El Estado y sus funcionarios

Todo parece indicar que para el próximo gobierno existe algo así como una bestia negra: las instituciones estatales y sus funcionarios. No es una pulsión excéntrica. Todo lo contrario. Está montada en una potente ola de opinión pública que se nutre, por lo menos, de lo siguiente:

Así, realidades aciagas colosales, una ideología expansiva y un resorte de pensamiento bien lubricado generan un potente prejuicio. Quizá también alimenta esa reacción una mal entendida austeridad, que confunde eso, lo austero, con una especie de flagelación. Una purga para los perjuros. Un espíritu franciscano que confunde pobreza con virtud. Escribí quizá.

El problema mayor es que se trata de una imagen parcial, incompleta, distorsionada. Buena, tal vez, para un cierto sentido común más que instalado. Pero que puede resultar contraproducente incluso para quienes la están impulsando. Está montada en prejuicios más que en el conocimiento específico de lo que sucede en las dependencias públicas (diferente sería que, luego de evaluaciones particulares, sustentadas e incluso públicas, se optara por reducir las adiposidades). Porque todos sabemos, o deberíamos saber, la importancia de las tareas que tienen asignadas las muy diversas dependencias públicas, y de la labor profesional, eficiente y cumplida, que desempeñan miles de funcionarios de muy diferente rango en todos los niveles de aparato público. Los que trabajan y que lo hacen bien. Por desgracia, éstos y sus tareas no tienen visibilidad pública y, al parecer, tampoco demasiado aprecio social.

Todo parece indicar que se cortará antes de conocer y evaluar. Para los funcionarios de alto nivel: el despido o, en el mejor de los casos, la reducción del salario. Para los trabajadores de base o del famélico servicio civil, la amenaza de su desplazamiento hacia otras ciudades, y para todos, el incremento de la jornada de trabajo de cinco a seis días laborables. No es casual, entonces, la incertidumbre y el malestar que se vive en las oficinas públicas. Quienes las encabezarán parecen tener un inercial desprecio por los que serán sus compañeros de trabajo. Recuerdan al tipo al que le fue amputada la pierna porque tenía una uña enterrada. Cierto, la uña causaba un punzante malestar, pero el remedio resultó más oneroso que la enfermedad.

Por esa vía, una cosa parece segura: miles de trabajadores y sus familias van a resentir esa política. Y es posible, además, que la calidad de algunas tareas y servicios se vea mermada. Porque el conocimiento y las destrezas acumuladas no se pueden substituir con las artes de la retórica y la magia. Preocupa que las instituciones puedan disminuir su eficacia y eficiencia.

Los prejuicios antipartidos

Se anunció que la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa para modificar la Constitución, de tal forma que el financiamiento público a los partidos políticos se reduzca en 50%. La fórmula es sencilla: en lugar de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón por 65% de la “Unidad de Medida de Actualización”, la UMA (que sustituyó como referente al salario mínimo) solo se multiplicaría por 32.5%. Fácil.

No hay nada que suene mejor a los oídos del respetable. Y puede ser incluso que los partidos que resultarán más afectados, sintiéndose contra las cuerdas, acaben “nadando de muertito”. No será sencillo contradecir esa ola informe, pero potente, conocida como opinión pública. Los partidos pasan por un abismal descrédito, y cuando a ello se suma el asunto del dinero, y además público, la reacción no puede ser más adversa. “¿Dinero público a los partidos? Mejor que se rasquen con sus propias uñas.” Buena parte de los prejuicios contra los políticos se concentran en esa reacción. Adelantémonos al corolario: por supuesto que se puede modificar la Constitución, por supuesto que se puede realizar un ajuste a la baja de las prerrogativas de los partidos, pero no es conveniente dar la espalda a sus eventuales efectos políticos.

Quizá sea necesario volver al a), b), c). No hay democracia posible sin partidos, es decir, sin esas figuras “horribles”, pero al mismo tiempo grandes congregadores de intereses, ordenadores de la vida política, referentes del litigio en el espacio público, procesadores de ambiciones, y súmele usted. Y no hay política que no requiera dinero. Y solo existen dos grandes fuentes lícitas: el dinero privado y el público. Cuando en 1996 la legislación estableció que el dinero público sería preeminente en relación con el privado, se buscaba en primer lugar equilibrar las condiciones de la competencia. En los comicios federales de 1994, los votos se habían contado de manera precisa y limpia, pero la contienda estuvo marcada por una formidable desigualdad de recursos, por ello era necesario construir condiciones medianamente equitativas, y el dinero público serviría para eso (como realmente sucedió). Además, se argumentó entonces, ese financiamiento es por definición más transparente que el privado (sabemos cuánto y cuándo se entregan esos recursos a los partidos), y él mismo, el dinero público, debería ayudar a que esas figuras centrales de la política no se convirtieran en rehenes de los grandes grupos económicos o, peor aún, de las bandas delincuenciales.

Esos tres objetivos siguen vigentes y (creo) son los que justifican la necesidad de un financiamiento público significativo. Pero hay algo más.

No se descubre nada si se afirma que la mayor parte del financiamiento público (70%) se otorga de acuerdo con el número de votos que los partidos obtuvieron en la última elección federal. Los resultados favorecieron a Morena, y a partir de ahora será el principal beneficiario del financiamiento público, como ayer lo fueron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el Partido Acción Nacional (PAN). Pero los montos del pasado (que todavía es presente) servían para que los partidos minoritarios tuvieran una plataforma de recursos nada despreciable que los hacía competitivos. ¿El recorte planteado no significará un rudo golpe a lo que costó tanto trabajo construir, es decir, condiciones medianamente equitativas para la competencia? ¿No tendrá, como derivación perversa, una “jibarización” (disminución) de los partidos opositores? ¿O será que los partidos en el gobierno no tienen de qué preocuparse? Recordemos que Angelo Panebianco, en su libro Modelos de partido,¹ entre resignado y realista, apuntaba que “el hecho de disponer de los recursos públicos que el control del Estado pone en (sus) manos” hace que no requieran nada más. Se trata de dos ejemplos que pueden impactar tanto al sector público como al sistema de partidos en un sentido negativo, e incluso fomentar cierta desinstitucionalización.²

Pero quizá la (mi) preocupación fundamental sea la que a continuación intento presentar.

Sistema de balanzas

Todos lo sabemos: en los últimos años, el gobierno dejó de ser lo que era, y gobernar se convirtió en un asunto más complejo. No es una peculiaridad mexicana, parece (casi) universal, o por lo menos recurrente ahí donde existen regímenes democráticos.

En nuestro caso, el proceso democratizador fue equilibrando los poderes constitucionales, aunque el Ejecutivo nunca ha dejado de tener preeminencia; se crearon instituciones estatales autónomas, cuyas encomiendas debían sustraerse del litigio partidista; se expandieron los márgenes de libertad de los medios de comunicación; surgieron y se asentaron un buen número de agrupaciones no gubernamentales con reivindicaciones propias; los organismos empresariales decantaron sus propuestas y pretendieron convertirlas en hegemónicas; las redes sociales están modificando el contexto del debate y acotando el circuito de las instituciones públicas (y privadas); los acuerdos internacionales modulan posibilidades y erosionan cualquier idea hipersoberanista, y no pueden ignorarse las consejas y calificaciones de los organismos multilaterales.

Esas realidades, entre nosotros, derivan del tránsito democratizador y son, en términos históricos, auténticas novedades, y otras son impuestas por el contexto internacional. Pero lo cierto es que hacen más laberíntica, compleja y difícil la función de gobierno. También la vuelven menos discrecional y menos caprichosa. Se supone que ese fraccionamiento del poder reclama sumar voluntades y esfuerzos, y limita las posibilidades de imponer; hace más tortuoso el circuito de la política y, en particular, la toma de decisiones, pero tiende a evitar la improvisación y las ocurrencias; puede resultar más lento, pero reclama deliberación e inyecta certezas.

Esas novedades, esas inéditas relaciones entre Estado y sociedad, y en el propio laberinto de las instituciones estatales, hay que celebrarlas. Son el resultado de los esfuerzos de diversas generaciones, agrupaciones, partidos, movimientos, gobiernos, congresos, que deseaban transitar del autoritarismo a la democracia. No obstante, la percepción de ese sistema de contrapesos quizá no goza de buena fama, porque se reproduce en un contexto de marcada insatisfacción con el mundo de la política: la corrosiva corrupción, la inseguridad creciente, la falta de horizonte para millones de jóvenes, el deficiente crecimiento económico, la injusta justicia y otras, hacen que esas construcciones venturosas no sean aquilatadas. Es más, son despreciadas por no pocos.

Ojalá me equivoque, pero parece flotar en el ambiente una insensata añoranza por un mando único y unificado. Una nostalgia por la política “ordenada” y vertical, con escasa deliberación pública y mucha disciplina, sin problemas de gobernabilidad (en el sentido estrecho), es decir, sin obstáculos para que se despliegue la voluntad del presidente. Se trata de una pulsión que no solo aparece desde el poder, sino también desde la sociedad. Una noción que quisiera simplificar la política, deteriorar el poder de las entidades autónomas o no alineadas, con agendas, intereses y reclamos propios, y que tiene puentes de comunicación eficientes con un pasado que nunca desapareció del todo.

¿Qué sucederá? Nadie puede saberlo, o por lo menos nadie puede saberlo con certeza. Porque ello dependerá de que lo construido en los últimos 30 años sea resistente. Y por lo pronto, lo que cualquiera puede apreciar es que, así como algunas personas, organizaciones e instituciones parecen prontas a formarse en los hábitos de la sumisión, otras más desean preservar sus agendas, libertad y capacidad de disenso. Y su fuerza e implantación no es artificial. Se nutre de esa sociedad diversificada a la que llamamos México.

El temor (mi temor) es que lo que tanto costó al país construir, una germinal democracia, con su sistema imperfecto de balanzas, sufra un percance. Que la falta de comprensión y valoración, acicateada por un malestar abru mador con los sujetos e instituciones que hacen posible la coexistencia del pluralismo, lleve a “tirar al niño junto con el agua sucia”.

Un contexto internacional preocupante

Por último, el contexto internacional es ominoso. No pongo a México y su próximo gobierno en el “saco” siguiente, pero no podemos dejar de apuntar que pulsiones hasta hace apenas unos años marginales o deslegitimadas, ahora logran atraer millones de adhesiones.

Trump en Estados Unidos, Duterte en Filipinas, Bolsonaro en Brasil. Países marcadamente diferentes y liderazgos que se emparentan: misóginos, racistas, autoritarios (dictatoriales), homofóbicos y antiilustrados. Personalidades que abominan de las mediaciones que se construyen en los regímenes democráticos, que confunden su voluntad con la voluntad popular, que ven y hacen ver a sus adversarios como la encarnación “del mal”, que son capaces de construir y expandir “verdades alternativas”, es decir flagrantes mentiras, y que además están impregnados de un potente sentimiento anticientífico (por ejemplo: el cambio climático -dice nuestro vecino- es una “invención”).

En sí mismos dan para preocuparse. Pero resulta mucho más alarmante que logren conectar y representar a millones de sus conciudadanos. Sin ese apoyo serían figuras excéntricas, marginales, incluso anodinas. No obstante, son o serán los presidentes de países importantes, y expresan y personifican las pulsiones que están modelando los ambientes anímicos e intelectuales en muy diversas latitudes. Esos liderazgos, además, parecen expansivos, contagiosos, y están poniendo a la defensiva lo mucho o poco de lo construido en términos de una cierta convivencia civilizada.

Como ya se apuntó, muchos son los nutrientes del ascenso de esas figuras carismáticas y ostensiblemente ominosas: el malestar con los sujetos e instituciones que hacen posible la democracia (políticos, partidos, congresos, gobiernos), los fenómenos de corrupción reiterados, el discurso antipolítico, las expectativas no cumplidas de amplias capas de la población, las desigualdades de todo tipo que obstaculizan una mínima cohesión social, los errores de sus adversarios, los flujos migratorios que son convertidos en chivos expiatorios de los males que sacuden a los habitantes “originarios”, las pulsiones identitarias excluyentes. Y seguramente hay otras.

Pero quiero destacar una más que, a falta de mejor nombre, llamaría la derrota de la ilustración. Se trata de la apertura de un espacio público plagado de charlatanería, que limita la deliberación informada. Recordemos cómo, en una estampita de las que vendían en las escuelas, la ilustración intentó colocar la razón como guía del quehacer humano. Una razón asentada en los descubrimientos de la ciencia, que ayudaba esclarecer las “cosas”. Que apostaba a la educación para quitar prejuicios, supercherías y todo tipo de consejas mentecatas. Y que, por supuesto, nunca pudo realizarse del todo.

Pero una cosa es no lograr jamás un triunfo decisivo y total, y otra muy distinta ver el aliento ilustrado en retirada, contra las cuerdas, en flagrante minoría. Los regímenes democráticos parecen reproducirse en una atmósfera singular y preocupante: una nube de prejuicios bien arraigados que se alimentan con un debate donde priva la simplicidad y se destierra la comple jidad. Donde la emoción impera (“siento que”) y acorrala a la razón (“pienso que”), donde engañifas de todo tipo se equiparan con los conocimientos especializados, donde los dictados ocurrentes corren con mejor suerte que la deliberación instruida, donde se confunden verdad, mentira y posverdad (que no es más que una máscara de la penúltima). Un teatro audiovisual sobrecargado, en el que declina cada vez más la influencia de la letra escrita; una jerarquización de los asuntos públicos marcada por las rutinas del espectáculo (una boda en el centro de la atención, mientras la discusión del presupuesto jamás adquiere visibilidad pública, y esto es sólo un ejemplo); una sociedad aniñada, caprichosa, narcisista, proclive a la indignación moral, sin comprensión ninguna del auténtico embrollo de las relaciones sociales.

Y en esa vorágine, la escuela insuficiente, cuando más se la requiere, que pasó de ser estratégica a marginal y exigua en los procesos de socialización; y los medios y las redes con famélica reflexión ilustrada (excepciones aparte), y asimilados a los códigos del entretenimiento. De tal suerte que no parece sencillo salir del laberinto.

Vuelvo al inicio. El futuro no está escrito. En materia política, quiero pen sar que el México de hoy, plural, masivo, contradictorio, no cabe ni quiere hacerlo bajo el manto de un solo partido, un solo ideario y un solo liderazgo. Esa es la monumental realidad que requiere de un entramado democrático, para que esa diversidad pueda competir y convivir de manera civilizada. Y ello supone, por supuesto, elecciones libres y equitativas, división de poderes, Estado de derecho, ejercicio de las libertades, gobierno acotado por leyes, justicia social, etcétera: algo que, aunque inacabado e incluso contrahecho, el país empezó a construir hace cuarenta años.