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Andamios

versión impresa ISSN 1870-0063

Andamios vol.7 no.14 México sep./dic. 2010

 

Artículos

 

Video-vigilancia del espacio urbano: tránsito, seguridad y control social

 

Video-surveillance of urban space: traffic, security and social control

 

Nelson Arteaga Botello*

 

* Doctor en Sociología. Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 1. Correo electrónico: arbnelson@yahoo.com.

 

Fecha de recepción: 28 de julio de 2008
Fecha de aceptación: 6 de junio de 2009

 

Resumen

En los últimos años, en México, y a escala global, los circuitos cerrados de televisión (CCTV) se han convertido en el modelo más generalizado de vigilancia para los espacios urbanos. Su objetivo es registrar las actividades cotidianas de las personas en su tránsito por la ciudad. Tomando el caso de dos municipios del estado de México, este artículo analiza cómo estas tecnologías de vigilancia permiten una determinada gestión de los espacios de la ciudad, así como diferentes formas de gubernamentalidad de la población. Así, se muestra cómo, en términos de propósito, los CCTV se han transformado, en algunos momentos, de dispositivos de apoyo a la organización del tránsito y la seguridad pública, en instrumentos de control social y político.

Palabras clave: Vigilancia, gubernamentalidad, control social, cuidado social, dispositivos de vigilancia.

 

Abstract

In recent years, in Mexico and globally, closed circuit television (CCTV) has become the most pervasive surveillance model for urban spaces to record the daily activities of people. CCTV is not only a divices to support policies on security, organization of traffic, but instrument of social and political control. Taking the case of two municipalities in Mexico, this paper analyzes how these surveillance technologies allowing a certain management of the city as well as different forms of governmentality of population.

Key words: Surveillance, guvernmentality, social control, social care, surveillance technologies.

 

Introducción

La ciudad moderna, como sugiere Simmel, es un espacio donde las relaciones entre individuos se distinguen por una condición abstracta, en la que todos podrían llegar a ser considerados como "extranjeros", lo cual acaba por imprimirle a dichas relaciones un carácter de fugacidad. Entre menos intensas y más abstractas sean las relaciones sociales, la sensación de inseguridad y peligro se incrementa, concentrándose más en ciertos espacios que en otros, conformando zonas que producen miedo, sospecha, en la medida en que se genera temor y un sentimiento de riesgo exacerbado. En general, como señala Beck (1998), la sociedad contemporánea se caracteriza por su preocupación constante por administrar los riesgos que ella misma produce, creando para ello una serie de dispositivos de vigilancia (Ericson, 2006). Un dispositivo de vigilancia tiene como fin establecer una rutina enfocada a la observación de detalles personales, con el propósito de influenciar, administrar, cuidar y controlar a una población determinada (o a parte de ella), transformando lo observado en datos que, además, pueden ser procesados (Lyon, 2001). En la actualidad, el desarrollo de la tecnología ha permitido la aparición de dispositivos electrónicos de vigilancia que refinan y expanden el escrutinio de poblaciones, grupos y personas. En este sentido, como apunta Marx (1988), el control social se ha vuelto más especializado y técnico.

La proliferación de distintos dispositivos electrónicos de vigilancia abarca un amplio catálogo, desde simples detectores de metal hasta escáneres, pasando por sistemas de reconocimiento del iris ocular, sensores térmicos, circuitos de televisión, que recientemente han sido reforzados con el desarrollo de variados sistemas y equipos biométricos (Marquis, 2003). Su utilización ha estado vinculada al enfrentamiento de los problemas vinculados a la seguridad pública, para reforzar la "batalla contra el crimen" o garantizar el establecimiento de espacios seguros en edificios, zonas comerciales y zonas residenciales, de tal manera que siempre sea posible estar bajo vigilancia.

Son los circuitos cerrados de televisión (CCTV) los que han tenido una mayor expansión a escala global, y México no es la excepción. En la mayoría de las capitales de los estados de la república y municipios altamente urbanizados —por ya no hablar del Distrito Federal—, en las calles y cruceros más transitados, pueden observarse cámaras que graban el movimiento de los transeúntes y vehículos. Además, habrá que incluir los CCTV en tiendas departamentales, bancos y oficinas gubernamentales, utilizados para vigilar a clientes y trabajadores o, simplemente, a quien transite por estos espacios. El objetivo de esta tecnología es reducir los riesgos que se enfrentan en distintos contornos sociales, como el tráfico vehicular, el robo, la caída de la productividad laboral, entre otros.

El presente documento tiene como propósito mostrar la evolución de los CCTV, en el caso de dos municipios en el estado de México: Toluca y Tlalnepantla. En ambos casos los CCTV se han caracterizado por estar orientados al apoyo, en una primera instancia, del tránsito y flujo vehicular en calles o avenidas de dichas ciudades, pero poco a poco han dirigido su mirada hacia los problemas de la inseguridad pública y el control social, en particular el monitoreo de movilizaciones sociales, para detectar líderes, formas de organización y estrategias de resistencia civil. Como todo dispositivo de vigilancia, los CCTV oscilan —como apunta Lyon (1994)— entre el cuidado y el control social. En este sentido, aquí resulta importante observar cuál es la orientación de cada CCTV, analizando si se dirige más hacia un extremo u otro, pues esto implica una forma específica de gestión y administración de la población. En última instancia, esto refiere a una forma de gubernamentalidad, es decir, un conjunto de técnicas de administración, disciplina, control y seguridad, tendientes a establecer cierta gestión o administración de la población (Foucault, 2004; Agamben, 2007; Bigo, 2006).

Para determinar a qué tipo de gubernamentalidad refieren los CCTV, se debe observar si esta tecnología se encuentra acoplada a un conjunto más amplio de dispositivos de vigilancia (Haggerty y Ericson, 2000), y de ser así, precisar qué importancia tiene frente a esos otros. Ambos aspectos permitirían observar hacia dónde se está orientando la utilización del CCTV, en función de qué expectativas y necesidades de organización de la vigilancia, además de dar cuenta del papel que se les otorga. Como se tratará de mostrar, en el caso de Tlalnepantla, el CCTV se encuentra acoplado de forma subordinada a un conjunto más amplio de sistemas de vigilancia (una amplia base de datos de accidentes, delitos, peticiones, todo ello referenciado de forma cartográfica). Mientras que en el caso de Toluca, si bien, en una primera instancia, el CCTV se encontró supeditado a un sistema de vigilancia y control del tránsito, ha adquirido cada vez mayor independencia. Esto parece indicar que en Tlalnepantla se tiene una visión más amplia de la vigilancia, pretendiendo abarcar el mayor número de datos espaciales, sociales y personales de quienes se localizan en el municipio, con el objetivo de influenciar, administrar, cuidar y controlar a una población, transformando lo observado en datos potenciales para su procesamiento.

Por el contrario, en Toluca lo más importante es lo que sucede estrictamente en la calle, con relación al procesamiento de la información sobre el tráfico y la video-vigilancia de espacios muy concretos de la ciudad, con el fin de mejorar la seguridad pública. Esto muestra que en ambos municipios se tiene una gestión o gubernamentalidad distinta de la población y del espacio urbano, a partir de la utilización diferencial de los CCTV en su relación con otros dispositivos de vigilancia.

El presente documento se divide en cuatro partes. En la primera se lleva a cabo una breve reflexión sobre las implicaciones de los CCTV en la organización social y urbana de las sociedades contemporáneas, al igual que acerca de la manera en que se acoplan con otros dispositivos de vigilancia. A partir de aquí, en la segunda y tercera partes, se analizan los casos particulares de Tlalnepantla y Toluca, subrayando en cada caso las necesidades y expectativas que se esperaba resolvieran estas tecnologías, así como su posición en el conjunto de otros sistemas de vigilancia. En la cuarta parte se hace una reflexión, con la intención de señalar no sólo las diferencias y similitudes entre ambos CCTV, sino además, las implicaciones que tienen estos dispositivos de vigilancia en la organización social, y, sobre todo, sus efectos, en términos de la importancia dada al acoplamiento de diferentes tecnologías de la vigilancia en el espacio municipal.1

 

Espacios bajo vigilancia

Los circuitos cerrados de televisión (CCTV) se han convertido en el paradigma para la vigilancia de los espacios urbanos. El objetivo de estas tecnologías es registrar y almacenar en imágenes las actividades cotidianas de las personas que transitan por la ciudad. Localizados en espacios considerados como peligrosos o en aquellos donde se realizan actividades financieras, comerciales, educativas así como turísticas, los CCTV han tenido una vasta expansión en los últimos años. En algunas ocasiones, la instalación de las videocámaras también tiene por finalidad darle un nuevo aspecto a la ciudad, es decir, un semblante atractivo a la inversión y al turismo (Coleman y Sim, 2000). Dichos proyectos van acompañados de campañas de limpieza urbana, proyectos deportivos o inversiones inmobiliarias. En una palabra, la intención es consolidar ciertos espacios urbanos como nodos globales y competitivos que ofrezcan ambientes adecuados y óptimos para el consumo (Coleman, 2004). El uso de los CCTV ha sido legitimado gracias a la necesidad de construir ciudades que se consideren como seguras, lo cual genera —tarde o temprano— procesos de segregación urbana y social (Lyon, 2007).

En este escenario, como apunta Norris (2003), pareciera que se consolida una especie de "panoptización" del espacio urbano. El incremento de los CCTV permite visualizar dos transformaciones en la vigilancia de las ciudades. La primera vinculada con el cambio en los mecanismos de control social —tradicionalmente basados en relaciones cara a cara—, ahora medido por la construcción y gestión de la sospecha desde la distancia de un centro de vigilancia. En este caso, las cámaras son utilizadas como dispositivos que ponderan la peligrosidad de las personas, impidiendo la comunicación entre quien conduce la vigilancia y quien se considera sospechoso.

La segunda transformación está relacionada con la capacidad para guardar la información recogida por estas cámaras, la cual puede ser utilizada retrospectivamente como evidencia de un comportamiento delictivo o simplemente inadecuado (por ejemplo, tomar bebidas alcohólicas en la vía pública). De hecho, los CCTV (en tanto dispositivos electrónicos) sirven más para permitir sacar a la luz hechos ya acaecidos que como herramientas de prevención (Norris, 2003). No obstante, cuando los operadores de los CCTV se enfrentan al enorme número de imágenes arrojadas por las cámaras a los monitores, no queda más que orientar la mirada sobre el comportamiento o forma de vestir de las personas consideradas "sospechosas" o "extrañas". De este modo, quienes controlan los CCTV ponen en juego prejuicios y tipificaciones, orientando su mirada a ciertas personas en particular. En este sentido, en muchas ocasiones las tecnologías de la vigilancia juegan un importante papel en la reproducción e institucionalización de ciertas lógicas de exclusión social (Norris, Moran y Armstrong, 1998).

En el futuro, como apunta Norris (2003), se tratará de utilizar información computarizada obtenida gracias a las videocámaras: detección algorítmica no únicamente de rostros y cuerpos, sino de comportamientos específicos, considerados reducibles a funciones matemáticas que permitan ampliar el cálculo probabilístico de riesgos. Para Hier, Walby y Greenberg (2006), este proceso tendería a descartar la idea de los CCTV como una mutación contemporánea del panóptico foucaultiano, pues más que una observación sobre el todo social, se buscaría orientar la mirada sobre un sector considerado —a partir de una cierta construcción moral— como posible agente de disrupción de lo que se considera el "desarrollo normal de la vida social". Esto tiende a formar, por ejemplo, "burbujas de protección" alrededor de plazas públicas, edificios gubernamentales, grandes corporativos y centros comerciales. De igual forma, en estos espacios los CCTV se acoplan a escáneres, detectores de metales, etcétera.

Regularmente, en los espacios urbanos —como los que aquí se analizan—, los CCTV se articulan a los llamados Sistemas Inteligentes de Transportes (SIT), sustentados en bases de datos con información geográfica, que hacen posible la vigilancia tanto en las calles como en carreteras, con el fin de procesar datos —es decir, introducir a un programa de computadora la información que se obtiene— con el fin de regular el control del tránsito y las tareas del transporte (Bennett, Raab y Regan, 2003). Estos dispositivos de vigilancia se han desarrollado gracias a los sistemas de información geodemográfica —en particular al sistema de posicionamiento global (GPS)—, los cuales facilitan el monitoreo del movimiento de automóviles y autobuses, y pueden proporcionar la localización exacta de personas en cualquier sitio, lo que implica una forma de organizar y gestionar la ciudad (Phillips y Curry, 2003). En general, esto permite reorientar las zonas de atracción del espacio urbano, con el fin de producir áreas geográficas "ideales" y conexiones "eficaces" entre ellas, consideradas lo suficientemente seguras para permitir el traslado de bienes y personas de un espacio a otro (Denicola, 2006).2

De esta forma, si se acoplan distintas tecnologías como los SIT y los CCTV, lo que se busca es una armonización de la vigilancia, conectando información, bases de datos y redes de comunicación a partir de la observación de espacios, grupos sociales e incluso personas, y con ello formas de organización de la propia acción policial, tendientes a prevenir situaciones de riesgo probable o reaccionar ante escenarios considerados de peligro. Dichos acoplamientos erigen mecanismos de gubernamentalidad: clasifican, administran y controlan espacios y poblaciones, donde los comportamientos, actitudes, rostros y aspectos son potencialmente analizables con el fin de prevenir aparentes riesgos. Estos pueden estar relacionados, como a continuación se examinará en los casos de Tlalnepantla y Toluca, con la saturación del tráfico, el robo en vía pública y las movilizaciones de protesta social. En primera instancia, cada uno de estos riesgos se atiende por una tecnología de vigilancia a la que, poco después, se le suma otra, articulándose y acoplándose mutuamente.

 

El sueño de la gran base de datos ciudadana3

En la ciudad de Tlalnepantla se instaló en 2001 un sistema integrado por varios dispositivos electrónicos de vigilancia del espacio urbano, articulado en particular en tres ejes, dependiendo directamente de la Presidencia del Ayuntamiento. El primero, orientado a garantizar el flujo de automóviles que, en su gran mayoría, entran y salen del Distrito Federal, pasando por este municipio. El segundo, dirigido a la seguridad pública. El tercero, a la atención de servicios urbanos, tales como agua, drenaje, alumbrado público, pavimentación y bacheo. El primero de estos ejes está organizado a partir de un sistema automatizado de semáforos y un CCTV, mientras que los dos restantes se articulan en torno a un centro de atención telefónica o "call center" y un poco en el CCTV. De alguna manera, dichos dispositivos se encuentran acoplados no sólo porque cohabitan en el mismo espacio y comparten oficinas, sino porque su funcionamiento alimenta a una misma base de datos, permitiendo generar un historial de demandas, peticiones, emergencias, accidentes y delitos, la cual siempre se procura referenciar de forma cartográfica. Esto permite la construcción de mapas de riesgo de distintos tipos (zonas de accidentes automovilísticos, robos, etcétera).

En un primer momento, la vigilancia del espacio urbano en Tlalnepantla comenzó con la instalación de un sistema de control de semáforos. A partir de un estudio vial se determinó el índice de afluencia vehicular en horas específicas del día en calles consideradas como problemáticas, permitiendo así la programación de los semáforos. Esto hizo viable el diseño de un plan general de tránsito para el municipio. A las seis de la mañana, como señala uno de los operadores del sistema, automáticamente entra el plan que le da "...salida hacia el sur a todas las vialidades [...]. En la tarde igual, el plan automáticamente cambia para que le dé la salida o la entrada a todas las vialidades".4 El sistema está diseñado para enviar una señal programada a un determinado semáforo, para que éste ejecute un cambio de color en función de las necesidades de tránsito. Según los operadores del sistema automatizado de semáforos, esto resulta un gran avance en la organización del flujo vehicular del municipio, en la medida en que los oficiales de calle ya no controlan el funcionamiento desde las vialidades, al modificar a voluntad los lapsos de los aparatos sin una visión completa del comportamiento del tránsito. Con todo, el sistema automático de semáforos puede adecuarse a las necesidades y demandas que se tuvieran en el futuro. De esta manera, según mencionan los operadores, cuando empieza a observarse que los lapsos de cambio en los semáforos ya no son suficientes para aligerar la afluencia de los automóviles, se pide a la empresa que diseñó el sistema haga un nuevo estudio de aforo vehicular. Una vez que éste concluye, apunta el encargado del sistema de semáforos, se indican las nuevas necesidades: "cambiar los tiempos en este semáforo o [...] poner un semáforo con una vuelta extra".5

Sin embargo, el sistema de semáforos automatizados, al funcionar por códigos y referencias cartográficas que indican la situación del tráfico en tiempo real, no permite observar realmente qué está produciendo un congestionamiento. Es por eso que se decidió instalar un CCTV, planteado como una herramienta de apoyo al trabajo del sistema de semáforos, aunque poco a poco ha ido realizando otras actividades, sobre todo en materia de seguridad pública.6 Efectivamente, en un primer momento, catorce cámaras fueron instaladas donde se detectó la recurrencia de conflictos viales, por lo que la mayoría quedaron en las avenidas y vialidades más grandes y transitadas del municipio.7 No obstante, los operadores señalan que, conforme pasó el tiempo, se evidenció la ayuda del CCTV, porque permitía, por ejemplo, proporcionar apoyo a las unidades de emergencia (ambulancias y unidades de protección civil), así como a las unidades de seguridad pública (patrullas, sobre todo), orientándolas para llegar a donde se les estaba demandando.8 Incluso se ha podido garantizar la coordinación entre el sistema automatizado de semáforos y CCTV, cuando, por ejemplo:

[...] si tenemos la posición de un vehículo que se quiera dar a la fuga [por haber cometido un delito], el patrullero nos dice: "¿sabes qué?, el vehículo va sobre Mario Colín hacia Gustavo Baz". Confirmamos con la cámara, y nosotros los ponemos [los semáforos] completamente en rojo y no en verde. ¿Por qué en rojo? Porque la misma afluencia va a detener el vehículo y va a permitir que nuestras unidades lleguen por las calles aledañas, para capturarlo así. Esto lo vamos monitoreando constantemente con la cámara.9

Pero también el CCTV funciona como un mecanismo para vigilar manifestaciones de protesta social que se acercan al palacio municipal, lo que permite establecer operativos de tránsito, reorganizar la secuencia de los semáforos y, por su puesto, monitorear cuáles son sus demandas, además de revisar cómo se organizan para protestar, hacia dónde se dirigen, detectar líderes, identificar a ciertos manifestantes, previniendo asimismo su arribo —si es el caso— al palacio municipal.10 En este sentido, la colocación de otras cámaras de video depende, a futuro, de los resultados que arrojen las estadísticas de circulación vial, de accidentes automovilísticos y los índices delictivos que se generen en las distintas áreas del municipio.11

Pero el CCTV de Tlalnepantla presenta un problema: su sistema de grabación es análogo en VHS y no digital. De este modo, al momento que se reporta o detecta algún incidente o anomalía considerada relevante —puede ser un aparente robo o la denuncia de un automóvil que actúa de forma "sospechosa"—, inmediatamente se activa la grabación. Si resulta en algo catalogado importante, entonces se guarda; de otro modo se borra, pues la capacidad para conservar el video es muy poca. Sin embargo, los encargados consideran que este no es un problema mayor, en tanto que los sistemas de video-vigilancia no garantizan la disminución de la delincuencia, y más bien generan espacios donde se puede administrar lo calificado como riesgoso. Por tanto, la falta de un sistema digital en el CCTV no representa para ellos mayor problema porque dichos circuitos tienen, desde su perspectiva, un alcance muy corto en materia de reducción de los delitos. Como los operadores del CCTV de Tlalnepantla señalan:

[...] la delincuencia es medible [sic] pero no es atacable como si tuviéramos: si yo hago esto pasa esto. Recuerden que la delincuencia es producto de una condición social del país, entonces muchas veces se puede mantener en promedio pero disminuirla, no. Se ha podido disuadir. Se crean de alguna manera cercos de seguridad [apoyándose en las videocámaras], lo que se crean son cercos de seguridad y ya sabemos que en esa zona donde tenemos el operativo, donde tenemos esa cámara, etcétera, la gente puede caminar ahí tranquilamente.12

En este sentido se le considera una herramienta de apoyo a la seguridad pública, pero no la única, ni la más efectiva. Para ello, el municipio ha ideado otro tipo de mecanismos, en particular el centro de atención telefónica o call center, cuyo objetivo es responder a las demandas de seguridad pública y emergencias, pero también a la satisfacción de servicios como el abastecimiento de agua, malfuncionamiento del drenaje, alumbrado público, pavimentación y bacheo. Este sistema está acoplado al CCTV. Por ejemplo, si se recibe una llamada al call center del municipio, notificando que existe una persona o vehículo sospechoso en un avenida o barrio, y el lugar señalado está al alcance visual de las cámaras, entonces se monitorea —en el caso del vehículo, se revisan sus placas— y, al mismo tiempo, se envía una patrulla, mientras se vigila al vehículo o persona con comportamiento "sospechoso".13

En paralelo a los dispositivos de semáforos y el CCTV, el municipio desarrolló además una base de datos en apoyo al centro de atención telefónica. De este modo, cuando alguien llama al centro se conoce su número telefónico, el tipo de línea telefónica, se reconoce inmediatamente el nombre del propietario de la línea, su ubicación y el número de ciudadano con el que se le identifica. Si con anterioridad ha marcado al centro de atención telefónica, aparecen en la pantalla de las computadoras los registros históricos de las llamadas. Al atender a un usuario, el operador anota en el sistema la demanda de la persona que llama: el reporte de una fuga de agua o el malfuncionamiento de una luminaria. Una vez realizada la demanda, se le asigna un número para darle seguimiento, manteniéndose el contacto con el demandante hasta que el problema haya sido resuelto.14 De esta forma se va acumulando un banco de datos con la información de los ciudadanos que llaman, con el propósito de ofrecer un seguimiento a sus peticiones. Esta base de datos se cruza con otras con la finalidad de obtener información sobre el demandante con respecto a pagos de predial, agua y otros impuestos municipales. Si bien esta información no se comparte con instituciones externas a la administración municipal, sí puede circular en el interior de las dependencias municipales.

El servicio de atención telefónica puede ser utilizado por todas las personas residentes o de paso por el municipio. A los primeros se les solicita información necesaria para tener actualizada la base de datos. Mientras que a quienes sólo transitan por el municipio, únicamente se les piden sus datos personales, los que quedan registrados fuera del sistema. Esto es distinto al centro de atención de emergencias con el que cuenta el municipio bajo el número telefónico 072. Para poder beneficiarse de este servicio, que permite contar con la atención de ambulancias, bomberos o policías en forma directa, es necesario inscribirse y pagar una cuota.

En general, en cuanto al acoplamiento de estos distintos mecanismos de vigilancia se requiere, según sus operadores, perfeccionarlo a través de la puesta en marcha de protocolos de actuación:

[...] ahorita [sic] ya se instalaron [sic], lo que nos detenía en la administración pasada, el protocolo de atención. A quién se le avisa en caso de un percance o algo así. Para eso se instauró un protocolo de atención, [que] ya nos permite darle una prioridad a las emergencias. Hay determinadas personas a las que hay [sic] que avisar primero, como es protección civil [...], y eso ya lo manejábamos con el ISO 9000. Pero ahorita [sic] ya se está volviendo a reformar [sic] con el protocolo. El chiste [sic] es llegar a estar como en algunos países como Estados Unidos [...]. Ellos tienen un protocolo establecido, incluso ya ellos hasta lo que es la atención del oficial: cómo se tienen que bajar del automóvil, incluso cuándo se tiene que bajar, qué tiene que decir, cuándo tiene que prestar atención a la víctima, cuándo no [...].15

Se pretende que las distintas formas de vigilancia (sistema de automatizado de semáforos, CCTV, call center, número telefónico 072) sean articuladas en una gran base de datos. Este archivo tendría como objetivo interconectar y procesar información, buscando tener un mayor margen para prevenir el delito, detectar lo que se considera como zonas de riesgo vial, control de los servicios prestados por el municipio, así como llevar una estadística de las personas que solicitan atención en materia de emergencias o denuncias de diverso tipo.

 

Del control vehicular y político de un municipio16

El CCTV en Toluca también comenzó ligado a un sistema de control del tránsito y el ordenamiento vial. En el 2005 se puso en marcha en esta ciudad el llamado sistema de "semáforos computarizados" dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito.17 El proyecto consideró la centralización del control de semáforos ubicados en ciento treinta y nueve intersecciones viales, agrupadas en paralelo con sesenta y nueve equipos que las enlazan, lo que permite la secuenciación de los aparatos de control vial. De tal suerte que los semáforos se encuentran coordinados para tratar de organizar el flujo vehicular, y no únicamente para que en todos los aparatos en una avenida con varias intersecciones se encienda la luz verde o la roja, y dar continuidad o detener el tránsito. Después de un tiempo calculado con base en la velocidad respecto a la distancia de los vehículos entre sí, se enciende, por ejemplo, el foco verde de un semáforo en una intersección y así sucesivamente en la siguiente. Este tipo de cálculos los realiza el sistema de forma automática, considerando todas las intersecciones registradas en el sistema a través de un algoritmo programado.18 El sistema funciona en tiempo real. Esta información se despliega de forma diversa en una pantalla digital en las oficinas centrales de control vial, ya sea a través de códigos alfanuméricos, con distintos colores variando según gráficos que muestran las alteraciones del transito vehicular en función de lapsos preestablecidos. Con el fin de prever escenarios y definir con ello políticas viales específicas, la información generada es guardada en una base de datos que permite realizar una revisión histórica del comportamiento del tránsito por meses, días, horas y minutos.

Sin embargo, el sistema instalado en la ciudad tiene el mismo problema que el de Tlalnepantla. No se puede saber con precisión qué está provocando un congestionamiento del transito vehicular: podría estar un automóvil estacionado sobre un detector, generando información que indica un congestionamiento cuando realmente no existe. Para superar este problema se decidió utilizar un sistema de CCTV, ya que las imágenes obtenidas por las cámaras pueden comprobar si es un problema de tránsito real o simplemente un vehículo que envía datos distorsionados. De esta forma, el programa de instalación de semáforos automatizados fue acompañado del montaje de siete cámaras conectadas a una central a través de un sistema de comunicación vía radio en calidad digital. La conexión incluye desde la generación de imágenes, hasta su transmisión y procesamiento, es decir, su remisión a un conjunto de operaciones de software para obtener información que se cree relevante (placas de automóviles, marca y modelo del mismo, fijar rostros de personas, entre otras cosas). De las siete cámaras, seis se posicionaron en el primer cuadro de la ciudad, buscando optimizar el control vehicular y garantizar el descongestionamiento de las vialidades de esta zona. La cámara restante se colocó fuera del primer cuadro de la ciudad, frente al mercado Benito Juárez, también para apoyar el análisis del flujo vial en esa área de la ciudad.19

Ahora bien, al CCTV instalado se le han ido atribuyendo otras funciones que van más allá de un control del flujo vehicular. Por ejemplo, las cámaras se han utilizado cada vez más como herramientas para reconstruir accidentes automovilísticos. Para ello, las imágenes captadas por el CCTV sólo se proporcionan si existe una orden de petición de información por parte del Ministerio Público. Esto fue lo que sucedió, señalan los operadores, cuando hubo una volcadura frente al palacio de gobierno en la ciudad.20 El accidente se presentó en la mañana cuando un automóvil "se pasó el rojo" y colisionó con otro que tenía la luz verde que le autorizaba el paso. Lo significativo es que quienes operan el sistema no vieron el accidente, pero una cámara grabó el hecho porque en ese momento estaba enfocando la intersección. Una vez que llegó la petición del Ministerio Público se revisaron las bases de datos digitales del CCTV y se pudieron establecer responsabilidades. De esta forma, esta tecnología proporciona evidencia judicial.21 Aunque ciertamente, la información no puede guardarse por mucho tiempo, por lo que si no se advierte a los operadores del sistema de control del CCTV que guarden la información, lo más probable es que la borren.

Sin embargo, el CCTV no sólo está vinculado con la determinación de responsabilidades en caso de accidentes viales, sino que también ha sido utilizado en materia de seguridad pública. Efectivamente, ya que las cámaras están programadas para realizar recorridos de inspección, en algunas ocasiones los operadores han orientado su observación hacia pequeños grupos de personas, por ejemplo, frente aparadores comerciales y, a partir de ello, han comenzado a observar cómo actúan cierto tipo de ladrones, en particular carteristas. Si esto llega a detectarse, se le comunica a la dirección de policía para que envíe al personal necesario y detenga al presunto delincuente. Cuando un operativo de este tipo se lleva a cabo, es grabado con el objetivo de contar con evidencia de los hechos. Sin embargo, este tipo de información sólo se utiliza en el ámbito de injerencia del municipio.22 La comunicación con otras instancias de seguridad —como la policía estatal— es indirecta, respetando la autonomía de los distintos órdenes de gobierno. Por lo que, si un delito se comete en un área de jurisdicción estatal, la información no fluye de manera inmediata, se transmite lentamente en el interior de las estructuras de comunicación mediadas por la jerarquía y la organización gubernamental.23

Pero también el sistema de CCTV se utiliza para observar y seguir las protestas sociales y políticas en el municipio.24 Por un lado, la vigilancia de estas movilizaciones tiene el objetivo de dar cuenta de la forma en que afectan al tránsito vial de la ciudad. Los datos se transmiten a las radiodifusoras locales para que informen a la población cuáles son las opciones para circular con menos dificultad. De esta forma, se comunica dónde están los manifestantes, hacia dónde se dirigen, qué solicitan, cómo se encuentran las vialidades, cuáles pueden ser consideras como vías alternas. Por otro lado, cuando las movilizaciones sociales y políticas llegan al centro de la ciudad —en particular al palacio municipal— se les vigila, observando cuáles son sus demandas, quiénes son los líderes y cuidando que no sucedan incidentes que pongan en riesgo "la paz pública".25 Este procedimiento no se realiza cuando las manifestaciones o protestas sociales tienen como meta otros edificios gubernamentales distintos al municipal, como el palacio de gobierno estatal o la Cámara de Diputados. Cuando este es el caso, no se vigila de manera constante: "[...] de pronto se visualiza [sic] qué están haciendo, y si están tranquilos, se sigue monitoreando la vialidad. De pronto se vuelve a enfocar el lugar de la manifestación. No es de dejar la cámara allí, porque de pronto se puede dar otra situación que requiera atención alrededor".26

En la mayoría de las ocasiones se sigue cualquier manifestación o protesta social sobre las calles porque permite definir estrategias de organización del tránsito vehicular: "[...] aquí tenemos que estar viendo en dónde [sic] van".27 Con todo, es necesario apuntar la importancia que adquirió el CCTV cuando se planteó el desalojo de unos tres mil comerciantes instalados en la explanada del mercado Benito Juárez. Dicho mercado se encuentra a espaldas de la central de autobuses foráneos que conectan a Toluca con el resto del país. En el plan original del sistema del CCTV, se consideró la instalación de una videocámara en este lugar para tener una visión más clara de los problemas viales que ahí se presentaban, multiplicados los días viernes, cuando —desde 1972— concurrían el mayor número de comerciantes. La cámara tenía también la función de detectar algunas situaciones de robo en la zona que, por la alta afluencia de clientes y vendedores, era un lugar propicio para la comisión de este tipo de delitos.28

Cuando se decidió desalojar a los comerciantes como la única solución para el descongestionamiento vehicular de la zona y garantizar con ello la funcionalidad de las avenidas y de la propia terminal de autobuses, se utilizó la cámara instalada en el lugar para definir la estrategia de actuación policíaca, además de asegurar un respaldo táctico al momento del inevitable enfrentamiento entre los desalojados y los policías. En este sentido, la cámara instalada en el lugar permitió observar en tiempo real, día y noche, lo que pasaba durante el desalojo.29 Esta cámara hizo posible coordinar a las distintas fuerzas policiales, tanto municipales como estatales, pues, por las dimensiones de la acción, se requería una adecuada comunicación entre los gobiernos municipal y estatal. De hecho, en el momento del desalojo, la cámara desde la altura detectó la conformación de distintos grupos de comerciantes en la explanada del mercado, lo cual garantizó a las policías participantes definir una estrategia con la que se pudo aislar unos grupos de otros, fragmentándolos y cerciorándose que no tuvieran la fuerza y los recursos necesarios para enfrentar y resistir a la policía.30

Más aún, las cámaras localizadas en las distintas intersecciones de las avenidas de la ciudad hicieron posible que se monitoreara la movilización hacia el centro de la ciudad. Esta fue realizada por los comerciantes después del desalojo, en protesta contra la acción, teniendo como destino tanto el palacio municipal como el estatal. Utilizando las cámaras de vigilancia se pudo observar cómo los comerciantes salían de la zona del desalojo y cruzaban las distintas calles de la ciudad. Incluso se pudo constatar que un grupo de manifestantes se dirigió directamente hacia el centro de control del CCTV para tomarlo por asalto, pues sabían de la existencia de cámaras y presuponían que se estaba grabando el proceso de protesta con el fin de detectar a los supuestos líderes y participantes del movimiento, para después ejercer alguna orden de carácter judicial contra ellos.

De esta forma se puede observar que si el CCTV de Toluca creció vinculado con el sistema automatizado de control vial, poco a poco se ha ido orientando de forma independiente hacia la vigilancia de las zonas de comercio y en temas relacionados con la seguridad pública. Así, a finales de 2006 se instalaron cuatro videocámaras en la comunidad de San Pablo Autopan, ubicada al norte del municipio.31 En esta localidad se han detectado, a través del Programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, graves problemas de inseguridad. Dicho programa contempla, entre otras acciones en materia de atención a la pobreza, políticas orientadas a mejorar la seguridad en zonas consideradas como marginadas, partiendo del supuesto de que la pobreza, la marginación y la inseguridad están ligadas en la mayoría de las comunidades suburbanas y de reciente urbanización. Por otra parte, en el año 2008 se anunció la instalación de veinte cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad, considerados como "estratégicos".32 El objetivo de dichas cámaras sería,

[...] cercar virtualmente el municipio, para de esta forma brindar mayor seguridad a la ciudadanía, y saber quién entra y sale del territorio [...] [además de] informar más inmediatamente [sic] sobre el congestionamiento vial de la ciudad, a fin de dar mayor fluidez, así como para verificar el desempeño de los elementos de Tránsito y, por supuesto, detectar hechos ilícitos. [...] la utilidad de estas cámaras puede ser mayor, pues también es posible ver con claridad las matrículas de los autos, y verificar cualquier información relacionada con el vehículo, como el hecho de que pueda ser robado (Hernández, 2008).

En este caso, la organización de la vigilancia, administración y prevención de los riesgos, crece más bajo la lógica de fortalecer el CCTV en el municipio de Toluca. En este sentido, se cree que el propio acoplamiento de un mayor número de cámaras permitirá el monitoreo constante de las fronteras municipales, posibilitando el control de sus límites, población y servidores públicos. Lo cual no deja de lado que con ello se expande también la capacidad para monitorear las movilizaciones de carácter político en el municipio. En este sentido, el que el CCTV de Toluca esté fuera de un conjunto más amplio de dispositivos de vigilancia —al contrario de Tlalnepantla—, le permite adquirir un rostro distinto, basado más en la organización del espacio urbano, orientado hacia la gestión y administración del flujo de la población, del transporte y la vigilancia del desarrollo de movilizaciones de protesta social. En el caso de Tlalnepantla, por el contrario, su CCTV se encuentra al parecer en la periferia de un sistema más amplio de dispositivos de vigilancia.

 

¿A quién se cuida? ¿A quién se controla?

Como se ha podido observar en este trabajo, los CCTV analizados aquí, en una primera instancia, han estado orientados a servir de apoyo a los SIT. Estos últimos, al proporcionar información codificada, no permiten dar cuenta de aquello que se encuentra dificultando el tráfico vehicular, por lo que se requiere reforzar su funcionamiento a través de videocámaras. Esto claramente permite apreciar que los CCTV no se han instalado, al menos en los dos casos que aquí se presentan, como respuesta a un sentimiento de inseguridad, temor y paranoia ante el crimen, como ha sucedido con otras experiencias, en particular en Europa y los Estados Unidos (Caroll-Mayer, Fairweather y Carsten Stahl, 2006) o incluso en México, como el caso del municipio de Huixquilucan en el estado de México (Arteaga, 2007). No obstante, poco a poco los CCTV de Toluca y Tlalnepantla se han ido involucrando en funciones de seguridad pública y transito, generando información que permite definir estrategias y tácticas policiales, de igual forma que mecanismos de control político.

Hay que señalar que, con todo, en los dos municipios la evolución de los CCTV ha seguido caminos distintos. En el caso de Tlalnepantla se ha acoplado a un conjunto más amplio de tecnologías de vigilancia, bases de datos y sistemas de recolección de información social y personal. En el caso de Toluca, más bien ha adquirido una independencia mayor y con una orientación dirigida más a los problemas de seguridad pública. De tal suerte que en el primer caso, las autoridades gubernamentales del municipio buscan perfeccionar los mecanismos de visibilidad y resguardo de la información, mientras que en el segundo municipio se pretende siempre expandir el sistema para abarcar más espacios en el ámbito de la ciudad bajo la mirada de las videocámaras.

En general son dos formas de gubernamentalidad de la población, en la medida en son mecanismos electrónicos que, como técnicas de administración, disciplina, control y seguridad, tienden a propiciar una gestión de la sociedad. Los dispositivos de vigilancia arriba mencionados pueden remitir cada uno a una esfera particular de la vida cotidiana de las personas (la ciudad, la identidad, el ordenamiento de la ciudad, la seguridad pública, así como el tránsito vehicular y el flujo de personas). Cada uno de estos dispositivos establece una zona que se considera de riesgo, sobre la cual se establece una micro-gestión de pequeños miedos cristalizados en figuras como el ladrón o indeseables de todo tipo (pordioseros, vendedores ambulantes, enemigos políticos, conductores irresponsables, todos ellos reales o imaginarios, eso no importa) (Deleuze y Guattari, 1989). La determinación de qué debe ser considerado como un posible evento de riesgo, al que hay que temer, depende tanto de la esfera de intervención (el tráfico, la vía pública), como del acoplamiento de distintas tecnologías de vigilancia. La idea de que los distintos dispositivos de vigilancia se acoplan, más que organizarse de manera jerárquica por un poder claramente definido, tiene por objetivo señalar que distintas y heterogéneas formas de vigilancia adquieren unidad cuando funcionan juntas, trabajando al unísono como una entidad funcional (Haggerty y Ericson, 2000).

En los dos casos analizados es posible observar que la utilización de los CCTV no está orientada exclusivamente hacia el cuidado y el control, sino que en determinados momentos es una herramienta que permite prevenir y resolver delitos, ayudar a mejorar las condiciones de tránsito, a garantizar la seguridad pública y, en otros casos, sirve para mantener el control social y político frente a movilizaciones de protesta que se considera atentan contra la "paz y la tranquilidad social". Por tanto cabe hacer una reflexión final. En tanto que estos dispositivos están orientados no sólo a prevenir y documentar hechos delictivos, sino que también permiten la definición de estrategias de control social y político, ello impacta en la forma en que podrían ejercer su ciudadanía algunos sectores de la población. Si el uso de este tipo de sistemas de vigilancia va en aumento en gran parte del país, ello obliga a discutir los efectos de su instalación tanto en el ámbito de la seguridad pública, en sus posibles usos políticos, así como en los mecanismos que los gobiernos establecen para acoplar información de distinto tipo. En este sentido, la instalación de los CCTV debe hacerse acompañar de un debate abierto, transparente e incluyente, entre los diferentes actores sociales y gubernamentales, con el fin de garantizar que su instalación responda más a las demandas de la población que a intereses políticos vinculados a la mera gestión social y del espacio urbano.

Para lograr esto último se sugiere, en un primer momento, establecer una reglamentación adecuada sobre el uso de los CCTV y otras bases de datos que permiten vigilar a la población. Estableciendo los criterios para su instalación, así como una normatividad para el uso y procesamiento de datos. Incluso, en el caso de los CCTV, se debería hacer público el lugar de su ubicación. En segundo lugar, se requiere también la profesionalización de los encargados de operar los sistemas de vigilancia, con el fin de garantizar que los datos y las imágenes que recojan no sean utilizados en función de criterios personales, patrimoniales y políticos. En tercer lugar, se debería normar en qué condiciones los datos y la información de estos mecanismos de vigilancia pueden ser utilizados para fines judiciales y, aún más, si se echa mano de ellos para el control de movimientos sociales.

Finalmente, será necesario establecer en cualquier caso la línea de autoridad, y con ello, la localización en la estructura de la administración de los sistemas de la vigilancia, en tanto que en la mayoría de las veces se encuentran en un espacio de indeterminación: ya sea dependiendo directamente de la Presidencia municipal, otros de las secretarías del Ayuntamiento o de las llamadas coordinaciones de asesores, así como de las direcciones de seguridad pública; y dependiendo de las condiciones políticas de cada administración, se ha podido observar que se adscriben un año a un área y al siguiente a otra muy distinta. En la medida en que la expansión de los sistemas de vigilancia, específicamente de CCTV, se observe cada vez más en los espacios municipales, deberá tenerse más cuidado en tener muy claros los criterios de utilización a fin de garantizar la transparencia en su uso. De esta forma, se estaría en mejores condiciones de poder orientar a estos circuitos más hacia el cuidado que hacia el control social.

 

Referencias bibliográficas

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Notas

1 El trabajo de investigación se llevó a cabo durante los años 2006 y 2007, en el marco del taller de investigación "Violencia y control social: dispositivos y campos de problematización", adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, y financiado a través del proyecto de investigación 2393/2006U, de la propia Universidad. Se agradece de forma particular a las autoridades municipales tanto de Tlalnepantla y Toluca por abrir sus puertas para esta investigación, por la confianza que tuvieron en el equipo de sociólogos de la facultad y que hizo posible la visita a sus instalaciones.

2 Los sistemas inteligentes de Transporte incluyen una amplia gama de tecnologías como el envío de información radiada a conductores sobre el tránsito vehicular, regulación de semáforos automatizada, la administración comercial de fletes, provisión de rutas y localización de automóviles, así como el pago electrónico en carreteras de peaje.

3 La información que a continuación se presenta es el resultado del trabajo de entrevista y observación, durante los meses de noviembre de 2006 a enero de 2007, llevado a cabo en el centro de Monitoreo y Atención Telefónica del Municipio de Tlalnepantla, dependiente de la secretaría del Ayuntamiento.

4 Entrevista realizada el 15 de noviembre de 2006 al supervisor del monitoreo del sistema de semaforización del municipio de Tlalnepantla.

5 Entrevista realizada el 15 de noviembre de 2006 al operador del turno matutino del monitoreo del sistema de semaforización del municipio de Tlalnepantla.

6 Entrevista realizada el 15 de noviembre de 2006 al supervisor general del sistema de semaforización del municipio de Tlalnepantla.

7 Entrevista realizada el 14 de noviembre de 2006 al operador del turno vespertino del monitoreo del sistema de semaforización del municipio de Tlalnepantla.

8 Entrevista realizada el 15 de noviembre de 2006 al operador del turno vespertino del monitoreo del sistema de semaforización del municipio de Tlalnepantla.

9 Entrevista realizada el 15 de diciembre de 2006 al supervisor general del sistema de semaforización del municipio de Tlalnepantla.

10 Entrevista realizada el 11 de diciembre de 2006 al operador del turno matutino del sistema de video-vigilancia en el municipio de Tlalnepantla.

11 Ídem.

12 Entrevista realizada el 11 de diciembre de 2006 al supervisor general del sistema de video-vigilancia en el municipio de Tlalnepantla.

13 Ídem.

14 Entrevista realizada el 22 de enero de 2007 al supervisor general del Centro de Atención Telefónica del municipio de Tlalnepantla.

15 Entrevista realizada el 22 de enero de 2007 al supervisor general del Centro de Atención Telefónica del municipio de Tlalnepantla.

16 La información que a continuación se presenta fue levantada durante el trabajo de entrevista y observación, en los meses de febrero de 2006 a mayo de 2007, llevado a cabo en el Centro de Control de Semáforos de Toluca.

17 Entrevista realizada el 3 de febrero de 2007 al responsable del Centro de Control de Semáforos de Toluca.

18 Entrevista realizada el 4 de febrero de 2007 al responsable del Centro de Control de Semáforos de Toluca.

19 Entrevista realizada el 4 de febrero de 2007 al responsable del Centro de Control de Semáforos de Toluca.

20 Ídem.

21 Entrevista realizada el 7 de marzo de 2007 al responsable del Centro de Control de Semáforos de Toluca.

22 Ídem.

23 Ídem.

24 Entrevista realizada el 8 de abril de 2007 al responsable del Centro de Control de Semáforos de Toluca.

25 Ídem.

26 Ídem.

27 Ídem.

28 Ídem.

29 Entrevista realizada el 13 de mayo de 2007 al responsable del Centro de Control de Semáforos de Toluca.

30 Ídem.

31 Ídem.

32 Ídem.

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