La circulación del libro en la Nueva España requiere todavía de una amplia investigación de archivo que incorpore nuevos terrenos al panorama que hace décadas presentaron investigaciones como las de Irving Leonard o Francisco Fernández del Castillo. En este sentido, podemos contar también con los trabajos Censura y revolución. Libros prohibidos por la Inquisición en México, de Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tovar y de Teresa (2009); Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en la Nueva España, de José Abel Ramos Soriano (2011), y Navegar con libros. El comercio de libros entre España y Nueva España (2011), también de Cristina Gómez Álvarez.

A estas investigaciones más o menos recientes se suma ahora la colección Domus Libri con los títulos Libros y lectores en las sociedades hispanas: España y Nueva España (siglos XVI-XVIII), coordinado por Francisco Javier Cervantes Bello; La cultura impresa en los albores de la Independencia. La imprenta de María Fernández Jáuregui (1801-1817), de Ana Cecilia Montiel Ontiveros, y el volumen que nos interesa aquí, Comercio y circulación de libros en Nueva España. Dos autos de la Inquisición de México (1757 y 1802). Este último presenta dos expedientes: los documentos del primero se redactaron entre 1756 y 1757; los del segundo, entre 1802 y 1805. La transcripción de los materiales, conservados en el Archivo General de la Nación, estuvo a cargo de Óscar Admín Reyes Ruiz, mientras que la edición y el estudio introductorio del libro los preparó la investigadora Olivia Moreno Gamboa.

El primer expediente tiene su origen en la petición de la Inquisición española en 1756 para que sus representantes novohispanos retomaran la vigilancia de los acervos bibliográficos comerciados y de los tenedores de libros. Los libreros tenían la obligación de informar anualmente de su mercancía desde 1612, y los comisarios inquisitoriales debían examinar tales informes para tomar las acciones pertinentes, pero se habían dejado de cumplir con rigor las labores de seguimiento de los volúmenes en circulación. La Inquisición española insistía en que debían tenerse presentes “las reglas y mandatos dados en los índices del expurgatorio de libros prohibidos, que en diversos tiempos se han publicado en estos reinos, renovándose en el año de 1747” (p. 37). Luego de recibir la conminación para restaurar la disciplina en el proceso de supervisión, las autoridades novohispanas solicitaron tales informes a diversas regiones del virreinato. El expediente está integrado por la carta orden, los autos novohispanos de notificación y respuesta a la averiguación de los títulos que se poseían y la orden de que en Binondoc (Filipinas) hubiera un ejemplar del Índice de 1747.

El segundo expediente, más extenso que el anterior, tiene como motivo la prohibición de la obra del teólogo jansenista francés Pierre Nicole. La impresión de las obras de Nicole se autorizó en 1799. Cuatro tomos de sus Ensayos morales habían salido de la imprenta entre 1800 y 1801 bajo esta permisión; cuando la obra fue prohibida al año siguiente, se ordenó retirarla de la venta y decomisar los ejemplares que se hubieran vendido. A la Nueva España llegó esta ordenanza y los inquisidores despacharon enseguida requerimientos a los comisarios inquisitoriales. Estos comenzaron a solicitar información sobre la obra de Nicole en las diferentes regiones del virreinato entre los particulares, los comerciantes de libros y las bibliotecas conventuales. Las diligencias llegaron hasta Manila y, por circunstancias que no son claras, algunas de las respuestas se retrasaron hasta 1805.

Los expedientes utilizan un lenguaje administrativo, formulario y reiterativo para el lector de hoy, pero detrás de esa forma rígida del discurso burocrático se ofrecen interesantes datos sobre la circulación de libro en la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII. Una serie de estos la presenta Olivia Moreno Gamboa en el estudio introductorio. Por ejemplo, resulta de gran valor que en los expedientes se indique dónde había librerías o venta de libros, porque se configura así una red de distribución y consumo de materiales impresos en el país. La imagen que ofrece esta red en el primer expediente es “un panorama desalentador, aun cuando éste mejora en el transcurso de las siguientes cuatro décadas. Fuera del eje Veracruz-Puebla-México, en 1757 no existían librerías o venta fija de libros en el interior de Nueva España” (p. 19). Si se compara la información del primer expediente con la del segundo, es posible observar una menguada expansión de esa red, porque hacia 1802 hay datos de nuevos comerciantes de libros donde antes no había.

El comercio de libros tuvo particularidades que también se destacan en ambos expedientes. Por un lado, las librerías no siempre fueron los puntos de venta de libros, pues la escasa demanda de estos materiales impresos no hacía necesaria la existencia de tales espacios fijos. Por otro, de acuerdo con los documentos, para suplir el consumo bibliográfico que se necesitaba, en varias ocasiones intervinieron particulares o negociantes de otros productos que se encargaban de transportar y entregar pedidos de libros a clientes específicos. Esta dinámica se aprecia en pasajes de las respuestas que dan algunos comisarios regionales a los inquisidores de la capital novohispana, como en este de don José de Zavalegui, comisario de Mérida: “Y respecto a que en esta ciudad no hay libreros, ni almacenes en que se vendan libros, cuyo pequeño tráfico lo suelen hacer indistintamente los comerciantes o por encargo de los respectivos interesados […]” (p. 151). De modo que ante el “comercio hormiga” resultaba dificultoso para los comisarios asegurarse del cabal cumplimiento de las reglamentaciones inquisitoriales, y era obvio que la responsabilidad de qué se leía recaía, por ejemplo, en las aduanas.

Los documentos presentados en Comercio y circulación de libros en Nueva España están editados con criterios que ayudan a hacer más ágil la lectura de los materiales: se desataron abreviaturas (pero se indican en cursivas todos estos procesos), se adecuó la ortografía y la acentuación (excepto de los nombres propios y topónimos) y se corrigió la puntuación. Varias notas al pie de página indican detalles de los manuscritos (como las repeticiones de palabras) u ofrecen información bibliográfica referente a algunos de los títulos citados en los expedientes. Se añaden, al final del volumen, tres índices: uno de libreros, impresores y comerciantes de libros, uno onomástico (que no incluye los nombres del índice anterior) y otro topográfico (que no moderniza los nombres de edificios ni de lugares).

Este volumen de la colección Domus Libri, Comercio y circulación de libros en Nueva España, resulta una nueva e importante contribución a la historia del libro novohispano en el siglo XVIII, a nuestro juicio, porque ofrece dos fuentes importantes para observar el funcionamiento de los mecanismos inquisitoriales en relación con el control bibliográfico dieciochesco; también porque en esas fuentes se encuentran algunas de las peculiaridades del comercio y la posesión del libro fuera de la capital virreinal -un área de estudio difícil, pero necesaria-, así como para matizar algunas de las particularidades de la cultura letrada del periodo ilustrado.