Educación y cultura

Cuando se habla de educación, se tienen diversas concepciones sobre su significado; sin embargo, una de las vertientes más aceptadas es la referida al área del conocimiento y la formación, es decir, aquella que busca nuestro perfeccionamiento y en cuyo caso hablamos de “buena o mala educación”. La educación, de acuerdo a ^{Luengo (2004)}, debe cubrir un gran número de capacidades del ser humano como las cognitivas, morales, afectivas, éticas, estéticas, sociales, etc. Empero, todo ello está influido por las costumbres y tradiciones del núcleo en el que nos desarrollamos. Se trata de aquella educación en la que el individuo tiene que interactuar con el entorno que le rodea para potenciar sus capacidades individuales. Aunado al origen etimológico de la palabra educación -educere: “extraer desde dentro hacia afuera”; y educare: “criar” y “alimentar”- se puede tener una definición simplificada del concepto: conjunto de influencias externas sociales, culturales, políticas y de formación que permiten el desarrollo de los potenciales propios de cada individuo.

Dado lo anterior se puede deducir que el nivel educacional de una persona está determinado por una infraestructura que permite al ser humano potenciar sus capacidades, adquirir y generar conocimiento; así como las costumbres y tradiciones características de una sociedad y, de la misma forma, éstas influyen en la formación y desarrollo de nuevas generaciones.

La teoría de la educación constituye un conjunto sistematizado de conocimientos teniendo como objetivo estimular la acción en las prácticas educativas ya sea formales o informales (^{Sarramona y Sarramona, 2008}). En el terreno práctico la educación es un instrumento esencial para el desarrollo y se despliega en tres planos: bienestar social, desarrollo sostenible y buena gobernanza (^{UNESCO, 2015}). En el ámbito de nuestro interés, en el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2013/42 se señala el “poder de transformación sin parangón que tiene la educación de las niñas y las mujeres”.

A la par de la educación, la cultura juega un papel de vital importancia para el perfeccionamiento del ser humano y para la formación de las generaciones jóvenes, ya que “La cultura o civilización, en un sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todo otro tipo de hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad” (^{Monclus, 2009}). En consecuencia, la cultura será resultado, al igual que la educación, de relacionarse y socializar. Un referente obligado en este tema es ^{UNESCO (2001)}, para quien la cultura es “el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.

Por lo tanto, la educación y la cultura están estrechamente relacionadas, no puede hablarse de una sin contemplar conjuntamente la otra, ambas son necesarias para la coexistencia diaria y conveniencia de la humanidad, determinan las propiedades características de cada comunidad y postulan el rumbo de las relaciones humanas para que, en cierta medida, se vuelvan armoniosas.

Educación y género en México

Si se hace un recuento de la participación de la mujer en cualquier nivel educativo en México, se observa que ésta ha sido relativamente reducida y que sólo con el paso del tiempo y el rompimiento de ciertos paradigmas sociales ha podido incrementarse.

La cultura, las tradiciones o las costumbres han obstaculizado que la mujer salga de la burbuja en la que se le ha mantenido encerrada, burbuja llena de prejuicios y yugos impuestos por una sociedad androcentrista.

A través de la educación se han transmitido valores de igualdad de género, superando actitudes sexistas, el machismo y el androcentrismo. Pero la realidad, a lo largo de la historia, ha reflejado una diferencia en la transmisión de conocimientos según el género sexual. Por ejemplo en el siglo XVIII la mujer no podía acceder a los mismos niveles educativos del hombre, pues ello implicaba sustraerse de las responsabilidades domésticas que tenía asignadas. Para el siglo XIX, Reinoso (2012) menciona que el papel de la alfabetización en la mujer era única y exclusivamente para desenvolverse de manera adecuada en sus quehaceres domésticos.

En la actualidad, el aula de clases es un canal de transmisión de valores que permiten la inclusión, tolerancia y no discriminación en cuestiones tanto educativas como de convivencia diaria, y que por lo tanto, son valores para abatir la discriminación de género. Pero en los hechos no siempre ocurre así pues, como señala ^{Poblete (2011)}, por ejemplo, en el caso de Chile se observa que los docentes (tanto hombres como mujeres) tienden a preferir la participación y trabajo del sexo masculino en la dinámica de clase, delegando el desempeño de las mujeres a segundo plano y considerándolo solamente un complemento a las aportaciones de sus compañeros varones.

Las investigaciones sobre sexismo en la educación son relativamente recientes, pues surgen en la década de 1970 en Estados Unidos, y tenía como objetivo descubrir por qué la educación no era incluyente y cómo la discriminación de la mujer estaba muy presente en las aulas (^{Ulloa, 2014}). El sexismo se refiere a las desigualdades de género que están presentes en diversos aspectos sociales, económicos y políticos y que excluye a la mujer en la realización de actividades que de manera activa son llevadas a cabo, mayormente, por el hombre. Se trata de un racismo de sexo, de ahí su nombre.

La desigualdad de género es independiente de la condición económica de hombres y mujeres, puesto que se reproduce bajo un esquema educativo masculinizante que se encarga de establecer a cada sexo las tareas que le corresponden de acuerdo a los estereotipos ya determinados por la sociedad; a las mujeres se les asigna la labor doméstica y a los hombres se les relaciona con el ámbito público y social (^{Poblete, 2011}).

Ante esta situación discriminatoria, se puede asegurar que la inmersión de la mujer en la educación es la pauta principal para superar la subordinación femenina. Es por ello que este aspecto se vuelve primordial en la transmisión de valores equitativos y antisexistas.

Para observar cómo en México ha evolucionado en las últimas décadas la discriminación por género, a continuación se analizan dos aspectos que inciden de manera positiva en la equidad de género: alfabetización y matrícula educativa; y un tercero que lo hace negativamente: los nacimientos por grado de escolaridad de la madre.

Alfabetización de hombres y mujeres

Como se señaló, la educación tiene un papel preponderante en la reducción de la brecha de la desigualdad de género. En el caso de México si se utiliza la tasa de alfabetización como variable que refleja la incorporación de las mujeres al sistema educativo, se observa su acceso se ha incrementado; incluso a partir del año 2008 dicha tasa comienza a superar a la correspondiente a los hombres (Figura 1).

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

Figura 1 México: Tasa de alfabetización de hombres y mujeres de 15 a 24 años de edad, (1990-2014) 

Por otro lado, también se puede constatar la evolución positiva de la matrícula por género femenino pues desde 1950, cuando la participación estaba sesgada al sexo masculino con 54% del total nacional; sin embargo, para el año 2012 se observa que este sesgo disminuyó significativamente, pues la diferencia fue sólo de 2% a la par que aumentó de manera muy importante la matrícula total (Tabla 1).³

La matrícula educativa por nivel y género

Durante mucho tiempo el rol femenino en la sociedad se remitía en forma predominante a las actividades domésticas; en la actualidad la presencia de la mujer, por ejemplo en el aspecto académico, se ha incrementado de manera considerable, y aunque aún hay un ligero rezago en el nivel superior, la mujer cada día accede más a la educación media.

En México, además de considerar la alfabetización femenina, es importante conocer el avance hacia los diferentes niveles educativos. En la Tabla 2 se muestra dicha transición, es decir cómo se ha distribuido la inscripción nacional por sexo y nivel educativo para los años 1950 y 2014.

Se observa que en 1950 a medida que aumenta el nivel educativo, la brecha a favor del hombre también se incrementa, pues si bien en el nivel primario la diferencia era de 4%, en la licenciatura ascendía a 20%. En cambio, para el año 2014 el porcentaje de matrícula se distribuye de manera más igualitaria, y en los casos de educación secundaria y media superior los porcentajes de matrículas son iguales para cada género. También destaca que la diferencia que se había registrado a nivel licenciatura en 1950, para el año 2014 ya había disminuido considerablemente, aunque continúa siendo el nivel de escolaridad en donde hay mayor desigualdad de matrícula entre hombres y mujeres.

Hasta ahora, los datos presentados muestran un importante avance en la integración a la educación por parte de las mujeres. No sólo han superado a los hombres en cuanto a la tasa de alfabetismo, también en los diferentes niveles educativos se registra un gran progreso. Por lo que se esperaría que la brecha de la desigualdad de género en México por este rubro se haya atemperado.⁴

No obstante, para la ^{OCDE (2015)} aún existe un reto a nivel mundial para cerrar las brechas de género desde la niñez, debido a que impactan en la elección de carrera y en el empleo. Lo que el organismo sugiere es que son los docentes los QUEA través de distintas técnicas de enseñanza pueden ser el factor clave para cerrar esta brecha. Ya que a nivel mundial menos de una niña de cada 20 tiene pensado hacer una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas; mientras que en los niños uno de cada cinco sí lo considera. Esto es importante debido a que estas áreas son las mejor remuneradas.

En el caso de la sociedad mexicana se constata lo afirmado por la OCDE. Tanto a nivel licenciatura como posgrado, la matrícula de mujeres en el ciclo escolar 2015-2016 predomina en carreras como: artes y humanidades; ciencias sociales, administración y derecho; educación y salud. Mientras que la matrícula masculina prevalece mayoritariamente en carreras como: agronomía y veterinaria; Ciencias naturales, exactas y de la computación; Ingeniería, manufacturas y construcción y Servicios. Es interesante señalar que si bien a nivel licenciatura la matrícula masculina supera ligeramente a la femenina, en el Posgrado la participación de las mujeres es mayor que la de los hombres en casi cinco puntos porcentuales, aunque se mantiene el sesgo por campo de formación académica (Tabla 3).

Como se mencionó, aun cuando ha habido una reducción en las brechas de género con respecto a educación, hay temas pendientes que atender como el porqué del sesgo de los hombres hacia las ingenierías.

Nacimientos según escolaridad de la madre

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es que la mujer, al ser la que concibe, ello puede repercutir en los niveles de educación cuando tiene hijos durante su vida escolar, ya sea que adopte un régimen parcial de estudios o que haya un abandono total.

Al respecto, Alicia ^{Bárcena (2013)} señala que el embarazo en la adolescencia es un primer signo de la desigualdad y apunta que en América Latina 30% de las mujeres es madre en esta etapa biológica.⁵ Entre las principales causas de los embarazos en mujeres adolescentes se encuentran el nivel educativo, los ingresos y la pertenencia a una etnia.

En el caso de México, en la Figura 2 se presenta la evolución de la natalidad de acuerdo al grado de escolaridad de la mujer. Salta a la vista que, en el período mostrado, se incrementó considerablemente el número de nacimientos cuyas madres sólo tenían escolaridad a nivel secundaria; así mismo, se elevó el número de nacimientos de madres profesionistas y con grado de bachillerato. Mientras que en madres sin escolaridad o que sólo cuentan con la primaria los nacimientos han disminuido desde la década de los noventa.⁶ No obstante, en estas cifras se puede ver que el porcentaje de nacimientos en mujeres con mayores niveles educativos es pequeño con respecto al total.

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

Figura 2 México: distribución porcentual de los nacimientos registrados según escolaridad de la madre (1990-2014) 

Más allá de la educación institucional, la educación sexual en la región latinoamericana juega un papel importante, ya que a pesar de que la información sobre métodos anticonceptivos ha proliferado, los obstáculos que los jóvenes tienen para acceder a centros o instituciones de salud sexual se convierten en un determinante más de los embarazos prematuros.

En México, de tiempo atrás, la salud reproductiva es una preocupación de políticas públicas. Así se tiene que en el Programa Nacional de Salud 2001-2006 se reconocía la planificación familiar para promover los derechos sexuales y reproductivos a fin de enfrentar los embarazos no planeados y no deseados. También en el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción 2007-2012 se estableció como eje primordial la planificación familiar y anticoncepción en busca de una vida sexual y reproductiva satisfactoria. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados debido a que, como se muestra en la Figura 2, los embarazos en mujeres jóvenes con nivel educativo secundario y bachillerato aumentaron, lo que manifiesta que las medidas para prevenir embarazos no planificados han sido insuficientes. Por ende, hace falta una política pública no sólo eficiente canalizada a la educación sexual en jóvenes, sino también una mayor cobertura en poblaciones de ingresos más bajos y con menor acceso al servicio de salud.

Género y prejuicios sociales

Los prejuicios están presentes en toda sociedad, son parte de la cultura y se expresan en diversas relaciones humanas; son una manera de anteponer ciertas actitudes y comportamientos a determinados grupos sociales de los cuales se espera alguna otra expectativa. Se trata, por lo tanto, de una valorización negativa de determinados grupos o personas que busca la discriminación por divergir de lo que es moralmente aceptado. Las creencias religiosas influyen en la creación de prejuicios, que llevan a posicionar en la sociedad a hombres y mujeres de acuerdo a los roles que debe de jugar cada uno de los sexos.⁷

En cuanto al género sexual,⁸ los prejuicios se visualizan en la clasificación de las tareas y labores que se le encomienden socialmente a cada género. A la mujer se le vincula más al rol natural por su virtud de procreación de vida y cualquier desviación del mismo puede malinterpretarse moralmente o incluso calificarse como riesgosa; al hombre, por su parte, se le relaciona con la vida pública, es el que interactúa más activamente en sociedad.

Si bien las diferencias sexuales son la base sobre la cual se asienta una determinada distribución de papeles sociales, de acuerdo con ^{Lamas (2010)} esta asignación no se desprende “naturalmente” de la biología, sino que es un hecho social. Entre los estudiosos del análisis económico de la familia, se acepta la idea de que es en la familia donde se asignan los roles que llevarán a cabo cada uno de sus integrantes, de acuerdo con sus características físicas y cualidades que poseen.

Otro aspecto a considerar es la estigmatización de la mujer como ser inferior en el lenguaje cotidiano, cuando se le caracteriza despectivamente, lo cual incide en discriminación de género al convertirla en objeto de burla y sátira en el refranero popular. ^{Fernández (2011)} señala que los refranes, chistes y acertijos sexistas reproducen la discriminación de género y da lugar a una violencia lingüística presente en la sociedad.

Los refranes son utilizados para toda la sociedad en general, pero hay un uso sesgado hacia la discriminación de género; estos denotan claramente que en la sociedad mexicana se enfatiza en la mujer su condición de procreadora de vida, se subestiman sus capacidades intelectuales y en ella se centran las explicaciones banales de los errores que pudieran suscitarse en el acontecer cotidiano de la sociedad.⁹

En lo que respecta a los chistes, estos constituyen esa pequeña historia o anécdota que tiene la intención de hacer reír a las personas y clasifican a la sociedad en grupos característicos y con base en ello los vuelven propensos a burlas; los chistes de género tienen actualmente una tendencia muy marcada a tomar como juego la discriminación de género en la sociedad.

Al igual que los refranes, los chistes tienen esa misma tendencia a escarnecer el nivel de conocimiento que la mujer desarrolla y a creer que las únicas capacidades que tiene son las de los deberes domésticos.

Los acertijos por su parte, aunque sí conservan el androcentrismo, se observa recientemente que permiten reflexionar sobre la necesidad de alcanzar la equidad de género. Por lo tanto, estos rompen con una pintoresca ironía y burla.

Educación y capilaridad social

La capilaridad social puede definirse como la posibilidad que tienen las personas de ascender en los estratos sociales, políticos o económicos; y la educación juega el papel primordial para lograr dicho ascenso. Es importante relacionar estos conceptos, debido a que hoy en día es de suma importancia la formación académica para poder incorporarse a puestos de trabajo, ya sea mejor remunerados o de mayor prestigio.

El Estado juega un papel preponderante en la capilaridad social, ya que según ^{Oszlak (2012)} éste, junto con sus instituciones, se encarga de producir bienes y ofrecer servicios que le permitan al ser humano acceder a mejores niveles de vida. Por lo tanto:

las oportunidades de progreso económico y de realización individual, la educación de sus hijos, las condiciones y estabilidad de su trabajo, sus posibilidades de satisfacer ciertas necesidades materiales básicas, suelen verse influidas y alteradas por las variadas respuestas (tomas de posición y cursos de acción) que, en esos diferentes planos y en función de las relaciones de poder existentes, el Estado decida instrumentar en cada momento histórico (p. 11).

Dado lo anterior se puede concluir que la capilaridad social está determinada, en gran medida, por las políticas que el Estado pueda implantar para mejorar de manera sustancial la calidad de vida del ser humano. En este contexto, conviene ver el grado de concreción de las políticas en el caso de la inserción de la mujer en el mercado laboral.

¿Cómo es el mercado laboral en el que se inserta la mujer?

De acuerdo con ^{López-Ibor (2002)}, la división sexual del trabajo existe en todas las sociedades, además de que hay una diferencia en los ingresos entre ambos sexos. Para los teóricos de la teoría del capital humano dichas diferencias se deben a las productividades marginales, siendo la productividad femenina la menor. Por ejemplo, ^{Becker (1983)} utiliza el concepto de ventaja comparativa para dividir las tareas dentro del hogar, asignando a la mujer la especialización en el trabajo doméstico y a los hombres en actividades de mercado.

En la misma línea de razonamiento se ha destacado que el papel que se le asigna a la mujer se limita a las labores domésticas y también al cuidado de los hijos, lo que provoca que las mujeres inviertan menos en capital humano. E inclusive que en la búsqueda de empleo lo harán en función del tiempo disponible para no desatender sus actividades del hogar.

Sin embargo, como se ha mostrado, en el caso de México, no hay evidencia suficiente que respalde la disminución del capital humano en las mujeres, ya que por el contrario ha habido un incremento en la matrícula de mujeres y también en la tasa de alfabetización femenina.

También ha sido tema de discusión las características biológicas que diferencian a hombres y mujeres, las cuales tienen influencia en el tipo de actividad que desempeñarán en la economía. En el caso de México, de acuerdo con datos de Inmujeres¹⁰ en 2014 había 3 582 742 hombres y sólo 142 026 mujeres laborando en el sector de la construcción. Mientras que en el comercio se presenta una reversión, es decir, hay una mayor participación de las mujeres: 4 668 669 hombres y 4 886 342 mujeres. Lo que a primera vista daría evidencia de que efectivamente hay un sesgo en las actividades que pueden realizar hombres y mujeres de acuerdo a sus características físicas. No obstante, solo 48% de las mujeres entre 15 y 64 años forman parte del mercado laboral convencional frente a 83% de hombres en la misma situación (^{FEM, 2014}).

Sin embargo, las cuestiones físicas no deberían de ser un factor que incremente la discriminación de la mujer en el mercado laboral, ya que sería más conveniente tomar en cuenta el intelecto que adquieren tanto hombres como mujeres cuando acceden a los mismos niveles educativos.

Como se ha mencionado, la matrícula femenina en la mayoría de los niveles educativos se ha incrementado, por lo que se esperaría que las mujeres accedieran regularmente a puestos de trabajos de alta jerarquía. Más la evidencia muestra lo contrario, pues ninguna mujer en México ha sido miembro del directorio del Banco Central; mientras que fue hasta el año 2000 que por primera vez una mujer ocupó la Secretaría de Educación Pública cuando, como se mostró, la matrícula femenina en educación fue superior de manera amplia tanto en licenciatura como en posgrado.¹¹

Con respecto a las instituciones públicas como la Universidad Autónoma Metropolitana,¹² se tiene que 93% de los puestos directivos están ocupados por hombres. Mientras que, de acuerdo con datos de Conacyt,¹³ en 2015 había un poco más de siete mil mujeres pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo cual representa sólo un 34.9% del total. Otro indicador interesante es que en las ingenierías 22% son mujeres investigadoras y en el área agropecuaria el porcentaje es menor (14.5%). Mas a pesar de que las cifras muestran la brecha de género, ha habido un incremento considerable de mujeres pertenecientes al SNI, ya que en 1984 Conacyt reportaba sólo 283 mujeres con esta calidad.

Muchos otros casos muestran la discriminación de género que prevalece en el mercado laboral de México, siendo el de los puestos directivos en educación y la presencia en la generación de conocimiento los de mayor sensibilidad, pues aquí se administra y forma la masa crítica que a mediano y largo plazo tomará los puestos de mando estratégicos del país. En este tenor, al analizar el acceso a puestos directivos en catorce universidades públicas, ^{De Garay y Del Valle (2011, 22)} constatan que el Techo de cristal tiene su expresión no en el hecho de que las mujeres adopten valores masculinos, sino que “Se hace justicia si las mujeres son los sujetos de una historia que tiene en cuenta sus experiencias como mujeres y la especificidad de sus vidas”.

Otra de las particularidades que marcan la diferencia de género es la referida a remuneraciones. Las mujeres desempeñan trabajos específicos que regularmente se caracterizan por empleos más precarios, tener salarios bajos, o bien en igualdad salarial las jornadas son más largas. Hay que considerar que esas mismas mujeres no reciben ninguna percepción por las labores que realizan en su hogar, estimándose representan 36 horas de trabajo a la semana, equivalente a 19% del PIB (^{ONU, 2015a}); y que a nivel mundial las mujeres tienen un salario promedio inferior en 24% al de los hombres (^{ONU, 2015b}). Para el caso de México, el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres equivale a 18% del PIB, lo cual es de suyo relevante pues las manufacturas aportan 16.5% del PIB (INEGI, 2016).

A esto se añade que, de acuerdo con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el 2014 el ingreso nacional bruto per cápita para las mujeres, en términos de la paridad de poder adquisitivo en dólares del 2011, fue de 10,232; mientras que para los hombres fue de 22, 252 dólares. Esto muestra una gran desigualdad de género pues los hombres acceden a la mayor parte del ingreso nacional.

Los derechos constitucionales

En México, los derechos de la ciudadanía se encuentran plasmados en la Constitución Política, en la cual se incluyen los de género. Por ejemplo, el Artículo 1° prohíbe toda discriminación por género; en el Artículo 4° queda establecido que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y que será ésta última la que establecerá las bases del desarrollo familiar.

En el Artículo 3° se enuncian las características del derecho a la educación y se hace hincapié en que todo individuo tiene derecho a gozar de ella y de que debe ser establecida a nivel nacional; además de esto la educación contribuirá a fortificar lazos humanos, fraternidad e igualdad, evitando beneficios por razas, religión o sexo.

En el Artículo 123°, relacionado al trabajo y previsión social, en el apartado A, número V, se reconoce la protección en el trabajo de la mujer embarazada: ahí se establece que ésta no podrá realizar trabajos que ameriten una mayor fuerza o que pongan en riesgo su salud. De igual manera se le otorgarán seis semanas de descanso antes de la labor de parto y seis semanas después de la misma. Contará dentro de sus actividades con dos descansos de media hora cada uno para realizar su lactancia.

En consecuencia, existe el marco legal para promover la equidad de género, pero las inercias sociales, políticas y culturales han sido hasta ahora bastiones irreductibles de la desigualdad de género, particularmente en cuestiones políticas de representación social.

La participación política nacional de la mujer

A lo largo de la historia de México, el reconocimiento del derecho de la mujer al voto comprende diversas etapas, una serie de luchas populares y diversas iniciativas gubernamentales para establecerlo.

En el año de 1923 se planteó en el estado de Yucatán la legislación para que las mujeres pudieran votar en elecciones municipales y estatales; lo que para la sociedad mexicana fue un gran logro en materia constitucional. Posteriormente en los años de 1924 y 1925 en los estados de Chiapas y San Luis Potosí se buscó instituir dicho derecho pero los resultados fueron de menor trascendencia.

En 1937, Lázaro Cárdenas crea la iniciativa de establecer a nivel nacional la práctica del voto de la mujer, la cual fue a probada por la Cámara de Diputados y la de Senadores y los gobiernos estatales. Al final, el lastre que no permitió la aprobación de dicha ley fue el considerar que, debido a un arraigado apego religioso, el derecho de votar de la mujer podría verse influido por la iglesia.

En el año 1947 se modificó el Artículo 115 de la Constitución, con el cual la mujer podía ejercer el voto en niveles municipales; esto fue la pauta para que finalmente en 1952, y paradójicamente con gran influencia del Partido Acción Nacional de rancio conservadurismo clerical, se reconociera constitucionalmente el derecho federal al voto femenino. Así, finalmente en las elecciones de 1955 por primera vez la mujer ejerció su voto como cualquier otro ciudadano en todos los niveles de elección popular.

En suma, se tiene que el establecimiento de derechos y obligaciones constitucionales de un ciudadano mexicano comprende a toda la población en general sin importar género, raza, creencia religiosa o grupo social; además de que bajo ninguna circunstancia estos derechos deben ser negados a los ciudadanos. Por lo tanto, y para fines de este trabajo, hombres y mujeres gozan de los mismos derechos y no tienen que existir preferencias de género para cumplir con la Constitución. De la misma manera, cabe destacar que el reconocimiento al voto femenino es una forma de combatir la desigualdad de género y elevar los niveles de construcción democrática nacional.

Educación y capital humano

El concepto de capital humano ha sido utilizado para eludir, si acaso atemperar, la teorización económica del problema de la inequidad laboral de género. Así, Schultz (1968), después de Solow (1956), afirmó que:

el proceso de adquisición de habilidades y conocimientos por medio de la educación no debería verse como un consumo, sino más bien como una forma de inversión. Y que por lo tanto la inversión en capital humano incrementaría la productividad y por lo tanto llevaría al crecimiento económico;

por ende a los gobiernos les conviene un mayor nivel de capital humano, personas con mayor número de conocimientos para empaparse del éxito del crecimiento económico. Ergo, una persona con mayor nivel de estudios y mayormente actualizada es parte fundamental del desarrollo de la economía de su país.

Puede inferirse, en consecuencia, en sintonía con la teoría convencional, que si una mujer tiene un salario más bajo que un hombre ello se debe a una menor productividad marginal y no a una discriminación de género. Lo absurdo es que, en realidad, en condiciones de igualdad de conocimientos y experiencia laboral, los salarios están sesgados a favor del género masculino (INEGI, 2016).

Cuando se relaciona educación con capital humano se afirma que, de acuerdo a lo postulado por la nueva economía del conocimiento, es necesaria una formación educativa que incluya una educación formal-institucionalizada, acompañada por las aptitudes que el ser humano tenga para el manejo de las nuevas tecnologías; esto llevaría a la especialización de las personas (en determinadas tareas o actividades) que se reflejarían en un determinado crecimiento económico, resultado de incrementos en la productividad.

No obstante, cabe preguntarse qué sucede con el crecimiento económico cuando a los factores de la producción no se les remunera de acuerdo a su contribución, como es el caso de la labor femenina y México es un ejemplo de ello. Aquí la función del Estado consistiría en fortalecer el marco jurídico correspondiente para que las remuneraciones fuesen equitativas entre géneros y que a las mujeres se les pague de acuerdo a su productividad y no en función de su condición de género.

Gasto en educación y en I+D

La variable de gasto en educación permite analizar cómo el gobierno se involucra en la formación y educación de la población. Como ya se ha mencionado la educación es una de las formas de cerrar la brecha de género y el gobierno es el encargado de implementar las estrategias necesarias para fortalecer este sector.

En el caso de México, desde 1998 el gasto público asignado a la educación como porcentaje del PIB aumentó de 3 a 5.3% correspondiente al año de 2012. En comparación, en el año 2010 Estados Unidos destinó 5.42% del PIB a educación y el gobierno de México el 5.21% (Figura 3). Considerando estos datos es posible afirmar que en México se invierten recursos en educación como lo hacen los países desarrollados; sin embargo, para evaluar correctamente estas cifras es necesario tomar en cuenta la calidad de los servicios educativos, la cual difiere ampliamente entre ambas sociedades. Por ejemplo, en México hay un índice de analfabetismo de 5.5% y un rezago educativo de 35% de la población de 15 años y más (^{SEP, 2015}).

Fuente: elaboración propia con datos de Banco Mundial.

Figura 3 México: Gasto total en educación como % del PIB (1998-2012) 

Otra variable que muestra cómo se involucra el gobierno en aspectos educativos es el gasto en investigación y desarrollo. De acuerdo con el Banco Mundial se trata de los gastos corrientes y de capital (público y privado) en trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar los conocimientos, incluso los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones. Este gasto se ha incrementado de 3.4 a 5.2% del PIB.

Empero, de otra parte (Figura 4), en el período de 1996-2011, el gasto sensible en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB tiene valores inferiores a 1%; cuando en comparativo en el último año Estados Unidos asignó 2.76% y México un 0.42 por ciento.

Fuente: elaboración propia con datos de Banco Mundial.

Figura 4 México: Gasto en I+D como % del PIB (1996-2011) 

Aunque de manera insuficiente, el gobierno mexicano no sólo ha destinado recursos a educación, investigación y desarrollo; sino que también ha implementado diversos programas y leyes que ayudan a fomentar la igualdad de género. En la Tabla 4 se presentan programas que han sido implementados desde el año 1953 hasta 2008, así como los objetivos planteados y los resultados a los que se llegaron.

Entre los programas más sobresalientes se encuentran: el Programa Nacional de la Mujer Alianza para Igualdad (Pronam) y el Inmujeres. El Pronam planteó con mayor énfasis la igualdad de hombres y mujeres en la vida social, política, económica y cultural del país. Mientras que el Inmujeres implementó las políticas acordadas en 1995 durante la IV Conferencia Internacional de la Mujer llevada a cabo en Pekín, que permitirían a la mujer insertarse en áreas diferentes de las cotidianas (hijos, hogar, secretarias de oficinas, entre otras).

Gasto social con enfoque de género

Hasta ahora se han mencionado medidas del gasto en educación e inversión y desarrollo, o la creación de diversos programas para incentivar la equidad de género en la sociedad mexicana. Sin embargo, un análisis consistente sobre gasto público destinado a hombres y mujeres enfrenta la dificultad de que el diseño de las políticas públicas no está hecho desde una perspectiva de género. Por ejemplo, ^{Ulloa (2014; 139)} al hacer un balance de las políticas reproductivas de 2000-2012 enfatiza que no fueron hechas desde una perspectiva de género, pues:

abordar los derechos a la salud sexual y reproductiva bajo el criterio de la igualdad y no bajo el principio de la equidad, como se hizo durante los sexenios panistas, es en realidad una fachada que promueve la oferta de una amplia gama de opciones para la planificación familiar a mujeres y a hombres por igual, pero no toma en cuenta las diferencias entre ellos, ya que la mayoría de los métodos anticonceptivos están pensados para pasar sólo por los cuerpos de las mujeres.¹⁴

Una referencia institucional del gasto público por género es el estudio realizado por Naciones Unidas (PNUD, 2010) en el cual se da cuenta, con información de 2006, de algunos resultados de las iniciativas realizadas por el gobierno. En la Tabla 5 se puede observar la distribución del gasto público por deciles del Índice de Desarrollo Humano (IDH).¹⁵ Para el caso de los hombres, en el total es el rubro de Educación en donde hay una mayor concentración, y segmentado es en los deciles con mayor IDH (8, 9 y 10) los que mayor gasto público reciben. Por otro lado, las cifras del total muestran que es en el ramo de Salud en donde se otorgan mayores recursos a las mujeres; también se exhibe que tanto para hombres como para mujeres los deciles de IDH que reciben mayor gasto son de 7 a 10. Lo cual es de suyo contradictorio con una política de inclusión social pues los deciles de 1 a 3 son los de menor IDH.

Lo anterior nos lleva a considerar la vulnerabilidad a que quedan expuestos los grupos con mayores carencias sociales y, en perspectiva de género, con información disponible más reciente, ciertos resultados de las políticas en este ámbito.

Vulnerabilidad y género

Existe una dualidad social en donde los beneficiarios de la riqueza concentran conocimiento, poder y redes de relaciones; esta situación se fortalece, se retroalimenta positivamente. En la parte excluida acontece un “círculo vicioso” que no sólo mantiene la condición de pobreza sino que también trasciende en el tiempo involucrando una situación transgeneracional; y aquellas personas susceptibles de engrosar el grupo excluido están en condición de vulnerabilidad. La pobreza implica carencia en el sentido de “imposibilidad de lograr condiciones de vida aptas para el ejercicio pleno de los derechos que le competen (AL) ser humano” (^{Perona et al, 2016}); y en diversos estudios de la Fundación Atenea se encuentra que en cada sociedad “las mujeres son las personas más pobres” (^{FA, 2012}). De donde la exclusión social tiene una dimensión de género que acentúa la vulnerabilidad de la mujer.

En relación al tema anterior, con la información disponible, podemos utilizar ciertos indicadores para ejemplificarlo en México. Considerando jefatura de hogar en dos dimensiones, escolaridad y pea en el año 2012, en el diagnóstico de la pobreza por grupos de edad asociado a género y condición de jefatura de hogar, ^{Coneval (2014; 14)} encuentra que en los hogares pobres en el rango de 14 a 44 años de edad por cada cien hogares dirigidos por hombres menores de 45 años, había 24 hogares jefaturados por mujeres de la misma edad; la cifra es de 34 para el rango de 45-64 años y 57 para el rango de 65 años o más. Es decir, en hogares en condiciones de pobreza, a mayor edad aumenta el número de mujeres que asumen la jefatura y por tanto se ubican en condición de vulnerabilidad o ya están en ella.

En otra medición, los hogares censales urbanos con jefatura femenina en 2014 tienen un porcentaje máximo en el Estado de México con 18.9%; le siguen Veracruz, Puebla, Guerrero y Chiapas. Y en el medio rural es Oaxaca con 19.5% y le siguen los mismos estados señalados con mayores porcentajes a los urbanos (^{Sedesol, 2016; 71}). Se trata de los estados con mayor pobreza en donde la incidencia de la jefatura femenina es mayor y llama la atención el Estado de México pues usualmente no se le considera parte del cinturón de la pobreza del sureste.¹⁶

Otro indicador de referencia es el grado promedio de escolaridad de la mujer, el cual está por debajo de la media nacional tanto en zona rural como urbana y el del hombre por arriba de la media: en urbana la media es 7, para mujeres es 6.8 y en hombres 7.1; en rural la media es 4.7 con 4.5 para mujeres y 4.9 para hombres (^{Sedesol, 2016; 69}). Y en cuanto a ocupación, a pesar de existir una distribución relativamente homogénea de la población por género, la pea está totalmente sesgada hacia los hombres: en el medio urbano es 68 y 84% en el rural (p. 80).

Y más allá de los esfuerzos individuales, familiares y de la sociedad civil para atacar la problemática descrita, compete al Estado realizar las actividades pertinentes, ad hoc en la teoría convencional, con carácter integrador y de prevención del riesgo de vulnerabilidad. Así, desde 1987 en Guerrero y hasta 2003 en Nayarit y Nuevo León, se crearon en cada entidad federativa instituciones con perspectiva de género a fin de que las mujeres pudieran ubicarse en condición de igualdad de derechos,¹⁷ de trato y de oportunidades en relación a los hombres.

En cuanto a las políticas públicas enfocadas a la población con más carencias las implementa la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y hay tres programas cuyo objetivo específico es la condición de mujer, con impacto más propagandístico que efectivo dadas las cifras señaladas.¹⁸ Y el Programa de Comedores Comunitarios, en esencia asistencialista, que si en los hechos tiene como protagonista central a la mujer lo es por asignarle el papel de cocinera, finalmente buena ama de casa; con lo cual aquí una política de superación de género está soterrada por completo.

En recursos se tiene, por ejemplo, en el presupuesto de Sedesol en 2007 dos programas de género, uno enfocado a la prevención de la violencia contra las mujeres y otro de guarderías y estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras, que recibieron asignaciones de sólo 0.5 y 2.6% del total respectivamente; y en el presupuesto de 2016 las asignaciones respectivas fueron 0.1 y 3.5%. En el caso del último programa parecería que a la mujer se la considera “trabajadora” sólo cuando es contratada y recibe una remuneración por ello, de lo cual se infiere que la actividad cotidiana en el hogar propio no fuera trabajo. Y la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados estableció en octubre de 2015 “transversalizar la perspectiva de género en todo el marco normativo para garantizar el pleno acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos humanos en todas las etapas de su ciclo de su vida” (^{GP, 2015}).¹⁹

En suma, si bien el Estado reconoce la desigualdad de género, hay una declaración programática y se implementan políticas ad hoc para atacarla, los magros recursos asignados no inciden centralmente en un problema de suyo estructural al partir de acciones asistencialistas y reiteración de roles convencionales de género, con lo cual la brecha de género es refractaria a cambios de timón o de gran aliento.

Si bien el Estado implementa políticas orientadas a erradicar la brecha, éstas no han tenido el impacto esperado en ciertas áreas, por ejemplo en la participación de la mujer en los niveles municipales que forman parte de la estructura de poder político. En la Tabla 6 se muestra la clara desigualdad entre mujeres y hombres en cargos de alcaldía en el periodo 2000-2012.

Sin embargo, en otras instituciones como la Cámara de Diputados se ha registrado un progreso en situación de género: para el año 1952 la participación de las mujeres con respecto al total fue de 0.6% y en 2016 se tiene un avance sustancial con 42.6%. Pero en otros ámbitos la situación aún es poco plausible: por ejemplo en el año 2015 las mujeres representaban la cuarta parte de la cámara de diputados locales y la quinta parte de los cargos de jueces magistrados federales; en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 1961 Doña María Cristina Salmorán de Tamayo fue nombrada la primera Ministra en México; y hasta 2015 había dos mujeres en la Suprema Corte de un total de diez ministros; en el año 2016 había una gobernadora de 32 gobiernos estatales. Además, como ya se mencionó, nunca ha habido una gobernadora en el Banco de México y mucho menos una mujer ha sido presidente del país.

El comportamiento anterior demuestra que, a pesar de las políticas públicas para incorporar a la mujer a la dinámica política, social y económica del país, y aunque el sexo femenino ha incrementado su participación dentro de las estructuras gubernamentales de toma de decisiones, aún queda mucho camino por recorrer para cerrar las brechas de género.

El modelo

Existe un problema en la disponibilidad de información estadística para nuestros propósitos, ya sea porque las series contienen pocos datos o no hay continuidad de las mismas. Las variables aquí empleadas para la construcción del modelo son anuales y abarcan el período de 1990 a 2014, por lo cual se señala el carácter preliminar en la interpretación de los resultados.

En primera instancia se analizó qué tanto la tasa de alfabetización de las mujeres (TA) respondía a cambios en el gasto público destinado a la educación (GE), número de nacimientos (NC), matrimonios registrados (MT) y número de nacimientos de madres adolescentes (MAD). El modelo a estimar fue el siguiente:

Se esperaría que, ante un aumento del gasto público, la tasa de alfabetización se incrementaría. Mientras que el incremento de nacimientos, matrimonios y nacimientos en madres adolescentes tendría un impacto negativo en la tasa de alfabetización. No obstante, al estimar el modelo las únicas variables que resultaron significativas fueron las de matrimonios registrados y el número de nacimientos. A continuación se presentan los resultados obtenidos, así como las diferentes pruebas realizadas, tanto para examinar la estacionariedad de las series como para verificar el comportamiento de ruido blanco y normalidad en los residuales del modelo.

Los resultados

En la Tabla 7 se resumen los hallazgos al hacer las pruebas Dickey-Fuller, PhillipsPerron y Kwiatkowski-Phillps-Schmidt-Shin para cada una de las series de tiempo que resultaron significativas y para la variable dependiente (TA, MT, NC).²⁰ Se puede observar que la tasa de alfabetización y número de matrimonios son series estacionarias en primeras diferencias, a las cuales se les calculó los respectivos cambios en el tiempo. Mientras que la variable Nacimientos es estacionaria en niveles, es decir, no se modificó la serie, quedándose en su valor original.

De acuerdo con los resultados arrojados por las pruebas de raíz unitaria, se procedió a realizar la regresión a través del método de mínimos cuadrados ordinarios; se generó el cambio porcentual a la variable ta; de la serie MT se tomaron los logaritmos y primeras diferencias para que las variables fueran estacionarias. También se utilizó el logaritmo de la variable NC para solucionar problemas de normalidad en los residuales.

El modelo ajustado, con las series estacionarias y las variables que resultaron significativas, dio como resultado la siguiente regresión:

De lo anterior puede inferirse que en México entre 1990 y 2013 en la relación de las variables independientes con la dependiente el signo de la variable NC no resultó ser el esperado, es decir, en México, en el período comprendido el número de nacimientos no afecta negativamente la tasa de alfabetización; sin embargo, se observa que el coeficiente es muy pequeño, lo que puede sugerir que no hay un abandono total sino que sólo se reduce el tiempo de dedicación al estudio. Mientras que la tasa de matrimonios registrados tiene una relación inversa con la tasa de alfabetización, tal como se esperaba; además, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional en los Hogares 2014, las causas por las cuales las mujeres integrantes del hogar de 3 a 30 años no asisten a la escuela es porque 14.2% se casó o se unió y 8% porque tuvo un hijo. Por lo que el matrimonio se convierte en un factor negativo para que las mujeres continúen sus estudios.

Como se observa en la regresión (2), la constante no aparece, ya que resultó ser no significativa, por lo que no se introdujo en el modelo. Es importante mencionar que el estadístico de bondad de ajuste fue de apenas 20.259%, es decir la tasa de crecimiento de MT y el logaritmo de NC sólo explican 20.559% de las variaciones de TA.

Finalmente, con el modelo ajustado se realizaron las pruebas correspondientes para verificar que los residuales tengan el comportamiento de ruido blanco y normalidad. Los resultados de las pruebas se resumen en la Tabla 8, en donde se observa que los resultados obtenidos satisfacen la característica de ruido blanco en los errores (no hay correlación serial ni heterocedasticidad) y se comprobó que los errores siguen una distribución normal a un nivel de significancia de 90 por ciento.

Análisis de correlaciones

El objetivo aquí es estudiar la relación que guardan variables que pueden influir en la vida laboral de las mujeres, como son la educación, hijos, matrimonio y gasto público; las series corresponden al periodo 1990 a 2014. Para lo cual, se tomaron las estadísticas del número de Nacimientos Registrados (NR), Matrimonios Registrados (MR), Tasa de alfabetización femenina (TA) y Gasto Público en Educación (GPE); y se espera que estas variables tengan impacto en la participación de las mujeres en el mercado laboral, para lo cual se usó la Población Ocupada de Mujeres (PO) registrada por la Organización Internacional del Trabajo. Los resultados de las correlaciones son los siguientes.

En la Tabla 9 se observa que la población de mujeres ocupadas tiene una relación lineal significativa con el resto de las variables. También se muestra que tanto los nacimientos registrados como los matrimonios tienen una relación inversa con la variable (PO), es decir, cuando el número de nacimientos o matrimonios aumenta, la población femenina ocupada disminuye.

En lo que respecta a la tasa de alfabetismo de mujeres y el gasto público en educación, se relacionan positivamente con la variable de mujeres ocupadas, inclusive en número absolutos, son las que tienen una mayor relación con dicha variable. O sea, una mayor alfabetización de mujeres así como un incremento del gasto en educación estimulan la participación femenina en el mercado laboral. Esto da una pequeña evidencia de la importancia del Estado y de la educación para el cierre de las ya mencionadas brechas de género.

En la Figura 5 se reafirma gráficamente el impacto de las variables TA, NR, MR y GPE en la población de mujeres ocupadas. A grandes rasgos se ha evidenciado que el rol que se le ha impuesto a la mujer, tanto en las labores del hogar como en la crianza de los hijos, siguen siendo factores importantes en su incorporación al mercado laboral. No obstante, como se resaltó en párrafos anteriores la educación es clave para atenuar la desigualdad de género, y en el caso de México el avance es plausible.

Figura 5 México: gráficas de correlación entre la Población de mujeres ocupadas vs Tasa de Alfabetismo Femenina, Nacimientos, Matrimonios y Gasto público en educación (1990-2014)