Artículos

 

Reforma energética: decidiendo el futuro de México

 

Energy reform: Deciding Mexico's future

 

David Ibarra*

 

Presidente del Comité Editorial ECONOMIAUNAM <dibarra@prodigy.net.mx>.

 

Resumen

El autor analiza los problemas fundamentales que enfrenta Pemex, rechazando la pretensión gubernamental de reanudar el proceso para privatizar sus principales actividades. Hace un recuento de los argumentos utilizados para apoyar la iniciativa oficial de Reforma energética y de las razones que los refutan. Analiza el "problema de fondo", el de la exacción de los ingresos petroleros por el Gobierno, e identifica posibilidades para recapitalizar a ese organismo. Reconociendo la ausencia de una estrategia de desarrollo y de seguridad energética de largo plazo, de manera puntual, destaca la problemática y las medidas que habrían de aplicarse en temas claves para reconstruir Pemex. Con mayor detalle, impugna los alegatos expuestos para apoyar la propuesta de dar la refinación del futuro en maquila privada y con ello ceder a socios permanentes parte de la renta petrolera.

 

Abstract

The author analyzes the fundamental problems facing Pemex, rejecting the government's intention to renew the process of privatizing the oil company's main activities. He reviews the arguments used to support the official initiative for energy reform, as well as the elements that refute such arguments. He analyzes the "root problem," specifically the exaction of oil revenue by the Mexican government, and identifies possibilities for recapitalizing Pemex. Pointing to the lack of a long-term strategy for energy development and security, the author emphasizes the problems and the measures that must be implemented in key areas in order to rebuild Pemex. With greater detail, he challenges the claims used to support the proposal for turning over refining in the future to private "maquilas"-an action that would hand over part of the country's oil revenue to permanent partners.

JEL classification: H21, H23, H24

 

El salvamento de Pemex no sólo debe verse en el sentido de los negocios, sino como parte viva de la lucha de los mexicanos para decidir en libertad su destino común, sea en términos económicos o políticos. Eso es lo que representa Pemex tanto en la formación de la identidad nacional como en la realidad del desarrollo histórico del país. Sin la renta petrolera, no es explicable la industrialización, la salida del feudalismo en el campo, la construcción del mejor sistema latinoamericano de carreteras o el gasto social de los gobiernos.

 

1. El debate sobre la reforma petrolera

El debate petrolero auspiciado por gobierno y oposición requiere de algún esclarecimiento terminológico. El término "privatización" de Pemex es usado por los tirios y troyanos de la reforma energética sea como prueba del constitucionalismo gubernamental o como aviso a quienes pretendan violentar de alguna manera los preceptos de nuestra Carta Magna.

En los hechos, la privatización total de Pemex sería, hoy por hoy, una imposibilidad económica y una locura política. Si Pemex aporta cerca de 40% de los ingresos del Gobierno Federal, habría que emprender varias reformas tributarias semejantes al Impuesto Empresarial a Tasa Única (lETU) para compensar la pérdida de ingresos impositivos, aun cuando se cobrasen regalías y el gravamen sobre la Renta. O bien, habría que convencer a los inversionistas prospectivos a soportar una carga tributaria que les cercenase todas las utilidades y algo más, como ocurrió con la desaparición del patrimonio contable de Pemex.

Desde otro ángulo, los ingresos petroleros se han usado como tranquilizante político de las entidades federativas, cuyas participaciones en la bolsa fiscal dependen entre 25 y 34% de la renta petrolera. Asimismo, las divisas aportadas por Pemex tienen la función principalísima de equilibrar y regularizar oferta y demanda en el mercado de divisas. Ahí el Gobierno Federal tiene una fuente alimentadora de las reservas del Banco de México que cubre sobradamente el servicio de la deuda pública externa y dificulta caer en las crisis cambiarias recurrentes.

Valga una digresión: esta última función tiene alta relevancia en la actualidad, por cuanto las importaciones se disparan y las exportaciones decaen. El déficit en la balanza comercial de 5.6 miles de millones de dólares en 2006, sube a 11.2 miles de millones en 2007, y sigue ascendiendo impulsada por el receso norteamericano y la presión de los exportadores foráneos enfrentados a mercados propios abatidos. Al propio tiempo, México equivocándose, poco ayuda al revaluar su tipo de cambio, desprotegiendo a los productores nacionales y alentando a los importadores, así como al ampliar los diferenciales en las tasas de interés internas y externas, esto es, frenar la competitividad de los inversionistas nacionales.

Según reconoce el diagnóstico de la Secretaría de Energía y múltiples declaraciones de funcionarios públicos "no se trata de privatizar a Pemex ni vender sus activos o infraestructura, por cuanto el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos". De esa manera, se busca reubicar el verdadero campo de debate y eludir los costos políticos que el hito de la expropiación petrolera ha impreso en la conciencia ciudadana.

Despejada la interrogante política principal sobre las intenciones del gobierno, la discusión queda situada en la cuestión de si Pemex requiere imperativamente de socios, alianzas o asociaciones con empresas del exterior con quienes compartir la renta petrolera. Las justificaciones a la participación privada han venido mudando de ropaje con el tiempo y los avatares políticos. Al comienzo se adujo la falta de recursos financieros nacionales, cuestión que refuta la presencia de altísimas utilidades antes de impuestos de Pemex. Luego, se echó mano del argumento de un atraso tecnológico que fuerza la apertura a empresas extranjeras con olvido de que la tecnología petrolera es conocimiento maduro, adquirible en los mercados internacionales. Aún la exploración y desarrollo de campos en aguas profundas, dispone de servicios que no debieran remunerarse como si fuesen contratos de riesgo. Más recientemente se aducen otros argumentos. Se cita, con fines de imitación extralógica, el caso con países -cada vez menos- asociados en negocios de riesgo, como Brasil o Noruega. Se olvida que son naciones con instituciones muy diferentes y con una carga impositiva alta, casi inimaginable en México. Por último, se menciona el deterioro de la capacidad de Pemex en concebir, ejecutar y administrar proyectos de envergadura sin ayuda cooperativa externa. No se ahonda en precisar las causas de ese debilitamiento -cuestión medular- ni se justifica porqué en vez de adquirir servicios externos, se ha de dar participación en las utilidades petroleras futuras a las empresas asociadas.

Al parecer no se quiere la simple adquisición de know how, servicios o insumos susceptibles de contratarse en los mercados internacionales. En contraste, no parece haber reparo en aumentar el número de participantes en el reparto de la renta de las actividades petroleras, si con ello el fisco mexicano puede seguir tomando fondos expoliatorios del sector petrolero, en sustitución de una verdadera reforma tributaria.

En lugar de encarar los problemas fundamentales de la industria petrolera que se resumen en cuestiones tributarias y financieras, se recurren a racionalizaciones con tintes ideológicos: Pemex está debilitado en los hechos -las causas se ignoran o no se mencionan- por tanto, para salvarlo hay que reanudar el proceso de privatizaciones parciales. A tal propósito y al de multiplicar los negocios de particulares, se cedieron las operaciones de compra y transporte de gas, la venta de las instalaciones petroquímicas, se firmaron los contratos de servicios múltiples, se permitió el desplazamiento del Instituto Mexicano del Petróleo por servicios foráneos de asesoría y el outsourcing de otras funciones -alquiler de barcos, plataformas, vehículos e instalaciones-, que constituyen otras tantas instancias de la fragmentación deliberada de la empresa más importante del país.

Frente a ese dilema, un grupo numeroso de intelectuales y académicos expresan la necesidad de emprender un debate político y técnico no sólo sobre Pemex, sino en torno a la ausencia de una política energética de Estado. Sobre la desincorporación de las funciones de Pemex, aducen que "privatización significa vulnerar el principio constitucional que hace de la nación la propietaria de los recursos del subsuelo. Privatizar es entregar parte de esa riqueza a empresas nacionales y extranjeras, afectando la soberanía nacional y el futuro de los mexicanos". A lo anterior cabría añadir que el espíritu constitucional se incumple cuando se incorporan más y más derechos privados en la distribución presente y sobre todo futura de las rentas petroleras.

Por eso, el diagnóstico de la Secretaría de Energía hace surgir dudas, incluso cuando señala como objetivo medular de Pemex "maximizar para el país el valor económico de largo plazo de los hidrocarburos". ¿Cómo ganar la congruencia entre ese propósito y la fragmentación extranjerizante de las rentas petroleras que se sugiere solapadamente seguir impulsando?, ¿y cómo hacer compatible el mismo objetivo de largo término con el sostenimiento de una extracción quizá excesiva que ya agota a los principales yacimientos del país, mientras la refinación y la petroquímica yacen postradas a juzgar por la magnitud de las importaciones?

 

2. El debilitamiento financiero de Pemex

Con todo, el patrimonio y las fortalezas de Pemex se han debilitado en extremo hasta impedirle desempeñar sus viejas funciones desarrollistas. Hoy, apenas cumple con las tareas menores de equilibrar presupuesto y balanza de pagos y, eso, de modo cada vez más precario por no resultar sostenibles a largo plazo.

El problema de fondo -del que se han derivado muchas dificultades-, se refiere a la exacción indiscriminada de los ingresos petroleros para sanear desequilibrios crónicos en las finanzas públicas. Las presiones ascendentes del gasto público se han satisfecho poco con impuestos y mucho con las rentas petroleras. Esa transferencia de recursos se ha llevado al extremo de eliminar prácticamente el patrimonio contable de Pemex, comprimir más de lo razonable su gasto, debilitar su personal técnico y sus capacidades de concebir, diseñar y administrar proyectos de formación de capital. El cien por ciento del levantamiento de la información sísmica tridimensional se encarga a terceros y lo mismo ocurre con las dos terceras partes de los programas de perforación. En cambio, Brasil, por ejemplo, gasta más de diez veces el presupuesto del Instituto Mexicano del Petróleo en investigación y desarrollo de sus recursos petroleros.

En 1995, el patrimonio contable de Pemex ascendía a 83 miles de millones de pesos de 1993, para casi desaparecer en 2006. En contraste su endeudamiento se dispara casi diez veces. La inversión propia, programable, se ha reducido casi 80% entre 1982 y 2006. En contraste, la inversión financiada con Pidiregas suma ya 89% de su magra formación total de capital.

La situación anterior se explica en función de las transferencias al fisco que exceden al total de las utilidades antes de impuestos hasta poner a Pemex en números rojos. En el período 1995 a 2006, por esa vía, se transfirieron más de 3 millones de millones de pesos, esto es, más de 8% del producto interno bruto en promedio anual. Se trata de cifras que casi duplican el aporte al Impuesto sobre la Renta de todas las empresas y personas del país (4.5% del propio producto por año). La situación descrita persiste: en el primer cuatrimestre de 2008, Pemex cubrió al fisco 92% de sus ingresos brutos.

La absorción masiva de las rentas petroleras ha dejado a Pemex en la imposibilidad de gastar apropiadamente en la localización y el desarrollo de campos petroleros, en la reconstitución razonable de reservas, en nuevas refinerías o en impulsar a la petroquímica. Así se procura una economía de impuestos anormalmente bajos, en vez de una economía de energéticos comparativamente baratos, proceso que afortunada o desafortunadamente ya ha dejado de ser sostenible hasta tornarse crítico.

En efecto, las exportaciones petroleras siguen ascendiendo, debido al alza de los precios internacionales y al sostenimiento de una plataforma de ventas foráneas que no se compadece con la incorporación limitadísima de nuevas reservas. Pero importamos con una velocidad todavía mayor: gasolinas, gas, otros petrolíferos y petroquímicos. Pronto volveremos a especializarnos en la venta de crudos, a ser compradores de productos elaborados y a ver la desaparición de los superávit petroleros en la balanza de pagos.

No deseo identificar culpables. En más de un sentido casi todos lo somos al avalar una distribución irracional de las rentas petroleras, defender el status quo. Los empresarios para disfrutar de impuestos bajos; los gobiernos estatales para recibir más de un cuarto de sus participaciones tributarias con origen petrolero; los partidos políticos y el fisco federal, para ahorrarse los costos políticos de implantar reformas tributarias impopulares; y los inversionistas extranjeros por cuanto la crisis les abre las puertas para tomar más y más funciones rentables antes reservadas al Estado. El eslabón débil ha resultado ser Pemex y sus intentos por invertir y modernizarse.

 

3. Posibilidades de recapitalizar a Pemex

Hay, sin embargo, mejoras asequibles en el manejo de recursos públicos y márgenes suficientes de maniobra para recapitalizar a Pemex durante el tiempo de transición que tome la recuperación de sus capacidades productivas. En 2008, Hacienda y el Congreso fijaron en 15 mil millones de dólares el superávit primario de Pemex, esto es, ingresos que no le está permitido gastar y que equivalen a la inversión en dos refinerías de 400 mil barriles diarios. A su vez, el Banco de México esteriliza ingresos de divisas que ya respaldan una acumulación de reservas ociosas mayor a 90 mil millones de dólares. Ciertamente, así se reducen riesgos inflacionarios y se financia al tesoro norteamericano, mientras poco se cuida la inversión petrolera.

Los desequilibrios de pagos entre países, la abundancia de dólares y el alza en los precios de las materias primas, han llevado a incrementos en las reservas internacionales de numerosos países en desarrollo. Muchos países han formado "fondos soberanos", segregados de sus reservas en divisas, que destinan a respaldar la formación interna de capital, la industrialización o la inversión internacional. Hoy en día, más de veinte naciones -incluídas casi todas las petroleras- cuentan con esos fondos con recursos cercanos a los 4 millones de millones de dólares. México, en éste, como en otros temas de las políticas económicas, se encuentra rezagado.

Asimismo, el manejo cuidadoso de las reservas de divisas podría haber generado ganancias considerables de capital o evitado pérdidas por las sucesivas devaluaciones del dólar. Valga un simple ejercicio numérico, si el total acumulado de reservas a fines de 2001, 44.8 miles de millones de dólares, se hubiese invertido en euros, hoy se dispondría de 22 miles de millones de dólares adicionales al revaluarse la moneda europea.

Los excedentes petroleros podrían constituir otra enorme fuente de financiamiento a la formación de capital de Pemex. Si los aumentos de precios de la mezcla mexicana de este año se sostuvieran como mínimo en 100 dólares por barril, el país recibiría entre 30 a 35 mil millones de dólares por encima de la estimación presupuestal (a 49 dólares por barril). Del mismo modo, los 57 miles de millones de pesos acumulados en el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros hasta diciembre pasado, bien podrían desviarse a la inversión petrolera, dada la reducida probabilidad de que los precios internacionales del crudo se abatan por debajo de la referida cotización del Congreso de la Unión.

Desde hace tiempo, la deuda pública se ha manejado con el criterio de reducir los empréstitos externos y suplirlos con internos. Así, la deuda interna neta del sector público se ha multiplicado 116 veces y la externa ha caído casi 40% entre 1995 y 2007. Dados los diferenciales entre las tasas internas y externas de interés, tal proceder incrementa los costos del servicio alrededor de 1500 millones de dólares anuales, esto es, se desaprovechan las bajas tasas de interés en el exterior, mientras, paradójicamente se acumulan reservas de divisas y se revalúa el peso.

Entre 1996 y 2006 el déficit presupuestal promedio ha sido bastante reducido (0.7% del producto), situación que justificaría contratar empréstitos dentro de la más rigurosa ortodoxia presupuestaria con fines de formación de capital de Pemex. A corto plazo, bien podría pensarse en acrecentar prudentemente los créditos para permitir a Pemex el remozamiento de sus instalaciones y capacidades productivas o compensar el pesado endeudamiento que ha debido contraer para transferir recursos al fisco. Aquí vale advertir que la inversión pública ha caído demasiado en las últimas décadas de 30 a 40% de la formación total de capital del país, a sólo 4%, inhibiendo a la propia inversión privada por falta de complementariedades.

Aún en el ámbito más restringido de la administración de la tesorería hacendaria hay sustanciales ahorros potenciales en los costos financieros. Se fuerza a Pemex a cubrir el grueso de su inversión mediante Pidiregas. Incuestionablemente esa es una manera opaca y costosa de financiamiento. En sus inicios, los Pidiregas se diseñaron con la finalidad de flexibilizar los controles de gasto y endeudamiento convenidos con los organismos financieros internacionales, propósito que carece de sentido hoy en día. Un cálculo simplista, situaría el costo de cada punto diferencial -entre la tasa de interés de los préstamos internacionales y la más alta pagada por Pemex- en 500 millones de dólares anuales, considerando un nivel de endeudamiento neto de 50 mil millones por la vía de los Pidiregas.

No se agotan ahí las posibilidades de resolver el ficticio estrangulamiento financiero de Pemex. La más obvia consistiría en implantar una moderada reforma progresiva basada en la capacidad de tributar de empresas y personas de mayor ingreso o crear algún gravamen recaudatorio, como el impuesto a las transacciones financieras. En todo caso, una de esas vertientes tendrán que seguirse, más o menos a corto plazo, ante la declinación inevitable -sea por baja en la extracción o alza en los costos- de los ingresos petroleros transferibles al fisco.

Los cambios sugeridos aquí en las prelaciones fiscales, exigirían algunos ajustes en los ordenamientos jurídicos, de alcances modestos, menos controversiales a los de la reciente iniciativa de reforma energética. Además, llevarían a escrutinio público erogaciones insostenibles, como el subsidio a las gasolinas estimado en 170 mil millones de pesos a lo largo de 2008.

En suma, el imperativo de privatizar parcialmente a Pemex a fin de allegarse recursos carece de sustentos técnicos sólidos. Aun con la misma tributación excepcionalmente baja, el mejor manejo de los fondos disponibles, permitirían holgadamente satisfacer los requerimientos de capital de Pemex durante el tiempo que tome la recuperación de sus capacidades productivas.

 

4. Reconstrucción de Pemex

Mucho se ha avanzado políticamente al reconocer esa situación de crisis y sobre todo al abrir la posibilidad de un debate y luego de un programa sensato de reconstrucción de Pemex. Sin embargo, queda mucho por hacer hasta formar los consensos políticos indispensables.

El primer paso lleva a reconocer que la reforma energética no puede restringirse a Pemex y menos a acomodos circunscritos al manejo y regulación del mismo. Hay que llenar la ausencia crónica de una estrategia de desarrollo y de seguridad energéticas de largo plazo, puestas al día en términos tecnológicos y de la evolución de los mercados nacionales e internacionales, que integre en un todo armónico los programas de Pemex y de otros organismos públicos o privados. Aquí no cabe pasar por alto que el petróleo y la disponibilidad de otros energéticos constituye la principal ventaja comparativa del país en su inserción comercial y productiva con los mercados internacionales y, a la vez, el eje de la seguridad económica nacional.

En íntima relación con lo anterior, se encuentra la descoordinación de políticas en el sector energético y, en particular, entre las dos empresas más importantes del sector público: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. En esta última materia, no sólo es que se ha dado preferencia a la cogeneración con el sector privado y retrasado los proyectos con el sector petrolero. Aún más importante sería el abaratamiento potencial de los precios de la energía derivados de la asociación de las refinerías con las plantas de generación eléctrica sobre todo cuando se planean en nuevas instalaciones.

Aun así, en el ámbito de Pemex, cabría ahondar en diagnósticos y lineamientos orientadores de la acción futura. La tarea primaria de reconstrucción resultaría imposible si sólo se alude a los problemas sin identificar las causas de los mismos. ¿Cómo se explica que Pemex haya perdido, junto con su patrimonio, la capacidad de hacer, de invertir, de modernizarse? Veamos más de cerca algunas cuestiones.

A fin de multiplicar los ingresos transferibles al gobierno, desde tiempo atrás se decidió acrecentar la plataforma de extracción, a la par que se limitaron los recursos destinados a exploración y reconstitución de reservas. Hoy habría justificación en revertir tales criterios y cuidar escrupulosamente la extracción óptima de los yacimientos.

La ampliación de las capacidades de refinación se ha diferido dos décadas. Ya se importa alrededor de 40% del consumo de gasolinas y de muchos otros petrolíferos. Habría que construir un par de refinerías de 300 a 400 mil barriles por unidad a fin de abastecer al mercado nacional, reducir importaciones -ya casi insostenibles, dados los cuellos de botella en el transporte-, viabilizar programas conjuntos con la CFE para reducir los costos y precios de los energéticos a la industria y dar continuidad al abasto de insumos a la petroquímica.

Reconstruir a Pemex y recobrar el papel del sector energético en el desarrollo supone liberarlo de cerrojos macroeconómicos innecesarios. Lograr lo anterior significa dotarle de autonomía empresarial de gestión, segregarlo del presupuesto y de las restricciones nacionales e internacionales impuestas al mismo, así como dar participación al Poder Legislativo en la designación de los directores y miembros de sus órganos de gobierno. Significa también, cambiar el sistema impositivo actual, complicado, poco transparente, expoliatorio por un régimen combinado del Impuesto sobre la Renta, de regalías y de distribución de dividendos hasta donde alcancen las utilidades, sin comprometer el esfuerzo primario de inversión. El escollo que pudiera surgir es el del reparto de utilidades a los trabajadores, cuestión negociable con el sindicato, sobre todo cuando existen enormes pasivos laborales al descubierto.

Otro ingrediente indispensable es la reconstrucción del patrimonio de Pemex. Sea mediante aportes directos al capital o la asunción de pasivos, el Gobierno Federal debiera hacerlo, no sólo para acrecentar la libertad inversora de Pemex, sino como compensación por los excesos de endeudamiento a que le obligó el régimen impositivo vigente.

Parece igualmente indispensable establecer un sistema moderno de precios de transferencia y de valuación rigurosa de las actividades de las filiales de Pemex con apego a los principales objetivos corporativos, como la maximización de las utilidades a lo largo de las cadenas de valor agregado. Aquí quizá se encuentren muchas de las causas explicativas de las pérdidas de Pemex-Refinación y de Pemex-Petroquímica Básica.

Vale, por último, señalar tres criterios a incorporar por igual en la reforma petrolera. El primero, residiría en evitar que la desincorporación parcial, hormiga, de funciones, siga creando conglomerados de actividades privadas con funciones cada vez más estratégicas y rentables que, junto a sangrar las finanzas de Pemex, dificulten imprimir orientaciones unitarias a las políticas públicas. También vive aquí un dilema jurídico en torno a los alcances de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución en cuanto al modificar los linderos de las actividades estratégicas reservadas al Estado. El segundo criterio se refiere a la prelación ineludible de abastecer al mercado nacional por encima de las demandas del exterior que seguramente se intensificarán ante el desajuste crónico entre requerimientos y disponibilidades universales de hidrocarburos. El tercero, se asocia a la tarea de hacer renacer la capacidad innovativa, de investigación de Pemex, como lo planteó Jesús Reyes Heroles al fundar años atrás al Instituto Mexicano del Petróleo.

Se ha dado por repetir soluciones destinadas a prolongar la situación petrolera del presente. Se nos invita a la copia extralógica de las experiencias de Brasil o Noruega, olvidando la conformación institucional radicalmente diferente de esos países. Baste mencionar que no padecen el ahogo impositivo nuestro al registrar cargas tributarias de 36% en el primer caso y de más de 40% en el segundo. De otro lado, se pasan por alto tendencias claras de los mercados mundiales. Los países petroleros procuran recuperar el dominio sobre sus recursos, rompen alianzas con el exterior y hacen de la industrialización de los hidrocarburos, palanca de su desarrollo. Arabia Saudita impulsa un ambicioso programa de refinación y los países latinoamericanos de Ecuador, Bolivia, Venezuela, luchan por el control estatal de sus recursos, mientras Brasil y Argentina revisan los contratos participativos con empresas foráneas.

Hay el riesgo de caer en oposiciones ideológicas irreductibles. La teología económica atribuye toda suerte de virtudes al mercado, a la competencia y toda clase de vicios al Estado y a sus intentos de resguardar la equidad distributiva. Se olvida que ambas instituciones son imperfectas por ser de creación humana y que el deslinde de sus respectivos campos de acción constituye el problema político fundamental de las sociedades modernas.

 

5. La maquila en la refinación

Pasando por encima de problemas constitucionales, hoy se justifica ceder la refinación del futuro, convirtiéndola en maquila privada con el argumento de que Pemex-Refinación reconoce pérdidas, que es ineficiente, que desmerece en cualquier comparación competitiva internacional. Se olvida que se le han escatimado recursos para modernizarse, como lo demuestra el que en más de una década no se hayan construido nuevas capacidades productivas, que se le hayan negado fondos para resolver múltiples cuellos de botella en las plantas, que los trabajos de conservación y mantenimiento sean frecuentemente diferidos o se instrumenten sólo parcialmente, que se registren retrasos injustificables de los programas de reconfiguración de las instalaciones. Más aún, la gestión gerencial en el manejo de las refinerías de Pemex queda casi nulificada por el rígido sistema de precios de transferencia. En efecto, el gobierno fija los precios de venta de las gasolinas y se usan las cotizaciones de Houston para determinar el renglón dominante de los costos -el precio del crudo-, al cual pocas veces se le ajusta por razones de calidad -y por lo cual, seguramente resultaría inaceptable para los maquiladores potenciales-. En consecuencia, sus utilidades o pérdidas quedan básicamente predeterminadas. Para decidirlo coloquialmente, se quiere una especie de comparación artificiosa entre tigre suelto (las plantas extranjeras) y burro amarrado (las de Pemex). Aun así, el margen de refinación de Cadereyta no desmerece de los obtenidos por las plantas norteamericanas de la costa atlántica.

Entonces, más que condenar a los técnicos y trabajadores de Pemex, habría que rendirles homenaje por laborar en condiciones claramente adversas y, aun así, ser capaces de instrumentar numerosos proyectos ecológicos (diecisiete) que ya mejoran sustancialmente la calidad de los combustibles nacionales. Las razones con las que se quiere justificar la privatización, disfrazada de maquila, de las futuras capacidades refinadoras, no sólo son insuficientes, son intrínsecamente espurias. Olvidan que ya hay conocimientos, capital humano y capacidades vernáculas para emprender esos proyectos de inversión productiva, que si algo no se sabe, la tecnología se puede adquirir fácilmente en el exterior, como también suplir a la golpeada proveeduría nacional de bienes de capital. Se olvida también que hay recursos financieros y suficientes márgenes gubernamentales de maniobra antes de quedar forzados a invitar a socios permanentes en la distribución de las rentas petroleras. Ahí están los 15 mil millones de dólares que se le han congelado a Pemex al obligarle a un superávit primario desmesurado en su presupuesto de 2008.

En términos estratégicos se pasa por alto que el mercado internacional del petróleo ha cambiado radicalmente. El interés de empresas y países se desplaza hacia la industrialización de los hidrocarburos, hacia la refinación y la petroquímica. Las grandes transnacionales buscan consolidar su posición en esos campos y los países dueños de las reservas, reivindican su soberanía sobre las mismas y emprenden su industrialización. Por eso es que sólo cuatro transnacionales: Shell, Exxon, Texaco y Chevron, cuentan con cerca de 180 refinerías y que: Petro-China, PEDEVESA y Saudi Arabia, dispongan de unas 80, mientras México tiene apenas seis y de ellas, sólo dos son medianamente modernas.

Como se ve, el terreno de la competencia está desnivelado y el país pierde a pasos agigantados la capacidad estratégica de optimizar las cadenas petroleras de valor agregado y el aprovechamiento de su principal ventaja comparativa para involucionar a la posición modesta de vendedor de crudos e importador de hidrocarburos elaborados y de sus derivados industriales.

Mientras las empresas transnacionales con diversas modalidades buscan afanosamente integrarse vertical y horizontalmente, como lo atestigua el que las fusiones y adquisiciones transfronterizas de todo género sumasen más de 6 trillones anglosajones de dólares entre 1990 y 2004, o que casi llegasen a un trillón en 2005. A nosotros, en cambio, se nos propone caminar en reversa: disponiendo de una empresa integrada, la mayor del país, pretendemos curiosamente fraccionarla.

Pemex es una empresa integrada, no tiene el problema que las transnacionales resuelven a través de millonarios programas de fusiones y adquisiciones a escala mundial o de costosas adquisiciones de reservas, refinerías y facilidades petroquímicas en el ámbito de los hidrocarburos. Por eso, importa evitar la privatización a retazos -la única posible- de algunas de las funciones importantes de Pemex. En el período reconstructivo de transición y, aún después, podría recurrirse a comprar servicios privados, siempre y cuando no se les haga partícipes permanentes de las rentas petroleras.

Con buena fortuna se ha dado inicio a un debate formal, abierto, pausado, sobre la reforma petrolera, no energética. Se abre la oportunidad de recobrar algunos de los hilos perdidos del desarrollo; también está la oportunidad de convenir en democracia, entre ciudadanos, partidos políticos y gobierno, una tarea importante de la edificación del futuro nacional. El tiempo de actuar con sabiduría colectiva ha llegado, compromete nuestras voluntades.

 

Nota

* En este artículo se integran planteamientos hechos en diferentes foros el 13 y 23 de mayo y el 16 de junio de 2008.

 

Información sobre el autor

David Ibarra. Licenciado en Economía y Contador Público por la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios en la Stanford University. Escritor, periodista y catedrático universitario. Ha publicado innumerables artículos y ensayos, así como diversos libros. En su vida profesional ha ocupado puestos de gran importancia como Secretario de Hacienda y Crédito Público, Director General de Nacional Financiera, Director General del Banco Nacional de México, Asesor del Director General de Pemex, Director de la CEPAL, oficina en México, Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y Jefe de la Facultad de Estudios Superiores de la Escuela de Economía de la UNAM. Asimismo, ha colaborado en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). David Ibarra preside el Comité Editorial de ECONOMÍAunam.