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Andamios

versión impresa ISSN 1870-0063

Andamios v.5 n.10 México abr. 2009

 

Dossier: Ciudadanía y representación

 

Entre los nuevos y los viejos caminos: la relación ciudadanos–sistema político

 

Between the new roads and the old roads: the relationship between citizens and the political system

 

Luisa Fernanda Rodríguez Cortés*

 

* Doctoranda en antropología social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS. Correo electrónico: luisafernanda_rodriguez@yahoo.com.

 

Fecha de recepción: 28/07/2008
Fecha de aprobación: 24/11/2008

 

Resumen

En las democracias actuales, se está produciendo una reconfiguración de la esfera pública que modifica el lugar de los actores políticos tradicionales y da paso a la emergencia de nuevos actores. Los partidos políticos hoy han empezado a compartir el ejercicio de la representación y canalización de las demandas de los ciudadanos con los nuevos actores que se posicionan en la arena política. Sin embargo, el papel de los partidos, así como la función de los estos nuevos actores, no está nada claro y representa un reto para los sistemas democráticos. Este documento hace un análisis de las relaciones entre los ciudadanos y el sistema político desarrollando una reflexión teórica que se complementa con la revisión de dos encuestas de opinión aplicadas en México y en América Latina.

Palabras clave: Participación política, democracia, partidos políticos, nuevos actores políticos, México.

 

Abstract

In today's democracies there is a reconfiguration in the public sphere relations that involves a change in the places of the old political actors while opening up a set of new ones. Therefore political parties have begun to share the citizenship's representation and the demands channeling with a series of new actors that have grown up in the political field. However, there is no answer about the current role of the political parties as well as the new political actors in democracy. For these reasons, this paper analyses the relation between citizens and political system in the new democratic context by making a theoretical approach that is supported with two public opinion surveys.

Key words: Political participation, democracy, political parties, new political actors, Mexico.

 

En la actualidad, los sistemas democráticos se encuentran en un proceso de trasformación producto de los cambios propios de las sociedades modernas. En el escenario político hoy aparecen, cada vez con más fuerza, nuevos actores que reflejan a su vez nuevas demandas y exigencias políticas y sociales de los ciudadanos. Las necesidades y preocupaciones de la sociedad en gran medida han cambiado y, aunque muchas veces los problemas continúan siendo los mismos que hace dos o tres décadas, las formas como se transmiten al sistema político son otras.

En este contexto, los partidos políticos, constituidos durante las democracias de la posguerra como los principales hilos de comunicación de los sistemas democráticos, hoy se enfrentan a nuevos desafíos. Las circunstancias que dieron origen y fuerza a los partidos son diferentes, lo que ha modificado la relación entre éstos y los ciudadanos, y entre los ciudadanos y el sistema político. Este proceso ha venido acompañado de la emergencia de actores como son las organizaciones no gubernamentales (ONG), los movimientos sociales, los medios de comunicación, entre otros, que han abierto los caminos de las relaciones políticas dentro de las democracias.

De tal modo, la forma como los ciudadanos se relacionan con el sistema político hoy se encuentra en transformación, lo que ha conllevado a la resignificación de las relaciones políticas y la reconstrucción de los imaginarios políticos antes imperantes. La cultura política que nace en torno a los partidos y en respaldo a ellos actualmente toma forma en un nuevo escenario político aún en construcción.

En este sentido, la nueva relación entre los diferentes actores políticos y los ciudadanos ha modificado las percepciones y prácticas de estos últimos frente al ámbito político. La cultura política que tienen hoy los ciudadanos responde a nuevas inquietudes, necesidades, preocupaciones y, sobre todo, a un contexto político diferente. Por lo tanto, analizar la forma como se producen las relaciones entre los ciudadanos y el sistema político, en un contexto en que los partidos dejan de ser el eje central de la comunicación entre la ciudadanía y el sistema político, es fundamental para entender los procesos de transición y consolidación de la democracia, así como la configuración o no de una nueva cultura política.

Este artículo busca indagar en torno a las relaciones entre los ciudadanos y el sistema político en el marco del contexto político mexicano. Para esto es necesario empezar con una reflexión de tipo teórico que sitúe el debate actual sobre la democracia y los partidos políticos. Sin embargo, dicha reflexión sólo es útil en la medida en que encuentra un punto de apoyo con la realidad mexicana y latinoamericana. Por lo tanto, aquí el hilo conductor será el análisis de las relaciones entre los ciudadanos y el sistema políticos tanto desde un acercamiento teórico como empírico.

 

EN TORNO AL DEBATE SOBRE LA DEMOCRACIA

Los acercamientos teóricos al concepto de democracia se disuelven dentro de un mar de definiciones que dificultan su abordaje. Por tanto, para poder aproximarse al tema, me centraré en la importancia que tienen dos ámbitos específicos: los procesos electores y los procesos extra–electorales.

Por una parte, las concepciones procedimentales o "minimalistas" de la democracia centran su atención en los procesos electorales. Aquí la democracia se concibe como un método político que corresponde al procedimiento de toma de decisiones, siendo las elecciones el instrumento ideal para agregar las preferencias individuales a través de la competencia pública.

De acuerdo con Schumpeter, "el método democrático es aquella ordenación institucional establecida para llegar a la adopción de decisiones políticas en las que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha competitiva por el voto público" (citado en Sartori, 1991: 197). De esta manera la democracia es el mejor método para establecer los procedimientos para la toma de decisiones, sin que éste implique delimitar el tipo de decisiones que se deben o no tomar en el marco de un régimen democrático.

Otro autor que define la democracia en términos procedimentales es Norberto Bobbio. Para Bobbio, la democracia se caracteriza por ser "un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos" (1994: 24). El argumento central consiste en que la única manera que unos pocos individuos estén en capacidad de tomar una decisión de carácter colectivo, es si la toma de esa decisión y la elección de dichos individuos se realiza bajo reglas y procedimientos aceptados por toda la comunidad.

Por tanto, la democracia se implementa, principalmente, mediante la ingeniería institucional que define los mecanismos y procedimientos para elegir a nuestros gobiernos. Así, el eje central de las definiciones procedimentales es la realización de elecciones periódicas, donde los ciudadanos pueden escoger a sus gobernantes y donde el acceso y el relevo en el manejo del poder político no requieren de medios violentos.

Sin embargo, un problema que presentan estas definiciones es el papel que desempeñan los ciudadanos. Aquí el único espacio de participación ciudadana son las elecciones periódicas, lo que hace que en los momentos inter–electorales los ciudadanos sean vistos como pasivos y alejados del mundo de la política (Schumpeter, 1971). Desde esta perspectiva, los espacios para la participación son limitados, dado que la forma y el medio a través del cual los ciudadanos se relacionan e influyen en el sistema político son las elecciones periódicas.

El pesimismo frente al papel de los ciudadanos en el mundo de la política, donde éstos "sólo deben elegir a sus gobernantes, pero no están capacitados para influir en las decisiones políticas fundamentales y menos participar en la elaboración y ejecución de las mismas" (Rabasa, 1994: 97) abre una doble tensión en la discusión sobre las responsabilidades que deben tener los ciudadanos dentro de la democracia y su relación con el sistema político.

Por un lado, se argumenta que en la sociedad moderna es descabellado pensar que "todos los ciudadanos participen en todas las decisiones" (Bobbio, 1994), por lo cual se entiende que el desarrollo de la vida moderna ha expandido las preocupaciones y actividades de los individuos y ha limitado su tiempo e interés por los asuntos públicos. La participación política de los ciudadanos en todos los ámbitos de toma de decisiones es imposible dada la división social de la vida y el tiempo dedicado a otras actividades no relacionadas con la política.1

Asimismo, se plantea que la injerencia directa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas no es posible debido a la tecnificación y especialización de la política misma. Los problemas que se presentan hoy muchas veces requieren de conocimientos y técnicas que no están al alcance de todos los ciudadanos.

Por otro lado, frente a estos argumentos, autores como Boaventura De Sousa Santos (2004) señalan que la democracia no corresponde solamente al espacio limitado donde se llevan a cabo las reglas del juego para la elección de las autoridades, sino que además se configura como el espacio en el cual los individuos pueden expresar en el ámbito público las condiciones de desigualdad que se desarrollan en la esfera privada. Por consiguiente, en contraposición a las definiciones minimalistas, este autor —de acuerdo con lo que denomina modelos no hegemónicos de la democracia— argumenta que los sistemas democráticos deben incorporar procesos racionales de discusión y deliberación, pero no como método para la autorización de los gobiernos, sino como una "forma de ejercicio colectivo del poder político cuya base sea un proceso libre de presentación de razones entre iguales" (De Sousa Santos, 2004: 45–48).

De igual forma, respecto de la tecnificación y especialización de la política, De Sousa Santos argumenta que los sistemas burocráticos son reproductores de soluciones homogeneizantes frente a una multiplicidad de problemas sociales que exigen cada vez más soluciones plurales. Por tanto, es necesario que las democracias involucren el conocimiento de los propios actores en la solución de los diferentes problemas de la gestión, para lo cual los "arreglos participativos" han sido de gran utilidad en el procesamiento y clasificación de la información necesaria para la elaboración y gestión de políticas "complejas en las áreas social, ambiental o cultural" (2004: 43).

Un último argumento que se contrapone a las definiciones minimalistas o procedimentales consiste en el hecho de que las democracias representativas no deben limitarse a ser un proceso de autorización, como lo establecen dichas definiciones, sino que deben involucrar el reconocimiento de las identidades así como los instrumentos que faciliten la rendición de cuentas. En esta medida, la representación, si bien facilita la democracia a gran escala, entra en contradicción con el reconocimiento de las identidades y con la rendición de cuentas cuando, por una parte, no logra garantizar —"por el método de toma de decisiones por mayorías"— la incorporación de las minorías en la toma de decisiones de las asambleas, y por otra parte, diluye los procesos de rendición de cuentas al alejar al representante del representando, fragmentando el proceso de retroalimentación (De Sousa Santos, 2004: 44).

Hasta aquí se evidencia la manera como el debate sobre la democracia se ha centrado en las formas y espacios de participación de los ciudadanos en el ámbito político. Sin embargo, cada vez gana más reconocimiento el hecho de que los ciudadanos deben tener un papel central que implique la posibilidad y libertad de hacer demandas y esperar una respuesta a las mismas. Entonces, la idea de democracia toma forma con relación a el papel de los ciudadanos, éstos se han convertido en el centro de los sistemas políticos, y es en referencia a ellos, a sus libertades y derechos, que un régimen es más o menos democrático.

Se puede afirmar que dentro del debate académico actual, la democracia se inicia a través de los aspectos procedimentales —elecciones libres y competitivas efectuadas regularmente—, pero ésta requiere incorporar condiciones para que los procesos electorales estén acompañados de otros procesos de participación y no se queden en lo que algunos autores han denominado "electoralismo".2 En este sentido, un régimen democrático debe garantizar a los ciudadanos un mínimo de libertades y derechos que les permitan expresarse y participar libremente en el sistema político. No obstante, estas garantías deben generar la deliberación política entre la ciudadanía, promoviendo un interés tanto por los problemas locales como por los nacionales. Así, los ciudadanos deben tener la posibilidad de influir en el sistema político, no sólo en el proceso electoral, sino también en los intervalos electorales mediante diferentes acciones y a través de ejes con los que logren contacto (directo o indirecto) con su gobierno. Todo esto partiendo de la idea de que los ciudadanos son el elemento central en la democracia: "todos los regímenes tienen gobernantes y un campo público, pero sólo en la medida en que son democráticos tienen ciudadanos" (Schmitter y Karl, 1996: 39).

La importancia de abordar el concepto de democracia desde una perspectiva que transcienda el ámbito puramente electoral es que permitir ver los procesos sociales y culturales en conexión directa con el funcionamiento del sistema democrático. Como lo afirma Diamond (1999: 22), es necesario entender la democracia como un fenómeno en desarrollo, que involucra desde procesos institucionales, como el mejoramiento de elecciones libres y justas, hasta procesos sociales que se traducen en una mayor participación activa y crítica de los ciudadanos.

En este sentido, los regímenes democráticos empiezan a traspasar, cada vez con más fuerza, los límites del espacio estrictamente procedimental, dando mayor peso a los procesos que toman forma en el ámbito extra–electoral. Esto se ha traducido en la lenta instauración institucional de espacios participativos y en la búsqueda de una relación diferente entre los ciudadanos y sus instituciones, lo que implica, a su vez, modificaciones en los actores del escenario político y en la forma como se relacionan entre sí. Por lo anterior, la democracia en la actualidad se enfrenta al doble reto de responder a las demandas de la vida moderna a la vez que modifica su esqueleto para dar cabida a la participación plena de los ciudadanos.

 

SOBRE EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DENTRO DE LA DEMOCRACIA

Una de las trasformaciones más importantes en el esqueleto de la democracia corresponde al papel que tienen hoy los partidos políticos. La importancia de los partidos emerge hacia finales del siglo XIX y principios del XX, cuando aparecen los primeros partidos de masas y se reconoce la representación legítima de grandes fracciones de la sociedad. En ese momento, los partidos se convierten en agentes de un sector de la sociedad y su objetivo principal era la representación de un interés de clase y su correspondiente expresión en la esfera política (Van–Biezen, 2004: 8).

Los primeros partidos de masas aparecen para instalarse en la arena pública como instrumentos centrales de la acción política de la creciente masa de ciudadanos y no sólo de un sector exclusivo de la sociedad. Estos partidos se caracterizaron por estar fuertemente ideologizados, por tener mecanismos formales de adhesión (como la membresía) y por contar con una fuerza social particular que se traducía en permanente apoyo político y económico (Panebianco, 1990). De acuerdo con Sartori (1992), allí aparecen los partidos políticos dentro de la democracia y se consolidan como los principales instrumentos de expresión, canalización y comunicación política.

En esta dirección, la reconstrucción de las democracias en Europa después de la Segunda Guerra Mundial se fundó bajo la premisa del establecimiento de competencias libres entre partidos y en la idea de que los partidos eran la bisagra fundamental de los sistemas políticos democráticos, por lo cual los partidos políticos se convirtieron en una institución clave y condición necesaria para el funcionamiento de las democracias modernas (Van–Biezen, 2004: 6). Así, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, los partidos políticos se revisten de un valor positivo y aparecen como indisociablemente unidos a los regímenes democráticos, entonces en formación.

En América Latina, el traslado del modelo de democracia representativa trajo de la mano el modelo de los partidos políticos, el cual —de acuerdo con el esquema de liberal y conservador— representó a unos y otros intereses de clase durante el siglo XIX y, en algunos países, durante gran parte del siglo XX. Con sus debidas limitaciones, el esquema de partidos logra ubicarse en el centro de la arena política a través tanto del papel que tienen en las guerras civiles y en los procesos de construcción de los estados–nacionales, como por constituirse en los principales mediadores y canalizadores de lo social, dando sentido a la participación política de los individuos que se sentían parte integral de un sector partidista.

No obstante, el contexto actual ha llevado a que los partidos políticos dejen de ser el centro del escenario político y ha abierto su paso a una variedad de actores sociales y políticos. Este proceso ha venido acompañado del surgimiento de un debate académico en torno al papel que tienen hoy los partidos y los nuevos actores políticos que parecen, en ocasiones, reemplazarlos. Al respecto, Bartolini y Mair (2002) afirman que por el momento no existe un diagnóstico claro sobre si los problemas que enfrentan los partidos, en términos de desarrollo y de legitimidad, reflejan un cambio estructural resultado de su adaptación a las nuevas condiciones sociales o si estos problemas son los síntomas del declive definitivo de éstos.

Alrededor de estos cuestionamientos, existen varios argumentos; sin embargo, la constante que los atraviesa es el reconocimiento de la trascendencia de los cambios que ha sufrido la sociedad en las últimas tres décadas y sus repercusiones en el rol que desempeñan hoy los partidos políticos.

En primer lugar, existen argumentos que afirman que los partidos de hoy son diferentes a los partidos de masas, puesto que éstos se han transformado en elementos del mercado político. Es decir, los partidos dejan de ser cuerpos de representación de la sociedad civil basados en principios ideológicos y se convierten en agentes maximizadores de votos sin ningún tipo de ideología. Autores como Downs y Kirchheimer son promotores de esta perspectiva, y el último elaboró el término catch–all party como categoría clasificatoria para los partidos políticos que se caracterizan por dejar en segundo lugar la ideología, por buscar respaldo en grupos de interés, enfatizar las cualidades de sus líderes y buscar el apoyo "donde quiera que puede ser encontrado" (Citado en Wolinetz, 2002: 143).

Este papel de los partidos políticos también se ha denominado "empresas electorales" y se define como "la expresión en el plano electoral de las facciones personalistas que, en su sumatoria de representaciones fragmentadas, conforman un conjunto heterogéneo que todavía se llama partido" (Pizarro, 2002: 364). De esta manera, debido a su fraccionamiento interno, los partidos rompen con los vínculos de lealtad y disciplina partidaria creados con los ciudadanos y son remplazados por relaciones clientelares y de cooptación política.

Un segundo argumento propone que las funciones de los partidos políticos han cambiado debido a que en la democracia moderna se han ampliado los canales de representación y participación política. La aparición de nuevos movimientos sociales, de grupos de interés y el nuevo rol de los medios de comunicación masiva han diversificado los intermediarios de la socialización y la práctica política. Estos nuevos actores ofrecen modos más efectivos y satisfactorios de expresión de las demandas, de canalización de la ciudadanía de acuerdo con intereses particulares y de comunicación sistemática entre gobernados y gobernantes facilitando la capacidad de acción política de los ciudadanos sin necesidad de recurrir a los partidos políticos.

En este sentido, si bien los partidos políticos desarrollaron una función esencial durante los procesos de democratización, al insertar a grandes grupos de ciudadanos en la arena política, en la actualidad no logran cumplir esta función, puesto que se ven desplazados por actores sociales y políticos que realizan, a través de otros medios, la movilización y articulación política de la ciudadanía. Estos nuevos actores entran a la esfera política compitiendo por la representación de intereses sociales y políticos de los diferentes grupos de la sociedad y toman forma principalmente mediante grupos de interés, organizaciones no gubernamentales (ONG) y movimientos sociales, entre otros (Daalder, 2002). Según Rokkan, la función de los partidos en el proceso de lineamiento y organización política no refleja hoy las necesidades de la nueva política por lo que es necesario e indispensable que pierdan su relevancia en el mundo político contemporáneo (citado en Daalder, 2002).

Al respecto, Bartolini y Mair (2002) argumentan que los partidos han dado un salto desde su función como instrumentos de representación hacia agentes organizadores de los procesos políticos, lo que no quiere decir, en ningún sentido, que los partidos vayan a desaparecer, sino que éstos atraviesan por un proceso de transformación y adaptación a las nuevas condiciones. De tal manera, las funciones originales de los partidos —como la expresión, canalización y comunicación de las demandas (de acuerdo con Sartori, 1991)— respondieron a un tipo de sociedad particular, donde la introducción masiva de actores al sistema político requería de los partidos para su correcto funcionamiento. Las sociedades actuales ya no se enfrentan a estos retos; la pluralidad de actores políticos se ha articulado mediante diferentes canales, y la labor de los partidos ha quedado relegada a otros ámbitos.

Incluso figuras como el neocorporativismo y el neopluralismo son percibidas como herramientas de la acción y representación política de ciertos grupos y, así, como una forma de sustitución de los partidos dentro del sistema político. Esto es posible gracias a que los grupos de interés consolidan canales institucionales de acceso al sistema político, logrando influir en el proceso de construcción de políticas públicas a través de tácticas de acción directa y mediante la exposición pública en los medios de comunicación; todos estos métodos son más efectivos y menos tediosos que los procesos de toma de decisiones al interior de los partidos (Daalder, 2002: 53).

Un último argumento respecto a las funciones de los partidos plantea el hecho de que la introducción y uso constante de herramientas de la democracia directa —plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación del mandato, entre otros— promueve un nuevo tipo de relación entre los ciudadanos y el sistema político en que los partidos simplemente no desempeñan un papel fundamental, a la vez que se favorece la acción directa y separada de los ciudadanos.

En términos generales, se puede afirmar que existe un debate no resuelto sobre el papel de los partidos en las democracias actuales, en que sólo queda claro que éstos están cambiando y que se encuentran en un escenario político donde ya no sostienen el monopolio de la representación política. En este sentido, las transformaciones en los partidos políticos se producen a la par del surgimiento y posicionamiento de otros actores dentro del espacio de comunicación entre ciudadanos y el Estado. Por lo tanto, las expresiones y demandas de los ciudadanos hoy no se limitan a la acción partidaria, sino que muchas veces son realizadas por actores paralelos que se presentan como más eficaces y eficientes. Como lo argumenta Jacqueline Peschard,

la distancia de las organizaciones civiles respecto de la política institucional da cuenta de cómo se ha deteriorado la capacidad de representación de los partidos políticos y de cómo éstos se han alejado de las preocupaciones inmediatas de los ciudadanos, perdiendo la capacidad de constituir canales eficaces de proyección de los reclamos más sentidos de la sociedad (2005: 53).

Respecto del caso mexicano, no es posible afirmar que los partidos políticos se encuentren en un proceso de desaparición o declive. Si bien existen actores que se han posicionado con fuerza en la esfera política para llevar a cabo la representación ciudadana, como lo son la gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que tratan diversidad de temas, desde derechos sexuales hasta problemáticas ambientes, los diferentes movimientos sociales que buscan la reivindicación de los derechos indígenas y del territorio o las asociaciones religiosas que participan políticamente en contra o a favor de las políticas públicas, no por esto han logrado sustituir a los partidos políticos en ámbitos asociados al proceso y competencia electoral, la organización y funcionamiento del proceso parlamentario, la construcción y ejecución de políticas públicas, objetivos paralelos a la representación política.

Es decir, aun cuando la representación política es una actividad que hoy se ejerce de forma compartida entre los partidos y otros actores sociales y políticos, estos últimos no logran reemplazar definitivamente a los primeros, puesto que los partidos son los únicos actores capaces de armonizar el sistema institucional, llevar a cabo el proceso de selección de líderes y mediar los conflictos y tensiones entre los subsistemas territoriales e institucionales, entre otros. Sin embargo, tanto en México como en otros países de América Latina, los partidos se encuentran en un proceso de adaptación a las nuevas condiciones sociales, que presentan a los ciudadanos un espectro mucho más amplio de alternativas para intervenir e influir en el sistema político.

 

UNA VISIÓN DESDE LOS CIUDADANOS

Reconstruir la discusión teórica sobre el escenario político de las democracias y los partidos políticos es útil en la medida en que edifica las bases para realizar un acercamiento al caso mexicano. A partir del debate sobre la democracia y el papel de los partidos políticos antes planteado, se centra la atención en las formas como las relaciones entre los ciudadanos y el sistema político se desarrollan tanto dentro de los espacios electorales como los extra–electorales, involucrando desde los actores tradicionales —los partidos políticos— hasta toda una nueva gama de actores políticos y sociales.

Las nuevas realidades democráticas, tanto en México como en América Latina, modifican el lugar que ocuparon tradicionalmente los actores políticos en la relación entre los ciudadanos y el Estado. En el caso mexicano, el sistema político se caracterizó por crear una estructura de dominación que permaneció más o menos estable durante la mayor parte del siglo XX. El dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre el Estado y sobre las relaciones políticas, creó un esquema de comunicación entre los ciudadanos y el sistema político del cual aún hoy es posible encontrar algunos rasgos.

Sin embargo, aunque el Partido Revolucionario Institucional mantuvo durante mucho tiempo la hegemonía en las relaciones entre ciudadanos y sistema político, este dominio se fue resquebrajando dando espacio —poco a poco— a la apertura de la esfera política. La paulatina emergencia de actores que compiten en la representación de los ciudadanos, acompañados de las reformas políticas electorales, hicieron posible que los canales entre los ciudadanos y el sistema se multiplicaran. Así, unos actores entraron desde y hacia la esfera electoral mientras que otros optaron por opciones más arriesgadas que incluso limitaron con la ilegalidad.

En la actualidad, la variedad de actores políticos que sirven como canales de comunicación entre los ciudadanos y el sistema, así como los instrumentos de participación directa, han modificado las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Nos encontramos frente a una "nueva etapa de la relación Estado–sociedad, que se caracteriza, entre otras cosas, por la presencia de numerosas expresiones de participación en las que han intervenido de manera creciente distintos actores de la sociedad" (Álvarez, 1997: 15).

El posicionamiento de estos nuevos actores ha conllevado la apertura del espacio de competencia política y la pérdida del monopolio de los partidos políticos como principales canales de comunicación entre la ciudadanía y el sistema político. En palabras de Jacqueline Peschard, "los partidos ya no son los principales voceros políticos de los ciudadanos, ni su vínculo privilegiado con la esfera pública, sino que hoy se disputan esas funciones con diferentes organizaciones y movimientos sociales y con los medios de comunicación" (2005).

Una manera de entender el modo en que los ciudadanos se relacionan con el sistema político bajo el nuevo contexto es través de un análisis de las formas de participación política. En esta dirección, algunos autores han distinguido dos ámbitos de la participación. Por un lado, la participación que se instrumenta por canales formales e institucionales y, por el otro, la que se lleva a cabo mediante "estrategias y movilizaciones que no se enmarcan en la lógica institucional del sistema establecido y se orientan, más bien, hacia un trastocamiento de esa lógica" (Álvarez, 1997: 24).

Respecto de las formas de participación electoral durante los últimos años, se ha evidenciado que los niveles de abstencionismo son considerablemente altos en la mayoría de países de América Latina. En el Informe sobre la democracia que presentó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el 2004, el promedio de participación electoral para toda Latinoamérica entre 1990 y 2002 no sobrepasa el 56.1% del total de los ciudadanos con derecho al voto (pnud, 2004). En el caso mexicano, la participación electoral ha sufrido un descenso general durante los últimos doce años. Mientras que en las elecciones presidenciales de 1994, la participación fue del 77.16%, para las elecciones presidenciales de 2000 la participación fue del 63.97%, y para el 2006 fue de 58.22% (Gráfica I). En la gráfica I, se observa el desarrollo de la participación electoral desde 1991 a 2006. Los picos —1994, 2000 y 2006— coinciden con la realización de elecciones presidenciales, y los puntos más bajos —1991,1997 y 2003—, con la elección de diputados federales.

Sin embargo, el abstencionismo no es un fenómeno exclusivo de México o de América Latina; por el contrario, es un fenómeno y una preocupación mundial. En este sentido, en la medida en que la democracia se expande más allá del ámbito electoral, la preocupación por la poca participación electoral lleva necesariamente a revisar las formas alternativas en que los ciudadanos participan en la política.

En esta dirección, los procesos de construcción y reconstrucción de las democracias actuales —como en el caso mexicano— se han encargado de abrir espacios de participación ciudadana ampliando los caminos de comunicación entre los ciudadanos y el sistema político, lo que hace necesario empezar a indagar sobre los mecanismos que utilizan los ciudadanos para comunicarse con el sistema político en un contexto donde la participación electoral es escasa. Al respecto, la encuesta Latinobarómetro3 2005 pregunta: "¿Con qué frecuencia hace usted cada una de estas cosas?: hablar de política, trabajar por temas comunitarios, tratar de convencer a alguien de lo que piensa políticamente, trabajar por un partido político o un candidato". Aquí la actividad que más frecuentemente realizan los latinoamericanos es hablar de política (27%), seguido de trabajar por temas de la comunidad (19%), tratar de convencer a alguien de lo que piensa políticamente (17%) y, en último lugar, trabajar por un partido político o por un candidato (6%).

México se caracteriza por ser uno de los países donde mayor porcentaje de ciudadanos manifiesta realizar este tipo actividades con alguna frecuencia. En el caso mexicano, el 43% de los encuestados afirmó hablar de política con frecuencia, el 24% tratar de convencer políticamente, el 33% trabajar por temas que afectan a su comunidad y el 9% trabajar para un partido. Sin embargo, tanto en América Latina como en México, la actividad que menor número de encuestados aceptó realizar con alguna frecuencia es trabajar para un partido político.

En general, la frecuencia con que los ciudadanos llevan a cabo actividades que se relacionan con la dimensión política es baja. Sin embargo, en la actualidad, las formas en que los ciudadanos pueden influir en la esfera política son muy variadas y se suscriben tanto al ámbito formal como el informal. Las maneras en que se construyen los lazos que conectan al sistema con los ciudadanos tienen diferentes orígenes y responden a modalidades particulares, pero son formas alternativas y completarías a los procesos electorales. En la actualidad, la construcción de espacios ciudadanos que se diferencian de los partidos políticos toman cada vez más fuerza logrando llevar temas a los espacios de discusión política los cuales antes estaban restringidos a la esfera privada.

En esta dirección, Latinobarómetro 2005 pregunta, entre un conjunto de actividades, cuáles han realizado las personas al menos en una ocasión. Al respecto, en América Latina, la actividad que más ciudadanos han realizado es firmar una petición (16%), seguida de asistir a manifestaciones autorizadas (13%); estas dos actividades, inscritas dentro de la esfera legal. Por el contrario, las demás opciones —que propone Latinobarómetro— catalogadas como ilegales (bloquear el tráfico, participar en protestas no autorizadas y participar en saqueos) no obtienen más del 3% de respuestas afirmativas.

En el caso mexicano, los datos presentados por la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas4 2003 (ENCUP) sobre participación ciudadana extra–electoral, aunque no son muy altos, muestran un panorama un poco más alentador. En este contexto, se pueden distinguir dos ámbitos en que los ciudadanos pueden acercarse al sistema político. El primero corresponde a las diferentes formas de asociación, como las organizaciones comunitarias, sindicatos, cooperativas, partidos políticos. El segundo se refiere a las estrategias que los ciudadanos prefieren utilizar para resolver los problemas que los afectan directamente: a través de acudir a las autoridades competentes, a través de otras organizaciones u organizándose con las demás personas afectadas.

Respecto del primer ámbito —formas de asociación—, en México los ciudadanos se organizan a través de un amplio grupo de asociaciones. Cuando se pregunta: "Dígame por favor si usted forma o ha formado parte alguna vez de las siguientes organizaciones", se observa que las organizaciones más receptoras de ciudadanos son las agrupaciones religiosas, en las que el 23.4% de los encuestados aceptó haber participado al menos una vez. En segundo lugar, se encuentran las asociaciones de vecinos, colonos o condóminos (17.1%), seguidas de las organizaciones de ciudadanos (14.0%) y los sindicatos (11.9%). Con el 9.9%, se encuentran los partidos políticos; con el 8.7%, las asociaciones de ayuda social, y con el 6.1%, las agrupaciones políticas (Gráfica II).

Aquí se evidencian tres tipos de asociaciones a través de las cuales los mexicanos se organizan. En primer lugar, están las agrupaciones religiosas, en las que más mexicanos aceptan haber participado y las cuales, a pesar de no tener un carácter estrictamente político, logran construir un puente para la organización ciudadana, generando espacios y recursos para la solución de problemas locales. La importancia de las agrupaciones religiosas consiste en que traspasan el espacio de lo privado y entran a jugar en la esfera pública como un actor social y político más.

Un segundo tipo de organizaciones que tienen importancia son las asociaciones de vecinos, colonos y las organizaciones de ciudadanos. El hecho de que las organizaciones ciudadanas tengan una alta aceptación por parte de los mexicanos da señales sobre estrategias de participación política independientes, al mismo tiempo que evidencia que con el otro —como ciudadano e igual— sí es posible construir lazos de confianza.

En tercer lugar, se encuentran las asociaciones de carácter corporativista: los sindicatos y los partidos políticos. Aquí, vale la pena señalar que, a pesar del bajo nivel de confianza que tienen los partidos y del bajo porcentaje de ciudadanos que aceptan haber trabajado por un partido, el porcentaje de personas que alguna vez han formado parte de un partido político —siendo bajo— se encuentra en quinto lugar por encima de otro tipo de organizaciones sociales. Es decir que, si bien el escenario político de los partidos políticos no es el más favorable, no se puede pensar que éstos han desaparecido de la escena, siguen existiendo pero en paralelo a un número de actores políticos y sociales mayor que antes.

Una vez distinguidas las formas de asociación más comunes, el siguiente punto es caracterizar las estrategias que utilizan los ciudadanos para resolver los problemas que les afectan directamente. Al respecto, la ENCUP 2003 pregunta: "Para resolver un problema que le afecta a usted y a otras personas alguna vez ha tratado de...", y hace un listado de diferentes actividades posibles.

A partir de los datos de la encuesta, se pueden diferenciar tres tipos de estrategias políticas. En el primer grupo, la estrategia más aceptada para solucionar problemas comunitarios es reunirse con otras personas (39.0%) (Gráfica III). Esto contradice el hecho de que el porcentaje de ciudadanos que acepta haber participado en alguna asociación —de cualquier tipo— es relativamente bajo, pero al mismo tiempo, hace evidente que en el imaginario de los ciudadanos la mejor forma para resolver sus problemas es de manera independiente, bien sea mediante una estructura comunitaria o individualmente, pero con alternativas que no se insertan dentro del marco del Estado. El modo como este imaginario se traduce en la práctica no es uniforme, pero sí es consistente con la aceptación de acciones, como firmar cartas de apoyo (19.4%), asistir a manifestaciones (12.1%), promover una idea de forma pacifica utilizando un distintivo (8.7%), repartir circulares o manifiestos (5.3%), y colocar mantas, carteles o fotografías (6.0%). Estas actividades son, igualmente, medios a través de los cuales los ciudadanos exponen sus demandas —individual o colectivamente— mediante la iniciativa local y utilizando sus propios recursos sociales y políticos.

A pesar del reducido rango de acciones que presenta la encuesta, se debe señalar que las estrategias independientes buscan establecer una comunicación directa entre la ciudadanía y el sistema político, que supone el esfuerzo del ciudadano para organizarse y en la que el éxito o el fracaso dependerán de la fuerza, validez y legitimidad que obtenga su organización en el sistema político. Por consiguiente, para el caso mexicano, se deben tener en cuenta las acciones que, realizadas por los ciudadanos, han logrado tener visibilidad a nivel nacional, como son las diferentes huelgas de sindicatos y de estudiantes, las manifestaciones de los campesinos organizados o las marchas que diariamente se dirigen al zócalo capitalino para publicitar todo tipo de demandas.

El segundo grupo de estrategias que revela la encuesta son aquellas que se dirigen directamente hacia el sistema político utilizando a los actores políticos tradicionales. Estas acciones son quejarse ante las autoridades (33.4%), la cual es la segunda estrategia más utilizada y la única de éste grupo que se encuentra por encima del 15%; solicitar apoyo de un partido político (11.4%), escribir al presidente o a las autoridades (10.0%) y pedir ayuda a un diputado o a un senador (5.9%).

Un último tipo de estrategias que realizan los ciudadanos para comunicarse con el sistema político se lleva a cabo utilizando como intermediario a otros actores sociales. Entre estas se encuentran pedir apoyo a una asociación civil (13.0%), llamar a un programa de radio o televisión (9.1%) y mandar cartas al periódico (6.6%). Aquí las estrategias no dependen exclusivamente de la capacidad de los ciudadanos, sino que se respaldan en la fuerza y el peso de otros actores —como los medios de comunicación y las asociaciones civiles— para trasmitir un problema del ámbito local al ámbito público o para darle solución a un problema de manera más eficaz que sólo esperar una respuesta del Estado.

En este espacio no es posible establecer cuál grupo de acciones tiene mayores repercusiones en la esfera pública. Si bien la existencia de asociaciones y la organización de las comunidades son importantes, el porcentaje de ciudadanos que decide asociarse no es muy alto, la asociación en la que más ciudadanos han formado parte no supera el 25%, por lo cual, no obstante existe una variedad de estrategias que utilizan los ciudadanos para resolver sus problemas, el porcentaje de ciudadanos que ha hecho uso de éstas no supera el 40%, tanto en adultos como en jóvenes.

En este sentido, a pesar de que el número pequeño de ciudadanos que participa en formas organizativas no traduce necesariamente el impacto que pueda tener este tipo de organizaciones en la esfera pública, hasta aquí los bajos porcentajes de participación electoral aparentemente no logran compensarse con la participación en otros ámbitos, aunque se debe mencionar que actores como los movimientos sociales, las ong o los medios de comunicación no aparecen en las encuestas como actores importantes de la participación política de los ciudadanos, lo que dificulta el análisis.

Entonces la relación entre ciudadanos y sistema político parece sumergirse en un vacío en que, a pesar de la disposición a participar de algunos ciudadanos, no se han logrado consolidar caminos reales para la participación ciudadana. Por tanto, el siguiente paso es revisar el papel que ocupan los partidos, quienes en el esquema teórico democrático fungen como puente para superar la grieta entre los ciudadanos y el sistema político.

En esta dirección, contra los argumentos que afirman que los partidos políticos han desaparecido de la escena política, en la encuesta presentada por Latinobarómetro 2005 frente a la pregunta sobre la importancia de los partidos políticos en la democracia, más del 50% de los encuestados afirma que no es posible una democracia sin partidos. Aquí se puede afirmar que el imaginario de los latinoamericanos sobre la democracia ha incorporado de manera central a los partidos políticos, lo cual tiene repercusiones en el desarrollo de las relaciones políticas entre los ciudadanos y el sistema político.

Respecto a México, cuando se pregunta "¿qué tan necesarios son los partidos políticos para que el país mejore?", el 47.6% de los encuestados respondió que éstos son muy necesarios, el 33.2% afirmó que son poco necesarios, mientras que sólo el 11.9% respondió que son nada necesarios (ENCUP 2003). Es decir, a pesar de la desconfianza de la ciudadanía frente a los partidos políticos, los mexicanos siguen asumiéndolos como actores importantes en la política nacional y, así, siguen creando vínculos con éstos.

Sin embargo, la importancia de los partidos políticos no logra traducirse a la práctica, frente a la pregunta "En su opinión, los partidos políticos ¿facilitan o dificultan la participación de los ciudadanos en la política?". El 55.6% de los encuestados opinó que dificultan la participación, mientras que el 35.4% afirmó que la facilitan (ENCUP, 2003).

Esta aparente apatía general frente a los partidos se contrasta con el hecho de que cuando se pregunta por la simpatía con los partidos, el 59.6% de los encuestados afirmó simpatizar con algún partido político nacional (ENCUP, 2003). Lo anterior evidencia la fuerza que continúan teniendo los partidos políticos en México, aunque se debe tener en cuenta que el porcentaje de personas que afirman no simpatizar con ningún partido constituye el 37.4% del total de los encuestados, mientras que el partido con más simpatizantes tiene el 27.0% (PRI) (Gráfica IV).

En la gráfica IV se muestra que el número de personas que no simpatizan con ningún partido es mayor que los simpatizantes de cada uno de los diferentes partidos y, en este sentido, un grupo de la población considerable no encuentra en los partidos políticos mexicanos una alternativa política real.

Al examinar la relación entre ciudadanos y partidos, es necesario señalar que la manera como nos relacionamos con los partidos está mediada por las formas en que nos relacionamos con la política en general. Los imaginarios que se construyen sobre los políticos están íntimamente relacionados con los partidos políticos o al menos hacen parte del mismo marco de referencia. Allí es donde la percepción (desconfianza) y la práctica (afinidad partidista) se entrecruzan, armando un entramado que da forma a los imaginarios políticos que sostienen las prácticas social e históricamente aceptadas.

 

CONCLUSIÓN

El reciente y precario avance hacia las democracias, tanto en México como en América Latina, ha modificado el lugar que ocuparon tradicionalmente los actores políticos en la relación entre los ciudadanos y el Estado. El desplazamiento de los actores políticos tradicionales ha respondido a las nuevas problemáticas y necesidades propias del siglo XXI y ha estado acompañado de la emergencia de actores que representan la transformación de la esfera política, sus nuevos protagonistas y la importancia de cada uno de éstos.

De esta manera, los cambios en términos institucionales han facilitado la emergencia y posicionamiento en el sistema político de nuevos actores que buscan representar a los sujetos antes excluidos. Por lo tanto, la idea y práctica de la democracia se empieza a situar por fuera de los límites del espacio estrictamente procedimental y los procesos que toman forma en el ámbito extra–electoral adquieren más peso. Esto se ha traducido en la lenta instauración de espacios participativos y en la búsqueda de una relación diferente entre los ciudadanos y sus instituciones.

Sin embargo, el camino de la consolidación de una relación diferente entre los ciudadanos y el sistema político es largo y los avances han sido pequeños. Hoy se evidencia que, a pesar de la apertura institucional y la importancia que han tomado los ciudadanos en las democracias, éstos últimos aparecen alejados de la esfera política y su relación con el sistema político es cada vez más débil.

En este sentido, a lo largo de este documento se mostró que los partidos políticos en la actualidad están siendo cuestionados tanto en los debates académicos como por los propios ciudadanos. Por un lado, en la discusión académica aún no se tienen respuestas sobre el desplazamiento o no de los partidos políticos de la arena política. Para algunos autores, el nuevo papel de los partidos significa la desaparición total de estos dinosaurios políticos, mientras para otros significa la reconfiguración de las relaciones políticas dentro de los regimenes democráticos. Por el otro lado, entre los ciudadanos se ha fomentado una cultura de la desconfianza que poco a poco resquebraja las relaciones con todas las instituciones políticas, pero que se canaliza principalmente hacia los partidos.

No obstante, a pesar del creciente cuestionamiento a los partidos y de la gran desconfianza, en el caso mexicano más del 50% de los encuestados afirmó simpatizar con alguno de los partidos. Esto demuestra que, si bien el futuro de los partidos en el ámbito político no es claro, su valor histórico, el peso que mantienen en los procesos electorales, así como en la definición de las políticas públicas, les dan vida y refuerzan su importancia en el sistema político.

De este modo, los partidos políticos en México mantienen un lugar dentro del sistema político. Sin embargo, hasta dónde esto se debe a su papel como agentes organizadores de los procesos políticos —como afirman hipotéticamente Bartolini y Mair (2002)— o a su importancia en los procesos de representación política, es una cuestión que no se puede resolver aquí.

Lo que sí se debe mencionar es que, de igual manera que los partidos políticos tienen un papel ambiguo, hoy tampoco son claros los efectos de los nuevos caminos y herramientas de la participación política. A pesar de que la mayoría de los mexicanos se encuentran alejados de la política, hay un grupo de ciudadanos que no ha dejado de reaccionar frente a los problemas y de participar en la esfera política. A través de las diferentes encuestas de opinión, se evidencia que los mexicanos implementan estrategias alternativas para resolver sus problemas. La organización ciudadana, así como la búsqueda de ayuda en los medios de comunicación y otras organizaciones, son formas que, aunque no son practicadas por la mayoría, están presentes como herramientas indirectas con las cuales se establece una relación con el sistema político. En términos generales, las relaciones entre los ciudadanos y el sistema político se encuentran en un escenario confuso donde se reúnen las trasformaciones del régimen democrático y la emergencia de una nueva cultura política no partidista. Si esto responde a la incipiente ampliación de los espacios de participación política o a una apatía por parte de los ciudadanos no es en ningún sentido evidente, lo que sí demuestra es que los avances de la democracia participativa han sido lentos y que, si bien los partidos políticos se están trasformando, los nuevos actores no aparecen como una alternativa real para las relaciones entre ciudadanos y sistema político.

En este sentido, la idea de una apertura democrática y de la emergencia de nuevos actores no son suficientes para entender la forma como hoy se construyen las relaciones entre los ciudadanos y el sistema político. Para esto es necesario tener en cuenta la manera en que los ciudadanos construyen sus imaginarios, la forma como significan sus relaciones políticas y las opciones reales que consideran para la representación y expresión de sus demandas, dado que es allí mismo donde la desconfianza, la inconformidad frente al manejo de asuntos públicos, los escándalos políticos, la percepción sobre la mala administración del dinero del Estado, entre otros elementos, desempeñam un papel en los contenidos de las percepciones y de las prácticas políticas de los ciudadanos. Por tanto, las preguntas sobre las formas como se configuran hoy las relaciones entre los ciudadanos y el sistema político deben tener en cuenta la construcción de una nueva cultura política y, así, ser punto de partida para próximas investigaciones.

 

FUENTES CONSULTADAS

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NOTAS

1 Al respecto, Bobbio afirma que "el ciudadano total y el Estado total son dos caras de la misma moneda porque tienen en común... que "todo es política", es decir la reducción de todos los intereses humanos a los intereses de la polis, la politización integral del hombre, la resolución del hombre en el ciudadano, la eliminación completa de la esfera privada en la esfera pública" (Bobbio, 1994: 33).

2 Al respecto, Philippe C. Schmitter y Terry Lynn Karl afirman: "Esta falacia ha sido llamada "electoralismo" o la fe en que simplemente celebrando elecciones se canalizará la acción a través de contiendas pacíficas entre élites y se concederá legitimidad pública a los ganadores, sin importar cómo sean conducidas estas elecciones o qué límites se impondrán a quienes las ganan" (Schmitter y Karl, 1996: 41).

3 La Corporación Latinobarómetro ha ejecutado desde 1995 estudios comparativos sobre aspectos de la cultura política en varios países de América Latina. Esta empresa realiza encuestas de opinión pública en 17 países buscando principalmente recoger las opiniones, actitudes y comportamientos políticos de un grupo de ciudadanos representativo de la región. Para la encuesta de 2005 aplicó 20209 entrevistas cara a cara en 18 países entre el 1 de Agosto y el 10 de Septiembre del mismo año, con muestras representativas en cada país de 1000 y 1200 casos. Esta corporación divulga anualmente un informe de prensa en el cual se consolidan los resultados más significativos de la encuesta realizada el año inmediatamente anterior. Los estudios del Latinobarómetro se pueden encontrar en la página web de esta organización:www.latinobarometro.org (Latinobarómetro, 2005).

4 La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas es realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006. La encuesta se realizó a nivel nacional a mayores de 18 años en una muestra de 5256 personas, donde la unidad de observación era el residente habitual de cada vivienda seleccionada. (Secretaria de Gobernación, 2004).