Distinciones conceptuales

En el lenguaje cotidiano es frecuente que para referirse a la venta de servicios sexuales por parte de las mujeres se utilicen términos altamente valorativos, tales como: sexoservidoras, prostitutas o putas.^{3 Lagarde (2014)} enumera otros calificativos que circulan socialmente al referirse a la prostitución; del talón, rameras, cuzcas, masajistas pecadoras, huilas, ficheras, golfas, pirujas, zorras, entre otros. Sin embargo, estas palabras describen poco y ocultan el carácter social de una actividad laboral, en el sentido que, como otros trabajos, posee la capacidad para la reproducción de las condiciones de vida (^{Marx, 1983}); es decir, quien ejerce dicha actividad puede, a partir del uso de su corporeidad, obtener los recursos para su reproducción.

No obstante, es necesario aclarar que el trabajo sexual, si bien es cierto permite reproducir las condiciones de subsistencia, tiene diferenciaciones de fondo con cualquier otro trabajo, porque en éste la venta del sexo como el centro del consumo implica, de entrada, un estigma social, aspecto que no sucede con otros trabajos. “Las posturas contractualistas y algunas feministas, [consideran] que la prostitución es meramente un trabajo asalariado y la prostituta es una trabajadora, como cualquier otro trabajador asalariado” (^{Pateman, 1996, p. 262}). La relación entre la trabajadora sexual y el cliente no implica ningún tipo de contrato e incluso cuando éstas se encuentran ubicadas en un espacio determinado (bares, salones, casas, clubs, etcétera.), asumir que el trabajo sexual es como cualquier otro trabajo es negar la representación social negativa que trae consigo.

Es un hecho que la noción de prostitución denigra a quien oferta servicios sexuales, ^{Lamas (2021)} insiste en la carga peyorativa y estigmatizante para quienes venden el sexo. El término prostitución, definida en el diccionario de psicología como: “la práctica de relaciones sexuales promiscuas (gen.mujeres) a cambio de una remuneración económica [Téc. limitado a la práctica habitual como profesión o medio de subsistencia]” (1996, p. 279) tiene una carga moral y valorativa, lo mismo que el sexo-servicio, pues ambos remiten a una idea de servidumbre (^{Ponce, 2008}). En el ámbito académico, así como en una fracción del movimiento feminista,⁴ se aboga por reconocer la venta de servicios sexuales como un trabajo. En el ámbito internacional también algunos organismos se han posicionado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (^{OMS, 1989}) reconoce la figura de trabajo a los servicios sexuales al clasificarla como la actividad sexual definida como prostitución o trabajo sexual, ésta tiene por objetivo obtener dinero a cambio de un servicio sexual prestado. En trabajo sexual es parte del comercio sexual donde se visibiliza una relación de compra-venta, en una relación entre la vendedora y el comprador de los servicios sexuales (^{Lamas, 2015}), además al considerarlo como un trabajo existe la posibilidad del reclamo de los derechos laborales, señala la autora. “Hablar de trabajo sexual conlleva implícitamente el reconocimiento de que es una actividad similar a la de otras formas de trabajo” (^{Lamas, 2021, p. 49}) en este sentido, desde su argumentación las personas dedicadas al trabajo sexual tienen la posibilidad de abandonarlo en el momento que lo consideren.

Por su parte, Lagarde utiliza el término prostitución, la define como una transacción comercial que implica un servicio que proporciona placer. Así, explica la autora, en dicha transacción hay un desempeño de actividades eróticas por tiempo determinado, es una práctica de compra venta del sexo, son actividades generalmente centradas en prácticas coitales, aunque pueden ser otras muy diversas. Si bien esta definición aporta elementos a la discusión, el problema se presenta al equiparar la prostitución con la violación “La prostitución presenta afinidad con otro tipo de relación entre el hombre y la mujer. Se trata de una violación” (^{Lagarde, 2014, p. 572}), otro de los problemas es la falta de posicionamiento respecto al trabajo sexual, en algunos momentos habla de prostitución y en otros de trabajo sexual, contrario a la postura de Marta Lamas que pugna por el reconocimiento de los servicios sexuales como un trabajo.

En este contexto temático, es importante hacer la distinción entre el trabajo sexual y la trata de personas, pues esta última está definida en el Protocolo de Palermo⁵ en su anexo ll, artículo 3, como:

Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (^{ONU, 2004, p. 44-45}).

Se puede observar que en la trata de personas existe coacción al ser obligadas, a partir de la amenaza, a realizar trabajos o actividades ajenas a su voluntad, existe una pérdida absoluta de la libertad, así como una imposibilidad para decidir. ^{Weitzer (2014)} explica que, en los casos del tráfico de personas con fines de explotación sexual, a las personas se les presiona, intimida y se motiva con engaños a introducirse al comercio sexual. A diferencia de la trata de personas, en el trabajo sexual la decisión de las mujeres para la venta del cuerpo con fines eróticos es voluntaria. Aunque se reconoce que en ciertos contextos estas decisiones están condicionadas por la precarización de las condiciones de vida y/o algún tipo de coacción Así, considerar al mismo nivel el trabajo sexual y la trata de personas es un error, en tanto se niega la capacidad de decisión de las mujeres para ejercer el trabajo sexual (^{Smith y Mac, 2018}).

Por ello consideramos que es mejor utilizar la categoría de trabajo sexual, en lugar de prostitución o sexoservicio, porque permite, por un lado, identificar una transacción comercial en donde se vende placer a partir acuerdos prestablecidos que estipulan el tipo de prácticas sexuales, así como el tiempo de consumo, y, por otro lado, ubica al ejercicio del trabajo sexual en la esfera del ámbito laboral, situación que como señala Marta Lamas permitiría la exigencia de los derechos laborales.

El contexto

Para algunos teóricos (^{Robinson, 2013}; ^{Arizmendi, 2016}), el capitalismo enfrenta una de las crisis más profundas y severas, la cual no tiene precedentes por su dimensión y alcance global, esta crisis hace referencia al impacto en varías esferas de la vida social; la crisis ambiental, la crisis de seguridad, la crisis económica, la crisis de salud, la crisis alimentaria, que ponen en riesgo como nunca antes, la existencia humana. Otros autores, como ^{Veraza (1990)} señalan que el capitalismo no parece sucumbir ante las crisis, contrario a ello, aparece cada vez más fortalecido para continuar sus procesos de acumulación de capital. ^{Echeverría (1997)} señala que la modernidad capitalista encierra una doble contradicción; deja de ser una afirmación de vida para convertirse en una aceptación de muerte, donde grandes grupos de población quedan imposibilitados para reproducir sus condiciones de vida. El ethos capitalista es la acumulación de capital, su esencia es violenta en el sentido que les arrebata a los sujetos, no sólo los medios de vida, sino las posibilidades para reproducir esos medios de vida (^{Arizmendi, 2016}). La implantación sistemática y permanente de la violencia estructural ha profundizado la brecha de desigualdad; la opulencia y concentración de capitales para unos cuantos y la pobreza para la gran mayoría

En América Latina, la fase expansiva y rapaz del capitalismo se cobijó bajo un nuevo modelo económico llamado neoliberal, el cual fue impulsado a partir de la década de los años ochenta, primero en Chile y después en todo el continente. El nuevo modelo ha implicado la reducción del gasto público, la eliminación de subsidios, el adelgazamiento de la intervención del Estado y, sobre todo, como lo señala ^{Robinson (2013)}, se han mercantilizado áreas como salud y la educación. La precarización y desregulación laboral es otro de los efectos observados en esta nueva fase expansiva del capitalismo, donde las políticas de ajuste estructural han tenido efectos directos en el empleo, el salario e incluso en los sistemas de seguridad social (^{Laurell, 2000}). Laurell refiere que este problema es verificable empíricamente y se constata con las tasas de empleo informal, desempleo, así como en el impacto negativo en la calidad de los empleos -considerando los bajos salarios y las escasas prestaciones laborales-.

En México, la precariedad laboral se ha agudizado en las últimas décadas, sin duda como efecto de la política económica de corte neoliberal. De acuerdo con el Informe del Observatorio Nacional de Salarios Mínimos (2018), sólo el 5% de la población ocupada recibe más de cinco salarios mínimos, mientras que el 88% no cuenta con salario digno, encontrándose en la pobreza monetaria o el desempleo, esto último implica no contar con seguridad social.

En el informe de ^{Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (2021)} se analizan los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), referente al aumento de la pobreza extrema, y colocan al trabajo como el elemento principal para explicar el aumento de la pobreza. El informe dice que: sólo 9 millones de personas tienen condiciones laborales decentes; en contraste con 25 millones que al no tener acceso al trabajo quedan sin posibilidades de reproducir sus condiciones mínimas de vida. Asimismo, 35 millones de personas se ocupan en condiciones de precariedad laboral, con un ingreso insuficiente y sin seguridad laboral.

Ante este panorama, las posibilidades de una vida digna que permita la obtención de una vivienda, la atención en salud, el acceso a la educación y el acceso en general de los derechos sociales se presenta como una utopía. Es el resquebrajamiento de la utopía de “progreso y bienestar para todos” que prometía el proyecto civilizatorio de la modernidad (^{Echeverría, 1997}).

Tabasco y la región Chontalpa

Es necesario ubicar, de manera general, el contexto geográfico y social en el cual se realizó este primer acercamiento exploratorio con trabajadoras sexuales de la región Chontalpa, perteneciente al Estado de Tabasco. Algunos municipios de la región presentan características propias de los centros urbanos, pero también comparten elementos de las áreas agrícolas y ganaderas, de allí que se defina como un contexto semi-urbano.

El estado de Tabasco cuenta con 17 municipios divididos en cinco regiones, se encuentra ubicado al norte con el Golfo de México, al este colinda con Campeche y Guatemala, al sur con el estado de Chiapas y al oeste con el Estado de Veracruz. El 65% de su población se encuentra en edad laboral, entre 15 y 65 años, pero tiene una tasa de desocupación del 8% (^{INEGI, 2019}). Actualmente, el 30.3% de la población está afiliada al IMSS; el 6.4% al ISSSTE; el 5.9% a Pemex, Defensa o Marina, 1.3 a instituciones privadas, 0.9 IMSS Bienestar; mientras un 48.3% está afiliado al Instituto de Salud para el Bienestar (^{INEGI, 2020}), lo que significa que cerca de la mitad de población económicamente activa no cuenta con un trabajo formal y por lo tanto es una población sin seguridad social.

Para Tabasco, una de las ramas más importantes de su actividad económica es la extracción de petróleo y gas, constituye el 63% de la producción total⁶ a nivel nacional, además de representar el 3.2 % del PIB, con respecto al PIB nacional (^{INEGI, 2015}). Se dice que durante tres décadas el estado se caracterizó por un proceso llamado petrolización económica (^{Ramírez, 2019}), este proceso generó fuertes derramas económicas e integró, sobre todo en la primera década, a un gran número de población como fuerza de trabajo; no obstante, en 2007 se experimentó la caída internacional del precio del petróleo, y la disminución de la producción, “la articulación entre el desempleo y la pobreza es un estímulo, entre muchos otros, que potencia la apertura de espacios para la acción ilegal y la masificación de la delincuencia común” (^{Ramírez, p. 199}).

En las últimas décadas los niveles de desigualdad, desempleo, precariedad laboral y pobreza van en aumento en el estado. Entre 2018 y 2020 se reportó que el porcentaje de pobreza en el estado había disminuido, pero que el porcentaje de pobreza extrema había aumentado del 12.1 al 13.7% (^{CONEVAL, 2018}).

Otro de los problemas que ha enfrentado el Estado de Tabasco es el establecimiento del crimen organizado, inicialmente con grupos como los Zetas, el Cártel del Golfo y la Familia Michoacana, y actualmente con la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico. Grupos que dominan con operaciones como bloqueos de carreteras, secuestros, quema de vehículos, cobros por derecho de piso para implantar el miedo en la población. Estos grupos criminales no sólo funcionan en la ilegalidad, también tienen negocios legales que se deslizan en los circuitos financieros locales, nacionales e internacionales, y establecen vínculos de corrupción en los círculos de gobierno, lo que asegura gran parte de sus operaciones (^{Fuerte, Pérez y Córdoba, 2018}).

Particularmente en la región Chontalpa, el contexto social en el que se desarrolla el trabajo sexual es de desigualdad, desempleo, precarización económica y violencia. Es importante apuntar que los procesos de extracción de petróleo en el Estado no cumplieron las expectativas de desarrollo, progreso y pleno empleo prometidas por el modelo desarrollista del gobierno. Si bien es cierto durante el boom petrolero e incluso durante la implementación del plan Chontalpa, que consistió en la tecnificación agrícola para las zonas húmedas del trópico, se dinamizó la economía local y generó fuentes de empleo, esto sólo fue temporal. Los proyectos extractivistas (de petróleo, gas, agua, minería, etcétera) en todo el país han tenido repercusiones ambientales importantes, pero en el estado de Tabasco, se han generado más conflictos violentos que oportunidades de empleo y desarrollo social (^{Guarneros y Zaremberg, 2021}).

Por el contrario, en la zona centro y región Chontalpa los cárteles del crimen organizado, tienen mayor presencia incluso aparecen grupos como los Zetas, La Cofradía, células de los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Pacífico y del Golfo (^{Ramírez, 2019}) que hacen más peligroso y violento el trabajo sexual.

En el contexto descrito, es donde se realiza el primer acercamiento, de carácter exploratorio, con trabajadoras sexuales,⁷ la recuperación de 16 testimonios permitió obtener algunos datos sociodemográficos, entre ellos los que tienen que ver con la formación escolar y la edad. La mayoría tiene primaria incompleta y algunas de ellas mencionan no saber leer ni escribir; sus edades oscilan entre los 26 y 60 años. Los ingresos de su trabajo se destinan a cubrir las necesidades básicas de sus familias. Algunas trabajadoras comentan que tienen como dependientes económicos a sus hijos y otras son sus padres o sus nietos quienes dependen económicamente de ellas.

Las trabajadoras sexuales que nos permitieron acercarnos a ellas y conocer parte de sus historias de vida, son mujeres que provienen de localidades donde hay carencia de servicios públicos como alumbrado, transporte público regular, agua potable, alcantarillado y pavimentación, las fuentes de empleo son escasas y los servicios de salud son limitados al primer nivel de atención, como consultorios privados y centros de salud. La mayoría de ellas enfatizan dedicarse “al oficio” por necesidad, otras señalan que al haber vivido violencia por parte de la pareja decidieron buscar una forma de generar recursos para mantener a sus familias.

Otro aspecto que nos muestra las condiciones de precariedad laboral en la región, son los bajos salarios. Las trabajadoras sexuales refieren que los empleos a los que ellas pueden aspirar, el pago por día puede oscilar entre 80 y 200 pesos, con jornadas laborales de 8 a 12 horas y sin prestaciones laborales, porque se trata de actividades como limpieza en casas, en comercios, restaurantes, fincas de cacao o ranchos ganaderos. Así que para obtener mayores ingresos a los que estos empleos locales ofrecen toman la decisión de dedicarse al trabajo sexual. El testimonio de Lucía⁸ explica las motivaciones que la llevaron a ejercer el trabajo sexual.

Yo trabajo en esto para que mis hijos tengan mejor vida, ellos saben que trabajo para que estén bien. Aquí hay poco trabajo, además ¿de qué podría trabajar si no estudié?, aquí pagan muy poco, a veces hasta menos de cien pesos y tienes que estar todo el día limpiando o aliñando pollos. Yo quiero que mis hijos estudien.

Las mujeres trabajadoras sexuales, en estos contextos de marginación y desigualdad, pueden vivir distintas opresiones, tanto de género como de raza y clase (^{Bidaseca, 2011}). Es decir, la opresión se restringe a ser mujer, sino también por ser pobre, negra o indígena, al final son mujeres subalternas, marginadas de los beneficios de la ciudadanía global. Algunas de las mujeres entrevistadas, hacen constante referencia constante a la falta de oportunidades, así como a su origen “humilde”, aspectos que ellas consideran les han limitado el acceso a trabajos mejor pagados. En ellas se percibe un sentimiento de desesperanza al no vislumbrar oportunidades laborales.

Los problemas descritos tendrían que ser atendidos por los gobiernos federales, estatales y locales, instrumentando políticas públicas que resuelvan los problemas alrededor de la venta del trabajo sexual, pese que para ellos industria del sexo, el trabajo sexual representa una fuente importante de ingresos. Al respecto, ^{Schmidt (2021)} realiza un análisis de la ciudadanía en la frontera norte sobre las mujeres mexicanas pobres, y simbólicamente dice que de “los cuerpos de las hembras” es posible apropiarse y obtener beneficios económicos.

Violencias e historias de vida

Las mujeres que ejercen el trabajo sexual han sido estigmatizadas “por mostrar el cuerpo y emociones fuera del ámbito íntimo” (^{Lamas, 2017, p. 15}), y por colocar el cuerpo como un bien que puede ser consumido en los espacios del comercio sexual, es decir, en el espacio público. ^{Pateman (1996)} advierte que los teóricos clásicos contractualistas reconocieron lo público como lo masculino de allí centraron su estudio a este ámbito, la esfera privada que confinaba a las mujeres al espacio doméstico era vista como una esfera natural. En el espacio público la razón, la libertad, la igualdad, la le y la ciudadanía son en esencia derechos masculinos, de esta manera las mujeres que exponen su sexualidad en el espacio público transgreden el orden social establecido. Así, las valoraciones negativas en torno al trabajo sexual parece que justifican las múltiples violencias⁹ de las cuales son objeto las mujeres.

Es mejor hablar de violencias porque resulta imposible reducir el problema a la identificación de una sola violencia, pues las modalidades en que se presentan son múltiples, según ^{Macleod y Mindek (2016)}. La violencia tiene un carácter relacional; por ejemplo, la violencia de género puede estar acompañada de la violencia estructural, institucional o familiar. ^{Scheper-Huges y Bourgois (2004)} consideran que el concepto de violencia es escurridizo y difícil de definir, pero sí identifican el carácter reproductivo, vinculante y relacional de la violencia.

De acuerdo con la organización civil ^{Brigada Callejera (2014)}, el estigma, el desprecio y la falta de regulación del trabajo sexual se refleja en las extorsiones, tratos denigrantes por parte de los funcionarios públicos, redadas bajo el pretexto de combate a la trata de personas, imposiciones de revisiones sanitarias en algunos estados del país, incluso violaciones sexuales por parte de policías.

Otro trabajo que también documenta las violencias es el Informe de trabajo sexual y violencia institucional presentado por la ^{Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (2016)}. En él se señala de manera muy clara que la violencia institucional es constante y sistemática, principalmente en los países donde la estructura normativa criminaliza la práctica del trabajo sexual, estableciendo con ello las condiciones propicias para que se susciten las distintas violencias en contra de estas mujeres. El testimonio de Ernestina, una trabajadora sexual de la región Chontalpa, documenta las violencias que ejercieron, en algún momento, las autoridades policiales del municipio donde trabaja.

Hubo una pelea en el parque, llamaron a la policía y nos llevaron a la comisaría, ¡hasta nos esposaron!, éramos como diez. En la comisaria a todas nos desnudaron y querían que nos fueramos al baño, querían tener sexo con nosotras, como no iban a pagar. Tuvimos que pagar mil pesos de multa cada una. En el camino nos fueron insultando, decían: ¿por qué te metiste de puta?, si eres puta entonces aguanta.

Las mujeres que ejercen el trabajo sexual son objeto de diferentes formas de violencia. En el caso del corpus institucional no sólo son las policías, sino también las mismas instituciones encargadas de la atención de la salud. En los estados, la atención a las trabajadoras sexuales está centrada en el control y vigilancia sanitaria a partir de la aplicación de pruebas de VIH y detección de infecciones de transmisión sexual (ITS). En el estado de Tabasco las mujeres tienen que pasar por revisiones médicas semanales y pagar, de acuerdo con un reglamento municipal que no conocen,¹⁰ la cantidad de cincuenta pesos para obtener una firma que les permite seguir trabajando sin que sean multadas.

Todas las trabajadoras tienen que hacerse las revisiones médicas semanales, que en ocasiones se traducen en la simple firma de registro, cuidar de no infringir el reglamento para no ser sancionadas, tal como lo relata Juana, encargada de una de las casas destinadas al comercio sexual.

Por eso tienen su credencial, algunas hasta le han quitado las fotos pa’ que no las vean, si no van al médico o no pagan entonces vienen los del reglamento y las multan... y pus… ya no las dejan trabajar. Y si ya no pueden pagar el reglamento, porque hay quienes no pagan, esas ya no pueden estar en las casas.

En las diversas narrativas las trabajadoras sexuales señalan que los horarios de atención para sus revisiones médicas no coinciden con los horarios de atención de la población en general, se trata de mantener una línea separatista entre dos tipos de mujeres: las decentes y las indecentes. La doble moral sexual determina los espacios de atención médica; por un lado, se promueve y tolera el trabajo sexual, pero, por otro, se condena, margina, discrimina, estigmatiza y reprime (^{Ponce, 2008}). Se trata de establecer una división entre lo legítimo e ilegítimo, entonces habrá un espacio a las sexualidades ilegítimas y ese espacio es el burdel, son los espacios de tolerancia (^{Foucault, 2013}).

Las prácticas médicas establecen una nueva frontera que produce estigma porque ubican a las trabajadoras sexuales como portadoras de enfermedades y “contaminación” (^{Parrini, Amuchástegui y Garibi, 2014}). Recordemos que cuando se pensaba “que en los países ricos el SIDA era una enfermedad de gays y de yonquis, de las prostitutas y sus clientes” (^{Pisani, 2012, p. 17}), los gobiernos se negaban a invertir en programas de prevención porque eran grupos no considerados para su agenda política, [decían:] “no se consiguen votos siendo atentos con drogadictos o prostitutas” (p. 35). En ese entonces, dice Pisani, los gobiernos no estaban dispuestos a invertir en atención del VIH con estos grupos de población, a menos que se demostrará que éste era una amenaza para la población general. Bajo esta lógica clasificatoria es posible entender cómo el diseño de políticas públicas y sus respectivos programas se dirigen a las “mujeres decentes” destinadas a ser madres y cuidadoras, marginando la atención de los problemas que enfrentan las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Hoy los distintos programas de salud siguen destinados al establecimiento de controles sanitarios, así como a la detección de VIH e ITS.

Despojo y control del cuerpo

Es reconocido por varios autores (^{Quijano, 2007}; ^{Echeverría, 1997}; ^{Schmidt, 2021}) que las violencias están relacionadas con el despojo y el control de los cuerpos, esto último implica el moldeamiento de ciertos comportamientos partir de la utilización de dispositivos de poder que permiten el control de los sujetos (^{Foucault, 2013}). Las violencias no transitan solas, se encuentran atravesadas por relaciones de poder y dominación que facilitan el despojo, lo cual implica apropiación de los recursos provenientes del trabajo, mediante un proceso de dominación.

El poder es un espacio y una malla de relaciones sociales de explotación/dominación/conflictos articulados, básicamente, en función y en torno de la disputa por el control de los siguientes ámbitos de la existencia social:1) el trabajo y sus productos; 2) en dependencia del anterior, la “naturaleza” y sus recursos de producción; 3) el sexo, sus productos y la reproducción de la especie (^{Quijano, 2007, p. 96}).

En este sentido, el trabajo sexual produce una serie de recursos que son apropiados por otros que se encuentran una posición de poder. ^{Schmidt (2021)}, por ejemplo, refiere que las mujeres jóvenes son captadas, muchas veces de forma involuntaria, por las redes globales del tráfico sexual, actividad que genera una importante derrama económica “las industrias turística y maquiladora, que tan visiblemente lucran con las capacidades físicas de las mujeres mexicanas, son solamente los sitios en que es más obvia la erotización de la mujer para la superexplotación” (^{Schmidt, 2021, p. 40}).

La lógica de acumulación de capital implica la apropiación de la fuerza de trabajo, su principal objetivo es la obtención del plusvalor, pero esta apropiación ya no se encuentra únicamente en los espacios de la producción, aparece en otras esferas como es el comercio sexual y la potente industria del sexo que se ha expandido en los últimos años.

Existen diferentes formas de explotación, despojo y apropiación de los recursos que las mujeres generan por su trabajo. En los ámbitos locales el despojo es más directo, por ejemplo, la extorsión permanente a la que son sujetas va desde el crimen organizado hasta los servidores públicos, como policías o ministerios públicos. Una forma de despojo es el cobro de cuotas semanales por parte de alguna autoridad municipal, con la justificación de aplicar los reglamentos locales, aunque los mismos lineamientos de la Ley de Salud estatal o del Bando de Policía y Gobierno no establecen disposiciones de cobro.

Fuera de los espacios institucionales se encuentra de manera oculta, un dueño de las casas de tolerancia para el trabajo sexual y, de manera visible, las figuras de vigilante y/o encargada de esas casas. En conjunto con las autoridades municipales se ejerce un control de su vida y de sus ingresos, producto del trabajo sexual.

Las mujeres, trabajadoras sexuales, se encuentran en los espacios vigilados por las encargadas de las casas por lo que están en imposibilidad de moverse y hablar de forma libre. Cuando muestran disponibilidad para la entrevista, su palabra es anulada por la encargada o el vigilante. De manera enfática la encargada obstaculiza el diálogo con las trabajadoras sexuales.

Ahorita no pueden hablar las muchachas, tienen que trabajar, no pueden hablar, están ocupadas [...] hay que pagar el reglamento, ya se acerca la fecha, no, no, no podemos atenderla. Ya les dije, [dirigiéndose a las trabajadoras] no digan nada.

Los clientes también son otros sujetos con poder que realizan actos de despojo. Por ejemplo, muchos se niegan a pagar las cuotas acordadas para obtener los servicios sexuales, otros recurren al asalto y la extorsión, pese a que las trabajadoras sexuales han instrumentado mecanismos de afrontamiento para evitar ser golpeadas o asaltadas. En términos de ^{Quijano (2007)}, hay una malla de relaciones de explotación y dominación presente no sólo en los espacios donde se ejerce el trabajo sexual sino en los espacios institucionales “vigilan” o “reglamentan” el trabajo sexual, en ambos espacios median, indistintamente, las relaciones de poder.

A manera de conclusión

Finalmente, debemos preguntarnos ¿Por qué el ejercicio del trabajo sexual en el contexto del capitalismo se convierte en un tipo de esclavitud contemporánea?, no es el trabajo sexual en sí mismo una forma de esclavitud, son las condiciones que transitan en su ejercicio que esclaviza a la persona; la precarización, el despojo y las violencias. La esencia del capitalismo es la violencia (^{Arizmendi, 2016}), es violencia estructural al arrebatarle a las personas las posibilidades para la obtención de los mínimos de bienestar.

Por otro lado, es importante reflexionar si en un entorno con empleo mínimo, precarizado, de desigualdad social, con limitada seguridad social y, ahora con la presencia del crimen organizado, esas mujeres trabajadoras sexuales, ¿pueden tomar decisiones, tienen capacidad de agencia, cuentan con la posibilidad y los recursos para actuar libremente?

Las trabajadoras sexuales hacen uso de su cuerpo para vender servicios eróticos, y así, igual que otros trabajadores, la figura de “libertad” para vender su fuerza de trabajo involucra una decisión voluntaria, pero condicionada por sus necesidades económicas. El contexto descrito generalmente motiva la decisión de ejercer el trabajo sexual. Entonces hablar de mujeres emancipadas o “empoderadas” -como el discurso institucional prefiere nómbralas- puede ocultar las diversas opresiones que enfrentan; no obstante, se reconocen los avances en torno a la exigencia de los derechos laborales, el movimiento de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México, lograron que la actividad se reconociera como un trabajo no asalariado por parte de la Secretaría del Trabajo, en 2014 (^CNDH,2018).

El trabajo sexual para muchas de estas mujeres se ha convertido en una opción para obtener mayores ingresos, con la idea de tener acceso a un mayor número de bienes materiales para sus familias. Por ello es importante dimensionar y visibilizar las violencias que ellas enfrentan en el ejercicio de su trabajo, un trabajo que tiene sus propias especificidades y una serie de sentencias valorativas en sentido negativo.

Por otro lado, la compra-venta del sexo es una transacción comercial que puede ser considerada como un trabajo y como tal puede, a su vez, generar derechos laborales, tal como se ha logrado en otras latitudes. Actualmente, en la Unión Europea, pese a presentarse diferencias en la regulación, es un tema que se discute constantemente en los ámbitos legislativos. Alemania, por ejemplo, es uno de los pocos países que decidió implementar un sistema de despenalización y regulación en lo que respecta al sexo comercial, ahí el trabajo sexual goza de los derechos laborales como cualquier otro trabajo y las mujeres pueden tener acceso al sistema de seguridad social (^{Heberer, 2014}). En los países bajos se busca legislar y regularizar el trabajo sexual, mientras en Suecia se criminaliza la compra, pero no la venta de servicios sexuales. En España, el trabajo sexual no está criminalizado, pero tampoco está regulado (^{Beatley, 2019}). Autoras como ^{Smith y Mac (2018)} consideran que la controversia entre quienes pretenden eliminar el trabajo sexual por considerarlo denigrante y objetivante, llamados abolicionistas y los que buscan la regulación, llamados regulacionistas, es poco productiva y se trata de un falso debate, porque descuida el centro de atención que es la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales.

Son varios los elementos que deben ser tomados en cuenta para atender los problemas de violencia, marginación y estigmatización del trabajo sexual. Uno sería, reconocer su estatus de trabajo al trabajo sexual; dos, dotar de derechos sociales a las trabajadoras sexuales, tarea nada fácil en un contexto de precarización laboral; y tres, es urgente impulsar el diseño e implementación de políticas públicas situadas y participativas, en donde se reconozca a las trabajadoras sexuales como sujetas de derechos.

En México, pese a los fuertes enconos y discusiones entre abolicionistas y regulacionistas, tanto en la academia como al interior de los movimientos feministas, se está dando un acercamiento a la visibilización y documentación de las condiciones de violencia y despojo que viven las trabajadoras sexuales. Son ellas, las que históricamente han sido marginadas del proyecto civilizatorio, quienes desde sus propias experiencias construyen su ontología.