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Introducción
La antropología tiene en la etnografía un instrumento de investigación fundamental para el estudio social. No dudamos en adjetivar el trabajo etnográfico como valioso, importante y definitorio. Algunos etnógrafos transitan por comunidades en resistencia atraídos por conflictos ambientales actuales, investidos con ropajes cientificistas teñidos de añejos estigmas epistemológicos originarios, ya sea por la ausencia de sostén teórico o por una ineludible manifestación de intereses personales, asumiendo asepsia en sus relaciones y hasta neutralidad en el conflicto.
En este análisis revisamos los alcances del estudio etnográfico de conflictos ambientales que son consecuencia de inversiones multimillonarias justificadas por el desarrollo, pero que, paradójicamente, desplazan a humanos y desaparecen territorios de manera forzada. ¿Cuál es la implicación de un etnógrafo que estudia a una comunidad en conflicto? ¿Distinguimos compromiso y activismo en esa implicación? ¿Por qué es importante el estudio etnográfico en condiciones de conflicto ambiental? ¿En qué ayuda a la antropología una discusión sobre la ética en una etnografía de comunidad opuesta a una intervención que desata un conflicto ambiental?
El etnógrafo es conquistado por una vida social trastocada. Muy posiblemente, atrajo su atención la comunidad en protesta y las reflexiones críticas sobre las consecuencias del conflicto. En los recientes conflictos ambientales, corresponde en los aspectos metodológicos con la idea de fronteras en la antropología, más desde la ética que desde la epistemología, porque en el trabajo de campo aparece transmutado como activista, implicado como actor protagónico, incluso como dirigente -velada o abiertamente-, como militante -anónimo o bajo reservas-, pero que aporta argumentos a la resistencia; o, bien, comprometido críticamente, pero sin la pretensión de posicionarse en la resistencia. Algunos estudiosos llegan para conocer comunidades en conflicto, otros estudian su comunidad de origen, con distintos intereses e implicaciones, pero el método etnográfico aparece como respaldo científico para trabajos bajo contrato y por encargo, de instancias privadas y gubernamentales, para sustentar peritajes legales, dotar de argumentos para favorecer la construcción y, por lo tanto, para diseñar el conflicto y sus consecuencias.
El conflicto ambiental como contexto para la etnografía
Etnografía y trabajo de campo
El trabajo de campo es “la” experiencia: hace al antropólogo y sustenta a la etnografía; es la “experiencia constitutiva” (Velasco y Díaz de Rada, 1997, p. 17) que distingue a la disciplina, cualifica investigadores y “crea el cuerpo primario de sus datos empíricos” (Velasco y Díaz de Rada, 1997, pp. 18-19). Tiene “sentido” en la “observación participante” porque requiere “convivencia de forma continuada y prolongada con un grupo social, una organización formal o una agrupación relativamente estable” sin “ligas de dependencia con la administración, de iglesias o empresas comerciales” (Velasco y Díaz de Rada, 1997, pp. 19-20). Los antropólogos afirmamos en la etnografía el “ejercicio de papeles múltiples” de un “juego” en un multivariado “museo de máscaras” (Geertz, 1994, p. 139), donde una misma persona es “afable camarada”, “amigo distante”, pero exigente, “extranjero” circunspecto, padre compasivo, patrón interesado, “comerciante que paga por revelaciones, oyente distraído ante las puertas abiertas del más peligroso de los misterios” (Barley, 2004), inquieto por “las más insípidas historias familiares” (Velasco y Díaz de Rada, 1997, pp. 23-24). En todo caso, son “observadores externos a la escena” en un “teatro de la acción social de los grupos humanos” científico; pero “su presencia es ya, de algún modo, acción social” (Velasco y Díaz de Rada, 1997, p. 24).
Esto es, “no se puede negar que todo antropólogo cambia en cierta medida la vida del pueblo que estudia” (Barley, 2004, p. 209) y que “la investigación acaba por considerarse como una forma de conducta continuamente irónica” (Geertz, 1994), por el intento de parecer otro y, al mismo tiempo:
[…] hablar de ese “otro” como de alguien diferente; trama la pretensión de identificación con el otro mientras le confiere representación de distancia; prueba a ser otro, para describirlo. El trabajo etnográfico presenta la seriedad de una conversión, pero la ironía de haberla conseguido por puro aprendizaje (Velasco y Díaz de Rada, 1997, pp. 27-28).
Sin excluir miradas epistemológicas,2 la etnografía en un conflicto ambiental es parte de la actual “diversificación del repertorio de modalidades y escenarios de representación” (Ferrándiz, 2011, p. 17). Involucrado en lo que estudia, el estudioso mantiene el trabajo de campo “básicamente como una experiencia solitaria” (Díaz de Rada, 2008, p. 230) en una “ecuación personal” (Nadel, 1974). “Si la subjetividad es inevitable, por lo menos que se manifieste abiertamente, lo cual significa que el razonamiento subyacente en la observación y en la descripción debe ser formulado claramente, sus premisas explícitamente expuestas y sus operaciones reveladas” (Nadel, 1974, p. 61).
Los etnógrafos seducidos por conflictos socioambientales están interesados en aspectos de la construcción, de la protesta y la resistencia, en afectaciones o alteraciones ambientales, en consecuencias sociales que cunden en amenaza, desplazamiento y desaparición forzada. Los conflictos ambientales3 tienen visibilidad mayúscula, favorecidos en el siglo XXI en México por el sistema económico que incentiva inversiones en presas, minería, carreteras, extensión urbana, ferrocarriles y aeropuertos.4
La etnografía en un conflicto ambiental
Contraseñas
La entrada en el “campo” es un aspecto trascendente, una condición previa y es más que un primer paso. Implica “entrar en un circuito de intereses personales y grupales. Las relaciones de tanteo iniciales se convierten en amistades, alianzas y potenciales demandas de fidelidad en campos sociales atravesados por intereses contrapuestos” (Ferrándiz, 2011, p. 74). Un conflicto es un “circuito de intereses” con accesos complicados por la especulación. El antropólogo debe distinguir el peligro ambiental y el peligro situacional (Ferrándiz, 2011, p. 223): en uno, corre riesgo; en el otro, genera conflicto. Representa amenaza o, en el mejor de los casos, es un sujeto obligado a transparentar su posición tanto durante la estancia como en el producto escrito de su trabajo. “Los antropólogos esperamos que los informantes se comporten de determinada manera y proporcionen datos”; los informantes ven a un agente externo que pueden proporcionarles “bienes materiales o simbólicos” (Ferrándiz, 2011, p. 104). Pero la contraseña es legitimación gestionada por un portero; relación aprobada que designa al antropólogo como un extraño entre nosotros.
El etnógrafo encaja en una pauta de sucesos que puede entenderse más que como una coincidencia; siempre habrá interpretaciones locales sobre su aparición, “puede perjudicar, causar dilemas a los informantes y actuar como salvoconducto” (Ferrándiz, 2011, p. 223). Como planteó Francisco Ferrándiz (2011, p. 66), un gran tema, atractivo y seductor, es un “arma de filo múltiple”. Los campos sociales dominados por la especulación complican el trámite de contraseña; la presencia de extraños, en sí misma, es un problema. “Difícil en lugares donde el miedo y la sospecha son componentes fundamentales y crónicos de la memoria e interacción social” (Ferrándiz, 2011, p. 104). Por el conflicto, las conversaciones se conducen entre el secreto y el silencio, nada favorables para condiciones de rapport y para relaciones “fructíferas”. Se legitima con el proceso de “desarrollo de relaciones de empatía adecuados”, aunque difícilmente conducido en términos de confianza, aun en los casos del “antropólogo nativo” (Ferrándiz, 2011, p. 223).
Una “trampa metodológica” está en la necesidad de porteros como única vía para entrar en un campo. Son “gestores profesionales de extraños y las personas anómalas” (Ferrándiz, 2011, p. 74). El etnógrafo debe explicar intereses, dar cuenta de “¿quién lo envía?, ¿quién paga? y ¿qué hará con los datos?, ¿en qué beneficia o perjudica la investigación? ¿Qué consecuencias tiene la presencia, positivas o negativas?” (Ferrándiz, 2011, pp. 70-71). La “imaginación etnográfica” y la “legitimación jerárquica” (Ferrándiz, 2011, pp. 70-71) son indispensables en el estudio de un conflicto ambiental, trabajo en el que “el sufrimiento social no es medible de forma objetiva” (Ferrándiz, 2011, p. 228), aunque el conflicto y la violencia someten la relación, lo inestable y cambiante, y “eso fuerza a replantearse con frecuencia, desde el punto de vista ético, su escritura y las consecuencias que ella puede tener” (Ferrándiz, 2011, p. 242).
Intereses
El etnógrafo define sus propios intereses (Ferrándiz, 2011, p. 42), pero:
[…] el trabajo de campo es fruto de complejas negociaciones por las que cruzan expectativas e intentos de utilización recíproca. Lo mismo que los antropólogos buscamos informantes idóneos en [ciertas] circunstancias, los informantes manejan su relación con el antropólogo para sus propios fines (Ferrándiz, 2011, p. 107).
¿Es acaso el ayudante del antropólogo quien puede convertirse, más que en intermediario de sus pasos, en su bitácora y en doble traductor de intereses hacia la comunidad? En todo caso, “el ayudante del antropólogo es una figura sospechosamente ausente de la literatura etnográfica” (Barley, 2004, p. 62). No todo lo que ocurre en el campo es observable, ni el testimonio es de fiar porque “se ocupa más de justificar la supervivencia que en dar razón” (Barley, 2004, p. 226). Sobre todo, aquí es el punto de los intereses en un conflicto.
Por un lado, la etnografía es emergente; es un proceso de “dinámicas de retroalimentación entre teoría y práctica, realidad y texto, diseños de investigación y situaciones cambiantes, escenarios de campo y aplicación de técnicas de investigación, posición del investigador e informantes, investigadores y audiencias de sus textos, etc.” (Ferrándiz, 2011, p. 14). Por otro lado, “trabajos de campo hay tantos como investigadores” (Ferrándiz, 2011, p. 50), con investigadores en múltiples papeles sociales; luego, los nuevos intereses de investigación en el contexto de la globalización transforman el rango del trabajo antropológico. Finalmente, en algunos casos, la participación interesada “apela a la negociación del proyecto con comités éticos cuando lo exige el tema, más allá de iniciativas individuales, institución o agencia que aporta la financiación y por tanto a declarar los condicionamientos, unos internos del investigador, otros externos” (Ferrándiz, 2011, p. 51).
El “campo” llega a convertirse en referencia para ese “narcicismo y exhibicionismo sin precedentes” mediante “la elaboración retórica de percepciones y sentimientos de corte biográfico del antropólogo impuestos sobre otros actores de la etnografía” (Ferrándiz, 2011, p. 193); o, bien, aparece el etnógrafo con “presencia militante de denuncia de las injusticias sociales”. Una consecuencia es la devaluación del trabajo de campo a favor del análisis de “discursos productores de realidades” (Ferrándiz, 2011, p. 193). Un “buen trabajo de campo” sobre “un tipo de violencia específica” supone:
[…] clarificar, en su caso reajustar, los aspectos éticos de la investigación, la posición -científica, militante- del investigador respecto al objeto de estudio, las decisiones metodológicas tomadas a la hora de trabajar entre víctimas y perpetradores de la violencia, o la priorización de la recogida y representaciones de la violencia (Ferrándiz, 2011, p. 222).
En buena parte, la etnografía depende de la empatía con los informantes y de la voluntad de colaboración (Ferrándiz, 2011, pp. 42-43).
Equilibrio dialéctico
Es un proceso complejo de investigación que tiene “frentes simultáneos y sucesivos” (Ferrándiz, 2011, p. 10), elegido por el etnógrafo, envuelto entre intereses y emociones, de forma que el trabajo de campo supone un equilibrio dialéctico entre empatía y distanciamiento. En una tipología de “observaciones y participaciones” encontramos cinco posibilidades cuando menos: “1) La no participación, conocimiento adquirido sin presencia; 2) participación pasiva; 3) participación moderada; 4) participación activa, y 5) participación completa, conversación con el otro” (Ferrándiz, 2011, p. 85).
Ferrándiz explica distintas concepciones de la observación participante: algunas valoran el grado de implicación -nula, pasiva, moderada o activa- del investigador, siempre en tensión entre el distanciamiento analítico y el compromiso emocional (Ferrándiz, 2008, p. 90). En todo caso:
[…] es experiencia antiexótica por excelencia, en la medida en que no supone una visión fugaz y estética de los “otros”, sino una convivencia que compromete una cotidianidad e involucra en redes personales, políticas, simbólicas, afectivas y culturales que ya nunca más podrán ser ajenas (Bartolomé, 2003, p. 207).
Con diversas técnicas de investigación, el proceso etnográfico sitúa un estado permanente de perplejidad ante un laberinto, “complicada ruta de conocimiento [que] también apunta salidas” (Ferrándiz, 2011, p. 9). “La noción de contexto hace concebir que el acceso al significado de un fenómeno social no se logra sino integrándolo en un conjunto de relaciones con otros, y apreciando ese conjunto de relaciones como un todo” (Velasco y Díaz de Rada, 1997, p. 36). Ferrándiz acentúa esta atención en la empatía, posiciones dependientes de la voluntad del etnógrafo: en las relaciones de confianza, cooperación y reciprocidad, la tarea fundamental es que satisfagan, al menos, a los involucrados en la investigación. La gestión de confianza puede alterarse por tensiones que producen negociaciones complejas, cruzadas por expectativas e intentos de utilización recíproca. El etnógrafo asume, o le hacen asumir, un papel a veces no deseado, con implicaciones: es “conocedor generizado” que traza “un camino dialógico e intersubjetivo entre sujeto -conocedor- y objeto -de conocimiento-, entre el yo y el otro desde posiciones políticas situadas”, de tal suerte que “lo emocional y lo personal no pueden ser separados de lo conceptual”. Esto es, “no sólo lo personal es político, también lo personal es teórico” (Gregorio, 2014).
Etnografía de un conflicto
Como referencia al trabajo etnográfico en un conflicto ambiental, en este apartado presentamos una síntesis de la investigación de Miguel Ángel Casillas sobre Temacapulín (Casillas, 2016) centrada en conocer las consecuencias de la construcción de El Zapotillo. En ese trabajo se buscó responder a la pregunta ¿por qué Temacapulín considera injusta la construcción de El Zapotillo? Esta es una forma de gestión del agua que surge de una definición específica del desarrollo en la que solo importa el agua; todo lo demás es suprimible. Desde la revisión crítica, la consideración de justicia sostiene que a la forma de gestión del agua subyacen múltiples definiciones de conceptos básicos: naturaleza, ser humano y seres vivos, sociedad, derechos humanos, desarrollo y justicia. El Zapotillo responde a un modelo orientado desde una definición de desarrollo que, por lo tanto, excluye la variedad de percepciones y sus definiciones. De aceptar que existen múltiples definiciones de desarrollo, entonces existirían también varios modelos posibles para gestionar el agua.
Desde la teoría comprometida, la definición de “lo social” no puede desprenderse de “lo natural”, porque va “más allá de lo humano”, bajo un pensamiento “in-disciplinado, relacional y diverso” (Kohn, 2013). Temacapulín no defiende su lugar ni acepta que una presa sea la única forma para la gestión del agua. Una etnografía desde los agraviados, vinculados al conflicto inducido por una necesidad de Estado, reitera el compromiso de explorar la complejidad de las relaciones sociales manifiestas en esa gestión del agua. El sustento teórico es una antropología comprometida con los “excluidos”, defendible mediante un ejercicio enfocado hacia el conocimiento de las condiciones que hacen posible la perpetuidad de la injusticia (Nahmad, 2008, p. 75). El objetivo es construir argumentos para impulsar la crítica cultural del entorno; partir del “otro” para reflexionar críticamente sobre nosotros y cuestionar el “sentido común” (Ferrándiz, 2011, pp. 190-191).
Temacapulín y la presa El Zapotillo
La teoría que compromete a la etnografía
El modelo de gestión que se estila en El Zapotillo implica la provisión del agua a la oferta para centros urbanos, que son los más grandes en la región, cabeceras políticas y de concentración de intereses económicos, con predominancia desde esa versión del desarrollo conseguida como centros del comercio y pivotes de colonización interna. Comunidades rurales como Temacapulín (subdesarrolladas, según esa misma versión) están lejos de recibir una compensación al débito en su desarrollo, pero están más lejos aún de un pago para reponer el impacto por su contribución al desarrollo. El Zapotillo plantea una nueva colonización hidráulica al desaparecer simbólicamente lo existente por la vía de la desertificación (Tomé, 2000), que convierte el territorio en aljibe “natural”, justificada en los derechos humanos al agua, puesto que trata de satisfacer el consumo de un colectivo de habitantes urbanos. Ese derecho, que debe ser cumplido interviniendo con una mayor cantidad de agua, está en contrapartida de los mismos derechos de otros humanos “desplazados por el desarrollo” (Cernea, 1997).
El desarrollo es de quienes crecen, que son los más grandes y los más irresponsables y empedernidos consumidores de agua y los que más contaminan. El territorio de ocupación y los nuevos círculos de desarrollo creados se convierten en “territorios ambivalentes” (Johnson y Niemeyer, 2008), donde los agentes “juegan” con su interés y a favor del interés de otro, por lo cual se benefician de dos usos del agua, distintos y excluyentes. Los intereses son “figuras invisibles” distinguidas que “propenden a una causa colocada ahí para que todos los vean” (Latour, 1983, p. 20). Así, los agentes aparecen en “actos inéditos con imitación y reformulación de puntos esenciales, colocados a escala para traducir al propio lenguaje los intereses de los demás como acto necesario para ganar” (Latour, 1983, pp. 15-18): la sed de una ciudad no puede ser sometida con una protesta de pueblos pequeños.
La reflexión de Temacapulín sobre la justicia cuestiona la definición de desarrollo que sostiene a El Zapotillo como forma de gestión. Arturo Escobar plantea que la fórmula para definir el desarrollo: a) prepara “para reproducir condiciones imperialistas y adoptar valores y principios de modernidad”, desde “formas concretas de orden, racionalidad y de actitud individual”; b) reconoce una diferencia para negarla, y c) constituye un “mecanismo para eliminar diferencias” (Escobar, 1995, p. 2). Adquiere un significado cuando la sociedad combina autonomía cultural, democracia y construcción de infraestructuras materiales e institucionales para mejorar las condiciones de vida locales (Escobar, 1995, p. 18). Difícil es afrontar como dilema el abasto de agua a las ciudades a nombre del bienestar de millones de usuarios, con todo y que dependan de un sistema de distribución en crisis. Como razón de Estado, el punto de partida es que la escasez del agua puede perjudicar el desarrollo.
Pero, tanto los desarrollos como la ciencia son “cosmologías” con las que los antropólogos “contextualizan esa relación” (Descola, 1996), en debate obsoleto entre el universalismo y el relativismo, que “en sí misma es una reliquia de la dicotomía naturaleza-cultura” (Descola, 1996, p. 99), una construcción social interpretada y establecida entre “la realidad de significados, intenciones y propósitos”, en la que debatimos sin dicotomía sujeto-objeto (González, 1998, p. 170). Los procesos y los resultados de estos sobre la acción transformadora del hombre tienen definiciones para interpretarse, todas, como desarrollo.
Los desplazables por El Zapotillo
Nivel de agua y desaparición forzada
Un decreto de 1995, actualizado en 1997, es la vía jurídica para que Guanajuato pida el agua superficial escurrida hasta Jalisco mediante un sistema hidráulico en el río Verde: una represa, un acueducto y obras complementarias.5 Para conseguirlo, amagó con la presa San Nicolás (Hernández y Casillas, 2008), al tiempo que detonó El Zapotillo: un dique de 80 metros de altura y un acueducto de 140 kilómetros, con la consecuente inundación de Palmarejo y Acasico, reubicando a habitantes de Temacapulín.6 Palmarejo, un caserío con una docena de familias y menos de 50 habitantes, emplazado en el promontorio de un valle sobre el Verde; Acasico, poblado de 100 casas con menos de 334 habitantes, cruzado por un arroyo afluente del río. Los 500 habitantes de Temacapulín, a unos 20 kilómetros de El Zapotillo, quedarían protegidos con diques, garantizados con sapiencia técnica en el discurso oficial, cuestionables desde el sentido común de los lugareños.
Desde 2008, las solicitudes de información fueron desactivadas eficientemente con promesas de explicaciones ad aeternum, nula información adicional a la contenida en el anuncio, compra de tierra y propiedades en Acasico y Palmarejo. Con los gobiernos municipales vecinos (Cañadas de Obregón, Yahualica, Mexticacán), El Zapotillo encontró apoyo por su interés en obras complementarias de alto impacto local, en específico la dotación de agua. El gobierno de Jalisco decidió en 2008 aumentar 25 metros al dique, lo que sentenció a inundación a tres poblados, y asumió la responsabilidad de reubicar, “piedra por piedra”, a Temacapulín.
Jalisco, obsesionado por construir vertiginosamente El Zapotillo, obvió la aprobación del Legislativo, y el 15 de junio de 2008 perdió jurídicamente la oportunidad de una consulta comunitaria con Temacapulín para decidir, entre tres opciones, un nuevo centro de población; Temaca descalabró el andamiaje legal que los convertiría en “desplazados por el desarrollo”. No obstante, Jalisco compró el predio Talicoyunque para el sitio de población llamado Nuevo Temacapulín, luego cancelado por inconsistencias legales de origen. Lo que sí consiguió en Palmarejo, Acasico y Temacapulín fue poner en ebullición la especulación.
Una genealogía que define una forma de desarrollo
Una genealogía familiar relata la historia de la Fundación para el Desarrollo Sustentable, protagonista de la construcción en Sonora de la presa Los Pilares (Bicentenario). Hilario Valenzuela Robles Linares representa esas dos familias ligadas íntimamente a la política hidráulica desde la oficina de planeación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Su padre es Hilario Humberto Valenzuela Corrales, ingeniero agrónomo egresado de la Escuela de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora, quien trabajó para la administración pública federal, y su madre es María Guadalupe Robles-Linares Gándara, antropóloga egresada de la Universidad Iberoamericana, presidenta del Consejo Directivo de la Fundación para el Desarrollo Sustentable, A. C., hija del ingeniero civil Luis Robles Linares, subsecretario en la Secretaría de Recursos Hidráulicos durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y encargado del despacho de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el gobierno de José López Portillo (1976-1982). Los proyectos hidráulicos en México eran conocidos en dos instancias principales; una de ellas era el escritorio de Luis Robles Linares.
Hilario Valenzuela Robles Linares es un político sonorense, director de la Fundación para el Desarrollo Sustentable, A. C. En 2012 fue candidato a diputado en Etchujoa, Sonora, por el desprestigiado Partido Verde Ecologista de México. Cuando hacía campaña política, indígenas guarijíos del municipio de Álamos manifestaban oposición a Los Pilares: “Nos va a afectar tierra, panteones, lugares sagrados; nosotros siempre hacemos rituales, y pues claramente tenemos que proteger. La presa será afuera de territorio indígena, pero el río se va a secar, y los árboles, y así la medicina tradicional” (El Observador Diario, 16 de enero de 2012). La autoridad municipal apoyó la iniciativa para la construcción de la presa de la Fundación Desarrollo Sustentable; los indígenas se enteraron cuando vieron el arribo de la maquinaria. “Al iniciar el estudio y todo eso no tomaron en cuenta a la tribu, apenas empezaron a decir que nos pusiéramos de acuerdo; ellos tratan de convencerlo a uno comprando la conciencia con dinero, despensa” (El Observador Diario, 16 de enero de 2012).
El reasentamiento participativo consensuado
En 2013, con un renovado impulso en los gobiernos federal y local, la Fundación Desarrollo Sustentable apareció en Acasico7 como emisaria de la administración pública, bajo el nombre de México Sustentable, con la “responsabilidad de transformar la condición de Desplazamiento Involuntario por Desarrollo que sufría la comunidad de Acasico, a una situación de Reasentamiento Sustentable por Consenso” (Casillas, 2014). Instaló un consultorio para atención psicológica, pero resultó para operación política y de inteligencia, para compra de tierras, como centro receptor de solicitudes para trámites con el gobierno; una oficina de empatía cercana, con trato de confianza y franca camaradería. Los asuntos importantes se arreglaban en comidas sabatinas, vastas en alcohol y con música, filmadas para documentar la participación como evidencia legal. Así conformaron un comité y firmaron acuerdos para la reubicación.
Como constancia del promisorio futuro, llevaron maquetas y una impecable propuesta de nueva urbanización diseñada en PowerPoint, ilustraciones de ensueño para áreas comunes: casas, calles, cementerio e invernadero. El utópico Nuevo Acasico, más sustentable que el pasado prehispánico, fertilísimo, y ahora insustentable por la ausencia de campesinos. La Fundación Desarrollo Sustentable, A. C., firmó un convenio con el Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán en octubre de 2013 para destinar servicio social de alumnos en Acasico. Rescató la historia oral y la cultura local8 mediante extensas entrevistas a los pobladores de la zona. Ningún detalle sin descuido. Nuevo Acasico comenzó a ser tangible: maquinaria y trabajadores llegaron para las tareas de desmontar terreno, mover piedras y señalar calles.
El 21 de marzo de 2014, Elías Chedid Abraham, director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, anunció en Guadalajara, Jalisco, que el método de reasentamiento participativo consensuado “acerca a las autoridades gubernamentales al cumplimiento de los más altos estándares de inclusión social y respeto a los derechos humanos y sobre todo a lograr que la presa El Zapotillo cumpla con su función” (CONAGUA, 2014). La Guía para la Sustentabilidad en el Reasentamiento Acasico quedó establecida como un “instrumento sistemático generado a partir de los estudios socioantropológicos y de ecología cultural [que] requirió la participación de un grupo de trabajo integrado por una decena de disciplinas orientadas a un mismo enfoque de política pública: el desarrollo incluyente” (CONAGUA, 2014).
En 2013, un segundo aire fue el aval para México Sustentable; con autoridad, solicitó el desalojo de Palmarejo y la destrucción de las fincas vendidas a la CONAGUA; ofreció propiedades en el centro de población llamado Talicoyunque -cancelado administrativamente por la autoridad judicial- o en Nuevo Acasico. En Acasico, las cosas fueron del descontento en 2014 a una protesta pública en 2015, incluso de quienes aceptaron la reubicación. Desde 2016, el Nuevo Acasico es monumento al abandono. Palmarejo terminó desmantelado sin ver la presa, abandonado y sin inundarlo. A los desalojados de Palmarejo les gestionó empleo en el gobierno municipal de Cañadas de Obregón. Intentó aplicar el reasentamiento participativo en Temacapulín con cambio de propiedades: fincas urbanas por predios rústicos, casas en Talicoyunque por predios de los desalojados de Palmarejo y, a quien lo solicitase, en Temacapulín. Cualquier pretexto fue válido: habitantes sin propiedades, vivir en casa de alquiler, madres solteras, viudos, trabajadores no asalariados.
Temacapulín
Los intereses múltiples, entre ellos el de México Sustentable, a nombre de El Zapotillo enfrentaron la resistencia, no de Temacapulín como comunidad organizada, sino de un macroactor al que llamamos Temaca (Casillas, 2016). Esto es “una determinación del sujeto social por el sujeto jurídico que le da al sujeto social una identidad clara como sujeto político” (Espinoza, 2018). Guadalupe Espinoza, abogado de Temacapulín, explicó:
[…] la estrategia jurídica de defensa del territorio ha contribuido a la conformación de un sujeto social que lucha contra su desaparición mediante la adopción de un discurso a favor de los derechos humanos, la defensa del agua y la implementación de acciones encaminadas a la activación económica de la comunidad con miras a un desarrollo propio y sostenido (Espinoza, 2018).
Temaca negó el ingreso de los representantes de México Sustentable, quienes fueron insistentes desde 2013 y durante 2014 en la petición de una estancia en Temacapulín para hacer etnografía. Tanto Lupita Robles Linares como Hilario Valenzuela querían instalar una oficina para darle consistencia legal a su figura antropológica de reasentamiento participativo consensuado. Pero encendió la alerta de los intereses en Temaca, como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), que llegó a Temacapulín en 2008 y pronto asumiría el liderazgo de la resistencia con una visión de “desarrollo comunitario” bajo una agenda de participación política y protección de los derechos humanos. Temaca “me hizo dejar el papel de antropóloga y sumergirme a otro mundo, el de las organizaciones civiles, derechos humanos, educación popular y posteriormente desde la comunicación, [el IMDEC como] trinchera de la sociedad civil organizada” (Montalvo Méndez, 2015, p. 13). También el IMDEC fue portero y dotador de contraseñas para permitir ingresos a Temacapulín.
Diversas tesis hicieron trabajo de campo en la vida diaria del pueblo. Desde la economía, Francisco Cravioto Lagos (2011) estudió el movimiento de resistencia. Fabiola Figueroa Neri puso el acento en la identidad de los participantes en la resistencia (Figueroa Neri, 2015, p. 9). Ema del Rocío Hernández Tapia (2011) planteó que en Temacapulín:
[…] queda la percepción de que estamos en dos ámbitos distintos: el que responde a los compromisos de unos cuantos grupos con intereses económicos evidentes y el de una clase política corrupta que se respalda en el supuesto bienestar de las mayorías, y el que responde a los derechos inalienables de seres humanos en función de la posibilidad de contar con una vida digna y que defiende la preservación de los recursos naturales a través de formas de desarrollo sustentable (Hernández Tapia, 2011, p. 179).
La presencia en Temacapulín de la psicóloga Susana Delgado (2012) proveyó de peritajes psicológicos para los frentes judiciales abiertos.
También los antropólogos. Anahí Copitzy Gómez Fuentes (Gómez, 2012) contribuyó con la defensa jurídica de Temacapulín con un peritaje antropológico sustantivo en el proceso legal contra El Zapotillo. María Cecilia Lezama Escalante sometió a la consideración de los tribunales otro peritaje, “con la confianza de que contribuirá a revisar las condiciones de indefensión en que se encuentran la población afectada por la presa” (Lezama, 2011, p. 17). En otro trabajo, Lezama (2012, p. 150) concluyó que con El Zapotillo “los costos ambientales también son muy altos, puesto que implica una elevada inversión pública orientada a sacrificar los recursos hídricos para favorecer los proyectos de desarrollo”. “El desarrollo no está en la inversión que implica trasvase y desaparición forzada de pueblos, consecuencias ambientales” (Lezama, 2012, p. 150). En este tenor, nuestra etnografía es comprometida porque cuestiona una forma de manejo del agua surgida de una definición de entre la variedad de percepciones sobre el ser humano, el agua, la naturaleza, el desarrollo y las relaciones entre todas ellas (Casillas, 2016).
Otros intereses tomaron el viento a favor de la resistencia: el Observatorio Ciudadano del Agua en Jalisco, presidido por Juan Guillermo Márquez, convocó a una docena de manifestantes9 en las oficinas de Abengoa, en Madrid, en el Paseo de la Castellana, el 24 de julio de 2015. Entregaron una carta firmada por 51 investigadores en la que solicitaban el retiro de esa empresa de la construcción del acueducto en El Zapotillo.
Las fronteras de la antropología
Etnografía comprometida
¿Los etnógrafos actúan políticamente con el día a día de su trabajo de campo? ¿A través de cuáles formas y prácticas de activismo pueden participar los académicos? (Casas Cortés, Osterweil y Powell, 2013). El debate versa sobre esta forma de investigación políticamente comprometida para académicos o investigadores, en particular para quienes trabajan con movimientos sociales. “Hay una marcada diferencia entre los movimientos de activismo y nuestros propios compromisos políticos como académicos o intelectuales” (Casas Cortés, Osterweil y Powell, 2013, p. 207), decían unos. Otros decían que el trabajo académico intelectual no debe equipararse al activismo, incluso con elementos políticamente relevantes o críticos que comparten, porque las esferas de acción están separadas (Harrison, 2013, p. 491).
Sharon Speed (2008) la definió con cuatro palabras básicas inseparables: investigación activista críticamente comprometida. El análisis cultural crítico es una “empresa fundamental de la antropología” y “capacitación especializada” que prepara antropólogos, y “puede contribuir” a comprender teóricamente dinámicas sociales y “objetivos políticos concretos” (Speed, 2008, p. 234). Más, la investigación activista es un “compromiso manifiesto con sujetos de investigación dirigido hacia algún tipo de objetivos políticos compartidos” (Speed, 2008, p. 234). Es decir, “la antropología contemporánea socialmente comprometida” o engaged anthropology retoma reflexiones acerca del “aspecto crítico-político sobre su práctica investigativa, por lo general con las clases subalternas” y “simultáneamente retoma la reflexión fenomenológica de la comprensión intercultural de los fenómenos” (Hernández, 2007, p. 319).
Basada en que “los movimientos sociales son profesionales del conocimiento”, pero el reto consiste en transitar de la “práctica puramente científica de explicación representativa a una comprensión de la práctica etnográfica como relacional y creativo” (Casas Cortés, Osterweil y Powell, 2013, p. 207), la investigación etnográfica contribuye con movimientos contemporáneos que buscan “generar las condiciones de posibilidad de cambio social a través de la creación de nuevos imaginarios políticos, narrativas y teorías que apoyan diferentes formas de ser y formas de conocimiento” (Casas Cortés, Osterweil y Powell, 2013, pp. 199-200). En el mismo sentido, la naturaleza de este enfoque etnográfico tiende a una práctica, mucho más que “el reconocimiento de conocimientos contrahegemónicos y subalternos”, con la combinación de conocimientos de la etnografía con “un cuerpo emergente de trabajo interdisciplinario que reconoce a los movimientos sociales como productores de conocimiento” (Casas Cortés, Osterweil y Powell, 2013, p. 224). Se entiende un cambio en objetivos y métodos de la intervención etnográfica y política porque la búsqueda es de “traducción y tejido”, no de explicación o representación, ya que “el etnógrafo es uno de los procesos. Voz o participante en un campo lleno de productores de conocimiento” (Casas Cortés, Osterweil y Powell, 2013, p. 224).
Etnografía militante
En los “desbordes epistemológicos” de los movimientos sociales (García, 2014), la vinculación de la etnografía militante con la educación popular sitúa en Ramón Rodríguez Ramalho “el linaje epistémico fundamental en la investigación acción participativa y la pedagogía del oprimido” (García, 2014, p. 3231).10 Con la “investigación militante” la etnografía impulsa colectivos.11 Pero en un conflicto, la militancia del etnógrafo está en una relación de “amigo-enemigo”, que, en los términos de Amador Fernández Savater et al. (2005, p. 209), “no implica necesariamente el imperium de la violencia, sino la imposible codificación jurídica o normativa de la relación”. En una “compleja y paradójica relación” con las transformaciones sociales están los “devenir militantes investigadores”, que en la actividad pública tienen la “vía crítica y de transformación: una peculiar proliferación de experimentaciones y búsquedas de otros agenciamientos entre pensamiento, acción y enunciación, que alíen intelecto y acción (en lugar de intelecto y trabajo)” (Fernández Savater et al., 2005, p. 212).
La frontera de la etnografía y la militancia es trabajo de campo colaborativo con los hombres y mujeres “que ahora se estudian” (Abad, 2013), tendida la “antropología del compromiso o militante” en la conciencia de la implicación para tomar una postura en una práctica etnográfica. Sobre esta “exposición de etnografía”, Juan Antonio Flores Martos destacó:
[…] es mucho más que un catálogo de exposición, no sólo por adoptar una perspectiva poco habitual y comprometida ni por el tipo de escritura que lo conforma, [… sino también] por la etnógrafa y antropóloga aplicada que ha trabajado y vivido durante años entre estos pueblos (Flores, 2013, p. 278).
Etnografía activista
La investigación activista (activist research) es “un método mediante el cual reafirmamos una alineación política con un grupo organizado de personas en lucha y permitimos que el diálogo con ellas se adapte a cada fase del proceso” (Hale, 2006, p. 97). Así, Charles Hale defiende la primacía de la investigación activista (Casas Cortés, Osterweil y Powell, 2013, p. 204), que se refiere explícitamente “a trabajar en o con movimientos sociales, mientras que la crítica cultural, aunque comparte un compromiso político con los históricamente marginados y subordinados” (Casas Cortés, Osterweil y Powell, 2013, p. 205), expresa lealtad a la academia. Es una lucha política “siempre más allá” del entorno universitario. “La investigación activista se ve comprometida, pero enriquecida, al optar por posicionarse directamente en medio de la tensión entre los ideales utópicos y la política práctica” (Casas Cortés, Osterweil y Powell, 2013, p. 205).
La crítica cultural “es un enfoque de investigación y escritura en el que la alineación política manifiesta en el contenido del conocimiento producido, no a través de la relación establecida con un grupo organizado de personas en lucha” (Hale, 1994, p. 98). Ayuda a justificar el apoyo para la investigación activista, pero crea una barrera “que dificulta el crecimiento y la prosperidad de la investigación activista, como un enfoque metodológico distintivo” (Hale, 1994, p. 105). Es una “genealogía intelectual” que coloca un “proyecto analítico sustantivo [consistente en] vincular la práctica de la investigación activista con momentos clave de innovación teórica” (Hale, 1994, p. 108). El investigador activista debe “implementar métodos de ciencias sociales positivistas y someterlos a una crítica rigurosa al tiempo que reconoce con aceptación la disonancia cognitiva resultante” (Hale, 1994, p. 113). Esa construcción falla por la “diversidad de las formas complejas de los movimientos sociales” (Casas Cortés, Osterweil y Powell, 2013, p. 206), porque supone “una división cartesiana y absoluta [y] subestima las potencias políticas y las circulaciones de las prácticas de conocimiento” (Hale, 1994, p. 206). Shannon Speed planteó la “investigación activista y comprometida críticamente” en línea con las aportaciones de la “investigación militante” (Speed, 2008, cit. en García, 2014, p. 3229).
Etnografía implicada
La antropología implicada tiene raíz en la posición del etnógrafo, pero una y otra son dos implicaciones diferentes, complementarias ocasionalmente. El etnógrafo tiene una múltiple implicación en un conflicto; desde lo evidente: la cualidad de condición previa y las relaciones con el grupo al que ingresó para un trabajo de campo mediante un portero, con una solicitud y la presencia bajo contraseña, la explicación en el trabajo de campo y el producto de esa etnografía. En otro orden de relaciones, el formato y el destino de la redacción ingresan en circuitos de difusión y discusión, generalmente en la academia, en los procesos jurídicos y como aval ético para las posiciones de poder inductoras de un conflicto ambiental. La etnografía requiere coherencia con el referente teórico y con el compromiso bajo un código ético; lo que no es posible es que un trabajo de campo resulte inocuo políticamente para el conflicto. La presencia en campo del etnógrafo es ya una forma de participación-intervención, de modo que el compromiso tiene casos de injusticia o desequilibrios como objeto de estudio. “La implicación se hace aún más evidente cuando pensamos en los procesos de globalización, que lejos de establecer un cambio de relaciones lo único que implica es un cambio de escala en esas relaciones” (Ortiz, 1998, p. 135).
A juzgar por la tortilla que cocina la academia, la pinta es de:
[…] un academicismo al servicio del poder que lo sustenta. Si bien tengo claro que la antropología ha de su implicada para ser algo, lo que no sé aún es cómo llegar a hacer análisis antropológicos realmente implicados, desde una conciencia de la posición adquirida en el sistema (Ortiz, 1998, p. 136).
Amén de las fuentes de financiamiento que tiene la disciplina y sus predilecciones entre las tendencias políticas, la “antropología del compromiso o militante”, con referente en Luisa Abad, es el “resultado de dar la vuelta a la tortilla que se cocina actualmente en la universidad” con “verdadero trabajo” de “campo-colaboración con los hombres y mujeres a los que ahora se estudian” (Ortiz, 1998, p. 136).
Requiere el etnógrafo hacer una “conciencia de la implicación y desde ahí una toma de postura, una práctica etnográfica concreta”. Es un asunto de fronteras intelectuales “que nos delimitan hasta dónde podemos llegar, que nos definen nuestros objetos, nuestros problemas” (Leizaola, 1997). “Hay que aprender a moverse dentro de tales fronteras”, en contrapartida de la opción de escapar a “fronteras impuestas sin dejar con ello de hacer antropología” (Leizaola, 1997). Debe manifestarse “¿hasta dónde llega esa implicación?”. En todo caso, “las cuestiones vinculadas con la noción de límite deberían recordar que la problemática del límite cabe en aquella, más general, del modo como usamos nuestros conceptos” (Fabietti, 2005, p. 17).
Conclusiones
El modelo para la gestión del agua que sostiene al sistema El Zapotillo es una refinada muestra del neoliberalismo, por la incorporación del agua al beneficio económico a través de las asociaciones público-privadas, pero más porque el trasvase no tiene ningún aspecto técnico, económico y ambiental que lo respalde en concordancia con las condiciones de cantidad de agua a trasvasar y la existente en la cuenca de origen por la situación hídrica de esta y la no menos estresada hidrología de la región de destino (Casillas, 2016). Con todo y la transición política en México durante 2018, El Zapotillo continuaba inconcluso en 2019 y sin visos de transicionalidad, sino más bien de permanencia utilitaria del proyecto económico neoliberal. La etnografía tiene en Temacapulín el escenario de injusticia y de consecuencias no deseables tanto porque corresponde con una forma de aprovechamiento en un proceso de adaptación “maladaptante” (Fábregas, 2009) como por los constantes cuestionamientos de esa forma de gestión del agua impulsada para beneficios económicos temporales con consecuencias permanentes. La posición ética del etnógrafo nos lleva a requerir apreciaciones y posiciones personales sobre los reclamos de justicia ambiental, sin que sean menos aquellos que surgen desde la justicia omnicomprensiva e intergeneracional.
La etnografía no es solo un asunto de construcción académica, sino que, en ello, debe ser un constante cuestionamiento de los impulsos económicos estudiados, bajo una posición necesariamente crítica de la dirección económica en la política pública. Es una cuestión de justicia y de ética. Lo significativo del trabajo etnográfico en este contexto es que a nombre de la antropología resulta sustentado jurídicamente el proyecto hidráulico, ya que se corresponde con las fronteras administrativas (García, 2001, pp. 21-36). Lo institucional define las fronteras de la antropología más allá de la dialogización, la narrativización, la apropiación o el cuestionamiento de conceptos clave (Stocking, 2002, p. 33). Esta discusión sobre las fronteras epistemológicas se orienta más hacia el campo de las relaciones del etnógrafo que hacia la correspondencia con el “objeto de estudio”: no son las antropologías del adjetivo (Stocking, 2002, p. 11), ni la fusión o fisión académica; no, tampoco el argumento sobre la influencia colonialista en la noción de frontera que propone Mills cambiando a los “informantes cuyas mentes debían ser explotadas por el antropólogo”, ahora vistos como “coproductores del conocimiento”, reinventando la antropología desde “los ‘otros’ exóticos en las periferias” (Stocking, 2002, p. 11).
La etnografía es revisada desde las relaciones éticas y enfatizada como estudio antropológico en:
[…] las categorías sociales desfavorecidas del primer mundo. Aumentando la tradicional orientación descendente hacia los que carecen de poder, debería también “estudiar hacia arriba” entre los grupos que ejercían el poder -con la esperanza de que el poder pudiera ser radicalmente reestructurado-. Ideológicamente, iría más allá de la postura liberal de tolerancia relativista, hacia un compromiso radical en la lucha de los desposeídos contra los que ostentaban el poder (Stocking, 2002, p. 27).
La ética en el trabajo etnográfico debe mantener una reflexión crítica en el proceso, que impediría episodios vergonzosos como el de “prostituir la ciencia usándola como coartada para sus actividades como espías” (Stocking, 1968, p. 273).
