Introducción

La incorporación de las mujeres en los proyectos productivos ha provocado una modificación en los roles de género, porque a los hombres se les involucran de una manera distinta en las nuevas actividades. En este sentido, los cambios en los roles de género son percibidos y asimilados en función del papel que cada uno tiene dentro de su propia cultura (^{Kinnaird, Kothar y Hall, 1994}).

En tanto, la integración de las mujeres como líderes de diversos proyectos productivos las ha visibilizado y fortalecido ante la comunidad, y han sido ellas quienes han buscado que otras se sumen a estas actividades coadyuvantes de la reducción de la vulnerabilidad que afrontan por la condición de género y por ser indígenas. Así, los resultados obtenidos en el trabajo de campo revelan que la conformación de organizaciones, asociaciones y grupos femeninos son un factor fundamental en el proceso de empoderamiento de la comunidad.

En el caso de San Pedro, el gobierno municipal ha dado seguimiento, desde 2015, a la implementación y el desarrollo de estos proyectos. Algunos de estos forman parte tanto de programas nacionales que buscan propiciar el desarrollo co-munitario como de aquellos que son resultado de iniciativas de participación comunitaria propuestas por los mismos habitantes del sitio, entre las que se incluye la conformación de la Red de Mujeres Pedranas.

Enfoques y reflexiones teóricas

El trabajo se sustenta en corrientes de pensamiento relativas a la perspectiva de género, que incorpora un conjunto de ideas y argumentos que explican y cuestionan las diferencias sociales construidas en torno al sexo. Esta es una de las contribuciones más significativas de la teorización feminista (^{De Barbieri, 1993}; ^{Lamas, 2006}; ^{Lagarde, 1996}). Su empleo como instrumento cognoscitivo y de análisis hace posible la comprensión de “los procesos de desigualdad entre hombres y mujeres desde una perspectiva crítica, la cual cuestiona los paradigmas androcéntricos y la forma universalista de interpretar la realidad social” (^{Calvillo, 2012}).

De acuerdo con ^{Townsend (1991, p. 28}), los roles o funciones de género “describen quién hace qué, dónde y cuándo, permitiendo contestar a la pregunta: ¿cómo se reparten el trabajo, la autoridad y el ocio entre hombres y mujeres?”. Estos cuestionamientos acerca de los roles de género conllevan, entonces, la multicitada lucha de poderes, no solo ejercida entre ambos, sino también entre grupos homogéneos en circunstancias específicas.

En este contexto, y al profundizar aún más en el escenario femenino, las mujeres indígenas se vislumbran como un grupo vulnerable, ya que en este se identifica una marcada diferencia social y una doble discriminación, como ya se adujo anteriormente, por género y por etnia (^{Serrano-Barquín y Zarza-Delgado, 2013}; ^{Robinson, Díaz-Carrión y Cruz, 2019}).

El concepto de empoderamiento surgió en la literatura de Estados Unidos a partir de los movimientos reivindicadores de los derechos civiles en los años sesenta del siglo XX, y respondía a la necesidad de generar cambios con respecto de las relaciones de poder entre géneros (^{Hernández y García, 2008}). En este marco, y con base en esos primeros antecedentes, Jo ^{Rowlands (1997}) desarrolló el modelo de empoderamiento desde la experiencia obtenida con dos organizaciones de mujeres en Honduras. Esta autora distingue tres dimensiones del empoderamiento: a) personal, que desarrolla el sentido del yo, la autoconfianza, la capacidad individual y deshace los efectos de la opresión interiorizada; b) relaciones próximas, que desarrollan la capacidad de negociar e influir en la naturaleza de la relación, así como en la toma de decisiones en ella, y c) colectiva, la cual se centra en el trabajo conjunto que los individuos llevan adelante para lograr un impacto más amplio del que podrían alcanzar por separado.

En esta dirección, Segato ahonda en el análisis conceptual de la desigualdad de género. Argumenta que esta no es un problema entre hombres y mujeres, sino un síntoma de la historia. Así, propone el tema de la precariedad de la vida, y sostiene que “la vida se ha vuelto inmensamente precaria, y el hombre, que, por su mandato de masculinidad, tiene la obligación de ser fuerte, de ser el potente, no puede más y tiene muchas dificultades para poder serlo” (^{Vizzi y Ojeda, 2017}).

En la discusión que se propone, el concepto de agencia acuñado por ^{Long (2007}) puede ser confrontado con el de precariedad de la vida, propuesto por Segato. El cuestionamiento parte de si esta precariedad está dada o se puede modificar a través de la agencia. La mujer indígena que vive en la comunidad tiene la agencia de decidir la forma en que participa en las actividades de ese sector, de acuerdo con el propio contexto de su núcleo familiar. En ella, estas modificaciones se pueden identificar “desde afuera” como un “empoderamiento”. Sin embargo, el hombre, que pudo haber dejado el rol tradicional por involucrarse también en estas nuevas actividades, descubre que ha perdido parte de su esencia, se puede sentir débil y posiblemente trate de retomar su masculinidad a través de la violencia hacia la mujer, lo cual también sería un ejercicio de su agencia.

Desde otro ángulo, el empoderamiento se reconoce como la habilidad de tomar decisiones de vida en ámbitos en los que anteriormente le había sido negado (^{Kabeer, 1999}; ^{Robinson, Díaz-Carrión y Cruz, 2019}); además, como un proceso a través del cual las mujeres se hacen conscientes de su poder y del lugar que ocupan en escenarios públicos y privados en los que antes no eran visibilizadas ni podían opinar, mucho menos tomar decisiones (^{Rowlands, 1997}; ^{Mayoux, 2000}; ^{Kabeer, 2001}; ^{Malhotra, 2002}; ^{Tuñón, 2010}, ^{Robinson, Díaz-Carrión y Cruz, 2019}).

En otra perspectiva, el empoderamiento se refiere a la construcción de relaciones en la comunidad, redes de apoyo; al conocimiento sobre sus derechos legales, y al poder de manifestarse de modo abierto sobre sus preferencias, intereses y decisiones (^{Robinson, Díaz-Carrión y Cruz, 2019}). Por su parte, ^{Young (1999}) establece una relación particular entre la disponibilidad de recursos económicos y el empoderamiento, referido a “un proceso que logra transformar las estructuras de poder responsables de la posición social de subordinación de las mujeres y que genera cambios a nivel individual y de decisiones colectivas” (cit. en ^{Mora, Fernández y Troncoso, 2019, p. 800}).

Bajo esta postura, el enfoque de empoderamiento ha cobrado cada vez más fuerza no solo en el debate teórico en el ámbito de la academia, en específico en el contexto de las ciencias sociales, sino también en las políticas de desarrollo dirigidas a mujeres. Al respecto, “el quinto objetivo de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas plantea como meta lograr la igualdad de género a través del empoderamiento de las mujeres” (CEPAL, 2016, cit. en ^{Mora, Fernández y Troncoso, 2019, p. 800}). Dicho objetivo concuerda con el contenido de la Declaración del Milenio, compuesta por los ocho Objetivos de Desarrollo, el tercero de los cuales contempla la promoción de la igualdad entre géneros y de la autonomía de la mujer (^{ONU, 2015}).

La discusión teórico-conceptual presentada en este artículo parte del supuesto de que los enfoques feministas, así como los conceptos de empoderamiento y desarrollo, provienen de una perspectiva colonial, lo cual hace necesario que, con fundamento en el trabajo de campo, la convivencia y la observación en las comunidades se planteen en los términos más adecuados -desde una perspectiva decolonial-, a fin de “traducir” estos conceptos; es decir, re-pensar y des-aprender, para luego aprender las formas en las que se expresa la visión comunitaria.

En este contexto decolonial y comunitario, ^{Marcos et al. (2013}) examinan el proceso de lucha de las mujeres indígenas, que también propugna la incorporación de los varones. “No se puede concebir como una lucha de mujeres contra o al margen de los hombres” (^{Marcos et al., 2013}). Existe a la par, está subsumida en y encapsulada por la certeza cosmológica y filosófica de la complementariedad y conjunción con el varón, con la familia, con la comunidad, con el pueblo. Los contenidos de estas reflexiones reflejan, desde las mujeres, una visión crítica de ciertas contradicciones y prácticas patriarcales como aquella que pretende relegar las cuestiones de género por tratarse de un asunto solo de mujeres, mientras que el movimiento de mujeres se afana en pensar y proponer alternativas que atañen a todos y todas.

De esta manera, ante la imperante necesidad de superación y en busca del desarrollo, han surgido distintas agrupaciones autónomas y autogestivas. En adición, ^{Pérez (2001}) indica que las mujeres indígenas han propuesto proyectos productivos basados en el potencial de la organización y de las socias. La posición de ellas ha cambiado dentro de sus familias, que las reconocen como fuerza productiva y las valoran.

Estas organizaciones son, entonces, una representación de la acción colectiva, proceso que, si bien se ha examinado desde distintas disciplinas, se visualiza como un comportamiento que busca atender los conflictos centrales de una sociedad, lo cual permite la creación de una identidad colectiva que llevará a cabo la acción (^{Tarrés, 1992}; ^{Melucci, 1999}; ^{Portales y Ruiz, 2013}). Por su parte, ^{Ibarra (2015}) indica que la acción colectiva contempla la existencia de un sujeto social con intencionalidad, que basa su actuación en el cálculo de costos y beneficios, en un proceso de construcción de su identidad política. Por ejemplo, ^{Perea (2017}) hace referencia al término acción colectiva de las mujeres (ACM), que engloba la gran diversidad de movimientos femeninos que se han articulado en América Latina y el Caribe.

Desde la perspectiva anterior, las teorías de la acción colectiva, los derechos de propiedad y los bienes comunes que se desarrollaron a mediados del siglo XX destacaron la dificultad que entrañaba la acción colectiva; sugerían que la sobreexplotación de los recursos naturales compartidos es inevitable, y consideraban que las únicas soluciones viables eran la privatización y la administración gubernamental (^{Merino, 2012}).

En este orden de ideas, ^{Hardin (1982}) ahondó en las consecuencias de la sobreexplotación y degradación de los recursos naturales compartidos. “La ruina es el destino hacia el cual todos los hombres se apresuran, cada uno persiguiendo su mejor interés en una sociedad que cree en la libertad de los bienes comunes”. En un sentido contrario, ^{Ostrom (2000}), en su libro El gobierno de los bienes comunes, se pregunta “cómo un grupo de causantes que se encuentra en una situación de interdependencia puede organizarse y gobernarse a sí mismo para obtener beneficios conjuntos ininterrumpidos, a pesar de que todos se ven tentados a gorronear (free-ride), eludir responsabilidades o actuar de manera oportunista.” Con este posicionamiento invita a pensar la acción colectiva de una manera distinta y propone la administración colectiva de los recursos de uso común (RUC).

La misma autora propone, asimismo, el institucionalismo como el marco teórico para explicar la forma en que los individuos logran crear organizaciones para la administración de los RUC. Además, afirma que los modelos anteriores, como el de Hardin, plantean dos problemas de fondo: la ausencia de incentivos para una conducta cooperativa y el interés en la obtención de beneficios individuales inmediatos. Estos problemas se resuelven a través de las normas, las reglas o las instituciones, que son mecanismos importantes para la sostenibilidad de los RUC. En este sentido, argumenta que son los usuarios locales, y no un agente externo, quienes poseen la mejor información para diseñar las normas de apropiación y de provisión.

La acción colectiva es, entonces, un proceso en el cual los miembros de una comunidad consideran los RUC como bienes finitos. Para nuestro caso de estudio, las materias primas con las que las mujeres de San Pedro trabajan en sus proyectos productivos, así como el espacio asignado (por el gobierno municipal, en algunos casos) para la venta de sus productos, aportan los elementos necesarios para considerarlos RUC. Adicionalmente, se retoma la perspectiva del conocimiento como un bien común, “un recurso especialmente vulnerable a la falta de cooperación” (^{Merino, 2012}).

Esta acción colectiva mantiene una relación bidireccional con la participación, y ha sido contextualizada y utilizada en varios ámbitos y categorías. De acuerdo con ^{Merino (2012}), participar significa “tomar parte” de una organización que reúne al menos a dos personas, pero también “compartir” algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia con un propósito común. De manera similar, para ^{Khanal (2005}), las actividades de participación pueden incluir situaciones en las que un individuo toma parte de una acción conjunta, comparte algo en común o se involucra activamente con otros miembros de su comunidad en torno a decisiones que afectan a todos.

Así, la manera en que se vinculan los miembros de una comunidad se concibe a través de los modos de integración a la toma de decisiones comunes. En este sentido, la participación comunitaria se convive como el proceso de intervención de la población de una comunidad para abordar la solución de los problemas de esta, desde el mismo momento de su identificación y jerarquización, e incluye la toma de decisiones, la gestión de recursos, la ejecución e incluso el monitoreo y la evaluación de proyectos (^{Molina et al., 2008}).

De acuerdo con las consideraciones arriba expuestas, se asume que la participación es un hecho social adoptado por varios actores, ya sean individuos o grupos, que persiguen un resultado común, en donde la sociedad y el Estado comparten el poder para la toma de decisiones, de acuerdo con el interés de la mayoría, y no de las clases dominantes solamente. Este fenómeno se manifiesta de igual manera en las comunidades indígenas; la diferencia es que en los actos de participación prima el sentido del interés comunal sobre el individual.

En sí, la participación es un proceso que, por lo tanto, comprende varias etapas. ^{Arnstein (1969}) elaboró un patrón de escalera de ocho peldaños, cada uno de los cuales corresponde a la extensión del poder y al nivel de involucramiento de los ciudadanos para incidir en el producto final. Además, señaló que la participación ciudadana es un término categórico para el poder ciudadano, y adujo que “es la estrategia mediante la cual los que no tienen se unen para determinar cómo se comparte la información, se establecen objetivos y políticas, se asignan recursos fiscales, se operan programas y se distribuyen beneficios como contratos y patrocinio” (^{Arnstein, 1969}).

Posteriormente, ^{Geilfus (1997}) definió la participación comunitaria como un conjunto de fases mediante las cuales la gente puede ganar más o menos grados de participación en el proceso de desarrollo, por lo tanto, no se asume como un estado fijo. Adoptó también el patrón de la escalera de participación, en el que fija siete gradientes sucesivos de acciones colectivas, cuyos atributos se presentan en el cuadro 1. No obstante, aun cuando el autor incorpora el término comunitaria, no especifica las características de la participación indígena. En cuanto a la experiencia mexicana, se han realizado estudios que incluyen estos aspectos y resaltan, además, la heterogeneidad, que resulta un distintivo clave para entender los esquemas organizativos (^{Navarro et al., 2019}).

En este orden de ideas, ^{Clavero (2005}) establece la diferencia con base en la calidad con la que los sujetos de la participación hacen valer sus derechos. En la participación indígena, las comunidades lo hacen en tanto entes colectivos, dotados de una cultura, tradición y derechos propios; en la participación ciudadana, los individuos lo hacen precisamente en calidad de ciudadanos. De este modo, en un primer momento se entendió que la participación indígena no es sino una forma de participación ciudadana (^{Clavero, 2005}; ^{Henríquez, 2013}).

Sin embargo, ^{Vásquez-García y Gómez-González (2006}) aclaran que este tipo de participación es realizada por entes colectivos y constituye el proceso autogestivo que llevan a cabo, en parte, las comunidades o municipios indígenas. Este procedimiento tiene una particularidad que consiste en relacionar la práctica comunitaria con temas de etnodesarrollo, etnoeducación, identidad y autonomía comunitarias e identidad y autonomía indígenas.

^{Geilfus (1997}) aclara que la escalera está condicionada por el grado de decisión de la población participante en el proceso. Indica, además, los mecanismos mediante los cuales es posible ascender gradualmente de una pasividad casi completa (ser beneficiario) al ejercicio del control del proceso propio (ser actor del autodesarrollo). Esto es válido tanto en las relaciones entre los miembros de la comunidad y la institución de desarrollo como dentro de las organizaciones comunitarias.

Para los fines de este trabajo, y con el fin de analizar el nivel y el tipo de involucramiento de las mujeres de la localidad de estudio en los procesos de participación, se toma la escalera de la participación comunitaria de Geilfus, en tanto que él considera que su definición y las herramientas que propone pueden utilizarse para analizar, comparar y robustecer el trabajo en las comunidades, mediante acciones diferenciables con claridad. En adición, a partir de los principios de ^{Ostrom (2000}) y la escalera de participación comunitaria de ^{Geilfus (1997}), se comienza a delimitar el contexto teórico del caso de estudio que se aborda en este artículo.

Caso de estudio: San Pedro La Laguna, Sololá, Guatemala.Caracterización geográfica de la zona

El municipio de San Pedro La Laguna es uno de los 19 que pertenecen al departamento de Sololá; se localiza a una latitud de 14°41´ 25´´ norte y una longitud de 91°16´ 21´´ oeste. La cabecera municipal se encuentra a una altitud de 1 610 metros. Al norte colinda con el municipio de San Juan La Laguna y el lago de Atitlán; al este, con el municipio de Santiago Atitlán y el lago de Atitlán; al sur, con Chicacao, del departamento de Suchitepéquez, y Santiago Atitlán, y al oeste, con San Juan La Laguna y Chicacao (^{Instituto Nacional de Estadística, 2019}; ^{Municipalidad de San Pedro La Laguna, s/f}) (véase el mapa 1).

Fuente: elaboración propia con datos de CONABIO (2020)

Mapa 1 Ubicación de San Pedro La Laguna 

San Pedro La Laguna es uno de los municipios de mayor extensión territorial de la Cuenca del Lago, con 24 kilómetros cuadrados. La cabecera está localizada en el margen noreste del lago de Atitlán y al norte del volcán San Pedro (^{Municipalidad de San Pedro La Laguna, s/f}). De acuerdo con el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), este volcán forma parte de la Caldera de Atitlán, y presentó actividad solo en la fase de crecimiento; en la actualidad se le considera inactivo. En conjunto, estas condiciones le confieren al sitio un atractivo turístico de valor sobresaliente, en la medida que posibilitan actividades recreativas.

El municipio de San Pedro La Laguna no posee muchas fuentes económicas. Según el ^{Consejo de Desarrollo Departamental (2008}), 49 por ciento de la población ocupada se dedica principalmente a las actividades agrícolas; 30 por ciento, a las artes mecánicas; ocho por ciento labora en servicios y comercios y cinco por ciento como técnicos y profesionales de nivel medio.

En la región, la capacidad de uso potencial del suelo se destina principalmente a la protección y recuperación forestal, con 41 por ciento. Esta área se encuentra localizada principalmente en el volcán San Pedro. La segunda categoría en orden de importancia la constituyen los sistemas agroforestales y los cultivos permanentes, entre los que destaca el café, con 26 por ciento. La tercera categoría está formada por la recuperación forestal y la conservación de suelos, con 17 por ciento. Sobre estas bases del medio natural y de los RUC se apoya el desarrollo comunitario, que da cuenta de numerosas asociaciones identificadas como grupos de apoyo a las actividades productivas (véase el cuadro 2).

San Pedro La Laguna tiene una población de 10 705 habitantes, de los cuales 51.41 por ciento son mujeres y 48.59 por ciento son hombres. De acuerdo con el último censo de población realizado en 2018, el 96.89 por ciento de la población es de sustrato maya.

La dinámica del consumo, la desigualdad y la pobreza en Guatemala denotan grandes diferencias entre los municipios. En la zona, los municipios con menor nivel de pobreza son Panajachel (38.6 por ciento) y San Pedro La Laguna (40.19 por ciento) (^{Romero y Zapil, 2009}).

En este orden de ideas, según el último informe nacional de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano (IDH) ha mejorado, pero a un ritmo muy lento, pues este se incrementó en 17 por ciento entre 2000 y 2014. No obstante, fue en la primera mitad de la década de 2000 cuando registró el mayor crecimiento. Entre 2000 y 2006, mejoró a una tasa anual promedio de 2.3 por ciento. Posteriormente, entre 2006 y 2014, el ritmo de crecimiento se redujo a poco menos de 0.3 por ciento anual. El cambio más significativo se observó en los indicadores educativos que lo conforman, pues, si bien al final del periodo hubo retrocesos, la mejora en la escolaridad se mantuvo constante hasta el final de la primera década del presente siglo, mientras que en salud y en el promedio de ingresos se produjo un estancamiento a partir de 2006 (^{PNUD, 2016}).

La mejora parcial en el IDH en la zona examinada estuvo acompañada por un proceso en el que las mujeres comenzaron a organizarse en asociaciones, cooperativas e instituciones no formales, que incluyó el desarrollo de labores enfocadas a la creación de proyectos productivos diversificados, cuya finalidad era no solo el mejoramiento de su nivel económico, sino también el incremento de su participación en actividades de índole social, política y económica que, en conjunto, coadyuvaran al desarrollo de la comunidad.

Procedimiento metodológico

El enfoque metodológico partió de una investigación principalmente cualitativa. Se determinó analizar la participación comunitaria con el interés de encontrar la relación de esta con el empoderamiento femenino y el desarrollo comunitario. Ante este planteamiento, ^{Yin (2003}) sostiene que el método de caso es la estrategia más adecuada cuando se busca responder a preguntas del tipo “cómo” y “por qué”, situando el punto de vista en el contexto de la vida real. Para el estudio cualitativo, se utilizó la técnica de análisis de discurso.

En la primera parte de esta sección se establecieron las categorías y los indicadores que se pretenden analizar (véase el cuadro 3). Con base en estos, se diseñaron la guía para las entrevistas a las mujeres y las actividades para los grupos de discusión. En lo relativo al perfil de las entrevistadas, se buscó que sean de origen indígena, de edad indistinta y pertenecientes, o no, a algún grupo o cooperativa. En adición, fueron entrevistadas personas externas a la comunidad pero que están involucradas en los programas de capacitación para las mujeres. En un principio se contempló la opción de entrevistar a hombres de la comunidad, pero esta actividad no logró concretarse debido a la renuencia y el poco interés que mostraron por participar. Los únicos dos que fueron entrevistados se desempeñan como funcionarios de la municipalidad.

Los tópicos incluidos en el instrumento responden a la finalidad de identificar la situación en la que cada mujer se sitúa con respecto de las distintas categorías. En paralelo, y dado que no se encontró un instrumento para la medición del empoderamiento en mujeres indígenas, se consideró como guía el Instrumento para medir el empoderamiento de la mujer (IMEM) de ^{Hernández y García (2008}), un cuestionario diseñado en México para evaluar de manera cuantitativa el grado de empoderamiento de las mujeres, que puede aplicarse de forma individual o colectiva; para los fines de este trabajo, se aplicó de manera individual.

En la segunda parte se efectuó el trabajo de campo. Se utilizó la observación participante como vía de aproximación. La característica principal de esta técnica reside en permitirle al investigador aprender acerca de las actividades y el comportamiento de las personas en estudio a través del contacto directo en el escenario natural y mediante la participación en las actividades cotidianas de estas (^{Kawulich, 2006}). Esta herramienta favorece el análisis cualitativo, que “no es un análisis impresionista, informal, basado en una mirada superficial a un escenario o personas. Es una pieza de investigación sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no necesariamente estandarizados” (^{Taylor y Bogdan, 1987}).

Fuente: elaboración propia con base en las categorías de ^{Martínez, Rodríguez y Díaz (1996})

Gráfico 1 Categorías e indicadores 

En complemento, se aplicaron entrevistas semiestructuradas, pues, a pesar de mantener la conversación enfocada en un tema en particular, estas proporcionan al informante el espacio y la libertad suficientes para definir el contenido de la discusión (^{Vela, 2001}). Además, permiten una combinación de preguntas abiertas y cerradas, y al entrevistado le ofrecen la posibilidad de extenderse en los detalles de determinados aspectos sobre los que se le interroga. Precisamente, el diálogo abierto que se mantuvo con las entrevistadas generó una mayor riqueza informativa a través de sus respuestas; por ejemplo, al referirse a la toma de decisiones, ellas mismas diferenciaban entre las de índole personal, familiar o comunitaria. Del mismo modo, a partir de sus comentarios se logró identificar el término de empoderamiento. Así, se incluirá en entrevistas posteriores para contrastarlo con las construcciones conceptuales que se mencionaron anteriormente en este documento.

Como tercera parte, se estableció el contacto con la Oficina de la Mujer de la Municipalidad, el área gubernamental encargada de llevar a cabo los programas de apoyo a este segmento, siguiendo la línea nacional instituida para el fomento del liderazgo comunitario. En coordinación con esta instancia, se planearon conversaciones y entrevistas con el colectivo Red de Mujeres, compuesto por 19 grupos distintos, todos ellos constituidos ante la Municipalidad; cada asociación trabaja con un promedio de 20 mujeres.

Se realizó un total de 35 entrevistas semiestructuradas: 22 a mujeres indígenas originarias de la comunidad; cuatro a mujeres de las comunidades de San Juan y Santiago, con la finalidad de estudiar la relación con las mujeres de San Pedro; tres a capacitadores del Ministerio de Agricultura y de la Oficina de la Mujer; dos a personal administrativo de la oficina de la Municipalidad (hombres); tres a académicas dedicadas a temas de género que han trabajado en la zona del Lago de Atitlán, y una a la coordinadora ejecutiva de la Asociación de Exportadores de Guatemala.

El objetivo específico de las entrevistas fue conocer los rasgos del papel de las mujeres en las actividades productivas de San Pedro La Laguna, para documentar y comprender la aportación de estas al desarrollo de la comunidad. La muestra fue seleccionada a través de los contactos de la Oficina de la Municipalidad y de la presidenta de la Red de Mujeres Pedranas. A partir de este primer contacto, se utilizó la técnica de bola de nieve, “una técnica para encontrar al objeto de investigación. En la misma, un sujeto le da al investigador el nombre de otro, que a su vez proporciona el nombre de un tercero, y así sucesivamente” (^{Atkinson y Flint, 2001}). El cuestionario está dividido en ocho apartados, que se mencionan en el cuadro 3.

Adicionalmente, se trabajó con cuatro grupos de discusión con la finalidad de identificar las actividades en la comunidad antes y después de la implementación de los proyectos productivos y diferenciar las actividades de los hombres y las mujeres (véase el cuadro 4). Estos fueron representados por los/as mismos/as participantes en un mapa en el que señalaron los lugares principales en donde tienen lugar sus actividades dentro de la comunidad.

Para trabajar con la información cualitativa recabada por la técnica de observación participante, así como la de tipo documental recogida a través de las entrevistas y grupos de discusión, se utilizó la técnica de análisis del discurso, para lo cual se consideraron referentes metodológicos como ^{Salgado (2019}) (véase el cuadro 5) y ^{Foucault (2002}).

Estos elementos fueron diferenciados por medio de la observación participante. Estos mismos se incluyeron en la interpretación del análisis del discurso, realizada con ayuda del software Atlas.ti, que toma como base la categorización de la información en función de códigos, índices o palabras clave. Se seleccionaron citas de las entrevistas y los grupos de discusión realizados; posteriormente, se formaron grupos (familias) de citas y se les asignaron códigos, que se relacionan con una opción que provee el programa, lo que hace posible, por una parte, ir conformando categorías y, por otra, crear una red (^{Varguillas, 2006}; ^{San Martín, 2014}).

Por su parte, ^{Foucault (2002}) señala que un discurso muestra acciones que son paradigmáticas, y que los conceptos que este contiene permiten analizar las discontinuidades y crear cuadros de ellos, que conforman unidades discursivas. Tales unidades “son a su vez hechos de discursos que merecen ser analizados a lado de los otros, con los cuales tienen, indudablemente, relaciones complejas, pero que no son caracteres intrínsecos, autóctonos y universalmente reconocibles” (^{Foucault, 2002, p. 36}). Las unidades discursivas mencionadas por el autor son las representadas en el análisis del que se dará cuenta en el apartado de resultados.

Con base en la construcción de las categorías discursivas, se determinaron las variables detonantes del empoderamiento de las mujeres de la comunidad. Más tarde, se establecieron las redes estructurales de relaciones distinguiendo las interacciones de las mujeres con los actores sociales de la comunidad.

En adición, y con la finalidad de establecer un sustento teórico de los hallazgos del trabajo, estos resultados se analizaron a la luz de los principios de la acción colectiva de ^{Ostrom (2000}) y los niveles de participación comunitaria de ^{Geilfus (1997}).

Resultados. Las relaciones de empoderamiento femenino

En el análisis del discurso de las mujeres indígenas de la comunidad de San Pedro La Laguna se distinguen varios hallazgos. El primero, que destaca no solo por el número de veces mencionado, sino también por la importancia y el énfasis que las mujeres le otorgan, es que aquellas que pertenecen a cooperativas u organizaciones están familiarizadas con términos como empoderamiento y liderazgo. El segundo hallazgo: el concepto de empoderamiento estructurado a partir de sus relatos se da cuando lo que una aprende debe compartirlo con las demás, para que todas puedan mejorar.

Los sitios identificados en común con los grupos de entrevistadas son la escuela, la iglesia, el mercado, las asambleas de mujeres, el mercado de la Red de Mujeres, a donde ellas acuden a vender los productos, y “la playa” (la orilla del lago Atitlán), sitio en el que, además de servir como un espacio para su recreación, lavan; incluso, las mujeres mayores mantienen la costumbre de bañarse ahí, como una actividad de socialización tradicional (véase el gráfico 2).

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2019, y en el mapa obtenido de la Oficina de la Mujer de la municipalidad

Gráfico 2 Localidad de San Pedro La Laguna: espacios prevalentes de actividades femeninas 

En la comunidad se observa un ambiente de solidaridad y apoyo entre mujeres; principalmente, todas colaboran entre sí, se compran productos unas a otras, se conocen, se vuelven mentoras, replican las prácticas aprendidas en San Pedro y en otros municipios; buscan que las oportunidades y beneficios de los programas otorgados por la Municipalidad sean para todas, aun para aquellas que no están afiliadas a algún grupo específico.

Ellas se vuelven promotoras de las capacitaciones organizadas por la Oficina de la Mujer; buscan obtener recursos materiales para la realización de sus labores como, por ejemplo, semillas en el Ministerio de Agricultura (MAGA), para continuar proyectos como los huertos familiares y medicinales, y buscan relacionarse con otras mujeres, aun de otras comunidades, con la idea de intercambiar conocimientos, que se enfocan en mayor medida al mejoramiento de las técnicas de bordado y tejido, así como al manejo de materiales reciclados para usarlos en las artesanías. Los proyectos productivos amalgaman la participación de varios miembros de la comunidad, entre los que se identifican los mencionados en el cuadro 6.

Otro aspecto que sobresalió en las entrevistas es la responsabilidad cívica asumida por las mujeres como integrantes de la comunidad y las acciones que ejercen para cumplir con este cometido; a saber: a) participación como gestoras y auditoras de proyectos de infraestructura en los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES); b) intervención en el ámbito político y postulación para puestos públicos; c) organización de eventos dentro del colectivo para el cuidado del lago de Atitlán, y d) promoción del cuidado del medio ambiente; por ejemplo, la iniciativa de no hacer uso de bolsas plásticas, pajillas y duroport fue de un grupo de mujeres (Acuerdo Municipal No. 111-2016).

En correspondencia, a partir de las entrevistas realizadas se distinguen los siguientes factores como detonantes del empoderamiento:

Como resultado de este empoderamiento, se han generado acciones, en gran medida, por el impulso de las agrupaciones de mujeres, dentro y fuera de San Pedro, entre cuyos rasgos destacan los siguientes:

Las entrevistadas coinciden en que las actividades realizadas por los hombres también se han modificado. Atribuyen este cambio principalmente a la actividad turística, detonada a principios del siglo XXI. En esa época, el gobierno municipal, por medio de recursos aportados por el gobierno nacional, aceleró la construcción de caminos y gestionó apoyos para la promoción turística. Actualmente, los hombres se dedican a laborar la milpa. Por su parte, quienes tienen un empleo en el área del comercio, lo combinan con la atención a los turistas. Las mujeres y los hombres jóvenes asisten a la escuela, con la idea de que la preparación escolar les permitirá conseguir trabajos mejor remunerados en la ciudad de Guatemala. Este aspecto es motivo de preocupación para algunas mujeres mayores que se preguntan quiénes se harán cargo de la milpa cuando los hombres jóvenes se vayan de San Pedro; no obstante, apoyan a sus hijos e hijas para que continúen la preparación académica con la expectativa de que regresen a la comunidad y sus conocimientos contribuyan al mejoramiento de su entorno.

Además de las relaciones de poder existentes en la comunidad -principalmente aquellas en que el hombre tiene más visibilidad y participación dentro y fuera de la comunidad-, en las entrevistas no se mencionó algún conflicto entre las mujeres que participan en asociaciones y las que no lo hacen; por el contrario, las que ya pertenecen a la Red de Mujeres invitan a otras para que conozcan sus actividades y, aun cuando no se unan de manera formal, tengan beneficios como la capacitación.

Es importante señalar que las mujeres no establecen una marcada diferencia entre “ellos y ellas”. Asumen la idea de que la mujer y el hombre se complementan, y solo si trabajan juntos en un mismo objetivo podrán crecer. Asimismo, consideran que sus actividades pueden ser distintas a las que sus antepasados realizaban, pero tanto la mujer como el hombre deben cuidar y proteger a la familia, trabajar para sacar adelante a los hijos y cuidar la naturaleza que suministra los recursos de los que depende su existencia.

Además de una modificación sustancial de los roles de género, durante el trabajo de campo se detectó que las mujeres que pertenecen a cooperativas u organizaciones están familiarizadas con términos como empoderamiento y liderazgo, de uso frecuente en sus conversaciones cotidianas y que forman parte de la acepción que tienen de sí mismas. No obstante, refieren que aún deben consolidarse, que les queda mucho por hacer al respecto; como lo especifica María, presidenta de la Red de Mujeres Pedranas: “las mujeres tenemos que buscar cómo sobresalir y apoyar, y ya con eso va enfocándose la mujer en empoderarse dentro de las organizaciones y buscar espacios para la mujer” (María, entrevista, 2019).

En este sentido, ^{Lagarde (2019}) explica: “se empodera cuando una se apropia de recursos que no tiene y que son necesarios para vivir”. Las mujeres pedranas enriquecen este concepto al afirmar que logran el empoderamiento al aprender algo, compartirlo, enseñarles a otras mujeres alguna habilidad, con el propósito de que todas pueden crecer. “El empoderar es superar para mí y poder transmitir y ayudar a otros. Empoderamiento es poder brindar apoyo a los demás […] para para mí es agarrar todo lo bueno para que otros puedan también vivir” (Andrea, entrevista, 2019).

Los resultados de la investigación también permitieron reconocer las áreas de oportunidad para las mujeres pedranas que a continuación se enuncian:

Conclusiones

El caso de estudio aquí expuesto ejemplifica que, en efecto, es posible lograr la autogestión en proyectos productivos, siempre y cuando se establezca un marco regulatorio concertado por las propias mujeres indígenas integrantes de las instituciones.

En los ejemplos mencionados se cumplen los principios establecidos por ^{Ostrom (2000}), ya que las distintas asociaciones, cooperativas y colectivos se han estructurado de manera que pueden ser categorizados como instituciones, es decir, cubren los requisitos inherentes al concepto de acción colectiva (están registrados ante una instancia gubernamental, tienen un reglamento interno, una misión y una visión), y es posible considerarlos, hasta el momento, como casos de éxito. Aunque Ostrom se refiere a los RUC como recursos naturales, para fines de esta investigación, el mercado proporcionado por la Municipalidad es considerado un RUC, que funciona como un territorio de uso común, lo cual empata con la definición de RUC asentada por esta autora.

Además, se corrobora lo dicho por ^{Kothar y Hall (1994}) acerca de que los roles de género se modifican y se asimilan en función de los que tienen las mujeres en su propio contexto cultural y social, tomando en cuenta su sentido de agencia y las oportunidades que existen de participar en los distintos proyectos productivos dentro de la comunidad.

Respecto al nivel de participación comunitaria, fundamentado en ^{Geilfus (1997}), los ejemplos del caso de estudio hacen posible determinar que la comunidad de San Pedro La Laguna se encuentra en el escalón seis, “participación interactiva”, debido a que los grupos de actores sociales, principalmente los integrados por mujeres, se organizan y participan en la formulación, implementación y evaluación del proyecto. Esto implica procesos de enseñanza-aprendizaje sistemáticos y la toma progresiva del control del proyecto, lo cual visibiliza el empoderamiento de las mujeres.

A pesar de que las mujeres de la comunidad estudiada se perciben como empoderadas, buscan seguir capacitándose, involucrar a más mujeres en sus cooperativas, vender sus productos en el extranjero y evitar la dependencia de apoyos del gobierno para hacer de la Red de Mujeres una institución autosuficiente. Tienen como objetivo aprender a diario y enseñar a las demás, consolidar sus organizaciones y tener una mayor presencia y participación en la toma de decisiones, en busca de la mejora de su situación familiar y, por supuesto, de su comunidad.

Es necesario dar seguimiento a estos casos en los que la participación comunitaria es exitosa, ya que, de este modo, el modelo de la Red de Mujeres Pedranas se podría replicar en países como México u otros de América Latina, con sus debidas adaptaciones. Así, será aún mayor el impacto de los proyectos productivos de las comunidades.

En vista de todo ello, se confirma la premisa inicial de que la conformación de instituciones no formales de mujeres incrementa la participación de estas en proyectos productivos, lo cual favorece en una gran medida el empoderamiento colectivo, visto desde la perspectiva amplificada presentada en este trabajo, que se basa en el aprendizaje y la transmisión de nuevo conocimiento para el fortalecimiento y el desarrollo de grupos de mujeres.

A manera de reflexión, surgen algunas interrogantes. ¿Cómo se logra que las mujeres sigan promoviendo este aprendizaje colectivo? ¿Qué otro tipo de apoyos, además de la capacitación, son necesarios para que los proyectos productivos se repliquen y tengan un mayor alcance en beneficio de la comunidad? ¿Cómo seguir fomentando el propósito de crecimiento de la mujer, sobre todo de las nuevas generaciones, en un sentido comunal? ¿Cómo se puede medir la participación comunitaria o el empoderamiento si no hay modelos que incluyan las características de los pueblos originarios o, bien, si los que existen no contemplan la perspectiva de género o la decolonial?

Por último, es importante resaltar que, aunque la comunidad presenta un nivel alto de participación comunitaria, de acuerdo con la teoría de ^{Geilfus (1997}), falta mucho para lograr la eliminación de las carencias y la marginación. Asimismo, en el terreno académico, hace falta investigar cómo se vive el feminismo comunitario en los pueblos originarios.

La investigación realizada abre estas vetas de exploración futura; estas interrogantes bien podrían ser objeto de nuevos planteamientos epistemológicos que propongan análisis enfocados no solo en los hechos o comportamientos, sino también en los objetivos e intereses de los/as participantes como una variable que afecta definitivamente el desarrollo comunitario y el empoderamiento colectivo.