organizaciones, observamos que a mayor percepción de que se necesitan organizaciones de empleo (β = -.06, p < .05) y mayor valoración de que los dirigentes escuchen a las personas (β = -.09, p < .001), menos justicia en la distribución de riquezas se evalúa.

En el caso de Honduras, solamente la falta de dinero para la comida presenta resultados significativos. En detalle, quienes muy pocas veces se quedan sin dinero para pagar la comida, evalúan más justicia en la distribución de recursos (β = .82, p < .05), comparado a quienes nunca les ocurre.

Discusión

En el presente artículo se buscó explorar las evaluaciones de justicia distributiva en jóvenes de barriadas empobrecidas de Centroamérica, las diferencias entre los países, así como los predictores de las evaluaciones de justicia. Encontramos que los países donde más justa se considera la distribución de riquezas son Nicaragua y Costa Rica, seguido de Honduras. En cambio, en Guatemala y El Salvador es donde menos justicia se evalúa. En lo que respecta a los predictores de la evaluación de justicia, los hallazgos se pueden resumir en tres patrones. Primero, la confianza en instituciones parece ser un factor que incide positivamente en las evaluaciones de justicia distributiva en Centroamérica. Especialmente en Costa Rica y en Nicaragua.

Segundo, la falta de dinero para pagar la comida y la casa también resultan relevantes en varios países centroamericanos. En el caso de la comida, se observa tanto en Centroamérica en conjunto, cómo en Costa Rica y Nicaragua, que a quienes les ha ocurrido al menos una vez que se queden sin dinero para la comida, tienden a evaluar menos justicia en la distribución de riquezas en comparación a quienes nunca les ha ocurrido. La única excepción a este patrón es Guatemala, donde el efecto es positivo. En el caso del dinero para pagar la casa, los resultados son contraintuitivos, ya que aquellos que con mucha frecuencia les ocurre que se quedan sin dinero para pagar la casa, evalúan más justicia. Considerando la alta magnitud de estos coeficientes, no descartamos que el resultado se deba a problemas de varianza, más que a un hallazgo sustantivo. El tercer y último patrón consiste en la baja magnitud de las variables relacionadas a las organizaciones. Por lo demás, estas variables presentan resultados mixtos en lo que refiere al sentido de la relación. No obstante, lo anterior, un resultado relevante es que las variables de organización son casi las únicas que predicen la evaluación de justicia distributiva en El Salvador, en desmedro de las variables de falta de dinero que parecen ser la tendencia en Centroamérica.

En relación con las diferencias entre la evaluación de justicia distributiva en Centroamérica, interpretamos que estos resultados se deben a la mayor confianza en las instituciones en Costa Rica y en Nicaragua, a diferencia del resto de países de la región. En el caso costarricense su identidad nacional y el discurso público de sus gobernantes se ha construido sobre una imagen de igualdad (iguali-ticos). Así, por ejemplo, en buena parte de la literatura histórica y política se ha destacado que, a diferencia de lo ocurrido en el resto de la región, el nacimiento del Estado-nación costarricense se dio de la mano de pequeños propietarios.

Esta imagen se mantiene hasta hoy y es frecuentemente reproducida por los medios de comunicación y figuras políticas del país, por lo que, asumimos que, a pesar del incremento en la desigualdad, el discurso ideológico de los “iguali-ticos” se mantiene como una fuerza estructurante de la identidad de sus ciudadanos (^{Sojo, 2010}). Asimismo, una particular diferencia de Costa Rica con sus pares centroamericanos es su fortaleza institucional. Esta fortaleza a pesar de sus crecientes limitaciones le permite al Estado dar atención en salud y educación, así como mantener presencia incluso en barriadas empobrecidas. Planteamos que esta fortaleza institucional, frente a un Estado débil y marginal, por ejemplo, en El Salvador, podría ser una razón que expliqué las diferencias en las evaluaciones de injusticia.

Sobre el caso de Nicaragua, llama la atención entre los hallazgos la visión positiva que tienen las personas jóvenes sobre la distribución de la riqueza. Una posible explicación al respecto tendría que ver con la construcción identitaria de la comunidad y su relación con el proyecto político de gobierno de la familia Ortega. Jorge Dimitrov (la barriada encuestada) nació como un proyecto de la revolución sandinista en 1982 luego de que la tormenta tropical Aletta golpeara Nicaragua. En el marco de este proyecto el Estado construyó casas y proveyó de la infraestructura básica. Asimismo, las políticas públicas, como las de salud o entrega de alimentos o productos de vivienda, son utilizadas por el Gobierno para entregar propaganda que sugiere que las condiciones de Nicaragua son adecuadas y para conseguir adeptos al partido de Gobierno (^{Sáenz, 2020}). Tanto la entrega directa de beneficios como la propaganda pueden facilitar una interpretación positiva de las carencias materiales, así como controlar a quienes tienen una imagen negativa de las condiciones sociales. Por ejemplo, a pesar del desencanto con la dictadura de los Ortega en el país, en la comunidad cerca de 42% de los jóvenes se manifestaron abiertamente como simpatizantes del Frente Sandinista (^{Sandoval, 2020}).

Que la falta de dinero para pagar la casa o la comida sea uno de los principales predictores de las evaluaciones de justicia en la región respalda la literatura previa. Considerando los planteamientos de la teoría de la privación absoluta (^{Robinson, 1983}), es esperable que jóvenes caracterizados por contextos de violencia, desempleo y falta de oportunidades consideren que su situación es injusta y por ende extrapolen esos sentimientos a la evaluación de la situación del país. Si se interpreta el hallazgo desde la perspectiva relativa (^{Runciman, 1966}; ^{Smith y Pettigrew, 2015}), se puede agregar que estos jóvenes comparan su situación (y/o la de sus pares) con sus expectativas (y/o con la calidad de vida de jóvenes que no viven este tipo de contextos). A partir de estos procesos de comparación, estas jóvenes se sienten en desventaja y evalúan menos justicia en la distribución de riquezas del país. Esta interpretación es consistente con otros hallazgos en la literatura, donde individuos en condición de pobreza están menos satisfechos con la distribución de riquezas en sus países, especialmente en periodos de crecimiento económico (^{Cramer y Kaufman, 2011}). Este hallazgo es una base para futuros estudios de justicia y desigualdad en Centroamérica, especialmente considerando que es el único predictor relevante en Honduras.

Otro de los hallazgos interesantes en torno a los predictores de la justicia distributiva lo presenta el caso de El Salvador, el cual expresa la creencia de que se necesitan más organizaciones de Derechos Humanos. Este hallazgo no es menor si consideramos el contexto de Popotlán, comunidad ubicada 14 kilómetros al norte de San Salvador y donde las pandillas, Mara 18 y Mara Salvatrucha, ejercen un control territorial importante. Desde finales del Siglo XX los distintos gobiernos de El Salvador han buscado contener el problema de la violencia de las pandillas con políticas de mano dura (^{Salazar Araya, 2020}). Estas políticas lejos de reducir el problema de la violencia han favorecido, además de la estigmatización generalizada de los jóvenes de las comunidades como mareros por parte del Gobierno y los medios de comunicación, los abusos y las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas jóvenes que van desde las detenciones arbitrarias, los ajusticiamientos y la desaparición forzada por parte de las fuerzas estatales (^{Musto, 2020}). Este es un hallazgo novedoso en la literatura de evaluaciones de justicia distributiva.

En el caso de Guatemala uno de los predictores es la necesidad de organizaciones que provean empleo. En el caso de El Limón en Guatemala, la carencia del empleo para personas jóvenes es producto de la estigmatización social que sufren las personas de la comunidad. Cómo ha encontrado la literatura, la incapacidad de acceso a fuentes laborales en estas zonas se debe a una metonimia a la que someten a las personas habitantes de comunidades particulares caracterizadas por la violencia y la criminalidad (^{Pérez, 2021}). Guatemala, El Salvador y Honduras son países en los cuales las pandillas y la violencia asociada a esta tiene un fuerte arraigo (^{López, 2019}). Este círculo entre violencia y criminalidad produce que, a priori, las jóvenes sean excluidas del ámbito laboral, se limiten sus ofertas laborales a las organizaciones delictivas y que las actividades laborales autogeneradas sean inviables (^{Moreno-Bella et al., 2022}; ²⁰²³). Al ver afectadas sus oportunidades para la movilidad social por razones que escapan a su control, las jóvenes sienten injusticia respecto a su situación, lo que se extrapola a una evaluación de que la situación a nivel país también es injusta.

La principal limitación del trabajo es su carácter exploratorio y descriptivo debido a la ausencia de estudios previos en la región sobre las evaluaciones de justicia en la distribución de la riqueza. Esta condición hace que los resultados deben asumirse con cautela y las interpretaciones deben confirmarse con estudios posteriores. Aun así, al ser el primer estudio de esta índole en Centroamérica también lo convierte en un aporte novedoso para los estudios de la región y de la literatura sobre las evaluaciones de justicia.

Comprender las evaluaciones subjetivas sobre el contexto social en la que se desenvuelven las personas jóvenes de Centroamérica es una condición necesaria para futuras intervenciones que busquen mejorar su calidad de vida. En este trabajo mostramos cómo varían dichas evaluaciones en los distintos países centroamericanos y qué predictores pueden explicarlas. El acceso público a los datos y a todo el material de investigación permite que otras personas interesadas en el tema puedan reproducir los análisis o hacerse nuevas preguntas de investigación. Profundizar el estudio de una de las regiones del mundo más azotadas por la desigualdad y sus perniciosas consecuencias debería ser parte de la agenda de investigación de las ciencias sociales comprometidas con la justicia y la igualdad.