a) El trabajo informal¹ representa todavía hoy el principal tipo de empleo en el país. El número de trabajadores informales en sus distintas modalidades es de 30 millones de personas, es decir, 56.6% de la población ocupada. La proporción de empleo informal se ha mantenido a un comparativamente elevado frente a países de igual cuota de desarrollo en las últimas décadas. La transición de buena parte de la ocupación en la agricultura a la industria y los servicios modernos no se está dando en los términos en que dicho proceso ocurrió en los países más desarrollados.

Buen número de trabajadores del campo han pasado a engrosar la informalidad en el ámbito urbano. Esto sugiere que se está viviendo un cambio de fondo en el patrón de estructura tradicional en el proceso de desarrollo.

Las fluctuaciones coyunturales de la tasa de informalidad, muchas veces han estado vinculadas a altibajos en las tasas de participación, y no siempre han reflejado una tendencia firme. No obstante, a partir de 2012, se advierte una ligera reducción en este indicador, que ha pasado de 59.6% a 56.6%. El descenso ha sido más notorio en las pequeñas unidades que operan desde los hogares, sin constituirse como empresas. Esta disminución podría atribuirse, en parte, a medidas de estímulo fiscal a pequeños negocios, así como una estrategia más coordinada de inspección en las empresas formales que no registran a parte de sus trabajadores. Sin embargo, el nivel de empleo informal sigue siendo uno de los más elevados en América Latina.

b) La tasa de desempleo ha regresado a su pre-crisis; sin embargo, no constituye un indicador comparable en lo internacional. En ausencia de un seguro de desempleo, un gran número de trabajadores, ante el apremio por conseguir un ingreso, se refugian en la informalidad, al no poder dedicarse por completo a una búsqueda activa de empleo. Esto los excluye de esta medición y explica por qué, en México, el grueso del desempleo está constituido por personas con escolaridad media o superior, que son quienes tienen un mejor perfil para emplearse, o disponen de medios económicos de apoyo, para dedicarse formalmente a la búsqueda de un trabajo.

c) La participación femenina en el mercado de trabajo es particularmente baja. La relación entre la fuerza de trabajo disponible para la producción de bienes y servicios, y la población en edad de trabajar es decir, la tasa de participación, es en México de 59.8%, inferior al promedio de los países de la OCDE (67.8%),² y la femenina apenas alcanza 43.7%.

Esto representa una pérdida importante de su aporte potencial al crecimiento de la economía y a la generación de ingreso, que afecta al país en general y a los individuos y las familias en particular. Es especialmente grave en el caso de las mujeres, cuya escasa e intermitente participación en el mercado laboral las margina de un ingreso propio y de muchos beneficios de la seguridad social, en particular de una pensión.

d) Uno de los grupos en condición más vulnerable en el mercado de trabajo es el de los jóvenes. Es éste un grupo cuya condición en el mercado de trabajo requiere de la mayor atención. Son los jóvenes los más perjudicados durante los períodos de crisis, tienen altos índices de desempleo y, para la gran mayoría de ellos, la informalidad constituye la puerta de entrada a un trabajo. Los jóvenes que se han desconectado del estudio y del mercado de trabajo están en condición particularmente frágil: su marginación laboral por períodos prolongados, a temprana edad, amenaza sus perspectivas de ingreso y de trabajo a futuro, y son propensos a caer en depresión, adicciones o delincuencia. En el caso de las mujeres jóvenes, recaen en muchas de ellas las labores no remuneradas del hogar y del cuidado de menores y ancianos.

e) La proporción de trabajadores que gozan de protección social asociada a su fuente de trabajo en México es muy baja. Sólo seis de cada diez trabajadores asalariados están cubiertos por la seguridad social, y esta proporción es casi nula entre los trabajadores independientes. Esto implica su desprotección ante los riesgos de enfermedades, accidentes, edad avanzada, o pérdida de empleo e ingresos con motivo de choques asociados al ciclo económico, o a desajustes de naturaleza estructural.

f) Los retos asociados al nuevo mundo del trabajo. El surgimiento de mercados globales, el acelerado desarrollo tecnológico y las nuevas formas de organización de la producción están convulsionando el mundo del trabajo. Se está difuminando la línea entre el trabajo asalariado y no asalariado ante el surgimiento de formas atípicas de trabajo. La movilidad de capitales, frente a las restricciones a la movilidad internacional del trabajo, han transformado de fondo la relación laboral, y han afectado el poder de negociación entre los factores de la producción. Frente a estos cambios, las instituciones que regían el trabajo en entornos nacionales cerrados están siendo rebasadas.

Estamos enfrentando un reto de proporciones mayúsculas. No hemos podido erradicar el analfabetismo ancestral, cuando ya estamos frente a un nuevo y más severo tipo de rezago. Las deficiencias laborales no sólo dañan a nuestra población marginada, que se debate en diversas modalidades de informalidad y desempleo, sino que empiezan a extenderse a un amplio conjunto de población calificada adulta, que corre el riesgo de verse desplazada y que carece de las nuevas habilidades y conocimientos que demandará, en un futuro cercano, la planta productiva. Este proceso de reajuste en el entorno laboral trae consigo graves problemas sociales y culturales que no se han analizado suficientemente.

Todo esto pinta un panorama complejo, en el que coexisten enormes desafíos. Muchos de ellos derivan de problemas estructurales añejos, pero muchos más surgen de un mundo del trabajo que está experimentando cambios profundos, más acelerados que en otros momentos de la historia, ante los cuales compete a los tomadores de decisiones de política económica y social actuar desde ahora.

i. El impulso a la demanda interna como instrumento clave de la política de desarrollo. Es vital elevar la tasa de crecimiento y reconstruir el papel del Estado como estratega para impulsarlo. Es urgente dejar de relegar la demanda interna tanto el consumo, como la inversión. Esto implica evolucionar hacia una estructura productiva generadora de mayor valor agregado, y de empleos de mayor nivel de calificación. En esta nueva estructura se deberá promover una distribución territorial más equilibrada de la actividad productiva y del empleo, con acciones específicamente orientadas a las regiones en desventaja, y a los grupos de la fuerza de trabajo en los que el desempleo es más elevado, particularmente a los jóvenes, lo mismo que hacia las mujeres, en las que los papeles inculcados desde la infancia, la sobrecarga de tareas del hogar, y las responsabilidades del cuidado de menores y ancianos impiden una más actualizada capacitación, mayor participación laboral, mejores salarios y mejores pensiones.

ii. El tránsito hacia un nuevo esquema de inserción en la globalización. La inserción en los mercados globales basada en bajos salarios no es sostenible. Se ha seguido un modelo, centrado preponderantemente en tareas de maquila o de mero ensamblaje manufacturero, que resulta particularmente vulnerable ante el avance tecnológico, y que se sustenta en una mano de obra barata y poco calificada, que compite a nivel mundial con otros países de muy bajos salarios y que, por todo ello, no ofrece buenas perspectivas, además de que ahora enfrenta la creciente automatización productiva y uso de los robots industriales. Se requiere promover una estrategia coordinada de la política económica, educativa y social para transitar hacia una inserción de nivel más alto en los mercados globales, orientada a exportaciones de mayor valor agregado y a empleos de mejor calidad y más elevada calificación.

iii. El fortalecimiento del salario. En materia de salarios, es perentorio iniciar el fortalecimiento del salario mínimo, a fin de que, a corto plazo, pueda llegar a cumplir con el mandato constitucional y, a la vez, fungir como un piso efectivo de la estructura salarial. Dentro de este objetivo, será preciso establecer metas claras, para un avance gradual pero firme, a fin de que pueda cubrir el costo de la canasta básica, y mantener un seguimiento duradero del impacto dentro de la estructura salarial del país.

La mejoría del nivel general de salarios está estrechamente ligada, por otra parte, al proceso de cambio hacia una estructura productiva generadora de mayor valor agregado, y de empleos de nivel más alto de calificación, y a una inserción distinta en los mercados globales, en escalas superiores de las cadenas de valor; implica dejar de utilizar el salario como el principal instrumento de contención inflacionaria, y como la variable más socorrida de ajuste macroeconómico ante situaciones críticas, y da lugar a promover las acciones necesarias para que las ganancias de una mayor productividad se reflejen, de manera efectiva, en las remuneraciones al trabajo.

iv. Hacia un régimen de seguridad social universal. Es urgente repensar el sistema de protección social, a fin de darle un carácter universal, como un derecho de cada individuo, más que como una prestación restringida al trabajo asalariado formal, de carrera continua, especialmente en un mundo cambiante del trabajo. Esto implica construir un sistema público de salud, financiado a través de impuestos generales, aunado a un sistema de protección al ingreso de los individuos y las familias frente a los riesgos de incapacidad, edad avanzada y desempleo. Este último tipo de seguro, del que aún carece nuestro país, ha probado ser un estabilizador macroeconómico eficaz durante períodos adversos del mercado laboral, y un instrumento para evitar que quienes pierdan su empleo puedan caer en la indigencia o en la informalidad. Adoptar un sistema de protección social universal no solo es justificable desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que permitiría al país estar en mejor posición para allegarse los avances tecnológicos y toda la innovación conveniente, limitando los costos humanos a que ello dé lugar. Dado el esfuerzo fiscal que este sistema supondría, se lo deberá contemplar como parte integrante de una estrategia articulada, a una reforma hacendaria que significaría la transición de los múltiples enfoques residuales, y de programas en muchos casos duplicados, a un esquema de derechos básicos exigibles.³

En el muy corto plazo, sería necesario incorporar a los trabajadores domésticos al actual régimen obligatorio de seguridad social, y facilitar la incorporación de los trabajadores independientes, lo mismo que intensificar los programas de inspección para incorporar al trabajo formal a los trabajadores que actualmente laboran en empresas formales[,] pero sin estar registrados a la seguridad social[;], todo ello además de homologar el registro de los trabajadores en el IMSS, el SAT y el Infonavit, a fin de a evitar que las empresas inscriban, sí, a sus trabajadores ante la autoridad hacendaria, para deducir costos, pero que no lo hagan ante el seguro social.

v. Estrategia frente a los cambios que supone el trabajo del futuro. Es necesario tener presente que, en un futuro no lejano, entre las ocupaciones más susceptibles de desaparecer (por la mencionada automatización, los robots, etc.) están las basadas en operaciones repetitivas o predecibles, como el trabajo en las líneas de ensamblaje, que actualmente son todavía una fuente importante de trabajo en nuestro país, y que los efectos del cambio tecnológico en el empleo se están extendiendo a un número cada vez mayor de servicios. Estamos frente al riesgo de una nueva y más profunda polarización entre quienes dominen la tecnología (de la información, computacional, etc.), y quienes resulten marginados. Por otra parte, el marco de regulación del trabajo basado en el modelo industrial e ideado para economías cerradas se está rebasando o se desatiende, y no ha surgido un modelo novedoso de regulación del trabajo que garantice los principios de dignidad en el trabajo y de seguridad social, todo ello bajo el nuevo modo de producción, y un creciente número de modalidades inéditas de trabajo están surgiendo al margen de toda regulación o protección social, en el contexto global, sujetas a muy recientes formas de inseguridad y exclusión.

Ante este entorno aún poco conocido, es preciso repensar muchas de las instituciones creadas en materia de trabajo, seguridad y protección social. Esto rige igualmente para las instituciones educativas y de formación, que requieren idear nuevos esquemas y medios que agilicen la permanente actualización de sus contenidos y sus formatos, a fin de mantener vigentes las capacidades de los individuos y su adaptación a nuevos entornos laborales.

Todo esto deberá formar parte de una estrategia de desarrollo e inclusión, inclusión general, indiscriminada, que defina, con claridad, el rumbo en el que deberá avanzar el país en materia productiva, de inserción global y empleo, y adecuar, en torno a dicha estrategia, el conjunto de instrumentos y acciones de política económica y social que permitan darle viabilidad.