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España: de la Prosperidad a la Depresión

 

Spain: from the Prosperity to the Depresion

 

Antonio Gazol Sánchez

 

Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. <gazol@planeacion.unam.mx>.

 

Resumen

En agosto de 2012 el desempleo en España ha alcanzado a casi una cuarta parte de los que desean trabajar, desde el último trimestre de 2011 registra tasas negativas de crecimiento del PIB y las estimaciones coinciden en que no será sino hasta 2014 cuando se empiecen a percibir algunos síntomas de recuperación. ¿Cómo, por qué, se ha llegado a esta situación? Hasta hace solo unos cuantos años -hasta 2008 concretamente-, la economía española arrojaba resultados muy distintos y, en apariencia, no había motivos sólidos para suponer que pudiera ocurrir lo que sí está ocurriendo. Esta nota intenta una revisión de lo ocurrido.

Palabras Clave: Coordinación de Políticas Mercados Financieros Internacionales España.

 

Abstract

In August, 2012 the unemployment in Spain has reached to almost a fourth part of those who want to work, from the last quarter of 2011 it registers negative rates of growth of the GDP and the estimations coincide with that will not be but until 2014 when some symptoms of recovery are started perceiving. How, why, has it come near to this situation? Until only a few years ago - until 2008 concretely-, the Spanish economy was throwing very different results and, by all appearances, there were no solid motives for supposing that there could happen what yes happens. This note tries a review of the happened.

Key Words: Policy Coordination International Financial Markets Spain.

Journal of Economic Literature JEL: E61, G15, F14

 

La transformación de la economía española

España es, por el tamaño de su PIB, la quinta economía de la Unión Europea (sólo detrás de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) y la cuarta de la Zona Euro (por la ausencia de Reino Unido). Ha sido relativamente corto el tiempo que tuvo que transcurrir para pasar de ser una economía pobre, con pocas -o ninguna- diferencia con algunas economías subdesarrolladas del Tercer Mundo, a una economía próspera que está en condiciones de tutearse con las naciones que de manera convencional han sido calificadas como desarrolladas. El cambio y la crisis son claramente perceptibles en el mercado laboral: España pasó de ser un país expulsor de trabajadores hasta el último tercio del siglo anterior, a un importador neto de mano de obra y ahora, como efecto de la crisis, está volviendo a "sus orígenes" y, de nuevo, la emigración laboral se está extendiendo. Basten unos cuantos datos para ilustrar lo anterior: entre 1991 y 2000 salieron del país 240 000 personas, pero esa cifra se contrajo a menos de 65 000 entre 2001 y 2006; en el período que va de 1965 a 1995 la diferencia entre inmigrantes y emigrantes arrojaba un saldo negativo; desde este último año cambió el signo y en 2000 la población extranjera radicada formalmente en España era inferior al millón de personas, pero en 2008 ya sumaba 5.3 millones que representaban 11.6% del total de residentes en suelo español frente a 2.3% en 2000.¹ De otra parte, desde el principio de la crisis en 2008 han emigrado más de 300 000 españoles en busca de trabajo, de los que alrededor de 100 000 lo hicieron entre enero de 2011 y enero de 2012.²

En rigor, la notable transformación de la economía española inicia 30 años atrás una vez superados en definitiva los lastres de todo tipo que había dejado la dictadura franquista y fue impulsada en buena medida por su adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea. Aun cuando en el lapso de los quince años del régimen fascista la economía española mostró alguna recuperación merced al Plan de Estabilización (1959) que el Opus Dei impuso al gobierno, no pudieron ser plenamente superados los efectos negativos de la autarquía falangista que mantuvo la España del "nacional-catolicismo" durante 20 años (España tardó cerca de cuatro lustros en recuperar el nivel de producción industrial alcanzado en 1935, un año antes del alzamiento militar que desencadenó la Guerra Civil). Su adhesión a la CEE (1986), nueve años después de haberla solicitado, marca el decisivo punto de inflexión.

Hoy la UE es determinante en el funcionamiento de la economía española: en 2011 el 66% de las exportaciones españolas se destinó a la UE (18% a Francia, 10% a Alemania y 8% a Portugal), en tanto que 52.8% de las importaciones procede de la propia UE (11.8 de Alemania y 19.8 de Francia); China es el tercer proveedor exterior de España con 7.1%.³ Antes de 1980 la participación del comercio exterior en el PIB rondaba 8%, el año de su ingreso a la entonces CEE era de 19% y actualmente se ubica en 26%.⁴ El 5.3% de las exportaciones intraeuropeas y 4.8% de las extraeuropeas se origina en España, en tanto que realiza 6.8% de las importaciones intra UE y 5.7% de las foráneas.⁵

El ingreso a la UE con el consiguiente abatimiento de las elevadas barreras proteccionistas se asocia con un cambio positivo en la mentalidad un tanto provinciana del empresario español que empieza a dejar en el pasado su casi folclórica tendencia al rentismo (había excepciones, por supuesto), más propio del feudalismo, y decide inclinarse por la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y, sobre todo, por el establecimiento de vínculos modernos con agentes económicos del exterior.

Hay quien afirma, incluso, que los cambios que en esa época tenían lugar en América Latina, en forma de privatizaciones y crecientes tendencias a la desregulación, tuvieron un impacto, ni buscado ni esperado, en la economía española:

Desde la perspectiva española, la liberalización interna y externa y las privatizaciones latinoamericanas posibilitaron la entrada y consolidación de un número muy significativo de empresas españolas que, gracias a su implantación en la región, han adquirido un carácter de empresas multinacionales. Éste ha sido el caso de Telefónica, Repsol, Endesa, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, entre otras. Las empresas españolas continuaron su expansión internacional en otras regiones del mundo pero América Latina fue el trampolín de lanzamiento de muchas de ellas.⁶

La cita precedente pone de manifiesto el cambio de fondo ocurrido en algunos sectores, o agentes, de la economía española. Además de este cambio en sus relaciones externas, se produjeron otras transformaciones importantes al interior: el de mayor magnitud —como ya se mencionó-, fue el aumento de la población provocado por la creciente inmigración. Este aumento poblacional fue paralelo a otro en la ocupación: en 1991 la tasa de desempleo era de 16.3%, subió a 24.1% en 1994, pero en 2007 ya había descendido a 8.3 por ciento.⁷

El crecimiento demográfico se reflejó en el aumento en el número de hogares: en 1991 se contabilizaban 11.5 millones de hogares, 12.7 millones en 1999 y 16.2 millones en 2007, lo que, a su vez, habida cuenta del mayor ingreso por habitante y del incremento en la ocupación, derivó en un aumento en la demanda por vivienda que provocó -también-, un aumento generalizado en el consumo. En síntesis:

hasta la crisis de finales 2008 y principios 2009, la economía española ha estado viviendo el período de crecimiento económico más prolongado, estable e intenso de su historia contemporánea. Este crecimiento ha hecho posible avances importantes en la renta per cápita hasta el extremo de superar a algunos de los países de su entorno y aproximarse a otros.⁸

 

El apoyo europeo

En lo general, los estudiosos de la economía española convienen en que ésta ha transitado por cinco etapas después de la dictadura: a) desde los Pactos de la Moncloa (1977) que habrían de conducir, entre otras metas, a la Constitución (1978) y al ingreso a la CEE (1986)⁹; b) desde este ingreso hasta la crisis de 1991-92; c) la gestión de la crisis y las acciones para mejorar el funcionamiento de la economía (1992-1995); d) el proceso de convergencia con los criterios de Maastricht (1995-1998); e) la desaceleración de la actividad económica que condujo a una revisión de la política económica que permitiese aprovechar el naciente auge de la construcción:¹⁰ en 2000, la industria de la construcción aportaba 7.5% al PIB y al cabo de únicamente seis años, en 2006, alcanzó el 10.8% (disminuyó ligeramente a 10.6 y 10.4% en 2007 y 2008, respectivamente).¹¹ Más adelante se vuelve sobre este tema.

La primera etapa serviría para preparar el marco social e institucional en el que se desarrollarían las demás. El real impulso al crecimiento y a la modernización de la economía española está marcado, como se ya se apuntó, por su presencia formal en el proceso europeo de integración. Durante años (de hecho hasta la 5^a ampliación de la UE que incorporó a las naciones de Europa Central y Oriental y a dos pequeñas economías del Mediterráneo) ha sido de los países de menor grado de desarrollo relativo de entre los miembros de la UE. Un botón de muestra de ese rezago se vio solo cinco años más tarde de su ingreso, en ocasión de las reuniones para construir el Tratado de Maastricht, cuando España fue protagonista en las negociaciones para que se crearan los Fondos de Cohesión por los que la UE se comprometía a contribuir en el financiamiento de proyectos vinculados con el medio ambiente y con la infraestructura de transporte (redes transeuropeas) en los países cuyo ingreso por habitante fuese menor a 90% de la media comunitaria (en esa época España, Grecia, Irlanda y Portugal). Precisamente por su condición de menor desarrollo relativo, España había sido el país más beneficiado por esos Fondos hasta antes de la incorporación de los países de Europa Oriental y Central a la UE. Datos de la Comisión Europea ponen de manifiesto que, de acuerdo a los resultados de un modelo econométrico de Hermin¹², los Fondos de Cohesión provocaron que el PIB español creciera cada año entre 2000 y 2006, un punto porcentual por encima de lo que habría sido sin su concurso, y que, en el mismo período, contribuyeron en 0.7 puntos porcentuales al incremento del empleo.-¹³ El presupuesto plurianual de la UE 2007-2013 asigna a España 35 217 millones de euros, solo por debajo de Polonia (65 284 millones). Entre 1986 y 2013 España habrá recibido 142 385 millones de euros de estos fondos europeos así como de los demás mecanismos financieros de apoyo (no de crédito) instituidos por la UE en el marco de su política de desarrollo regional (si bien la comparación no es técnicamente correcta, no está de más recordar, solo como punto de referencia, que el monto de la ayuda del Plan Marshall a la reconstrucción europea después de la II Guerra (no) fue solo ligeramente mayor a los 13 mil millones de dólares distribuidos entre varios países de Europa Occidental).

 

Un diagnóstico equivocado

Después de una recesión en 1993 y con una disminución en la tasa de crecimiento en el bienio 1993-1995 (de 4 y 5% o a 1 o 1.5%)¹⁴, España había mantenido un crecimiento constante hasta el cuarto trimestre de 2008 cuando el PIB registró un retroceso de 0.7%. Aún con esta desaceleración, ese año el PIB todavía fue capaz de aumentar en 1.2%,¹⁵ lo que de ninguna manera ocultaba las dificultades que ya debía resolver. El Banco de España atribuía el fenómeno al "ajuste inmobiliario" y a la crisis financiera internacional, en lo que coincidía con el gobierno que, en el mismo sentido, afirmaba que la desaceleración obedecía al "ajuste en la construcción residencial y a las tensiones financieras mundiales", agravadas, posteriormente, por el encarecimiento del petróleo, el aumento en el precio de los cereales y, de nuevo, por las "turbulencias financieras internacionales".¹⁶

El efecto en el nivel de empleo fue contundente: en 2008 cayó en 0.6% respecto del año inmediato anterior,¹⁷ pero alcanzaría una cifra de 3% al comparar los dos últimos trimestres de esos años, de manera que la tasa de paro fue de 13.9% en el cuarto trimestre de 2008. (A la luz de lo ocurrido desde entonces, podría decirse que bien servida estaría la economía española si hoy, nada más cuatro años más tarde, el desempleo fuese de ese nivel y no de 25.1% registrado en agosto de 2012). Transcurrido el primer mes de 2009, cuando ya era inminente que técnicamente se cayera en recesión al cabo de ese primer trimestre, el gobierno consideraba que a pesar de esos resultados España estaba preparada "para una etapa de menor crecimiento¹⁸" y basaba su optimismo en lo que llamaba "los fundamentos positivos de la economía española (flexibilidad, solvencia del sector público, sólido entramado empresarial)" y desechaba la puesta en práctica de lo que llamaba "un plan de choque" porque "sería contraproducente", toda vez que "son alivios momentáneos que introducen distorsiones económicas y presiones inflacionarias a medio plazo", al tiempo que "solucionan un problema político para el Gobierno pero generan a medio plazo problemas para toda la sociedad". Y enfatizaba: "Por el contrario, en la actual coyuntura, es necesario actuar con responsabilidad: continuar con la estabilidad presupuestaria" y seguir aplicando "un conjunto de medidas microeconómicas muy acotadas", Este enfoque, plegado a la ortodoxia más convencional, no sólo fue insuficiente para enfrentar la desaceleración con éxito, sino que fue inadecuado al propósito perseguido: en 2008 el déficit fiscal fue de 4.5%¹⁹ y el PIB únicamente creció en 1.2%; en 2009 el PIB se recortó en 3.5% y, a pesar de haber colocado a la estabilidad como el objetivo central de la política económica, el déficit público se situó en 11.2%, esto es, más de ocho puntos porcentuales por encima del criterio establecido en Maastricht y que España había cumplido satisfactoriamente hasta ese momento (en 2007 registró un superávit ligeramente inferior a 2%). La deuda, que en 2007 y 2008 se había mantenido casi veinte puntos por debajo de los criterios de convergencia convenidos en Maastricht (36.2 y 40.1%, respectivamente), en 2009 aumentó en cerca de 30% (de 435.8 miles de millones de euros a 563.9 miles de millones) aunque solo llegó a 53.8% del PIB.

En 2010 el crecimiento de la economía volvió a ser negativo (0.7%) y el déficit se redujo a solo 9.3% (más de seis puntos por arriba del criterio de Maastricht), pero el nivel de deuda representó 61% del PIB con lo que excedió, por primera ocasión, el límite obligado. El año siguiente, 2011, el PIB limitó su crecimiento a un magro 0.7% y en el cuarto trimestre registró, de nueva cuenta, una tasa negativa a la que sucedió otra del mismo signo en el primer trimestre del año que corre, lo que coloca a la economía española, por segunda ocasión en menos de tres años, en lo que los técnicos califican como recesión. Recesión que, de cumplirse los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y del propio gobierno español, se mantendrá durante todo 2012 y 2013. Los más optimistas suponen que no será sino hasta 2014 cuando podrán empezarse a percibir síntomas de una recuperación sólida y duradera.²⁰

Los datos a junio, dados a conocer a finales de agosto, abonan esas predicciones al revelar que la economía española cayó por tercer trimestre consecutivo, en esta ocasión en 0.4% (una décima porcentual más que el primer trimestre), lo que condujo a una contracción de 1.3% en relación con 2011, no obstante que la demanda externa (turismo) creció en poco menos de un punto porcentual, pero la demanda interna se contrajo en 1.4%. El desempleo subió en 0.8%, de manera que durante el último año se han perdido, como ya se dijo, cerca de 480 000 puestos de trabajo.²¹

 

Camino de la crisis

Líneas arriba se hizo mención del diagnóstico equivocado de principios de 2009, responsable a su vez del erróneo tratamiento aplicado. Como bien se sabe en México, las crisis foráneas, suelen decir las autoridades, "no afectan" cuando los "fundamentales" de la economía nacional son "sólidos" o, en el peor de los casos, solo la afectan de manera marginal, de suerte que no hay motivo para preocupar -y menos ocupar- a nadie ("catarritos" y esas menudencias). Daría la impresión de que algo parecido sucedió en España. Pero la realidad fue, y es, diferente de lo que el optimismo oficial suele percibir en diversas latitudes. El colapso del sector financiero de la economía estadounidense, trasladado al sector real de la economía, se reflejó casi de inmediato en la economía europea y, por supuesto, en la española, entre otras razones por los estrechos vínculos de los respectivos sistemas bancarios y del sector externo español con sus socios continentales. Desde entonces la UE (y no solo la eurozona) enfrenta una compleja situación económica y está atravesando por una severa crisis que, ahora en 2012, poco tiene que ver, salvo de manera parcial por sus orígenes, con lo sucedido en Estados Unidos en 2007-2008. Ya es una crisis europea que amenaza con propagarse al otro lado del Atlántico, al contrario de la de 2008 en laque el contagio recorrió el camino inverso. Pero este es otro tema.

Lo equivocado del diagnóstico proviene de haber supuesto que la economía española podía ser inmune a lo que sucedía en su entorno inmediato y, sobre todo, que su estructura productiva era lo suficientemente sólida como para pasar con éxito por una etapa de menor crecimiento, tal y como vaticinaba el gobierno. El tiempo y los hechos se han encargado de demostrar que no era, o no es, tan sólida. Estaba basada en el empuje de un fuerte vínculo con el financiamiento externo, en el aumento de la capacidad de consumo de una población creciente (entre otras razones, como se dijo, por la inmigración) y en el aumento del consumo interno que se tradujo en una mayor demanda por satisfactores en general, pero, en especial, por vivienda. Ya vimos que la industria de la construcción se convirtió en el pivote en torno al cual giraría el resto de la economía.

Para satisfacer esta creciente demanda por vivienda se contó con el "auxilio" de unas tasas de interés relativamente bajas merced a la disposición de recursos provenientes de bancos europeos (alemanes, principalmente), lo que, sin embargo, no impidió el aumento en el precio de la vivienda impulsado por el ingente aumento en la demanda. Con el estallido de la crisis internacional de 2007-2008 la banca española se vio con los dedos atrapados en la puerta porque había supuesto que la demanda de vivienda, satisfecha a base de crédito, sería de larga duración (si no es que permanente): no fue así; al contrario, las tasas de interés subieron, los deudores se vieron en dificultades para pagar, los precios se desplomaron pero ya no había demanda y el gobierno tuvo que acudir al apoyo a los bancos privados que se habían dejado llevar por la euforia y, como había ocurrido en Florida allá por 1928-1929 poco antes de que estallara la Gran Depresión del 2933, habían actuado con exceso de ambición y un discutible profesionalismo y concedido préstamos a los que no los podrían pagar. En ese momento empezaron los problemas que ahora aquejan a toda la economía, porque es, repito, en ese momento cuando inician las dos escaladas que hoy tienen "preocupados" a eso que llaman mercados: la de la deuda y la del déficit públicos.

Para que eso que llaman mercados recupere la confianza en España y dejen de apostar contra su economía, actualmente el gobierno debe admitir el auxilio proveniente de la troika (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea) con lo que implica de cesión de soberanía en materia de política económica, tal como ya tuvieron que aceptarlo Irlanda y Portugal, primero, y recientemente Grecia. Italia, con la propia España, se resiste, no a la ayuda en sí misma, sino a la plena intervención que implica el término "rescate". Al cabo de la primera semana de octubre se seguía discutiendo si España sería rescatada, aunque ello se da por descontado. Lo que importa es cuándo ocurrirá y cuáles serán las condiciones que se le impongan. Ha trascendido que Alemania desea vincular el rescate a España con una medida similar para Italia.²²

En el esquema impuesto por la política económica convencional, España debe reducir el déficit y convencer a esos mercados que sí les pagará. Para ello, al igual que Irlanda, Portugal y Grecia, ha puesto en práctica una política económica que puede favorecer a ciertos segmentos del sector financiero, pero que afecta negativamente el funcionamiento de la economía real. Suele identificarse la actual crisis española con el aumento reciente de la deuda pública, sin considerar que este aumento se originó en un mal funcionamiento de los mismos mercados (el financiero y el de la vivienda) que hoy reclaman estabilidad. Con motivo de la presentación del proyecto de Presupuesto para 2013, el Ministerio de Hacienda reconoció que por las inyecciones a la banca, el déficit público de 2011, equivale a 8.96% del PIB, se levó a 9.44%, y se estima que, por ese motivo, el déficit público en 2012 alcanzará 7.4%, en lugar de 6.3% que estaba previsto... Dijo el ministro: "ojalá no hubiésemos tenido que hacer estas operaciones, pero tenemos que sanear la banca para recuperar el crédito".²³ Con todo, prevén, para 2013, una recesión de 0.5% y un nivel de desempleo de 24.3%, esto es, solo ocho décimas de punto por debajo del actual.

Se trata, en esencia, de aplicar las tradicionales medidas de austeridad para alcanzar la estabilidad fiscal y asegurarles a los acreedores que no se quedarán sin cobrar. El gobierno de Mariano Rajoy está acudiendo a todos los eufemismos posibles para no utilizar la palabra "rescate" por dos motivos básicos: a) para eludir los rigurosos compromisos ante sus socios europeos toda vez que ello supone que incluyen una intervención directa en el manejo de la política económica local, y b) derivado de lo anterior, porque sabe que aceptar ese término le acarrearía un serio deterioro político al interior de España.²⁴

En consecuencia, el gobierno anunció en julio pasado una serie de medidas que pretenden una reducción del déficit del orden de 62 000 millones de euros en 2012 con las que supone que puede tranquilizar a "los mercados" y, sobre todo, convencer a sus socios europeos, en particular a Alemania, de que no será necesario el temido "rescate". Estas medidas, en síntesis, son las siguientes.²⁵

• Aumento del IVA de 18 a 21%, a partir del 1 de septiembre, con lo que estima recaudar 22 000 millones de euros (el primer efecto de esta disposisicón se percibió en el índice de precios al consumidor que alcanzó un nivel de 3.5%, ocho décimas de punto por encima del registrado en agosto y que es el porcentaje más elevado de los últimos diez y seis meses)²⁶;

• Los empleados públicos no percibirán aguinaldo en 2012, lo que equivale a una reducción de entre 5 y 7% en sus salarios anuales. Se dejarían de gastar 4 000 millones de euros;

• Reducción de 6 a 3 los días libres de los empleados públicos y pérdida de los días libres ganados por antigUEdad. Supone un ahorro de 6.3 millones de euros;

• Reducción del número de funcionarios que, además, cuando no estén en funciones no cobrarán el monto total de su salario;

• No renovación del contrato a los empleados públicos interinos;

• Reducción de las empresas públicas;

• Se elimina la deducción por compra de vivienda para fines del impuesto sobre la renta;

• Congelación del salario mínimo para 2012;

• Aumento en la edad de jubilación;

• Implantación del copago sanitario y de medicamentos;

• Reducción del gasto por desempleo, para lo que el gobierno disminuirá la tasa de reposición de 60 a 50% de las prestaciones a partir del primer semestre en que una persona se encuentre en el paro;

• Las diputaciones provinciales se encargarán de la gestión de los municipios de menos de 20 000 habitantes;

• Constitución de un fondo por 18 000 millones de euros destinado al financiamiento de las comunidades autónomas con problemas de déficit. Una tercera parte provendrá de Loterías y Apuestas del Estado y los otros dos tercios del Tesoro público;

• Reducción de un punto en 2013 y otro en 2014 de las aportaciones a la seguridad social, lo que, de acuerdo con el gobierno, "compensa" el aumento del IVA (no se ha explicado cómo una medida por la que se prevé una reducción de 3 000 millones de euros podrá "compensar" un aumento del IVA que habrá de generar los 22 000 millones ya señalados);

• Aumento en cinco puntos porcentuales de las cotizaciones correspondientes a los sueldos más elevados;

• El Impuesto a las Sociedades se modifica en dos aspectos: se impedirá que las grandes empresas consideren sus pérdidas como créditos fiscales durante 2012 y 2013, y aumenta 10% el gravamen a las utilidades provenientes del exterior;

• Aumento del 15 a 21% en el nivel de las retenciones a los ingresos de los profesionales liberales;

• Autorización a las comunidades autonómicas para que eleven de 18 a 36 euros las cuotas que pagan las familias por la educación concertada no obligatoria (bachillerato y formación profesional de grado medio);

• Reducción de 30% de lo que se conoce como Renta Básica de Emancipación cuyo propósito consiste en ayudar a los jóvenes a cubrir el alquiler de una vivienda. Disminuye de 210 a 147 euros mensuales;

• Eliminación de las restricciones al comercio para que realice períodos de rebajas cuando lo considere conveniente.

Esta batería de medidas tiene como propósito inmediato cumplir con los requerimientos europeos para que España esté en condiciones de acceder al préstamo de 62 000 millones de euros (que podrían llegar hasta 100 000 millones²⁷) necesarios para sacar del atolladero a la banca española que, además de los problemas apuntados por la crisis enla vivienda, enfrenta otro tipo de dificultades que, aparentemente, no habían sido vistos en su oportunidad por el Banco de España. Las medidas no son, en lo esencial, diferentes de las aceptadas por los gobiernos griego, irlandés y portugués, aunque sí es distinto el porcentaje destinado, en cada caso, a apoyar al sistema bancario respectivo: en Grecia se dedica 21% (50 000 millones) de los fondos recibidos a ese objetivo; en Irlanda, 82% (70,000 millones), y en Portugal, 10% (14 300 millones).

Con todo, las autoridades europeas (las formales de la UE, pero, en especial, las reales, es decir, Alemania y el BCE escoltadas por -¿o escoltando a?- el FMI) piden mayor grado de compromiso en tanto que el gobierno español, al momento de pergeñar esta nota, mantiene su postura de no mencionar la palabra rescate y de exigir que se cumpla lo convenido durante la Cumbre de la Zona Euro ocurrida el 29 de junio en lo relativo a construir un mecanismo único europeo de supervisión bancaria con lo que, una vez establecido, "el MEDE podría, tras la adopción de una decisión regular, tener la posibilidad de recapitalizar directamente los bancos".²⁸ En esa misma oportunidad se hizo especial referencia a España:

Instamos a la rápida ultimación del Memorando de Acuerdo vinculado al apoyo financiero a España para la recapitalización de su sector bancario. Reafirmamos que la ayuda financiera será facilitada por la FEEF hasta que esté disponible el MEDE, y que será transferida a continuación al MEDE sin que se le conceda estatuto de prioridad.²⁹

Con todo y ese resolutivo, todavía durante la última semana de septiembre se discutía sobre detalles técnicos del crédito para sanear a los bancos, porque la Comisión Europea pide que se especifiquen los criterios para definir las pérdidas que habrán de sufrir los tenedores de participaciones preferentes, pérdidas que afectan a varios miles de pequeños y medianos ahorradores que no habían tenido claro que sus depósitos eran, en realidad, un medio para adquirir títulos de deuda cuyo valor se desplomó con las turbulencias financieras pero, sobre todo, cuando esos títulos hubieron de negociarse de una manera abierta. El diario El País³⁰ estima que la cantidad de afectados asciende a alrededor de 130 000 ahorradores con depósitos (o títulos de deuda) por 4 500 millones de euros. El 31 de agosto fue aprobada por el Consejo de Ministros una Reforma Financiera en la forma de un Memorándum de Entendimiento que habría de concretar el rescate de la maltrecha banca española y, al decir del ministro de Economía y Competitividad, servirá para "prevenir crisis futuras" y otorgará a España la legislación "más avanzada y completa" en este sentido.³¹

 

La situación actual

En otros términos, las dificultades financieras que enfrenta España (que evidentemente han derivado en graves problemas económicos para toda la población) tienen que ver con el apoyo por parte del gobierno a un sistema bancario poco eficiente y altamente especulativo, por el que tuvo necesidad de endeudarse y hoy, pasado el tiempo, no cuenta con recursos para cubrir esa deuda que, además, es creciente tanto por el aumento en el tipo de interés al que ha de colocar las nuevas emisiones como por el de la prima de riesgo de la propia deuda. Sin embargo, para tranquilizar a ese mismo sector financiero pone en práctica medidas que -supuestamente-, estabilicen (e inspiren confianza, dicen) a los mercados (financieros) de España y de Europa, aunque ello implique paralizar el funcionamiento de la economía real. Esto es, la estabilidad a cualquier precio, la austeridad como programa, objetivo e instrumento.

En este marco y con las políticas descritas no es previsible una mejora en el estado y funcionamiento de la economía española para el corto y el mediano plazos. Como ya se ha empezado a percibir al cabo del primer mes de haber ocurrido, el impacto del aumento del IVA en el comportamiento de la demanda interna reducirá aún más el nivel de las ventas, lo que de ninguna manera es una buena noticia para la inversión productiva, la que genera empleo que, a su vez, genera mayor demanda (¿suena a Keynes?, ... es posible).

Ya se mencionó que la actual situación de estancamiento y hasta de recesión puede prolongarse a lo largo de 2012 y todo 2013, es decir, más de dos años de crisis. Hay quien afirma que en realidad España se dirige hacia una Gran Depresión y señala los signos que apuntan a ello. Destacan algunos: solo 17 de los 47 millones de personas que residen en España tienen trabajo; la tasa de desempleo, que es la más elevada de su historia y se sitúa, repito, en 25.1%, pero hay quien estima que en breve podría llegar a 30%, y entre los jóvenes menores de 25 años el nivel de paro es de un alarmante 52%; las ventas al menudeo han bajado consecutivamente al cabo de los recientes 21 meses; la calificadora Standard & Poor's ha reducido la calificación del crédito español de AA a BBB+; el rendimiento de los bonos españoles a un plazo de 10 años se sitúa en alrededor de 6%, nivel que los analistas califican como "muy peligroso"; algunos bancos españoles han decidido no aumentar su tenencia de deuda pública; se estima en más de 8% el índice de morosidad de los préstamos concedidos por la banca, lo que equivale a 13% del PIB, pero el total de los créditos otorgados por la banca equivale a 170% del PIB; más de la mitad de los activos inmobiliarios de los bancos españoles se han catalogado como "problemáticos", el precio de las casas disminuyó en 11.2% en 2011 al tiempo que el número de embargos a propiedades llegó, el mismo año, a 32%; todo ello en un momento en el que los precios de la vivienda se ha reducido en una cuarta parte pero con estimaciones de que el descenso podría llegar a 60%.³² Los recortes se han extendido a la sanidad, a la educación, a los pensionados, al tiempo que se ha sometido a las comunidades autónomas a una rigurosa disciplina por la que, con todo y ese singular régimen autonómico, es el gobierno central el que para todo propósito práctico toma las grandes decisiones en materia fiscal. En caso de no aceptar las condiciones del centro, no se puede acudir a los fondos de apoyo -los llamados fondos de liquidez autonómica (FLA) dotados con 18 mil millones de euros- a los que se hizo alusión (Valencia, Murcia y Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha y Canarias (ya) los han solicitado). De otro lado, los recientes anuncios sobre el adelanto a octubre de los procesos electorales en dos de las comunidades (País Vasco y Galicia) tienen que ver con esta severa intervención del "gobierno de Madrid" en la administración de las finanzas locales y perfilaría un indicador de las dificultades de orden político que puede empezar a enfrentar el gobierno. La renovada y fortalecida demanda por la autonomía (o la independencia) del Cataluña, el anuncio de un referéndum sobre este tema y el adelanto electoral constituyen la muestra más reciente de la magnitud y alcance que podrían llegar a tener esas dificultades de orden político. El malestar en amplios y diversos espacios de la sociedad es, evidentemente, creciente.³³ A las dificultades anteriores habría que sumar las provenientes de la incertidumbre que provoca la crisis europea. Algunos inversionistas y no pocos especuladores (que no es lo mismo) temen (¿o apuestan?) por el futuro de la moneda única o, en otro caso, por el futuro de España en la moneda única (que tampoco es lo mismo). Los forcejeos entre el gobierno alemán y los gobiernos griego (que solicita un mayor plazo para cumplir con sus compromisos) italiano (que, como el español, se resiste a solicitar de manera formal el temido, pero necesario, rescate) y el propio español (que parece estar condicionando la solicitud de rescate al compromiso europeo por una mayor integración fiscal y bancaria en Europa), se esperaba que tomaran un cauce definitivo en la reunión del Consejo Europeo ocurrida el 6 de septiembre, pero no fue así, de manera que, en rigor, no se dispone de ningún indicio que contribuya a definir por dónde, y cómo, saldrá la economía española del atasco en el que se encuentra. No hay síntomas de un (imprescindible) cambio de rumbo. Antes al contrario: el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, presentado al Congreso la última semana de septiembre, constituye una evidencia que no deja lugar a dudas. Si bien se prevé un aumento del gasto gubernamental del orden de 5.6% (pero solo un incremento de 4% en los ingresos públicos), la mayor parte de éste se destinará al pago de los interéses de la deuda que se convierte así en el segundo renglón de gasto (solo detrás de las pensiones) dado que crecen en 34%. Se anunciaron recortes en los diversos ministerios y empezarán a aplicarse todas las medidas de contención anunciadas en julio pasado y a las que se hizo referencia líneas arriba. La cereza del pastel es la revelación en el sentido de que el Estado habrá de recurrir al Fondo de Reserva para cubrir el monto de las pensiones, porque lo recaudado por seguridad social es insuficiente habida cuenta del deterioro en el mercado laboral.

El cambio de rumbo, pues, no se percibe en el corto plazo. No solo porque la ortodoxia neoliberal domina la política económica europea³⁴ sino porque también es el manual al uso de los que toman las decisiones en el gobierno español.

Esas decisiones tienen que ver con temas básicos de la política económica que trascienden el debate entre una política de estabilidad a cualquier costo y una política de aliento al crecimiento y a la creación de empleo, porque debe definir, en primer término, el tipo de estructura productiva al que se aspira de manera de hacer ésta más competitiva y menos dependiente de la industria de la construcción, y después precisar si esa definición de fondo se le va a dejar al mercado o en ella tendrá alguna participación el Estado. Si lo que se pretende es que en 2014, cuando supuestamente se haya salido de la crisis, todo torne a ser "como antes" y se vuelva a descansar en el ladrillo para sostener la economía, de absolutamente nada habrán servido los sacrificios y las privaciones a que hoy está sometido el pueblo español.

 

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Notas

¹ Matilde Alonso Pérez y Elies Furio Blasco, "La economía española. Del crecimiento a la crisis pa sando por la burbuja inmobiliaria", en Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, junio de 2010.

² El exilio laboral de los españoles, Sitios.España.com

³ Cifras del Fondo Monetario Internacional.

⁴ Cifras del Banco Mundial.

⁵ Cifras de Euroestat.

⁶ Matilde Alonso Pérez, op. cit.

⁷ Cifras de Eurostat.

⁸ Matilde Alonso Pérez, op. cit.

⁹ Recuérdese que España (lo mismo que Portugal y Grecia) no fue admitida en la entonces CEE en tanto las autoridades europeas no estuvieran absolutamente convencidas de que las dictaduras eran cosas del pasado.

¹⁰ Fernando González-Laxe, "La transición democrática española. Los márgenes de maniobra y los procesos emprendidos", en Santos Ruesga Benito (compilador), Economía política de las transiciones democráticas: México España, UNAM, Universidad Autónoma de Madrid, México, 2006.

¹¹ Matilde Alonso Pérez, op. cit.

¹² Se trata de un modelo concebido por la Comisión Europea para evaluar el impacto de la política de cohesión. La propia Comisión ha desarrollado el modelo EcoMod, de equlibrio general y multisectorial, orientado a medir las variaciones estructurales desde la óptica de la oferta, pero no mide cambios anuales de corto plazo. El modelo QUEST, finalmente, tiene como propósito cuantificar los efectos en las economías donantes netas de los fondos estructurales; es de uso interno de la Comisión...

¹³ Tomado de Juan R. Cuadrado Roura y Tomás Mancha Navarro, "Política regional y de cohesión", en Josep Ma. Jordán Galduf (coordinador), Economía de la Unión Europea, sexta edición, Thomson Civitas, Madrid, 2009.

¹⁴ Cifras de Eurostat.

¹⁵ Informe del Banco de España, 2009.

¹⁶ Gobierno de España, Economía Española 2008, 15 de febrero de 2009.

¹⁷ Cifras de Eurostat.

¹⁸ Esta y todas las demás citas en cursivas que aparecen en este párrafo están tomadas del mismo documento señalado en la nota 15.

¹⁹ En adelante, salvo indicación en contrario, todas las cifras han sido tomadas de Eurostat.

²⁰ En adelante, salvo indicación en contrario, todas las cifras han sido tomadas de Eurostat.

²¹ José Ramón Díaz Guijarro, "España, se intensifica la recesión", en Economía Española, Economy Weblog, 28 de agosto de 2012.

²² Claudio Pérez, El desconcierto, versión rescate español, El País, 7 de octubre de 2012.

²³ El País, 30 de septiembre de 2012.

²⁴ Ilustrativo, si bien no técnico, del extremo al que se ha llevado la discusión en torno a si es "rescate" o no lo es, puede ser un cáustico artículo de José María Izquierdo en el que se vale de una ingeniosa parodia de un popular programa de concurso de la televisión española para hacer ver a los lectores las contradicciones, las dificultades, los galimatías del gobierno para evitar la famosa palabrita; uno de los supuestos concursantes (todos "son" ministros del gobierno de Rajoy) propone llamarle "ayuda financiera", otro más "apoyo amistoso", y un tercero "línea de crédito convergente" Los tres dan la respuesta "correcta". José María Izquierdo, "Un, dos, tres, responda otra vez" en El País, 25 de agosto de 2012.

²⁵ El País, 12 y 15 de julio de 2012.

²⁶ El País, 29 de septiembre de 2012.

²⁷ Los últimos días de septiembre se anunció oficialmente que la banca española requiere de 53 700 millones de euros para "sanear" de los que 40 000 podrían provenir del mecanismo europeo para el rescate, y el resto, del propio sistema bancario. El País, 29 de septiembre de 2012.

²⁸ El País, 12 y 15 de julio de 2012.

²⁹ Idem. FEEF es el Fondo Europeo de Estabilización Financiera creado en mayo de 2010. El MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), de marzo de 2011, sustituye, desde el 1 de julio de 2012, al FEEF.

³⁰ El País, 25 de agosto de 2012.

³¹ El País, 30 de agosto de 2012

³² The Economic Collapse, 22 señales de que la colapsada economía española se dirige hacia una Gran Depresión, Sleepwalkings.wordpress.com.

³³ El escritor Luis Sepúlveda, por ejemplo, ha afirmado; "El Gobierno del Partido Popular, fiel a lo que es Mariano Rajoy, un registrador de la propiedad, un burócrata decimonónico de los que usaban manguitos de felpa negra para proteger la inmaculada blancura de sus camisas, amparado en la mayoría absoluta se ha convertido en una suerte de emisario de lo que dictan los mercados para aumentar laprecariedad de los ciudadanos transformados en consumidores en desgracia. Cada amanecer somos despertados por un nuevo zarpazo del gato que insiste en cazar ratones, aunque tengan forma humana. Recortes a la educación, recortes sanitarios, más despidos presentados como "ajustes", y silencio absoluto frente a nuevos escándalos de corrupción, robo, estafa, cometidos por instituciones como Bankia, un banco que, tras presentarse como la institución financiera más sólida, hoy amenaza con hacer estallar todo el sistema financiero". España, año cero. Fábula del gato de Felipe González, en Le Monde dioplomatique, agosto de 2012.

³⁴ Esta afirmación debiera matizarse a la luz del primer paquete presupuestal presentado por el gobierno de Francois Hollande que ha optado por un aumento en los ingresos (y no simplemente un recorte en el gasto) a fin de obtener un equilibrio fiscal y para lo que prevén mayores impuestos a los ingresos más elevados. ver El País, 29 de septiembre de 2012.

 

Información sobre el autor

Antonio Gazol Sánchez: Economista por la UNAM. Profesor de la Facultad de Economía, UNAM; Titular de la Cátedra Extraordinaria "Maestro Octaviano Campos Salas" sobre Comercio Exterior e Industrialización en la Facultad de Economía, UNAM (20012005); profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (1967-1980); profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Anáhuac (1967-1972), profesor del Centro de Estudios de Comercio Internacional del IMCE (1971-1972). Presidente del Colegio Nacional de Economistas (1981-1983); Premio de Economía Banamex, 2° lugar (1967); ha publicado varios libros entre los que destacan: Complementación Industrial e Integración Económica. Ed. SELA, 1966; El Tercer Mundo ante el Mercado Común Europeo, FCE, 1973; Bloques Económicos, Facultad de Economía, UNAM. Asimismo es autor de varios artículos en revistas especializadas; también ha presentado ponencias, conferencias, capítulos de libros y ensayos diversos. Ha sido servidor público (1959-1998) y ha ejercido como consultor privado; Coordinador del Centro de Educación Continua, Facultad de Economía, UNAM (1998-2001) y Subdirector de Planeación, UNAM, 2008 a la fecha.