Introducción

Al término de la Segunda Guerra Mundial, en Europa emergieron diferentes formas de organización político-económica que tenían en común la premisa de que el Estado debía centrar su atención en el pleno empleo, en el crecimiento económico y en el bienestar de los ciudadanos, manteniendo en un entorno regulado los procesos del mercado y las actividades empresariales (^{Harvey, 2005}).

Esta política económica generó altas tasas de crecimiento económico durante las décadas de los cincuenta y los sesenta, debido a beneficios como la expansión de mercados de importación (^{Harvey, 2005}); sin embargo, las tasas de desempleo y la inflación se dispararon a finales de los setenta, periodo en el que comenzó una reestructuración económica, que, para ^{Retamozo (2010, p. 98}), “es la adopción de medidas tendientes a privilegiar al libre mercado como mecanismo de coordinación social, conocidas también como neoliberalismo”.

Así, las diversas transformaciones globales han propiciado nuevas o renovadas relaciones laborales que establecen formas de trabajo inusuales en los empleos asalariados, lo que ha ocasionado que el concepto de empleo precario adquiera relevancia internacional (^{Rodgers, 1989}).

De esta manera, a partir de los años ochenta, la precariedad laboral se ha presentado como un concepto que comprende los diversos cambios ocurridos en las relaciones laborales de los trabajadores asalariados. En México, y en particular en el Estado de México, la precariedad laboral se ha acentuado de manera marcada, por lo que estudiar este fenómeno permite conocer aspectos centrales de las condiciones laborales adversas que predominan en la entidad mexiquense.

En este contexto, el objetivo de este artículo es analizar los aspectos de precariedad laboral de los trabajadores asalariados en el Estado de México en 2015. Este artículo se estructura en cinco secciones. Se presentan, en primer lugar, los antecedentes de la precariedad laboral; en segundo lugar, la revisión conceptual de la precariedad laboral con la finalidad de definir conceptualmente este fenómeno; en tercer lugar, la metodología que se emplea para obtener el índice de precariedad laboral; en cuarto lugar, el contexto sociodemográfico y laboral del Estado de México en 2015; en quinto lugar, el análisis de la precariedad laboral en tres grupos de trabajadores: no precario, precario medio y precario alto. Por último, se enuncian las conclusiones de esta investigación.

Antecedentes de la precariedad laboral

A partir de la década de los cuarenta comenzó una organización político-económica conocida como Estado de Bienestar, en la que el Estado intervenía de forma activa en la política industrial, se implicaba en la consolidación de fórmulas establecidas del salario social¹ y concentraba su atención en el pleno empleo, en el crecimiento económico y en el bienestar de los ciudadanos, desplegándose libremente el poder estatal junto con los procesos del mercado (^{Harvey, 2005}).

De esta manera, los trabajadores de inicios de los cuarenta se veían beneficiados por las nuevas políticas que les permitían mejorar las condiciones de trabajo a las que se encontraban expuestos, debido a que el modelo de Estado de Bienestar giraba en torno a la extensión de derechos laborales y prestaciones. ^{Standing (1999}) resume este modelo político-económico en tres elementos principales: la extensión de la seguridad individual, el crecimiento del ingreso social y la extensión de una justicia distributiva a grupos marginados o excluidos del proceso laboral.

Sin embargo, los buenos resultados obtenidos con el modelo de Estado de Bienestar comenzaron a presentar fallas tanto a escala internacional como nacional al final de los años sesenta. Esto se debió a una crisis de acumulación de capital que se caracterizó por una caída generalizada de la tasa de ganancia, una reducción de los niveles de inversión y un estancamiento de la productividad, con lo que disminuyó, en cada ciclo, la participación de los asalariados, lo cual los empobreció, y permitió paralelamente un proceso de acumulación capitalista (^{Harvey, 2005}).

En este contexto, la influencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial dio inicio al establecimiento de nuevas políticas económicas con el objetivo de mermar los efectos catastróficos del modelo anterior, políticas a las que se les dio el nombre de neoliberalismo.

El neoliberalismo es una serie de políticas económicas que se basan en la afirmación de que la mejor forma de fomentar el bienestar del ser humano consiste en el libre desarrollo de las capacidades y de las habilidades empresariales del individuo, políticas que se encuentran en un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio (^{Harvey, 2005}). Además, las medidas que caracterizan al neoliberalismo son la apertura a nuevas formas de competencia global, la desregulación del mercado, las privatizaciones, la reorganización espacial de la producción y la flexibilización laboral (^{Retamozo, 2010}).

Desde la perspectiva laboral, los cambios que trajo consigo el modelo neoliberal permitieron que los trabajadores se vieran expuestos a condiciones desfavorables. Entre estos cambios están una disminución de los salarios, el aumento de la inseguridad laboral y la pérdida de beneficios y de las formas de protección laboral que existían en la anterior organización político-laboral (^{Harvey, 2005}).

Es importante señalar que la implementación del modelo económico neoliberal se produjo de forma diferente en cada una de las economías del mundo. Este proceso fue más tardío en los países en vías de desarrollo, debido a las características sociales y económicas de las regiones.

En América Latina, el evento que propició la instalación de las bases del neoliberalismo fue el golpe de Estado en contra del primer gobierno socialista de Chile en la década de los setenta. A partir de ese momento, el país comenzó a recibir asesorías en materia de reformas económicas por parte de las élites neoliberales, las cuales fueron transferidas de diferentes formas hacia los países vecinos (^{Puello-Socarrás, 2015}).

Sin embargo, no fue hasta 1982 cuando el modelo neoliberal se generalizó en la región latinoamericana como consecuencia de la crisis de deuda externa a inicios de los años ochenta. Cuando los bancos transnacionales cerraron el acceso al crédito externo, los países latinoamericanos se vieron obligados a reorientar sus sistemas productivos hacia el mercado exterior para poder así conseguir las divisas que anteriormente se obtenían de los mercados multinacionales (^{Guillén, 2014}).

Al mismo tiempo, los países en vías de desarrollo que solicitaron créditos a los bancos de inversión de Nueva York se vieron en una situación de impago, lo que ocasionó que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial exigieran a las economías endeudadas que implementaran reformas institucionales como recortes al gasto social o la creación de legislaciones más flexibles del mercado del trabajo, con la promesa de una refinanciación de su deuda (^{Harvey, 2005}).

Es así como en América Latina se cambió el modelo de sustitución de importaciones² y se optó por tomar las políticas propuestas en el neoliberalismo. De acuerdo con ^{Añez (2009, p. 198}), “este proceso de reconversión es el paso fundamental para crear las condiciones a la inversión extranjera” permitiendo una apertura económica a las empresas transnacionales, lo que ocasiona “un desmantelamiento de la legislación social, la desregularización de los mercados de trabajo […] imponiendo modalidades de contratación laboral que debilitan al trabajador como clase social y a las organizaciones sindicales”.

De esta manera, se hizo presente una tendencia dirigida hacia una reglamentación desfavorable para los trabajadores institucionalizando la flexibilización (^{Añez, 2009}), que, de acuerdo con ^{Rodgers (2007, p. 1}), “fue parte de la estrategia propuesta por la OCDE en sus estudios sobre el trabajo en 1994, y de los puntos del FMI, el cual argumentaba que la flexibilización de los mercados laborales es la llave para la creación de empleos”.

Esta tendencia, conocida como flexibilidad laboral, “puede ser definida como la habilidad de los mercados de trabajo para adaptarse y responder al cambio” (^{Rodgers, 2007, p. 2}). De igual forma, es vista como la modificación de la organización y el tratamiento del trabajo dirigidos principalmente a reducir el costo laboral, sin que exista una protección del Estado o de los sindicatos. Además, esta reestructuración de las condiciones laborales tiene como finalidad hacer funcional los mercados laborales a las nuevas condiciones de la economía y a las exigencias de capital (^{Añez, 2009}).

México no estuvo al margen de este conjunto de cambios en la estructura de la economía mundial. En el sexenio de 1988 a 1994 se decretó la apertura de la cuenta de capitales y se aceleró un amplio programa de privatización de empresas estatales, además de que en 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por medio del cual se fomentó en el país la institucionalización de la reforma neoliberal (^{Guillén, 2014}). De igual forma, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) dictaron recomendaciones a México para eliminar el exceso de burocracia dirigiendo el papel del Estado solo a garantizar seguridad (^{Macías, 2003}).

Es de esta manera como en el mundo y en México han ocurrido cambios en la estructura económica que han afectado la composición de los mercados de trabajo actuales. Derivado de los cambios político-económicos en la esfera internacional, se produjeron procesos de reestructuración socioproductiva en el nivel empresarial que tuvieron como consecuencia la aparición del fenómeno de precariedad laboral (^{Mora, 2012}).

Revisión conceptual de la precariedad laboral

Uno de los precursores del concepto de precariedad laboral fue ^{Rodgers (1989}), quien planteaba que la flexibilidad laboral permitió la aparición de condiciones adversas para los trabajadores (^{Diana, 2010}).

En Europa, el debate acerca del empleo precario tuvo relevancia a consecuencia de diferentes acontecimientos a finales de los años setenta en países como Inglaterra, Francia o Alemania. Entre estos acontecimientos están el aumento de las tasas de desempleo y el incremento de formas de empleo no estándar como trabajo temporal, trabajo de medio tiempo, empleo indirecto, autoempleo, outworking³ y trabajos en la economía informal (^{Rodgers, 1989}).

Aunado a lo anterior, ^{Rodgers (1989}) identifica cuatro factores que se deben tomar en cuenta al momento de explicar la condición de los cambios estructurales en el mercado laboral. El primer factor es el alto porcentaje de desempleo en los últimos años. El segundo, la estructura empresarial, respecto del modelo de empresa flexible, modelo en el que las empresas siguen una estrategia de contratar un grupo seguro de trabajadores de planta y un grupo periférico de trabajadores temporales, trabajadores a domicilio y subcontratistas. El tercer factor es el marco institucional de los mercados laborales, en donde el Estado ha permitido una desregulación en los mercados laborales que ha propiciado y acelerado el proceso de flexibilidad de las empresas en el uso de la mano de obra. Por último, el factor del estatus de los individuos, en el que los cambios en el mercado laboral corresponden a los tipos de empleos que la fuerza de trabajo entrante se encuentra buscando.

Cabe destacar que el modelo de flexibilización abordado en el trabajo de Rodgers también es considerado por ^{Pollert (1988, p. 281}), quien afirma que “las desregularizaciones de los mercados de trabajo internacionales buscan eliminar las rigideces en los empleos como parte de la premisa neoliberal de un libre mercado”.

De acuerdo con ^{Pollert (1988}), este modelo de firma flexible o empresa flexible presenta dos tipos de flexibilidad. Una flexibilidad funcional en el proceso de trabajo y tiempo, en términos de un ajuste más cercano a las demandas de producción, y una flexibilidad numérica, en la que los trabajadores pueden o no tener una relación directa con la empresa. Además, De la Garza (1993, cit. en ^{Pérez, 2002}) considera otro tipo de flexibilidad, la salarial, en la que los ingresos de los trabajadores se adecuan según los niveles de productividad.

Reafirmando lo expuesto en líneas anteriores, ^{Mora (2012}) menciona que la aparición de la precariedad laboral fue resultado de la conjunción de tres procesos que afectaron las relaciones capital-trabajo y la dinámica de los mercados laborales: 1) las políticas de flexibilización laboral basadas en estrategias de reorganización de los sistemas productivos mediante un cambio de modelo de producción y una reducción de costos laborales para que las empresas se vuelvan más competitivas; 2) la desregularización de los mercados laborales como resultado de los procesos de liberación económica, y 3) la crisis de representación y la acción colectiva en el ámbito laboral, lo que ha significado la disminución del poder de negociación de los sindicatos.

Además, Mora sostiene que “el cambio de modelo de acumulación, la reestructuración económica y la flexibilización de las relaciones laborales han propiciado un mayor desbalance de poder en los mercados de trabajo, lo cual se ha traducido en un deterioro de las condiciones de trabajo y, por tanto, en una mayor expansión del empleo precario” (^{2009, p. 206}).

A partir de estas trasformaciones, diversos investigadores estudiaron conceptualmente la precariedad de los mercados de trabajo. ^{Guadarrama et al. (2012, p. 214}) señalan que “la nueva centralidad del trabajo se caracteriza por su condición inestable e insegura, y a esto le llaman precariedad”.

Una definición de precariedad laboral es enunciada en el trabajo de Fudge y Owens (2006, cit. en ^{Countouris, 2010, p. 6}): “es el empleo que se aleja del modelo normativo de la relación de empleo estándar (el cual es una relación de empleo de tiempo completo y de duración indefinida) y que es mal pagado e incapaz de mantener un hogar”. En cuanto a los mercados laborales, se realizaron diferentes estudios que intentaban explicar el alcance de estas nuevas condiciones en las relaciones laborales.

Los diferentes expertos en el tema concuerdan en que la precariedad laboral puede ser vista como un fenómeno multidimensional (^{Rodgers, 1989}; ^{Oliveira, 2009}; ^{Rubio, 2010}; ^{Mora, 2011}; ^{Guadarrama, 2012}). Estas dimensiones abarcan diferentes condiciones a las que los trabajadores se ven expuestos a consecuencia de los cambios en el mercado de trabajo. Para ^{Rodgers (1989}), estas condiciones se clasifican en cuatro dimensiones: inestabilidad, falta de protección, inseguridad y vulnerabilidad económica.

Otras dimensiones han sido propuestas por diferentes autores. En el trabajo de ^{Mora (2011}) se exponen tres dimensiones: inestabilidad, inseguridad e insuficiencia de ingresos. Es importante señalar que la dimensión de inseguridad propuesta por este autor abarca dos elementos: inseguridad y falta de protección social, la cual se refiere al ámbito de la desprotección laboral, vista como el incumplimiento de leyes de seguridad, salud y organización.

Por otro lado, para ^{Guadarrama (2012}), la precariedad laboral comprende cuatro dimensiones: temporal, organizacional, protección social e ingresos. Esta propuesta se diferencia de las anteriores por la dimensión organizacional, que versa sobre condiciones en el trabajo como los puestos de trabajo que se ocupan o las jornadas laborales.

Se puede observar que los autores anteriormente mencionados concuerdan en incluir las dimensiones de inestabilidad e ingresos al momento de definir el fenómeno de precariedad laboral, además de que cada dimensión se ve complementada con las diferentes definiciones y puntos de vista de los expertos.

En el trabajo de ^{Rubio (2010}), además de plantear las dimensiones de temporalidad, desprotección laboral e insuficiencia salarial, propone una dimensión de vulnerabilidad, definida como la degradación de las condiciones de trabajo, vista como empleo en las calles o trabajos en condiciones insalubres y con riesgo para la salud del empleado.

Como se ha expuesto en las líneas anteriores, la multidimensionalidad del fenómeno de precariedad laboral hace difícil llegar a una única forma de plantearlo y hace que existan diferentes formas de conceptualizarlo.

Para fines de esta investigación, se han elegido tres dimensiones, las cuales se consideran adecuadas para definir el fenómeno de precariedad laboral. En primer lugar, la dimensión de inestabilidad, que se refiere al nivel de certeza de la continuidad de los trabajadores en el mercado laboral (^{Rodgers, 1989}), dimensión que se asociará con la variable de contrato de trabajo.

En segundo lugar, la dimensión de insuficiencia de ingresos, que se relaciona con los niveles salariales por debajo del mínimo requerido para tener acceso a alimentación, salud y vivienda (^{Rubio, 2010}). Esta dimensión se asociará con la variable de salario mínimo.

Por último, la dimensión de protección laboral, que se utiliza con la finalidad de dilucidar si los trabajadores de la entidad cuentan con apoyo en caso de eventos contingentes (^{Rodgers, 1989}; ^{Oliveira, 2009}; ^{Guadarrama, 2012}), y se asociará con las variables de acceso a servicios de salud, prestaciones, jornada laboral y tamaño de la empresa.

La elección de estas dimensiones responde a tres aspectos. En primer lugar, son las abordadas en los trabajos de la mayoría de los expertos en el tema; en segundo lugar, estas dimensiones abarcan elementos que exponen la calidad del trabajo de los empleados asalariados, y, en tercer lugar, la información necesaria para definir a cada una de las dimensiones seleccionadas es asequible.

Aunado a lo anterior, una de las limitantes del concepto de precariedad laboral es que su estudio se ciñe a los trabajadores asalariados, debido a que este tipo de empleos son los que sufrieron los principales cambios en las relaciones laborales. Por lo que, para esta investigación, se estudia la precariedad laboral solo de los trabajadores asalariados.

Una vez definido el concepto de precariedad que orienta esta investigación, se expone la metodología empleada para analizar la precariedad laboral en el Estado de México en 2015.

Metodología: análisis de la precariedad laboral

Como se mencionó anteriormente, la precariedad laboral se define como un concepto multidimensional que permite abordar diversas condiciones laborales. En este sentido, para el análisis de la precariedad laboral en esta investigación, se optó por la utilización de dos técnicas estadísticas: el análisis de componentes principales y el análisis de conglomerados.

La naturaleza multidimensional del concepto de precariedad laboral es causa de que la presente investigación use el análisis de componentes principales (ACP) para sintetizar la información. Lo anterior se sustenta en que la precariedad laboral aborda diversas variables que dificultan el análisis en su conjunto, por lo que el análisis de componentes principales reduce el número de variables y de relaciones entre estas, con una pérdida mínima de información (^{Alonso, 2005}).

Un elemento importante del ACP es que no exige supuestos como normalidad u homocedasticidad; sin embargo, se sugiere el uso de pruebas como el índice de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett, que determinan la viabilidad del análisis.

El estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin, conocido como KMO, compara los valores de las correlaciones entre las variables, así como sus correlaciones parciales. De esta manera, es posible medir la relación existente entre dos variables de interés sin tomar en cuenta el efecto que tienen las variables restantes. Este estadístico toma valores de 0 a 1; mientras más se acerca a 1, el ACP se hace más factible.

En lo que respecta a la prueba de esfericidad de Bartlett, esta permite comprobar si la correlación entre las variables analizadas es lo suficientemente fuerte para justificar el uso de los componentes principales, partiendo de la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz de identidad, lo cual indica que las variables están incorrelacionadas significativamente.

Los componentes principales obtenidos muestran propiedades importantes como la de conservar la variabilidad inicial, o que la suma de las varianzas de los componentes principales es igual a la suma de las varianzas de las variables originales.

En resumen, ^{Abdi (2010}) expone cuatro objetivos del análisis de componentes principales, a saber: 1) extraer la información más importante del conjunto de datos; 2) comprimir el tamaño del conjunto de datos manteniendo solo la información más relevante; 3) simplificar la descripción del conjunto de datos, y 4) analizar la estructura de las observaciones y de las variables.

La segunda herramienta utilizada en esta investigación es el análisis de conglomerados (AC), que es una técnica estadística multivariante que posibilita la agrupación de los casos o de las variables de un conjunto de datos en función de la similitud entre ellos. Un conglomerado se define como una combinación de objetos con características parecidas, que se encuentran separados de objetos con diferentes características; así, se presenta una homogeneidad interna y una heterogeneidad externa (Tufféry, 2011). El AC permitió la clasificación de los trabajadores asalariados del Estado de México de acuerdo con tres niveles de precariedad: precario alto, precario medio y no precario.

Contextos sociodemográfico y laboral del Estado de México en 2015

Contexto sociodemográfico

Para el segundo trimestre de 2015, de acuerdo con datos del ^{INEGI (2015}), el Estado de México era la entidad federativa de mayor población en la República Mexicana, con 16 839 285 habitantes, que representan casi 14 por ciento del total nacional.

De esta población, 48 por ciento son hombres y 52 por ciento son mujeres (^{INEGI, 2015}). Existe una relación hombre-mujer de 93 hombres por cada 100 mujeres que habitan en la entidad, lo que da cuenta de un predominio considerable de la población femenina.

Asimismo, la población de la entidad mexiquense se caracteriza por un número amplio de jóvenes. En la gráfica 1 se muestra la pirámide poblacional del Estado de México por grupos quinquenales de edad. Se observa que parte importante de la población de la entidad es población joven (de 15 a 24 años), que representa 17.9 por ciento del total de la población (^{INEGI, 2015}). Es decir, dos de cada diez mexiquenses se encuentran en este grupo de edad. Asimismo, la edad media de la población mexiquense es de aproximadamente 31 años.

Gráfica 1 Pirámide poblacional por grupos de edad del Estado de México, 2015 

Los grupos quinquenales en los que la población femenina mexiquense supera a la masculina son aquellos considerados para la ponderación de la población económicamente activa (PEA), a excepción de los grupos etarios de 15 a 19 años y de 25 a 29 años; situación que muestra que las mujeres podrían ser la mayoría en el ámbito laboral de la entidad.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (^{CONAPO, 2010}), se prevé que la población continuará aumentando en las próximas décadas, lo que hará que la pirámide aún muestre una base amplia; además, para el grupo en edad de trabajar (de 15 a 64 años), se estima que este representará 67.4 por ciento de la población para 2020 y 66.9 por ciento para 2030.

Las proyecciones mencionadas evidencian que el Estado de México, a corto y mediano plazos, afrontará un crecimiento de la demanda de trabajo de determinados grupos de la población, impulsado, en primera instancia, por la entrada en el mercado laboral de una cantidad significativa de adolescentes y jóvenes en edades productivas (^{CONAPO, 2010}). Esta situación se convertirá en un problema para la población si los trabajos que se ofrecen presentan condiciones de inestabilidad laboral.

No obstante, aun cuando la inserción de las mujeres en el ámbito laboral ha aumentado significativamente durante los últimos años, las diferencias entre las tasas de participación de las profesionistas con respecto de las mujeres con un menor nivel educativo son más amplias en comparación con las de los hombres (^{Márquez, 2011}).

En el cuadro 1 se muestra la distribución de la población mayor a 5 años por sexo de acuerdo con el último grado de escolaridad aprobado. Se observa que los mexiquenses se concentran en un bajo nivel de escolaridad (casi 65 por ciento en nivel básico); esta población tiene más probabilidades de verse expuesta a malas condiciones laborales en el mercado de trabajo de la entidad.

Cuadro 1 Distribución porcentual de la población por nivel educativo en el Estado de México, 2015 

Nivel educativo	Hombre	Mujer	Total
Ninguno	2.2	4.2	3.3
Básico	64.3	63.9	64.1
Preparatoria o bachillerato	17.7	14.6	16.1
Normal o carrera técnica	2.9	5.7	4.3
Profesional y posgrado	12.9	11.5	12.1
No sabe	0.03	0.1	0.0
Población mayor a 5 años	7,516,332	8,071,282	15,587,614

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE, segundo trimestre, 2015.

De la información presentada en este apartado se infiere que, aun cuando el fenómeno de precariedad laboral se enfoca principalmente en las condiciones de los trabajadores en sus empleos, no debe descartarse la participación de elementos como la dinámica de la población mexiquense (por ejemplo, crecimiento demográfico, distribución poblacional) o los niveles educativos de esta.

Índice de precariedad laboral en el Estado de México

Las dimensiones y las variables empleadas para calcular el índice de precariedad laboral de la población asalariada en el Estado de México para el segundo trimestre de 2015 se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que realiza el INEGI. Los trabajadores asalariados fueron seleccionados como población objetivo debido a que, a consecuencia de la implementación del modelo neoliberal, es un sector de la población económicamente activa (PEA) que comenzó a presentar condiciones precarias que anteriormente no tenía, además de que, aunque cuenta con una relación empleado-empleador, hay evidencia de que sus empleos están expuestos a condiciones laborales adversas (^{Mora y Oliveira, 2009}; ^{García, 2010}).

Para obtener el índice de precariedad laboral en la entidad, se seleccionaron seis variables. Primera, la variable de salario mínimo, que representa la dimensión de insuficiencia de ingresos, la cual está relacionada con los niveles salariales requeridos para satisfacer las necesidades básicas. En segundo lugar, la condición de contrato de trabajo se eligió como variable para representar la dimensión de inestabilidad laboral, en la que se busca dilucidar si existe certeza acerca de la continuidad en los empleos de la población asalariada. Por último, las variables de seguridad social, prestaciones, jornada laboral y tamaño de la empresa son empleadas para representar la dimensión de protección laboral, debido a que estas variables determinan la seguridad y el apoyo con los que cuentan los trabajadores en sus empleos.

En resumen, el proceso para la obtención de un índice de precariedad laboral⁸ para la entidad, una vez definidas las variables, es el siguiente:

En primer lugar, la prueba de KMO arroja un resultado satisfactorio al obtener un valor de 0.873, lo que indica que es de buena calidad y que la relación entre las variables seleccionadas para la obtención del índice es alta, además de que justifica la aplicación del ACP. En segundo lugar, en la prueba de esfericidad de Bartlett se obtiene un valor p de 0 (véase el cuadro 10), resultado con el que se rechaza la hipótesis nula de la independencia de las variables seleccionadas.

Los resultados anteriores hacen evidente que las variables seleccionadas (salario mínimo, condición de acceso a servicios de salud, condición de contrato de trabajo, prestaciones, jornada laboral y tamaño de la empresa) presentan un nivel de correlación; por lo tanto, la aplicación del ACP con los componentes propuestos es factible para la obtención del índice de precariedad laboral en la presente investigación.

El cuadro 11 muestra las comunalidades de cada variable empleada para obtener el índice, las cuales expresan la proporción de varianza que cada una de ellas explica, en las que son preferibles valores cercanos a uno. Se observa que las variables de salario mínimo y jornada laboral muestran los valores más bajos; sin embargo, estas no fueron eliminadas del índice porque forman parte de los elementos que los especialistas del tema asocian con la precariedad laboral, y debido a que, de no considerarlas, habría afectado la prueba de KMO realizada.

Para la obtención del número de componentes principales a emplear para el cálculo del índice de precariedad laboral se aplicó el criterio de Kaiser. Debido a que el primer componente tiene un eigenvalor mayor a uno, y explica aproximadamente 62 por ciento de la varianza de los datos, se tomó como el único componente para obtener el índice de precariedad laboral en el Estado de México.

Ahora bien, una vez obtenido el índice, se empleó un análisis por conglomerados (AC), mediante la técnica de k-medias, que hace posible la determinación de antemano del número de conglomerados con los que se desea trabajar. Con la finalidad de mostrar de mejor manera la heterogeneidad de los trabajadores asalariados mexiquenses, y con base en la obtención del número de niveles de precariedad mencionados por ^{Mora (2010}), se propusieron tres niveles de precariedad: precario alto, precario medio y no precario. Para ser analizados posteriormente, se sometieron a una prueba de precisión estadística, en la cual los tres fueron significativos,⁹ razón por la que se quedaron para diferenciar a la población asalariada mexiquense según el nivel de precariedad laboral y determinar sus características.

De igual manera, se realizaron pruebas de consistencia interna y externa de los niveles de precariedad propuestos, las cuales determinaron su validez y que son estadísticamente congruentes (^{Mora, 2010}; ^{Gaxiola, 2012}).

Es así como, con base en las dos técnicas estadísticas aplicadas, en el cuadro 12 se expone la proporción de los tres niveles de precariedad laboral en la población asalariada del Estado México en 2015.

Ahora bien, al analizar los niveles de precariedad laboral en la entidad por género en 2015, se observa una proporción importante de la población asalariada masculina mexiquense concentrada en un nivel alto de precariedad, de 38 por ciento; mientras que cerca de 49 por ciento se encuentra en un nivel no precario, mismo porcentaje que presenta el total de la población (véase el cuadro 12). A pesar de que estos porcentajes son preocupantes, el Estado de México no es de las entidades consideradas con mayores niveles de precariedad en el país. Según González (2012), Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz son las entidades donde predomina la precariedad laboral.

Asimismo, la mitad de las mujeres asalariadas mexiquenses presenta un nivel precario alto: 39 por ciento, tan solo un punto porcentual arriba que los hombres; mientras que aproximadamente 50 por ciento de ellas tiene empleos no precarios. Este porcentaje no hace que disminuya en importancia el hecho de que la otra mitad de las mujeres asalariadas mexiquenses se encuentra en una situación laboral precaria.

Lo anterior expone un panorama donde existe una precarización del empleo en el mercado laboral del Estado de México, tanto para la población femenina como para la masculina, así como una concentración de la población asalariada mexiquense en los niveles extremos de precariedad laboral, cerca de 88 por ciento, lo que indica una desigualdad en las condiciones laborales de los asalariados debido a la fuerte diferenciación en los niveles de precariedad.

Se realizó un segundo análisis con la distribución de la población asalariada mexiquense por grupos de edad en 2015. Como se muestra en el cuadro 13, los trabajadores asalariados mexiquenses con un nivel de precariedad alto tienen entre 15 y 34 años, lo que devela una tendencia hacia peores condiciones laborales para aquellos jóvenes mexiquenses que recién ingresan en el mercado laboral de la entidad.

En contraste, con respecto de la población que presenta un nivel no precario, solo 12 por ciento es población joven; mientras que el grupo etario que conforma el 47 por ciento del total son aquellos trabajadores de entre 35 y 54 años (véase el cuadro 13). Así, se puede afirmar que los empleados que tienen más años en el mercado de trabajo presentan mejores condiciones laborales que aquellos que cuentan con menos tiempo de haber ingresado al mismo mercado. La situación anterior refleja la problemática que tendrán que afrontar los jóvenes que están por ingresar en el mercado de trabajo en la entidad.

Lo anterior concuerda con los resultados de los trabajos de ^{Oliveira (2006}) y ^{Mora (2010}) en los que afirman que la precariedad laboral afecta en mayor medida a la mano de obra de menor edad al momento de insertarse en el mercado de trabajo en empleos con niveles de precariedad que van de moderados a muy altos, y que, de igual manera, este sector de la población se encuentra expuesto a un escenario de fragmentación, fragilidad e incertidumbre en el mercado de trabajo.

Ahora bien, de la población asalariada con un nivel alto de precariedad, 74 por ciento concluyó solo el nivel básico de educación; mientras que, de la población asalariada con un nivel no precario, 36 por ciento cuenta con estudios de nivel básico (véase el cuadro 14).

En este sentido, veintinueve de cada cien trabajadores con un nivel no precario tienen estudios profesionales o de posgrado; en tanto que solo cuatro de cada cien trabajadores con un nivel de precariedad alto tienen estos grados de estudio (véase el cuadro 14). Estas cifras muestran la marcada diferencia de estudios entre la población asalariada que está en los niveles extremos de precarización.

De los resultados anteriores se deduce que la precariedad laboral tiende a afectar con mayor intensidad a aquellos mexiquenses asalariados con un menor nivel educativo. Si bien la educación no es un factor decisivo para asegurar trabajos con buenas condiciones laborales, los porcentajes mencionados evidencian que el trabajador con un mayor nivel educativo podría tener más probabilidades de acceder a un trabajo con un nivel nulo de precariedad. Sin embargo, debido a que la precariedad laboral es un fenómeno que abarca diversas dimensiones, no siempre están exentos de ingresar a entornos laborales con malas condiciones.

Por último, un elemento relevante en el análisis de la precariedad laboral de los trabajadores asalariados mexiquenses en 2015 es la fragmentación de estos trabajadores. Se observa que la mitad de los trabajadores son afectados por algún nivel de precariedad y la otra mitad se considera no precarios. Lo anterior plantea elementos complejos de inequidad en el mercado laboral mexiquense que podría derivar en conflictos laborales si se acentúa esta polarización laboral.

Reflexiones finales

Los resultados de esta investigación permiten exponer la situación de precariedad laboral de los trabajadores asalariados mexiquenses en 2015. En particular, se señalan cuatro aspectos considerados relevantes en este estudio.

En primer lugar, la precariedad laboral se encuentra presente de manera importante entre los trabajadores asalariados mexiquenses, pues cerca de la mitad trabaja sin contar con un contrato, sin seguridad social ni prestaciones, sus ingresos se concentran en los niveles bajos, de uno a tres salarios mínimos, y un buen porcentaje de esta población llega a trabajar más de 35 horas a la semana. Los grupos poblacionales más afectados por este fenómeno son los jóvenes, las mujeres y los adultos mayores. Además, en estos grupos poblacionales sobresale que las personas con bajo nivel educativo presentan un nivel de precariedad alto.

En segundo lugar, se produce una expansión de la precariedad laboral de los trabajadores asalariados mexiquenses hacia la población con mayor experiencia en el mercado laboral. Es decir, hay trabajadores asalariados profesionales o con posgrado que tienen algún nivel de precariedad en su empleo. Lo anterior evidencia que la precariedad laboral se ha extendido a todas las capas del mercado laboral, sin importar la edad y el nivel educativo.

En tercer lugar, una característica del mercado laboral mexiquense es la inequidad que predomina entre los trabajadores asalariados del Estado de México, ya que la mitad de este grupo poblacional cuenta con algún nivel de precariedad, lo que indica un mercado laboral en extremo heterogéneo y fragmentado, en el que una parte importante de los trabajadores cuentan con condiciones laborales adversas.

Aunado a lo anterior, un último análisis permitió determinar las características de los niveles de precariedad laboral propuestos. Los trabajadores con un nivel precario alto son jóvenes, con un nivel educativo mínimo, trabajan en microempresas y en los peores puestos de la cadena productiva. Los trabajadores con un nivel precario medio concluyeron hasta la preparatoria, se encuentran empleados en actividades de comercio y servicio y laboran en empresas que tienen de 6 a 15 empleados. En cambio, los trabajadores no precarios son adultos, concluyeron un nivel educativo básico o hasta un nivel profesional o de posgrado, laboran en el sector industrial, en cargos directivos o administrativos, y trabajan principalmente en empresas grandes.

Por último, lo expresado en líneas anteriores se tornaría preocupante si la condición de precariedad de la población asalariada mexiquense se incrementara a lo largo de los años, porque ello develaría que la precariedad laboral es un fenómeno que está proliferando y arraigando en el mercado laboral del Estado de México, principalmente en sectores de la entidad que con anterioridad no mostraban malas condiciones laborales.