Introducción

Las mujeres fueron excluidas de los procesos de democratización desde los orígenes de estos. Aunque existieron manifestaciones de vindicación de derechos cuando fueron planteados los grandes ideales universales (libertad e igualdad), las mujeres no accedieron al conjunto de derechos civiles y políticos en igualdad de circunstancias que los hombres, blancos, casados y propietarios. La principal razón de ello tiene que ver con la “mística de la feminidad” adjudicada a las mujeres, una esencia biológica “que las presentaba como criaturas cercanas a la naturaleza, emocionales, intuitivas, arrastradas por sus pasiones, ancladas al pensamiento concreto y con una inclinación innata hacia el cuidado de los otros” (^{Friedan, [1963] 2016}). Todos estos atributos, contrarios a la manera en que se concebía el arte de razonar, justificaban la decisión política de negarles el derecho a votar y ser elegidas (^{Wills, 2007, p. 37}). A diferencia de las posturas que consideran que la distinción entre mujeres y hombres y la separación de las esferas pública y privada se deben a que son entes “complementarios”, la realidad es que la discriminación, la desigualdad y la violencia las coloca como “opuestos inferiores” a los hombres, lo que Simone de ^{Beauvoir ([1949] 2017}) describe como vivir en la otredad, en la alteridad, sumidas en la inmanencia sin la posibilidad de trazar proyectos de vida que les permitan la trascendencia.

En la actualidad hay una importante relación entre democracia e igualdad de género: si bien las instituciones democráticas no son condición suficiente para el establecimiento de condiciones equitativas entre mujeres y hombres, las actitudes positivas hacia la participación política de las mujeres sí muestran una relación fuerte con sociedades con evaluaciones altas en derechos políticos y libertades civiles. La inclusión de las mujeres en la esfera pública, más allá de sus roles tradicionales de género, parece ser una de las variables de transformación más importantes de las últimas décadas (^{Inglehart, Norris y Welzel, 2002}).

Los espacios legislativos cobran especial relevancia en esta discusión, pues en ellos se pretende reflejar la diversidad de la composición de las sociedades a través de la representación política. Además, en las asambleas se establece la agenda política del país (los temas que son prioritarios y de responsabilidad estatal) y se gestan las principales transformaciones sociales a beneficio de intereses colectivos.

En este artículo analizaremos la presencia y la representación sustantiva de las mujeres como colectivo identitario dentro del Congreso del Estado de Guanajuato. Con base en una investigación histórica, favorecida por la sistematización de documentación legislativa en el Archivo General del Congreso, abordaremos las circunstancias en que se promueve la ciudadanía de las mujeres, como votantes (la lucha sufragista) y como representantes (participación política de las mujeres). Para ello, en la primera parte del texto rescatamos los principales elementos del debate teórico de la representación política de las mujeres: la distinción de representación descriptiva (presencia) y representación sustantiva, y las figuras de mujeres símbolo, pequeña minoría y masa crítica. Estas nociones nos permiten establecer cuatro etapas de la evolución de la presencia y representación de las congresistas en Guanajuato considerando tres dimensiones de análisis: número de diputadas por Legislatura (en función del partido político postulante y el principio de representación política por el que fueron elegidas); las Comisiones en las que participan y la posición que ocupan en ellas (presidenta, secretaria o vocal), y el contenido de las iniciativas presentadas, relacionadas o no con la promoción de la agenda de género.

Consideraciones teóricas

La historia de la democracia es también la historia del sufragio universal: de la multicitada experiencia ateniense en la que la ciudadanía recaía solo en los varones residentes de la ciudad-estado que no tuvieran la condición de esclavos, la siguiente ampliación de la ciudadanía se produjo en la Inglaterra liberal cuando fueron incluidos los pequeños propietarios rurales; después, el sufragio se haría extensivo a todos los hombres, con independencia de su condición económica o de clase, legado de las revoluciones burguesas, e iría agregando las vindicaciones de luchas nacionales para incorporar a grupos étnicos, considerar un umbral etario menor y, por supuesto, la inclusión de las mujeres en dicha categoría.

El sufragio implica el reconocimiento de las dos dimensiones de este: activo, el derecho de votar en elecciones periódicas, y pasivo, el derecho de participar con una candidatura para ocupar un cargo popular. De esta manera, la inclusión hace referencia no solo a la voz que se alza en los procesos electorales en democracia, sino también a la presencia física en los órganos de gobierno, en específico en el Poder Legislativo.

La política de la presencia establece que los representantes deben tener ciertos atributos (étnicos, económicos, sociales, territoriales, etcétera) que se consideran característicos del conjunto de personas que se pretende representar; de esta manera, se supone que la discusión en los espacios de poder tenga referencia, de primera mano, de las circunstancias concretas de la población representada. En el momento en que se establecen vínculos con dicho grupo social, se marcan distinciones con otros grupos sociales, por lo que ^{Martínez y Garrido (2010}) asientan que también puede ser llamada política de la diferencia.

La condición de exclusión y subordinación de las mujeres las ha conjuntado como un grupo político identitario en búsqueda de su derecho al voto (movimientos sufragistas del siglo XIX y principios del XX) y de su derecho a ocupar los espacios de poder (movimientos de mujeres y feministas en la segunda mitad del siglo XX). La segregación histórica de las mujeres del ámbito político tiene como fundamento el argumento biológico de la diferencia sexual, que se traduce en desigualdad social (^{Ferrajoli, 2010}), y no en complementariedad entre los sexos, como muchas personas han sostenido: “la producción, en pleno desarrollo capitalista, queda en manos de los varones, junto con la administración jurídica y legislativa de las polis, mientras que la reproducción de la especie y de los cuerpos queda a cargo de las mujeres, sin remuneración alguna, en total dependencia del pater familias” (^{Errázuriz, 2014, p. 38}). La división sexual de las esferas pública y privada tiene como consecuencia que los asuntos de las mujeres sean etiquetados como parte de la vida “privada” y, por lo tanto, excluidos de la agenda política estatal. El lema feminista “lo personal es político” (^{Millet, 1970}) exige que la problemática de las mujeres sea discutida en los procesos políticos, en tanto implica relaciones de poder. Para ello, como lo expone la política de la presencia, es necesario que el colectivo “mujeres” lleve sus intereses a la tribuna a través de personas con las cuales comparte las características y las circunstancias que configuran el colectivo.

En teoría feminista, esa condición se conoce como “experiencia situada”. Por ejemplo, Patricia ^{Hill Collins (1998}) sostiene que ser mujer y afrodescendiente es una condición sine qua non para generar conocimiento sobre la situación de las mujeres negras, dada la importancia de haber vivido en carne propia la experiencia de la situación del grupo identitario. Las personas que pertenecen a ciertos colectivos de género, raza, edad o clase socioeconómica tienen mayor probabilidad de haber experimentado vivencialmente las condiciones de marginación de dichos colectivos y, por lo tanto, están comprometidas con sus demandas. “Men and women speak in a different voice” (hombres y mujeres hablan con una voz diferente. C. Gilligan, cit. en ^{Schlozman et al., 1995}).

Derivado de lo anterior, a partir del siglo XX, una parte importante de los grupos de mujeres y el movimiento feminista han marcado como asunto prioritario en su agenda la reducción de la brecha de desigualdad de género en los espacios de toma de decisiones. El principal indicador de esta brecha es el número de mujeres jefas de Estado o en posiciones ejecutivas (gobernadoras, presidentas municipales), el número de mujeres en los gabinetes ejecutivos y el número de mujeres en los cuerpos legislativos.

La mayor presencia o la ausencia de un número proporcional de mujeres en puestos de representación política configuran el significado social de éstas de un modo que afecta al conjunto global de mujeres […] Por tanto, porcentajes bajos de mujeres crean el significado social de que las mujeres no pueden gobernar o son inadecuadas para el gobierno. Asimismo, una mayor presencia de mujeres en política incrementa la autoestima de las mujeres y su capacidad para asumir roles de liderazgo (^{Lois y Diz, 2006, p. 40}).

La anterior cita deja ver dos efectos del fortalecimiento de la presencia de las mujeres en los espacios de poder: 1) el reconocimiento de una exclusión social histórica que, por justicia social, debe subsanarse con mayor presencia de mujeres en cargos de elección popular, y 2) la visibilización de las mujeres en dichos espacios produce el mensaje para el resto del grupo de que pueden desarrollarse en el ámbito político, como una alternativa viable, más allá de los roles sociales tradicionalmente asignados a las mujeres. Pero, para lograr estos dos efectos, como se menciona en la cita, el número de mujeres que participan es importante.

Gráfico 1 Presencia y representación sustantiva de las mujeres 

Drude ^{Dahlerup (1988}) realiza una de las aportaciones teóricas más importantes en materia de representación política de las mujeres basándose en los hallazgos de otro estudio igual de relevante en el área organizacional de 1977, Men and women of the corporation, de ^{Rosabeth Moss Kanter}. Su propuesta se resume en la comprobación empírica de que hay un umbral de cierto número de mujeres en las organizaciones políticas que les permite, como grupo, tener eficacia o peso político en la toma de decisiones. El tamaño importa, esto es, lo cuantitativo promueve el cambio cualitativo del poder. La diferencia entre una “pequeña minoría” y una “gran minoría” de mujeres la explica a través de dos conceptos centrales en su investigación: la figura de las “mujeres símbolo” (Kanter las había nombrado token) y la conformación de una “masa crítica”. Ser la única mujer en un grupo minoritario o solo unas cuantas mujeres les da a estas una posición de símbolos, explica ^{Dahlerup (1988, p. 280}), pues su presencia implica una evaluación permanente de su actuación como emblemática o característica del resto de las mujeres en política, de manera que, si se equivocan, da la razón a quienes se oponen a la inclusión de este grupo, pero si tienen éxito en su gestión, son mujeres “ejemplares”, casos destacados y excepcionales. Además, estas mujeres símbolo son solitarias; se desempeñan individualmente en la organización, distanciadas de los grupos que configuran mayorías y aun de las pocas mujeres que también participan. La autora llama “pequeña minoría” cuando estas conforman un grupo pequeño y comienzan a tener cierto peso, en especial en la formación de alianzas identitarias, pero se alinean a consideraciones partidistas o de intereses de los grupos mayoritarios.

La apuesta es lograr una “masa crítica”, esto es, el incremento de la cantidad de mujeres dentro de una organización política y un cambio cualitativo en las relaciones de poder, que al grupo percibido como minoritario le permita, por primera vez, utilizar los recursos de la organización o de la institución para la mejora de su propia situación y la del grupo al que pertenece (^{Dahlerup, 1988}). La proporción que se considera mínima para lograr esta transformación cualitativa es 30 por ciento. No es casualidad que las cuotas de género de representación política hayan comenzado con esta proporción, para después verse elevada a 40 por ciento y más tarde a la consideración paritaria. Gran parte de la literatura en materia de representación política de las mujeres ha comprobado el efecto determinante de la normatividad electoral que establece cuotas de género entre 30 y 40 por ciento para elevar el número de mujeres en los cuerpos legislativos (cf. ^{Archenti, 2011}; ^{Baldez, 2003}; ^{Fernández Poncela, 2011}; ^{Freidenberg, 2017}; ^{Gray, 2003}; ^{Huerta y Magar, 2006}; ^{Htun y Piscopo, 2014}; ^{Palma y Chimal, 2012}; ^{Reynoso y D’Angelo, 2006}; ^{Schwindt-Bayer, 2009}, entre otros).

Pero hay críticas importantes acerca de la suficiencia de la presencia de mujeres que ponen sobre la mesa la representación misma del colectivo identitario. El cuestionamiento básico es si un “cuerpo de mujer” es suficiente para inferir que esta ha hecho conciencia de la circunstancia de discriminación, desigualdad y violencia del grupo que “representa” y, por lo tanto, pueda abanderar sus intereses. La literatura sobre la representación política distingue entre la representación descriptiva, la presencia numérica de las mujeres en los espacios de poder y la representación sustantiva, la que se esperaría que caracterizara la masa crítica de mujeres que legislan o gobiernan “para mujeres”, a favor de una agenda de género (^{Saint-Germain, 1989}; ^{Jones, 1997}; ^{Henig y Henig, 2001}; ^{Barbieri, 2003}; ^{Lovenduski y Norris, 2003}; ^{Lois y Diz, 2006}; ^{Schwindt-Bayer, 2006}; ^{Zaremberg, 2009}; ^{Caminotti, 2013}; ^{Jones, Alles y Tchintian, 2012}; ^{Martínez y Garrido, 2013}; ^{Piscopo, 2014}). La base teórica de esta propuesta es el análisis clásico de la representación de Hanna ^{Pitkin (1967}), que explica que la representación descriptiva (la presencia) es condición suficiente para la inclusión, pero no trasciende al ámbito de la eficacia política como colectivo identitario; ello implicaría que las mujeres sostengan un posicionamiento distinto al de los hombres en ciertos temas de la agenda política (^{Lois y Diz, 2006}) como, por ejemplo, los relacionados con la niñez y la familia, el consumo y el medio ambiente, la violencia doméstica, comunitaria e internacional, los derechos humanos y las necesidades básicas (^{Schlozman, Verba y Donahue, 1995}). Sin embargo, la autora observa que las mujeres electas, aunque constituyan “grandes minorías”, no logran cumplir con las expectativas de la representación, o en caso de abordar los temas, se alinean a la perspectiva masculina.

Podemos mencionar dos razones principales de la alienación de las mujeres políticas con su grupo identitario de género. En primer lugar, la interseccionalidad versus la suficiencia de la diferencia biológica para sustentar la identidad de grupo. En feminismo, este concepto es indispensable para revertir del imaginario colectivo de “mujer”, categoría que nos remite a un grupo homogéneo, en el que biología es destino, y para reconocer la amplia diversidad de las “mujeres” debido a la interacción de categorías fisiológicas, económicas, sociales y culturales: edad, raza, etnia, clase social, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, religión, etcétera (^{Crenshaw, 1991}; ^{Hill Collins, 2000}). Es decir, siguiendo la misma lógica de la experiencia situada, la presencia de mujeres es condición, pero no suficiente, para representar de manera sustantiva la complejidad de conjunto heterogéneo de individuos cruzados por todas estas categorías sociales. Emma ^{Wills (2007}) nos advierte del peligro de considerar que el colectivo identitario es una comunidad fija, cohesionada en torno a esencias inmutables; al contrario, los procesos de identidad colectiva son dinámicos en tanto se basan en alianzas estratégicas en búsqueda de objetivos específicos, que cambian a lo largo del tiempo (^Mouffe,1999).

En segundo lugar, la inclusión puede confundirse con adaptación o asimilación de la lógica del grupo mayoritario, de manera que la representante deja atrás los atributos o condiciones sociales que la excluían, para “adaptarse” a los principios, normas y criterios hegemónicos disfrazados de universales. De esta manera, muchas mujeres abandonan la encomienda de la agenda de género o de mujeres, esto es, el sentido o contenido de la misma representación que las llevó hasta ahí. Las “recién llegadas” pueden ser silenciadas y sentirse frustradas si no se organizan como colectivo y sistematizan sus problemáticas y demandas en una agenda específica. Generalmente, no se sienten comprometidas de manera directa con un grupo de electoras; la lealtad se dirige al partido con su agenda política definida. Además, reconozcamos, las cuotas de género no garantizan posiciones estratégicas o de liderazgo en los partidos políticos, y las dirigencias de estos han sido y siguen siendo predominantemente masculinas (cf. ^{O’Brien, 2015}; ^{Kerevel, 2015}). Aunado a lo anterior están las limitaciones intrínsecas de la arena electoral que, en países como el nuestro, aún limitan o violentan los derechos políticos de la ciudadanía y menguan la calidad de la democracia, en específico la herencia de valores autoritarios, la corrupción e impunidad.

La representación sustantiva, entonces, se distingue de la presencia o representación descriptiva porque implica la conformación de una agenda común del grupo estratégicamente conformado por una identidad; esa agenda política es central para el cambio cualitativo de las relaciones de poder que mencionaba Dalherup. Desde 1979, Elsa ^{Chaney ([1979] 1983}) llamaba “supermadres” a las mujeres políticas de América Latina, precisamente por haber observado cómo desarrollan tareas que son consideradas femeninas como el cuidado infantil, la educación, el bienestar social, la salud y los asuntos culturales. En específico sobre la labor de las legisladoras, Michelle ^{Saint Germain (1989}) afirma que las iniciativas de las legisladoras de Arizona se concretaban a áreas tradicionales de interés de mujeres, pero distingue aquellas iniciativas que eran productos propiamente feministas, que tenían como propósito la búsqueda de la igualdad y la mejora de la situación de las mujeres.

De esta manera, la literatura ha hecho una distinción entre los temas adjudicados socialmente a las mujeres y los temas que conforman la agenda de género. Daniela ^{Zaikoski (2012, p. 85}) define esta agenda como el conjunto de temas vinculados a “políticas que tomen conciencia de la desigualdad de las mujeres; que otorguen apoyos a su búsqueda de autonomía o que ratifiquen un compromiso con el cambio y mejora de su estatus social”. En este sentido, el posicionamiento de la agenda de género es la expectativa de representación sustantiva de las mujeres que logran colocarse en posiciones de toma de decisiones. Si en la agenda tradicional de mujeres encontramos temas como la maternidad o la violencia contra las mujeres, la agenda con perspectiva de género retoma el contenido de la propia agenda legislativa o un plan de gobierno analizando las circunstancias que reproducen brechas de desigualdad en los ámbitos político, económico-laboral, educativo, de salud, etcétera; se trata de una mirada “transversal” de género a los problemas sociales, económicos y políticos. En México, ^{Tapia (1999}), ^{Fernández Poncela (2004}, ²⁰¹¹), ^{Zaremberg (2009}), ^{Piscopo (2014}) y ^{Cerna (2015}), entre otras, han encontrado, en sus respectivos estudios sobre las diputadas federales, que estas son las principales iniciadoras de propuestas legislativas a favor de las mujeres, aunque con importantes influencias y limitantes que obstaculizan o dan sentido a sus propuestas y votación.

Después del marcado interés académico por la presencia o representación descriptiva (que tuvo una innegable influencia en la propuesta de las cuotas de género, su defensa y, más tarde, posicionamiento en la democracia paritaria), las estudiosas han comenzado a prestar mayor atención a la representación sustantiva, principalmente a la adscripción en ciertas comisiones legislativas (de temas sectoriales que pueden ser vistos con otra mirada “de género”, los tradicionales de mujeres o relacionados con la agenda histórica feminista) y al contenido de las iniciativas presentadas por mujeres de un partido, de varios partidos políticos o en alianza con otros legisladores. Todos estos son indicadores significativos para inferir que su presencia en las asambleas trasciende a la representación sustantiva del colectivo.

Aunque gran parte de las investigaciones se han centrado en la representación descriptiva y la representación sustantiva de algunas Legislaturas federales y en estudios longitudinales del Congreso federal, encontramos interesantes estudios del impacto de las cuotas de género, en cuanto a la presencia de mujeres, en los Congresos de las entidades federativas (^{Pacheco, 2006}; ^{ONU-Mujeres, 2013}; ^{Hernández, 2017}; ^{Mirón, 2017}; ^{García, 2019}). De manera más específica, destacan tres investigaciones acerca de la representación política de las mujeres en Guanajuato: el primero, de carácter histórico, sobre la lucha por el sufragio femenino hasta la elección de la primera diputada en el Congreso estatal (^{Cueva y Reyes, 2013}), pero no analiza la participación legislativa de las mujeres; una exhaustiva tesis de licenciatura de la Universidad de Guanajuato que recobra solo la dimensión descriptiva de las diputadas en el Congreso de 1994 al 2012 -evidenciada en la integración y participación en comisiones-, que daría pie a la publicación de un cuaderno de trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Guanajuato (^{De la Luz, 2012}); y el trabajo de Ma. Aidé ^{Hernández (2019}) sobre la LXIII Legislatura del Congreso estatal que da elementos tanto de la representación descriptiva como de la representación sustantiva, mediante el análisis de las principales reformas legislativas en la agenda de las mujeres en ese periodo.

La principal aportación del presente trabajo radica en que se trata de un análisis longitudinal (1965-2018), que hace posible el establecimiento de una clasificación por etapas de la presencia y la participación de las mujeres en el Congreso de Guanajuato, basado en los elementos cuantitativos (descriptivos) y cualitativos (sustantivos) de la representación política de las mujeres (véase el gráfico 2). Se puede identificar una primera etapa (1965-1979) en la que solo se integraba una mujer por Legislatura, como una especie de participación simbólica en el régimen de partido único priista y con poca actividad legislativa en general y nula en temas de género. Una segunda etapa (1979-1997), con un aumento discreto de mujeres por Legislatura y en un contexto político diferente provocado por la reforma electoral de 1977, que introdujo el principio de representación proporcional y dio cabida a los diputados de partido o plurinominales, pero con la persistencia de la representación simbólica de mujeres, con poco peso en temas de mujeres. Una tercera etapa (1997-2015), caracterizada por la alternancia política y un breve periodo de gobierno dividido, y después, el predominio del Partido Acción Nacional (PAN) en el Legislativo, con una “pequeña minoría” de mujeres, provocada principalmente por las cuotas de género electorales, que marca el inicio de la agenda de género legislativa en Guanajuato. Finalmente, la cuarta etapa, que incluye las dos últimas Legislaturas, marcada por una mayor eficacia de las cuotas de género y el principio de paridad de género en la selección de candidaturas (la cual se logró en 2018), en un contexto político de predominio panista, pero con mayor presencia de otros partidos políticos, en donde constatamos una representación sustantiva (posicionamiento de temas de género de forma cotidiana) de las diputadas de la entidad.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Archivo General del Congreso del Estado de Guanajuato.

Gráfico 2 Etapas de la presencia y representación de diputadas propietarias en el Congreso de Guanajuato (1965-2018) 

La investigación comprendió la revisión de los libros de actas de sesiones del Archivo General del Congreso para el periodo 1964-1994 con objeto de constatar la integración del Congreso, la participación en Comisiones, las actividades legislativas y las iniciativas presentadas por las diputadas. Después se depuró una base de datos electrónica con todas las iniciativas presentadas de 1994 a 2018, con el fin de obtener solo las presentadas por diputadas y clasificarlas en: temas tra-dicionales de mujeres, temas de agenda de género y otros temas en los que tienen trabajo parlamentario.

Ciudadanía, presencia y representación de las mujeres en el Congreso de Guanajuato

En Guanajuato, desde 1917 se concedía el ejercicio del voto en elecciones municipales a las mujeres que cubrieran alguna de las siguientes condiciones: que fueran profesionistas, tuvieran establecimientos mercantiles o industriales abiertos, vivieran de sus rentas, tuvieran propiedades inmuebles y, además, comprobaran que sabían leer y escribir. La ciudadanía era exclusiva de los varones, con la consideración de la relación edad-estado civil (a los 18 años si estaban casados y a los 21 si eran solteros) para votar y ocupar cargos de elección popular. Se permitió el voto de las mujeres en el espacio local por su vinculación con el desarrollo de sus roles tradicionales de cuidado del hogar y de los hijos (^{Lau, 2011}; ^{Rodríguez Bravo, 2013}).

En 1935 se conformó en México el Frente Único Pro Derechos de la Mujer con una cantidad muy importante de mujeres intelectuales, profesionistas, veteranas de la Revolución de todos los estados de la República y diferentes corrientes ideológicas y partidistas (^{Tuñón, 2002}). Bajo el estandarte del voto a las mujeres, había consideraciones de mejora de los servicios médicos para atender la maternidad, la igualdad salarial o la lucha contra la pobreza. En el marco de este movimiento sufragista, Soledad Orozco fue postulada como candidata por el Partido Nacional Revolucionario (PNR) a diputada por León, Guanajuato. Sin embargo, no tuvo éxito en la empresa, principalmente por el temor de los varones de que las mujeres apoyaran a los sectores más conservadores respaldados por la cúpula eclesiástica (^{Cuevas y Reyes, 2013}).

No sería hasta 1965 cuando se reconocería el sufragio universal para mujeres y varones en la Constitución Política del Estado de Guanajuato, doce años después de la reforma constitucional federal. Estos datos contrastan con la participación de las primeras legisladoras registradas como suplentes de diputados en el Congreso del estado: la profesora Elisa López López se registró como suplente del licenciado Pedro F. Ortiz en la XLIII Legislatura (1956-1959). Había dos mujeres más suplentes en la siguiente Legislatura, Esperanza García Rodríguez y Margarita Camacho de la Paz. En 1965 se eligió a la profesora Margarita Solís Rangel como la primera mujer diputada propietaria del Congreso de Guanajuato por el Distrito IV. Es probable que la participación de estas cuatro mujeres postuladas por el Partido Revolucionario Institucional (una propietaria y tres suplentes) antes de la reforma constitucional local del sufragio universal se haya debido a la influencia y la presión política tras la reforma constitucional de 1953 en el nivel federal. De hecho, el sufragio femenino, así como la eliminación de la distinción entre personas casadas y solteras, fue aprobado cuando se tenía a una mujer como integrante del Congreso de Guanajuato.

Reflexiones finales

El presente análisis se basa principalmente en la numeralia de la composición del Congreso, Comisiones e iniciativas presentadas, elementos relacionados con el corpus teórico del fenómeno que se investigó. La información se obtuvo a partir de la generación de extensas bases de datos de prácticamente todas las Legislaturas en las que participaron las mujeres. Sin embargo, es importante señalar que dicha numeralia presenta limitaciones de interpretación, pero estas constituyen, a la vez, importantes áreas de oportunidad para la investigación científica.

En primer lugar, el análisis menciona (pero no profundiza en estas) muchas consideraciones del contexto electoral, político, económico y social de cada periodo estudiado. Sirvieron de referencia los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y las reformas político-electorales que implementaron las cuotas y la paridad de género, mas quedaron fuera acontecimientos específicos relacionados con la fuerza de los movimientos de mujeres y feministas, las alianzas y las negociaciones de las agrupaciones de mujeres en el proceso de democratización del país especialmente, la conformación de bastiones partidistas en las regiones y la alternancia política que vivieron a partir de la década de los noventa, etcétera. En este sentido, la clasificación presentada en este artículo debe utilizarse como una guía para desentrañar las consideraciones mencionadas y dar mayor contexto a la descripción de la presencia y representación de las diputadas.

En segundo lugar, los datos obtenidos tienen limitaciones para la generación de aseveraciones determinantes. Un ejemplo de ello es que, si bien las reformas electorales influyen en la composición del Congreso, dicha influencia no es directa, dado que no exponemos el número total de candidaturas presentadas por cada partido político por ambos principios de representación política y, por lo tanto, las mujeres que quedaron fuera a causa de la preferencia del electorado.

Otra limitación se encuentra en el análisis de las iniciativas presentadas por las diputadas. La revisión de la base de datos incluyó todas aquellas palabras clave de los títulos o asuntos de las iniciativas relacionadas con la agenda de género; sin embargo, esta no nos permitió conocer el posicionamiento de las legisladoras en estos temas (una iniciativa sobre la interrupción del embarazo puede ser a favor o en contra del aborto legal). Debido a esta limitación, no es posible analizar las principales discusiones en torno a la problemática de género, pero sí tenemos la referencia identificada por Legislatura y número de iniciativas presentadas relacionadas con cada tema.

La tercera limitante de esta investigación, centrada en la numeralia de las diputadas del Congreso, es la omisión consciente de la representación de los varones. A diferencia de las mujeres, estos no tienden a constituirse como colectivo a partir de la identidad de género, sino por otras características, económicas, sociales o materiales. No obstante, debemos recordar que la transformación social se impulsa desde los colectivos de mujeres, pero debe tener efecto en la percepción y actuación de los hombres. Esto es, el fortalecimiento de la representación de las mujeres en los espacios legislativos tiene como propósito cambiar las relaciones de poder y, con ello, erradicar la visión androcéntrica de análisis y resolución de los problemas sociales. Dicha visión no es parte de la esencia de los hombres, por lo que se aspira a que estos transformen sus propios parámetros de representación a favor de condiciones igualitarias para ambos sexos. La numeralia basada en mujeres no permite analizar la evolución del interés de los diputados en la agenda de mujeres o si las diversas temáticas son abordadas desde la perspectiva de género.

Habiendo reconocido las anteriores limitaciones, la aportación principal de esta investigación es la sistematización de dicha numeralia en torno a conceptos teóricos básicos que nos permiten tener un panorama general de la evolución de la participación política de las mujeres en Guanajuato, en específico en los espacios de deliberación legislativa. Esta investigación, asimismo, posibilita la comprensión de la trascendencia de las cuotas electorales para la generación de una masa crítica de diputadas que posicionó importantes temas de la agenda de género en las Legislaturas, y posibilita, también, el vaticinio de efectos de la ingeniería electoral en los futuros procesos electorales.

Finalmente, al hacer propia la crítica de la presencia o representación descriptiva expuesta en el apartado teórico, y al resaltar la importancia de que las diputadas adopten su condición identitaria para posicionarse a favor de las mujeres como colectivo, presentamos argumentos para continuar con las políticas estatales de promoción política de las mujeres y su formación (no solo capacitación) en perspectiva de género. Organizaciones gubernamentales y civiles, partidos políticos e instituciones educativas deben proporcionar plataformas de conocimiento y análisis para las mujeres políticas que las conduzca a la identificación de estrategias para la reducción de las brechas de desigualdad de género, y al compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres.