La obra de Francisco López Bárcenas es, sin duda alguna, un referente necesario para entender las luchas y formas de resistencia de los pueblos indígenas y comunidades rurales ante el despojo de los bienes comunes. En este sentido, La vida o el mineral es un texto en el que se desmontan las vías a través de las cuales, las empresas y el Estado se han apoderado de bienes que son, por principio, de la nación. Francisco López Bárcenas introduce la problemática central, esto es, la reconversión -casi siempre realizada mediante el despojo, aunque también a través de otras formas no menos violentas-, de tierras cuyo destino había sido la producción de alimentos, a tierras que son puestas al servicio de las empresas mineras que buscan, en buena medida, la exportación del recurso extraído. Con ello, la reproducción social de comunidades rurales, campesinas e indígenas está, nuevamente, siendo violentada. Esta reconfiguración es la fuente, como ha sido señalado, de tensiones y conflictos que surgen, precisamente, porque las concesiones mineras otorgadas por el gobierno mexicano se dan en territorios que no habían sido mineros.

Francisco López Bárcenas hace un ejercicio histórico en el que busca destacar que la minería ha sido, desde la época colonial, uno de los pilares de la acumulación de capitales. En este sentido, propone que la historia del despojo en México puede ser descifrada en cuatro ciclos. El primero, el colonial, abarca de la conquista española hasta el periodo republicano. A partir de los testimonios de los invasores españoles, recuperados por el autor, se confirma que la búsqueda de oro y de otras piedras preciosas constituyó el eje que guio a los primeros conquistadores. Ahora bien, el corpus legislativo que rigió la minería durante este ciclo tuvo dos objetivos fundamentales: a) establecer que la minas existentes y las descubiertas en la Nueva España quedaran bajo el dominio de la Corona española; y b) alentar el descubrimiento y la explotación de minas de oro, plata y azogue, principalmente, pues esto significaba una mayor tributación a la Corona a través del Quinto real.

En este sentido, López Bárcenas plantea que en la Nueva España la acumulación originaria, desarrollada por Carlos Marx y retomada por Rosa Luxemburgo, estuvo cabalmente instrumentada en la industria minera: la separación de los pueblos originarios de sus medios de producción, principalmente la tierra, obligó a muchos de ellos a vender su fuerza de trabajo en las minas, ya sea como “asalariados libres” o por la fuerza; de ahí que los indios se desempeñaron, junto a los esclavos negros, como la fuerza de trabajo que sostuvo el crecimiento de los “reales de minas”, o centros mineros (2017, p. 81).

Además, el autor insiste en que este proceso de separación hombre-medios de producción fue doble: por una parte, a través de instituciones como la encomienda o el repartimiento, los colonizadores reorganizaron, asimilándolas, las formas comunitarias de autoconsumo propias de los pueblos originarios; por otra parte, la coexistencia de formas capitalistas y de formas precolombinas de trabajo y producción, sirvió para mantener bajos los salarios y aumentar la tasa media de ganancia de los nuevos dueños de las minas (2017, p. 83).

El segundo ciclo, el liberal, comprende desde la década de los noventa del siglo XIX a los años treinta del siglo XX. En este ciclo, López Bárcenas señala que la Independencia iniciada en 1810 no fue suficiente para desarmar el cuerpo legislativo colonial que había venido regulando la minería; por el contrario, si bien bajo los ideales independentistas se intentó desenganchar a las actividades mineras del imperio español, éstas fueron cedidas a los intereses de los países europeos y norteamericano.

De este segundo ciclo es importante destacar que, con la primera Constitución Política de la República Mexicana de 1857, se le dio a los estados la facultad de expedir leyes sobre la industria minera, por lo que se emitieron la Ley Minera para el Distrito Federal y Territorio de Baja California de 1874 y el Código de Minería del estado de Hidalgo de 1881. En estos instrumentos jurídicos fue central la discusión sobre la superficie territorial bajo la que se encuentran los minerales -actualmente, eje de muchos de los conflictos y movimientos. Si bien se reconocía el dominio radical del Estado mexicano sobre los recursos minerales, éstos se consideraban “bienes sin dueño” que se otorgarían al primero que las ocuparan; de ahí que ese dominio pleno haya sido lo que permitiera al Estado entregar dichos bienes a particulares mediante la concesión. Sin embargo, la facultad de los estados para regular la minería fue revocada en 1883 durante el Porfiriato cuando el Congreso federalizó la legislación minera.

En 1915 y 1916 tuvieron lugar dos esfuerzos para contrarrestar la política liberal del Porfiriato: el decreto que elevó impuestos a las exportaciones mineras, vinculándolos al valor del mineral y no sólo a su peso, así como la ley fiscal que gravó las exportaciones de oro, plata y metales industriales e incentivó la refinación de metales en el territorio nacional a través de la deducción fiscal. Estos esfuerzos cristalizarían en la Constitución Política de 1917. Allí, López Bárcenas advierte que, con la Cláusula Calvo, se buscó prescribir la industria minera en dos sentidos, por un lado, que la riqueza así generada permitiera mejores condiciones de vida en el país, y por el otro, defender la soberanía nacional frente al poder de las corporaciones extranjeras -lo que resulta significativo en el contexto actual (2017, pp. 112-114).

El tercer ciclo, el estatista, va de los años treinta a los años noventa del siglo XX. La caracterización de este ciclo, propuesta por Bárcenas, comienza con lo que podría ser identificado como la consecuencia inmediata del ciclo anterior, esto es, la promulgación de la Ley de Industrias Mineras aprobada en 1926, con la que se estimuló, entre otras cosas, la protección de los derechos laborales de los trabajadores mineros y la limitación a 100 hectáreas por cada concesión, quedando libre el número total de concesiones que cada empresa podía tener. Esto, que parecía constreñir las actividades de las grandes compañías, fue subsanado con una política fiscal de exención y reducción de impuestos (2017, p. 116). Lo que sigue es, de acuerdo con el autor, un proceso de robustecimiento del Estado en la minería que duraría hasta la década de 1980. En este son distinguibles dos momentos: el de transición y el de mexicanización; con el primero se inicia, mientras con el segundo tiene su máxima expresión. Con la ley de mexicanización de la minería de 1961, el Estado obligó a las compañías extranjeras a vender a inversionistas nacionales, por lo menos, un 51% de su capital. Esto, que López Bárcenas prefiere llamar mexicanización, fue una estrategia que el gobierno tomó ante el desinterés de los inversionistas extranjeros en el sector debido a las disposiciones aprobadas en 1930 (2017, p. 120). Como resultado de esta mexicanización surgieron tres grandes grupos que, hasta la actualidad, controlan esta rama a nivel nacional y destacan a nivel internacional: Grupo Peñoles, Minera Frisco y Grupo Minero México (2017, p. 121).

El cuarto ciclo, el neoliberal, que comprende los años noventa del siglo XX hasta la época actual, inicia con la privatización de empresas mineras que habían funcionado bajo el esquema de la mexicanización. Es decir, el Estado puso a la venta aquella parte de la industria minera que controlaba y con ello las 6.6 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales, cerca del 98%, fueron desincorporadas y entregadas al mejor postor -hubo empresas paraestatales, de otras ramas, que no corrieron con la misma suerte y fueron extinguidas, liquidadas o fusionadas. Esta desincorporación privilegió, en primer lugar, a los consorcios mineros de capital mexicano, y en segundo lugar, benefició a los capitales extranjeros, sobre todo de origen canadiense (2017, p. 129).

En el capítulo tercero, López Bárcenas discute el entramado institucional y normativo que, en el cuarto ciclo, responde a una nueva acumulación originaria sobre bienes que, como se ha dicho, son propiedad de la nación. Este apartado constituye una herramienta fundamental para entender los rasgos e implicaciones de la industria minera en la actual época del despojo.

En los dos últimos capítulos del libro, López Bárcenas se ocupa de las luchas y movimientos de resistencia gestados en torno a los megaproyectos y concesiones mineras. Por una parte, plantea las vías de acceso que jurídicamente se establecieron, a partir de la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución, para el acceso a la tierra. Por otra parte, con una mirada crítica, López Bárcenas expone la importancia que tienen los acuerdos y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Convenio 169 de la OIT, en los que se establecen una serie de principios sobre los derechos de los pueblos indígenas y, de cara a éstos, el autor pone de relieve las luchas y movimientos indígenas -en Chiapas, Oaxaca y el caso de Wirikuta que implica a los estados de Jalisco, Nayarit y Durango.

Bárcenas cierra con una cuestión ineludible, ¿es posible una minería que, a diferencia de la actual, no devaste la biodiversidad ni despoje de los bienes comunes a los pueblos, indígenas o no indígenas, y que no rompa el tejido social para imponerse?