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Introducción
México ha pasado por diferentes fases de desarreglo inflacionario, algunas muy largas, como la que surgió una vez concluido el periodo de desarrollo estabilizador (1958-1970) y que desembocó en incrementos anuales acumulados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de tres dígitos a mediados de los años setenta del siglo pasado. El desarreglo sólo pudo revertirse con una solución drástica: la puesta en operación del Pacto de Solidaridad Económica, a finales de 1987, que condujo a la reducción del INPC a niveles de un dígito seis años después, en 1993 y 1994. Debido a la devaluación del tipo de cambio de diciembre de 1994 y al consiguiente aumento de la tasa de interés, nuevamente se aceleró el ritmo de crecimiento del INPC en 1995 y 1996. Empero, un año después inició una fase de descenso de largo plazo que a partir de 2000 se expresó en niveles de inflación de un dígito y concluyó en 2015 con una tasa de 2.13%, no vista desde los años intermedios del periodo de desarrollo estabilizador.
Es cierto que los niveles de inflación acumulada anual registrados en el periodo 2016-2018 (3.24, 6.85 y 4.83%, respectivamente) no son comparables con los niveles pico de la década de 1980 (159%, en 1987) y 1990 (52%, en 1995). Aún así, resultan preocupantes por cuatro razones. En primer lugar, la variación de la tasa inflacionaria interanual (variación de la variación) durante los dos primeros años experimentó un ritmo no observado desde hacía 40 años: creció 57.7% en 2016 y 111.4% en 2017; y aunque en el tercero bajó (-29.5%), es difícil esperar que en los años posteriores se sigan experimentando tasas descendentes, como sucedió por ejemplo entre 2000 y 2005 (Figura 1).
En segundo lugar, la aceleración del INPC se explica esencialmente por el incremento en los precios de la energía, desde electricidad y gas doméstico e industrial hasta carburantes para autos. Esto va de la mano con la liberalización de los mercados mandatada en la reforma energética de 2013-2014, cuyo punto culminante fue el retiro del así llamado estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas y diésel, entre noviembre y diciembre de 2018. La plena liberación de precios, combinada deseablemente con la aplicación a partir de 2019 de una fórmula para la determinación de precios de los carburantes no sesgada contra el consumidor y libre de la necesidad del estímulo fiscal, enfrenta otra seria dificultad: las exportaciones promedio de petróleo crudo ascendieron durante el trienio 2016-2018 a 1.18 millones de barriles diarios (MBD), al tiempo que se observaba un descenso continuo en su producción, con particular énfasis en los crudos ligero (Maya) y extraligero (Olmeca), lo que redujo la mezcla enviada a las refinerías (Gutiérrez-R., 2018: 112). Si la tendencia continúa, como es de esperarse, dicha mezcla tenderá a ser cada vez más escasa, y por tanto la castigará el mercado.
En tercer lugar, el programa de política económica y social puesto en operación a partir del 1º de diciembre de 2018 es muy ambicioso en materia de absorción de recursos públicos tanto para el financiamiento de la política social como para la puesta en operación de diversos proyectos de inversión. En la primera se incluyen gastos como los siguientes: programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Universal a Estudiantes de Educación Media Superior, Producción para el Bienestar, Plan de reconstrucción, Sembrando Vida, Colonias Marginadas, Créditos a la palabra, y algo que se acerca mucho a la seguridad social universal (SSU), ya que contempla la incorporación del Seguro Popular al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el otorgamiento de pensiones a adultos mayores, y la asignación de apoyos a personas con capacidades diferentes, entre otras. En el ámbito de la inversión física contempla: Tren Maya, Corredor Transísmico, Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), caminos rurales y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad, incluyendo la asumción de costos por la destrucción y reemplazo de edificaciones previamente construidas, particularmente el nuevo aeropuerto internacional de México (SHCP, 2018: 83).
En cuarto lugar, aunque el programa de gobierno establezca que el volumen de la deuda pública total, expresado en los Requerimientos Financieros del Sector Publico (RFSP) se mantendrá durante los años siguientes abajo de 50% respecto al Producto Interno Bruto (PIB), a fin de no afectar el grado de inversión que siguen otorgando a México las calificadoras de riesgo, las tasas de interés nacionales e internacionales mantuvieron una tendencia constante al alza entre 2016 y 2018, sin existir razones convincentes para esperar que se estabilizarán a partir de 2019. Esto impacta de manera creciente los costos financieros del sector público: en promedio, por cada punto porcentual que aumentan las tasas nacionales e internacionales, el costo del servicio de la deuda pública crece 110 mil millones de pesos.
Sobre la base anterior, lo que este trabajo pretende mostrar, por una parte, es que el verdadero generador de la inflación en el periodo 2016-2018 fue el aumento de precios de los energéticos. Por otra, que aún si el nuevo gobierno cumple su promesa de que los aumentos de precios a los energéticos se ajustarán a partir del 1º de enero de 2019 a la evolución del INPC, existen factores de mercado y conceptuales que seguirán presionado la inflación y que es necesario corregir para que la política redistributiva no sea eclipsada por la dinámica de los precios.
Para demostrar lo anterior se trabaja en tres secciones. La primera analiza la estrecha vinculación que existe entre los precios de la energía, en particular gas, electricidad, gasolinas y diésel, y la evolución del INPC. La segunda se aboca a otras variables con amplio impacto en la inflación cuando sobrepasan cierto rango, como los salarios mínimos generales (SMG), el tipo de cambio peso/dólar, el gasto público y la tasa de interés, sin omitir el problema de la alta volatilidad del INPC en los últimos años. La tercera toma el caso de la industria tortillera, la cual por una parte requiere de enormes cantidades de gas licuado para operar, y por otra produce un bien de consumo generalizado en el país, por lo que su incidencia en el INPC es muy alta. Finalmente, se presentan las perspectivas y conclusiones, en que se analizan las presiones de corto y mediano plazos previsibles para el INPC. Dentro de las de corto plazo se toma en cuenta el papel de los principales agentes formadores de precios, lo que se combina con algunos aspectos regulatorios de las industrias energética y tortillera que prevalecieron hasta el cierre de la administración anterior. Para el mediano plazo se analizan particularmente aspectos conceptuales, relacionados con el papel que la política económica del nuevo gobierno parece asignar a la inflación, en contraposición con la concepción de los gobiernos anteriores.
I. Vinculación de los precios de la energía con el INPC
Para 2019, el gobierno federal presupuestó una variación acumulada anual del INPC de 3.4%, superior en 0.4 puntos porcentuales a la igualmente presupuestada para todo lo que lleva recorrido el siglo XXI (3.0%), excepto 2009 (3.8%) y 2010 (3.3%), metas que no se cumplieron, con excepción de 2009 (3.6%) y 2015 (2.13%). En todos los demás años la cifra presupuestada fue ampliamente superada por el mercado, alcanzando su mayor diferencia en 2017, cuando el INPC llegó a 6.77%, 2.26 veces el valor pronosticado. Esta excesiva diferencia se explica por el adelanto de 2018 a 2017 en la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel y por la elevación persistente, iniciada seis meses antes, de los precios del gas y la electricidad para uso industrial y de alto consumo residencial.
Así, como muestra la Figura 2, entre el cierre de mayo de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 el renglón de precios que más creció del INPC fue el de electricidad, con 57.8%; el de gasolina de alto octanaje fue el segundo, con 51.4%; le siguió el de gasolina de bajo octanaje, con 50.2%; y en seguida vino el gas doméstico natural, con 47.3%. Además de esto, la figura compara al rubro de energéticos y sus componentes con la evolución del SMG y el INPC. Si se toma exclusivamente el año de 2018, se observa que el índice base segunda quincena de julio de 2018=100 que más creció fue el de gasolina de bajo octanaje (23.9%), seguido del gas doméstico natural (22.2%) y de la gasolina de alto octanaje (19.9%). Si se analiza el periodo completo mayo 2016-diciembre 2018 a nivel de rubros, se hace evidente que el de energía registró un avance porcentual de punta a punta 3.2 veces mayor que el del INPC y 26.2% superior al SMG, a pesar de que durante el periodo éste tuvo incrementos extraordinarios con el fin de propiciar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, deteriorado en 70% entre 1977 y 2013 (Gutiérrez-R., 2013: 94).
Fuente: con base en Conasami (2018) e INEGI (2019).
Figura 2 Salario mínimo general, INPC e INPC energético,mayo 2016- diciembre 2018
De la misma manera, a partir de abril de 2016 se revirtió la tendencia de reducción en el precio del gas natural, del que México tiene una fuerte dependencia, debido a su incremento en el mercado spot Henry Hub de Luisiana, cuyo millón de Unidades Termales Británicas (BTU) pasó de 1.73 Dls. promedio en marzo de 2016, a 4.12 Dls. promedio en diciembre de 2018. Este encarecimiento se agravó debido a que el tipo de cambio peso/dólar se depreció 14.6% (Banxico, 2019). Asimismo, el precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte pasó de 30.70 Dls. en enero de 2016 a 59.56 Dls. en diciembre de 2018, como se aprecia en la Figura 3. Esto evidentemente impactó los precios de las gasolinas y el diesel que importa el país, preponderantemente de la costa Golfo de Estados Unidos. Debe notarse que a partir de octubre de 2018 se perdió la asociación de precios entre el gas y el crudo: el primero siguió subiendo hasta diciembre del mismo año, mientras que el crudo observó un descenso de -26.5%. Esto sugiere que el primero debería estar llegando a un punto de inflexión, sobre todo si se toman en cuenta dos factores: el periodo invernal y las negociaciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) entre sí y con Rusia y Canadá, productores independientes, para controlar la oferta.
Fuente: USEIA (2019).
Figura 3 Precios spot del crudo Brent en Europa y del gas natural en Luisiana.
La versión que se manejó en los círculos oficiales con relación al repunte inflacionario a partir de junio de 2016 fue que se debía a los incrementos desproporcionados de precios tanto de energéticos como de productos agropecuarios (commodities), a los que por su alta volatilidad se les clasifica en el subíndice de Inflación No Subyacente. Al respecto es fácil comprobar que, efectivamente, mientras el subíndice No Subyacente aumentó 31.2% entre junio de 2016 y diciembre de 2018, el Subyacente lo hizo en apenas 11.3%, casi tres veces menos. Asimismo, las cifras muestran que el renglón de Energéticos, que incluye gas, electricidad, gasolinas, diesel, turbosinas y otros carburantes, acusó un aumento de 48.4% en el periodo, el más alto de todos. Por su parte, los índices subyacente (muy baja volatilidad) y No subyacente (alta volatilidad) de productos agropecuarios avanzaron muy debajo de la mitad de dicha variación (20.5 y 20.9%, respectivamente), como muestra la Figura 4. Esto demuestra que el fenómeno inflacionario durante el periodo se explica en una proporción muy alta por productos diferentes a los agropecuarios, y en especial por las alzas de precios de los energéticos.
Para tener una idea más clara del peso de los energéticos y otros grupos de productos en la inflación, es necesario conocer su participación en la formación del INPC a través de los ponderadores por objeto de gasto que obtiene el INEGI a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), levantada cada dos años. Por grandes rubros, las familias destinan 30.29% de su gasto a Alimentos, bebidas y tabaco; 22.09% a Vivienda; 13.98% a Transporte; 9.17% a Educación y esparcimiento, y 7.96% a Otros servicios. Por genéricos, los 15 en los que más gastan los hogares aparecen en la Figura 5. Destacan las gasolinas, con 6.06%; las loncherías, fondas, torterías y taquerías, con 4.48%; los restaurantes y similares, con 2.82%, y el gas doméstico, con 2.38%. Si se toman sólo los conceptos referidos a energía (gasolinas, gas y electricidad), su participación asciende a 9.95%. Si a esta cifra se agregan los diferentes renglones referidos a transporte (urbano, foráneo, colectivo, automóviles) y elaboración de tortilla de maíz, estrechamente vinculados a los energéticos, el porcentaje se eleva a 17.49%. Con esto queda claro que ocho de los 15 principales genéricos formadores de precios tienen que ver con el consumo directo e indirecto de energía.
Al analizar los componentes con mayor incidencia en el muy corto plazo (primera quincena de agosto de 2018, una después del periodo base de INPC actual) los genéricos con mayor incidencia son los que aparecen en el Tabla 1. Nuevamente un genérico del grupo de los energéticos, la gasolina de bajo octanaje, encabeza la lista, con una incidencia de casi 0.092. Al sumarse a ésta la gasolina de alto octanaje, se obtiene una incidencia conjunta de 0.102. Si se tiene en cuanta que en esa quincena la inflación fue de 0.34%, es obvio que un tercio de ésta se explicó tan solo por las gasolinas.
Tabla 1 Diez genéricos con mayor incidencia positiva en el INPC de la primera quincena de agosto de 2018, en comparación con la inmediata anterior
| Porcentajes de incidencia | ||
|---|---|---|
| Genérico | Variacíon | Incidencia |
| Gasolina de bajo octanaje | 1.72 | 0.092 |
| Jitomate | 12.78 | 0.063 |
| Cebolla | 27.78 | 0.054 |
| Universidad | 2.05 | 0.031 |
| Limón | 17.62 | 0.015 |
| Preparatoria | 2.29 | 0.014 |
| Loncherías, fondas, torterías y taquerías | 0.28 | 0.013 |
| Gasolina de alto octanaje | 1.39 | 0.010 |
| Cerveza | 0.67 | 0.009 |
| Aguacate | 3.29 | 0.009 |
Fuente: INEGI (2018).
Por tanto, cobra relevancia la aseveración de que entre 2007 y 2015, cuando la inflación promedio anual de largo plazo se estableció en 3.85%, impulsada por el deslizamiento mensual de los precios de las gasolinas y el diesel, al menos 0.96 puntos porcentuales de dicho aumento, es decir 25% de la variación del INPC, se sustentaron en los incrementos a los energéticos (Gutiérrez-R., 2017). En 2017 y 2018 este efecto se incrementó.
II. Otros agentes altamente formadores de precios
Durante los últimos años, los factores que más efecto podría demostrarse han tenido en la inflación, aparte del precio de los energéticos, son los SMG (no se mencionan los mínimos profesionales porque son un reflejo de los primeros), el tipo de cambio y la tasa de interés. La volatilidad, como consecuencia del peso creciente que tienen los genéricos agrupados en el rubro de inflación no subyacente, también se analiza.
Salarios mínimos generales
La política salarial de la administración López Obrador establece que los SMG subirán por arriba de la inflación durante 2019-2024. La negociación que estableció la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para dichas percepciones en el primer mes de su gobierno hizo que pasaran de 88.36 pesos diarios en 2018 a 102.68 en 2019, un incremento de 16.2% en términos nominales y de 10.8% en términos reales, considerando una inflación acumulada para los trabajadores de hasta un SMG durante los 12 meses previos de 3.3% (Conasami, 2018). Los valores correspondientes se presentan en las barras de la Figura 6, y cubren el periodo enero de 2015-enero de 2019.
Fuente: con base en Conasami (2018) y STPS (2018).
Figura 6 Salarios mínimo y contractual en términos reales, enero 2015-enero 2019
A diferencia de lo que sucedía en otros periodos, en éste el SMG no perdió su valor real en ningún mes, excepto diciembre de 2018. Por su parte, los salarios contractuales reales, que habían tenido pérdidas continuas entre enero de 2017 y enero de 2018, lo recuperaron a partir de febrero de dicho año, debido al efecto combinado de cuatro acontecimientos. En primer lugar, era injustificable que siguieran cayendo mientras los mínimos llevaban dos años recuperándose. En segundo, México se encontraba negociando una nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y una de las mayores presiones de Estados Unidos y Canadá era que subieran los salarios del sector manufacturero, en especial los de la industria automotriz, restricción que quedó plasmada en el texto del Tratado México-Estados Unidos-Canada (TMEC). En tercero, el efecto faro existe, y alcanza hasta los perceptores de cuatro SMG, como han demostrado diferentes estudios, entre ellos el de Negrete Prieto y Luna Ramírez (2015). En cuarto, a partir de la elección del nuevo gobierno, en 1º de julio de 2018, se hizo claro que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se comprometía con un sindicalismo más independiente, en el que los salarios se fijarían sin coerción por parte de las autoridades y serían un componente esencial del bienestar de los trabajadores. Así, desde enero de 2015 las variaciones mensuales de los SMG son positivas en términos reales respecto al mismo mes del año anterior, y los salarios contractuales lo son desde febrero de 2018, con excepción de octubre de 2018, como se aprecia en la Figura 6.
Tipo de cambio
El tipo de cambio influye sobre la inflación de tres maneras. Las dos primeras son directas: el contenido importado de los productos adquiridos por los consumidores y la generación de expectativas de futuras depreciaciones. Esto convierte a la adquisición de productos con contenido importado en una forma de protegerse contra la depreciación y por tanto contra la inflación. La tercera es indirecta, y se refiere al contenido de los insumos con que los productores elaboran las mercancías que venden en el mercado interno: entre más se encarecen en términos de pesos, debido a la depreciación, más aumenta el Índice Nacional de Precios Productor (INPP), y en su momento el INPC.
Las barras de la Figura 7, que se leen en el eje izquierdo, muestran el comportamiento del tipo de cambio nominal y real entre 1996 y 2018, tomando al primero como el año base, ya que fue el que sucedió a un gran ajuste macroeconómico, en particular la devaluación de 1995, que en realidad empezó el 20 de diciembre de 1994. Tomar a un año base con estas características es lo que recomienda el padre del método de paridad del poder adquisitivo (PPA), Gustav Cassel (1918, citado en Gutiérrez-R., 1991). La línea de sobre/subvaluación, que se lee en el eje derecho, tiene como propósito determinar si el valor real de la moneda mexicana al cierre de todos los años del periodo, habida cuenta de los diferenciales de inflación de México con su principal socio comercial, es positivo (paridad sobrevaluada: su precio es menor al que indica el mercado), por lo que aparece arriba de la línea cero, indicada en el eje derecho. Gracias a las correcciones cambiarias de 2016-2018, el tipo de cambio (TC) logró subvaluarse frente al dólar, lo que dio un mayor grado de competitividad a la economía, propició que las exportaciones crecieran e impidió que se siguiera deteriorando la balanza comercial. Empero, tuvo efectos en la inflación.
Fuente: con base en Banxico (2019).
Figura 7 Tipo de cambio y grado de sobre o subvaluación peso/dólar
Gasto público con impacto social
Hasta los años sesenta del siglo pasado al gasto público de cualquier tipo se le vio como un agente de reactivación económica: aunque se reconocía que era inflacionario, ejercía también un efecto positivo sobre el nivel del producto a través del multiplicador. Después de la crisis energética de 1973-1974 esta ventaja se desvaneció, ya que aparecieron en los países desarrollados problemas simultáneos de estancamiento e inflación (stagflación). La idea del gasto público inflacionario como principal freno a las políticas expansionistas, fue permeando en las economías en desarrollo hasta desembocar en la implantación generalizada de modelos en que se privilegiaba la esfera de la oferta: ahorro, formación de capital físico y humano, productividad laboral y total de los factores, desarrollo científico y tecnológico, etc. Asimismo, dichas economías transitaron del modelo de industrialización vía sustitución de importaciones (ISI), altamente demandante de apoyos gubernamentales y con insuficiente capacidad para generar divisas, al modelo de promoción de exportaciones manufactureras (PEM), particularmente orientado hacia el exterior. A esta concepción se le conoce eufemísticamente como modelo neoliberal, porque efectivamente se basa más en el mercado que en el Estado. Se le adoptó no porque se considerara que tenía igual capacidad para impulsar el crecimiento económico que el modelo ISI, sino porque el impulso al crecimiento económico de la segunda Guerra Mundial se había agotado y el enfoque de demanda efectiva ya no permitía seguirlo prolongando.
El gasto destinado a inversión es el más productivo y el que más garantiza el crecimiento económico y la generación de empleos en el largo plazo. En equilibrio, éste se iguala con el ahorro pasado. Por ello, los países que más invierten son los que más ahorran (hoy día los asiáticos, con tasas promedio de 30% respecto al PIB). Mientras tanto, en México la inversión se encuentra en su nivel más bajo desde los años treinta, debido a que durante la administración del presidente Peña la inversión pública cayó a sólo 2.5% del PIB, y es generalmente aceptado que ésta antecede a la privada. Los resultados programáticos de la administración pública muestran que entre 1980 y 2019 el gasto en desarrollo social (educación, salud, pensiones, trabajo, previsión social, combate a la pobreza) pasó de representar 31% del gasto programable del sector público a 63.6%. El cambio más alto se dio entre 1990 y 2000, como muestra la Tabla 2, debido a la puesta en operación del programa de combate a la pobreza Solidaridad, que con los años fue cambiando de nombre hasta cerrar 2018 como Progresa.
Así, el gasto programable fue transitando paulatinamente del énfasis en el desarrollo económico (55.1 por ciento del gasto programable en 1980; 28.2% en 2019), al énfasis en el desarrollo social, particularmente asistencial, como muestra la Figura 8. Esta tendencia fue prevista con mucha anticipación por Roger D. Hansen, quien en los años setenta manifestó que, dada la tasa de crecimiento poblacional y las múltiples necesidades que estaba dejando desatendidas el así llamado milagro mexicano, la atención que brindaba el gobierno al desarrollo económico progresivamente habría de cambial al desarrollo social, lo que frenaría la inversión productiva, particularmente en infraestructura (Hansen, 1974: 271-279).
Fuente: SHCP/Presupuestos de Egresos, varios años.
Figura 8 Composición del gasto programable del sector público
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló desde su campaña electoral, en 2018, que la prioridad de su gobierno sería la política social. Esto quedó plasmado en una serie de programas adicionales a los que venían aplicando los gobiernos anteriores, y se plasmó entre otros en los Criterios Generales de Política Económica 2019. El presupuesto conjunto para estos es de 251.6 miles de millones de pesos, como muestra la Tabla 2.
Tabla 2 Proyectos prioritarios del sector central
| Miles de millones de pesos | ||
|---|---|---|
| No. | Proyecto | Monto PPEF 2019 |
| 1 | Tren Maya | 6.0 |
| 2 | Corredor Transístmico | 0.9 |
| 3 | Caminos rurales | 2.5 |
| 4 | Modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad | 18.0 |
| 5 | Internet para todos | 0.6 |
| 6 | Colonias Marginadas | 8.0 |
| 7 | Plan de Reconstrucción | 8.0 |
| 8 | Sembrando Vida | 15.0 |
| 9 | Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente | 7.0 |
| 10 | Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | 100.0 |
| 11 | Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez | 17.3 |
| 12 | Universidades para el Bienestar Benito Juárez García | 1.0 |
| 13 | Jóvenes Construyendo el Futuro | 44.3 |
| 14 | Crédito Ganadero a la Palabra | 4.0 |
| 15 | Fertilizantes | 1.0 |
| 16 | Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos | 6.0 |
| 17 | Producción para el Bienestar | 9.0 |
| 18 | Apoyo a pymes | 3.0 |
| Total | 251.6 | |
Fuente: SHCP (2018: 89).
En los mismos Criterios se aprecia que, a pesar de que el gasto sólo crece 4.4% en términos reales entre 2018 y 2019 tanto a nivel total como presupuestal, nueve Ramos o entidades reciben en conjunto 282.1 miles de millones de pesos nominales más en el segundo año. Pemex se lleva 57.5 miles de millones, 20.3% del total; la Secretaría del Bienestar, 43 miles de millones, 15.2% del total; IMSS 41.2 miles, 14.6% del total, y STPS 39.3 miles, 13.9% del total. En suma, cuatro Ramos/entidades se quedan con 181 mil millones de pesos, 64% del total de aumento otorgado a esas nueve entidades. Para varias de ellas, como STPS y Energía, cuyos incrementos presupuestales en términos reales respecto al año previo fueron de 932 y 961%, respectivamente, no existe la infraestructura suficiente ni el personal especializado, del que una gran parte es de nuevo ingreso, para manejar los programas. Otro dato para considerar es que las entidades del grupo abocadas a la política social (STPS, Bienestar, IMSS, ISSSTE) manejarán un incremento presupuestal de 153.3 miles de millones de pesos, más de la mitad del total del grupo.
Tres días después del accidente de Tlahuelilpan, por perforación y robo de combustible del ducto Tuxpan-Azcapotzalco (18 de enero de 2019), se anunció la puesta en operación de seis programas exclusivamente para dar atención a los 91 municipios próximos a ese y otros ductos, buscando beneficiar a 1,688,447 personas; la erogación es de 3,857.3 millones de pesos. De dicha cantidad, 50% se destina a pensiones para adultos mayores, 27% al Sistema Nacional de Becas Benito Juárez, y 9.9% al programa Producción para el bienestar, como se aprecia en el Tabla 3. Asimismo, se aclaró que se otorgarían entre 6,000 y 8,000 pesos por familia, a fin de que no se vieran obligadas a delinquir con los ductos o ser presas del crimen organizado.
Tabla 3 Programas sociales de combate al huachicol.
| No. | Programa | Población objetivo | Inversion $ | Apoyo Individual | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pensión Adultos Mayores | 766,927 | $1 955 663 850 | $2 550 | Bimestral |
| 2 | Pensión para PÑersonas con Discapacidad | 58,344 | $148 777 209 | $2 550 | Bimestral |
| 3 | Producción para el Bienestar | 151,358 | $382 057 056 | - | Primavera-Verano $1 600/ha hasta 3 ha $1 000/ha hasta 20 ha |
| 4 | Jóvenes Construyendo el Futuro | 53,333 | $191 998 800 | $3 600 | Mensual |
| 5 | Tandas para el Bienestar | 21,712 | $130 272 00 | $6000 | Única |
| 6 | Sistema Nacional de Becas “Benito Juárez” | 636,733 | $1 048 504 800 | ||
| 1. Educación Superior | 37,085 | $89 004 00 | $2 400 | Mensual | |
| 2. Educación Media Superior | 214,612 | $343 379 200 | $1 600 | Bimestral | |
| 3. Educación Básica | 385,076 | $616 121 600 | $1 600 | Bimestral | |
| Total | 1,688,447 | $3 857 273 706 |
Fuente: con base en AMLO (2019).
Tasa de interés
A partir de marzo de 2015, lo único que ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos (fed) es avanzar hacia la recuperación de largo plazo de los niveles históricos de la tasa de interés, los cuales se perdieron debido a dos crisis, la de 2001-2002 y muy señaladamente la de 2008-2009. Una vez que las tasas de crecimiento del producto y del empleo se acercaron a niveles de 2.5% la primera y superior a 96% la segunda (desempleo de menos de 4 por ciento), la tasa de Fondos Federales empezó a aumentar: pasó de 0.25 a 0.5% entre fines de 2015 y principios de 2016. Así continuó hasta finales de 2018, en que se ubicó en 2.25%, como muestra la Figura 10. El Banco de México actuó en consecuencia, y a partir de fines de 2015 inició el ascenso de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), que pasó de 3.3% en dicho periodo a 8.58% al cierre de 2018 (ambas variables se leen en el eje izquierdo). Con estos movimientos, la relación TIIE/Tasa de Fondos Federales pasó de 19.4 en febrero de 2013 a 3.81 al cierre de 2018 (línea continua que se lee en el eje derecho). Si se toma en cuenta que la tasa en Estados Unidos estaba en 5% en 2007 y 7% en 2001, es evidente que la tendencia de ambas tasas es más bien hacia el alza que hacia la baja.
Fuente: Banxico (2019) y FED (2018).
Figura 10 Tasas de interés Intercambiaria de Equilibrio (México) y de Fondos Federales (Estados Unidos)
Volatilidad del INPC
Debe notarse que a partir de mediados de 2016 las variaciones quincenales de precios consignadas en el INPC empezaron a ser más pronunciadas al alza que a la baja, llegando a su extremo en la primera quincena de enero de 2017 cuando, debido a la liberalización de los precios de las gasolinas y el diesel, su variación fue de 1.51%, la más alta desde enero de 2013, como muestran la línea delgada de la Figura 11, que se lee en el eje derecho, y los promedios móviles a seis periodos (si se toma la serie desde el inicio del siglo, la variabilidad es también la más alta). Esta espiral no cedió durante la segunda mitad de 2017, como pronosticó que sucedería el gobernador anterior del Banco de México, y tampoco lo hizo a lo largo de 2018, año en que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) consolidó la liberalización de precios de los energéticos. Por el contrario, los valores a partir de la primera quincena de abril muestran una clara tendencia al alza. En la medida en que se eviten movimientos altos en los principales agentes formadores de precios, mayor control se tendrá del INPC.
Fuente: con base en INEGI (2019).
Figura 11 Valor absoluto del INPC (eje izquierdo) y variaciones quincenales (derecho)
III. El caso de la industria tortillera
A partir del 1 de enero de 2018, además de las presiones por los aumentos a los precios de las gasolinas y el diesel, los industriales de la tortilla aplicaron incrementos generalizados a este producto en todo el país. En la Ciudad de México la elevación en los primeros días del año fue en promedio de 2.5% respecto a diciembre de 2017. Pero si se toma la tasa anualizada enero 2018/enero 2017, el aumento fue de 14.6% (véase la línea continua de la Figura 12, que se lee en el eje derecho). La explicación recae en los principales insumos de la industria -maíz tortillero (no necesariamente maíz amarillo de importación, cuyo precio se ha mantenido estable), gas licuado, electricidad, salario, molienda y transporte-, que entre el cierre de mayo de 2016 y diciembre de 2017 se incrementaron en un rango de entre 9.5% para el caso de la molienda de nixtamal hasta 33% para el caso de los energéticos, y dentro de estos el que más avanzó fue la electricidad (57.2%) el cual se usa intensivamente en la industria tortillera (Figura 2 infra).
Un factor adicional, y no menos importante, para el alza de los precios fue el congelamiento aplicado a estos entre 2012 y 2017, como evidencian las barras presentadas en la Figura 12 correspondientes a la Cd. de México, que se leen en el eje izquierdo. Es decir que el incremento finalmente observado en 2018 de 14.6% (línea continua, eje derecho) no alcanzó a restituir la pérdida de valor real del alimento. Así, mientras entre el cierre de 2011 y el cierre de 2018 el INPC aumentó 32.2%, el precio de la tortilla lo hizo 23%, lo que implica un rezago en términos reales 7%, aunque como ya se especificó, se trata de un deflactor inexacto, dado el contenido importado de la industria.
Fuente: con base en Secretaría de Economía (2019).
Figura 12 Precio promedio tortilla Ciudad de México
En una reunión de negociación entre el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza, y los comerciantes de tortillas, celebrada el 5 de enero de 2018, se informó que estos desistían de su intención de pugnar por incrementos promedio de 20% en el precio respecto al nivel de cierre de 2017, como habían manifestado originalmente, pero los incrementos aplicados ya no los retirarían (de ahí que el precio promedio exhibido en la Figura pase de 11.20 pesos por kg. en 2017 a 12.83 pesos en 2018). Es presumible que esa ocasión no sólo se haya puesto de manifiesto el rezago histórico en el precio de la tortilla, sino que:
a) El índice de precios productor que enfrenta la industria es mucho más alto al promedio nacional, entre otras cosas debido a la calidad del maíz que requieren y a la alta participación de los energéticos en la producción.
b) Una parte del maíz y los energéticos utilizados proviene del exterior a un tipo de cambio muy volátil, con fuertes depreciaciones a partir de 2016, como ya se mostró en la Figura 7.
c) Muchos industriales de la tortilla recurren al crédito bancario, pero a partir de noviembre de 2015 las tasas de interés pasivas empezaron a subir, como se mostró en la Figura 9 mediante la TIIE.
d) La depreciación del capital es indudablemente muy alta en las máquinas tortilladoras.
Los cálculos disponibles sobre el incremento ponderado de los costos de producción de la industria tortillera entre 2017 y principios de 2018 eran de alrededor de 20%, lo que iba de acuerdo con el aumento propuesto originalmente por los líderes de dicha industria; y si se considera el rezago acumulado del precio del producto a partir de 2012, un eventual ajuste en 2019 debería de tomar en cuenta al menos los 7 puntos porcentuales perdidos en el valor real del producto entre ese año y 2018. Es decir que, no obstante la alta ponderación de este producto en la formación del INPC (1.87%), sólo superada individualmente por siete genéricos, según se mostró en la Figura 5, los productores de tortillas -no necesariamente los comerciantes- quienes además están conscientes de que el regreso al esquema de precios de garantía del maíz encarece su materia prima, deberán tener argumentos más que suficientes para justificar en el corto pazo un nuevo ajuste.
IV. Perspectivas y conclusiones
La inflación esperada para 2019-2024 puede separarse en dos etapas: el corto plazo, referido a 2019, y el mediano, de 2020 a 2024. El único argumento que existe para prever que en 2019 los precios de los energéticos desacelerarán su avance es el compromiso de la Presidencia de la República de mantenerlos en línea con la inflación, algo que fue reiterado por la SHCP hasta el cierre de 2018. Empero, la misma Secretaría estableció en un comunicado que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) tendría un ajuste de por lo menos 5 por ciento al inicio de 2019, sobre todo porque se eliminaría el subsidio fiscal, y que se continuaría instrumentando la liberalización de precios de las gasolinas y el diésel (DOF, 2018). Debe recordarse que este impuesto le reporta al gobierno federal ingresos anuales por 215 mil millones de pesos (SHCP, 2018: 81). Aún así, la variación anual del INPC se situará, como en 16 de los 18 años transcurridos del siglo XXI, al menos 0.9 puntos arriba de la cifra estimada en Criterios Generales de Política Económica 2019, que fue de 3.4 por ciento. El margen adicional es similar a la diferencia promedio obtenida de restar a los niveles presupuestados en los Criterios Generales de 2003 hasta 2018 los observados (el método se replica de Gutiérrez-R., 2014: 80).
Con base en lo anterior, se podría esperar una inflación acumulada al cierre de 2019 de 4.3%, inferior en medio punto porcentual a la registrada en 2018. Empero, si continúa depreciándose el tipo de cambio, lo que evidentemente encarece las importaciones en pesos; si siguen aumentando las tasas de interés externa e interna, lo que hace más oneroso el servicio de la alta deuda tanto del sector público como del privado y del financiero, y si se incrementan los precios de la tortilla, los cuales tienen un rezago en términos reales al inicio de 2019 de 7% y están sumamente presionados por el tipo de cambio y los precios de garantía del maíz nacional, el gobierno y la iniciativa privada van a contar con argumentos para ejercer presión sobre un INPC, cuyo control recae en un órgano autónomo que en este sexenio se verá muy limitado para frenar la expansión fiscal.
Existen elementos para esperar que, además de lo anterior, continúe la reversión de la caída de los precios del petróleo observada durante el último trimestre de 2018. Esto debido a la voluntad de entendimiento que existe al interior de los países de la OPEP y entre estos y los productores independientes, particularmente Rusia y Canadá, además de que normalmente el invierno ejerce presión al alza sobre la demanda de todo tipo de energéticos. Ello influiría en las cotizaciones de las gasolinas, el diesel e incluso el gas en el mercado de Estados Unidos, productos sobre los que México tiene una dependencia estructural; por ejemplo, en 2017 representaron dos terceras partes del consumo nacional, con tendencia al alza, ya que al cierre del año llegaron a más de 70% (Pemex, 2019).
Es un hecho que la reforma fiscal del ejecutivo estadounidense, sustentada en una reducción de 35 a 20% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) corporativo, dejó maniatado al nuevo gobierno mexicano, cuya respuesta inmediata fue declarar un congelamiento generalizado de los impuestos durante 2019 para todo el país, y una reducción de la tasa máxima del ISR de 36 a 20% y del impuesto al valor agregado (IVA) de 16 a 11%, ambos exclusivamente en la franja fronteriza con Estados Unidos.
Un factor adicional es el incremento de 16.2 por ciento al SMG, a partir de enero de 2019, ya que por una parte, desde las alzas de 2015 se ha incrementado el número de trabajadores que perciben hasta un SM en cerca de 300 mil, para llegar a más de 7 millones (INEGI, 2018b), y por otra está documentado el “efecto faro”, es decir la capacidad que tiene este nivel salarial para influir de manera importante en los cuatro siguientes niveles (Negrete Prieto y Luna Ramírez, 2015). Esto es particularmente importante para la administración actual debido a que la STPS se ha comprometido con un sindicalismo independiente, en el que las negociaciones salariales serían un componente esencial de la restitución del poder adquisitivo de los trabajadores.
En su momento, las presiones anteriores habrán de transmitirse al mercado de la tortilla, a pesar de que su estado de libre competencia es muy dudoso: por lo menos la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) solía ejercer en él controles excepcionales, que entraban en operación cuando fallaban los mecanismos de convencimiento de la Secretaría de Economía y que consistían en la posibilidad de investigar a los productores por prácticas monopólicas y a los comerciantes por “acordar entre ellos los precios”. El extremo opuesto son las industrias abocadas a la distribución de gasolinas, diésel y gas, que por naturaleza son oligopólicas y su órgano regulador no es la Cofece sino la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Si se opta por no continuar manejando los mercados de manera tan diferenciada, por una parte se privilegiaría la competencia económica, y por otra se desarrollarían fórmulas que permitieran reducir los diferenciales de tasas de ganancia entre las estructuras competitiva (bienes de consumo básico, particularmente tortilla y otros alimentos) y oligopólica (energéticos, telecomunicaciones, servicios financieros y bienes de consumo duradero). Esto por una parte impulsaría los precios del primer tipo de productos y por otra moderaría a los segundos.
Respecto al periodo 2020-2024, existen factores de mercado y conceptuales que seguirán presionado la inflación y que sería posible corregir para que no influyan en la dinámica de los precios. Por el lado del mercado, continuarán gravitando problemas de oferta, lo mismo de insumos que de productos finales. Es evidente que, aún comprometiéndose con la reactivación de las actividades de exploración, explotación y refinación de hidrocarburos, los déficit de gasolinas, diesel y gas natural se prolongarán hasta el final del sexenio, incluso si se construye la refinería de Dos Bocas, todavía considerada por las corredurías como un proyecto inviable. Durante dicho periodo, la recuperación previsible de los precios de dichos productos deberá incidir inevitablemente en el INPC. Lo mismo puede decirse de otros commodities cuyos precios se encuentran en fase de contracción de largo plazo, y que son esenciales para el consumo de los mexicanos, como el maíz, la leche en polvo, el arroz y el trigo. Esta fase se explica esencialmente por la reducción de la demanda mundial asociada a la desaceleración de la economía china, que de una tasa de crecimiento de 10% promedio anual entre 2003-2014 pasó a una de 6.8% entre 2015-2017 (Banco Mundial, 2018), así como por el estímulo a su producción en los países desarrollados, principalmente Estados Unidos durante lo que va del siglo XXI (los casos del gas y el petróleo shale, así como del trigo y oros granos, son el mejor ejemplo). De esta manera, ente abril de 2011 y diciembre de 2018, el índice conjunto de precios futuros de los commodities con base 20 de enero de 1999=100 bajó de 510.31 a 261.51, una reducción de casi 49% (DJCI, 2018). Como es evidente, aparte de factores de oferta y demanda, la tendencia es estimulada por la especulación en los mercados de commodities (spot y a futuro), particularmente de Chicago.
El nuevo gobierno declaradamente pone más énfasis en la política de desarrollo social que de desarrollo económico: sus objetivos son más redistributivos y asistenciales, es decir de corto plazo, que apegados a los fundamentales de los mercados y a la edificación de capacidades productivas (inversión para futuras generaciones). Por tanto, el control sobre la dinámica de los precios adopta un papel secundario. El riesgo de este énfasis es que la inflación se salga de control y erosione a la política redistributiva, que en sí misma tiende a ser inflacionaria, en virtud de que la adición al gasto público que representará la política de desarrollo social cuando esté operando plenamente será de 2.5% del PIB. Dicha política propone un amplio paquete de bienestar social, similar al de SSU que en su momento planteó el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (Gutiérrez-R., 2016): salud gratuita para todos; subsidio generalizado vía programas de capacitación a los jóvenes que no estudian ni trabajan (efectivamente los jóvenes constituyen el estrato de población con la tasa de desempleo más alta, pero eso no justifica dejar de poner en marcha un seguro de desempleo, ya que México es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- que no lo tiene); becas para la totalidad de estudiantes de nivel medio superior; apoyos para los estudiantes que están a un año o menos de terminar su carrera en universidades públicas; apoyo a las familias con hijos en edad de ir a las guarderías; apoyo a discapacitados, y pensiones para los adultos mayores, independientemente de que cuenten con protección social. Colateralmente, se proponen incrementos a los SMG por arriba de la dinámica del INPC, teniendo como meta que dupliquen en el mediano plazo el nivel de mínimos de bienestar establecido por el Coneval. Es decir, se busca aumentar en pocos años al doble en términos reales el monto de los SMG acordado para 2019 (102.68 pesos diarios en el país y 160.72 pesos en la franja fronteriza), a fin de que se dé cobertura a una familia de por lo menos dos miembros y no sólo a una persona.
Por tanto, en una perspectiva de mediano plazo, con insuficiente producción de hidrocarburos y otros commodities, con salarios al alza, tasas de interés en crecimiento, un tipo de cambio debilitado y un programa de política social que presiona hacia arriba el gasto y que por no contemplar un aumento de corto plazo de los ingresos tributarios más allá de mejorar las técnicas recaudatorias y algunos impuestos aislados como el IEPS, deberá sacrificar la inversión pública, indispensable para reforzar la estructura productiva, las posibilidades de que la inflación aumente año con año y se sitúe sistemáticamente arriba de 4.3% en que este propone como cota inferior para 2019 son más que evidentes. Ante este panorama, la evolución de los precios corre el peligro de convertirse en el principal enemigo de la política social, atentando particularmente contra las metas de reducción de la desigualdad y mejor distribución del ingreso.
