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Introducción
Los estudios realizados hasta la actualidad han revisado y documentado la intervención y el envío de asesores militares de la dictadura argentina a América Central y la estrecha relación diplomática militar que había entre esa región y el país sudamericano, especialmente entre Argentina, El Salvador y Guatemala, después del veto del presidente de Estados Unidos, James Carter (1977-1981), por las violaciones a los derechos humanos en esos países (Slatman, 2012; Rostica, 2018; Rostica, Kovalskis, Molinari y Molina, 2020; Sala, 2018; Balerini, 2019; 2020). Sin embargo, el papel que jugaron los agentes civiles en territorio centroamericano es un tema casi inexplorado.
En la mayoría de los casos desconocemos sus nombres y orígenes políticos, así como el momento en que se integraron al Batallón 601. Por ello, nuestro trabajo se enfocará en analizar el papel de seis agentes civiles de inteligencia, que consideramos que fueron los más conocidos: Héctor Francés, Juan Marín Ciga Correa, Alfredo Mario Mingolla, Carlos Alberto Durich, Leandro Sánchez Reisse y Raúl Guglielminetti.1
Nuestra hipótesis sostiene que estos civiles provenían de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) argentina o de organizaciones ultraderechistas, fascistas o nacionalistas como Milicia Nacional Justicialista y la Concentración Nacional Universitaria, entre otras, y que durante el último gobierno de Juan Domingo Perón (1973-1974) y el posterior mandato de María Estela Martínez (1974-1976) se integraron a la Triple A, para finalmente, después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, incorporarse a los Grupos de Tarea que operaron durante la dictadura y así ser enviados a Centroamérica, donde participaron de las políticas contrainsurgentes que buscaban contener a los Sandinistas, en Nicaragua, así como a la guerrillas guatemalteca y salvadoreña, entrenando a la Contra nicaragüense, a escuadrones de la muerte y ayudando en la formación del Batallón de Inteligencia 3-16, de Honduras.
Tras la implantación del modelo económico liberal y la derrota de la guerrilla en Argentina, la Junta militar de ese país se propuso nuevos objetivos continentales, entre los que se encontraban el asesoramiento militar a las naciones que estuvieran enfrentando la supuesta “amenaza comunista” en la región. Por ello, este artículo tiene el propósito de cuestionarse: ¿Quiénes eran o son estos civiles que llegaron a Honduras y Centroamérica? ¿Cuál era su origen político? ¿Cómo se integraron al Batallón de Inteligencia 601? ¿Cuáles fueron sus labores en Honduras? ¿Con qué militares o funcionarios hondureños tuvieron relación? ¿Cómo se financiaron? y ¿Qué tanta relación tuvieron con el trasiego de droga, armas y el lavado de dinero?2 Y por lo tanto, nuestro trabajo se divide en tres apartados: Contexto hondureño, Argentina, la dictadura y Personajes identificados. Éste último, sin embargo, tiene seis subdivisiones dedicadas a cada agente de inteligencia civil.
Contexto hondureño
El 24 de mayo de 1954, Estados Unidos y Honduras suscribieron un convenio de asistencia militar. A partir de este hecho se fundó el Primer Batallón de Infantería que se quedó durante casi tres años bajo la tutela de los soldados norteamericanos.3 La firma del convenio con Estados Unidos se realizó paralelamente con dos hechos más: el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala4 y la huelga bananera de Honduras en 1954:
A partir de ella los obreros no sólo conseguirían el derecho a la sindicalización, sino todo un conjunto de medidas como la creación de un Ministerio respectivo y la dictación de una serie de decretos que se sintetizaran luego en la ley del trabajo de 1959. Los trabajadores alcanzarán mayor presencia en la vida nacional, misma que queda mediatizada por las vinculaciones que desde el inicio tiene orgánica e ideológicamente el movimiento popular con el “sindicalismo libre” de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), organismo ligado a la AFL-CIO, central obrera norteamericana (Arancibia, 1983, p. 24).
Según Arancibia, los gobiernos de Juan Manuel Gálvez (1949-1954), Julio Lozano Díaz (1954-1956) y el triunvirato militar encabezado por Roberto Gálvez, Roque Jacinto Rodríguez y Héctor Caraccioli (1956-1957), fueron “los encargados de sancionar legalmente los procesos de creación de los entes económicos, jurídicos, militares, educativos y de administración” (Arancibia, en Selser, 1983, p. 24-25).
A diferencia de El Salvador y Guatemala, el rol protagónico que adquirieron las Fuerzas Armadas trajo cierta estabilidad en Honduras. Para Esteban de Gori (2009), los acuerdos que mantuvieron con el Partido Nacional y, en algunas ocasiones con el Liberal, permitieron la interlocución de diferentes sectores sociales -civiles y militares- desde 1963 hasta 1980.
En 1972 inició un periodo de fuertes luchas políticas por el control de Estado entre los partidos tradicionales y las fuerzas armadas, periodo que culminará en 1981 “signado por una derechización del accionar de las prácticas estatales y del discurso político que deben inscribirse en el contexto del triunfo de la revolución sandinista” (De Gori, 2009, p. 7).
Para Salomón, al final de los años setenta, el desgaste de las fuerzas armadas era notable, por lo que se planteó un retorno a la “constitucionalidad que permita a los civiles conducir el aparato burocrático del Estado” (Salomón, 1993, p. 10).
En 1980, se realiza un proceso electoral que habilita la elección de un presidente de transición que permita elegir un mandatario civil (Salomón, 1993). Es así que Roberto Suazo asume en enero de 1982. Sin embargo, entre 1981 y 1984, se incrementaron las violaciones a los derechos humanos. En esa época se llevaron a cabo de manera sistemática desapariciones forzadas de personas, secuestros y torturas. Muchas de las víctimas estaban vinculadas a movimientos sociales y armados de la región.
Surgió el Batallón de Inteligencia 3-16 -con asesoría de integrantes del Batallón de Inteligencia 601 de Argentina (Balerini, 2020)-, dedicado al secuestro, tortura y desaparición forzada de oponentes políticos junto a la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y las Fuerzas de Seguridad Pública (FUSEP), así como lo que especialistas en derechos humanos han denominado: “Las señales del método argentino”, del cual hablaremos más adelante.
En 1980, el General Gustavo Álvarez Martínez fue nombrado comandante de la Fuerza de Seguridad Pública; posteriormente asumió el cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas entre 1982 y 1984, hasta que fue defenestrado por una rebelión interna de las Fuerzas Armadas. Definido por Salomón como “un General argentino nacido en Honduras, gracias a él se militarizó la sociedad, la política y la policía. En aras de la supuesta seguridad nacional todos los objetivos de la nación debían subordinarse a la seguridad y la Policía no podía ser la excepción” (1993, p. 12). Siguiendo a Salomón, este general crea el 14 de enero de 1982 el Centro de Instrucción Policial Capitán General José Santos Guardiola, más conocido como CIP, destinado a instruir a los agentes de la FUSEP y en julio de 1984 funda la Escuela de Capacitación para Oficiales de Policía, concebida para consolidar y complementar los conocimientos de los oficiales “en el arte militar y la técnica policial” (Salomón, 1993, p. 13).
El informe Los hechos hablan por sí mismos, escrito por el comisionado de Derechos Humanos de Honduras, Leo Valladares (1994), da cuenta de la participación de asesores argentinos en el adiestramiento policial, aunque desde dos años antes: “En 1980 ya había asesores argentinos entrenando unidades de la Policía en ‘técnicas de interrogación a sospechosos’. La Junta en Buenos Aires había enviado a los consultores para ayudar a desarrollar un aparato de seguridad interna similar al de ellos” (Anderson y Anderson, 1986, p. 224, citado en Valladares, 1994, p. 351).
Esta idea se vio reforzada por la organización de derechos humanos American Watch al realizar el informe: Derechos Humanos en Honduras, las señales del método argentino (1982).5 El documento también señala que el general Álvarez Martínez se entrenó en Argentina en la primera parte de los años 60 -de hecho, lo hizo entre 1958 y 1962- y públicamente se ha dedicado a defender el “método argentino” para enfrentar la amenaza subversiva. El general hondureño es el responsable de haber llevado a su país a los primeros asesores argentinos, cuando era comandante de la FUSEP.
Hasta aquí hemos podido apreciar el contexto histórico con el cual Honduras llegó a la década de los 80. Asimismo, las razones por las que su territorio fue empleado para desarrollar una política de contrainsurgencia y contrainteligencia promovida por la Doctrina de Seguridad Nacional, que el gobierno de Ronald Reagan se encargó de impulsar en la región.
Honduras fue empleado territorialmente por Estados Unidos y sus aliados debido a que los norteamericanos necesitaban una base de operaciones en el Istmo después de que la Nicaragua somocista había caído frente a los sandinistas. En este sentido, este aliado regional e histórico, con el cual mantenían un fluido intercambio militar, que había tenido una destacada participación en el derrocamiento de Jacobo Árbenz en 1954 y en la invasión a Bahía de Cochinos, Cuba, en 1962, se presentaba como un punto estratégico para llevar adelante su política represiva en la región.
Argentina, la dictadura
El golpe de Estado cívico-eclesiástico-militar que se dio en Argentina el 24 de marzo de 1976 y que provocó que el país viviera la más cruenta dictadura de su historia hasta 1983, con 30 mil desaparecidos y cientos de personas encarceladas o exiliadas, tuvo el objetivo de implementar un proyecto económico liberal, tal como ya había sucedido con otros países de la región que vivían en contextos similares. Una vez iniciado este proyecto, y derrotadas las guerrillas o movimientos sociales, la Junta Militar decidió transnacionalizar su política represiva. Empezaron por promover esta idea oficialmente en Bogotá, Colombia, durante la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) de 1979, cuando el teniente general Roberto Eduardo Viola -entonces jefe del Ejército argentino-, ofreció la asesoría de las Fuerzas Armadas de su país, para acabar con el comunismo internacional.
La Doctrina Viola apareció como resultado de cuatro estrategias de seguridad que influyeron en las Fuerzas Armadas argentinas: la ejecución del Plan de Conmoción Interna del Estado (Plan Conintes) que surgió después del golpe de Estado a Juan Domingo Perón en 1955 para reprimir y controlar a los sindicatos obreros y campesinos que apoyaban al ex mandatario derrocado, así como ayudó a transformar la doctrina de seguridad del país; a partir de las lecciones aprendidas en la Escuela Superior de Guerra de París, cuando el ejército argentino pidió asesoría de Francia en materia de contrainteligencia y contrainsurgencia; como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) impulsada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y con la implementación de la Operación Cóndor en Sudamérica a partir de 1975.
Esta combinación de cuatro factores fue asumida por los argentinos y adaptada a su propio contexto político y social, para acabar con los movimientos armados del país. Para lograrlo, también fueron indispensables los Decretos de Aniquilamiento de 1975 y el Operativo Independencia en Tucumán, entre febrero de 1975 y septiembre de 1977, que se extendieron por todo el territorio nacional una vez dado el golpe de Estado (Decreto de Aniquilamiento. No. 2771/75 y el 2772/75).6
Julieta Rostica comenta que con la Doctrina Viola se “formalizó el supuesto derecho de los ejércitos latinoamericanos a actuar independiente o colectivamente en todo país de la región donde se produjeran movimientos revolucionarios por la inacción de Estados Unidos” (2018, p. 328). Tras la presentación de esta doctrina, algunos de los países que aceptaron ese asesoramiento en materia de inteligencia y contrainteligencia fueron Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Un año después de la presentación de la Doctrina Viola, en septiembre de 1980, se realizó en el Teatro Municipal San Martín, en Buenos Aires, Argentina, la IV Conferencia Anticomunista Latinoamericana (CAL). El general Guillermo Suárez Masón clausuró el evento diciendo:
Que el peligro mayor se cernía sobre América Central que, de caer en manos del comunismo, constituirá una cuña divisoria del continente amenazado. Asimismo, denunció la política exterior del presidente [James] Carter como “instrumento de un proyecto neocolonial marxista”, lo cual legitimaba el accionar de la CAL y de la dictadura argentina en la región. Suárez Mason se comprometió a enviar a Centroamérica asesores argentinos que transmitiesen la experiencia argentina y la Liga Anticomunista Mundial a aportar 8 millones de dólares para los gastos iniciales (Martorell, 1999, p. 204, citado en Rostica, 2018, p. 336).
Meses antes de este encuentro de la ultraderecha latinoamericana en Argentina, el 17 de julio de 1980, Luis García Meza dio un golpe de Estado en Bolivia, para deponer a la presidenta Lidia Güeiler. En el golpe de Estado, la participación argentina fue fundamental. Ahí comenzó la historia de los asesores civiles argentinos enrolados en labores de inteligencia y contrainteligencia en los aparatos represivos estatales de otras naciones.
Personajes identificados
Hasta ahora, en nuestras investigaciones hemos identificado a seis agentes civiles en Honduras y otros países de América Central: Héctor Francés, Juan Martín Ciga Correa, Alfredo Alberto Mingolla, Carlos Alberto Durich, Leandro Sánchez Reisse y Raúl Guglielminetti.
Héctor Francés, la revelación
Si bien desde 1979 hay antecedentes de la presencia de los asesores civiles argentinos en el Istmo, fue hasta 1982 que se dio a conocer el hecho y sus labores en la región, cuando oficiales de inteligencia nicaragüense detuvieron a Héctor Francés en San José de Costa Rica.
Durante el interrogatorio al que fue sometido, Francés declaró que pertenecía al Batallón de Inteligencia 601 de Argentina y que estaba bajo las órdenes del Estado Mayor argentino en Honduras, encabezado por José Osvaldo Ribeiro y José Hoya, con el propósito de entrenar a la Contra y a escuadrones de la muerte capaces de derrotar a los Sandinistas, y a las guerrillas salvadoreña y guatemalteca, respectivamente. También aseguró haber desertado del Batallón de Inteligencia 601 por la guerra de Malvinas. En este sentido, Juan Salinas y Julio Villalonga abordaron el tema desde el periodismo, al decir:
Francés había sido secuestrado el 6 de octubre de 1982 en las proximidades de la embajada de Venezuela en San José de Costa Rica, situada en el elegante barrio de Las Loces [se escribe Los Yoses]. A pesar de que en el video que lo tuvo por protagonista afirmó haber desertado voluntariamente a causa de la guerra de Malvinas, resultó que hubo testigos de su secuestro; testigos que narraron a la policía como Francés había sido introducido por la fuerza dentro de un utilitario Chevrolet amarillo paja, por un grupo de cinco personas entre las que descollaba una mujer rubia. La abrupta desaparición del agente había provocado que la policía costarricense interrogara a muchos residentes argentinos en el país (Salinas y Villalonga, 1993, p. 212).7
Francés también explicó que Honduras cambió su apoyo a los grupos contrarrevolucionarios nicaragüenses por créditos para reequipamiento de las Fuerzas Armadas y asesoramiento técnico que le brindaron militares argentinos para montar fábricas de municiones y explosivos.
Hay más de cien nombres con la intricada red de argentinos y norteamericanos que tienen las diversas organizaciones contrarias al régimen sandinista que funcionan en Costa Rica y que son encubiertas por funcionarios locales (La Voz, Argentina, 1982-12-02; consultado en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el 2017/08/17).
Si bien las declaraciones de este supuesto agente de inteligencia argentino -que por otro lado no aparece en el libro Batallón de Inteligencia 601, que publicó el gobierno del país sudamericano en 2015- deben tomarse con reserva, pues no deja de ser un hombre con entrenamiento para declarar, es relevante hacer notar la reacción que generó su detención en la Junta Militar argentina.
Basta apreciar algunos de los documentos desclasificados de la Colección Forti del Archivo Histórico de la Cancillería Argentina (AHCA), para darse cuenta de esto. Un cable cifrado y enviado el 25 de noviembre de 1982 por el embajador Arturo Ossorio Aranna, desde Honduras a Buenos Aires dice:
Hoy al despedirme del General [Gustavo] Álvarez Martínez, jefe de Fuerzas Armadas, confidencialmente manifestome, que en Managua jefes sandinistas han montado un programa de 61 minutos con declaraciones del presunto ex militar argentino, recientemente secuestrado en Costa Rica, Frances García [sic]. Agregome que dicho programa será difundido por televisión Estados Unidos y tendrá grave impacto, en razón impresionantes confesiones hacen decir al prisionero [sic]. […] Ante campaña anti Argentina que seguirá a difusión a este programa, urge preparar respuestas adecuadas en diferentes foros posibles (Cable Cifrado, No. 590. AHCA-Colección Forti, 25/11/82).
Dos cables secretos más, que también fueron enviados desde Honduras señalan:
Secuestrado da su nombre y dice pertenecer al Batallón Inteligencia 601, así como tipo de adiestramiento adquirido. Justifica posición en relación Revolución Sandinista como cambio producido (que -según dice- lo precipitó a realizar autosecuestro) por contacto con realidad centroamericana y conocimiento que califica de sangrienta política de Reagan hacia región, en especial hacia países que buscan soluciones propias [sic]. Respecto a Argentina afirma existe inexplicable acuerdo algunos sectores del país (sectores que identifica como responsables Guerra Malvinas) con Estados Unidos, país aliado a Inglaterra en conflicto Atlántico Sur (argumento este que emplea varias veces) [sic]. Dicho acuerdo dice se traduce en envío asesores militares argentinos: expertos acción sicológica y terrorismo, que contarían con amplios recursos monetarios y propagandísticos suministrados por la CIA y el Pentágono, y con apoyo regímenes Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e incluso Israel [sic]. Describe organización creada al efecto señalado diversos niveles [sic] dirección en Washington, Buenos Aires, Tegucigalpa, San José, Miami, etc, [sic] nombres sus respectivos integrantes (menciona a varios presuntos oficiales por su nombre y grado con los que supuestamente habría colaborado) y vinculaciones en cada país [sic]. Afirma organización cuenta en campamentos con más de siete mil ex Guardias nicaragüenses (muy bien armados) que operarían desde Honduras y en condiciones entrar su país y grupos misquitos igualmente armados [sic]. Revela propósito todo ello sería desestabilizar gobierno Nicaragua desatando guerra del terror, creando zonas liberadas, e incluso por intervención directa de EU, aunque disimulada bajo operación militar conjunta Honduras-EU (Cables desclasificados No. 600 y 601. AHCA-Colección Forti, 27/11/82).
Sobre el accionar de los civiles argentinos y militares en Honduras, Francés García declaró que este grupo recibió la protección del jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas Gustavo Álvarez Martínez y del jefe de las fuerzas de seguridad Alexander Hernández. Asimismo, mencionó que en Argentina, los mandos directos de esta operación fueron el militar Mario Davico, que integra el Estado Mayor General del Ejército (EMGE) y Luis Jorge Arias Duval Arismendi, que comandaba el Batallón de Inteligencia 601 (La Voz, Argentina, 1982-12-02, consultado en el CELS el 2017-08-17).
Juan Francisco Rivera Aguirre, ex Guardia Nacional, subjefe de personal de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (EEBI), de Nicaragua, e integrante de la Legión 15 de Septiembre, que posteriormente fue uno de los grupos que conformaron la Contra, dijo en una entrevista con el autor de este artículo realizada para su tesis doctoral, que él fue uno de los responsables en buscar el financiamiento para llevar a distintos grupos de militares de su país y Honduras a entrenarse a Argentina: “Logramos enviar tres o cuatro grupos de muchachos jóvenes. Por aquí está uno de ellos que perdió una pierna con una mina en la guerra” (Entrevista con Rivera Aguirre, 2018-01-09; archivo del autor). Asimismo, comentó que los militares y civiles argentinos llegaron a Honduras a mediados de 1980, ello implicó un apoyo de parte del ejército argentino a las fuerzas hondureñas.
Julieta Rostica menciona que los militares hondureños que tomaron en 1981 el Curso de Inteligencia para Oficiales Extranjeros (COE-600) en Argentina fueron el Subteniente José Luis Zambrano Carrasco y el subteniente Segundo Flores Murillo, mientras que, en 1982, acudió el Mayor Alexis Perdomo Orellana (Rostica, 2021, p. 22).
Leandro Sánchez Reisse, el Informe Kerry
Otro agente civil de inteligencia que participó de las actividades contrarrevolucionarias en Honduras fue Leandro Sánchez Reisse. En una declaración ante el Subcomité en Terrorismo, Narcotráfico y Operaciones Internacionales de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, también conocido como Informe Kerry (1987), aceptó su intervención.
El agente de inteligencia dijo haber trabajado en el gobierno argentino entre 1976 y 1981: “Fui asesor de la llamada Comunidad Informativa, que contaba con información de la Policía Federal de Seguridad y del Batallón 601 del ejército y se conectaba también con el servicio de inteligencia de la Marina y las Fuerzas Aéreas” (Informe Kerry, 1987, p. 9, archivo de John Dignes).
Sánchez Reisse dijo que su jefe inmediato en Argentina era el Coronel Gatica y que él estaba a cargo del Batallón de Inteligencia 601 y de la Policía Federal en la Provincia de Buenos Aires. Además, explicó, también respondía a las órdenes de Raúl Guglielminetti:
Que trabajaba para la Policía Federal de Seguridad y el Batallón 601 de Argentina […] y [estaba] conectado con el Grupo Andes, pero había trabajado en Centroamérica con las Fuerzas de los Estados Unidos (Informe Kerry, 1987, p. 10, archivo de John Dignes).
En esta parte del testimonio, encontramos una diferencia entre lo dicho por Sánchez Reisse y Francés García: mientras el primero dice que su jefe inmediato era el coronel Gatica, que estaba a cargo del Batallón de Inteligencia 601, el segundo señala que el responsable de éste era Luis Jorge Arias Duval. Por otra parte, en el libro El batallón de Inteligencia 601 se menciona que Arias Duval prestó servicios en el Batallón de Inteligencia 601 desde diciembre de diciembre de 1974 hasta noviembre de 1983 (Programa Verdad y Justicia, 2015, p. 133).8
En el libro no aparece mencionado el coronel Gatica. Sin embargo, sí se explica la función de Mario Davico: quien era el segundo oficial de la Jefatura II del Ejército (Programa Verdad y Justicia, 2015, p. 147). Asimismo, en la entrevista que le realizamos a Juan Francisco Rivera Aguirre, éste nos comentó lo siguiente:
Mario Davico es amigo mío. Un hombre que vendía armas. En Honduras tenía muy buenas corridas [relaciones] con las Fuerzas Armadas. Éramos buenos amigos […] Buen tipo. Un tipo que se identificó con la causa en Honduras porque él se movía a nivel internacional en compra y venta de armas (Rivera Aguirre, 2018/01/09, archivo del autor).
Sobre el Grupo Andes, al que hizo referencia Sánchez Reisse, Ariel Armony comenta que con el golpe de Estado en Bolivia se estableció una especie de red anticomunista transnacional encabezada por Argentina y conocida como Brigada Andina, Grupo Andes, o Andean Task Force, que era una agrupación cuyo objetivo era eliminar a los opositores al régimen argentino en el exterior. “Esta red paramilitar trabajaba en conjunción con el Batallón de Inteligencia 601. Los enlaces argentinos clave eran el gral. Suarez Mason y Raúl Guglialminetti […] se afirma que la brigada colaboraba con personal militar estadounidense destinado en América Central” (Armony, 1999, p. 67).
Además, Sánchez Reisse explicó durante su declaración que, en Nueva York, Estados Unidos, abrió una sucursal de la empresa Argenshow, en 1976 que estaba destinada al lavado de divisas.9
Estábamos haciendo transacciones de moneda extranjera. Guglielminetti, mi jefe en ese momento, también estaba en Miami operando un negocio que se llamaba Silver Dolar Incorporated que funcionaba básicamente bajo una casa de empeño, pero era un negocio encubierto en Florida [...] para nuestras actividades en Sudamérica y en Centroamérica [sic] (Informe Kerry, 1987, p. 15).
Durante la declaración de Sánchez Reisse en el Senado estadounidense, el legislador John Kerry le preguntó: ¿Cuál era el propósito de la operación de inteligencia militar de la empresa Argenshow en Florida? La respuesta fue la siguiente:
Básicamente, la idea comenzó en Argentina. Nos dimos cuenta de que estábamos luchando contra las guerrillas de izquierda en Argentina, llamadas Montoneros y ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Y, de hecho, no sólo estábamos luchando contra ellos en Argentina, sino que era un problema que se dirigía hacia Argentina por parte de países extranjeros, y que, por tanto, nuestras fronteras ya no eran las de Argentina, sino las de toda Sudamérica y América Latina. Por eso, pensamos que […] estábamos obligados a luchar, [en las] fronteras de toda América Central y América del Sur [sic] (Informe Kerry, 1987: pp. 15-16).
Al cuestionarlo sobre el propósito de la base de Fort Lauderdale, Florida, creada por Argentina y Estados Unidos en esa época, la respuesta fue la siguiente:
Lo del Fort Laudarle fue porque la gente del Gobierno de Argentina junto con la gente del Gobierno de los Estados Unidos decidieron que era mejor y mucho más seguro que las tropas argentinas y los asesores argentinos estuvieran, por ejemplo, en El Salvador o en Costa Rica y Honduras, que involucrar directamente a las tropas de los Estados Unidos en ese momento en ciertos lugares de América Central y del Sur. […] Teníamos que estar en Fort Laudarle para facilitar los envíos de armamento y el dinero para apoyar las actividades en Centroamérica de las tropas argentinas, de los asesores argentinos y de la gente que trabajaba desde Estados Unidos en esa zona [sic] (Informe Kerry ,1987, p. 17).
Sánchez Reisse también se refirió al lavado de dinero:
Nosotros lavamos dinero a Centroamérica desde diferentes partes del mundo en ese tiempo. Yo no diría que estábamos “blanqueando” dinero porque, tal vez me equivoque, pero mi forma de entender es que el blanqueo es cuando de alguna manera el dinero sucio de Estados Unidos o el dinero que se quiere ocultar va a otro lugar y tenemos que hacer que ese dinero esté limpio. Entonces, yo diría más bien que el dinero que se cobraba en Estados Unidos o el dinero que venía de lugares como Suiza, Bahamas, o Gran Caimán o Leichtestein, se entregaba a otro lugar a través de Panamá o a Panamá manejado desde Estados Unidos, pero sin ser ese “lavado” (Informe Kerry, 1987, p. 19).
El testimonio cobra relevancia no sólo por lo dicho hasta ahora, sino porque demuestra la política transnacional de la Junta Militar argentina, con las complejas relaciones que se entablaron para desarrollar esta operación, enviando tropas y asesores civiles del país sudamericano a América Central y lavando dinero -según las declaraciones de este agente fueron alrededor de 30 millones de dólares-, desde distintos países del mundo para apoyar esas operaciones.
El testimonio de este agente de inteligencia es muy rico en información, pues nos abre puertas para seguir investigando. Esta información fue ratificada por el mismo Sánchez Reisse en una entrevista que le hizo el periodista Juan Gasparini en La pista Suiza (1986).
Guglielminetti, el jefe civil
Raúl Guglielminetti, el jefe de Leandro Sánchez Reisse en Estados Unidos, tenía un extenso prontuario en Argentina, que lo llevó de Neuquén a Bahía Blanca y de ahí a Buenos Aires. Según Gasparini, en Bahía Blanca dirigió los grupos de choque de extrema derecha y trabajó como lugarteniente del rector de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu; y cuando Tetu fue interventor en la Universidad de Comahue, también trabajó con él (Gasparini, 1986, p. 275). Su paso a la Triple A, fue natural.
Las virtudes represivas de Guglielminetti lo llevaron a que el general Jorge Rafael Videla le encomendara una misión: el asentamiento de tropas argentinas en América Central. “A tales fines el Ejército creó, engarzado en el Batallón 601 el Grupo de Tareas del Exterior (GTE)” (Gasparini, 1986, p. 280). Guglielminetti asumió la jefatura. La relación entre él y Sánchez Reisse derivó en negocios financieros como los mencionados en párrafos anteriores. Asimismo:
Cursos de perfeccionamiento en la CIA, incursiones en América Central y el Caribe (apoyo logístico al antisandinismo y al “anticastrismo”, voladura de “Radio Liberación del Continente” en Costa Rica [se refiere a Radio Noticias del Continente]) alternando con periódicos viajes a Buenos Aires (secuestros extorsivos y represión política) con los placeres del Caribe (cruceros, hasta que Guastavino [se refiere a Raúl Gulglielminetti] dejó los mástiles del yate de “Lenny” como recuerdo en un puente de la Florida) y con la militancia en las filas de “Omega”, la organización de narcotráfico y venta de armas. Es la misma que ha pasado a ser dirigida por el general Suárez Masón. Aceitados dichos mecanismos, Guglielminetti y Sánchez Reisse comienzan a ser requeridos prioritariamente por Buenos Aires, aunque jamás abandonarán sus residencias legales en Miami (Gasparini, 1986, p. 281).
Juan Martín Ciga Correa: de la cárcel al Istmo
Hasta donde sabemos, Juan Martín Ciga Correa fue integrante de la organización ultraderechista Milicia Nacional Justicialista, una de las agrupaciones que se integró a la Triple A. Además, fue uno de los contactos de la dictadura chilena en Argentina cuando se asesinó al general Carlos Prats. En la sentencia del juicio contra el ex agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, apareció el nombre de Ciga Correa como integrante de la organización Milicia y trabajador de la Universidad de Buenos Aires.10
En el memorándum No. 3, firmado en Buenos Aires el 16 de mayo de 1975, que trata información general del caso Colombo, se explica que uno de los grupos que integraron la Triple A fue Milicia Nacional Justicialista. “Este grupo es el conocido como Grupo M (MMM), su denominación se debe a las iniciales de sus jefes. Solo conocemos uno Martín Ciga Correa (M de Martín). Este actuó en el caso Colombo, efectuando la primera etapa del trabajo en forma perfecta” (Memorándum 3, 16/05/75, tomado del portal CIPER). Asimismo, en el documento, Ciga Correa aparece como jefe del aparato de Seguridad de Milicia Nacional Justicialista.
Hay evidencias que colocan a este agente argentino en diferentes partes del Continente, desde Argentina hasta Centroamérica como un agente de la SIDE. Una de éstas la hallamos en 1984, cuando fue detenido en Mar del Plata por robo de vehículo, tenencia ilícita de armas, uso de documentos falsos, entre ellos la credencial de Mariano Santamaría, que utilizaba al volver de Centroamérica. (Yeves, 1990, p. 84).11
Mariano Santamaría, Santa María o Santamarina, lo hemos encontrado escrito de las tres formas, fue el seudónimo con el que Ciga Correa trabajó en Centroamérica. Una de las pruebas de ello se encuentra en la denuncia policial que con ese nombre interpuso en Guatemala, junto a Héctor Francés, por el robo de documentos y objetos en su coche. Ante las autoridades dijo “que era técnico ganadero, originario de Buenos Aires, Argentina, que se encontraba hospedado en la 2 calle A 19-45, zona 14 y que era hijo de Mariano Santamaria y Pilar Alvear (AHPN, 181, No. 13828).
Otra prueba de esto la proporciona el periodista Horacio Verbitsky (1981), quien publicó un reportaje en la revista Humor sobre este ex agente de la SIDE:
Ciga Correa no era un presidiario cualquiera. Tenía proceso en el juzgado Federal de San Martín por asociación ilícita, robo reiterado de automóviles, tenencia de armas de guerra y falsificación de documentos, y otro anterior en San Juan por un [revólver] 11.25 que le reclamaba a la policía provincial (Verbitsky, enero de 1981, consultado en el CELS, 2016).
Durante la realización de mi tesis doctoral tuve la oportunidad de entrevistar a un compañero de celda de Juan Martín Ciga Correa en la cárcel de Sierra Chica: Sergio González, ex integrante de la Juventud Peronista. En la charla que mantuvimos por Skype, contó:
Durante un tiempo estuve sólo hasta que me llevaron a una persona, que era un poco más grande que yo. Nadie lo conocía en el pabellón […]. Era carismático, preso común, dijo que lo había confundido con un preso político […]. Estuvimos en la misma celda, y por eso me quedó su nombre grabado: Juan Martín Ciga Correa (Entrevista con Sergio González, 2017-06-12, en Balerini, 2020).
Tiempo después, González fue castigado y llevado a otro pabellón de la cárcel. Cuando volvió a su celda Ciga Correa ya no estaba en ella. Verbitsky (1981) explica por qué:
Lo sacaron de la sombra de la cárcel para que conociera el Caribe. El Batallón de Inteligencia 601 le plastificó un documento como mayor del Ejército y le asignó un nombre muy adecuado para un combatiente de la Cristiandad contra el imperio del mal: Mariano Santa María (Verbitsky, enero de 1981, consultado en el CELS, 2016).
Otra referencia de Ciga Correa también la proporciona Yeves, cuando explica que en septiembre de 1981, en Panamá, Juan Carlos Gelassio se encuentra con él y Héctor Francés, para darles cien mil dólares que el general Alberto Alfredo Valín le envía a José Osvaldo Ribeiro, a Tegucigalpa y ellos eran los encargados de llevárselos (Yeves, 1990, p. 70).
Carlos Alberto Durich y la ESMA
A Carlos Alberto Durich no podemos vincularlo completamente como agente de inteligencia, pues las fuentes que tenemos a disposición se contradicen. Por un lado, un comunicado del CELS de abril de 1990 señala: “En tiempos de la dictadura, Durich estuvo estrechamente vinculado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en especial a los grupos de tarea que en ella operaban secuestrando y desapareciendo ciudadanos indefensos” (CELS, abril, 1990, consultado en 2016). En la revista El Porteño (1987), se dedicaron varias páginas “a propósito de su actividad en Centroamérica y especialmente en Nicaragua en 1979, durante los acontecimientos que provocaron la caída de Anastasio Somoza” (CELS, abril, 1990, consultado en 2016).
Nicaragua no fue el único destino centroamericano de este personaje. También estuvo en Guatemala. Un documento desclasificado enviado desde Guatemala comprueba su estancia en ese país:
La declaración del Ministro de la Gobernación (Interior) efectuada en conferencia de prensa el mismo día de nuestra citación, expresando que elementos de extrema izquierda y extrema derecha intentaban una acción o plan terrorista, con el apoyo de elementos extranjeros expresando que se trataba de localizar el paradero del argentino Carlos Alberto Durich o Carlos Alberto Durich Fernández y del chileno Rafael Perla Saldivar, a quienes presuntamente se sindica covinculados con la extrema derecha (AHCA-Colección Forti, No. 267, 26/06/78).
Mingolla, de Bolivia a Centroamérica
Mario Alberto Mingolla o Alberto Alfredo Mingolla -detenido en Argentina y extraditado a España recientemente-, es uno más de los agentes de inteligencia argentinos con un prontuario extenso en materia de contrainsurgencia. Según Ricardo Ragendorfer, este agente había sido enviado a Honduras como parte del Grupo de Tareas del Exterior (GTE), “para adiestrar, con apoyo de la CIA, a los contras nicaragüenses y escuadrones de la muerte de El Salvador, Guatemala y ese país” (Ragendorfer, 2014). Asimismo, llegó a ser la mano derecha del general Gustavo Álvarez Martínez.
También participó del golpe de Estado en Bolivia el 17 de julio de 1980. Según un cable desclasificado de la cancillería argentina, este agente habría sido detenido en 1982, cuando estaba intentando reorganizar una banda paramilitar para derrocar al gobierno (AHCA-Colección Forti, No. 136, 30/11/82).
En la ficha 86 del Archivo de la Policía Nacional de Guatemala, con fecha 26/7/82, se señala sobre este agente: “Se solicita al Departamento 7° “OPSIC” Estado Mayor del Ejército Rep. Bolivia, información ya que tenemos, conocimiento que esa Secc. cuenta con modernos métodos para combatir la subversión, por lo que se ruega atender a éste, quien se ha ofrecido servir enlace entre ese Depto. y ésta dependencia” (AHPNG, No. 86, 26/7/82).
En el mismo archivo se encuentra otra ficha de este personaje, la 8963, en la que se da cuenta del extravío de sus documentos personales (AHPNG, No. 8963).
Ragendorfer (2019) también señala que los orígenes políticos de Mingolla se pueden rastrear “con el grupo fascista Concentración Nacional Universitaria (CNU). Esa, justamente, fue la vía que lo llevó a enrolarse como agente civil en el Batallón 601” (Ragendorfer, 2019).
A manera de conclusión
Hasta aquí hemos intentado hacer un breve acercamiento de quiénes fueron algunos de los agentes civiles de inteligencia argentinos más identificados en Honduras y el conflicto centroamericano. Es cierto que nos falta mucho por averiguar. Esta es una aproximación a un tema muy complicado, aún no están disponibles todos los repositorios que permitirían tener mayores certezas al respecto.
Es necesario establecer que con este artículo intentamos problematizar un tema complejo sobre el cual sostenemos que entre los objetivos de los asesores argentinos se encontraba entrenar a elementos de La Contra nicaragüense y a algunos de los escuadrones de la muerte guatemaltecos y salvadoreños. La intervención militar argentina en el conflicto centroamericano ya sea desde el propio territorio ismeño o desde el país sudamericano dando cursos de entrenamiento a integrantes de la Contra, a algunas agrupaciones paramilitar o a diferentes integrantes de ejércitos, debemos entenderla como parte de la transnacionalización que la Junta Militar buscaba encabezar en la región, en medio de la Guerra Fría Latinoamericana.
Esa transnacionalización no habría sido posible sin la conjunción de varios elementos: en primer lugar, una alianza con Estados Unidos para el entrenamiento de las fuerzas irregulares en Honduras, que buscaban combatir a los sandinistas y contrarrestar la creciente influencia de las guerrillas salvadoreñas y guatemaltecas, en la región y en segundo lugar, para lograr esa transnacionalización represiva la Junta Militar no sólo debió contar con integrantes del ejército sino de otras fuerzas armadas y de aparatos de inteligencia como la SIDE.
Esos contactos, por otra parte, le permitieron, como lo expone Leandro Sánchez Reisse, financiar las operaciones militares de los uniformados y los agentes civiles argentinos, con dinero del narcotráfico que era lavado en distintos países, y que como mencionamos páginas arriba fue parte de un proyecto militar llamado Grupo Andes.
