Participación y representación. ¿Lógicas diferentes, mismos resultados?

¿Es la democracia participativa un mecanismo adecuado para compensar los déficits del proceso representativo tradicional? (^{Mair, 2017}; ^{Mansbridge, 2011}; ^{Durston, 2001}) ¿Representan estos espacios una oportunidad para equilibrar las desigualdades expresadas tradicionalmente en los espacios de representación política (^{Przeworski, 2018}), donde los actores con mayores recursos disponen de una capacidad de incidencia muy superior a la de la ciudadanía “de a pie”?

El trabajo busca dar respuesta a estas preguntas, a partir del análisis del caso mexicano. Su relevancia radica en que el proceso de democratización experimentado durante las últimas dos largas décadas se ha consolidado en el ámbito institucional (fundamentalmente en el plano electoral), pero no se ha traducido en un fortalecimiento de la intermediación partidista, ni en un mayor involucramiento de los ciudadanos en los procesos de participación política. En los términos de Dahl (1989), la democracia mexicana es un régimen competitivo en términos electorales, con diversas instancias de control, pero con muy bajo nivel de participación ciudadana en los procesos políticos de toma de decisiones.¹

Con respecto a las formas de participación menos institucionalizada, propias de esquemas conocidos como “gobernanza comunitaria”, en las que los gobiernos suelen tener poca incidencia, el panorama es más confuso. Más allá de muy buenos ejercicios etnográficos sobre la apropiación del espacio público en el México urbano (^{Gutmann, 2009}) y de interesantes análisis de corte sociopolitológico sobre el involucramiento ciudadano en redes y organizaciones sociales (^{Devoto, 2016}; ^{Rojas, 2016}; ^{IFE, 2014}), sabemos poco aún de los perfiles ciudadanos más participativos, especialmente en la resolución de asuntos públicos locales.

Con datos de la última Encuesta Nacional de Cultura Política,² el trabajo analiza: 1. Quiénes son los ciudadanos que más participan en la resolución de asuntos públicos, 2. Cuáles son las condiciones asociadas a una mayor propensión a participar, y 3. Si, bajo las actuales condiciones, la participación ciudadana pudiera ser una instancia eficaz para dar lugar y satisfacer los intereses excluidos por el proceso de representación tradicional.

El documento se estructura como sigue: en un primer momento, se describe la “crisis de representación” de acuerdo con los puntos más notorios destacados por literatura especializada. En segundo lugar, se discute en qué medida la participación ciudadana por vías no electorales puede ser un mecanismo que, si no sustituya al menos sí compense o equilibre el sesgo de la representación política hacia intereses particulares, con capacidad de capturar el proceso decisorio. A continuación, se contextualiza el debate teórico en las características específicas del caso mexicano, haciendo referencia a las diversas escuelas que intentan explicar bajo qué condiciones ciertos individuos son más propensos que otros a involucrarse en acciones colectivas. En la cuarta sección, se presenta la evidencia empírica. A partir de los datos de la ENCUP 2012, se analizan los perfiles ciudadanos y su propensión a participar -de manera directa y propositiva- para la solución de problemas públicos. Finalmente, se discuten los hallazgos e implicaciones de estos resultados, y se presentan algunas condiciones que, de ser incorporadas, pudieran elevar el impacto de la participación, e indirectamente, mejorar la calidad de la representación política en la democracia mexicana en un futuro cercano.

El gobierno representativo y sus características a través de la historia

En términos políticos, la representación es un proceso a través del cual las voces, perspectivas e intereses de determinados actores (ya sean individuales o colectivos) se hacen nuevamente presentes (se re-presentan) en el proceso de toma de decisiones (^{Pitkin, 1985}).

En los parlamentos de la baja edad media, el derecho privado establecía muy claramente quiénes eran los sujetos de representación, así como el contenido y extensión de esta última. El representante actuaba sólo en nombre de aquellos (personas, municipios o corporaciones) que lo designaban, y no como mandatario de todo el pueblo. Asimismo, y a raíz de ello, su actividad representativa estaba claramente delimitada, ya que sólo podía actuar de acuerdo a los “cuadernos de instrucciones” que recibía de sus mandantes.

En el mundo moderno, este “contrato” fue mutando. En la Europa contemporánea a la Revolución Francesa, los representantes -presionados por el monarca- comenzaron a desligarse de los mandatos específicos y asumieron la representación de la nación. Para los “padres fundadores” de la Constitución de Estados Unidos, por su parte, el gobierno representativo significaba dejar los asuntos públicos en manos de aquellos capaces de tomar las mejores decisiones “en nombre de” la colectividad. De acuerdo con la tesis de Hamilton, Madison y Jay, la representación no era una estrategia de aproximación factible al gobierno del pueblo (por la imposibilidad física de reunir a todos los ciudadanos a decidir), sino por el contrario, un sistema político esencialmente diferente y superior a la democracia de tipo ateniense (^{Manin, 1998, p. 12}).

En el siglo XX -y aún hoy-, los partidos políticos son las instituciones responsables de intermediar entre los intereses del pueblo (la ciudadanía que encarna la nación) y el proceso de toma de decisiones. Bajo la célebre propuesta de ^{Easton (1953)}, las demandas (insumos) ciudadanas eran vehiculizadas por las instancias de intermediación hacia el sistema político, para que este último las procesara (en una suerte de caja negra) y las transformara en productos de política pública (productos).

En las últimas décadas, sin embargo, dicho proceso ha sido puesto en cuestión. Ya sea por la cartelización de los partidos políticos y/o por el creciente distanciamiento de las instituciones representativas en los ciudadanos, el vínculo entre el sistema político y la sociedad parece haberse resquebrajado (^{Mair, 2017}). La falta de correspondencia entre las decisiones de gobierno y las necesidades de la ciudadanía, y la creciente desconfianza de estos últimos respecto del sistema político, sintetizan -a grandes rasgos- la realidad de los democracias representativas contemporáneas; tanto de las nuevas como de las institucionalizadas (^{Torcal, Gunther y Montero, 2006}; ^{Norris, 1999}).

Diversos autores señalan que la representación como actividad implica, desde el principio, un dilema insoluble. Todo aquel que habla y actúa en nombre de alguien más se enfrenta a la decisión de cumplir con las preferencias de sus mandantes o hacer lo que, a su juicio, sea la mejor solución para el problema de política pública que deben atender (^{Refheld, 2011, p. 216}). Por ejemplo, si se trata de definir una política de prevención del delito, y los electores consideran que la estrategia de “mano dura” es las más correcta, pero la evidencia muestra que el impacto de este aproximación sobre la disminución de los índices delictivos es insignificante ¿Cuál de las dos posibles rutas de acción debe seguir el representante? ¿Deberá incumplir el mandato de sus electores, y diseñar una política “garantista”, o por el contrario, tendrá que hacer caso omiso de la evidencia y tratar de satisfacer las preferencias de quienes depositaron su confianza en su candidatura?

Cuando se habla de crisis de representación, entonces, se enmarca la discusión en términos poco productivos. La “crisis de representación”, como concepto, supondría la ausencia total de actividad representativa. Dicho de otra forma, que los políticos a la hora de tomar decisiones no tomaran en cuenta otro interés más que el suyo propio. Sin embargo, a lo que asistimos más a menudo es a un cierto “déficit” (en términos de la poca capacidad de los representantes de tomar decisiones que resuelvan los problemas públicos) y/o a un “sesgo” (en términos del nivel de “publicidad” de la orientación de las políticas propuestas como soluciones) de la actividad representativa. El “déficit” sería resultado de decisiones que más allá de las preferencias de los ciudadanos, no cumplen con los objetivos propuestos (en nuestro ejemplo, no se logra la disminución de los índices delictivos, aunque algunos actores puedan verse beneficiados con las decisiones de manera particular) mientras que el “sesgo” hace referencia a la orientación específica de la estrategia diseñada para resolver el problema (“garantista” o “mano dura”),³ que puede o no coincidir con la mayoritariamente aceptada entre la ciudadanía. Una apuesta por la participación ciudadana en espacios deliberativos, supondría que esta disminuiría los sesgos del proceso decisorio, y de esa manera, se resolverían los déficits de representación a los que asistimos cotidianamente (^{Navajas et al, 2019}). Por ello, más que hablar de crisis, resultaría más adecuado hablar de déficit, y más promisorio -para resolverlo-, analizar el sesgo específico de las decisiones de gobierno (a quienes beneficia más y a quienes menos) y su grado de inclusión (qué tanto participan de las decisiones los actores afectados por el problema).⁴

Tal como postula Casas, un gobierno es representativo cuando la acción del representante está motivada por los intereses de los ciudadanos, que depositaron su confianza en él, y sus acciones son efectivas para lograr los cambios esperados. Así, un gobierno “es (más) representativo en tanto establezca mecanismos institucionales para responder de manera sistemática y verificable a las demandas e intereses colectivos de los representados, en función del interés general y bajo una puntual rendición de cuentas” (^{Casas, 2009, p. 64}).

Los déficits de la democracia mexicana y la participación como alternativa

En México, el advenimiento de la democracia ha traído buenas y malas noticias. Las buenas tienen que ver con la institucionalización de la competencia partidista, la profesionalización de las burocracias -tanto gubernamentales como de organismos autónomos- y la aceptación generalizada entre la clase política de que la vía electoral es la única legítima para acceder al poder.

Las no tan buenas, por su parte, se relacionan con el deficiente desempeño de las instituciones representativas -aquellas de las que depende, en esencia el funcionamiento de la democracia- tanto como del sesgo elitista de sus decisiones. El aumento de la competencia partidista y la alternancia en el poder supuso sólo ocasionalmente procesos decisorios abiertos, basados en procesos de deliberación democrática y negociaciones efectivas (Hernández, 2017; del Tronco, 2018). Por lo general, las múltiples reformas experimentadas durante los tres primeros sexenios pos-alternancia, se han caracterizado por la incidencia predominante de actores económicos y sociales influyentes, con intereses distantes de las preferencias ciudadanas.

De acuerdo con Olvera, las organizaciones sindicales corporativas, los grandes conglomerados empresarios, los caciques rurales, las organizaciones clientelistas urbanas, y las redes de intereses creados que defienden sus espacios de extracción de renta en el sistema político y de justicia, han bloqueado los tímidos intentos de reforma desplegados por los dos gobiernos democráticamente electos a nivel federal desde el año 2000 (^{Olvera, 2011, p. 311}). Estos actores controlan diversas áreas de acción estratégica del Estado y de la economía, y han logrado insertarse, por tanto, en las estructuras de la representación política. Juegan así no solo con el poder de hecho del que disponen en el mundo social, económico y político, sino que además usan a su favor las reglas de la vida política democrática. Este acceso privilegiado a los espacios y procesos de toma de decisión les permite controlar las agendas de reforma institucional y vetar cualquier transformación que atente contra su influencia (^{Olvera, 2011, p. 312}).

Por ello, los últimos veinte años de competencia partidista y gobierno dividido están relacionados paradójicamente con un crecimiento económico insuficiente, con el deterioro del poder adquisitivo del trabajo, con el aumento sostenido de la informalidad, y en años recientes con una profunda crisis de derechos humanos -asociada al combate militarizado del crimen, y en menor medida de la disidencia social- que junto con la corrupción demuestran que la democracia electoral mexicana está lejos aún de ser una democracia “representativa”, en términos de efectividad y orientación a lo público (^{Vázquez, Cardona y Ríos, 2018}). No es sorprendente, entonces, el descrédito social creciente del que son objeto -de forma cada vez más indiferenciada- los partidos, el parlamento, los gobiernos (de diversos niveles), los organismos autónomos, y la política como actividad, para sectores mayoritarios de la ciudadanía (^{Monsiváis, 2019}; ^{IFE, 2014}).⁵

Dicha evidencia ha reflotado sobre la importancia de contar con mecanismos que favorezcan una mayor participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, más allá de los procesos electorales (^{Altman, 2010}; ^{Welp, 2011} y ²⁰²⁰). El supuesto es que, más espacios de interlocución entre la sociedad y el sistema político redundarán en decisiones más eficaces para satisfacer los intereses de los actores involucrados en el problema público que se pretende atender (^{Isunza y Gurza, 2010}; ^{Serrano, 2015}; ^{Welp y Zaremberg, 2020}).

Estos espacios muchas veces tienen lugar al nivel de la comunidad. La actividad comunitaria involucra esfuerzos colectivos para solucionar problemas comunes, que van desde asuntos relacionados con la educación de los niños, el mejoramiento de las calles o la protección del medio ambiente, hasta la prevención del delito. Y cuando el sistema representativo es ineficaz o distante, la gobernanza comunitaria puede resultar una respuesta virtuosa para llenar ese vacío (^{Rodhes, 2005}; ^{Porras, 2005}).

El carácter virtuoso de estas respuestas comunitarias radica en que por lo general no suceden de forma totalmente aislada del sistema político (Peters, 2005). Si bien la participación ciudadana en la vida comunitaria es -en estricto sentido- distinta de la vida política porque ocurre generalmente fuera de los canales institucionales, suele estar vinculada con instituciones partidistas, gremiales o gubernamentales. Dado que los espacios formales de representación suelen estar “capturados” por grupos de poder (rasgo propio del corporativismo reinante hasta fines del Siglo XX) o menos disponibles para la satisfacción de intereses ciudadanos “menos organizados” (^{Stokes, 2001}), la participación e involucramiento en la vida comunitaria constituye una estrategia compensatoria, que favorece el acceso de los ciudadanos menos organizados e influyentes a una mejor representación de sus intereses. Más aún, cuando esto se da en contextos caracterizados por una “vida comunitaria densa”, en los que los ciudadanos buscan resolver de manera conjunta y solidaria sus necesidades, la democracia participativa a nivel local tiende a florecer naturalmente (^{Putnam, 1993}; ^{Durston, 2001}).

En tales condiciones, la participación ciudadana en la vida comunitaria, tanto como en espacios institucionalizados de consulta y deliberación, parece ser un imperativo. Dados los sesgos y deficiencias del proceso representativo, las nuevas interfaces⁶ socio-estatales (^{Isunza y Gurza, 2010}) pueden convertirse en espacios alternativos y complementarios de decisión, más alejados de la influencia de los poderes fácticos. En México, la democracia electoral no está aún asociada a un proceso de representación más efectivo y orientado a lo público. Por lo tanto, las formas no electorales de participación, en tanto acciones voluntarias de los ciudadanos con el objetivo de incidir en la formulación de políticas (^{Montes de Oca, 2014}) y/o en la resolución de problemas colectivos, constituyen -en teoría- una alternativa factible para la mejora de la representación.

De acuerdo con ^{Parés y otros (2009)}, la participación ciudadana está constituida por “todas aquellas prácticas políticas y sociales a través de las cuales la ciudadanía pretende -y tiene capacidad de- incidir efectivamente sobre la toma de decisiones públicas”. En tal sentido, la participación ciudadana refiere tanto al voto ciudadano en las elecciones como a las distintas formas de acción propositiva o directa para la solución de problemas sociales.

A partir de la alternancia, y de los cambios en la normatividad, se han multiplicado los espacios de participación, así como los mecanismos de acceso a la información y contraloría social (^{Montes de Oca, 2014, p. 293}). Con frecuencia, estos espacios han tomado la forma de comités y consejos consultivos, pero se han desarrollado también otros puntos de encuentro socio-estatales, con diverso grado de formalidad (^{Gurza e Isunza, 2010}). Sin embargo, la conformación de nuevos espacios de participación no se traducen de forma automática en una mejora de la representatividad de las decisiones políticas. Si bien durante la última década han surgido espacios institucionalizados de participación ciudadana, su diseño, conformación y operación no garantiza en todos los casos una mayor pluralidad ni representatividad que la ofrecida por el sistema político propiamente dicho.

De hecho, los trabajos orientados a analizar la conformación, dinámica interna y resultados generados por estos espacios no han producido conclusiones alentadoras (^{Rojas, 2016}). Con contadas excepciones, los espacios participativos conformados a partir de reglas de operación de programas sociales o mediambientales han estado caracterizados por una conformación elitista, sesgada políticamente y en muchos casos destinada a la legitimación de las decisiones previamente diseñadas por las autoridades. Así, como lo muestra la literatura especializada, los esquemas de participación ciudadana en México han adquirido fundamentalmente un carácter “indirecto”, en el cual los ciudadanos son consultados pero no deciden sobre políticas públicas. De tal manera, los esfuerzos por motivar el involucramiento cívico en los procesos de toma decisiones para la mejora en la calidad de las políticas, han navegado en un mar de buenas intenciones, pero se han topado a menudo con obstáculos infranqueables, derivados de compromisos políticos, reglas de operación y lógicas de simulación (^{Montes de Oca, 2014}). Enfoques como el de “capital social”, el de “gobernanza” y el de “redes de política” son, en alguna medida, deudores de estos hallazgos (^{Arellano, 2006}; ^{Putnam, 1993}; ^{Porras, 2005}; ^{Zaremberg, 2012}).

¿Cómo lograr entonces una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, y específicamente en los espacios de gobernanza comunitaria? Para quienes abordan el problema desde el lado de los individuos, hay diversos atributos que explican el comportamiento individual, como la estructura de personalidad (^{Bandura, 1986}), su eficacia política interna (^{Torcal, 2001}), los incentivos selectivos (^{Olson, 1992}) o sus características culturales (^{Inglehart y Wezel, 2005}) o sociodemográficas (^{Verba y otros, 1995}).

Para los enfoques racionales, participar dependerá fundamentalmente del benerifico neto esperado. Cuanto mayor a cero el beneficio, mayor será la proababilidad de involucrarse en esfuerzos participativos. Por su parte, para los abordajes culturalistas, la participación es más bien una función de los valores democráticos y de una cultura cívica que genera un sentimiento de obligación moral que lleva a los ciudadanos a participar más allá de su recompensa inmediata (^{Inglehart y Wezel, 2005}; ^{Blais, 2000}). En esta línea, el enfoque del capital social plantea que aquellas personas con un mayor número de vínculos sociales y políticos, son también más propensos a participar en asuntos públicos. La confianza generalizada y la existencia de redes para la consecución de bienes públicos son, desde esta perspectiva, los factores que explican la mayor disposición de los ciudadanos a participar en acciones colectivas y, adicionalmente, un mejor desempeño de los gobiernos representativos (^{Putnam, 1993}).

Finalmente, el enfoque de recursos socioeconómicos sostiente que factores como el nivel educativo y el poder adquisitivo de los ciudadanos resultan fundamentales para determinar su probabilidad de participar (^{Verba y otros, 1995}). Cuando la gente está más educada tiene mayor capacidad de procesar la información necesaria conocer los problemas públicos y sus alternativas de solución. Por su parte, cuando los individuos cuentan con mayores ingresos, disminuye el costo de usar el tiempo en la búsqueda de soluciones a problemas colectivos (^{Ruedin, 2007, p. 5}). De acuerdo con este enfoque, la participación no depende sólo de querer hacerlo, o de un sentimiento de deber cívico, sino de las capacidades de las que disponen los ciudadanos para poder hacerlo.

La participación comunitaria en México y sus factores asociados

En esta sección se presenta el análisis empírico y sus resultados. La fuente de información utilizada para ello fue la última Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas⁷ (2012), instrumento de recolección de información sobre el estado de la opinión pública mexicana con relación a la democracia, y realizada periódicamente por el gobierno federal entre 2001 y 2012.

En primer lugar, se presentan una serie de estadísticas descriptivas de las dimensiones reconocidas por la literatura especializada como factores que aumentan la propensión a participar en asuntos públicos. A continuación, se presenta un modelo estadístico para conocer los factores que condicionan la propensión a participar en la solución de los problemas comunitarios. Los objetivos son: identificar quienes son los ciudadanos más participativos a nivel comunitario, e inferir si dados sus perfiles, es posible suponer que dicha participación puede resultar un instrumento que favorezca una gobernanza social que compense los problemas de representación de los sectores más desfavorecidos o por el contrario, quienes más participan en este contexto son también los sectores mejor representados en los espacios más formales de toma de decisión gubernamental e institucional.

La evidencia disponible ha mostrado que los ciudadanos en México suelen confiar poco o nada en quienes no conocen, pero la confianza aumenta con un mayor contacto, alcanzando los niveles de confianza más altos para con los integrantes del grupo familiar. En esta escala, los vecinos y la gente de la comunidad están en un lugar intermedio, menor al que se tiene en los familiares, pero mayor a los niveles de confianza anónima. Ello indica que el capital social está fragmentado, y se da solo al interior de grupos con vinculos relativamente fuertes (^{IFE, 2014, p. 55}). Si la participación como actividad supone niveles de involucramiento e interés por asuntos comunes, es esperable que los niveles de participación para la solución de problemas colectivos aumenten cuando la fortaleza de los vínculos es mayor. Por tales razones, en países como México en los que la extensión del imperio de la ley y del proceso representativo es desigual, la participación en la solución de problemas comunitarios resulta un buen indicador del stock de capital social disponible. Si, incluso en estos contextos, los ciudadanos menos representados son poco propensos a participar en la solución de problemas comunes, promover dicha participación puede ser más arduo, y requerirá de esfuerzos significativos para transformar la cultura cívica predominante. Si por el contrario, la participación comunitaria -entre vecinos y conocidos- tiende a ser mayor que la que más anónimamente, es probable que con los incentivos y mecanismos institucionales adecuados, tales energías puedan aprovecharse de manera más efectiva para la solución de problemas públicos en esquemas de gobernanza colaborativa gobierno-sociedad. Los datos a continuación presentan una primera aproximación empírica a esta disyuntiva y sugieren un panorama algo más complejo que las alternativas aquí presentadas.

De acuerdo con los datos de la Tabla 1, la participación de los ciudadanos mexicanos en asuntos relativos con problemas de comunidad tiende a ser poco frecuente. Aproximadamente, uno de cada dos ciudadanos sostiene que rara vez o nunca participa, mientras que un 41% sólo lo hace algunas veces. Apenas el 11% que participar de manera frecuente en la solución de problemas de su comunidad.

Si la participación es tan poco frecuente, resulta válido preguntarse quiénes son los ciudadanos más participativos, y cuáles son las razones que los motivan a participar. A continuación, y antes de la introducción del modelo explicativo, se presentan algunos datos descriptivos sobre los factores que la literatura especializada considera relevantes para explicar las variaciones en los niveles de participación ciudadana en asuntos relativos con su comunidad.

La Tabla 2 muestra que casi dos terceras partes de la ciudadanía se interesa poco o nada por los problemas de su comunidad. Esto pudiera ser revelador por un lado del nivel de apatía generalizada, puesto que los asuntos comunitarios son más cercanos y por tanto, sería esperable un mayor interés por aquello que atañe directamente a la vida de las personas. Una primera lectura de estos datos indicaría que esta falta de interés se debe a que buena parte de estos asuntos son resueltos de forma particular por los ciudadanos, y por lo tanto es innecesario un mayor involucramiento. Una interpretación alternativa indicaría que los ciudadanos no se involucran porque, incluso sin poder darle una respuesta particular a estos problemas, esperan que sea el gobierno quien los resuelva.

Los resultados de la Tabla 3 indican que, efectivamente, los ciudadanos en su mayoría consideran que los problemas públicos deben ser resueltos por el gobierno (51.6%). Sólo uno de cada cuatro, no está de acuerdo con esta frase, mientras que un 23.7% restante, no se pronuncia a favor de una u otra postura. Ello parece configurar que, en general, se responsabiliza a las autoridades de la (falta de) respuesta a los problemas comunitarios. Y buena parte del deterioro de los bienes públicos podría entenderse entonces, como resultado de la combinación de falta de interés de los ciudadanos -por considerar que es responsabilidad de los gobiernos- así como de los bajos desempeños gubernamentales, poco preocupados por rendir cuentas en un contexto de apatía y desinterés.

La Tabla 4 indica que en alguna medida el poco interés e involucramiento ciudadano pudiera darse también como consecuencia de que, desde su percepción, su capacidad de incidencia en el proceso políticas públicas. Si bien un 46.5% considera que los ciudadanos pueden influir mucho en la vida política, este porcentaje se reduce a 28.7% en el caso de las decisiones del gobierno. Menos de 3 de cada 10 mexicanas y mexicanos consideran que su participación puede producir efectos el proceso decisorio.

Finalmente, uno de los factores relevantes para explicar la propensión a participar en asuntos públicos es la membresía en organizaciones. Cuando los ciudadanos son miembros de organizaciones (sociales, barriales, sindicales, empresariales o políticas) tienden a participar más. Para muchos, la misma membresía es un indicador de involucramiento y de disposición a participar en asuntos colectivos, y por lo tanto un fuerte predictor de la participación en la solución de problemas comunitarios.

La Tabla 5 muestra que la membresía suele ser baja. Esto probablemente sea algo normal para ciertas organizaciones como las que tienen que ver con la defensa del medioambiente, las sindicales y las político-partidarias, pero es más problemático cuando se da en organizaciones ciudadanas y especialmente de colonos o condóminos, ya que en ellas es donde deben debatirse y decidirse las soluciones a los problemas más cercanos a la vida de la gente.

Conclusiones preliminares y propuestas a futuro

El análisis empírico presentado más arriba muestra que -por lo general- la frecuencia en la participación ciudadana para la solución de problemas comunitarios es baja, y supone o está asociada a una serie de características que están desigualmente distribuidas entre la población. El nivel educativo, la eficacia política interna, la exposición a fuentes de información sobre noticias políticas, la desconfianza en el gobierno (y especialmente en las autoridades locales), y la creencia en la capacidad de los ciudadanos para incidir en las políticas públicas.

Una mayor participación supone entonces cumplir con el esquema de las 6 ies: interés, información, involucramiento, ideas, interlocución, e incidencia. El interés representa la voluntad, el “querer”, la disposición a participar de un proceso de toma decisiones para influir en sus resultados. La información (concebida más como una capacidad de procesamiento que como un atributo, es alimentada por la escolaridad como por la exposición a fuentes de datos que el nivel educativo permite procesar) configura el “saber”, necesario tanto para estar atento a las oportunidades como para entender los modos en que se puede participar, y definir así las estrategias y los objetivos de la participación. El involucramiento en organizaciones y la capacidad de generar espacios de interlocución, suponen un “poder”; un conjunto de herramientas -y la capacidad de ponerlas en práctica- que permitirán (o no) incidir en la decisión de las autoridades y/o de los mismos ciudadanos participantes, en la dirección esperada. Por último, y vinculado con las ideas de lo adecuado, se encuentra el “deber”, la sensación de obligación moral de participar. Esta última, aunque no fue aquí analizada, es un elemento que la literatura especializada (^{Blais, 2000}) considera indispensable para mover las voluntades, incluso en ausencia de capacidades (“saber” y “poder”) para influir en los procesos decisorios.

De acuerdo con los datos aquí presentados, querer participar en asuntos públicos, saber como hacerlo y poder incidir en las decisiones políticas, son atributos que están desigualmente distribuidos, y se concentran en ciertos sectores de la población. Aquellos que por disponer de ciertos activos (ingreso, tiempo, información, organización, redes, experiencia, y capacidad de presión) suelen ser también los beneficiarios del proceso de representación. Ello hace que la participación ciudadana -más allá de sus potencialidades- no represente aún un contrapeso sustantivo o un mecanismo capaz de compensar los déficits ya señalados del proceso representativo formal.

Si resolver los problemas propios de un contexto de desigualdad arraigada puede llevar tiempo, y no hay, siquiera, certeza de lograrlo, ¿cómo podrían diseñarse procesos participativos donde la voz de los menos privilegiados sea escuchada e incorporada como parte de las decisiones colectivas? Dado que la estratificación social y la diversidad de opiniones son condiciones presentes en todo conglomerado social, las investigaciones más recientes muestran que cuando existe pensamiento independiente, aislado de presiones o manipulación, los espacios deliberativos -donde las y los ciudadanos pueden conversar, aportar sus opiniones y decidir de forma conjunta-, pueden favorecer decisiones eficaces para resolver problemas colectivos (^{Navajas et al, 2019}). Adicionalmente a estas ventajas, los espacios deliberativos suelen ser muy útiles para disminuir la polarización, en la medida en que las opiniones extremas suelen ser neutralizadas por el grupo, para poder lidiar con la diversidad de opiniones, y alcanzar así decisiones aceptables para quienes integran dicha colectividad (^{Sustein, 2017}).

En la actualidad, son los plebiscitos o referendums las metodologías más utilizadas por los ciudadanos para -a través del voto- hacer escuchar su voz. En esta línea, a su llegada al gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a promover esquemas de “democracia participativa” con la intención de romper con formas elitistas de intermediación. Sin embargo, los primeros ejemplos (las consultas ciudadanas que derivaron en la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y en la aprobación del proyecto turístico conocido como “Tren Maya” en la Península de Yucatán) han sido cuestionados por déficits de procedimiento (sesgo geográfico en la localización de las consultas, falta de información a los ciudadanos, presión política a líderes comunitarios) y escasa participación. Por ello, y a la luz de la evidencia, este trabajo sostiene que promover una participación ciudadana extensa y efectiva -que suponga deliberación informada y participación autónoma en las decisiones- (^{Serdwlt y Welp, 2015}) requiere balancear (democratizar) las capacidades, y generar los espacios adecuados (deliberativos), para equilibrar así las probabilidades de participación de toda la ciudadanía. De no hacerse de este modo, seguiremos atados al péndulo que va del elitismo a la simulación.