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Apuntes preliminares
La desigualdad urbana es un antiguo problema que, nuevamente, se ha posicionado en la agenda académica y política debido a la paulatina ampliación de las brechas y privilegios que unen y a la vez separan a franjas poblacionales en uno o varios espacios. Si bien la concentración de recursos -económicos, territoriales, productivos, políticos y simbólicos- ha sido un elemento constitutivo de ciertos grupos en las ciudades y países, actualmente se vive la agudización de estas asimetrías de poder, sobre todo en América Latina y el Caribe donde, en 2014, el 10% más rico de la población poseía el 71% de la riqueza, y se estima que para 2020 el 1% de la población de la región acumularía más riqueza que el 99% restante (CEPAL y Oxfam, 2016, p. 5).
Todas las formas de desigualdad urbana tienen una dimensión material, simbólica y espacial, sin embargo, a pesar de que los procesos estructurales que las producen sean los mismos -capitalismo, racismo y androcentrismo- no se expresan de la misma forma a lo largo del tiempo ni en todos los espacios. Dicho en otras palabras, las desigualdades tienen semejanzas estructurales pero no se concretan de la misma manera en todas las ciudades, ya que cada una tiene un régimen de historicidad particular, los procesos que han marcado los diferenciales de poder (relaciones de clase, género, etnicidad, movilidad humana) son distintos y los conflictos se procesan de forma heterogénea.
Las desigualdades en las ciudades también responden a las tensas relaciones sociales, económicas y políticas que un determinado espacio mantiene coyuntural o históricamente con otras escalas espaciales. De esta manera, en toda desigualdad urbana siempre están presentes, aunque a veces de forma imperceptible, las relaciones que una ciudad mantiene con subregiones intraurbanas, con otras ciudades nacionales o con ciudades de otros países y continentes. Esto quiere decir que las desigualdades no son autopoiéticas ni pueden ser entendidas a partir de marcos territoriales aparentemente impermeables, sino que son la expresión de relaciones intra/inter/trans urbanas que están siempre mediadas por la sombra del Estado y de la economía política global.
Lo dicho permite delinear una dirección que, desde nuestro punto de vista, podrían asumir los estudios de las desigualdades urbanas en la actualidad, en la medida en que, por un lado, es preciso que muestren su dimensión estructural y multiescalar, y, por otro lado, que incorporen una perspectiva diacrónica y sincrónica que articule lo “nuevo” y lo viejo, para dar cuenta de que la ciudad, como un palimpsesto, es un espacio en el que, una y otra vez, se producen, organizan y redefinen espacialmente múltiples desigualdades, aunque no del mismo modo. El caso de Quito, como se verá a continuación, dará sustento empírico a lo descrito hasta el momento, ya que las desigualdades urbanas histórico-estructurales han adquirido periódicamente nuevos rostros y han asumido novedosas lógicas que ponen en escena la articulación entre procesos sedimentados y procesos contingentes.
Este trabajo aborda, precisamente, la producción y organización espacial de distintos tipos de desigualdades en la ciudad de Quito, la capital de Ecuador. Para ello, en primer lugar, se explicará cómo durante los siglos XX y XXI los procesos de urbanización que ha vivido la ciudad han creado nuevas geografías de segregación socioespacial. En segundo lugar, mostrará la emergencia/visibilización de otro tipo de desigualdades relacionadas con la discriminación de migrantes, grupos LGBTI y mujeres, poniendo especial énfasis en la dimensión simbólica (estigmas e imaginarios) y multiescalar de estos procesos.
Al entender que las desigualdades no son algo dado, sino procesos dinámicos y relacionales que se construyen material y simbólicamente de acuerdo a las coyunturas históricas de cada formación urbana, social y estatal (Reygadas, 2008), este trabajo identifica momentos clave en los que se han producido y transformado tanto las “injusticias espaciales” (Secchi, 2015; Soja, 2009) como las narrativas que, al fin y al cabo, las han legitimado.
La transformación de las desigualdades socioespaciales en Quito: una mirada desde los procesos de urbanización1
Una explicación de las viejas y “nuevas” desigualdades socioespaciales en Quito está en el vínculo existente entre las dinámicas particulares de acumulación, desposesión y periferización producidas en la ciudad, y los procesos de modernización capitalista de la economía nacional y urbana, todo ello en el marco de los cambios y continuidades en la economía política global.
La historia del desarrollo urbano de Quito y de sus consecuentes transformaciones territoriales es la historia de centros y periferias que se trazan una y otra vez, debido a la “articulación de las relaciones de producción y la socialización de las fuerzas productivas”, a la particular “distribución que adoptan los valores de uso autónomos en el valor de uso complejo (la ciudad)”, y al continuo beneficio que las políticas urbanas han generado para “los terratenientes urbanos, el capital inmobiliario y el capital financiero internacional”. (Carrión y Erazo, 2012, pp. 520-521)
Durante el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, es posible identificar cuatro períodos de crisis y transformación del ordenamiento territorial de la ciudad: 1) lógica urbana radial-concéntrica (1890-1950); 2) lógica urbana polinuclear-longitudinal (1950-1990); 3) primacía de una lógica metropolitana (1990-2007); y 4) lógica urbana fragmentaria, expansiva y multidireccional (2007-2017). En cada uno de estos momentos, claro está, Quito ha visto modificada las formas en las que, dentro de la ciudad, se expresan las desigualdades socioespaciales.
La primera gran transformación de las desigualdades socioespaciales en la ciudad de Quito está marcada por la ruptura de un ordenamiento urbano radial concéntrico. Este cambio, producido entre 1890 y los primeros años de 1950, obedece a la reestructuración de la economía nacional durante el auge cacaotero y a la consecuente consolidación del modelo agroexportador en aquellos años, pues estos procesos articularon dos regiones hasta entonces relativamente aisladas, la Costa y la Sierra, lo que coadyuvaría a conformar una organización espacial nacional bicéfala, que tenía a Quito y Guayaquil como epicentros de las dinámicas comerciales, políticas y de acumulación capitalista.
En un marco de naciente industrialización, de creciente migración campo-ciudad y de densificación poblacional, Quito consolidó su capitalidad, cuadriplicó su área urbana, comenzó a organizarse desde lógicas privadas y ya no desde espacios considerados públicos. En este momento comenzó a edificarse la ciudad longitudinal, lo que produjo una marcada desigualdad entre una emergente ciudad moderna, localizada en el norte y habitada por sectores pudientes blanco mestizos, y la ciudad antigua, habitada mayoritariamente por pobres, indígenas, mestizos y migrantes provenientes de distintas provincias, sobre todo de la Sierra Centro.
Así, los iniciales procesos de modernización urbana capitalista de principios del siglo XX se expresaron territorialmente a partir de la distinción clasista y racista de poblaciones consideradas indeseables desde una lógica hegemónica. Esta diferenciación social, económica y espacial se debió a que la aristocracia y la burguesía quiteñas, aporofóbicas e higienistas, trazaron imaginarios estereotipados sobre las alteridades urbanas al construir estigmas identitarios y espaciales sobre los modos de socialización popular (Achig, 1983; Kingman, 2006), todo ello a partir de una nueva estructura urbana segregacionista que en términos ideales debía operar, material y simbólicamente, a modo de cerco inmunitario.
La emergente ciudad polinuclear-longitudinal y la discriminación residencial no fueron procesos espontáneos ni autopoiéticos, sino que fueron producidos por una racionalidad tecnocrática y normativa que alcanzó su máxima expresión en el “Plan Regulador de Quito” (1942), diseñado por el arquitecto uruguayo Odriozola.
Tras este primer período se suscitaron una serie de reconfiguraciones económicas, políticas y territoriales nacionales que estuvieron signadas por varios procesos, entre los que destacan la bonanza económica producida por el auge bananero (1948-1962), la articulación del Ecuador al mercado mundial, la creación de infraestructura vial, el levantamiento de la primera información censal “rigurosa” en el país, la institucionalización del desarrollo como metarrelato técnico, económico y civilizatorio con la creación de la Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA) en 1954, y el mayor protagonismo de Guayaquil sobre Quito en el marco de una nueva consolidación del modelo primario exportador.
Las cifras oficiales señalaban que en el periodo 1950-1961, el Ecuador registró una de las tasas de desarrollo más elevadas de América Latina: 5.5% de aumento anual en el Producto Interno Bruto; sin embargo, tras la fiebre bananera se haría evidente la desigual distribución del ingreso nacional que favoreció solamente al 21% del total de la población (JUNAPLA, 1963, p. 9), lo que tuvo su correlato en las dos principales ciudades del país y se reflejaría en una nueva organización territorial de la desigualdad en Quito y Guayaquil.
Con estos antecedentes, entre 1950 y 1990 se produjo la segunda mutación urbana de la capital, sobre todo porque surgieron nuevas centralidades -emergieron sitios como La Mariscal, Villa Flora y centros comerciales- debido a la lógica centrífuga de la urbanización. Sin embargo, paralelamente, se crearon nuevas periferias, estigmatizadas y criminalizadas bajo el nombre de “invasiones”.
Así, la segunda gran transformación de las desigualdades socioespaciales en la ciudad de Quito está marcada por la ruptura de la urbe mononuclear y la aparición de la ciudad policéntrica-longitudinal, todo ello en un contexto de mayor protagonismo del Estado suscitado por un inusitado crecimiento económico generado por el boom petrolero ecuatoriano de los años setenta. Durante esta coyuntura histórica, Quito, nuevamente, se convirtió en un polo nacional de crecimiento demográfico y espacial, ya que “entre 1962 y 1980 la mancha urbana creció en un 500%”. (Carrión y Erazo, 2012, p. 516)
El surgimiento de asentamientos populares hacia el norte y el sur de la ciudad -como el Comité del Pueblo, El Condado, la Hacienda Ibarra, Lucha de los Pobres, Guajaló, Chillogallo, entre los más significativos- hizo que la desigualdad socioespacial ya no se expresará solamente de forma bipolar (norte-sur), sino en términos de una tensa relación entre varios centros y periferias.
De esta forma, Quito, quizá tardíamente, se articuló a lo que sucedía en otras ciudades de América Latina, donde las nuevas y viejas centralidades urbanas eran reconocidas como parte constitutiva de las ciudades, mientras que la urbanización periférica era paulatinamente entendida, por las clases dominantes y las esferas tecnocráticas, como asentamientos ilegales, casi ajenos a la “ciudad legítima”.
Debido a los ingentes recursos económicos provenientes del petróleo, en Quito disminuyó la pobreza, aumentó el consumo, pero se incrementó la desigualdad. Además, durante esta coyuntura se hicieron más evidentes y palpables dos rasgos que históricamente han incidido en las dinámicas de las desigualdades socioespaciales en la capital, nos referimos a las políticas urbanas vinculadas a la creación de infraestructura, principalmente de vialidad, y al incremento del mercado inmobiliario.
La tercera gran transformación de las desigualdades socioespaciales en la ciudad de Quito estuvo marcada por la transición desde una ciudad policéntrica-longitudinal hacia la forma metropolitana de organización territorial, que se dio entre 1990 y 2007, es decir, durante la primacía de la (neo) liberalización económica, la reducción de las competencias estatales, las iniciativas descentralizadoras y la preponderancia de sectores privados en la organización social, política, económica y espacial.
Durante esta coyuntura, en Quito se registró la emergencia de subregiones -la zona de los valles de Cumbayá, los Chillos y Tumbaco- relativamente distantes de la ciudad que hasta entonces se había consolidado. En cierto modo, las características de la desigualdad y las formas de segregación de la ciudad consolidada se replicaron hacia las zonas periurbanas emergentes. Esta nueva etapa de urbanización no se vertebró alrededor de algún proyecto de ciudad, lo que marcó la autonomía relativa y la desregulación del uso y usuarios de suelo de las subregiones “satélite”.
En este nuevo ciclo urbano comenzó a registrarse presión demográfica tanto en los valles mencionados como en el extremo norte y sur de la ciudad, específicamente en la actual zona de Carapungo, Calderón y Guamaní, espacios ahora conurbados. Esta presión no tuvo su correlato en las tradicionales zonas centrales de la ciudad, pues estas no crecieron demográficamente, ya que la migración interna que las alimentaba se redireccionó hacia circuitos transnacionales de movilidad, sobre todo a partir de la debacle financiera nacional de fines de siglo XX e inicios del XXI.
Así, las formas de segregación y desigualdad socioespacial oscilaron desde una lógica longitudinal a “una segregación que va del núcleo central hacia las zonas más apartadas” (Carrión y Erazo, 2012, p. 517). Esto supuso una relocalización de ciertas funciones urbanas y un desigual acceso a servicios que persiste hasta la actualidad.
La cuarta y última transformación de las desigualdades socioespaciales en la ciudad de Quito se ha dado entre 2007 y 2017, dentro de un contexto nacional caracterizado por el robustecimiento del Estado, por la bonanza económica -derivada de la renegociación de los contratos petroleros, de los altos precios del petróleo y la ingente recaudación de impuestos-, por la expansión capilar de la vialidad y del poder infraestructural del Estado, así como por un mayor acceso a servicios básicos, es decir, un conjunto de procesos que inevitablemente impactaron en la capital
Esta transformación ha estado marcada por la primacía de una lógica urbana fragmentaria y multidireccional, que se gestó en las décadas anteriores pero que durante esta coyuntura se agudizó y aceleró, además de potenciar la especulación inmobiliaria y el afán de la extracción de rentas que se venían dando desde los años noventa. Es la rapidez con la que se producen los cambios territoriales en la zonas periurbanas y se incrementan los precios de suelo, lo que, en síntesis, podría definir a este período, sobre todo si se tiene en cuenta que, por ejemplo, entre 2010 y 2014 el costo de terrenos en Quito aumentó entre el 100 y el 600% (Redacción, 2015). De hecho, en este período hay zonas de la capital en las que se intensificaron los procesos de urbanización y expansión de la ciudad (por ejemplo, la zona periurbana del nororiente de Quito) debido a acciones municipales y especulaciones inmobiliarias (Durán et al., 2016, p. 125).
En gran medida esto obedece a que en la capital se produjo un urbanismo sin un proyecto integral de ciudad, y porque se acentuó una gestión empresarialista de Quito (Bayón, 2016) que, coadyuvada por acciones del gobierno local, se cimentó en la ejecución de megaproyectos emblemáticos como el de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito (NAIQ) en las afueras de la ciudad.2 Este urbanismo empresarialista basado en megaproyectos, agudizó la desarticulación de la ciudad en subregiones y produjo una veloz expansión urbana a partir de la conversión del suelo rural en suelo urbano.
Por ejemplo, el megaproyecto del NAIQ, contemplado en la planificación urbana desde los años setenta, se ejecutó a 25 kilómetros de Quito en Tababela y Puembo, zonas que actualmente están articuladas al hipercentro a través de las vías rápidas de Collas y la Ruta Viva, y que históricamente se han caracterizado por su vocación agrícola y campesina. La construcción de este megaproyecto provocó que en las zonas aledañas al aeropuerto y a las vías que lo conectan con distintos sectores de la ciudad se incremente el precio de los predios en pocos años. Por ejemplo, en San Juan de Cumbayá el incremento fue desde el 70 al 100% (en 2015 se estimó que el valor por metro cuadrado oscilaba alrededor de mil 219 dólares estadounidenses), en Puembo fue del 30% (aunque para 2015 hubo urbanizaciones en las que el metro cuadrado se elevó de 100 a 410 dólares), en la zona de Tumbaco el precio por metro cuadrado de construcción osciló en 2015 entre mil y mil 500 dólares, mientras que en zonas cercanas al intercambiador de Lumbisí, el precio del metro cuadrado en 2013 fue de 100 dólares y en 2015 llegó a 250 (Heredia, 2015).
Esta expansión urbana sin un marco regulatorio del mercado del suelo (planificación), ha sido un campo fértil para la apropiación del territorio por parte de especuladores que buscan captar plusvalor. Al dispararse los precios del suelo se marcó una clara tendencia hacia la elitización del espacio oriental de la ciudad, pues se ha producido una lógica segregacionista en la que sectores de altos ingresos llegan a residir en proximidad espacial con sectores de bajos ingresos, sin que ello signifique una integración ni interacción social. Por ejemplo, algunas aproximaciones etnográficas (Durán et al., 2016, p. 125) han mostrado que en ciertas zonas de Cumbayá se ha producido el desplazamiento y expulsión de antiguos pobladores debido al arribo de nuevos residentes de clases adineradas, así como la transformación de los usos de suelo destinados a la crianza de animales y al trabajo agrícola por lógicas más restrictivas. Esto significa que se han creado nuevas configuraciones espaciales en las que se intensifican y reproducen lógicas de amurallamiento y segregación parecidas a las que se han registrado en la ciudad consolidada a lo largo del tiempo.
Si se analiza el Coeficiente de Gini en el Distrito Metropolitano de Quito, se constata que en 2007 este indicador se ubicó en 0.49, mientras que en 2015 se ubicó en 0.453 (NEC, 2016), lo que quiere decir que en todo el período hay un descenso poco significativo en los niveles de desigualdad por ingresos en la ciudad. La persistencia de esta brecha se ha conjugado con la producción de nuevos espacios de segregación, lo que muestra que las desigualdades urbanas actuales son mucho más complejas y difusas que las del siglo pasado.
Las cuatro formas de organización territorial de la desigualdad urbana en Quito que han sido analizadas brevemente -la ciudad radial-concéntrica, la ciudad polinuclear-longitudinal, la ciudad metropolitana y la ciudad fragmentaria-, muestran que las asimetrías de poder han tenido una lógica espacial, pues se han expandido desde un perímetro relativamente pequeño y concéntrico hacia un mosaico de espacios discontinuos. Este proceso expansivo no supone la eliminación de las viejas desigualdades socioespaciales, sino que implica su superposición en el tiempo y el espacio. Esto puede ser ejemplificado con lo sucedido en el Centro Histórico de Quito, donde la segregación de poblaciones a inicios del siglo XX se basaba en distinciones socioeconómicas y lógicas racializadas de corte higienista, mientras que a inicios del siglo XXI estas mismas lógicas se enmascaran en procesos y discursos de patrimonialización, “museificación” y turistificación.
Otras desigualdades: inmigrantes internacionales, mujeres y LGBTI
Las desigualdades analizadas en el apartado anterior muestran que las injusticias sociales y económicas son también injusticias espaciales, sin embargo, no son las únicas formas de desigualdad que se producen en la ciudad de Quito. En el último tramo de la globalización se han posicionado en la agenda pública, política y académica, aún con escasos resultados, otro tipo de desigualdades antes invisibilizadas, como las relacionadas con los inmigrantes internacionales, los grupos LGBTI y las mujeres. A continuación se mostrará cómo estas desigualdades se producen por diferenciales de poder que exceden el ámbito económico, ya que se sustentan en distinciones jerárquicas, imaginarios y estigmas que se construyen en torno al estatus migratorio, la nacionalidad, las identidades o el género.
Desigualdad e inmigración internacional
Durante el siglo XX, al igual que otros países de América Latina, Ecuador se caracterizó principalmente por dos tipos de movilidad humana. Por un lado, una migración interna que se dirigía desde las provincias hacia las principales macrocefalias urbanas (Quito y Guayaquil) y que ha registrado una desaceleración paulatina desde 1990; por otro lado, una emigración internacional que se registró desde los años sesenta y que se potenció con la crisis económica finisecular, ya que desde entonces casi todas las ciudades y provincias ecuatorianas “expulsaron” migrantes principalmente hacia Estados Unidos, España e Italia.
Como parte de la reestructuración de la economía política y de los circuitos migratorios globales, durante el siglo XXI se ha reconfigurado el perfil migratorio del país y se ha registrado un incremento significativo de la movilidad humana hacia Ecuador. En el panorama han aparecido “nuevos” tipos de movilidad -la migración de tránsito, la migración de retorno, la migración residencial de jubilados norteamericanos, entre otros desplazamientos-, se han intensificado los ya existentes -el refugio y la inmigración turística y académica-, se han desacelerado otros -la emigración- o bien han habido cambios en la composición de estos flujos migratorios -etarios, de sexo, nivel educativo, lugares de procedencia y destino (Herrera et al., 2012). En su conjunto, esto muestra la reestructuración de las complejas dinámicas de movilidad entre los “nortes globales” y los “sures globales”, entre los propios “sures globales” e incluso la emergencia de “nuevos nortes” en los “sures”.
Por múltiples factores endógenos -dolarización de la economía, política de fronteras abiertas y declaración constitucional de la ciudadanía universal en Ecuador- y exógenos -el endurecimiento del régimen global de control migratorio (Domenech, 2013), la creciente producción legal de movilidades ilegales (De Génova, 2002), las crisis políticas y económicas en algunos países de la región, y la conversión de la migración en sinónimo de amenaza global desde 2001-, Quito se ha convertido en un lugar estratégico para las dinámicas intracontinentales y extracontinentales de movilidad humana, es decir, en una suerte de plataforma urbana y global para distintos tipos de desplazamientos. Esta gran transformación se ha desarrollado entre 2000 y 2018, y ha producido novedosas dinámicas de desigualdad urbana en torno a los migrantes extranjeros.
Según datos censales, en 2010 solo el 65% de la población que vivía en la capital había nacido en ella (INEC, 2010), lo que refleja la reconfiguración demográfica de la ciudad a partir de los históricos procesos de migración interna campo-ciudad, pero también por una paulatina inmigración internacional y por los desplazamientos forzados, sobre todo de población colombiana, que se reubicaron en Quito. Este punto es clave para entender las nuevas formas de desigualdad urbana en torno a los inmigrantes internacionales, ya que desde 2000 hasta 2018 miles de personas, voluntaria o involuntariamente, han migrado o se han desplazado desde Colombia, Cuba, Venezuela, Haití o países de África, para radicarse temporal o definitivamente en los más importantes cascos urbanos del país, principalmente Quito. De hecho, las cifras censales disponibles muestran que en 1990 se registró el ingreso a Ecuador de inmigrantes provenientes de 62 países, mientras que en 2010 ingresaron inmigrantes de 157 naciones.
El caso colombiano es un ejemplo elocuente de la inserción de Quito en los nuevos circuitos internacionales de movilidad humana, pero también de esa antigua y problemática relación socioespacial entre grupos establecidos y grupos que son marginados por distintos diferenciales de poder (país de procedencia, nacionalidad, género, clase social, “raza” o tiempo de residencia) (Elias y Scotson, 2016). Por el conflicto armado en Colombia, el número de desplazamientos forzados hacia Ecuador aumentó significativamente. Desde 2000, cuando solo se registró a 390 refugiados colombianos en el país, las cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) mostraron que para 2013 el número se elevó a cerca de 60 mil refugiados y más de 170 mil solicitantes de refugio (ACNUR, 2013). Estas no son cifras menores teniendo en cuenta que el 60% de los refugiados que hay en Ecuador se ha asentado en cascos urbanos y más del 30% de refugiados urbanos reside en Quito, siendo vulnerables a procesos de segregación, racialización y estratificación (Ospina y Santacruz, 2011, p. 4)
De hecho, los ciudadanos colombianos -refugiados y no refugiados- representaban para 2010 el 44% de la población extranjera que se había establecido en la capital (INEC, 2010). Estos inmigrantes han sido estigmatizados y discriminados a través de actos de xenofobia que operan bajo una lógica metonímica, pues casos delictivos aislados en los que han estado involucrados colombianas y colombianos, han sido hiperbolizados y han derivado en representaciones en las que ciudadanos del vecino país son vistos como sujetos sospechosos. De hecho, la inmigración colombiana ha resultado problemática para gran parte de los capitalinos, ya que el 42% de los habitantes de Quito no quiere vivir al lado de colombianos y colombianas (Corpovisionarios y Banco Interamericano de Desarrollo, 2010).4
La inmigración colombiana, que con toda seguridad ha crecido desde 2010, ha sido clasificada como población poco deseable para la convivencia ciudadana; además, a pesar de que ha logrado de algún modo integrarse a las dinámicas sociales, culturales y económicas de la sociedad receptora, aún persisten desigualdades que la obligan a recluirse mayoritariamente en el mercado informal, negando así su acceso a una mejor calidad de vida.
Otra de las inmigraciones internacionales que durante los últimos años ha adquirido mayor visibilidad en Ecuador ha sido la haitiana. En términos cuantitativos, la inmigración de haitianos y haitianas era insignificante hasta antes del 2010, pues solo en ese año, tras el terremoto en aquel país caribeño y el otorgamiento de una visa humanitaria por parte del gobierno ecuatoriano, se registró un crecimiento importante.
De hecho, los saldos migratorios5 muestran que en el año 2000 entraron a Ecuador 188 haitianos y haitianas, de los cuales apenas 46 no registraron su salida del país; en 2005 el saldo migratorio disminuyó a 5 y en 2010 ascendió a 511. En 2014 ya hay una importante reconfiguración en la dinámica migratoria, pues de los 17 mil 278 haitianos y haitianas que ingresaron aquel año, el 80.5% se quedó en Ecuador o no registró su salida, mientras que en 2015 más de 11 mil haitianos y haitianas hicieron lo mismo. Esto muestra que para este flujo inmigratorio, el Ecuador se ha convertido en un espacio de residencia provisional y de tránsito hacia un nuevo “norte” ubicado en Sudamérica: Brasil.
Los haitianos representaban en 2010 solo el 1% del total de los inmigrantes internacionales que residían en Quito, sin embargo, todo daría cuenta de que esta cifra se ha incrementado en los últimos años. La creciente migración haitiana, al contrario de otros flujos migratorios, ha sido invisibilizada de múltiples formas y sus expectativas de mejorar su calidad de vida y de encontrar empleos adecuados se han chocado con profundas dinámicas de exclusión. Esta migración se ha asentado en barrios como el Comité del Pueblo, La Bota y El Condado, es decir, espacios otrora periurbanos que se han caracterizado por recibir décadas atrás a migrantes internos afroecuatorianos. En gran medida, y a pesar de la brecha temporal, se puede observar una superposición espacial de la desigualdad y la marginación, aunque los actores sean esta vez inmigrantes de Haití y de otros países latinoamericanos.
La inmigración cubana también despuntó a partir de 2008, tras la declaración constitucional de la ciudadanía universal en Ecuador. En el 2000 se registró la entrada a Ecuador de mil 789 cubanos y cubanas de los cuales solo 77 se quedaron en el país; en 2005 el saldo migratorio ascendió a 239 y en 2010, dos años después de la declaración de la ciudadanía universal, subió a dos mil 179. En 2014 se evidenció una dinámica migratoria distinta, pues de los 41 mil 545 cubanos y cubanas que ingresaron a Ecuador, el 37.9% se quedó en el país, mientras que en 2015 más de 29 mil cubanos y cubanas no registraron su salida de Ecuador. Quito se ha convertido en un sitio de paso “obligado” de cubanos y cubanas que buscan llegar a Estados Unidos, aunque también, en menor medida, sea un espacio atractivo para residir temporal o permanentemente. La inmigración cubana residente en Quito se ha ubicado en la zona norte de la ciudad, específicamente en barrios inscritos geográficamente en las Administraciones Zonales de Eugenio Espejo y La Delicia. Las dinámicas cotidianas de desigualdad se tornan claras si se tiene en cuenta que el 37% de los quiteños y quiteñas no quiere vivir cerca de inmigrantes de este país caribeño.
Un fenómeno parecido se da con los inmigrantes venezolanos radicados en Ecuador, ya que fueron estadísticamente insignificantes hasta 2010. Para 2014, el saldo migratorio se elevó a tres mil 112, mientras que en 2015 fue de nueve mil 650 personas. Para 2017, según la Organización Civil “Venezolanos en Ecuador”, se estimó que cerca de 30 mil venezolanos vivían en ciudades como Guayaquil, Manta, Ibarra y principalmente Quito (García, Carvajal, Quizhpe, Benalcázar, 2017). Sin que aún haya estadísticas certeras, se estima que entre enero y agosto de 2018 más de medio millón de venezolanos migró hacía Ecuador, de aquí que el Municipio de Quito declarara la emergencia humanitaria a mediados de ese año y que probablemente se haya incrementado exponencialmente el número de venezolanos y venezolanos radicados temporal o indefinidamente en la capital.
Los inmigrantes venezolanos han adquirido importancia para la sociedad quiteña en la medida en que, a pesar de ser una migración calificada -muchos cuentan con formación profesional y educación de tercer y cuarto nivel-, se han visto obligados a trabajar en el mercado informal o articularse a instituciones formales pero en condiciones de subempleo y precarización, generando en la población quiteña una sensación infundada de amenaza laboral en un contexto de recesión económica. Su legítima apropiación del espacio público y su ubicación estratégica en sectores urbanos con un fuerte dinamismo comercial los ha hecho más visibles que otras inmigraciones, de aquí que en los últimos tres años hayan proliferado actos de xenofobia y una mutua estigmatización entre inmigrantes y residentes capitalinos.
Es claro que el incremento del flujo de inmigrantes provenientes de Haití, Colombia, Cuba, Venezuela y de países de Asia y África es significativo si se los compara con los años precedentes. Sin embargo, es insignificante si se lo analiza en el marco de la totalidad de dinámicas inmigratorias de Ecuador. A pesar de su aparente irrelevancia estadística, estos flujos tienen una gran importancia sociológica por los efectos sociales y espaciales que producen.
Los procesos inmigratorios descritos muestran que las “nuevas” desigualdades urbanas también se expresan en los regímenes de representación diferenciados que se establecen en torno a la figura de los migrantes. Estos regímenes trazan distinciones jerárquicas basadas en la dirección del flujo migratorio, el país de procedencia, la nacionalidad, el color de la piel (lógica epidérmica), el estatus migratorio, la clase social, el género, es decir, una serie de clasificaciones sustentadas en diferenciales de poder. Como señalan Feldman y otros,
el mismo acto de nombrar devela los intersticios históricos de la desigualdad global y el afinamiento de ciertos dispositivos categoriales que, a la vez que nombran, clasifican y otorgan sentido, separan mundos, crean fronteras, construyen, incorporando o excluyendo tipos diferenciados de sujetos migrantes. (Feldman, et al., 2011, p. 15)
En las “nuevas” migraciones intrarregionales, y particularmente en el caso de Quito, se constata que los inmigrantes han sido estigmatizados como agentes patógenos que hacen peligrar la estabilidad (ilusoria) de una communitas.
Como es conocido, tanto en el pasado con las migraciones campo-ciudad, como en el presente con las inmigraciones internacionales, toda ciudad y Estado ha construido versiones de inmigrantes deseables y no deseables, de alteridades incorporables o no incorporables (Briones, 2015). Este proceso, claramente, va más allá de toda declaración constitucional o retórica política en torno a la ciudadanía igualitaria de los inmigrantes, porque en la práctica urbana concreta no todos los inmigrantes ni todas las movilidades son valoradas de la misma forma por los ciudadanos que habitan y producen las ciudades, los Estados y las sociedades. Aquí, precisamente, radica otra forma de desigualdad: la producción estatal y urbana de migrantes deseables, de migrantes Clase A y Clase B, la construcción social y legal de “migrantes ilegales” e “indeseables”.
En este marco, Quito se posiciona como un ejemplo paradigmático de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI, ya que expresa la permanentemente redefinición de viejas fronteras espaciales, sociales y simbólicas, esta vez teniendo a los inmigrantes internacionales como agentes protagónicos, al mostrar las nuevas formas de desigualdad socioespacial y segregación urbana que se producen en torno a ellos.
Desigualdad, mujeres y escalas espaciales
Las luchas y reivindicaciones que mujeres de todo el mundo han llevado a cabo, se han traducido en la paulatina ocupación de espacios de decisión política, sin embargo, cuando se realiza un análisis multiescalar, se constata que se mantienen y agudizan las desigualdades de acceso a dichos espacios dependiendo de si estos son de gestión nacional, seccional o local.
En Ecuador, de acuerdo a los resultados de las elecciones generales de 2013, se puede establecer que tras la contienda electoral de aquel año hubo más asambleístas nacionales mujeres (ocho) que hombres (siete), y que los asambleístas provinciales fueron más hombres (74) que mujeres (42); además, las mujeres fueron designadas para presidir el 54% de los ministerios (CNE, 2014). 6
Sin embargo, en los espacios de decisión provincial y local las desigualdades entre hombres y mujeres tienden a aumentar exponencialmente. Tras las elecciones seccionales de 2014, las mujeres tuvieron una menor participación en los gobiernos intermedios, ya que solo presidieron dos de las 24 prefecturas provinciales. De la misma manera, el 93% de las 221 alcaldías municipales fueron presididas por hombres y solo el 7% por mujeres. En Pichincha, provincia donde se encuentra Quito, seis de las ocho alcaldías estaban a cargo de hombres y solo dos de mujeres.
La composición de las concejalías municipales también mostraba la agudización de la brecha de género tras las elecciones seccionales de 2014. De los mil 305 concejales y concejalas municipales electos en Ecuador, el 69% fueron hombres y solo el 31% mujeres. En Pichincha, por ejemplo, hubo 62 concejales y concejalas municipales, urbanos y rurales, sin embargo, las mujeres solo alcanzaron 17 curules. A su vez, de los cuatro mil 79 vocales de juntas parroquiales rurales electos en todo el país, el 75% fueron hombres y el 25% mujeres. En Pichincha, la relación entre hombres y mujeres es de 73% a 27%.
Las escalas territoriales muestran una correlación con las desigualdades de género, ya que inciden en el acceso diferenciado a espacios de decisión política. Estas brechas se incrementan en la medida en que los cargos son menos visibles y tienden a potenciarse en microcosmos urbanos y rurales. Esta desigualdad, lejos de mostrar un determinismo territorial, evidencia relaciones de poder que son transversales a los espacios, ya que están sumamente arraigadas en todos los ámbitos institucionales, políticos y “públicos”.
Sin embargo, la disparidad de género en espacios locales de decisión política se articula a otros tipos de desigualdades, como la brecha salarial entre hombres y mujeres, la dificultad para acceder al mercado laboral, la falta de oportunidades de educación, la violencia y vulnerabilidad, es decir, un conjunto de asimetrías de poder ensambladas que tienden a expresarse en el espacio urbano.
Por ejemplo, problemas como el acoso sexual callejero o el hostigamiento contra las mujeres, tienen un arraigo estructural, pues hunden sus raíces en la reproducción de masculinidades hegemónicas en espacios urbanos, sean “privados” o “públicos”. Muchas veces, estos problemas estructurales se conjugan con elementos infraestructurales.
El caso del transporte público en la ciudad de Quito es elocuente al respecto, ya que para 2015 el 80% de las mujeres quiteñas sentían inseguridad en el transporte público, el 67% había sido víctima de acoso en él, y el 25% padeció roces no deseados o había sido tocada en sus partes íntimas (Sandoval, 2015), lo que quiere decir que hay altos niveles de victimización y una elevada percepción de inseguridad que marca la vulnerabilidad de las mujeres en la ciudad.
Pareciera que el androcentrismo en las dinámicas, lógicas y proyectos urbanos tiende a fracturar la cohesión social en la ciudad, al convertir a la urbe en un espacio peligroso que tiende a modificar las formas (miedo, desconfianza o seguridad), los tiempos (espera o premura) y trayectorias (cambio en estilos de vida y modificación de rutas por imaginarios espaciales y estigmas socioterritoriales) a través de los cuales hombres y mujeres habitan y producen de forma diferenciada la ciudad.
La histórica organización urbana basada en la primacía masculina ha convertido en privilegio algo que debería ser un derecho ciudadano, nos referimos al derecho a la ciudad. En este sentido, frente a las desigualdades estructurales y las distintas formas de violencia de género, los colectivos de mujeres y las reivindicaciones feministas han mostrado que las asimetrías de poder se deben combatir desde lo “molecular” a “lo molar”, desde lo sistémico a lo local, desde los espacios de decisión política hasta la vida urbana cotidiana. De aquí que la ciudad, en este caso Quito, se constituya y proyecte, nuevamente, como uno de los escenarios decisivos para las luchas materiales y simbólicas de las mujeres en el siglo XXI.
Desigualdad y diversidades sexogenéricas
Como se ha visto, las asimetrías en las relaciones de poder a nivel urbano también se organizan espacialmente a partir de distinciones jerárquicas que se trazan entre un “nosotros” y un “otro”. De hecho, la lógica inmunitaria que una comunidad política urbana establece sobre aquellas personas consideradas jerárquicamente inferiores e incluso indeseables, muestra que la ciudadanía nunca es ejercida de la misma forma en todas las ciudades, pues hay configuraciones históricas de cada urbe que exceden el ámbito económico y que evidencian que toda ciudad y sociedad, más que espacios de integración social, son productoras de diferenciaciones que tienden a subordinar, silenciar e invisibilizar a poblaciones, a sus actividades y racionalidades en la medida que transgreden los parámetros de convivencia canónicos y naturalizados.
Las diversidades sexogenéricas en Quito -sus condiciones de vida, de inclusión social y de cumplimiento de derechos- son, precisamente, una muestra más de la desigualdad en el acceso a espacios públicos y de la variable intensidad de las formas de coacción -que deriva, incluso, en actos de autocoerción- que se ejercen en la ciudad contra quienes han sido representados como “diferentes”.
Quito, al igual que otras ciudades ecuatorianas como Guayaquil, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Ibarra, Santa Elena, Salinas, Libertad y Manta, muestra una organización espacial de las desigualdades basadas en la segregación, exclusión e incluso violencia contra diversidades sexogenéricas en ámbitos urbanos.
En estas localidades, según estudios sobre la población LGBTI realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador en 2013, la discriminación, entendida institucionalmente como un problema estructural que se expresa cotidianamente a través de actos de desprecio, ha sido experimentada mayoritariamente en espacios públicos -calles, parques, malecones y plazas- por el 56% de la población LGBTI de estas ciudades. La discriminación en espacios públicos supera la registrada en espacios considerados privados -casas, bares, centros comerciales, restaurantes-, donde el 50.5% de la población ha experimentado actos de repudio, o la que sucede en otros espacios como los laborales (43.8%), educativos (40%), de salud (33.7%) y de justicia (23%).7
Asimismo, la exclusión, definida como la acción de marginar y negar oportunidades a una persona por su orientación sexogenérica, ha sido experimentada en espacios públicos por el 61% de la población LGBTI, mientras que un 71.4% la ha soportado en espacios privados.
El análisis de la violencia de género, entendida como cualquier acción que busca causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico a la mujer y a las personas LGBTI, muestra que esta es experimentada principalmente en los espacios públicos (65.6%), seguida de los espacios privados (52.1%), educativos (25.8%), laborales (22%), de salud (10.3%) y justicia (12.4%)
La organización socioespacial de las desigualdades sexogenéricas en las principales ciudades ecuatorianas, sobre todo Quito, es una cuestión estructural que no se reduce a actos y espacios aislados de discriminación, exclusión y violencia, sino que, como se ha visto, es transversal, pues articula todos los ámbitos y lugares de la vida cotidiana. De ahí que la definición entre lo público y lo privado se torne inútil, pues esta distinción dicotómica garantiza la (re)producción social, política, institucional y territorial del carácter heteronormativo de las sociedades y ciudades, particularmente la quiteña y ecuatoriana.
A pesar de la hostilidad del escenario urbano analizado, la ciudad sigue siendo un campo en disputa. Ante las dinámicas socioespaciales de desigualdad en torno a los grupos LGBTI y frente a las promesas incumplidas de ordenanzas municipales y principios constitucionales que promueven la protección de sus derechos, la organización y acción colectiva de estas poblaciones las ha posicionado como otro actor político dentro de la ciudad, ya que, de distintos modos, han ido apropiándose y disputando legítimamente espacios otrora impensables. Esto ha significado oscilar lenta pero paulatinamente desde una lógica de enclave -sitios exclusivos para el colectivo LGBTI- hacia una lógica centrífuga, expansiva, que ha buscado, al igual que las luchas de las mujeres, politizar lo “privado” y democratizar “lo público”.
A modo de conclusión
A lo largo de este trabajo se han mostrado los procesos de producción, organización y yuxtaposición de viejas y ‘nuevas’ desigualdades en los espacios urbanos. Quito, en este marco, es un paradigma empírico comparable estructuralmente con lo que sucede en otras ciudades latinoamericanas. El análisis evidencia que la ciudad es una matriz de inclusión/exclusión a nivel espacial, económico y simbólico, que una y otra vez redefine sus lógicas inmunitarias y traza permanentemente fronteras urbanas materiales y simbólicas que, a pesar de todo, son siempre móviles y porosas. Además, es posible señalar que la injusticia espacial es constitutiva de los procesos de urbanización y modernización de las ciudades en el capitalismo, ya que lo que realmente acontece es la reconfiguración y proliferación de nuevas geografías centrales y marginales. A su vez, el estudio de los procesos de segregación, exclusión y violencia contra inmigrantes internacionales, grupos LGBTI y mujeres, muestra que hay desigualdades que son transversales a todos los espacios que configuran las realidades urbanas y nacionales, que van desde aquellos microcosmos considerados “privados” hasta los “públicos”, los cuales, al fin y al cabo, siempre están siendo disputados.
Todo el proceso anterior ha provocado que solo ciertas partes y poblaciones urbanas ejerzan una ciudadanía plena y se articulen a los centros políticos y económicos locales, nacionales y globales, lo que hace que la desigualdad no solo sea intraurbana, sino interurbana y transnacional. Por último, este trabajo ha buscado iluminar un reducto que aún permanece opaco en las políticas para reducir desigualdades, ya que además de la focalización en cuestiones tributarias, laborales, educativas, entre muchas otras, es preciso asumir que el espacio, por su carácter material y simbólico, es una dimensión constitutiva que marca las lógicas de las múltiples formas de desigualdad.
