Presentación

Andrea Greppi es un estudioso de los problemas teóricos y prácticos de las democracias contemporáneas. En un contexto definido por la paulatina erosión en el desempeño institucional de las mismas y en el declive normativo de los principios de división de poderes y representación política, este autor dedica sus energías reflexivas y de investigación a pensar las maneras de recomponer las estructuras de mediación democráticas que el ciudadano necesita para intervenir activa y eficazmente en los procesos de formación de la opinión y la voluntad colectiva. Andrea Greppi actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de un número importante de artículos sobre teoría y filosofía política y de las siguientes publicaciones: Teoría e ideología en el pensamiento de Norberto Bobbio (1998), Concepciones de la democracia en el pensamiento político contemporáneo (2006), La democracia y su contrario. Representación, separación de poderes y opinión pública (2012), Laicidad y relativismo (2013) y, de reciente aparición, Teatrocracia. Apología de la representación (2016) y El campo de juego. Estudios sobre las condiciones del método democrático (2017). En la presente entrevista conversamos con el autor sobre los principales tópicos que él aborda en su más reciente obra que, tal y como su título indica, propone una reflexión ponderada sobre las debilidades y fortalezas del funcionamiento de las instituciones representativas, así como propuestas y estrategias teóricas y prácticas para renovar a la democracia representativa.

—Atravesamos por una época de inéditas transformaciones sociohistóricas acompañadas de un notable incremento del desencanto ciudadano ante el sistema político. En dicho contexto, usted advierte que en el pasado la democracia moderna ha exhibido una notable capacidad sistémica de adaptación y regeneración a las condiciones cambiantes del entorno que le toca vivir, sin embargo, expresa al mismo tiempo su hondo escepticismo respecto de que dichos mecanismos para metabolizar las protestas puedan seguir siendo eficaces en el futuro. ¿Podría desarrollar un poco más esta interpretación sobre la que ha reflexionado?

—Dicen ustedes desencanto y con razón. Para interpretar con un mínimo de sensibilidad las dinámicas, las fuerzas, las inercias que actúan en el subsuelo de la vida política, en este momento en el que hoy nos encontramos, efectivamente, es indispensable echar las cuentas con la experiencia del desencanto. Consideren, sin embargo, que el desencanto puede tener acentos distintos. De entrada, porque para sentirse desencantado es necesario haber pasado antes por una fase previa de encantamiento. Y eso nos lleva a distinguir enseguida entre desencanto y desencanto, en función de las promesas y expectativas que se proyectan sobre la democracia. Esta comparación entre desencantos nos permite entender también, mirando ahora hacia el futuro, la consistencia de los diagnósticos y el significado de nuestras actitudes hacia la democracia que vendrá, si es que no viene otra cosa.

En realidad, la percepción común acerca del estado de salud actual de la democracia, independientemente de cuál sea nuestro estado de ánimo, está lejos de ser homogénea. Y no me refiero sólo a que la distribución del descontento o la conformidad no sigue patrones fácilmente reconocibles, que se decanten hacia la derecha o la izquierda del espectro político. O a que pueda haber visiones más o menos contaminadas por tomas de posición irreflexivas, tanto las teñidas de optimismo acrítico como las que están lastradas por una recalcitrante y autocomplaciente cadencia pesimista. De todo tiene que haber, supongo. En lo que estoy pensando, más concretamente, es en que existen distintas maneras de manejar la relación entre la teoría y la práctica de la democracia, entre el ideal y sus realizaciones. Y que algunas de estas maneras de gestionar sus inevitables desencuentros son defectuosas e incompletas. Porque una cosa es el desencanto del que suelen hacer gala, por ejemplo, los realistas de poca monta, para los que nunca ha habido, ni habrá, más y mejor democracia que esta que tenemos en este momento, pues cualquier desarrollo futuro del modelo existente ha de ser interpretada como una peligrosa desviación, dado que el potencial emancipatorio de la democracia moderna estaría ya sobradamente cumplido. Y otra cosa, bien distinta, es el desencanto de quienes están convencidos de que la democracia, en su forma actual, no es más que un puro engaño, y que no puede ser de otra manera, habida cuenta de que esta democracia, la democracia de los modernos, no es sino un pálido reflejo de una promesa infinitamente más alta, que está aún por venir. De la misma manera que no es lo mismo el desencanto de quienes se empeñan en seguir asociando a la democracia, consciente o inconscientemente, cierta nostalgia del absoluto (^{Steiner, 2011}), que el desencanto de quienes lamentamos el retroceso en las expectativas de democratización de la vida pública comparándolas con sus desarrollos efectivamente posibles, por parciales que sean.

Por supuesto, ninguna de estas actitudes es nueva. Todas tienen cierto aire de familia con perfiles ideológicos o, en sentido amplio, culturales que son bien conocidos. No obstante, sí existen algunos factores nuevos en los que quizá merecería la pena detenerse. Hasta hace algún tiempo —digamos, para entendernos, hasta que empezaron a debilitarse las certezas de la última oleada democratizadora—, las perspectivas sobre el futuro estaban por así decir iluminadas por la creencia en el imparable avance de la democracia, que además habría impulsado una más amplia y efectiva realización de los derechos fundamentales. El incremento de la democracia y la expansión de los derechos aparecían como dos caras de un mismo proceso. Es en relación con esta particular visión del desarrollo político y social con la que, en este momento particular en que nos encontramos, merecería la pena discutir y entablar una discusión para valorar en qué medida, y por qué razones, ha podido producirse una rebaja en las expectativas que alimenta el desencanto. Porque nuestro desencanto es, en buena medida, la reacción inevitable ante la pérdida de un futuro que parecía estar en camino. El debate, si acaso, está en valorar si el encantamiento de unos años atrás no estaba en alguna medida sesgado por la dificultad para anticipar un reajuste que ya estaba en ciernes. No lo vimos, ahora lo tocamos con mano. Nos ha dejado sin palabras.

Me temo, sin embargo, que ninguno de estos argumentos basta por sí solo para dar cuenta de la incomodidad, la desorientación, el malestar que se percibe en torno a la democracia y a sus viejas promesas. La sensación es que no hemos tocado fondo todavía. De que nuevas sorpresas están por venir. Y quizá sea por este motivo por el que el desencanto y la confianza no se disponen a lo largo de una línea continua que va, para entendernos, de lo más a lo menos democrático. No hay un esquema lineal para explicar las ‘complicaciones’ que el método democrático encuentra en la Rusia actual, en Turquía o incluso en China, por no hablar de los muchos Estados cuasifallidos que siguen presentándose como formalmente democráticos. En la zona gris que abre entre los extremos de la democracia y su contrario, las razones para el optimismo y el pesimismo resultan particularmente abigarradas. Y hasta en las mejores democracias, como en las mejores familias, la percepción del avance o retroceso de la democracia tiende a volverse incierta.

El desajuste que nos preocupa tiene, por tanto, mucho que ver con el ocaso de una ilusión, pero se asocia también con otros factores. Los momentos de desacuerdo afloran por canales diversos, a menudo informales, periféricos, antipolíticos, alimentando la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, entre las palabras y las cosas, los gestos, las actitudes. La denuncia de lo que no funciona adecuadamente en nuestros sistemas democráticos se contamina con reivindicaciones torpemente antidemocráticas. En el campo contrario, la defensa de los referentes centrales de la democracia representativa se ensucia las manos con actitudes y soluciones que, unas veces inconscientemente y otras no tanto, revelan una insospechada afinidad con el más rancio elitismo. En definitiva, el desencanto no es solamente el resultado de la quiebra de una serie de promesas que eran demasiado altas para que pudieran cumplirse, sino que es más bien el reflejo de un desencuentro entre lo que acontece en el plano de la política real —sea cual sea el significado de esta expresión—, con sus lenguajes, ritmos, símbolos, razones, y lo que acontece en el plano de la experiencia cotidiana de las mayorías sociales, que tienden a moverse en longitudes de onda asimétricas respecto de los temas y problemas que el lenguaje de la política institucional logra capturar.

Se volverá a objetar que estas tensiones son en el fondo fisiológicas y han estado siempre a la orden del día en la historia de la democracia moderna —sin ser historiador, y con las salvedades del caso, permítanme que siga manejando en esta intervención un relato extremadamente simplificado de las líneas de evolución de las democracias actuales. Salvo contadas, pero decisivas excepciones, las élites y las castas, visibles o invisibles, nunca han dejado de jugar un juego distinto al del común de los ciudadanos. Sin embargo, me gustaría poder argumentar que el tipo de desencuentro con el que hoy nos medimos tiene que ver con un cambio de escala en la acción política (^{Fraser, 2009}), de tal forma que los marcos en los que se desarrolla la experiencia individual y colectiva, donde se administran derechos y responsabilidades, han dejado de encajar en el tiempo y en el espacio con las dinámicas de la decisión política y las exigencias funcionales del sistema económico (^{Bauman, 2015}).

Es en este entorno en el que sospecho —pido licencia para seguir presentando el problema en términos vagamente históricos— que la práctica de la democracia podría estar perdiendo una de las cualidades fundamentales que la llevaron a convertirse en una herramienta incomparablemente valiosa de progreso social. Si la democracia funcionaba era, al menos en parte, porque a diferencia de otros sistema políticos disponía de recursos institucionales que le permitían aprender de sus propios errores, ajustando las prestaciones del sistema a las demandas de los ciudadanos y recabando, de ese modo, su confianza. Sin caer en la glorificación del tiempo pasado, es esta cualidad la que le permitió a la democracia, en sucesivas fases, superar los desafíos que se le iban presentando: el desmembramiento de sociedades extensas y crecientemente desarrolladas por la fuerza centrípeta de las facciones (según Madison, por ejemplo), la irrupción del movimiento obrero y los desequilibrios de la sociedad industrial (en el camino que va de Marx a Bernstein, y luego más allá), la formación de la sociedad de masas y la tendencia a su involución totalitaria, con el desarrollo del constitucionalismo democrático a lo largo del siglo XX.

Si esto es así, esto es, si efectivamente resulta que los mecanismos de aprendizaje que fueron esenciales en el éxito de la democracia han quedado bloqueados, entonces nos encontraríamos realmente ante una situación nueva. Tendríamos, de hecho, buenos motivos para estar desencantados. Y la novedad no estaría tanto en la virulencia de los males a los que se enfrenta el proceso democratizador, como en el debilitamiento de los anticuerpos que le permitían resistir a los embates de una serie de males endémicos que habíamos conseguido frenar, de la misma manera que un consumo irresponsable de antibióticos acaba debilitando el sistema inmunitario hasta el punto de volvernos vulnerables a las sucesivas mutaciones de los viejos virus. En este sentido, el desencanto no puede ser tratado como un simple rebrote pasajero de la vieja enfermedad. Su fuente no tiene nada que ver con una de esas crisis de crecimiento que hemos ido atravesando en el pasado. La perspectiva es que el método democrático haya dejado de ser la técnica más adecuada para resolver los conflictos estructurales que surgen en sociedades como las nuestras.

—Usted advierte que existe una creciente dificultad del poder político para dar respuesta a las demandas y expectativas de los ciudadanos y este fenómeno es de tal envergadura que los procesos e instrumentos representativos establecidos para el efecto de formar una voluntad colectiva sufren de una creciente erosión de su credibilidad y legitimidad. Sin embargo, las alternativas que se ofrecen para buscar solución a dicha situación resultan ser incompletas e insuficientes. En este sentido: ¿cuáles son sus argumentos para cuestionar que la respuesta al malestar ciudadano con las instituciones representativas, no puede solventarse simplemente realizando ajustes o retoques técnicos al diseño de estas instituciones? Por otra parte, y atendiendo al otro rostro del problema: ¿cuáles son sus objeciones a la tentadora salida de decretar la muerte de la representación política moderna y prescindir por completo de sus recursos y técnicas que hasta ahora habían conducido a la construcción de la voluntad colectiva en sentido democrático?

—Mi recelo ante las providenciales virtudes del diseño institucional tiene que ver, en parte, con una cuestión de estilo. No puedo dejar de sentirme incómodo ante cierta clase de especialización y profesionalización del análisis político, que inconscientemente tiendo a asociar —admito el prejuicio negativo: sin embargo, ¡hago propósito de enmienda!— no está muy lejos del sueño que, en un ámbito diferente, pero no tan lejano como se pueda pensar, Evgeny Morozov ha denominado solucionismo: el inconfesable deseo de tener siempre a mano algún botón que presionar con mínimo esfuerzo para activar el dispositivo, el código, la app que sea capaz de resolver automáticamente cada uno de los obstáculos que se interponen a la realización de nuestros planes. Por más que pueda parecer una actitud inconsecuente, incluso irresponsable, y estúpida, hay mucha ideología y mucha filosofía encerrada en esta manera de encarar las dificultades de la organización social. Y mucha historia de las ciencias sociales, por supuesto también. Me temo que hay mucha teoría democrática que cojea precisamente de este pie.

El lector podrá corregirme si me equivoco, pero el caso es que no dejo de tropezarme con sofisticadísimos estudios que se empeñan en demostrar fehacientemente la existencia de lo obvio, con el propósito de optimizar las soluciones a los problemas planteados. En el caso que nos ocupa, no es de extrañar que esta estrategia teórica acabe produciendo resultados improbables. El punto crítico sale al paso cuando nos preguntamos por la posible replicabilidad, en el tiempo y el espacio, de las más avanzadas experiencias de participación democrática, incluso de las más exitosas. No hay nada equivocado en suponer que en relación con tales experiencias pueden entrar en juego poderosos mecanismos espontáneos de emulación, pero algo tendrá que decir la teoría, si es que quiere ser una buena teoría, acerca de cómo lidiar con los casos en los que el buen ejemplo no basta. Por más que un experimento haya dado los mejores resultados en un determinado caso, la eficacia democratizadora de iniciativas tan complejas sólo deben ser puestas a prueba en cada uno de los diferentes contextos y, sobre todo, en su interacción a lo largo del tiempo con los demás elementos del entorno.

Dicho de forma todavía más clara: llevamos un tiempo más que generoso concediéndole el beneficio de la duda a la retórica de la innovación democrática, en sus variantes más o menos imaginativas, mejor o peor financiadas o publicitadas, pero siempre en permanente estado de construcción. Mientras tanto, en condiciones ambientales objetivamente adversas, que difícilmente podrán ser simuladas in vitro, el deterioro de las instituciones centrales de las democracias supuestamente consolidadas salta a la vista y va por el camino que sabemos. Avanza mucho más rápido de lo que pueda hacerlo la buena voluntad de los investigadores. No obstante, casi todos los que se dedican a este campo de estudios dicen sorprenderse cuando comprueban que el penúltimo proyecto, con sus extraordinarias potencialidades, no ha sido al fin y al cabo tan disruptivo como se suponía que iba a ser. Mi pregunta, en esos casos, es siempre la misma: ¿se ha hecho lo suficiente, en el diseño de la investigación, por anticipar las interferencias que iban a producirse al cruzar las puertas del laboratorio? A este respecto, el caso de las políticas democratizadoras de la Unión Europea —el mayor experimento de invención institucional conocido en estas últimas décadas— es clamoroso, no sólo por el despliegue de recursos y conocimientos, sino porque cabe atribuirle incluso —¡pecaré de ingenuo!— cierto grado de buena voluntad. Sus resultados, antes y después del Brexit, están a la vista.

Pero el punto a considerar, y sobre el que creo merece la pena sacar lecciones más amplias, está en esa crónica inflación de expectativas de la que se nutre cierto reformismo democrático, desplazando el coste de los fracasos hacia un porvenir indeterminado. Cuánto dispendio retórico en los (bienintencionados) intentos por democratizar la democracia, como si para desactivar los factores que producen la despolitización y mercantilización de la vida pública —antes hablábamos de desencanto— bastara con retomar un camino que arranca desde abajo, o desde dentro, insuflando nueva vida en el tronco reseco del ideal democrático. La hipótesis de partida, lejos de ser (hiper) crítica es descorazonadoramente simplista. Se sugiere que paso a paso, gota a gota, la introducción de reformas participativas acabará llevando por sí misma, como por fuerza de cosas, o por contagio, a doblegar las fuerzas que se oponen al imparable progreso de la democracia. Como sabemos, en algunos medios académicos, Porto Alegre ha sido hasta hace poco la bandera de todo esto. Y también un ejemplo más de cómo la marea sube y luego baja.

No obstante, y paso así a la segunda parte de su pregunta, nada de lo dicho hasta aquí, o de lo mucho que podría añadirse, autoriza a establecer algo parecido a una muerte de la representación. Es más, en mi opinión, ese es un salto en el vacío que resulta difícilmente justificable tanto por razones teóricas como por razones prácticas. De la dificultad de restablecer el sentido de las prácticas representativas, en el contexto concreto en que nos encontramos, con la crisis manifiesta de los modelos institucionales de la representación, no se deduce que sea deseable prescindir de la representación (política). Una cosa es afirmar que la experiencia de los últimos años ha mostrado la insuficiencia o la descomposición de una variante específica del modelo representativo —la democracia de partidos que ha cumplido su parábola ascendente y descendente a lo largo del siglo pasado, en constante tensión con el espectro de la democracia directa de masas— y otra pensar que sea deseable deshacerse por completo de la representación, un elemento que está presente no sólo en la democracia moderna, sino también —me atrevo a decir— en cualquier tiempo y lugar conocido.

Por lo demás, concuerdo de buena gana —doblaría enseguida la apuesta— con la sugerencia implícita en vuestra pregunta, cuando decís que los recursos y las técnicas sobre las que se sostenían los procesos de formación de la voluntad colectiva no gozan de una salud envidiable. Me imagino que os referís a los recursos y técnicas centrales en el funcionamiento de las democracias contemporáneas —con sus partidos y parlamentos, manifestaciones públicas y medios de comunicación plurales, legisladores e intérpretes independientes de la ley, etcétera— que acusan un marcado desgaste. Permítanme que evite mencionar aquí los textos canónicos, pero me parece claro que, en relación con esos mismos recursos y técnicas, la teoría que las respalda, y que podemos describir probablemente como la teoría estándar de la representación, en sus versiones politológicas o jurídicas, sufre un desgaste comparable. El trabajo analítico en torno a los usos del término representación —la mención al trabajo de ^{Pitkin (1967)} y sus secuelas sigue siendo obligada— no ha despejado las dificultades de fondo y, desde luego, no ha abierto el camino hacia una redefinición conceptual que resuelva lo que no funciona adecuadamente en el terreno práctico.

No obstante, en la estela de su reciente giro deliberativo, la teoría política ha ido poniendo en evidencia la necesidad de recomponer el marco analítico desde el que se aborda la pregunta sobre la repre-sentatividad de las instituciones y, más en general, la relación entre representación y forma de gobierno. La clave está —insistiría en esto, porque es mucho lo que surge de aquí— en situar el factor representativo en el marco de un proceso comunicativo (^{Saward, 2010}) a través del cual los ciudadanos, reconociéndose y proyectándose en las instancias de representación, impugnándolas y desafiándolas, se miden tanto con las razones (re)presentadas por otros en la esfera pública, como con la solidez y credibilidad de sus propios intereses, deseos y expectativas. En un enfoque deliberativo, mediado por la presencia de representaciones públicas, las preferencias sólo pueden ser endógenas al desarrollo del proceso político mismo, diríamos acudiendo la esclarecedora terminología de ^{Sunstein (1991)}.

En realidad, no puede decirse que estas aportaciones hayan producido todavía una acabada teoría de la representación. Ese giro al que me refiero debe ser interpretado más bien como un programa de investigación. Así lo he interpretado en mi trabajo de estos últimos tiempos, en el que he ido asomándome a algunas de las dificultades que aparecen cuando se comienza a observar la trama fina de los procesos representativos. En un entorno como el que tenemos ante nuestros ojos —que el lector sitúe aquí los calificativos preferidos para describir nuestra condición— me parece indispensable volver a pensar la idea de que no hay democracia sin representación, no porque yo piense que no hay alternativa alguna al modelo de la democracia liberal tal como ha sido definido y fue practicado en el último siglo, sino porque tiendo a pensar que los seres humanos somos seres representativos, que se sirven en su vida cotidiana y en sus relaciones con los demás de toda clase de instrumentos representacionales, que les hacen la vida más fácil y más rica. De hecho, saben que la acción se orienta siempre a partir de representaciones del mundo. Es esta una tesis muy amplia. Seguramente demasiado para derivar de aquí una particular teoría de la democracia. Pero es una tesis que no se puede eliminar fácilmente, y no se acaba de entender qué ganaríamos haciéndolo. Y es cierto también que, en esta afirmación, hay una buena dosis de metafísica llamando a la puerta. Para el asunto que aquí interesa, podemos dejarla de lado, o mejor aún, podemos ponerla entre paréntesis. Pero lo que no nos está permitido es tomar el atajo que conduce hacia el sueño de la desintermediación sin pararnos a considerar las consecuencias que un movimiento semejante podría tener.

En términos estrictamente políticos, y sin perder de vista las condiciones del entorno, que quisiera tener siempre presentes, la tesis de la (presunta) muerte de la representación no conduce de ninguna de las maneras a una (posible) rehabilitación o revitalización de la democracia. Nos aboca, por el contrario, al vaciamiento de las condiciones de posibilidad de las que depende la existencia de la esfera pública, un espacio de comunicación que persigue el intercambio de razones y opiniones sobre las cuestiones que nos afectan a todos. Y sin una esfera pública de esa clase, este sería el corolario, no cabe esperar que exista democracia. En otros términos, debemos entender que la muerte de las estructuras de intermediación propias de las sociedades abiertas —siempre imperfectas, por supuesto: pero ese es otro debate— no implica la muerte de toda forma posible de representación. Trae consigo, por el contrario, la aparición de formas distintas de representación, que muy probablemente nada tendrían ya de democráticas.

—Si describimos los principales desafíos que enfrentan hoy día las instituciones representativas tenemos un panorama bastante claro. Por ejemplo, algunos de estos desafíos más recurrentes como usted mismo nos recuerda: a) la (excesiva) fragmentación de las demandas ciudadanas; b) la ruptura (que siempre ha sido problemática) del vínculo establecido entre el representado y el representante; y c) la creciente y excepcional influencia de los poderes facticos (legales e ilegales) que eluden los controles de las instituciones del Estado de derecho. Tomando en cuenta las dificultades que estas tendencias objetivas establecen al adecuado funcionamiento de las democracias existentes, ¿cómo sería concebible, en su opinión, contrarrestarlas sin caer en la tentación de las salidas autoritarias o apelar a la demagogia populista?

—La degradación de los instrumentos de la representación está estrechamente relacionada —creo que todos estaremos de acuerdo en esto— con determinados cambios estructurales que ninguna propuesta política puede hoy desconocer. Es la referencia a estos cambios la que nos permitirá medir la capacidad de resistencia de nuestras sociedades democráticas, detectando, de ser posible, el punto de fractura de los materiales con los que están construidas. Mi impresión, en general, es que buena parte de la teoría política que se está haciendo en estos días sigue sin tomar conciencia de las dimensiones del desafío planteado. Otro tanto diría a propósito de ciertas convicciones de fondo sobre las que se sostiene el sentido común dominante en la clase política y, por extensión, en el debate periodístico sobre el déficit de legitimación de nuestras democracias.

No deberíamos sorprendernos, entonces, por la inconsistencia en las respuestas que se producen ante determinados acontecimientos, particularmente desconcertantes, pero que en el fondo tampoco modifican en lo sustancial un cuadro clínico que viene de lejos. Pongamos, por caso, la victoria de Trump. ¿Diríamos acaso que este hecho modifica en algo sustancial nuestro diagnóstico? Sinceramente, más allá de la propaganda, no creo que nadie pueda pensar serenamente que —all in all— antes de la irrupción de este personaje en la escena pública de una de las más antiguas y ejemplares democracias del mundo, el elemento populista fuera un factor completamente desconocido. O que hasta anteayer existía una frontera bien definida, que se ha roto de la noche a la mañana, entre lo popular y lo populista. ¿De verdad podemos creer que el populismo es solamente cosa de Trump y de los que son de su ralea, mientras que nosotros, los que estamos en el otro bando, con Hillary, pongamos por caso, hemos llegado hasta aquí sin ensuciarnos las manos? No lo veo claro. Mi impresión es que lo único cierto en esta última oleada populista es que, de ahora en adelante, a nadie le va a estar permitido ya mirar hacia el otro lado, lavándose las manos.

Por lo que respecta al fondo de su pregunta, comprenderán que me ponen en apuros. No tengo soluciones preconfeccionadas que aportar para contrarrestar el déficit representativo. No digo que no las haya. Solamente, que a mí no se me ocurren. Me limito a observar con admiración algunos casos —breves episodios, ejemplos concretos— en los que tenemos constancia de las virtudes civilizatorias del método democrático y me pregunto si fuera posible reformular, a partir de ahí, nuestras expectativas. Sabemos que hay circunstancias en las que la democracia funciona, resuelve problemas que no podrían abordarse de otra manera, permite cambiar las cosas, abre espacios de autodeterminación, generando contrapoderes que se verán a su vez forzados a medirse con otros poderes distintos, dando sentido al juego que entre todos estamos jugando. Soy consciente de que indicaciones tan genéricas como éstas no se traducen en fórmulas programáticas que puedan trasladarse a la propaganda electoral. La esperanza es que sí puedan extraerse razones para intentar incidir en el plano de la cultura política subyacente, con la convicción de que es ahí, en el plano de las prácticas, donde se decide la utilidad y, en último término, la posibilidad de pervivencia del ideal democrático.

Pero me resisto, al mismo tiempo, a presentar esta batalla apelando a la virtud, como seguramente pensarían los antiguos. Prefiero pensar, por el contrario, que es suficiente mostrar las ventajas que se derivan de la fragmentación de la autoridad y, por tanto, de la permanente revisabilidad de los equilibrios de poder, multiplicando las oportunidades para el control reflexivo de los ciudadanos sobre las condiciones para la legitimación de los procesos de toma de decisiones. No obstante, evitaría profundizar aquí —si el lector me lo consiente— en las ideas que he ido aprendiendo de otros en estos años, en particular de aquellos autores que han elaborado, con una extraordinaria riqueza de matices, y por decirlo en una de las varias jergas disponibles, la tesis de la cooriginariedad de la democracia y los derechos (^{Habermas, 1998}).

Lo que sí podría añadir todavía, o simplemente subrayar una vez más, es que, en este último tramo de modernidad tardía, la exigencia democrática se ha vuelto particularmente necesaria. No se trata de que esta forma de gobierno sea relativamente mejor que otras formas de gobierno alternativas, porque atiende de la mejor manera posible a los más altos ideales. El punto está en que la democracia es/sería capaz de lograr algo que de ninguna otra manera se podría conseguir. Me refiero a la posibilidad de atender una renovada demanda de certeza, por la imposibilidad de encontrarla en el interior de nuestro espíritu o en las profundidades de la conciencia, pero también en el rostro del otro que nos sale al paso, o incluso en el insondable regazo de la comunidad. Necesitamos algún espejo fiable dónde reconocernos, un escenario sobre el cual proyectar nuestras dudas, un campo de experimentación fiable en el que poner a prueba nuestras intuiciones acerca del sentido de intereses y necesidades, preferencias y expectativas. El juego democrático no proporciona certezas, pero sí ayuda a construir un entorno en el que es posible lograrlas.

Entiendo que estas consideraciones están lejos de atender a su pregunta. Están muy lejos de resultar ilusionantes, tanto que me cuesta ponerlas por escrito. No obstante, tengo la impresión de que merece la pena tirar de estos hilos, o de otros parecidos, aunque no consigamos ver todavía cuánto pueden dar de sí. En un entorno crecientemente complejo, imprevisible, ingobernable, cada vez más difícil de abarcar con la mirada y de interpretar, no quedan más que dos opciones: o mejoramos la calidad de las estructuras institucionales que caracterizan a una sociedad abierta y, por consiguiente, los instrumentos de representación de los que nos servimos para explorar las circunstancias del mundo que nos rodea y, en última instancia, para tomar posición ante ellas; o bien, de lo contrario, acabaremos moviéndonos a ciegas, más de lo que ya lo hacemos, y quedaremos expuestos a los vaivenes del caso.

—En su opinión, ¿cuál es el principal mérito de un sistema representativo: someter a los gobernantes al control de los ciudadanos o promover las directrices políticas que atiendan al mejor interés de los ciudadanos?

—Los mecanismos institucionales de la representación política pueden tener —de hecho tienen— muchos niveles de justificación. Cada uno de sus componentes puede cumplir además funciones distintas, incluso a un mismo tiempo. En este sentido, autores como ^{Mansbridge (2003)} o ^{Urbinati y Warren (2008)} vienen insistiendo en el carácter sistémico de la representación política (al respecto, véase también ^{Parkinson, 2012}). El enfoque que estoy persiguiendo aquí asume que la principal cualidad de un sistema representativo es la de generar oportunidades para la elaboración reflexiva de intereses y necesidades. Lo que está en juego no es solamente la participación en la toma de decisiones, que por supuesto es irrenunciable, sino también la búsqueda de las condiciones para que la participación sea el resultado de un proceso reflexivo de formación de la opinión y la voluntad. Apostamos por los procedimientos de la representación democrática y desconfiamos de los atajos, porque nos importa disponer de procedimientos que promuevan la formación de preferencias endógenas, promoviendo la capacidad discursiva de todos los ciudadanos.

Concretamente, tiendo a pensar que las grandes cuestiones en las que, en el largo plazo, se está jugando el futuro de la humanidad —pongamos, por ejemplo, la sostenibilidad ambiental, la producción energética, el control de las tecnologías, la desigualdad, la violencia, la cuestión demográfica, etcétera— no van a poder ser gobernadas eficazmente desde arriba, como pretenden las élites ilustradas, que sueñan con manejar todavía los hilos del consenso de masas. Me parece cada vez más difícil pensar que un poder paternal sea realmente capaz de conducir a las masas hacia el descubrimiento de su interés bien entendido. Por el contrario, lo que necesitamos son procedimientos que pongan en marcha esos procesos de elaboración (auto)crítica de las preferencias a los que antes aludía. La dimensión de los conflictos y los riesgos han llegado a un punto de inflexión, de tal forma que ya no es posible encontrar una solución puramente política a los problemas de coordinación social que no pase por activar una reflexión de este tipo.

Permítanme acudir al ejemplo más obvio. No hay solución alguna a los problemas del cambio climático que no consista en cultivar, en el medio y largo plazo, una transformación de los hábitos de consumo de los ciudadanos de las sociedades privilegiadas, pero también de los modelos de crecimiento que se ofrecen a las nuevas clases medias globales que están accediendo en estas últimas décadas a considerables niveles de bienestar. Pero no habrá una transformación de los hábitos y las expectativas —pasemos por alto, de momento, la cuestión de los que quedan todavía por debajo— si no existen instrumentos —espacios, procesos— que hagan posible la elaboración de los deseos que alimentan las preferencias y perspectivas de crecimiento. Porque lo que sí sabemos ya con certeza, según tengo entendido, es que no hay posibilidad material de que nuestro planeta pueda soportar el acceso de varios miles de millones de personas de África, India o China a los niveles medios de consumo de carne que mantienen hoy en día los ciudadanos estadounidenses, sencillamente por el impacto ecológico que tendría un hecho semejante. Y otro tanto podría decirse, por ejemplo, de los niveles de consumo energético per cápita. En este sentido, la promesa de que todos los seres humanos del planeta puedan elegir el modo de vida que deseen pasa por que puedan imaginar modelos de bienestar alternativos, que incluyan por ejemplo otros estándares de alimentación y de consumo, no menos satisfactorios que los actuales.

El papel de la democracia, en este ámbito, tiene que ver con la visualización y la elaboración pública de las razones en juego. Por supuesto, como sabemos bien, la democracia es ante todo un método para la toma de decisiones. Pero es más que eso. Es, entre todos los métodos disponibles, el único en el que el proceso de elaboración de la decisión discurre en público, a la vista de todos. Esa es su mayor cualidad, que le permite desempeñar una insustituible función educativa. Esto es algo que sabíamos hace tiempo, aunque de un tiempo a esta parte podamos ver con un renovado interés algunas implicaciones de esta observación. En efecto, los viejos esquemas de la pedagogía democrática, con todo el rigorismo republicano, que demandaba la formación en los valores de una moral esclarecida, tiende a ser reemplazado por el ideal de un proceso en el que las distintas partes implicadas en el juego democrático aprenden a revisar sus preferencias y puntos de vista en el momento en que se ven forzadas a confrontarse con las razones de los demás, que a su vez están situados en una posición similar. La exposición y la confrontación, y no la virtud, hace la diferencia en democracia.

En este sentido, la práctica de la democracia educa pero no porque nos haga mejores personas, o porque permita el acceso de los muchos ignorantes al saber de los pocos ilustrados —a este propósito he encontrado extraordinariamente desafiantes algunas páginas de Jacques ^{Rancière (2008)}—, sino porque proporciona ciertos recursos para elaborar los argumentos que están en la base de conflictos que, de otro modo, estarían destinados a quedar pendientes. Dicho de la forma más sencilla, acudimos a la democracia porque la experiencia nos muestra de forma recalcitrante la discordia entre el punto de vista desde el que formulamos nuestras preferencias y el interés general. En este sentido, el valor de la democracia tiene que ver —debería tener que ver— con nuestro interés en jugar un juego en el que la representación de las razones propias y ajenas resulta determinante. Porque la alternativa a la democracia (representativa) no está en la (presunta) democracia sin representación, sino en la administración de ingentes dosis de represión y violencia política, hasta el punto en que la capacidad de autodeterminación llegue a quedar reducida a los aspectos más triviales de la vida.

—Abrir el foco para comprender los problemas por los que atraviesa la representación política implica no subestimar las precondiciones discursivas necesarias para el buen funcionamiento de los instrumentos en la formación de los consensos básicos sobre los que reposa el pacto social. ¿Qué entiende por precondiciones discursivas? ¿Tienen algo que decirnos a este respecto las concepciones deliberativas de la democracia? ¿Podría ampliarnos esta conexión?

—No es mucho lo que puedo añadir a propósito de las condiciones conversacionales de las que depende el buen funcionamiento de las reglas del juego democrático. He utilizado en algunas ocasiones la idea de las precondiciones discursivas en exceso, más que nada para marcar la distancia con otros enfoques teóricos que no le prestaban la suficiente atención a los factores contextuales que inciden en la capacidad de los ciudadanos para pensar por sí mismos. Una cualidad, esta última, que siempre se presupone pero que no siempre se da, como han tenido el acierto de poner de manifiesto las aproximaciones deliberativas a la teoría democrática. Doy por supuesto, naturalmente, que las condiciones para el éxito del método democrático son muchas, son diversas y están conectadas entre sí. Algunas son jurídicas, como la garantía de los derechos de libertad, los derechos políticos y los derechos sociales. Otras son propiamente institucionales, como el pluralismo o la separación de poderes, o la existencia de aparatos burocráticos que están obligados a operar bajo el imperio de la ley. Pero hay otras que se refieren a las características —a la calidad— de los procesos comunicativos que se dan en la esfera pública, en el camino que lleva al entendimiento o al desacuerdo.

A propósito de esta cuestión, me interesa particularmente el problema de las condiciones que han de darse para que permitan al actor decir la verdad en público. El análisis de Diderot en La paradoja del comediante (1773/1830) es, al respecto, extraordinariamente sugerente. Aproximándonos, de su mano, a la microfísica de la acción pública, entendemos que tanto el sujeto que pisa la escena, como el político que comparece ante los ciudadanos, están obligados a confrontarse a cada paso con la opacidad estructural que acompaña su actuación, lo cual nos aleja de cualquier veleidad de simplificación naturalista en la interpretación de la acción. Y es que, en relación con el problema de la potencial opacidad, las condiciones estructurales de la acción dramática son análogas a las de la representación política. De la misma manera que un comediante avezado entiende que no le está permitido hablar en privado de la misma forma que lo hace en público, porque de lo contrario sus palabras no resultarían creíbles, y que si hablara en público con la misma naturalidad que lo hace en privado —con los mismos gestos, con la misma entonación— no sería un buen actor y acabaría haciéndose ridículo a los ojos de un espectador distante, así el político que quiera mostrar sus razones deberá aprender a modular el registro de su voz, la concordancia entre palabras y gestos, entre sus acciones y sus intenciones. Es la estructura pública de la acción la que determina las reglas para la comunicación exitosa. Y nadie puede saltárselas. Ni queriendo. Por eso es indispensable cultivar, tanto si estamos arriba como si estamos abajo del escenario, cierta familiaridad con los códigos de la puesta en escena. Quien carezca de ella no entenderá el juego de comunicación democrática. No tendrá siquiera la posibilidad de criticarlo con éxito.

Me interesa dejar claro que esta reivindicación de las cualidades actorales de la vida pública no debe tomarse como una apología del marketing político, como si yo estuviera pidiendo a nuestros políticos que aprendan a fingir lo mejor posible, como los teatreros, para orientar el consenso de la platea en la dirección que en cada momento se considere oportuna. O para recabar el aplauso fácil. Todo lo contrario. Lo que intento hacer es apelar a la responsabilidad del hablar claro y del escuchar con atención, teniendo en cuenta la estructura inevitablemente escenográfica del actuar en público. Lo cual implica, como decía, cierto grado de adiestramiento de todos los participantes en la performance, exactamente igual que sucede en el teatro. Y cuando no es así, el espectáculo se convierte en basura. En esto no podemos negar que el viejo Platón no iba del todo desencaminado.

—Ampliar la participación política de los ciudadanos en menoscabo de la representación es una postura que gana muchos adeptos y que ejerce una indudable fascinación entre ellos. ¿Cuáles serían sus objeciones a esta manera de contraponer participación a representación? ¿Cómo superar la disyuntiva?

—Mi primera reacción frente a quienes insisten en contraponer participación y representación sería preguntarles si acaso están sugiriendo que la primera puede darse sin la segunda. Me parece bastante obvio que eso no es posible, al menos sin introducir matices fundamentales. En efecto, cualquier clase de proceso participativo que queramos imaginar toma como punto de partida la referencia elemental: las representaciones que los participantes tienen de sus intereses y sus conflictos, de sí mismos y de los demás. La protesta de los defensores de la participación ante un argumento de esta clase es previsible. Dirán que estoy haciendo trampas al mezclar dos acepciones distintas del término representación, en sentido propiamente político y en sentido estético. Mi réplica consistiría en pedirles una aclaración ulterior. Y es que la distinción tajante entre participación y representación parece arrastrar la tesis según la cual se dice que más participación, y menos representación, equivale necesariamente a más democracia.

Y es que para los defensores de la representación, es evidente que ésta no excluye la participación. El sufragio —¡una cabeza, un voto!— es el elemento determinante para que la representación sea realmente democrática. Pero la voluntad que conduce al voto se forma a partir de incontables representaciones que serán más acertadas o menos, más profundas o superficiales, aunque este último será siempre otro problema. En cambio, a la inversa, no hay posibilidad de construir un argumento análogo. Quienes piensan que la representación no es más que un obstáculo para la participación y, por consiguiente, para la democracia misma, deberían poder explicar cuál es la relación que existe entre participación y democracia o, más concretamente, bajo qué condiciones puede decirse que la participación resulta valiosa desde el punto de vista democrático, al margen de toda clase de representaciones. ¿Es eso posible? ¿Puede darse participación sin representación? El punto es que, en ausencia de garantías que mantengan alguna clase de control sobre la calidad de las representaciones que dan sentido a la participación, la democracia corre el riesgo de convertirse en una institución suicida (^{Garzón Valdés, 1994}).

Me doy cuenta, sin embargo, que este viejo debate no va a conseguir hacer mella en las convicciones antirepresentativas de mis interlocutores. El siguiente escalón en nuestro debate consistirá, entonces, en preguntar a quienes todavía sigan convencidos de que la representación es un mal necesario del que conviene prescindir cuando el pueblo expresa la inquebrantable voluntad de participar, si es que acaso ellos no consideran que la participación tiene que ser de alguna forma gobernada, aunque no sea más que para evitar la pesadilla de la participación total, de todos los ciudadanos en todas las decisiones. Intervención espontánea y participación ¿son acaso sinónimos? ¿Toda regulación de la participación acaba suplantando la verdadera voluntad del pueblo? Yo diría que no. Al revés, el hecho de constitucionalizar la participación sirve para mejorar la capacidad del sistema político para atender a las demandas y necesidades de los participantes, aclarando la percepción que ellos mismos tengan de tales demandas y necesidades. En el caso del referéndum, por ejemplo, es obvio que el valor del pronunciamiento popular no se mide exclusivamente por el número de los participantes, sino por la manera en que hayan sido formuladas las preguntas, sopesadas las alternativas, por cómo hayan sido manejados los tiempos, gestionados los resultados, garantizados los derechos de las minorías disidentes, etcétera. Y si me contestaran que la participación, cuando es verdaderamente libre, se administra por sí sola, siguiendo la voluntad de los participantes, entonces no me quedaría más remedio que recordar las innegables ventajas de la división social del trabajo. Algunos de mis adversarios, espero que pocos, querrán tacharme entonces de elitista y a mí me quedará la impresión, creo sincera, de que los defensores de esa manera de entender la participación a ultranza, en el fragor de la polémica antirepresentativa, yerran el blanco. Mi estrategia será decir que el planteamiento mismo del debate —o participación, o representación— está sesgado o incluso desenfocado, porque en realidad —insisto, siendo absolutamente realistas— la participación en las decisiones y la producción de representaciones son momentos distintos de un mismo proceso, un camino de ida y vuelta que va de la deliberación a la decisión y viceversa.

No veo, por tanto, qué sentido tiene seguir insistiendo en este punto. No es ahí, en la demanda de participación, donde se juegan las perspectivas de desarrollo futuro de nuestras democracias. De nada valdría la multiplicación de las consultas populares —hace algunos años, aludiendo a la participación a través de las redes, era todavía posible coquetear con la hipótesis de una democracia continua (véase, por ejemplo, ^{Rodotà, 1997})— si antes no se produce un reajuste entre las sedes destinadas a expresar la voluntad de los ciudadanos y los lugares en que se toman las decisiones determinantes, aquellas en las que se establecen los márgenes de posibilidad en la actuación de los demás poderes sociales. Para hablar de cómo profundizar el alcance de la democracia, fijémonos en cómo ampliar el margen de actuación política del que disponen, tanto a nivel local como doméstico, los poderes democráticos en relación con la política monetaria o con el establecimiento de reglas transparentes para el funcionamiento de los mercados financieros. Ahí sí que hay un margen de mejora, que nada tiene que ver con el desmantelamiento de las instancias de representación.

Lo que quiero decir, en definitiva, es que de nada vale pelear por un aumento del ingrediente participativo en el proceso de toma de decisiones cuando lo que fallan son las condiciones de posibilidad de la participación misma. Por eso, en lugar de seguir dándole vueltas a este asunto, en un tiempo en el que el proceso de globalización —de las finanzas y la economía, de la tecnología, de los movimientos migratorios, de la cultura, etcétera— ha alcanzado un punto de no retorno, convendría que nos plegáramos a la evidencia constatando, de un lado, la radical desterritorialización de los poderes y los intereses, y, de otro, la obsolescencia de aquellas instituciones que a lo largo de los dos últimos siglos han llegado a hacerse permeables a las instancias democratizadoras. A partir de ahí podremos valorar dónde, cómo y cuándo es posible abrir espacios de autodeterminación democrática.

El desajuste y el consiguiente reajuste de las escalas son, a mi juicio, el gran problema pendiente. En un tiempo no demasiado lejano, con mucho sacrificio, había sido posible abrir una pequeña brecha a través de la cual introducir instancias de control democrático sobre algunas de las sedes desde las que se ejerce el poder y la influencia en las cuestiones políticas fundamentales. Alcanzado ese objetivo —digamos, simplificando, en el momento en que los instrumentos de la democracia constitucional desplegaron su máximo potencial—, descubrimos que las instituciones sujetas a la voluntad popular tendían a quedar desplazadas por el reforzamiento silencioso de otros poderes distintos que seguían escapando al control democrático. Las viejas instancias de participación y representación se volvieron, casi sin que nos diéramos cuenta de lo que estaba sucediendo, a la vez, demasiado grandes y demasiado pequeñas para hacer lo que se suponía debían poder hacer, atendiendo al interés de los representados, actuando en su nombre. En esta situación, que está lejos de haber quedado definitivamente asentada, no se trata tanto de saber si necesitamos más o menos participación, o de si las instancias de mediación, por su propia naturaleza, escapan al control del pueblo y terminan actuando como el consejo de administración de los intereses de la burguesía, como se decía en otra época, sino de replantear las preguntas elementales de cualquier análisis político, a saber, quién decide sobre qué cosa y cómo.

Centrémonos por tanto en esto, considerando además que, a estas alturas del partido, no quedan ya barreras teóricas significativas para aceptar que los distintos mecanismos de participación directa —tanto analógicos como digitales, individuales o de grupo— puedan jugar un papel relevante como eslabones parciales en un proceso de formación de una voluntad colectiva que debe aspirar a tener —y no podría ser de otra manera— un carácter representativo. Desde el punto de vista de la teoría constitucional, este problema ha quedado ya zanjado.

—Se produce un desajuste entre las nuevas circunstancias del entorno en que se desenvuelve la vida política y los viejos conceptos que utilizamos para hablar de ellas y en particular del, como nos recuerda, viejo concepto de representación política. Las viejas teorías, nos advierte, ya no sirven para explicar el desarrollo de los acontecimientos y los ciudadanos ya no disponen de fórmulas alternativas para entender las emergentes mutaciones de la realidad. En tal caso, ¿por dónde vislumbra una recuperación y defensa de la noción de representación política? Por ejemplo, dada la dimensión laberíntica y plurisemántica de la representación, ¿por dónde ve, teóricamente hablando, que se pueda remontar su conocida ambigüedad analítica y conceptual?

—Ya he tenido ocasión de adelantar algo acerca de cómo veo la cuestión de la recuperación y la defensa del elemento representativo. Insisto, dándole una vuelta más al asunto, en que a mi juicio el debate no está tanto en saber si el incremento de la participación será un remedio eficaz contra el declive de las instituciones representativas, sino en poner en cuestión las expectativas que proyectamos sobre tales instituciones y sobre el papel que desempeñan en el proceso político. Porque cuando decimos que nuestros sistemas democráticos no nos representan, estamos haciendo una afirmación que en parte es cierta, pero que no es todavía lo suficientemente precisa.

Por otro lado, y hasta cierto punto, en alguna medida es cierto que, en realidad, tenemos las instituciones que nos merecemos. La política de Bruselas, por decir algo, puede ser considerada como un reflejo fidedigno del estado de descomposición de la esfera pública europea. Y alguien podrá utilizar el mismo argumento para mostrar que lo mismo sucede en Estados Unidos, en Italia o en Rusia. Alguien diría incluso, y no sin buenas razones, que Junker, Trump, Renzi o Putin son la viva imagen de qué tienen por detrás. Desde cierto punto de vista, por tanto, no será tan fácil como parece negar que, incluso en casos tan incómodos como estos, de hecho existe cierta clase de concordancia entre el objeto representado y el signo que lo representa. Si acaso, lo que sí podrá discutirse, pero en otro plano distinto, es la manera en que han sido producidas las representaciones hegemónicas que están en cierto tipo de proceso político. O lo que es lo mismo, es posible y necesario poner en tela de juicio la calidad de los procesos discursivos a través de los cuales se define la relación entre representantes y representados. Todo ello se traduce, en concreto, si esto es lo que me preguntan, en una nueva reivindicación de las instituciones propias de una sociedad abierta. Nada especialmente sorprendente, como puede verse.

Bajo otro punto de vista, mi apología de las virtudes de la representación podría entenderse como el repliegue hacia formas todavía más indirectas de decisión democrática, incrementando la intensidad de las mediaciones. Lo cierto es que no es en absoluto evidente que pueda caminarse en esa dirección dada la clamorosa descomposición de los mecanismos de agregación social —partidos y sindicatos, de un lado, y medios de comunicación de masas, de otro— que proporcionaban la infraestructura básica para la formación de una opinión representativa. Esto, sin embargo, nos devuelve una vez más al problema de la calidad de los reclamos representativos (representative claims), en el sentido de que sean pocas o muchas las instancias delegadas, es el propio vínculo de la delegación —¡el sagrado mandato de los electores!— el que está permanentemente bajo sospecha y requiere una dilucidación discursiva: ¿De qué otra manera se justifica, si no, la superior competencia de los delegados para la realización de los fines que se les encomiendan? ¿Acaso medios y fines de la acción política, en condiciones de complejidad social extremadamente elevada, no están más estrechamente conectados de lo que parece a primera vista? ¿Con qué recursos cuenta el mandante para controlar la actuación del mandatario? Y así sucesivamente.

Y por lo que respecta a la ambigüedad, no acabo de ver qué es lo que hay de malo en ella. A cincuenta años de distancia del célebre análisis de ^{Pitkin (1967)}, deberíamos estar escarmentados: en este campo, la pluralidad de significados no se resuelve fácilmente. Y quizá tampoco sea imprescindible que se resuelva. Es esta una cuestión teórica de largo alcance, por supuesto, que no puedo abordar aquí. A grandes rasgos, tengo la impresión de que el objetivo de eliminar la ambigüedad ha dejado de ser, si es que nunca lo fue, una prioridad en la agenda del debate internacional sobre la materia. Al revés, la imposibilidad de resolver cierta ambigüedad semántica del término ‘representación’, conceptual de fondo, se ha convertido en una de las principales fuentes de riqueza de ese debate. Por ejemplo, es el haber tomado conciencia del constante deslizamiento entre el aspecto visual y el aspecto político de la representación, entre reconocimiento y autoridad, lo que nos permite explicar el funcionamiento de ciertos mecanismos que rigen —o deberían regir— los procesos de legitimación democrática.

Para salvar lo más rápidamente posible este escollo, que como digo nos llevaría muy lejos, permítanme echar mano de un clásico. Y es que, en efecto, la referencia al Leviatán hobbesiano es en este punto insuperable. Una vez completado el análisis de las leyes de la naturaleza, y justo antes de entrar a exponer la formación de la República, el hilo argumental de la obra se interrumpe y se abre un extraordinario paréntesis sobre el problema de los sujetos que han de tomar parte en el pacto social (cap. XVI). El argumento es sorprendente y extraordinariamente fecundo. Es persona —escribe Hobbes, y hay que entender que en ese momento está aludiendo tanto al soberano como al individuo que se detiene a considerar la hipótesis del pacto social— aquella entidad cuyas palabras o acciones son consideradas bien como suyas, “bien como representando las palabras y acciones de otro hombre, o de cualquier otra cosa a la que se le atribuyan, verdaderamente o por ficción. La palabra persona —añade— […] en latín significa disfraz o apariencia externa de un hombre, enmascarado en el estrado y a veces más particularmente aquella parte que disfraza la cara, como una máscara o visera. Del estrado —prosigue el texto, y les ruego me disculpen la extensión de la cita: les pido que observen la literalidad del argumento, que no precisa comentario alguno— se ha trasladado a todo aquel que representa palabras y acciones, tanto en los tribunales como en los teatros, por lo que una persona es lo mismo que un actor, tanto en el estrado como en la conversación común, y personificar es actuar o representarse a sí mismo, o a un otro, y de aquel que actúa por un otro se dice que es portador de su persona o que actúa en su nombre”.

¿Acaso contemplan ustedes algún remedio, en el nivel constitutivo de la identidad de la persona, que pueda cancelar o salvar la ambigüedad que caracteriza la formación del sujeto soberano? ¿No les parece que la problemática tensión entre lo representacional y lo representativo está grabada, por así decir, en su corazón? Mi impresión es que en el juego que habitualmente jugamos al entrar en política hay un componente de artificialidad que sólo puede ser analizado en estos términos: ser persona es considerarse y ser considerado como tal, en un proceso que inevitablemente implica, al mismo tiempo, tanto el reconocimiento como la atribución de cierta forma de autoridad.

—En la misma línea de la pregunta anterior, ¿podría explicarnos cómo entiende las dos distintas vertientes del proceso representativo (la relación entre representante y representado y la relación entre el signo que representa y la cosa representada) y cómo concibe su integración en un único núcleo conceptual?

—Esta distinción e integración entre las dos vertientes del concepto se produce en varios planos. De hecho, basta volver un instante a la cita anterior para darse cuenta de que no nos encontramos ante un simple caso de polisemia. Porque una cosa es la representación en sentido estético, cuyo problema fundamental se encuentra —como ustedes señalan— en la relación entre el signo que representa y la cosa representada, y otra distinta la relación entre el(los) representado(s) y quien(es) está(n) autorizado(s) a actuar en nombre y por cuenta suya. Pero la cuestión es más enrevesada todavía. La atribución de autoridad, en el plano político, pone en juego las imágenes que el poder consigue proyectar de sí mismo —en el nivel más abstracto, pensemos en las representaciones del Estado que aparecen en las páginas de Hobbes, Locke o Hegel—, así como la percepción que los ciudadanos disponen de sus propios intereses y necesidades. No es este el lugar para entrar en detalles. Basta señalar la necesaria presencia de un elemento mimético —como Platón lo llamaría— en la estructura elemental de las prácticas de legitimación del orden político.

Pero cuando ustedes me preguntan por la integración de los distintos aspectos de la representación, parece que me están pidiendo una respuesta más sólida que no se limite a distinguir planos de análisis. Mi argumento sería que la conexión entre los distintos aspectos del proceso representativo tiene lugar no tanto en la teoría, esto es, en el nivel conceptual, o reflexivo, como en la práctica, en el plano de la acción. La ambigüedad a la que ustedes aluden, y que probablemente les inquieta, sólo llega a despejarse, si es que lo hace, en la medida en que los participantes en el juego —los actores— atribuyan autoridad o rechacen, se reconozcan o impugnen una determinada representación de la práctica social en la que están inmersos. Ello nos devuelve a la pregunta por las condiciones en las que se desarrolla el tráfico de los claims en competencia. O lo que es lo mismo, la pregunta por los equilibrios de poder e influencia que asoman en la trastienda de las representaciones hegemónicas.

Me interesaba mucho llegar a este punto para hacer explícita, si es que todavía hiciera falta, la intención polémica que persigue este enfoque sobre los problemas de la representación política. Las consideraciones que hemos ido desarrollando hasta aquí, tal como yo las veo, no desembocan ni mucho menos en una visión conformista de la democracia. La mía no es una apología de la democracia existente. Y, por eso, no pienso darme por aludido si alguien me acusa de haber ofrecido planteamiento que no es lo suficientemente radical, o que hace demasiadas concesiones a la derecha política. Al contrario, creo que esta vía de análisis ofrece importantes indicaciones para la crítica del funcionamiento concreto de nuestras imperfectas democracias, las cuales nos permiten —como decíamos al comienzo— ponerle nombre a las disfunciones que alimentan el desencanto democrático.

—¿Cómo concibe, si es que es posible expresarlo de forma sintética, la relación entre teatro (moderno), política, espacio público y democracia representativa? ¿Cómo se articulan estas categorías para explicar la formación de una voluntad colectiva ciudadana auténticamente democrática?

—No sabría resumir con la necesaria precisión, en este momento, de dónde proviene exactamente la analogía teatral, pero doy por descontado que nos llega de muy lejos. Los antropólogos han sacado a la luz el rastro de estos esquemas conceptuales en culturas lejanas. Tenemos constancia asimismo de que hay mucha historia de la cultura occidental implícita en sus desarrollos. Lo interesante, en todo caso, es constatar que proporcionan un marco de referencia valioso. Todavía hoy permiten comprender, con buena aproximación, algunos mecanismos elementales gracias a los cuales los ciudadanos llegan a convertirse en miembros activos de un cuerpo político.

Naturalmente, un marco conceptual tan amplio da lugar a interpretaciones dispares. Y, para empezar, es obvio que no todos los teatros pueden ser calificados como democráticos. Pero sí hay algunos que lo son. Por analogía, cabe llamar democráticas a las concepciones horizontales del proceso de creación teatral, aquellas en las que se atribuye un papel igualmente activo tanto al dramaturgo en la concepción de la obra, como al ejecutante sobre las tablas o al espectador en la cávea. Ninguno de estos actores, en su papel, actúa como simple receptáculo pasivo de la acción de otros. El espectador interpreta lo que ven sus ojos y responde a lo que percibe que están viendo los demás espectadores. Elabora lo que sucede sobre la escena, en función de sus experiencias anteriores al momento en que se abrió el telón y de las expectativas que se haya formado acerca de lo que sucederá en el momento en que el telón (real o virtual) vuelva a caer, cuando se enciendan las luces que le devuelven a la vida real y salga de nuevo a la calle. Al respecto, y a propósito de las diferentes maneras de entender los distintos roles, el debate de los modernos y los contemporáneos con los antiguos griegos está servido. Y las analogías políticas saltan a la vista. El punto determinante sigue estando en la atribución —¿un mito trasnochado? ¿una mera ficción?— de la misma capacidad de juicio a todos y cada uno de los actores/ciudadanos que toman parte en el espectáculo. De esto, precisamente, es de lo que se discute en el Protágoras platónico.

Dicho esto, comprendo que todo este énfasis en la referencia teatral pueda resultar extemporáneo, o incluso sospechoso, a muchos lectores. ¿A qué viene poner el acento en un asunto que, en el fondo, es casi puramente decorativo, sobre todo comparado con la sustancia de los grandes conflictos de la política local y global? ¿Por qué perder el tiempo hablando de teatro cuando lo que está en juego es la posibilidad de pararle los pies a los poderes salvajes (^{Ferrajoli, 2011}) de las finanzas a la comunicación social, de la tecnología a la energía, de las materias primas a la asistencia sanitaria, etcétera? Y comprendo también la tentación del desborde, el sueño de establecer un superpoder auténticamente democrático, inmediatamente vinculado a los intereses objetivos de la comunidad política y, por tanto, no condicionado por los desdoblamientos que son propios de la escena. Comprendo el escepticismo de quienes observan, con angustia, que la democracia está perdiendo el lugar de privilegio que un tiempo llegó a tener en el corazón de los ciudadanos, los cuales a menudo perciben, no sin motivo, que en nuestras democracias todo es teatro, puro teatro, que los políticos se han vuelto unos farsantes y que el juego del gobierno con la oposición cada vez se parece más a un reality de mal gusto. Nuestras democracias parecen abocadas a enredarse en las trampas de la sociedad del espectáculo (^{Debord, 1967}).

¿A cuento de qué, entonces, tanto empeño en reivindicar la analogía teatral? ¿Acaso no es una batalla perdida? Yo creo que no lo es, pero esto va de suyo. Y como no es mi propósito subestimar los argumentos de quienes no están de acuerdo conmigo, me limitaré a pedirles que tomen todo lo dicho hasta aquí como una pura provocación. Me doy cuenta de que estoy golpeándoles en un prejuicio profundamente arraigado, que venimos arrastrando al menos desde los tiempos de Platón (Leyes, 700/1), y que quizá no convenga remover demasiado. Puede que a mis interlocutores no les falten razones para condenar como engañosa, irresponsable o perversa una posible contaminación estética de la vida ética.

No obstante, en mi descargo diría que el camino sugerido en páginas anteriores no es tan extemporáneo como pueda parecer. Simplemente, se quiere tomar constancia de un hecho que, bajo cierto punto de vista, es difícilmente discutible: no es posible imaginar ninguna clase de “desborde” democrático —vuelvo a llamarlo así, sin precisar demasiado: cada cual que lo asocie al programa de lucha que más les guste— mientras no podamos contar con ciudadanos capaces de juicio. En efecto, estoy convencido de que nuestro primer problema, al menos en orden cronológico, es saber qué es lo que habría que hacer para conseguir que tales ciudadanos puedan salir a escena. Tenemos la sospecha —o algo más que una simple sospecha— de que los remedios pedagógicos con los que se forjaron, en algunos lugares afortunados del planeta, las sociedades democráticas más avanzadas ya no son suficientes: la escuela, la identidad nacional, la propaganda de Estado, grandes dosis de bienestar. Y porque no bastan esos instrumentos, no queda más remedio que buscar otro camino, si lo que nos importa es defender el carácter democrático de la vida pública. Necesitamos escenarios que nos permitan visualizar las razones en juego, tanto las propias como las ajenas, para que todos podamos someter a escrutinio público su validez. Precisamente, de la misma forma que lo hacemos en el teatro.

Defenderé, además, que un enfoque como este no esconda una larvada inclinación esteticista. Pelearé por demostrar que la práctica del teatro no es un lujo para los reblandecidos pobladores de sociedades opulentas, ni un exótico pasatiempo para combatir el aburrimiento de las élites académicas. Al contrario, puesta en estos términos, la escenificación pública de las razones de todos expresa una exigencia inderogable de cualquier democracia que aspire a ser fiel a sus promesas. Si no se cumple, languidece. Y cuando la democracia se vacía de contenido, en el largo plazo, la posibilidad de dar una respuesta eficaz a las demandas no sólo espirituales sino estrictamente materiales de quienes menos tienen, se vuelve más difusa. En este caso, si se me permite una nueva simplificación, no vale la pena discutir si es antes el huevo o la gallina. Lo primero es poner las condiciones para cumplir las exigencias de la publicidad.

La referencia al teatro, como eje en torno al que se organiza la comunicación pública, me sirve además para llamar la atención sobre la historicidad de los regímenes de representación —me sirvo de esta expresión por analogía con los regímenes estéticos de los que habla ^{Rancière (2000)}. Sabemos que es posible recorrer la historia de la democracia moderna a través de las distintas modalidades de representación política (^{Manin, 1998}). Pero se podría añadir que este ha sido solamente un capítulo de un periplo más largo que permitiría ordenar la evolución de las formas políticas a partir de las distintas maneras de representar, sucesivamente, el orden de la naturaleza, la ley o la voluntad divina, la voluntad soberana del pueblo como un todo, o de todos y cada uno de los individuos que lo componen. Existen estudios fascinantes al respecto —a la carrera mencionaría los trabajos de ^{Hofmann (2007)}, ^{Costa (2004)}, ^{Rosanvallon (1998)} o ^{Ankersmitt (2002)}, ^{Sintomer (2013)} —, pero no es una reflexión que, a mi juicio, haya calado todavía lo bastante, no digo ya en la opinión pública general, sino incluso en diversos ámbitos de estudio sobre la teoría democrática.

Insisto en esto porque un ejercicio de comparación histórica como este es indispensable para tomar conciencia de las proporciones del cambio que está teniendo lugar ante nuestros ojos en este último trecho del proceso de transformación de las sociedades contemporáneas. Como he señalado, estamos asistiendo a un cambio radical en las escalas de acción política, que determina también, inevitablemente, un cambio en las escalas de la representación. Los sobrentendidos y las convenciones en virtud de las cuales hasta ayer mismo podíamos decir que un sujeto está autorizado a actuar en nombre y por cuenta de otro(s), de tal forma que lo(los) representa(n) han quedado profundamente erosionados. La metáfora teatral, con la diferenciación de roles generada en el espacio escénico —entre el autor y el intérprete, el actor y el personaje, la escena y la platea, el antes y el después— ilustra el terreno de juego sobre el que habremos de negociar las nuevas convenciones que tomen el lugar de las viejas, determinando el significado de las acciones, de las responsabilidades y de la autoridad política. En este debate habremos de tener necesariamente en cuenta que el actuar en público consiste siempre, al menos en parte, en representar un determinado papel. Aunque pueda sonar extraño, al cabo de este recorrido, hemos aprendido que la relación entre democracia y teatro no es simétrica: puede haber teatro sin democracia, pero no hay democracia sin teatro.