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Economía UNAM

versión impresa ISSN 1665-952X

Economía UNAM vol.10 no.30 Ciudad de México sep./dic. 2013

 

Artículos

 

Los problemas actuales del capitalismo son reflejo de su decadencia

 

The Current Problems of the Capitalism are a Reflection of his Decadence

 

Arturo Huerta González

 

Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Correo electrónico: <<ahuerta@unam.mx>>

 

Resumen

El trabajo analiza como se ha pasado de un capitalismo fuerte y de crecimiento sostenido, con intervención del gobierno, a un capitalismo con crisis recurrentes y bajas tasas de crecimiento al perder muchos gobiernos el control monopólico de su moneda, como el manejo soberano de su política económica. Las políticas predominantes han venido actuando a favor del sector financiero y atentan sobre la esfera productiva, como sobre la generación de empleo. Al no tener muchas economías motor interno de crecimiento, han optado por priorizar la estrategia de crecimiento hacia fuera, lo que las coloca en un contexto de alta vulnerabilidad. Ni el sector público ni el sector privado tienen condiciones de ser el motor del crecimiento. Las políticas de austeridad fiscal predominantes reducen el tamaño y participación del gobierno en la economía, lo que recrudece el bajo crecimiento y el alto desempleo. Al final del artículo se plantea la necesidad de que los gobiernos retomen el control de su moneda para que puedan instrumentar una política fiscal que sea responsable para contrarrestar los problemas que frenan el crecimiento, y que se encamine a alcanzar el pleno empleo.

Palabras clave: Economía política del capitalismo, Funcionamiento y perspectivas, Perspectiva global.

 

Abstract

The paper analyzes how capitalism has gone from a strong and sustained growth, with the intervention of government, capitalism with recurrent crises and low growth rates to many governments lose monopoly control of its currency, as the sovereign management policy economical. Prevailing policies have been acting on behalf of the financial sector and infringe on the productive sphere, and on job creation. Not having many internal engine growth economies have chosen to prioritize growth strategy out, putting them in a context of high vulnerability. Neither the public nor the private sector are able to be the engine of growth. The prevailing fiscal austerity policies and reduce the size of government involvement in the economy, which intensifies the low growth and high unemployment. At the end of the article there is a need for governments to regain control of its currency so they can implement a fiscal policy that is responsible to counter the problems that hinder growth, and is heading to achieve full employment.

Keywords: Political Economy of Capitalism, Performance and Prospects, Global Outlook.

 

Journal of Economic Literature (JEL): P16, P17, F01.

 

El término del capitalismo fuerte, de crecimiento sostenido, con intervención del gobierno

Las economías desarrolladas y subdesarrolladas crecieron en la posguerra (de la 2a Guerra Mundial) por varias décadas (1940, 1950, 1960 y 1970) en forma sostenida con gran presencia del gobierno en la actividad económica, con control de su moneda y manejo soberano de la política económica que impulsaba el desarrollo de las fuerzas productivas y el empleo en beneficio de todos los sectores de la economía. Se expandía el gasto público para dinamizar la demanda, la infraestructura física y social y se potenciaba el crecimiento de la inversión privada y el empleo. El crecimiento económico era comandado por la participación del gobierno en la economía, a favor del mercado interno y las mayores economías aprovechaban sus excedentes de producción para crecer también en torno al mercado externo. La política fiscal predominante se encaminaba a satisfacer las demandas del sector productivo, de los trabajadores y de los que buscaban empleo. La política monetaria era acomodaticia a las necesidades de la política fiscal, y estaban regulados tanto el sector financiero, como el sector externo —el movimiento de mercancías y capitales—, lo cual favorecía al sector productivo y evitaba fuertes presiones negativas y vulnerabilidades sobre el sector externo, al evitar acciones especulativas para configurar condiciones de crecimiento sostenido en la mayoría de las economías.

La política fiscal de expansión del gasto público aseguraba crecimiento de las ventas e ingresos del sector privado, además, se contaba con condiciones de acumulación y financiamiento favorables (porque ello le permitía ser sujeto de crédito), para impulsar la inversión, el desarrollo industrial de los países, su dinámica económica y el empleo; todo ello en condiciones de baja inflación. Así, se favorecían tanto a los sectores productivo y financiero como a los que buscaban empleo y lo encontraban. El Estado de Bienestar estaba presente. En este contexto, el gasto tiene gran participación, pues atiende las demandas sociales de la población y hacía que las desigualdades de ingreso y riqueza fueran menores a las que han pasado a predominar en las últimas tres décadas. Había participación del gobierno en la economía, sin mermar los espacios de acumulación del sector privado, que se beneficiaba por el incremento de demanda, por la inversión en infraestructura, por las políticas industriales, crediticias y demás políticas encaminadas a impulsar la esfera productiva. La política fiscal y el resto de la política económica tenían como objetivo gobernar para satisfacer las demandas de todos los sectores económicos, y para ello el gobierno requería tener el control de la moneda, regular al sector financiero y vigilar los movimientos de mercancías y capitales. Lo que hacía posible conjuntar el desarrollo económico incluyente era la presencia activa del gobierno en la economía, como el desarrollo industrial, que ofrecía alternativas de inversión rentable y de empleo. Hoexter nos dice, era "el modelo de economía mixta fuerte tipificado en ciertos años en Estados Unidos, en Canadá, como en la social democracia europea, con un gobierno que regula al sector privado y promueve servicios vitales... un modelo exitoso de una sociedad de complejo industrial" (2013).

 

La globalización le quitó el monopolio del dinero a muchos gobiernos y el manejo soberano de su política económica

El contexto de globalización —de libre movilidad de mercancías y capitales— ha sido hegemonizado por el sector financiero, pues ha impuesto las políticas macroeconómicas encaminadas a garantizar la estabilidad de la moneda y el tipo de cambio, para asegurar así, en contubernio, la valorización de su capital, ya que pierde con la devaluación de la moneda en la que tiene sus inversiones.

El capital financiero es tan poderoso que ha subordinado al Estado a los principios y objetivos de estabilidad de la moneda del país donde ellos invierten, y a través de la autonomía de los bancos centrales le han quitado a muchos gobiernos el monopolio de la moneda, al circunscribir a dicha institución al objetivo exclusivo de estabilidad del poder de compra de la moneda, es decir, a la reducción de la inflación. Al quitarle al gobierno el control de la moneda, al priorizar los objetivos de la convertibilidad de la moneda a un tipo de cambio nominal fijo (o semi fijo), y la reducción de la inflación; se redefine la política económica —como los objetivos de la misma—, y el papel del Estado en la economía. Se dejaron de lado los objetivos de desarrollo de las fuerzas productivas, de empleo, de crecimiento, como la mejora del nivel de vida de la población, y pasaron a predominar los de austeridad fiscal, de reducción de la inflación, como de disminución del monto de la deuda y el de ampliar la esfera de influencia al sector privado en la economía.

Han predominado políticas monetaria y fiscales restrictivas, que bajan las presiones de demanda sobre precios —además las reformas estructurales de privatización y extranjerización de empresas públicas—, se impulsan para promover la entrada de capitales, para estabilizar el tipo de cambio (y apreciar la moneda nacional), y así, reducir la inflación, ante la incapacidad endógena para lograr dichos objetivos.

Una vez que el gobierno pierde el monopolio del dinero, su gasto pasa a depender de sus ingresos —al igual que una empresa—, y no puede gastar más que sus ingresos, y se limita su margen de acción, pues si gasta más que sus ingresos, tiene que endeudarse. Pasa a depender de su capacidad de endeudamiento, lleva a que los mercados de dinero determinen la tasa de interés y complica el margen de acción de sus finanzas al frena el crecimiento económico. Lo que diferencia a un gobierno soberano, en relación a una empresa, es que emite dinero, y la empresa lo usa (Wray, 1998), por lo que al quitarle al gobierno el control de la moneda, al darle autonomía al banco central, o al pasar a trabajar con moneda única (el caso de los países de la zona euro), y al comprometerse a trabajar con la estabilidad del tipo de cambio, deja de tener manejo soberano de su política económica para satisfacer las demandas nacionales. Al perder el control de la moneda, y al subordinarse al objetivo de estabilidad del tipo de cambio para favorecer al sector financiero, el gobierno no puede flexibilizar su política económica a favor del crecimiento económico. Es decir, no puede bajar la tasa de interés, ni incrementar el gasto público deficitario, ni monetizarlo para financiarse, ante el temor de que ello resulte inflacionario y comprometa los objetivos de estabilidad monetaria-cambiaria buscados. También rehúye el déficit fiscal para no caer en alto endeudamiento que presione sobre la tasa de interés, y ello complique más las cosas. El Estado tiene que trabajar con disciplina fiscal, por lo que muchos países han procedido a legislar para el cumplimiento de dicho objetivo, pues la política de austeridad fiscal se encamina a crear condiciones de confianza a favor de los mercados financieros internacionales.

Las autoridades hacendarias hablan de responsabilidad fiscal, referida a la disciplina fiscal, a fin de que se cumpla con el objetivo de estabilidad cambiaria y reducción de la inflación. Ello actúa a favor de los dueños del dinero, que quieren la estabilidad de la moneda donde operan, pero tal política fiscal es irresponsable en torno a los objetivos de crecimiento, de empleo y bienestar que demandan las grandes mayorías.

 

Las políticas de austeridad favorecen al sector financiero y atentan sobre la esfera productiva

Las políticas de austeridad predominantes, de restricción del gasto y aumento de impuestos, autoimpuestas por los gobiernos y Congresos, y emanadas de los organismos financieros internacionales, así como de los bancos centrales —los cuales se oponen a los gastos públicos deficitarios—, contraen la demanda, frenan la dinámica de acumulación, y lleva a las economías a crecer por debajo de su potencial, con las consecuencias de aumento del desempleo y altos niveles de capacidad ociosa.

El predominio de las políticas monetarias y fiscales restrictivas, junto a la apreciación de la moneda configurada, atentan sobre la dinámica de acumulación en la esfera productiva y afectan el modo de producción capitalista sustentado en el desarrollo de las fuerzas productivas. Las empresas productivas son desplazadas por las importaciones y dada su baja competitividad se contraen sus ganancias. El sector productivo no cuenta con disponibilidad crediticia para incrementar la inversión y mejorar su posición competitiva y de acumulación, por lo que no se revierte el diferencial de crecimiento entre ambos sectores.

Las empresas productivas tratan de contrarrestar la baja de sus ganancias a través de inversiones en el sector financiero. Es decir, intenta mantener sus ganancias fortaleciendo al sector financiero en vez de desvincularse de tal sector y lograr una dinámica de acumulación propia, que contrarreste sus problemas de ganancia, en vez de ello, procede a reducir salarios y a invertir en el sector financiero, lo que mantiene el diferencial de crecimiento entre ambos sectores.

Los procesos de fusiones y absorciones han crecido como resultado de la sobrevivencia frente a los problemas de acumulación del sector productivo. Tales procesos de fusiones y absorciones se observan también en el sector bancario-financiero, ante los problemas de liquidez, fragilidad e inestabilidad que enfrentan diversos bancos.

El mayor poder económico y político del capital financiero impacta el perfomance y comportamiento de las empresas no financieras (Bezreh y Goldstein, 2013). La fuerza adquirida por tales capitales impide tener política económica a favor del crecimiento del sector productivo y del empleo. Ello debilita al sistema capitalista como un todo, ya que le cierra oportunidades estables de inversión rentable en la esfera productiva. La participación del sector financiero en la actividad económica ha aumentado (véase cuadro 1) y tal sector ha venido ofreciendo mayores ganancias en relación a las ofrecidas por el sector productivo, dados los problemas de competitividad y de restricción de mercado interno que éste enfrenta. Ello hace que los flujos de inversión se canalicen al sector financiero, y se despegue en relación al sector productivo, y ocasionan cambios significativos en la estructura económica de la mayoría de los países —donde destaca la des-industrialización—, por otro lado se tiene el creciente proceso de financierización de las economías acompañado de altas tasas de desempleo y subempleo (véase cuadro 2), con crecientes niveles de endeudamiento, mayor desigualdad en el ingreso y menor crecimiento económico.

Marginar al sector productivo atenta contra la capacidad productiva, pues aumenta las presiones sobre el déficit de comercio exterior y genera problemas de insolvencia, lo que mantiene el freno de la actividad económica, así como el diferencial de crecimiento planteado entre los sectores financiero y productivo, y hace a la economía más dependiente de las variables externas, es decir, de las exportaciones, las remesas, la entrada de capitales, y del comportamiento de los mercados financieros internacionales (véase cuadros 3 y 4).

El mayor crecimiento del sector financiero, no se ha traducido en una dinámica sostenida de las economías, sino por el contrario ha generado menor crecimiento económico, y presiones latentes sobre el sector externo, por un aumento de las importaciones —derivadas de la caída de la competitividad y los rezagos productivos—. Ello ha llevado a la economía a depender de una creciente entrada de capitales, lo que nos coloca en un contexto de alta vulnerabilidad externa y en crisis económicas frecuentes, cada vez más profundas y más difíciles de enfrentar.

 

Los problemas derivados de la austeridad fiscal

La austeridad fiscal lleva a la economía a estar sujeta a las decisiones de inversión del sector privado y al comportamiento del sector externo. Los objetivos de crecimiento son dejados al mercado, pero no los cumple, dado que el sector financiero es el hegemónico y éste canaliza sus flujos de inversión en el mismo sector, el cual crece, sin que ello impacte favorablemente en la esfera productiva, ni en la dinámica económica, ni en el empleo. Por su parte, el sector externo es adverso por ser deficitario como consecuencia de la pérdida de competitividad ocasionada por la política de apertura comercial generalizada y por la apreciación del tipo de cambio predominante que lleva a que las importaciones desplacen a la producción nacional, por lo que se contrae la actividad económica y la generación de empleo.

Cuando los gobiernos tratan de reducir el déficit y encaminarse a trabajar con superávit fiscal, terminan por contraer la actividad económica, y con ello la captación tributaria, por lo que no alcanzan el ajuste fiscal buscado.

La reducción del déficit público afecta las finanzas del sector privado, por lo que la restricción del gasto público va acompañada de menor inversión, menor consumo y menor actividad económica; la economía queda sujeta al comportamiento del sector externo y al caer las exportaciones se acentúa más la recesión económica. En el cuadro 5 podemos observar que el déficit del balance primario manifestado de 2010 a 2012, junto con el bajo déficit de comercio exterior —dados los altos precios del petróleo, como por el crecimiento de las exportaciones manufactureras en esos años—, estos permitieron los ritmos de crecimiento del consumo privado e inversión para salir de la crisis de 2009, aunque la economía podía haber crecido más si el déficit fiscal hubiera sido mayor. Situación que las autoridades no aceptan ante el temor inflacionario, que es infundado por la existencia de altos niveles de capacidad ociosa, alto desempleo, subempleo, y apreciación cambiaria.

Los gobiernos afectan las finanzas del sector privado al disminuir el gasto público deficitario, ya que se ve restringida la demanda por sus productos, además, no puede contrarrestar la caída de dicha demanda a través del crecimiento de exportaciones, dado que enfrenta déficit de comercio exterior, y no tiene capacidad competitiva para revertir dicho déficit. Dada la generalización de las políticas de austeridad fiscal se presenta una caída del mercado internacional. Toda política dirigida a restringir el gasto público para reducir el déficit fiscal, afectará las finanzas del sector privado en la misma proporción, lo que se traducirá en mayores problemas de endeudamiento e insolvencia que trastocará la estabilidad del sector bancario, situación que no resuelve los problemas de deuda del sector público (Papadimitriou, y Wray, 2011), lo que mantiene la austeridad fiscal y los efectos de ésta sobre los problemas de acumulación del sector privado. Se retroalimenta el círculo vicioso en que se encuentra el mayor número de economías.

Se observa en la mayoría de los países de la zona euro, por más que disminuyen el gasto y se incrementan impuestos, los gobiernos no logran el ahorro buscado para el pago de su deuda, ya que ello restringe la dinámica económica y la recaudación tributaria, por lo que prosiguen las presiones sobre las finanzas públicas. A ello se suma, que el incremento del desempleo aumenta los problemas de los fondos de pensión por el número menor de trabajadores que cotizan en dicho sistema —por lo que el gobierno tiene que intervenir—, implicando ello, transferencias de recursos y más deuda. Lo mismo acontece con los mayores apoyos que tienen que otorgar en los seguros de desempleo, en aquellos países que lo tienen.

Los gobiernos que no tienen control de la moneda, más que conformarse con trabajar con disciplina fiscal —a través de restringir el gasto y aumentar el IVA— deben avocarse a conseguir reducir la tasa de interés y reestructurar su deuda, ello, para aligerar el costo de la misma y las presiones que ocasiona sobre las finanzas públicas, también deben pronunciarse por el aumento de impuestos al gran capital, y no descansar la recaudación en impuestos regresivos como lo representa el IVA. Mientras menos capacidad tenga un gobierno en evitar la evasión e ilusión fiscal, y en incrementar impuestos a los sectores de altos ingresos, menos capacidad tendrá de obtener recursos para satisfacer las demandas de la población. Nos dice Bill Mitchell que "la inhabilidad de imponer impuestos limitará la cantidad de recursos que el gobierno pueda comandar" (2010). En un contexto donde el gobierno depende de sus ingresos, si se quiere incrementar los gastos se tiene que gravar a los sectores de altos ingresos, como el sector financiero, para reducir su tamaño, y así poder potenciar el sector público.

 

El predominio de la estrategia de crecimiento hacia fuera

Muchos países plantean crecer hacia fuera para contrarrestar la restricción del mercado interno que generan las políticas de austeridad fiscal, el alto desempleo, y los bajos salarios, así como para disminuir el déficit de comercio exterior y obtener divisas para el pago de su deuda. Al no poder devaluar muchos de ellos, ya sea porque trabajan con moneda única —caso de los países de la zona euro—, como aquellos que priorizan la estabilidad cambiaria a favor del sector financiero, están procediendo a reducir salarios para mejorar competitividad. Sin embargo, no pueden sustentar una estrategia de desarrollo a través de reducir salarios e incrementar la pobreza, pues ello restringe sus mercados internos, que son los mercados externos de los otros. A ello se suma la generalización de las políticas de austeridad fiscal que contraen el mercado interno, que es el mercado externo de su vecino, situación que mantiene contraído el comercio exterior (véase cuadro 6), lo que recrudece la competencia entre países, lo que hace más difícil tener éxito en dicha estrategia.

No hay posibilidades para que todos tengan éxito en el crecimiento hacia fuera, dado que para que un país tenga superávit, otro tiene que ser deficitario, y el problema es que los superavitarios son China, Japón y Alemania, dada su gran posición competitiva, mientras el resto, en su gran mayoría, son deficitarios debido a que no cuentan con los niveles de productividad y competitividad para tener superavit. Revertir tal situación, es casi imposible en el corto y mediano plazos con las políticas vigentes: y menos considerando el contexto de recesión económica que se generaliza.

 

El sector privado no tiene condiciones de ser el motor del crecimiento

No hay perspectivas de que el sector privado incremente la inversión y el consumo para ser el motor de crecimiento, dada su baja dinámica de acumulación por su baja competitividad, tampoco por la restricción del mercado interno ni por la falta de condiciones para que se incrementen las exportaciones, dado el escenario de desaceleración de las economías y mercados a nivel mundial.

La restricción de la demanda interna y externa des-estimula las decisiones de inversión, lo que generaliza y prolonga la desaceleración de la actividad económica, compromete y socava al modelo de acumulación predominante.

Muchas economías están en recesión o al borde de ello, debido al alto monto de su deuda y al déficit de comercio exterior que impacta negativamente sobre las finanzas del sector privado, así como por la política de disciplina fiscal que desempeña un papel procíclico, que ahonda la caída de demanda, y de la actividad económica. Nos dice Bill Mitchell que los gobiernos "se preocupan por bajar el déficit fiscal sin ver las consecuencias que tiene sobre la economía" (2010).

El único sector que puede reactivar la economía es el sector público, para lo cual debe trabajar con gasto deficitario para contrarrestar y reducir el déficit de comercio exterior. Sólo así las empresas podrán mejorar sus ingresos, y pagar sus deudas, y retomar el crecimiento de la inversión. El crecimiento de ingresos de empresas e individuos, mejoraría la recaudación tributaria, y por lo tanto, las finanzas públicas.

 

El problema del desempleo creciente

El desempleo es resultado de las políticas de disciplina fiscal predominantes encaminadas a reducir la inflación y contribuir a estabilizar el tipo de cambio. Si las economías tienen altas tasas de desempleo, es porque el gobierno no gasta lo suficiente (Mitchell, 2010), o porque éste se filtra hacia importaciones. Se privilegia la estabilidad de la moneda y del tipo de cambio, a costa de dejar de tener una política fiscal que atienda las demandas de empleo, y bienestar social de la población. En el cuadro 7 se observa como en los países de la zona euro el desempleo se ha disparado a raíz de la crisis, a excepción de Alemania, que es la economía victoriosa de las políticas de la Unión Monetaria Europea. El resto de los países que presentan déficit de comercio exterior y alto endeudamiento han tenido que instrumentar políticas de ajuste restrictivas que contraen la actividad económica e incrementan el desempleo. El cuadro 8 muestra como los gobiernos de tales países han tenido que reducir su déficit primario a partir del 2010, lo que va mancomunado con las mayores tasas de desempleo que enfrentan.

El desempleo debilita al movimiento obrero, lo que da lugar a que los gobiernos, las grandes empresas y los Congresos aprovechen tal situación para instrumentar reformas laborales encaminadas a reducir prestaciones a los trabajadores, y el costo del despido y de la fuerza laboral, y así proteger la dinámica de acumulación ante los problemas de competitividad y de contracción de demanda que enfrentan. Ello, a su vez, hace que siga aumentando el poder del sector financiero, y continúe la política económica que favorece a este sector. De tal forma que las políticas que actúan a favor de lo financiero, no solo relegan al sector productivo, sino también el ingreso de los trabajadores, contribuyendo a acentuar los problemas de mala distribución del ingreso. Caen en deuda las empresas del sector productivo y los trabajadores, los cuales transfieren recursos a favor del sector bancario. En contraparte, aumenta el número de pobres, hasta en economías llamadas desarrolladas. Los bajos salarios contraen más la demanda, lo que junto a la disciplina fiscal restringe las ventas e ingresos de las empresas, y no hay mayor generación de empleo, a pesar de las reformas laborales encaminadas a abaratar el costo de contratación de los trabajadores.

El desempleo, y el subempleo, como los bajos salarios, reflejan el carácter antidemocrático de la política económica, ya que no responde a las demandas de las grandes mayorías de la población. El sector beneficiado son los dueños del dinero, a costa de apropiarse de activos y empresas públicas, acentuar la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, profundizar la mala distribución del ingreso, restringir la demanda y la actividad económica. Mientras siga el desempleo y los bajos salarios, continuará la incapacidad del pago de la deuda de las familias, como la incapacidad de pago de la deuda de las empresas, y de los gobiernos —dada la restricción de la recaudación tributaria—, lo que mantiene latente la problemática bancaria, la restricción crediticia, y la recesión económica.

 

La austeridad fiscal reduce el tamaño y participación del gobierno en la economía

Las políticas de libre mercado anteponen al mercado como mejor opción de eficiencia y de crecimiento, frente a la presencia del gobierno en la economía, y para reducir la presencia de éste en la economía, le quitan el control de la moneda y lo condenan a políticas de austeridad fiscal. De ahí que han pasado a predominar las políticas de disminución del gasto e inversión pública, como la venta de empresas públicas, lo que reduce el tamaño y participación del gobierno, e incrementa la presencia de la cúpula empresarial en todos los ordenes económicos, pues invierte donde el gobierno deja de hacerlo, y compra los activos y empresas que vende el sector público.

Al intentar mejorar sus finanzas a través de la contracción del gasto e incremento de impuestos, el gobierno genera una tendencia recesiva que agrava las finanzas del sector privado, que des-estimula la inversión, aumenta la insolvencia y presiona sobre el sistema bancario. Ello obliga a que los gobiernos tengan que otorgar mayor apoyo hacia dicho sector y afecta las finanzas públicas, como su relación de endeudamiento. Se perpetúa la restricción del gasto público, así como la inversión y consumo del sector privado. La contracción del ingreso nacional reduce la captación tributaria, por lo que el gobierno no logra incrementar el ahorro buscado para el pago de sus deudas, y se acentúan los problemas de insolvencia e inestabilidad del sector bancario, teniendo que pedir ayuda a los organismos financieros internacionales como a la banca central —el Banco Central Europeo en el caso de los países de la euro zona— para el rescate bancario. El dinero deja de fluir en las cantidades necesarias para el impulso de la esfera productiva, el empleo y para satisfacer el bienestar de la población, en cambio, si se canaliza en las magnitudes necesarias para encarar los problemas de los sistemas bancarios, y evitar la caída de los mercados financieros.

Al mantenerse las presiones sobre el déficit fiscal, el gobierno tiene que continuar con su política de ajuste fiscal para sanear sus finanzas, por lo que restringe el gasto público en infraestructura, como en los sectores estratégicos, y en la atención de los servicios públicos, ya que no puede monetizar el gasto deficitario para desarrollar tales tareas, pues le han quitado el control de la moneda.

El gobierno termina relegándose de la actividad económica, tanto por la política de austeridad fiscal que instrumenta para asegurar la estabilidad monetaria-cambiaria, y configurar condiciones de reembolso de la deuda, como por los rescates bancarios que tiene que realizar, lo que le incrementa el monto de su deuda, y las presiones sobre las finanzas públicas. Para encarar tal situación, el gobierno se ve obligado a vender activos para pagar pasivos, lo que reduce el tamaño y participación del Estado en la economía.

Tales políticas llevan al abismo a las economías, ya que destruyen capacidad productiva, frenan la actividad económica, aumentan el desempleo, la pobreza, los problemas de insolvencia, y la inestabilidad financiera. El contexto recesivo configurado, impacta sobre los mercados de capitales, lo que desvaloriza los activos financieros, como los activos reales, por lo que aumenta la incertidumbre y retroalimenta la tendencia recesiva de las economías. No sólo se reducen las perspectivas de crecimiento presentes, sino futuras.

Ante ello, el gran capital presiona a los gobiernos para que instrumenten reformas estructurales de mayor privatización y extranjerización de las empresas públicas para que le amplíen los espacios de inversión rentable en los sectores estratégicos, en la infraestructura, y en la prestación de los servicios públicos y llevan a que la sociedad tenga que pagar por ellos. Los gobiernos, con el recurso obtenido de dichas ventas, pagan deuda, y tratan de reducir las presiones sobre las finanzas públicas, sin embargo, los problemas de crecimiento continúan, pues tales reformas estructurales representa cambios patrimoniales, lo que era del Estado, pasa ahora a ser de la cúpula empresarial. Sólo se posterga la manifestación de una crisis de mayores proporciones, ya que no se traduce en mayor crecimiento de inversión en la capacidad productiva. A pesar de que el gobierno puede reducir el monto de su duda con tal política de privatización, no flexibiliza su política fiscal, dado que prosiguen las presiones sobre las finanzas públicas y su objetivo de estabilidad monetaria-cambiaria.

Con el menor tamaño del Estado, y la pérdida del manejo soberano de la política económica, se reduce su capacidad para impulsar el crecimiento, como para atender las demandas de las grandes mayorías de la población. Los servicios sociales pasan cada vez más a ser atendidos por el sector privado, el cual pasa a cobrar por la prestación de éstos, y deja de lado los principios democráticos que todo Estado debería cumplir. Nos dice Parguez que la "escasez de bienes públicos es el costo a pagar por la sociedad para la sobrevivencia del capitalismo" (2002). Ello exacerba la lucha de clases, y no se traduce en mayores ritmos de inversión que impulsen la dinámica de acumulación, sino por el contrario, agudiza los problemas de acumulación, de recesión y crisis generalizada de la economía.

La autonomía de los bancos centrales, la disciplina fiscal, así como los objetivos de estabilidad monetaria-cambiaria, son funcionales para reducir el tamaño y participación del gobierno en la actividad económica y ampliar la influencia y participación del gran capital. Se acentúan los niveles de centralización de la riqueza, se deteriora el nivel de vida de la población, tanto por el desempleo ocasionado por la contracción de la actividad económica que origina dicha política, como por los menores servicios públicos ofrecidos. Esto por un lado es el resultado de que el gobierno dejó de controlar el dinero, por lo cual dejó de contar con financiamiento para atender las demandas de la sociedad, por lo que ha pasado a legislar para la privatización de los sectores estratégicos, de infraestructura, y de bienestar social. Y por otra parte, esa es la respuesta totalitaria gubernamental ante la falta de espacios de inversión rentables que enfrenta el sector privado en la esfera productiva, como ante la vulnerabilidad e incertidumbre que enfrentan los mercados de capitales.

Ello evidencia la decadencia del sistema capitalista, que obliga a abrir espacios de inversión al sector privado en sectores que eran de participación exclusiva del gobierno, tanto por su carácter estratégico, como en los servicios públicos de bienestar social.

El gran capital incrementa su poder económico y político, a costa de deteriorar el nivel de vida de la población, y de exacerbar la lucha de clases. No hay crecimiento del modo de producción capitalista, que impulse la generación de la riqueza, sólo un cambio de la apropiación de la misma, por lo que se compromete el crecimiento de la capacidad futura y generación de empleo.

 

La financierización y sus contradicciones

El proceso de financierización predominante y el capitalismo salvaje que le acompaña, avanza tanto en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, como en acentuar la privatización y extranjerización en todos los órdenes de la economía, para ampliar sus espacios de inversión a favor de la cúpula empresarial.

La desregulación financiera y la política macroeconómica de estabilidad han impulsado la innovación financiera, y el llamado proceso de financierización de las economías, al desembocar en crisis recurrentes.

El sector financiero presiona a los sectores endeudados a que le paguen con activos, lo que le permite apropiarse de sectores productivos, aumentando los niveles de centralización del capital. Se podría ver ello como un triunfo del neoliberalismo, sin embargo, uno se pregunta si ello permitirá la reestructuración del capitalismo a partir de la lógica o patrón de acumulación que ellos impongan ¿Será factible con dicho patrón de acumulación, conformar una nueva dinámica?

Las economías no pueden sustentarse en el sector financiero, que ha sido hegemónico en las últimas tres décadas, pues éste no genera riqueza, sino que sólo se apropia de ella a través del capitalismo salvaje que propicia. La riqueza se gesta en el sector productivo, el cual no tiene la fuerza suficiente para imponer políticas para comandar la dinámica de acumulación a su favor. En vez de que los dueños del capital desarrollen las fuerzas productivas para ampliar sus espacios de inversión, prosiguen en el ámbito financiero, y se apropian de los sectores estratégicos que eran controlados por los gobiernos.

La presente situación evidencia la decadencia del modo de producción capitalista, que no encuentra suficientes espacios de inversión rentable en el sector productivo, que se ha traducido en menor dinámica de acumulación y crecimiento, por lo que para sobrevivir el capital realiza inversiones especulativas de alto riesgo, y se ha dirigido a usurparle espacios de inversión al Estado. Estas políticas están llevando al subdesarrollo a países que ya habían superado dicha etapa (está el caso de muchos países europeos, como latinoamericanos), que han perdido el manejo soberano de su política económica, y han visto deteriorada su capacidad productiva, como la generación de empleo formal bien remunerado. Además, enfrentan crecientes niveles de endeudamiento, que desestabilizan a su sector bancario, y restringe la disponibilidad crediticia, lo cual merma sus condiciones endógenas de acumulación y crecimiento y pasan a depender de las variables externas y de la entrada de capitales, colocándose en un contexto de alta vulnerabilidad externa.

La economía mantiene su tendencia decreciente, de aumento del desempleo, de problemas crecientes de insolvencia, y de inestabilidad e inminente crisis bancaria generalizada, que evidencia el agotamiento del proceso de acumulación comandado por lo financiero.

Las políticas predominantes que actúan a favor del sector financiero son insostenibles, dado que relegan la dinámica de acumulación, lo que compromete la propia estabilidad del sector financiero, pues siguen contraídos los ingresos de empresas, individuos y gobierno, lo que incrementa los problemas de insolvencia. En tal esquema no se puede retomar la dinámica de acumulación, ni resolver los problemas de insolvencia con políticas de austeridad y restricciones salariales, pues contraen tanto a la demanda como a el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano ya que compromete el crecimiento de capacidad productiva, como a la productividad y competitividad, así como a el crecimiento económico y el bienestar de la población.

Mientras siga creciendo el poder de lo financiero y sus ganancias, la economía continuará enfrentando más rezago productivo y deterioro en las condiciones endógenas de acumulación, que hacen evidente su fragilidad.

 

Responsabilidad fiscal que contrarreste los problemas que frenan el crecimiento

La sustentabilidad o responsabilidad fiscal no debe medirse en torno a la disciplina fiscal, ya que ésta frena la actividad económica y la generación de empleos. La política fiscal debe asegurar condiciones de crecimiento para el sector privado y satisfacer las demandas de empleo y bienestar que demanda la población, todo ello en condiciones de estabilidad de precios. Tiene que contrarrestar el efecto negativo que el déficit de comercio exterior genera sobre la dinámica económica. Bill Mitchell señala que "tu no puedes definir la sustentabilidad fiscal independientemente de la economía real y lo que los otros sectores están haciendo" (2010). Recapitulando, si la economía tiene déficit de comercio exterior, se afectan las finanzas del sector privado, ya que es desplazado por las importaciones, y si el sector privado no invierte por los problemas financieros y de incertidumbre que enfrenta, y la economía se desacelera y el desempleo aumenta, la disciplina fiscal pasa a ser una política irresponsable debido a que actúa en forma pro-cíclica, y profundiza la recesión económica. En tal contexto, el gobierno debe trabajar con un déficit fiscal de igual proporción, o mayor al déficit de comercio exterior, para mejorar las finanzas del sector privado, e impulsar una dinámica de alto efecto multiplicador interno para evitar filtraciones de demanda hacia el exterior para reducir el déficit de comercio exterior, y así mejorar las finanzas del sector privado para retomar la dinámica de acumulación. La reactivación económica propiciada por el gasto público deficitario, corregiría éste déficit, ya que el gobierno vería incrementada su recaudación tributaria, al aumentar el ingreso de empresas e individuos. Es decir, para que se reduzca el déficit fiscal, se requiere que la economía crezca y aumente el ingreso de los contribuyentes, así el gobierno incrementa su recaudación tributaria. Como el sector privado no está incrementando el consumo y la inversión, dados los problemas financieros y de endeudamiento que enfrenta, y como el sector externo es deficitario, y por lo tanto, adverso al crecimiento, se tiene que trabajar con gasto público deficitario para evitar que la economía caiga en recesión, y para poder mejorar tanto a las finanzas del sector privado como a las del sector público. Si la economía estuviera creciendo a través de sus exportaciones, y enfrentara superávit de comercio exterior, perfectamente podría tener disciplina fiscal, pero esa no es la situación de la mayoría de los países de la zona euro, ni la de México, por lo que se requiere de gasto público deficitario para dinamizar el mercado interno, ante la falta de crecimiento de exportaciones, y de superávit de comercio exterior.

 

Política fiscal encaminada a alcanzar el pleno empleo

Los gobiernos democráticos tienen en principio que satisfacer las demandas de las grandes mayorías de la población, entre las cuales la de generación de empleo es crucial. Para alcanzar condiciones de pleno empleo, se requiere expandir el gasto público y dirigirlo a la generación de empleo. El gobierno debe gastar lo suficiente para impulsar el crecimiento del mercado interno, para que el sector privado incremente su inversión y la generación de empleo, y el gobierno debe generar empleo para aquel que no es absorbido por el sector privado.

Para que el gobierno pueda flexibilizar la política fiscal a favor del empleo y el crecimiento, tendrá que abandonar el objetivo de convertibilidad y estabilidad cambiaria que demanda el sector financiero, ya que éste lo obliga a trabajar con disciplina fiscal. Enfatiza Bill Mitchell (2010) que "tenemos que abandonar el enfoque de los asuntos financieros y reorientar el debate a la economía real". La política fiscal en vez de priorizar los objetivos dictados por el sector financiero, de estabilidad monetaria-cambiaria, debe encaminarse a satisfacer las demandas de la población, de empleo, y bienestar, para lo cual debe impulsar su gasto e inversión para asegurar la producción de bienes y servicios tanto para satisfacer la demanda, como los requerimientos de empleo. Nos dice Andrea Terzi que "la riqueza de una nación es medida no por el valor del dinero, sino por su capacidad de producir bienes y servicios" (2010). De ahí que el gasto público es determinado por la capacidad productiva existente, y como las economías enfrentan problemas de capacidad ociosa y desempleo, debido a la desaceleración de la actividad económica que enfrentan, no se tendrían problemas de oferta ante la expansión del gasto público. Mientras menos capacidad productiva tenga la economía, mayores sean sus rezagos y desequilibrios productivos, y menos entradas de capital tenga, tiene menos capacidad para flexibilizar su política fiscal ya que la demanda generada no será satisfecha por la oferta interna, por lo que habría presiones sobre precios e importaciones. Nos dice Andrea Terzi que para Keynes "la expansión fiscal encuentra sus límites en las posibilidades de producción, dados por la disponibilidad de recursos naturales y humanos, no en la restricción financiera" (2010). De haber problemas de oferta, el incremento del gasto público tendría que orientarse al desarrollo de la capacidad productiva y a la generación de empleo. Y ante la pregunta de ¿qué tanto déficit público?, debe ser el suficiente que genere el pleno empleo y no ocasione presiones inflacionarias.

El gasto deficitario no representará una carga a las futuras generaciones, siempre que el mayor gasto se destine a incrementar la capacidad productiva, y el ingreso nacional, ya que se incrementará el ingreso de empresas e individuos, lo que redundará en mayor captación tributaria, y mayor capacidad del sector privado para adquirir la mayor deuda, sin que ello represente mayor carga, sino que ello representará mayores activos financieros para ellos. Señala Kregel que "el tamaño de la carga de la deuda sobre futuras generaciones, y el consumo, será determinado por el ingreso nacional... si la deuda ha causado que el ingreso nacional sea más alto, entonces el servicio de la deuda, no es una carga" (2010).

 

Sin control de la moneda no hay política económica a favor del crecimiento

Los países deben tener control de su moneda, para emitirla, devaluarla y así hacer frente a su déficit fiscal, al sector externo, a la deuda; para reactivar el crecimiento económico. Mientras los gobiernos no retomen el control de su moneda, no podrán tener manejo soberano de su política económica (monetaria, cambiaria y fiscal) para atender las demandas de su población. Ello exige regular al sector financiero, como regular el movimiento de mercancías y capitales. Los gobiernos que controlan la moneda, no tienen problemas de endeudamiento, si éste está en su moneda, ya que el gobierno puede encararla, reestructurarla, refinanciarla, pues tiene el monopolio de la moneda. Un gobierno soberano, "no es restringido por su ingreso" (Nersisyan y Wray, 2010). El gasto público siempre es sustentable para el caso de un gobierno soberano que tiene control de su moneda, y no se compromete a la convertibilidad de la misma a un tipo de cambio nominal fijo.

Nersisyan y Wray enfatizan que "un gobierno soberano no necesita dinero para gastar" (2010). Y añade que "en las naciones con monedas soberanas, el gobierno gasta electrónicamente, acreditando en la cuenta bancaria de los que le venden bienes y servicios, lo que crea reservas bancarias" (2010). Posteriormente el gobierno emite deuda para regular dichas reservas, y evitar que caiga la tasa de interés objetivo. En Wray "la deuda es emitida como una estrategia de mantener la tasa de interés del banco central" (1998). De ésta forma tales reservas bancarias son usadas para la adquisición de deuda pública. El gobierno puede estar gastando y emitiendo deuda, y la puede reestructurar permanentemente, mientras la economía ofrezca condiciones de inversión rentable. El sector privado acepta vender sus bienes y servicios al gobierno, dado que gana con ello, y acepta comprar deuda pública porque obtiene un interés por ello, y tales activos financieros son seguros, dada la capacidad de reembolso del gobierno. Un gobierno soberano no tiene problemas financieros, ni de deuda. Sin embargo, el inconveniente es que utilizan el dinero para el rescate bancario, no para la creación de empleos, ni para reactivar la economía.

El problema es para un gobierno no soberano, por que cae en deuda y no la puede monetizar, dado su compromiso de la convertibilidad y estabilidad del moneda a un tipo de cambio fijo. Señala Wray que en tal caso "no hay esperanza de que sean capaces los gobiernos de rescatarse así mismo, sin hundirse" (2012). Al no tener comando de la moneda no pueden confrontar una crisis financiera. Requieren de la 'ayuda' internacional, para recibir flujos de capital para hacer frente a los problemas bancarios, teniendo que subordinarse a las condiciones impuestas por los acreedores, lo que dificulta más el manejo soberano de la política económica para salir de tal problemática.

El gobierno soberano siempre es capaz de cubrir las obligaciones de la deuda. Nos dice Mitchell que "el riesgo es de inflación, no de insolvencia" (2010). La viabilidad de la expansión del gasto público deficitario depende de su impacto sobre la economía, es decir, de la capacidad productiva de respuesta para satisfacer la mayor demanda generada. Abba Lerner por su parte señala que "la política gubernamental no debe ser juzgada por el tamaño del déficit fiscal, sino por el impacto en la economía" (1943). Y tal como ya lo señalamos con Mitchell (2010) "la sustentabilidad fiscal está relacionada a metas económicas reales". De ahí la importancia de que dicho gasto se dirija a aumentar la capacidad productiva y la productividad para evitar presiones inflacionarias y sobre el sector externo que puedan frenar dicha política.

 

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Información sobre el autor

Arturo Huerta G. Profesor de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM desde enero de 1975. Su tesis de licenciatura obtuvo el Premio Anual Banamex en 1974 por mejor tesis. Su tesis de doctorado obtuvo el primer lugar del Premio Jesús Silva Herzog, que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha realizado estadías de investigación en las Universidades de Berkeley, California; Campinas, Brasil; Cambridge, Inglaterra; y profesor visitante en la Universidad de Missouri, Kansas City. Es autor de 13 libros sobre la economía mexicana y más de 120 artículos teóricos y analíticos publicados en revistas especializadas en México y en el extranjero.

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