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INTRODUCCIÓN
Con el interés de describir y analizar históricamente la pesquería de abulón como actividad socioeconómica y cultural prioritaria para un grupo humano costero, con énfasis en la política pública que se ha enunciado sobre el sector, se propuso desarrollar el siguiente análisis crítico del discurso (ACD) de la política pública que regula la pesquería de abulón.
En el presente artículo se pretende desarrollar un análisis histórico de aproximadamente 80 años, enmarcado en un periodo en el que surgieron las primeras regulaciones relacionadas con la pesquería de abulón en México, en 1927, que casi coincide con los registros de las primeras cifras de captura oficial en 1929. La revisión histórica concluye aproximadamente en 2010, fecha de observación de las últimas capturas consideradas en este estudio y de procesos estructurales y políticos sobre la pesquería de abulón en la península de Baja California. El análisis textual se enfocó en un lapso coyuntural que abarcó de 1947 a 1993, cuya pauta temporal la marcó la propia revisión de la información que nos condujo a una clara delimitación del discurso político en dos periodos: 1947-1987 y 1989-1993.
Las principales tareas de investigación incluyeron la revisión de bibliografía especializada de la temática abordada, sobre el sector y en la zona de estudio, exploración de 13 instrumentos jurídico-normativos, y un análisis específico de cinco de estos instrumentos utilizando las siguientes herramientas: análisis crítico del discurso (ACD) y la perspectiva de la historia conceptual. En cuanto al análisis conceptual histórico, se identifican conceptos diacrónicos y sincrónicos situando el contexto en diferentes tiempos históricos.
El artículo está organizado de la siguiente manera: un primer apartado, que incluye una introducción, con once subtemas: evaluación de las políticas públicas; herramientas para evaluar políticas públicas desde la antropología social y la lingüística, estudios críticos del discurso (ECD), historia conceptual; estudios críticos del discurso en políticas públicas: una revisión; esbozo histórico de la política pesquera en México, etapas de la política pesquera en México; área de estudio, sociohistoria de la pesquería de abulón en Baja California, cooperativismo en Baja California, explotación pesquera de abulón. El segundo apartado versa sobre la metodología; el tercero, sobre los resultados, este último con cuatro subtemas: acciones identificadas en el corpus analizado, que incluye el planteamiento acerca de los actores discursivos dentro del corpus por periodo histórico analizado; le sigue el subtema sobre las nominaciones en los textos regulatorios de la pesquería de abulón analizados, del que se desprenden cuatro apartados: identificación de conceptos a través de la historia conceptual, políticas públicas, pesca social, intermediarismo, democracia simulada. Por último, se exponen las conclusiones.
Evaluación de las políticas públicas
En la teoría de política pública se observa que esta bien puede ser un instrumento legislativo o una norma, y las políticas públicas, un conglomerado de entidades generalmente estatales que pueden incluir una o varias instituciones, programas y lineamientos para desarrollar o dirigir determinado sector desde el gobierno estatal (Aguilar Villanueva, 2000).
Al parecer, existe una larga tradición teórico-práctica sobre políticas públicas en América, originada principalmente en la academia de Estados Unidos (Berkeley, Harvard, Austin, Stanford), que se emprendió básicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial (Aguilar Villanueva, 2000). Rama central de la ciencia política, y que subsume a la ciencia administrativa, esta línea tiene que ver con concepción-formulación, emisión-ejecución, evaluación-replanteamiento y diseño de planes y programas en políticas públicas de parte de académicos allegados a la administración pública, grupos de la sociedad civil y sectores gubernamentales.
El análisis de la implementación de una política pública ha sido poco abordado. De acuerdo con Revuelta (2007), conlleva un proceso que va desde el decreto formal de la política hasta ver alcanzados sus resultados finales, por lo que a veces no es claro el periodo del proceso que se pretende analizar.
Dentro de la misma complejidad del análisis de la implementación de una política se encuentra la poca claridad respecto de la especificidad del tipo de política, pues entre las diferentes políticas se pueden ubicar, según Revuelta (2007), una decisión administrativa, un plan o programa, un decreto administrativo (expedido por el Ejecutivo) o una ley (aprobada por el Legislativo).
Los elementos constitutivos de una política pública, de acuerdo con Aguilar Villanueva (2000), son los siguientes: solución de un problema público, existencia de un grupo objetivo y coherencia (base conceptual, modelo causal) -la falta de coherencia se reflejará en la existencia de medidas solo ocasionales dirigidas al mismo grupo objetivo, que en muchos de los casos se contraponen-; existencia de diversas acciones y actividades gubernamentales que aplicar; programas de intervención; existencia de actores clave y formales; naturaleza obligatoria en las decisiones y actividades. Según Parsons (1995), una política pública tiene un ciclo de génesis e implementación definido. En términos generales, este ciclo comprende un “(re)surgimiento del problema, percepción del problema, inclusión en la agenda gubernamental, formulación de alternativas, decisión y adopción de un programa legislativo, implementación de los planes de acción, evaluación de los efectos” (Subirats et al., 2008, p. 44). Esta perspectiva cíclica bien puede verse como un marco de referencia, no como un esquema rígido (Parsons, 1995). En muchas ocasiones, el análisis en una perspectiva cíclica evade la consideración de casos simultáneos o ciclos incompletos, por lo que es importante efectuar análisis transversales de las diferentes etapas, análisis profundos de los principales textos de las políticas, multiactores y diversos marcos con los que se tienen interacción (Subirats et al., 2008).
Entre los instrumentos utilizados para analizar la política pública, se reconocen, por conjuntos: la teoría política cualitativa, la modelación cuantitativa, la microeconomía, la teoría de las organizaciones, entre otros. Sin embargo, de acuerdo con Wildavsky (1979), un análisis de políticas es una actividad que no puede someterse a programas fijos porque es sinónimo de creatividad.
Los enfoquestop-downybottom-upson las clasificaciones más comunes utilizadas en los análisis de implementación de políticas (Revuelta, 2007). Parafraseando a Revuelta (2007), el enfoquetop-downcomienza con el análisis de la toma de decisiones, después examina el grado en que sus objetivos fueron alcanzados en tiempo y forma, y el enfoquebottom-downinicia en el nivel más bajo del proceso de implementación y analiza en cada nivel la capacidad para afectar el comportamiento de la política y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos.
Sin duda, uno de los pilares bibliográficos sobre políticas públicas en castellano es la obra de Parson (2007), que incluye una conceptualización y un proceso para desarrollar un análisis de las políticas públicas. La práctica del análisis de la política pública la enfoca básicamente en los siguientes apartados: revisión de la implementación (que es el análisis de la puesta en marcha), discernimiento de las vías y los valores implicados en la implementación, una revisión auditando, valorando y controlando la puesta en marcha (entidades ejecutoras), evaluación del cambio y la continuidad de las propias políticas, y, por último, los impactos y resultados de las mismas políticas.
En general, se considera que el uso de los marcos teóricos depende del contexto que se quiera analizar, porque ningún enfoque es mejor o peor. Por lo que, tal como lo recomienda Revuelta (2007), un estudio de la implementación de una política debe hacerse desde un enfoque pluralista, utilizando los diversos marcos teóricos existentes.
De acuerdo con Bobadilla et al. (2013), la evaluación de la política ambiental en México ha avanzado con lentitud debido, al parecer, a la novedad y a la rápida evolución de dichos dispositivos; la complejidad de los problemas ambientales y la inexistencia de modelos de evaluación estandarizados para los evaluadores de tales mecanismos. La política pesquera nacional ha sido abordada académicamente en aspectos históricos (Alcalá, 2003), al igual que algunas evaluaciones de programas sectoriales (Ruiz López, 2009). Podría considerarse que la política social en México ha tenido más experiencias de análisis, pero enfocadas básicamente en los programas sectoriales (Acosta, 2010).
Herramientas para evaluar políticas públicas desde la antropología social y la lingüística
La sociolingüística, disciplina derivada de la antropología social y la lingüística aplicada, “es el estudio del lenguaje tal como es utilizado, así como de la sociedad en cuanto ente que se comunica, es el campo que estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad; entre los usos del lenguaje y las estructuras sociales en las cuales viven y se desenvuelven los usuarios de la lengua” (Blanco, 2005).
Estudios críticos del discurso (ECD)
En el presente artículo, los términos estudios críticos del discurso o ECD y análisis crítico del discurso o ACD serán utilizados de manera indistinta. El aspecto central del ACD, parafraseando a Pardo (2013), es la comprensión de la cultura a través de la relación entre el lenguaje y el poder. Puede enfocarse en el análisis de datos textuales, por ello su aplicación es útil en una evaluación y análisis de instrumentos de política pública.
Como lo enuncia Pardo (2013), “el análisis crítico del discurso busca desentrañar fenómenos como la inclusión y la exclusión, los cuales se encuentran inmersos en formas de dominación, es decir, de control en algún orden vital de un pueblo o un sector de la sociedad sobre otro o el resto” (p. 140). Por tal razón, es importante utilizar esta herramienta de análisis de la política pública que un gobierno dispersa entre los sectores sociales y económicos que conforman a la(s) sociedad(es) que gobierna. De acuerdo con Pardo (2013), es en el discurso público donde se ponen de relieve las interacciones de lucha por el poder y el conflicto de intereses; de ahí el provecho de utilizar el ACD en la política pública.
Pardo (2013) menciona los aspectos fundamentales de los ACD; estos son: “la compresión en el discurso de los conceptos de poder e ideología, mediante la apropiación de la hermenéutica, la explicación de las estrategias discursivas, el reconocimiento de los factores contextuales en la interpretación y la adopción de un lugar político desde el cual se investiga” (p. 67).
Además, como lo describe Pardo (2013), “es necesario que se reconozca que el uso de la lengua es un fenómeno social, los individuos y colectivos expresan significados y el discurso es la unidad funcional-analítica a partir de la cual el investigador da cuenta de lo que ocurre y se representa en el proceso de comunicación” (p. 67).
Este tipo de estudios, desde la perspectiva de Van Dijk (1993; 2006), adoptan e implican una posición frente a los datos que se analizan en perspectiva histórica social, ideológica, cognitiva y lingüística. Esto implica, como lo sugiere Pardo (2013), que los ACD son generadores de conciencia, reflexivos y se asumen desde una perspectiva intersubjetiva.
Historia conceptual
La historia conceptual atiende al proceso mediante el cual los conceptos se han articulado sincrónicamente al tematizar situaciones, y diacrónicamente al asumir su modificación (Vilanou, 2006). Así, al referirse a la doble dimensión sincrónica y diacrónica, la historia conceptual rastrea las diversas significaciones de un concepto que se encuentran acumuladas en una especie de capas estratigráficas que son reactivadas en cada uso efectivo del lenguaje (Vilanou, 2006).
Estudios críticos del discurso en políticas públicas: Una revisión
Los ECD aplicados a las políticas públicas han sido poco explorados, en general. Entre la gama de trabajos realizados se encuentran principalmente en los análisis de legislación enfocada a cuestiones de género, igualdad (Forero y Hurtado, 2013) y aspectos de diversidad sexual (Echeverría y Maturana, 2015).
Varios autores coinciden en que las políticas públicas son construcciones discursivas, en las que se presentan relaciones de dominación, exclusión y desigualdad (Echeverría y Maturana, 2015; Pardo, 2013; Van Dijk, 2010). De acuerdo con Forero y Hurtado (2013), el ACD resulta una herramienta útil para replantear la política pública y proponer discursos alternativos e incluyentes.
Otro sector estudiado desde la perspectiva del ACD ha sido el de educación (Soler, 2011). El análisis crítico del discurso de documentos de política pública en educación es llevado a cabo principalmente porque en las últimas décadas en América Latina se ha aplicado una serie de reformas educativas a través de ajustes estructurales de iniciativas internacionales de corte económico que consideran la educación como un finper se(Soler, 2011). El principal interés del ACD de la política pública educativa es identificar las estrategias y estructuras discursivas de los organismos internacionales promotores de acciones e idearios universales que están gestionando este cambio de paradigma en la educación regional, para su crítica o rechazo.
También han sido abordados con el ACD en política pública la temática ambiental y los aspectos de sustentabilidad. Con este enfoque se ha desarrollado un trabajo sobre la construcción del ecoturismo como política socioambiental (Liscovsky y Parra, 2011). Desde esta perspectiva, se considera que las políticas socioambientales se fundamentan en propuestas internacionales basadas en el concepto de sustentabilidad (el cual es diverso) imponiéndose los criterios de desarrollo desde el nivel internacional al comunitario.
Son realmente escasos los estudios sobre legislación que utilizan el ACD enfocados en el sector primario. Existe un trabajo centrado en las políticas alimentarias (López Giraldo y Franco Giraldo, 2015). Respecto de las políticas públicas pesqueras hay muy pocos trabajos. A continuación se resumen tres estudios revisados:
Un análisis desde los costos de transacción de la política pesquera común de la Unión Europea (Gomis, 2014). A pesar de que no utiliza de manera explícita el ACD, el estudio del discurso de dichas políticas en los temas de desarrollo sostenible, modernización y democratización ecológicas permite un análisis crítico del discurso.
Un estudio sobre las políticas públicas pesqueras en Argentina durante tres décadas inmediatas al golpe militar de 1976, con su respectiva institucionalización del gobierno dictatorial (Cañete, 2008). Esta investigación tampoco hace explícito el uso del ACD como herramienta metodológica, sin embargo su interés analítico es muy cercano a esta herramienta a partir de tres ejes temáticos. El primero consiste en el análisis de las políticas gubernamentales que han regulado la explotación de los principales recursos pesqueros; la historia del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), los cambios en su relación con las políticas gubernamentales, sus principales líneas de investigación; por último, estudia los cambios de los principales actores socioeconómicos considerando que el Estado debe fungir como garante de la utilización sostenible de los recursos naturales de propiedad común y, a la vez, ofrecer la democratización de los recursos.
Un trabajo sobre la recuperación de una pesquería local en Argentina, analizada con un ACD, que no es precisamente sobre políticas pesqueras. Lo interesante de esta aportación es la reflexión que ofrece sobre el uso de la prensa gráfica como fuente de datos y de discursos, abordando el discurso sobre políticas públicas que regulan al sector eventualmente descrito en las notas periodísticas (Nogueira, 2016).
Esbozo histórico de la política pesquera en México
A pesar de los cientos de regulaciones que se han emitido en México desde su consolidación como república, de todos los niveles jurídicos normativos (leyes, decretos, normas, avisos, acuerdos, etcétera), que tocan temas ambientales, sobre los recursos naturales, marítimos y pesqueros, no existe información documental sistematizada y analizada que dé cuenta de tan vasta herencia legal mexicana, mucho menos de su utilidad, coherencia y efectividad en la aplicación (Alcalá, 2003).
De acuerdo con Alcalá (2003), la política pesquera en México puede ser narrada en términos circunstanciales. Después de la Revolución y antes de 1970, hay datos que indican que la política pesquera en México era incipiente y con un enfoque social muy fuerte; las regulaciones y los programas se implementaban de manera muy lenta (OCDE, 2007).
De 1970 a 1977, México impulsó la pesca nacional siguiendo los dictados internacionales, desde la implementación de la Zona Económica Exclusiva hasta los incentivos financieros para promover la pesca y el mercado de productos pesqueros de exportación. Con este interés se promulgó la Ley Federal para la Promoción de la Pesca (1972), se estableció PROPEMEX (Productos Pesqueros Mexicanos), empresa estatal reguladora de precios y exportación. Esta incorporó a Ocean Garden Products para comercializar las exportaciones de camarón en Estados Unidos, entre otras acciones (OCDE, 2007).
En 1982, el Departamento de Pesca fue promovido al nivel de Secretaría (SEPESCA). Se estableció el Banco Nacional Pesquero y Portuario (BANPESCA), una entidad financiera exclusiva para el sector. Entre 1980 a 1990, de acuerdo con lo descrito en un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2007), tres acontecimientos marcaron el desarrollo del sector pesquero mexicano: 1) Una fuerte oscilación del Niño-Sur (ENSO) redujo la producción pesquera nacional (sobre todo de sardina y anchoveta del Pacífico). 2) El embargo atunero de 1980 a 1986 trajo consecuencias negativas para toda la industria. En 1990 inició otro embargo. 3) La crisis del peso en 1982 provocó una crisis de deuda al colapsarse los ingresos por exportaciones petroleras.
Se expidió la nueva Ley Federal de Pesca de 1986, dirigida a fortalecer los derechos de acceso cooperativo mediante concesiones y permisos de pesca y acuacultura (solo a las cooperativas se les permitía cultivar camarón). En 1988 se reformó la legislación, incluyendo la privatización, con el interés de estimular la inversión interna en el sector pesquero.
En 1992 se promulgó una nueva Ley de Pesca, cuya aportación principal fue el retiro de la exclusividad histórica de las cooperativas para explotar zonas pesqueras valiosas. Este derecho se reemplazó por el sistema de permisos y concesiones. Se estableció un sistema de normas llamado Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para regulaciones específicas del sector.
Respecto del marco institucional, desde la década de los noventa, acorde con las tendencias internacionales ambientales, al implementarse en 1992 el Código de Conducta para la Pesca Responsable, de parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en ese mismo año se establecieron en México varias instituciones relacionadas con el medio ambiente: la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el Instituto Nacional de Ecología (INE). La antigua Secretaría de Pesca (SEPESCA) se fusionó con la nueva Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), pero bajó al nivel de subsecretaría.
Tiempo después, la Subsecretaría de Pesca fue transferida a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), donde se convirtió en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) -lo que ocasionó una pérdida de presencia del sector-. La CONAPESCA operaría en conjunción con el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable y otros comités consultivos estatales.
De manera muy resumida, tenemos fragmentos históricos delineados por las políticas pesqueras que se pueden catalogar como periodos sexenales o etapas cortas, que corresponden, además, a una política internacional, acordes con el sistema sociopolítico que se iba conformando en el planeta como preponderante: el sistema socioeconómico capitalista neoliberal (que en la actualidad algunas regiones del mundo lo viven como posneoliberal), que alinea el sistema político y económico de México desde más o menos a mitad del siglo pasado (Saxe Fernández, 2002), y que ahora es parte de su columna vertebral en todos los ámbitos de la vida social, económica y política del país.
Etapas de la política pesquera en México
Sintetizando, la política pesquera en México puede describirse en cinco etapas (de acuerdo con la contextualización emitida en los estudios de Alcalá, 2003; González Pedrero, 2010; Méndez-Reyes y Bonada, 2014):
Posrevolucionaria nacionalista-social (de 1920 a 1940). Se sientan las bases regulatorias para la pesca social, se establecen criterios para las organizaciones de base, se especifican principios de extracción de especies y sitios de captura con exclusividad social.
Expansión-modernización, abuso de poder (de 1940 a 1970). Inicia la incipiente industrialización y creación de una flota industrial; pesquería de camarón, modernización de puertos, implementación de entidades del Estado en materia pesquera. En Baja California se conforma el “intermediarismo” y se consolidan las procesadoras industriales pesqueras de franca iniciativa privada (Méndez Reyes y Bonada, 2014).
Corporación e industrialización, pesca subvencionada (de 1976 a 1988). Se duplica la flota de altura; se crea la Secretaría de Pesca, el Banco Nacional Pesquero; se abren créditos pesqueros; se emite la declaración de la Zona Económica Exclusiva; se establecen programas de apoyo pesquero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM).
Declive, desprotección y neoliberalismo pesquero (de 1988 a 2000). Se efectúan las reformas legislativas consecutivas en las regulaciones del sector; cierra el Banco Nacional Pesquero y la Secretaría de Pesca; cancelan especies reservadas a las cooperativas; quiebra la pesquería de camarón; se emite el embargo atunero.
Democracia simulada (Ackerman, 2015) y modernidad pesquera (de 2000 a 2015). Se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, establecimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; la CONAPESCA se incluye en la SAGARPA. Se da prioridad a los aspectos de conservación y protección ambiental alineada a intereses transnacionales y corporativos globales, descontextualizados del todo de la realidad pesquera social y de la mayoría de los habitantes costeros del país.
Área de estudio
La presente evaluación histórica de la política pública de las pesquerías de abulón se centra en la pesca de abulón en el estado de Baja California Sur, localizado en la península de Baja California, en específico en la Zona Pacífico Norte, franja costera de aproximadamente 200 kilómetros, ubicada en la costa del Pacífico del municipio de Mulegé. Sus principales localidades son Isla Natividad, Punta Eugenia, Bahía Tortugas, Bahía Asunción, Punta Prieta, San Hipólito, La Bocana y Punta Abreojos. La contextualización histórica de la pesca de abulón tomada en cuenta en el presente análisis comprende tal actividad en toda la península de Baja California.
Sociohistoria de la pesquería de abulón en Baja California
En la historia de la pesca de abulón en México se habla de aproximadamente 150 años, o tal vez más, de esta pesquería a lo largo de toda la costa occidental de la península de Baja California (Cox, 1962). De acuerdo con datos históricos, esta pesca estuvo en manos de flotas foráneas y extranjeras de 1860 a 1937, aproximadamente (Cox, 1962; Méndez Reyes y Bonada, 2014). A partir de 1937, la explotación de abulón pasó a ser exclusiva de sociedades cooperativas locales mexicanas (Méndez Reyes y Bonada, 2014).
Existen documentos históricos transfronterizos que atestiguan la explotación de abulón peninsular por una flota estadounidense compuesta principalmente por pescadores de origen chino durante el siglo XIX y principios del XX (Cox, 1962); asimismo, la pesca ilícita durante esos periodos (Méndez Reyes y Bonada, 2014). De igual manera, se cuenta con datos públicos oficiales nacionales de extracción de 1940 a la fecha (León Carballo y Munciño Díaz, 1996), que no son consecutivos, pero permiten a los estudiosos del tema notar las tendencias de los volúmenes de captura y cómo se ha desarrollado esta pesquería a través del tiempo. En estos mismos términos, se tiene información sobre las variadas expresiones de valor monetario que dicho producto ha tenido en el mercado internacional, dada su cotización mundial como producto de alto valor y de mercado elite de consumo (Searcy Bernal et al., 2010).
Elementos tan impresionantes de esta pesquería son creados y conformados por las mismas agrupaciones sociales que instituyeron la flota pesquera desde casi la mitad del siglo XX, y que a la fecha son las que siguen mayormente extrayendo este producto; estas son las cooperativas pesqueras, organizaciones de base que integran la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera en Baja California (FEDECOOP), que a raíz de la comercialización de este producto pesquero, junto con otros más de alto valor como la langosta, han dado origen y mantienen comunidades pesqueras rurales en la franja litoral de la península (Ramírez Sánchez et al., 2011).
Además, estas estructuras sociales surgieron a la par o como consecuencia de una serie de eventos histórico-sociales y políticos del México posrevolucionario, entre los que destacan las leyes que fomentaban el avance de los grupos sociales más necesitados, el nacionalismo en cuanto al usufructo de los recursos naturales, la emisión de la Ley de Sociedades Cooperativas de 1926 (Valenzuela Reyes, 2012), la exclusividad de ciertos productos pesqueros (los de más alto valor) para este tipo de organizaciones, la asignación de sitios de extracción para dichas organizaciones sociales, la repartición de tierras ocurrida con la “ejidización” de la península (y que atrajo a grupos humanos a asentarse en diferentes puntos geográficos peninsulares antes no habitados, debido a la población principalmente nómada de la península antes de la colonización española), entre otros elementos de considerable apoyo a organizaciones de base, grupos comunitarios y rurales, incitado en mucho por el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940).
El desarrollo de esta pesquería está íntimamente ligado a procesos sociales y políticos que le han dado forma al país por más o menos los últimos cien años, incluyendo, por supuesto, una vasta plataforma de legislación ambiental y pesquera para regular al sector, en términos de la política pública que México emite en todos los rubros: vertical, centralizada y con pretensiones de comando y control (Durazo, 2004; Alcalá, 2003) como única finalidad regulatoria.
De igual modo, esta pesquería ha desarrollado su historia local propia, que incluye formación de comunidades marino-costeras de cientos a miles de habitantes, una disminución paulatina del volumen de captura, un incremento del precio del producto en el mercado internacional, todo un engranaje industrial tanto en el procesamiento del producto como su puesta en el mercado para el consumo final; incluso, una extracción ilegal y un mercado negro que integran la captura, el transporte, el manejo y la venta en el mercado internacional, con su respectivo proceso de exportación, que se ha calculado en aproximadamente 30 por ciento del actual volumen promedio de captura (Ponce et al., 2013).
Cooperativismo en Baja California
Adentrándonos un poco en la historia reciente, la revolución del país trajo consigo un discurso nacionalista de bienes públicos y uso común del mar territorial y las especies pesqueras (establecido en la Constitución de 1917, artículo 27, sobre la protección de los recursos naturales de México). La primera Ley de Pesca fue emitida en 1925; a partir de entonces se ha efectuado una serie de modificaciones y conformaciones de una nueva ley pesquera hasta la actual.
El nacionalismo de los constituyentes de 1917 propició la simiente jurídico-legal para la conformación de las comunidades pesqueras de la zona Pacífico Norte pocos años después, así como para todas las sociedades cooperativas de netos principios sociales en todo el territorio nacional en las décadas subsiguientes. Las líneas que dibujan el proyecto de nación posrevolucionario, que ya se esbozaba en los escritos regulatorios primarios, tenían claros tintes nacionalistas y de resguardo patrimonial real para el pueblo mexicano.
La nueva ley de cooperativas expedida en 1934 eximía a pescadores indigentes del pago de derechos sobre explotación de pescado fresco. Esta medida, que pretendía propiciar la organización de los pescadores, favoreció el surgimiento de empresas transformadas en cooperativas por parte de la iniciativa privada, como el caso de Luis M. Salazar, dueño de La Industrial de Ensenada, S. A., quien fundó la Cooperativa Mixta de Pescadores en Ensenada en julio de 1933, justo cuando uno de sus socios y amigos, Abelardo L. Rodríguez, era designado presidente de México (Méndez Reyes y Bonada, 2014).
La captura exclusiva de ciertas especies por cooperativas de pescadores de la región declarada en 1936, que también asentó la exclusividad de la venta de langosta, camarón y abulón a las empresas nacionales, dio pie al surgimiento de intermediarios entre el productor y consumidor, entre particulares y prestanombres.
La Compañía de Transporte y Explotación de Pesca, establecida en Mexicali, capital del distrito Norte de Baja California, con el fin de trasladar el producto de los campamentos de pescadores organizados en cooperativas, fue una de las primeras empresas intermediarias. Esta compañía era propiedad de un antiguo jefe político de la zona, Esteban Cantú (Méndez Reyes y Bonada, 2014).
El intermediarismo surgió como un mal necesario, acompasando los procesos, las etapas y el desarrollo de las cooperativas pesqueras, muy concretamente en la larga península de Baja California; una especie de empresariado emprendedor que fijaba precios, avasallaba ganancias y dejaba al cooperativista a su merced. Este complejo esquema incorporado en la cadena de mercado de cualquier producto comercial hasta la fecha acompaña a los pescadores en toda la península de Baja California.
Explotación pesquera de abulón
Los primeros datos de captura, en estadísticas oficiales mexicanas, se remontan a 1929, con 1 721 toneladas (Guzmán del Proo, 1989, cit. en León Carballo y Munciño Díaz, 1996). Se tienen registros más exactos a partir de 1940, como se aprecia en la figura 1: los volúmenes de producción se mantuvieron entre mil toneladas; se incrementaron hasta casi seis mil toneladas una década después. Posteriormente a esta etapa, disminuyeron los volúmenes extraídos; entre 1956 a 1973, las capturas descendieron anualmente; de 1960 a 1970 la producción fluctuaba aproximadamente en tres mil toneladas (León Carballo y Munciño Díaz, 1996). Las disminuciones fueron constantes hasta llegar a 200 y 500 toneladas entre los años 2000 y 2010.
METODOLOGÍA
Para la aplicación del ACD se exploraron y analizaron los instrumentos textuales de política pública sobre pesquerías de abulón en por lo menos dos de sus dimensiones básicas: su semántica y su pragmática. Cada una correlacionada con los factores de orden social y cognitivo que le son propios. De acuerdo con Pardo (2013), la pregunta que orienta los estudios del discurso es sobre el porqué de lo dicho.
Con el interés de describir el contexto histórico con énfasis en las políticas públicas sobre la pesquería de abulón en términos de estructuras de conocimiento social a través de las estructuras socioculturales (como actividad socioeconómica y cultural prioritaria para un grupo humano costero), se propone el siguiente trabajo reflexivo y técnicamente sistematizado, con niveles o fases analíticas de aproximación multidisciplinar para explicar significados e interpretar realidades sociales multiactorales a través de una evaluación de instrumentos textuales de la política pública que regulan el sector específico del abulón, identificando grados e inconsistencia-coherencia y legitimación en el discurso político y las realidades sociales históricas que se han suscitado en las costas donde se ha venido desarrollando esta pesquería.
Por lo tanto, fueron explorados los instrumentos textuales de política pública sobre pesquerías de abulón, en específico 13 instrumentos jurídico-normativos que integran el corpus legal de la pesquería de abulón (véase el cuadro 1) desde las primeras emisiones regulativas para dicha pesquería (durante un periodo sociohistórico de aproximadamente 80 años). A partir de esta primera exploración textual, se seleccionaron cinco elementos textuales para analizarlos en profundidad con las herramientas ofrecidas por el ACD. Los instrumentos se seleccionaron a partir de su especificidad-especialización temática, importancia contextual (la problemática que tratan de solventar) y riqueza y relevancia textual.
A partir de los cinco elementos textuales seleccionados, se emprende una desestructuración del corpus de instrumentos regulatorios de la pesquería de abulón con perspectiva sociohistórica, a fin de interpretar, mediante la relación entre lenguaje y poder, el discurso en multiplicidad de sentidos, con un enfoque de aproximación multidisciplinar, metodología sistemática y reflexiva.
Los siguientes cinco instrumentos regulatorios históricos de la pesquería de abulón fueron analizados desde la perspectiva del ACD: 1) Acuerdo sobre la explotación de abulón de 1947 (DOF, 14 de marzo de 1947). 2) Acuerdo de 1981 mediante el cual se establecen medidas de regulación para la extracción de abulón (DOF, 22 de septiembre de1981). 3) Acuerdo que establece medidas de regulación para la extracción de abulón de 1987 (DOF, 29 de junio de 1987). 4) Acuerdo de 1989 que establece veda para las especies de abulón amarillo (Haliotis corrugata), abulón azul (Haliotis fulgens), abulón rojo (Haliotis rufescens), abulón negro (Haliotis cracherodii) y abulón chino (Haliotis sorenseni) en aguas litorales de la península de Baja California. 5). Norma Oficial Mexicana 005-PESC-1993 para regular el aprovechamiento de las poblaciones de las distintas especies de abulón en aguas de jurisdicción federal de la Península de Baja California.
Considerando que el discurso verbal-textual cristaliza expresiones consensuadas que caracterizan a un grupo, se abordaron los siguientes pasos en el ACD:
Categorización de las acciones. Como categoría analítica, la teoría de la acción nos identifica con la presencia de actores -sujetos/colectividades-, con la ubicación de intereses y con el establecimiento de causas o estados en determinada situación (Pardo, 2013).
De acuerdo con Pardo (2013), las acciones explican niveles de organización de los individuos, instituciones y organizaciones; permiten visualizar la implicación directa de los actores y sus interacciones con la sociedad. Por ello, en el corpus analizado se determinó la frecuencia de palabras que denotan una acción.
Identificación de los actores discursivos en el corpus por periodo histórico analizado, es decir de 1947 a 1993, que es el tiempo durante el cual fueron emitidos los instrumentos estudiados. De igual modo, se identificó la frecuencia de los actores.
Nominaciones en el texto. Un fenómeno puede ser trasformado y legitimado discursivamente de dos formas, en general: a) nominando seres u objetos indefinidos, atribuyéndole al fenómeno características, asignándole un nombre retórico, o b) dándole un nombre propio, resaltando sus atributos (Pardo, 2013). Las características nominales, de acuerdo con Pardo (2013), incluyen: nombre propio, nombre común o nombre retórico. La forma de nombrar puede estar dada por la compartición de rasgos, comparación o analogía.
Identificación de conceptos a través de la historia conceptual. Siguiendo el planteamiento intelectual de Koselleck (2004), se identificaron los conceptos principales que construyen la historia textual y contextual de la pesquería de abulón en el periodo estudiado. Según este mismo autor, tematizar situaciones (sincronía) y sus modificaciones (diacronía) clarifica la diversidad de niveles de los significados de un concepto que proceden cronológicamente de épocas diversas. La semántica histórica explica que los conceptos son indicios por medio de los cuales es posible conocer las transformaciones sociopolíticas y cambios históricos (Koselleck, 2004).
La identificación de situaciones, y su correspondiente permanencia, continuidad, cambio o alteración, permite, de acuerdo con Koselleck (2004), reconocer el significado de los conceptos y los aspectos del significado que ya no se corresponden con ninguna realidad. De esta manera, puede observarse en una situación o en un fenómeno la condición del concepto, su permanencia y su utilidad. Cuando una palabra ya no sostiene o reúne las experiencias acumuladas en un concepto, pierde vigor como concepto fundamental y deja de utilizarse (Koselleck, 2004). “Lo que se expresa lingüísticamente es siempre más o menos que aquello que está o estuvo presente en la historia real. Y lo que la historia contiene es siempre más o menos que lo que puede ser dicho lingüísticamente” (Koselleck, 2004, pp. 39-40).
RESULTADOS
En la etapa posrevolucionaria, México sobrellevó innumerables transformaciones sociopolíticas e institucionales. El sector pesquero, lejano del todo de la centralidad que caracterizó, y aún caracteriza, al gobierno concéntrico instaurado, no fue la excepción. Además, como la mayoría de las actividades económicas extractivas que se desarrollaban antes de la Revolución en México, los principales recursos pesqueros estaban siendo aprovechados por empresas extranjeras.
La primera regulación que hace referencia al mar territorial como bien público a algunas especies pesqueras y de uso común fue la Ley sobre Mar Territorial de 1902 (Valenzuela Reyes, 2012). La Constitución de 1917 fue la primera en mencionar la protección de los recursos naturales. La primera Ley de Pesca fue escrita en 1925, primer ente regulatorio sobre la explotación, el método, los permisos, las autorizaciones, las sanciones y las vedas de los recursos marinos. A partir de ese tiempo a la fecha se han sucedido poco más de una decena de modificaciones a esa Ley, que en la actualidad es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (2015).
Otras regulaciones legendarias que acompañaron el proceso pesquero del abulón peninsular fueron la propia Constitución de 1917, en cuyo artículo 28 se incorpora a la sociedad cooperativa; la Ley de Pesca de 1932, que establece la posibilidad de organización pesquera; la Ley General de Sociedades Cooperativas, emitida en 1933 (DOF, 30 de mayo de 1933), que incluye un régimen organizativo para el sector social; la Ley de Pesca de 1937, que establece la explotación exclusiva de pesca a las sociedades cooperativas de los productos: abulón, camarón, calamar, langosta, lisa, ostión, pulpo, robalo y totoaba (DOF, 13 de enero de 1938).
La primera exploración del corpus legal nos ofreció un panorama general de las reglas de operación implementadas por las regulaciones para la pesca de abulón. Las primeras regulaciones de la pesca nacional otorgaban permiso especial de captura de abulón exclusiva a pescadores ribereños organizados en sociedades cooperativas; también se dictaban vedas para el recurso aprovechado.
Las Leyes de Pesca de 1950 y 1972 mantienen la exclusividad de pesca para el sector social. Además, autorizan permisos de pesca para entidades físicas o morales, priorizando al sector social e incorporando a los ejidos para que conformaran sociedades cooperativas pesqueras.
Avanzando en el tiempo se fueron exponiendo otras necesidades tales como la implementación de estudios que permitieran saber de sitios prioritarios de reproducción, vedas temporales y definitivas y áreas de reserva para la especie. Durante 1947-1948 se delimitaron las zonas de pesca por domicilio social de las cooperativas, estableciéndose tres zonas y autorizándose explotar, vender y exportar abulón negro por parte de las cooperativas.
De 1981 a 1994 se constituyen legalmente zonas de captura, tallas mínimas y temporadas; se prohíben método de baja mareas, desconchado a bordo o en playa; se otorga la certificación de tallas de captura para buzos, equipo y artes. Se establece la repoblación de bancos sobreexplotados. Se asienta una redefinición de zonas de pesca, la implementación de tallas mínimas por zona, la reglamentación del uso del arrancador graduado, la entrega de captura sin desconchar, y se establecen vedas anuales para cada zona de pesca autorizada.
En esta revisión teórica del corpus histórico de regulaciones pesqueras que transversalizan la pesca de abulón, y con el análisis específico de los cinco instrumentos regulativos seleccionados en el ACD efectuado, se observa que dicho corpus puede dividirse en dos periodos para su observación: un periodo histórico discursivo que comprende de 1947 a 1987 y un segundo periodo histórico discursivo de 1989 a 1993.
Acciones identificadas en el corpus analizado
Se identificaron algunas asociaciones semánticas y frecuencias de palabras relacionadas con lo descrito arriba sobre la identificación de las acciones. Al parecer, la mayoría de las palabras que enuncian una acción se concentran en el primer periodo histórico; en total aparecen 50 veces en los instrumentos analizados para esas fechas respecto de 37 para el segundo periodo (véase la figura 2). Se observa que la acciónextracciónpresenta la frecuencia más alta: se repite 13 veces, seis en el primer periodo y siete en el segundo. En la frecuencia media encontramos tres acciones que se repiten cinco veces cada una:aprovechar,inspeccionarycertificar. La primera palabra se repite en mayor proporción en el segundo periodo, y cuatro a uno las siguientes dos palabras en el primer periodo. La frecuencia más baja la presenta la palabracumplir, que se repite dos veces en el segundo periodo.
CUADRO 1 INSTRUMENTOS JURÍDICO-NORMATIVOS IDENTIFICADOS QUE INTEGRAN EL CORPUS LEGAL DE LA PESQUERÍA DE ABULÓN DURANTE UN PERIODO SOCIOHISTÓRICO DE APROXIMADAMENTE 80 AÑOS
| Año | Regulación | Enfoque | Estrategia | Principales aportaciones | Sector | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Ley General de Sociedades Cooperativas | Sociedades solidarias y locales | Regulación | Establece bases constitutivas para organización social | Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo | |
| 1927 | Reglamento a la Ley de Pesca | Comando y control | Regulación | Regulación de la pesca nacional, permiso especial para capturar abulón | Secretaría de Agricultura y Fomento | |
| 1937 | 12/03/1937. Departamento Forestal y de Caza y Pesca. Acuerdo que declara la costa occidental de Baja California zona exclusiva para buceo de los pescadores ribereños de abulón, y establece las vedas de pesca de abulón | Conservación: zonas exclusivas captura y vedas | Regulación | Exclusividad de pesca a ribereños organizados en sociedades cooperativas. Vedas: enero 15-feb-marzo 15, por desove | Departamento Forestal y de Caza y Pesca | |
| 1944 | Acuerdo que autoriza a las cooperativas de pescadores de abulón destinar parte de la pesca al consumo interior del territorio norte de la Baja California | Comando y control | Regulación | Autoriza a las cooperativas destinar parte de su pesca al autoconsumo | Secretaría de Marina | |
| 1947 | Acuerdo que establece las reglas de buceo para extraer abulón | Conservación y delimitación de zonas | Regulación | Se expone la necesidad de implementar estudios a fin de saber sitios prioritarios de reproducción, vedas temporales y definitivas y áreas de reserva de la especie. Delimitación de zona por domicilio social de cooperativa. Establecimiento de tres zonas | Secretaría de Marina | |
| 1948 | Acuerdo que establece modalidades para explotación de abulón negro | Extracción, explotación | Regulación | Autorización para explotar, vender y exportar abulón negro por parte de las cooperativas legalmente constituidas | Secretaría de Marina | |
| 1981 | Acuerdo mediante el cual se establecen medidas de regulación para la extracción del abulón | Regulacón, prevención, explotación | Regulación | Zonas de captura, tallas mínimas y temporadas; prohiben método de baja mareas, desconchado a bordo o en playa. Certificación de tallas captura, para buzos y equipo y artes; repoblar bancos sobreexplotados | Departamento de Pesca | |
| 1987 | Acuerdo que establece medidas de regulación para extracción de abulón | Extracción, medidas y reglas | Regulación | Redefinición de zonas de pesca, implementación de tallas mínimas por zona; reglamentación del uso del arrancador graduado; entrega de captura sin desconchar | Secretaría de Pesca | Sobreexplotación, implementar programas de repoblación |
| 1988 | Acuerdo que establece veda para las especies de abulón amarillo (Haliotis corrugata), abulón azul (Haliotis fulgens), abulón rojo (Haliotis rufescens), abulón negro (Haliotis cracherodii) y abulón chino (Haliotis sorenseni) en aguas litorales de la península de Baja California | Extracción, medidas y reglas | Regulación | Establece vedas para cada zona de pesca autorizada para el año 1988 | Secretaría de Pesca | Cinco meses de diferencia entre la fecha inicial del permiso de pesca anual versus el anterior reglamento (de marzo a julio) |
| 1989 | Acuerdo que establece veda para las especies de abulón amarillo (Haliotis corrugata), abulón azul (Haliotis fulgens), abulón rojo (Haliotis rufescens), abulón negro (Haliotis cracherodii) y abulón chino (Haliotis sorenseni) en aguas litorales de la Península de Baja California | Extracción, medidas y reglas | Regulación | Establece vedas anuales | Secretaría de Pesca | Solo cambió para la primera zona en días de inicio, y se implementan vedas fijas para todos los años |
| 1993 | Norma Oficial Mexicana 005-PESC-1993, para regular el aprovechamiento de las poblaciones de las distintas especies de abulón en aguas de jurisdicción federal de la Península de Baja California | Extracción, medidas y reglas | Regulación | Basicamente reglamenta el acuerdo 1989 | Secretaría de Pesca | Lleva a carácter de norma lo reglamentado en el acuerdo de 1989 |
| 1994 | Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos | Reglamenta la explotación | Regulación | Aviso de las vedas antes implementadas | Secretaría de Pesca | |
| 1994 | 03-04-94. Norma Oficial Mexicana 009-PESC-1993que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de las diferentes especies de la flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos | Procedimiento y método | Regulación | Establece los procedimientos para establecer vedas | Secretaría de Pesca | Determina que solo se podrá implementar la veda con información científica sustentada de la especie en cuestión |
Fuente: Elaboración propia.
El primer periodo se aprecia más abundante en acciones, asimismo en las acciones que engloban significados más integrativos y beneficiosos para el sector social, compromisos multisectoriales y el propio recurso natural; estas son, por ejemplo,inspeccionar,certificar,repoblar, que están presentes en el discurso del primer periodo, es decir, al inicio de las implementaciones de las políticas pesqueras para el abulón, la pesca como actividad y las organizaciones sociales en cooperativas pesqueras.
Actores discursivos dentro del corpus por periodo histórico analizado
Sobre los actores discursivos identificados en el corpus, se tienen en el discurso textual lingüístico 18 actores individuales, divididos en tres conjuntos de actores sectorializados: actor gubernamental, actor social y actor público (véase la figura 3). Se aprecia, de igual modo, la separación del discurso político pesquero por periodo; en el primer lapso histórico de 1947-1987 están presentes dos tipos de actores: el actor gubernamental, representado nueve veces en diferentes nomenclaturas, y el actor social, representado cuatro veces dentro del sector. Para el segundo periodo (1989-1993), en el sector actor gubernamental se tienen cuatro representaciones; surge un nuevo actor discursivo identificado como actor público y desaparece el actor social discursivo en el corpus analizado.
Estas observaciones nos permitieron identificar la coherencia discursiva, transformación y legitimación de un discurso que desplaza al sector social para darle entrada a un nuevo discurso de apertura a otros sectores, dejando ambigua la definición de las clases o grupos sociales que habían sido beneficiados y apoyados claramente en las primeras políticas pesqueras.
Uno de los actores discursivos que durante décadas se enunció en los instrumentos regulatorios que se habían emitido desapareció en el transcurso del tiempo justo en el momento que se legitimó un discurso neoliberal y mercantilista para el sector en la política gubernamental central. El actor discursivo que se refería con nombre propio a las sociedades cooperativas y organizaciones sociales en el discurso textual de las regulaciones emitidas después de 1990, en específico en la norma 005-PESC-1993, pasó a ser una figura retórica en los textos regulatorios posteriores, con el nombre retórico “concesionario y/o permisionario del recurso”. Esta modificación corresponde al enfoque que, con la reforma de la Ley de Pesca de 1992, se estaba dando al sector con la eliminación de los recursos pesqueros exclusivos para las sociedades cooperativas.
Nominaciones en los textos regulatorios de la pesquería de abulón analizados
Se identificaron dos nominaciones en el instrumento Norma Oficial Mexicana 005-PESC-1993 para regular el aprovechamiento de las poblaciones de las distintas especies de abulón en aguas de jurisdicción federal de la Península de Baja California. Las nominaciones, como lo explica Pardo (2013), tienen básicamente el fin de transformar y legitimar discursivamente un fenómeno, de dos formas, en general: atribuyéndole características, asignándole un nombre retórico y/o dándole un nombre propio. Las nominaciones identificadas incluyen un nombre propio y un nombre retórico.
NOMINACIÓN 1 SECRETARÍA DE PESCA
| Tipo de nominación | Nombre propio |
|---|---|
| Fenómeno sociodiscursivo | Legitimación |
| Estrategia discursiva | Autocalificación, asignación de atribuciones |
| Proceso lingüístico | Asignación de atribuciones benévolas hacia el recurso abulón |
| Ubicación | Introducción |
| Contexto de nominación | “En virtud de una serie de medidas regulatorias adoptadas por la Secretaría de Pesca, la pesquería de abulón ha registrado en los últimos años una tendencia hacia la recuperación, tanto de los volúmenes de captura, como de las tallas promedio de los individuos que componen la captura comercial, razón por la cual la autoridad pesquera y los productores coinciden en la necesidad de mantener este tipo de medidas para continuar propiciando la conservación de las existencias naturales […] (Norma Oficial Mexicana 005-PESC-1993)”. |
En este fragmento de un texto normativo se observa una inconsistencia explicativa. En aquellos tiempos, la Secretaría de Pesca estaba muy clara que en virtud de una serie de medidas -no dice cuáles ni cómo- la pesca de abulón mostraba una tendencia de recuperación.
NOMINACIÓN 2 QUIENES SE DEDICAN AL APROVECHAMIENTO DE LAS POBLACIONES DE ABULÓN
| Tipo de nominación | Nombre retórico |
|---|---|
| Fenómeno sociodiscursivo | Legitimación |
| Estrategia discursiva | Sustitución |
| Proceso lingüístico | Legitimación-sustitución |
| Ubicación | Parte final del texto |
| Contexto de nominación | “Esta Norma es de observancia obligatoria para quienes se dedican al aprovechamiento de abulón existente en el medio natural, en las aguas de jurisdicción federal de la Península de Baja California”. |
En la nominación 2 se observa una sustitución del actor discursivo que se venía manejando en las regulaciones anteriores a 1990, en las que se nombraba a las sociedades cooperativas y organizaciones sociales como las sujetas de aprovechamiento de las poblaciones de abulón: la correspondencia de esta norma de observancia obligatoria para quienes se dedican al aprovechamiento de abulón que, como ya era notorio, en específico en la norma 005-PESC-1993, sustituye el nombre retórico “concesionario y/o permisionario del recurso” y legitima nuevos actores discursivos.
Identificación de conceptos a través de la historia conceptual
Dentro del corpus analizado se ubicaron cuatro conceptos que contienen en sí contexto, experiencia y significado sociopolítico:políticas públicasydemocracia simuladanos remiten a conceptos diacrónicos;pesca socialse ubica en un momento en el tiempo histórico de nuestro análisis, por lo que podríamos considerarlo sincrónico;intermediarismopuede ser un concepto diacrónico y, además, tiene una carga ideológica, de acuerdo con lo descrito por Koselleck, (2004).
Koselleck (2004) sostiene que los conceptos que llevan el sufijo -ismo“constituyen un ejemplo representativo de tales nociones ricas en capacidad de innovación. Los conceptos, además de su contenido experiencial, contienen un potencial dinámico y de transformación, temporalmente generado, por así decirlo, dentro del lenguaje” (p. 38).
Políticas públicas
Ente regulativo, instrumento legislativo o norma y/o conglomerado de entidades generalmente estatales que pueden incluir una o varias instituciones, programas y lineamientos para desarrollar o dirigir determinado sector desde el gobierno estatal. Se ubican cuatros redes semánticas. A) Política pesquera nacional: Ley de Pesca, acuerdos y normas específicas para la pesca de abulón. B) Programas sectoriales pesqueros para la pesca de abulón: implementación de acuerdos tales como la exclusividad del producto pesquero, estrategias de extracción (arrancador graduado, desconche en planta), cuotas de captura, sitios de extracción. C) Conformación de grupos organizados en cooperativas pesqueras de base social. Impulso a la organización local y de base. D) Evaluación de políticas públicas ambientales y pesqueras: inexistentes en el nivel nacional-regional, por lo que se desconoce la coherencia, utilidad y eficacia de los esquemas regulatorios.
Pesca social
Discurso político posrevolucionario nacionalista que sienta las bases regulatorias para la pesca social. Se establecen criterios para las organizaciones de base, se especifican principios de extracción de especies y sitios de captura con exclusividad social. Enfatiza el desarrollo de la pesca por parte de pobladores locales y organizaciones de base, y práctica de la actividad pesquera que hace referencia a la realizada por grupos humanos ribereños.
Las redes semánticas ubicadas en este concepto son tres: A) Organizaciones de base: grupos locales y ribereños organizados principalmente en cooperativas pesqueras. B) Exclusividad de captura por especies y por sitios: la captura exclusiva de ciertas especies por cooperativas de pescadores de la región declarada en 1936, que implementaba la venta de langosta, camarón y abulón. C) Pescadores artesanales e industriales: en la historia de la política pesquera y la implementación de programas sectoriales en el país a través del tiempo es un concepto que se implica y trasciende y le da sentido a la ruta histórica de la pesca institucional en México. Una gran división entre los pescadores en dos sectores, de acuerdo con la descripción de Alcalá (2003): la pesca industrial y la pesca artesanal, que durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas definía a la pesca realizada por extranjeros en embarcaciones mayores y a los pescadores mexicanos de aguas ribereñas que se movían en cayucos o pangas.
Intermediarismo
Complejo esquema socioeconómico neoliberal que hasta la fecha acompaña a los pescadores en toda la península de Baja California. Fenómeno social que en el entramado de la actividad pesquera consiste básicamente en la existencia de un ente intermediario entre el productor y consumidor, entre particulares y prestanombres. De acuerdo con Méndez Reyes y Bonada (2014), “el empresariado de la región peninsular estableció procesadoras, empacadoras, enlatadoras, congeladoras y unidades de transporte para sacar el producto a los mercados foráneos, dejando al cooperativista a merced de la fijación de los precios por parte de los nuevos intermediarios”.
Las redes semánticas identificadas son: a) industria pesquera: inversión empresarial, establecimiento de procesadoras, empacadoras, enlatadoras, congeladoras y unidades de transporte; b) productor: pescador u organización pesquera que vende su producto a un ente entre él y el consumidor; c) consumidor: último en la cadena productiva de la pesca, el que consume el producto final; d) intermediario: persona u organización empresarial que compra a precio menor el producto pesquero y lo revende al mejor mercado, generalmente tanto fijando precios de compra como participando en la valoración de los precios de venta; e) esquema socioeconómico neoliberal: en la política gubernamental central se legitima un discurso neoliberal y mercantilista acerca del sector. Al actor discursivo que se refería con el nombre de sociedades cooperativas y organizaciones sociales, en los textos regulatorios posteriores a 1992 se le otorga un nombre retórico: concesionario y/o permisionario del recurso.
Democracia simulada
Legitimación de un discurso irreal de un poder político absolutista impuesto poco a poco a través de coyunturas políticas y socioeconómicas en México (la recesión de 1929, la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de un partido político en el país, en la actualidad el Partido Revolucionario Institucional [Ackerman, 2015; Méndez Reyes y Bonada, 2014]), con predominio de corrupción, beneficios personales, políticos empresarios en el naciente sector pesquero mexicano.
Redes semánticas identificadas: a) política pesquera nacional de enfoque sexenal: las campañas políticas para los cambios de gobierno van acompañadas de un eslogan repetitivo que promete cambios respecto del gobierno saliente; estos cambios se centran principalmente en el gabinete, sus estructuras institucionales y los programas sectoriales federales con sus respectivas regulaciones y normatividad jurídica; b) en cuanto la evaluación de las políticas públicas, no existe evaluación, información documental, sistematizada y analizada que dé cuenta de las regulaciones mexicanas ni de su utilidad, coherencia y efectividad en la aplicación; c) entidades estatales descontextualizadas, en las que predominan los intereses transnacionales y corporativos globales.
CONCLUSIONES
Es importante reconocer que existe una percepción histórica tergiversada de la extracción de abulón. México, a partir de 1930 aproximadamente (Méndez Reyes y Bonada, 2014), retomó una pesquería con toda una historia de explotación, es decir, ya sobreexplotada. A partir de ahí, inicia con medidas regulatorias de extracción como si se tratase de una nueva pesquería. Esta puede ser una explicación consistente con el declive poblacional de la especie y la disminución de su captura, ocurridos a pocos años de la determinación de la extracción regulada y autorizada.
En esta revisión teórica del corpus histórico de regulaciones pesqueras que transversalizan la pesca de abulón, tanto con el ACD como con la conceptualización histórica, se observa que el corpus puede dividirse en dos periodos para su observación: un primer periodo histórico discursivo-conceptual de 1947-1987 y un segundo periodo de 1989-1993.
El primer periodo se aprecia más abundante en acciones, asimismo en las acciones que engloban significados más integrativos y beneficiosos para el sector social, compromisos multisectoriales y el propio recurso natural. Estamos hablando de 50 acciones sobre 37 en el segundo periodo. Respecto de los actores discursivos, en el primer periodo, 1947-1987, están presentes dos tipos de actores: el actor gubernamental, representado nueve veces en diferentes nomenclaturas, y el actor sector social, representado cuatro veces.
Para el segundo periodo, en el sector actor gubernamental se tienen cuatro representaciones. Surge un nuevo actor discursivo identificado como actor público y desaparece el actor social discursivo en el corpus analizado. En el discurso textual de las regulaciones emitidas después de 1990, en específico en la Norma Oficial Mexicana 005-PESC-1993, se le otorga el nombre retórico de concesionario y/o permisionario del recurso. Esta modificación corresponde al enfoque introducido por la reforma de la Ley de Pesca de 1992 con la eliminación de los recursos pesqueros exclusivos para las sociedades cooperativas.
Es notoria la separación del discurso político pesquero por periodo. La transformación y la legitimación de un discurso desplazan al sector social para dar paso a un nuevo discurso de apertura a otros sectores, con lo que se deja ambigua la definición de las clases o grupos sociales que habían venido siendo beneficiados y apoyados claramente en las primeras políticas pesqueras.
En cuanto al análisis conceptual, se ubicaron cuatro conceptos: 1) políticas públicas, y 2) democracia simulada (diacrónico); 3) pesca social (sincrónico), y 4) intermediarismo (diacrónico e ideológico). De los cuatro conceptos identificados, políticas públicas y pesca social comparten elementos en las redes semánticas. Intermediarismo presentó mayor número de redes semánticas, y todos sus elementos están relacionados con un esquema socioeconómico. De igual modo, sus componentes lingüísticos hacen referencia a significados mercantiles. El concepto de democracia simulada nos remite a periodos de gobierno acotados, falta de evaluación de las políticas públicas y acciones estatales descontextualizadas dentro del sector.
En general, en el presente análisis histórico-discursivo de las políticas públicas que versan sobre la pesquería de abulón en la península de Baja California, se aprecia la misma percepción a la que han llegado diferentes análisis sociohistóricos de la pesca en general en el nivel nacional; esta es que a través del tiempo se ha sacrificado al sector social en aras de la modernidad, caracterizada por una apertura comercial que condena el proteccionismo y demanda una mayor competitividad y productividad en las actividades pesqueras (Valenzuela Reyes, 2012; Alcalá, 2003). Una reforma del sector debiera ser replanteada en términos de mayor justicia y equidad social, adelantamiento y avance en términos tecnológicos, estructurales-organizativos y entrenamiento, y mayor preparación técnica de las personas involucradas. Los procesos tendrían que ser de abajo hacia arriba y totalmente horizontales; un cambio de paradigma en políticas públicas en el país.
