La otra realidad. Las políticas nacionalistas

En 1932 se decretó la ley de migración; a la vez, ese fue el año en que el nacionalismo mexicano tomó fuerza contra algunos extranjeros y se pusieron en marcha mecanismos de fiscalización. Por una parte, se estableció la inscripción de todos los no nacionales que residían en México en un padrón llamado Registro Nacional de Extranjeros (RNE). En el mismo año se decretó el artículo 9º de la Ley Federal del Trabajo, que restringió a 10 por ciento el empleo de trabajadores extranjeros en cualquier tipo de negocio o empresa y el 90 por ciento restante para mexicanos. Finalmente, desde algunos sectores comerciales, en 1932 se fundó la Campaña Nacionalista Comercial, que interpeló a los mexicanos a comprar solo productos de manufactura nacional, expendida por mexicanos. Pero ¿cuáles fueron las características de las tres políticas nacionalistas mencionadas que aceleraron el proceso de naturalización?

El Registro Nacional de Extranjeros (RNE) fue una medida migratoria que obligó a los extranjeros a registrarse en un padrón. Esta inscripción fue decretada en el mismo seno del reglamento de migración de 1932 (AHESLP,Diario Oficial,22 de diciembre de 1908, p. 44). El RNE tuvo como objetivo “levantar la estadística de extranjeros residentes en el país, así como dar a conocer a punto fijo cuál es el número exacto de ellos” (CDH-RMA-UASLP,Acción, 17 de marzo de 1930). Con esa información se intentó restringir el ingreso al territorio mexicano de migraciones poco “deseables” y expulsar a aquellos cuya estancia migratoria no fuera legal, así como levantar “una estadística capaz de incidir en el proceso de toma de decisiones” (^{Yankelevich, 2011}, p. 53). Antes del RNE de 1932, se habían hecho dos registros, en marzo de 1926 y en 1930 (^{Landa y Piña, 1930, pp. 18-53}), este último solo para la ciudad de México, ya que ahí se concentraba el mayor y más diverso número de no nacionales, 49 637 en total (INEGI, Quinto Censo de Población, 1930). Pero, el RNE de 1932 arrojó que se registraron 300 mil extranjeros en todo el país (^{Ota, 1997, p. 13}), cifra poco confiable porque, como se ha señalado, no todos los foráneos tuvieron la disposición de inscribirse, por falta de recursos o por el temor de ser acosados por las autoridades federales y locales.

A partir de enero de 1932, en la prensa se dio a conocer que estaban “obligados a registrarse todos los extranjeros por origen o por naturalización, las esposas de estos, así sean de origen mexicano, y los hijos mayores de 15 años […] Los extranjeros menores de 15 años […]” (AHESLP, legajo 17, 1932, comunicado de Antonio Oyárzum de 13 de mayo de 1932). La inscripción al RNE tuvo como resultado la expedición de una tarjeta o fórmula 14 que acreditó la inscripción (AHESLP,Periódico Oficial,14 de junio de 1932). El registro, además de concentrar los datos de la media filiación, asentó la “raza”, el idioma, la ocupación y la religión. Esa información fue utilizada para conocer el porcentaje de extranjeros “deseables e indeseables” que residían en territorio nacional.

La evasión de la inscripción en el RNE fue considerada como una violación a las leyes migratorias. Los extranjeros que transgredían esta disposición fueron sancionados con multas monetarias¹y encarcelamiento, y en el peor de los casos fueron remitidos a las fronteras o los puertos marítimos por los que habían ingresado para ser deportados (AHESLP,Periódico Oficial,14 de junio de 1932, artículo 226 del Reglamento de Migración). En este sentido, puede asegurarse que algunos de los factores que impulsaron la naturalización fueron: la evasión de multas, la cárcel y la deportación. Sin embargo, en la primera etapa del registro, Gobernación no tuvo la capacidad ni los recursos para registrar a todos; fue un intento de controlar a la comunidad extranjera, cuyo resultado práctico se quedó corto en la aplicación.

Otra de las reformas que afectaron a los extranjeros radicados en México fue la modificación de las políticas laborales. Yankelevich señaló que en el México posrevolucionario los nacionales “defendían mercados laborales, puestos de trabajo que de ser ocupados por inmigrantes desplazarían la mano de obra nacional” (^{2011, p. 13}). Desde 1926, el gobierno federal mexicano estableció las primeras restricciones para los trabajadores foráneos que radicaban en México. Los no nacionales debían tener un contrato no menor de un año en territorio mexicano y, a la vez, demostrar que gozaban de los suficientes recursos para asegurar su estancia en el país (AHESLP,Diario Oficial, 13 de marzo de 1926). Sin embargo, a finales de septiembre de 1931 se reformuló el artículo 9º de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que estableció el límite de trabajadores extranjeros a solo 10 por ciento en cualquier empresa, sea cual haya sido el giro industrial o comercial, y el restante 90 por ciento de los empleos sería para mexicanos en las categorías de técnicos y no calificados (Diario Oficial, 28 de agosto de 1931, no. 51). Las reformas se aplicaron a partir de enero de 1932, y en los contratos de trabajo fue clara la vigilancia a los extranjeros. A los patrones se les ordenó preferir a mexicanos antes que a extranjeros, es decir, “preferir en igualdad de circunstancias, a los mexicanos respecto a quienes no lo eran” (AHESLP,Periódico Oficial,13 de septiembre de 1931, decreto 166, art. 111). Delia Salazar apuntó que muchos hombres fueron orillados a naturalizarse por la promulgación de la LFT y por el temor a perder bienes y propiedades (2010, p. 78). La autora también señaló que justamente en la década de los treinta se impulsó la naturalización “como una medida de presión, debido a que en años anteriores el extranjero apelaba a su nacionalidad para evitar algunas obligaciones con el gobierno mexicano” (2010, p. 78). En otras palabras, para algunos habitantes de la república mexicana en aquellos años, ser extranjero resultó ser un privilegio.

Sobre el mismo tema, es conocido que durante las primeras décadas del siglo XX la práctica de denunciar a los extranjeros estaba instalada en la sociedad mexicana, que el Estado atendía, vigilaba e investigaba (^{Yankelevich, 2011, p. 31}). Lo anterior fue evidente a partir de la LFT, ya que los inspectores federales del trabajo, uniones obreras y los mismos trabajadores se encargaron de denunciar las violaciones al artículo 9º. Por transgredir este artículo, las empresas podían ser multadas hasta con 1 500 pesos y los extranjeros sancionados con cárcel o con la expulsión definitiva del país (HN-UNAM,El Universal, 5 de abril de 1932). Se registró que la reforma del artículo 9º de la LFT provocó el desplazamiento de profesionistas y obreros extranjeros, lo que lleva a pensar que, para permanecer en México, algunos recurrieron a la naturalización para seguir ejerciendo profesiones y oficios, libre y legalmente, pero también para evitar perder parte de sus propiedades (^{Salazar, 2010, p. 78}).

Por otra parte, la Campaña Nacionalista Comercial (CNC) no fue diseñada por la federación; más bien, fue una propaganda fundada por algunas asociaciones de comerciantes y hombres de negocios. El principal promotor de la CNC fue la Cámara de Comercio de Monterrey, que pugnó para que la federación prohibiera el ingreso de ciertos extranjeros a México (sirios, libaneses, armenios, palestinos, árabes, chinos, turcos, rusos y polacos), pues argumentaba que los extranjeros de esas nacionalidades adquirieron gran importancia en el ámbito comercial e industrial del país, y por consiguiente afectaban la economía nacional (CDH-RMA-UASLP,Alas, 24 de junio de 1930). Turner aseguró que las campañas nacionalistas construidas desde el seno de la sociedad civil fue una de las prácticas más recurrentes que intentaron solucionar conflictos de los intereses económicos, culpando al otro, y de esa forma unificaron a sectores industriales y comerciales de la sociedad mexicana, con un objetivo común: el ataque al producto que no era de manufactura nacional (^{1971, p. 19}). Bajo el anterior supuesto, se puede decir que la Cámara de Monterrey intervino de manera directa en la creación de la CNC, y convocó a sus similares en la república para promover el consumo de productos y servicios mexicanos, campaña que en 1932 se convirtió en una maquinaria que atacó a los extranjeros, sus productos y servicios (CDH-RMA-UASLP,Acción, 14 de diciembre de 1930). La CNC fue retomada por el Bloque Nacional Revolucionario (BNR) en la Cámara de Diputados, e inició sus actividades “patrióticas y nacionalistas” el 1 de julio de 1931 (CDH-RMA-UASLP,Acción, 15 de enero de 1932). En ese sentido, el gobierno de Pascual Ortiz Rubio secundó las actividades de la CNC con la inauguración de la Semana del Consumo Nacional en julio de 1931, en la que se llevaron a cabo exposiciones de productos nacionales. Al siguiente año, la campaña fue reforzada gracias a la feria nacionalista en la ciudad de México, evento que tuvo lugar durante la primera semana de enero de 1932, para después ser llevada a cabo en otros puntos del país (HN-UNAM,El Universal, 2 de enero de 1932). Pérez Monfort señaló que dicha feria tuvo cierto éxito gracias a la promoción de la prensa, ya que la producción propagandística se reflejó en panfletos, programas de radio y estrenos teatrales (^{2003, p. 144}).

Lo que comenzó como una campaña que buscó la promoción del producto mexicano, en 1932 se convirtió en un ataque abierto contra algunos extranjeros y sus actividades. Rafael Melgar, dirigente de la campaña, señaló que en algunas ciudades del país se obstaculizaba el producto nacional y se vendía el producto extranjero por encima de los mexicanos (HN-UNAM,El Universal Gráfico, 29 de marzo de 1932). La CNC y sus adheridos llegaron al extremo de promover la expulsión del país de ciertos comerciantes: “queremos verlos más allá del océano Pacífico y del Atlántico, su presencia nos fastidia y nos molesta. Mexicanos ataquemos hoy mismo al enemigo boicoteándolos en todo el país” (AGN, fondo Gobernación, caja 10, exp. 28). A partir de lo antedicho, la naturalización tomó impulso por el miedo a la expulsión y al boicot comercial promovido por la Campaña Nacionalista Comercial contra ciertos extranjeros: “Mexicanos […] si existe vergüenza en los mexicanos, no debemos comprarles ni un centavo a los chinos, rusos, polacos, checoslovacos, lituanos, griegos, judíos y sirio-libaneses” (AGN, fondo Gobernación, caja 10, exp. 28, Unión de comerciantes en pequeño).

Se ha señalado que la práctica de la denuncia estaba instalada en cierto grado en la sociedad mexicana. En este sentido, las tres políticas nacionalistas analizadas hasta este punto impulsaron a que cualquier mexicano usara la facultad de denunciar a un extranjero. De diferentes formas se aprovechó la transgresión de cualquiera de las leyes migratorias por parte de un extranjero para realizar acusaciones. La denuncia se hacía casi siempre desde la apelación del artículo 33, pues amedrentar con ese recurso provocó un temor bien fundado, pues estos no eran sometidos a juicio.

El artículo 33 establecía que cualquier extranjero podía ser expulsado de inmediato de México sin juicio previo, por ser nocivo o pernicioso para el país (^{Marván, 2006, p. 1123}).²Con regularidad, los mexicanos denunciaron a un extranjero cuando este provocaba inconformidad y malestar. Al respecto, Yankelevich señaló: “La ausencia de precisiones en torno a las actividades y procedimientos para calificar la indeseabilidad de un extranjero abre un enorme margen de arbitrariedad en la aplicación del mencionado precepto” (^{2004, p. 694}). El mencionado artículo concedió al presidente de México la facultad de expulsar a cualquier extranjero cuya presencia fuese juzgada como inconveniente (^{Yankelevich, 2004, p. 694}). Su aplicación se tornó en acusaciones que fueron señaladas como actos de inmoralidad, criminales, civiles, mercantiles y judiciales (AGN, fondo Gobernación, caja 10, exp. 22). Sin embargo, fueron pocas las veces que se alzó la voz en contra de la indiscriminada aplicación del artículo. En San Luis Potosí se ha encontrado solo el caso del licenciado F. de Morales, que decía que la simple pronunciación de ese número provocaba el temor en el no nacional: “todos los extranjeros temen a ese artículo, los mismos nacionales hemos podido ver que se aplica injustamente con demasiada frecuencia esa disposición constitucional” (CDH-RMA-UASLP,Alas, 31 de octubre de 1933). Sobre el tema, Yankelevich apuntó que el artículo 33, por “su carácter excepcional y su invocación a manera de amenaza, pretendía disciplinar al extranjero recordándole que en cualquier momento podía ser expulsado” (^{2011, p. 151}). Este artículo cobró relevancia porque cualquier mexicano podría apelar a él para intentar deshacerse de los migrantes ilegales, de la competencia comercial y en los sectores laborales e industriales. Pero, si el extranjero lograba naturalizarse mexicano, no podía ser expulsado por lo menos constitucionalmente, pues dicho recurso fue una herramienta legal de protección para los extranjeros que radicaban en México.

¡Quiero ser mexicano! La naturalización en San Luis Potosí

Si se trata de resumir el trámite de naturalización en San Luis Potosí, se pueden señalar cuatro momentos: 1) el inicio de las diligencias voluntarias -la renuncia de sumisión a todo gobierno extranjero-; 2) la resolución; 3) la remisión del expediente, y 4) la naturalización. En el mejor de los casos, esta última consistía en el envío de la carta de naturalización por parte de la Secretaría de Gobernación. Más adelante se observará que el tiempo y la resolución favorable de los procesos dependían de los recursos económicos de los que gozaban ciertos extranjeros, así como de la influencia que ejerció el origen nacional y la integración en la localidad en la que residían.

En los procesos de naturalización, la mayoría de los extranjeros tenían más de cinco años de residencia en México, por lo cual iniciaron el proceso mediante las diligencias voluntarias. Sin embargo, el primero de los problemas fue la mayoría de edad en México (18 años), ya que, en muchas ocasiones, el estatus de adulto era diferente en el país de origen del extranjero que se quería naturalizar. Por ejemplo, el español José García Alonso inició el proceso de naturalización el 24 de febrero de 1930, y por haber sido hijo de padre extranjero pero nacido en México optó por la nacionalidad mexicana, la que no obtuvo hasta los 25 años: “he vivido en esta ciudad por más de 25 años consecutivos […] que consta que nací aquí en la República mexicana, en donde he residido toda la vida” (CJ-SLP, serie Civil, exp. 6/1930). Nacer en México no ayudó a García Alonso a que la naturalización fuera favorable, sino hasta que en el país del padre fuera mayor de edad. Cabe recordar que la naturalización de los hijos de padres de extranjeros, en cierta medida, fue la forma sencilla de obtener la nacionalidad, que fue llamada por la ley como naturalización privilegiada.

En el otro extremo, la renuncia a la nacionalidad extranjera y a los derechos internacionales fue una prerrogativa obligatoria para la adquisición de la nacionalidad de aquellos que tenían más de cinco años radicados en México. Los extranjeros asumieron las prerrogativas de la ley de naturalización y, por lo tanto, quedaron sin protección legal y consular de las autoridades de la nación de origen. Para la autoridad mexicana, renunciar a la obediencia de gobiernos extranjeros significó el primer gran acto de lealtad que los interesados expresaron al país que los acogía. La lealtad a México fue una de los preceptos con más arraigo en el proceso de construcción del Estado posrevolucionario y, por ende, importante para los que se sumarían a la comunidad nacional.

Por su parte, Pedro Salomón Medina, de origen “sirio-libanés”, comprobó su residencia de más de cinco años en México. En Ciudad Valles, San Luis Potosí, en 1930 inició el proceso de naturalización: “en el año de 1907 me radiqué en el rancho San Miguel ubicado en este municipio […] y que en el año de 1908 contraje matrimonio en el mismo lugar con la señorita Natalia Díaz” (CCJ-SLP, serie Civil, exp. 41/1930). En este sentido, sería conveniente preguntarse por qué un personaje como Salomón tuvo la necesidad de naturalizarse casi 23 años después de haber ingresado al país, ¿qué era lo que quería proteger y de quién? Casos como el de Salomón son recurrentes en los procesos analizados, pues demuestran que por lo menos estos extranjeros estaban al corriente en el “pago de sus rentas”, realizaban actividades comerciales, profesionales e industriales; además, tenían capital monetario con el cual solventaron un proceso de tal magnitud. Aquí es importante señalar que el matrimonio con una mexicana fue otro de los preceptos establecidos para aquellos extranjeros que gozaron de la naturalización privilegiada, ya que estaban engendrando hijos y con ello demostraron el arraigo a la nación. Para el sirio-libanés Salomón Medina, naturalizarse en 1930 significó que, en cierto grado, podía amortiguar las políticas antiextranjeras que se estaban gestando en aquel año y que afectaban de forma directa sus intereses comerciales, así como sus bienes y propiedades, puesto que los originarios de la nacionalidad de Medina fue una de las colonias extranjeras más afectadas por la ola xenófoba mexicana, en particular por la Campaña Nacionalista Comercial.

Siguiendo al tenor de la “tramitología” de la naturalización, para determinar si el proceso sería remitido tenía que presentar la resolución del juez, la cual era otorgada después de haber cumplido con un interrogatorio y con la ratificación de la honorabilidad del extranjero en cuestión, pues, como se ha señalado, la honorabilidad fue un precepto moral de gran peso en los procesos de naturalización. Las ratificaciones fueron hechas por testigos que, en su mayoría, eran extranjeros naturalizados, o por mexicanos que gozaban de cierto prestigio en la localidad. Por ejemplo, Jack Schwartz entregó a sus testigos para su ratificación el siguiente interrogatorio: “[…] si es cierto y les consta que dicho señor Jack Schwartz, tiene de residir en esta ciudad de San Luis Potosí por más de cinco años. Dirán si es cierto y les consta que durante ese tiempo ha venido ejerciendo la profesión de médico oculista” (CCJ-SLP, serie Civil, exp. 14/1929). En el caso de Schwartz, naturalizarse resultó una forma conveniente de conservar su espacio de trabajo profesional, pues parte de las políticas antiextranjeras nacionalistas, en una de sus aristas, promovió que algunos especialistas ocupaban los espacios laborales “propios para los mexicanos.” A pesar de que muchos de estos extranjeros estaban integrados a las sociedades regionales, fueron afectados por la efervescencia nacionalista.

Cuando el expediente de naturalización era enviado a la Secretaría de Gobernación, el interesado esperaba respuesta por un mínimo de seis meses. Sin embargo, algunos aguardaron hasta cuatro años por la respuesta o la carta de naturalización; tal fue el caso de los extranjeros de origen chino, ruso y polaco.³El chino Margarito Mak comenzó el proceso en 1924, en el que pudo comprobar su manera “honesta” de vivir, ya que era propietario de una panadería en la ciudad de Cárdenas, San Luis Potosí, por lo que se suponía que tendría un proceso rápido. Pero el expediente no fue remitido por el juez a Gobernación sino hasta el 26 de agosto de 1927, tres años después del inicio del proceso (CJ-SLP, serie Civil, exp. 27/1924). Cabe recordar que la población china se encontraba entre las nacionalidades que el Estado mexicano consideró como indeseables, principalmente porque los discursos antichinos señalaban que la colonia asiática atentaba contra la supuesta homogeneidad de la raza mestiza mexicana (^{Ramírez, 2016, p. 160}). En ese sentido, la población china que residía en México fue la más afectada por las políticas migratorias xenófobas, incluso se llegó al extremo de su expulsión en algunas entidades norteñas (^{Trueba, 1990, p. 25}). Asimismo, para ellos, solicitar la naturalización en cualquier región del territorio nacional fue un trámite sumamente complicado.

Al tenor de la lentitud del trámite de naturalización, el ruso Salomón Shirino inició las gestiones el 8 de noviembre de 1928 y recibió respuesta favorable en enero de 1931, casi dos años después (CCJ-SLP, serie Civil, exp. 16/1928). Abraham Purwian, de origen sirio, las inició el 2 de diciembre de 1929 y recibió carta de naturalización el 20 de enero de 1932, también dos años después. En el caso de los nacionales de origen ruso, polaco, sirio-libanés y chino, las investigaciones que realizaba Gobernación y la propia SRE fueron en extremo acuciosas, pues los discursos antiextranjeros mexicanos culpaban a dichos nacionales de gran parte de los males económicos y sociales.

Hay que señalar que la SRE se encargaba de enviar las cartas de naturalización al alcalde de la localidad, quien las hacía llegar al “nuevo mexicano” con el cobro de un arbitrio municipal. En el diario potosinoAcciónse encontraron publicaciones frecuentes sobre la naturalización concretada, ya que esos anuncios funcionaron como el espacio que constataba que el naturalizado era plena y legalmente integrado a la sociedad potosina, estrategia publicitaria que señalaba entre líneas que los recién naturalizados estaban protegidos contra las políticas antiextranjeras. En ese sentido, las naturalizaciones de los extranjeros señalados no mostraron de manera explícita los testimonios sobre las razones para volverse mexicanos después de haber residido en la entidad por varios años y en relativa calma. Es claro que iniciaron los trámites de naturalización justo durante la gestación y el auge de las políticas xenófobas y antiextranjeras, es decir, entre 1929 y 1932. Por lo tanto, naturalizarse significó mitigar y amortiguar el perjuicio de sus intereses y residencia en la entidad.

¡Por argucia se han naturalizado!

La ola nacionalista mexicana de los años veinte y treinta del siglo XX aceleró el proceso de naturalización, ya que las corrientes y las políticas antiextranjeras analizadas impactaron por diferentes flancos a los extranjeros que radicaban en México. Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí se ha observado que la aceleración de la naturalización fue influida por la fundación de ligas antiextranjeras y comités antichinos. La primera de estas fue la que se organizó en Cárdenas, San Luis Potosí, el 27 de septiembre de 1926. Además de sus presupuestos eugenésicos,Accióndenunciaba la “competencia ruinosa” que los chinos, “enemigos secretos del potosino”, representaban para los comerciantes locales (HN-UNAM,El Universal Gráfico, 24 de noviembre de 1932). Por ejemplo, en el municipio de Villa Guerrero fueron denunciados 22 chinos bajo los mismos argumentos utilizados en Cárdenas. Finalmente, estos fueron expulsados de la entidad por la aplicación del temido artículo 33 constitucional.

El ataque de los potosinos por la supuesta “desigualdad comercial” provocado por los extranjeros en perjuicio de los locales fue llevado a cabo por algunas asociaciones comerciales. En la capital del estado, el ataque se dirigió contra los “aboneros” rusos y polacos; en las ciudades de Rioverde y Matehuala, contra los árabes y sirio-libaneses. Por ejemplo, acerca de la Campaña Nacionalista Comercial (CNC) en Matehuala, Simón Mahbud alzó la voz para defender los intereses de los provenientes de Medio Oriente, en la que argüía el apoyo a las campañas nacionalistas y para evadir en cierto grado el impacto de la CNC: “en cuestión de consumo nacional, nos llena de satisfacción y orgullo, poder manifestar públicamente, que los productos que vendemos y tenemos en nuestros establecimientos, son de producción nacional, todos hechos en el país” (HN-UNAM,Semanario Matehualense, 28 de agosto de 1932).

En la capital de San Luis Potosí, los comerciantes rusos y polacos, peyorativamente llamados “aboneros”, que además eran de origen judío, fueron increpados por la supuesta competencia ruinosa al comercio local establecido. La prensa se encargó de azuzar a las autoridades para que prohibieran el comercio buhonero. Asimismo, aseguraban que dichos nacionales transgredían todas las normas comerciales, leyes laborales y las de migración. Sobre ellos se intentó perpetuar el estereotipo del “voraz comerciante judío”: “Acaparan la producción de artículos pagando salarios misérrimos y eludiendo los impuestos fiscales, sino que distribuyen esos productos únicamente por conducto de judíos […] el consumo ha sido sujeto a una nefasta anarquía por medio del sistema de los abonos” (CDH-RMA-UASLP,Acción, 19 de marzo de 1932). A pesar de la defensa de los diferentes grupos de extranjeros contra las campañas nacionalistas en sus diferentes versiones, tanto hacia los sirio-libaneses en Matehuala como hacia los rusos y polacos en la capital, la naturalización resultó la opción para evadir los ataques de cualquier índole y para, de esa forma, ejercer con libertad el comercio bajo los métodos que estaban implementando en territorio nacional.

Otra de las políticas que impulsaron el proceso de naturalización fue la reforma del artículo de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Como fue señalado párrafos arriba, dicho código estableció solo 10 por ciento de trabajadores extranjeros en los negocios comerciales e industriales y el 90 por ciento restante para los mexicanos. La prensa potosina denunció que los trabajadores extranjeros contratados en empresas mexicanas se burlaban de esta ley y que los extranjeros se naturalizaban solo para conservar sus empleos, y no por el amor a la patria que los acogió:

[…] debe de considerarse como mexicanos aquellos extranjeros nacionalizados que obtuvieron la nacionalización antes de la vigencia de esta ley, pues de lo contrario debe considerarse su acto como una simple argucia de acuerdo con las empresas para mantenerse en sus trabajos (CDH-RMA-UASLP,Acción, 1 de abril de 1932).

Los discursos antiextranjeros, tanto en la prensa local como de algunos comités antiextranjeros, señalaron que la naturalización fue utilizada por extranjeros solo para no ser afectados en sus intereses profesionales, bienes económicos y propiedades. Lo anterior tiene lógica, pues fue el único recurso legal que los foráneos tuvieron para integrarse a la comunidad nacional y local, y, por consiguiente, conservar aquello que construyeron a lo largo de años en la entidad. Como se ha apuntado, muchos de ellos estaban integrados a las sociedades regionales en las que residían, pero eso no los eximió de ser el blanco de la ola nacionalista posrevolucionaria.