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Las haciendas en México
La historiografía mexicana en torno a las haciendas1 tiene sucesivas etapas en las que intervienen enfoques teóricos y sustentos archivísticos: desde los análisis de la historia macroeconómica y social, como los de Francoise Chevalier, Enrique Florescano y Andrés Molina Enríquez, hasta los estudios regionales o tipológicos de David Brading, Gisela Von Webeser, Herbert Nickel, y los estilísticos y artísticos de arquitectos e historiadores de arte; todos los cuales son de consulta obligada para acercarse a estas unidades de producción. A los enfoques académicos se añaden los alardes estéticos del Banco Nacional de México, que bajo la pluma de Ricardo Rendón Garcini -además de insuperables fotógrafos- hicieron un deleite visual viajar por esos vestigios arquitectónicos que ahora inundan el paisaje rural mexicano (Rendón, 1997).
Si bien esa extensa bibliografía ha desplegado un cúmulo de definiciones y conceptos, una considerable parte de estos escritos ha coincidido en definir las haciendas como una unidad de producción autónoma y compleja sustentada en un sistema de explotación fundamentalmente agropecuario que tuvo distintos orígenes y, por ende, diversas fisonomías en torno a las cuales se estructuró la vida rural y semirrural de México. Su historia es compleja e impregnada de cierta polémica, pues si bien hubo características que le fueron comunes, también el paso del tiempo, las circunstancias históricas, las condiciones geográficas, las clases de producción, las demandas del mercado, la oferta de mano de obra y el perfil de los dueños, entre otras cosas, dispensaron a las haciendas una formidable variedad de singularidades.
El antecedente de la hacienda se localiza en la encomienda, especie de retribución real española que consistió en beneficiar al conquistador con un espacio de tierra e ingresos de capital exentos de costo de producción, así como con mano de obra indígena a cambio de su evangelización. La nomenclatura que se estudia para definir el tipo, calidad, destino y extensión de los terrenos otorgados procede del uso castellano aplicado en España durante la reconquista; las labores fueron unidades empleadas para los cultivos agrícolas y se midieron por caballerías, estancias y peonías. La asignación de la mano de obra conocida como repartimiento -que decayó propiamente hacia 1632- fue otro de los orígenes de la hacienda, así como las congregaciones y las composiciones (Von Wobeser, 1989). El complejo hacendario no surgió en un momento dado o fecha específica a partir de una vertiente jurídica; al contrario, algunas ocupaciones ilegales o sujetas a usos y costumbres locales tuvieron después que "componerse o legalizarse" por medio de acuerdos reales emitidos durante diversas épocas posteriores a su aparición. Su acción básica centrada en el sector agrario se extendió después a la ganadería, la extracción minera, la manufactura de diferentes artefactos, la producción de materias primas y el comercio avalado por la entrada del ferrocarril, convirtiéndose en cuna también de muchas innovaciones tecnológicas.2 El surgimiento de las haciendas transcurrió entre fines del siglo XVI y el ocaso de la etapa colonial, pues durante ese tiempo una parte significativa de la organización económica giró en torno suyo. Su consolidación se localiza en el siglo XVIII y su apogeo de 1870 a 1910, ya que durante esa época la población creció en extremo y por lo tanto aumentó la demanda de productos y la oferta de mano de obra.
Las haciendas ocuparían colosales extensiones de terreno en virtud de que con frecuencia nacían como una mediana propiedad y al pasar los años iban allegándose pequeñas o asequibles propiedades vecinas, lo cual dio origen a los grandiosos latifundios del México decimonónico (Molina, 1989; Florescano, 1979; Chevalier, 1976). Las más grandes fueron las ganaderas y las orientadas a beneficiar los metales en los llamados patios de beneficio. En las zonas del centro y sur de México crecieron las haciendas azucareras (Melvilla, 1996), muchas de las cuales pertenecían a las órdenes religiosas (Decorme, 1941). También fueron muy importantes las haciendas pulqueras, todas con inmensos tinacales y trojes para almacenar cargas de cebada, maíz y pastura, con agostaderos para el ganado menor, vacuno y caballar (Rendón, 1998). Por su parte, las cafetaleras compaginaron su especialidad primordial con el cultivo de árboles frutales. Así, su fisonomía dependió del tipo de producción, del uso al que serían destinadas, del clima y la topografía, pero todas tuvieron elementos en común (Rendón, 1998).
El casco estaba compuesto por una serie de construcciones con destinos disímiles y tamaños variados; los más tempranos se construyeron en las haciendas azucareras de fines del siglo XVI, pero fue a mediados del siglo siguiente cuando se convertirían en un elemento organizador del espacio, y en el siglo XIX llegarían a su esplendor. Aun cuando, en la mayoría de las veces, en el casco se realizaba una parte del proceso productivo, constituía el eje de la hacienda porque ahí también se concentraban la residencia del dueño y de los trabajadores, las funciones administrativas y de servicio, así como el almacenamiento de las cosechas, los implementos para la producción y los animales de trabajo. En esta área se situaba la casa grande que funcionaba como residencia del dueño de la hacienda, su familia y sus invitados (Calderón, 1970), aunque, en general, era habitada por el administrador, quien se encargaba de la hacienda en ausencia de los dueños, los cuales viajaban con regularidad a las ciudades capitales en las que conformaban su radio de negociaciones. En ausencia de los dueños, los administradores se hacían cargo de los peones, tlachiqueros o sirvientes, que se concentraban en las habitaciones llamadas curaterías (Leyva, 2008), las que, de acuerdo con las zonas, se construían con materiales sencillos como cañas, pencas, varas, barro, palma y adobe, razón por la cual en nuestra época quedan pocos signos visibles de ellas. Si bien al principio estas habitaciones eran altos galerones, después surgieron las calpanerías -nombre que proviene del náhuatl calpan, calli, casa, y el sufijo castellano -ería, que señala local donde se ejerce un oficio; así, significa "lugar de casas o caserío"- en las que rara vez habitaban familias completas, pues en general había rotación de mano de obra. Más tarde, sobre todo en las haciendas en las que se circulaba la producción anual, los trabajadores se quedaban a vivir ahí como indios acasillados3 bajo el régimen del endeudamiento, método que radicaba en el repartimiento forzoso de mercancías, que el trabajador habría de pagar después con días, meses y hasta años laborales.
El área obligada, tanto por iniciativa del propio dueño como por el antiguo deber de adoctrinamiento, fue la capilla u oratorio pequeño -que en general se construía en el interior de la casa-. Estas capillas derivaron en monumentales templos donde se ofrecían los recursos litúrgicos a toda la comunidad de los alrededores. Las parroquias y los obispos descansaron en ellas las funciones que desde lejos no podían hacer: la colecta de las limosnas, el adoctrinamiento de los indígenas, la difusión de las artes sacras y hasta la erección de conventos u otras instancias religiosas que no podían ser supervisadas por los organismos centrales (Hernández, 1991). Tras estos espacios básicos surgieron otros que eran necesarios para la producción, sustentados en la infraestructura hidráulica y de comunicación: todas aquellas construcciones cuya intención era facilitar al conjunto los instrumentos de la producción: abrevaderos, acequias, acueductos, agüajes, aljibes, aventaderos, bodegas, cajas de agua, canales, diques, eras, espigueros, fuentes naturales de agua, gallineros, palomares, graneros, malacates, molinos, norias, pajares, piletas, pozos, presas, receptáculos, silos, tanques, trapiches, trojes, zahúrdas o pocilgas para los cerdos, zanjas, etcétera. De acuerdo con su especialización, también albergaron aserraderos, las forestales; desfibradoras y asoleaderos, las henequeneras; despepitaderos, las algodoneras; establos, caballerizas, macheros y corrales, las ganaderas; ingenios, las azucareras; patios de beneficio y hornos de fundición, las mineras; tinacales, las pulqueras; zonas para asolear, secar y empapar, las agrícolas. La oficina o despacho para el administrador de la finca se instaló dentro del casco, casi siempre a la entrada de la casa grande, con su propio acceso desde el zaguán o desde el patio interior central. Por regla general, un mostrador enrejado separaba la oficina en dos partes: la más amplia, donde trabajaba el administrador, el contador o el escribiente y tal vez algún secretario, y otra muy reducida, en la que se atendía a los trabajadores por una pequeña ventanilla. Junto a ella se encontraba la tienda, es decir, un espacio destinado a la venta, donde había un mostrador para atender a los compradores, varios estantes de madera de piso a techo y numerosas divisiones, cajones para exhibir y guardar mercancías, una báscula y varios recipientes y cucharones de madera y latón para pesar y medir productos diversos, barriles y costales para depositar granos y líquidos, así como una buena cantidad de ganchos y mecates distribuidos en puertas y paredes para colgar infinidad de objetos. Muchas tiendas también tenían una habitación contigua o trastienda donde almacenaban mercancías en reserva. Ambas habitaciones se encontraban resguardadas por fuertes portones con candados. Este lugar de venta fue conocido como tienda de raya porque en un cuaderno se llevaban las cuentas o rayas de los trabajadores que compraban a crédito.
Por todos estos datos se advierte que el patrimonio hacendario en México, además de haber contribuido a la disposición del paisaje rural y a la proliferación de la arquitectura civil, funcional y religiosa, también legó a nuestra historia una formidable cantidad de bienes muebles, desde enseres domésticos, herramentaje, maquinaria y multitud de objetos rescatables para numerosos quehaceres como coleccionismo, exhibición, muestras didácticas, instalaciones, intercambios, elaboración de catálogos, folletos, ejemplares instrumentales, etcétera.
Génesis de sus usos actuales
La desaparición violenta de los cascos hacendarios se produjo con el reparto agrario que se efectuó durante el siglo XIX, pero la destrucción paulatina de sus espacios físicos obedeció, primero, al abandono por la urbanización y la entrada del funcionalismo; después, al rechazo ideológico y al prejuicio de guardar para la posteridad estos emblemáticos muros.4 En 1955, con el Pacto de Varsovia, el ICOMOS (Internacional Council of Monuments and Sites o Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) fortaleció el concepto de patrimonio, y al de autenticidad agregó los textos doctrinales dirigidos a la salvaguarda del patrimonio tradicional vernáculo rescatando del injusto abandono al que éste había sido reducido frente a la obra de arte culto (Chanfón, 1988). A los conceptos de autenticidad, protección del patrimonio y conciencia histórica (los tres eminentemente heredados del racionalismo de la Ilustración) se le añadieron los de identidad, tradición, gusto y cultura. Hacia los años sesenta del siglo XX, las llamadas de atención de los organismos internacionales alentaron el rescate de los monumentos nacionales. Cuando la UNESCO (United Nations Educational Scentific and Cultural Organization, creada en 1945) encabezó la promoción de la paz, por conducto de la educación, la ciencia y la cultura, se privilegió la restauración, la conservación y la protección del patrimonio como requisitos indispensables para el sostenimiento de una cultura universal.
En México, durante los años sesenta y setenta se retornó al enfoque de la arquitectura monumental al servicio del poder. La crisis iniciada en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz5 caracterizó los primeros años del sexenio de Luis Echeverría6 y se preparó un acercamiento a los grupos sociales de la clase media a partir de la llamada apertura democrática, tratando de extender los beneficios de la inversión estatal a la clase obrera y al campo. Hubo una reorientación del gasto público a la vivienda, los servicios y la ampliación de los beneficios de la cultura. El Estado apoyó su imagen con magnas obras de servicio (museos, teatros, centros de convenciones, edificios administrativos, universidades y colegios), y la economía mexicana comenzó a apoyarse en la industria del petróleo, así como en la minería y las manufacturas, de las que se desarrolló ampliamente la infraestructura de producción: energía eléctrica, carreteras, sistema de riego, obras de gasto público, educación, seguridad social, salud y recreación. Para las décadas de los setenta y ochenta se incidió en el aprovechamiento económico de los recursos culturales. A finales de siglo XX, el gobierno mexicano promovió una marcada reforma del reciclaje arquitectónico orientado al turismo cultural.7 El sector de la hotelería contempló la recuperación de estos conjuntos. En concreto, en los estados de Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Yucatán se generó un mercado amplísimo de plusvalía del producto ofreciéndolo, no sólo a las cadenas hoteleras extranjeras y nacionales, sino también a aquel que pudiera solventar obras de restauración, adecuación y uso privado-comercial de la zona. En cambio, en otras zonas que corrieron con menos suerte se habilitaron fracciones de estos conjuntos para usos público-culturales de los legados patrimoniales, pero contribuyeron al desmembramiento de los complejos arquitectónicos, lo cual propició la pérdida total o parcial de su valoración como monumentos nacionales.
A continuación hablaremos de los distintos usos que se les dio a estos conjuntos, para hacer el planteamiento de su recuperación.
Modelos de uso en los cascos hacendarios
Las ciudades, que han sido definidas desde muchas perspectivas (política, Aristóteles; histórica, Spengler; económica, Pirenne), y que en la actualidad se definen como "áreas que aglutinan a hombres organizados para ejecutar sus funciones conjuntas" (Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad, s.f.), se han visto colapsadas por la entrada de la modernidad, sobre todo en México y América Latina, donde a las promesas del capitalismo se ha sumado la problemática del crecimiento demográfico y la transformación de los patrones de valor respecto de los usos colectivos del espacio, los niveles de contaminación atmosférica, la destrucción de calles, la desaparición de sitios públicos, la falta de armonía de sus elementos y la inversión e invasión de las categorías de lugar y desplazamiento.
El propósito de este apartado es revisar, bajo los planteamientos estrictos del desarrollo8 las condicionantes para que un lugar sea material y humanamente habitable, nos referimos a los cascos hacendarios.
Partiremos de que en toda sociedad existen capitales simbólicos9 compartidos que representan un punto de referencia del mundo -ya sea vivido, ya sea imaginado-, que son muy importantes tanto para cohesionar como para colapsar las estructuras sociales y económicas de determinado grupo social. Por estas razones debe privilegiarse el sostenimiento o el fortalecimiento de dicho capital siempre que beneficie a los agentes sociales, tanto a los que lo producen como a los que lo consumen. En las políticas públicas de rescate es deseable que el uso y la valoración de los espacios comunitarios se cumplan con ciertas condiciones referidas al ámbito de la economía del patrimonio,10 a saber: la cohesión territorial, la dimensión económica y la cohesión social o calidad de vida (Rausell-Köster, 2002). A esto se le agrega un aspecto capital que se refiere a la adecuada restauración de los edificios basados en un proyecto de conservación, entendido como la lógica que define la investigación y la redacción de normas o principios metodológicos idóneos o irrefutables para tutelar y mantener un determinado remanente, ya sea arquitectónico, urbano, territorial o histórico (Flores, 2013).
La primera dimensión referida a la cohesión territorial concibe el territorio como "un marco de vida definido por las relaciones múltiples de las personas consigo mismas y su entorno ecológico" (Rausell-Köster, 2002, p. 8). Así, las haciendas en México constituyen no sólo edificios o monumentos que es preciso conservar, sino también contextos complejos que reúnen en sí un corpus de bienes simbólicos que habrán de ser cuidados y revalorados para beneficio común. Si estos sitios son rescatados sin tomar en cuenta su ecosistema territorial, no cumplen con uno de los requerimientos propuestos, puesto que las ex haciendas son, en conclusión, lugares físicos donde se articulan convenciones simbólicas compartidas, ya por la historia, ya por la tradición, ya por el imaginario colectivo o por los tipos de relaciones que han sido producto de esa heredad histórica. Es preciso que cada hábitat que rodea el complejo hacendario mantenga -o adecue, en todo caso- sus propios códigos de expresión sin menoscabo de sus valores simbólicos y de sus recursos ecológicos y económicos.
La segunda dimensión que considerar es la económica, la cual debe tener una función primordial en el incremento de las expectativas de rentabilidad orientándose a la obtención de capital (material o simbólico), con objeto de que el rescate tenga efectos multiplicadores en el sector turístico, incorporando un valor añadido al inmueble, tomando en cuenta que:
Los estudios "de impacto económico" han evidenciado que las actividades culturales pueden contribuir a la economía (local, regional o estatal) en tres sentidos. En primer lugar porque las actividades culturales son también actividades económicas (que aportan valor añadido, que generan ocupación). En segundo lugar, porque estas actividades pueden favorecer las decisiones de localización en el territorio, considerando otras actividades económicas o profesionales cualificados. En tercer lugar, en ciertos casos, por su efecto polarizador sobre otras actividades (mediante el efecto proveedor) muy especialmente en el caso de las denominadas industrias culturales (Rausell-Köster, 2002, pp. 8-9).
En este rescate también debe ponderarse el propiciamiento de una cohesión social, en el marco de la calidad de vida, entendida como "un proceso que permite a los humanos realizar su potencial no sólo en el aspecto económico, sino de infraestructura social y pública, mejoramiento del medio ambiente, confianza, autoestima y respeto de las personas y por los demás, relaciones equitativas de género y grupos minoritarios y, finalmente, manejo de los recursos compatible con los valores éticos y culturales de la población" (SEMARNAP, 1998). En las políticas públicas aplicadas debe privilegiarse el bienestar humano, fin ulterior de todas las políticas sociales.
Por último, no por ello menos importante, la otra dimensión que observar es la pertinencia de la restauración física de las dependencias, con las consideraciones citadas arriba. Lo aquí definido como los modelos de ocupación de los espacios hacendarios se examinará grosso modo bajo las cuatro dimensiones expuestas arriba.
Primer modelo. Mercado inmobiliario (iniciativa privada)
Dimensión cohesión territorial
Al hablar de cohesión territorial nos referimos al nivel de involucramiento que la población debe tener en la puesta en marcha del modelo. La mayoría de las veces, la dimensión de cohesión territorial queda aislada en este modelo porque la ocupación no involucra a la población de los alrededores; por el contrario, la excluye y la aparta de un bien simbólico que otrora tuvo un papel relevante en el desarrollo comunitario. Si el territorio se define como la "compleja estratificación de elementos ambientales, culturales y sociales que definen un patrimonio local determinado" (Jornadas Nuevas Políticas, 2006), sólo con esfuerzos desmedidos podrá generarse la valoración y custodia del mapa cultural colindante con los edificios monumentales. Porque la tarea de rescate y salvaguarda del patrimonio tangible e intangible requiere una red de esfuerzos combinados, este modelo difícilmente alcanza esta condición. No habrá de entenderse la disposición que pueda tener o no el propietario de un edificio, sino la capacidad abarcadora de tiempo, lugar y presupuesto que demande la obra en la puesta en valor con respecto de un complejo territorial.
Dimensión económica
Este primer modelo se caracteriza por el énfasis en la dimensión económica, pero descuida las otras tres. En general, la venta o renta de haciendas se ofrece a adquisidores de alta solvencia económica. Los mercados inmobiliarios en los estados de Coahuila, Durango y Guanajuato se han visto favorecidos por los demandantes, que en la mayoría de las veces son extranjeros, pero cuyas participaciones no benefician a toda la comunidad, sino a los intermediarios de los bienes raíces. Cuando las transacciones tienen algún impacto en el erario público, el modelo de ocupación favorece a las firmas, los propietarios o los gestores públicos que las rentan o los agentes que suministran el recurso inmobiliario, así como a los compradores que gozan de bajísimas cargas fiscales, pero no favorece (al menos, no explícitamente) al resto de los habitantes.
Por otra parte, si en las periferias de estos terrenos no se respeta el uso del suelo, se afecta sustancialmente la titularidad de la tierra, y en algunos casos se pone en peligro la autonomía municipal y el núcleo agrario al que pertenece el casco hacendario.11 Además, el uso del inmueble se circunscribe a la ocupación privada, y sólo se puede hablar de un ocasional efecto multiplicador de su función, si acaso de un consumo privado y a cuentagotas de los recursos locales, que no favorece la economía de los lugareños.
Dimensión calidad de vida
El rubro de la calidad de vida que exalta el manejo de los recursos compatible con los valores éticos y culturales de la población no tiene cabida en este modelo. Desde este punto de vista, la hacienda recuperada vuelve a alojar entre sus muros el símbolo de la concentración del poder y elimina cualquier participación de la comunidad que creció con ella y fue plasmando en sus recursos materiales todo el legado cultural de sus ancestros. El edificio es valorado por su costo económico, no como monumento, sino como terreno, excluyendo todo el complejo simbólico que le rodea.
Dimensión adecuada restauración
Esta dimensión sólo se observa ocasionalmente. Si bien el propietario se obliga a cumplir ciertas normas de restauración, cubre sólo aspectos que están a la vista, como las fachadas de los inmuebles, y con relativa frecuencia pasa por alto recomendaciones funcionales y expresivas de los mismos inmuebles. Hay otro tipo de propietario que adquiere los remanentes patrimoniales para uso familiar ya que hayan sido heredados o los hereden a sus hijos. Este es uno de los usos que más ha respetado tanto las características de construcción como los revestimientos interiores. Si bien dicho patrimonio sólo es conocido por el ciudadano por medio de revistas o programas televisados, se tiene la certeza de su buena custodia y cuidado consciente.12
El segundo modelo. Hotelería y turismo (iniciativa privada)
Dimensión cohesión territorial
En este modelo, la cohesión territorial se cumple en cierto grado, ya que el diseño de estrategias en la hotelería se circunscribe a las políticas dominantes del turismo cultural que tienden a garantizar las exigencias del mercado mundial dotando a sus inmuebles de beneficios relacionados con la ecología, el rescate de la naturaleza, el rescate de los bienes simbólicos (recetas locales, promoción, producción y venta de flora y fauna de la región, difusión de la gastronomía local, etcétera). Las cadenas hoteleras también se han ocupado de crear programas atractivos involucrando a los actores locales en tareas deportivas y de ocio cultural (senderismo, renta de caballos; promoción de rutas turísticas, visitas guiadas a tesoros nacionales arqueológicos, coloniales, decimonónicos o creaciones del México del siglo XX). Ejemplo de ello es una cláusula del Plan Estratégico Institucional 2006 de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Chiapas acerca de la participación social que a la letra dice: "es trascendental la participación social convirtiéndose en uno de los elementos que permiten diversificar la actividad turística, mediante los proyectos y acciones que ejecuta el sector, busca incorporar a la actividad productiva a las sociedades que operan centros turísticos en las diversas regiones del Estado" (Gobierno de Chiapas, 2005).
Aquí debe agregarse que las estadísticas del turismo en México si bien indican que 50 por ciento del turismo viaja a ciudades del interior y 34 por ciento a destinos playeros,13 una mayor proporción de éstos no pernocta en establecimientos hoteleros. Además, el clima benigno y generoso del país durante casi todos los meses del año ha propiciado la concentración de turismo nacional con prioridad en las playas del Golfo y del Pacífico (las del Caribe quedan reservadas al turismo extranjero, porque el nivel adquisitivo del mexicano promedio es muy bajo para acceder a los servicios, precios y costos de tales playas). Los habitantes de las zonas centrales de México prefieren visitar las playas aun en temporada alta, sin plantearse otros escenarios en las praderas, los llanos, las mesetas, las selvas, los desiertos o las zonas boscosas de México, que es donde se encuentran las exhaciendas (SECTUR, 2012). Debido a esta circunstancia, el consumo hotelero deviene de una condicionante de atracción eje que es el motor de la dinámica turística (la playa). Muchos de los cascos de las haciendas se encuentran en zonas rurales "carentes de atractivos" e infraestructura, razón por la cual las cadenas hoteleras rechazan las ofertas de compra de estos cascos para habilitarlos en el ramo hotelero, en tanto no garanticen su ocupación continuada, en temporadas altas o bajas.
Dimensión económica
En este modelo destaca la dimensión económica, pero casi se apega a la misma dinámica del modelo anterior, debido a que las cadenas hoteleras no nacionales de mayor poder adquisitivo adquieren estos terrenos en virtud de lo costoso de la recuperación de la restauración.
Dimensión calidad de vida
Esta dimensión es medianamente cuidada en este modelo, porque se produce una incorporación laboral de la comunidad del entorno a la dinámica cotidiana, por el empleo directo en los hoteles (camareros, meseros, cocineros, personal de mantenimiento y administrativo) o indirecto (aprovisionamiento de enseres y artículos; servicios de lavandería y planchado; consumo de servicios básicos como agua, luz, gas, etcétera).
Dimensión adecuada restauración
Si bien al adecuar el uso de un edificio para un destino hotelero, la estructura arquitectónica se ve sometida a intervenciones e instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias -por lo tanto, es alterada funcional, ambiental y expresivamente-, la mayoría de ellos son intervenidos en condiciones adecuadas por arquitectos reconocidos y cada vez más conscientes de su papel como preservadores. Así, el aspecto de la adecuada restauración queda relativamente salvado en este caso.
A continuación se enlistan algunas de las haciendas que en la actualidad ofrecen servicios del ramo del turismo (Haciendas para disfrutar, 2000).
El tercer modelo. Espacios culturales (gestión pública)
Dimensión cohesión territorial
Este modelo considera de manera casi inconsciente la relación con su entorno territorial, por lo que no asume un fortalecimiento programado de cohesión territorial y, por lo tanto, de calidad de vida. La experiencia arroja muchos casos en los que al ser habilitados estos lugares para gestión pública (casas municipales de cultura, presidencias municipales, centros de salud, etcétera) difícilmente plantean una cohesión adecuada con su entorno (vialidades, suministro de servicios, señalética, etcétera).
Dimensión económica
Este modelo, centrado en la ocupación de las plantas hacendarias para la gestión cultural y administrativa (casas de ayuntamiento, casas de la cultura, bibliotecas, archivos, escuelas, mercados, etcétera), basa su ocupación en los bajos costos de inversión, por lo cual la observación de la dimensión económica es escasa, si no es que nula.
Dimensión adecuada restauración
Para el gobierno público esos edificios constituyen ocupaciones baratas porque no se les invierte ningún presupuesto destinado ex profeso. En cambio, el edificio es sujeto a añadidos y alteraciones funcionales que causan el deterioro y la transformación del inmueble. Porque los municipios en México gozan de cierta autonomía, los Ayuntamientos municipales deciden el modo en que se gasta o invierte su patrimonio, incluido el construido. Una parte relevante de dicho patrimonio no está catalogado ni hay reglamentos de construcción que lo protejan, por lo cual se convierte en un inmueble aún más deteriorado que implica una elevada inversión y una menor rentabilidad. Aunque estos inmuebles están al alcance de todos, en realidad nadie puede hacer uso de ellos dada la complejidad de su reciclaje.
Quedan aún unos usos esporádicos conferidos años atrás a nuestro objeto de análisis: el boom inmobiliario de los años setenta del siglo XX generó entre algunos empresarios la tendencia a adquirir "cascos viejos e inservibles", que luego fraccionaron en terrenos residenciales, cuyas capillas y casas grandes albergan desde entonces a la selecta comunidad que los habita, sin vincular su uso cotidiano con el valor simbólico que les particulariza. Hace unos años, en el estado de Guanajuato se solicitó a una compañía de arquitectos el estudio de 17 haciendas cercanas a ciudades medias del corredor industrial del Bajío (León, Irapuato, Celaya, Querétaro) para analizar su uso como fraccionamientos residenciales campestres. Las obras han quedado detenidas por el costo que representa su restauración. Asimismo, veinte años antes, en el periodo que en México se denomina época de oro del cine mexicano, este conjunto de muros se convirtieron en los emblemáticos escenarios de inolvidables filmes que ofrecieron al mundo entero el goce inigualable del paisaje mexicano, y en los que actores como Pedro Infante y fotógrafos como Gabriel Figueroa desplegaron todos sus talentos. La clientela actual de estos paisajes ha quedado ahora en manos de televisoras mexicanas que rentan esos espacios para la ambientación visual de las telenovelas.
Pero toda esta gama de usos carece de un fundamento social-económico; más aun, se ha pasado por alto la idea de que un proyecto de rescate del patrimonio hacendario diseñado de modo integral puede convertirse en un recurso patrimonial importante en el mercado actual de la economía mexicana.
El ecomuseo, una propuesta de modelo integral
La nueva museología
Los entornos físicos de los cascos hacendarios de México se particularizan por el abandono y el deterioro de su fisonomía, lo cual redunda en un efecto negativo tanto para sus visitantes como para quienes la envuelven visual y habitacionalmente. Es importante que los proyectos de imagen urbana se orienten al mejoramiento de los bienes inmuebles en conjunto, donde los nuevos edificios se integren al hábitat, tanto en la volumetría como en los rasgos cromáticos, formales y estéticos, porque cuando el deterioro o descuido del ecosistema crea un aspecto desordenado o un caos visual se rompe la identificación del hombre con su naturaleza, se pierde el arraigo y el afecto de la población por su localidad y, perdido este afecto, se disipa el interés de propios y extraños por el lugar, por su pueblo, por su territorio.
Este ambiente que rodea los inmuebles tratados ha sido causado por diversas condiciones económicas, geográficas, medioambientales (climáticas, geográficas). Habrá que reflexionar acerca de cuáles son sus conexiones vecinales, sus recursos contextuales y su demanda habitacional o turística. Si bien la República Mexicana se halla relativamente comunicada por las redes federales de carreteras,14 las condiciones de los caminos vecinales que comunican con los lugares en que se alojan estos complejos arquitectónicos han propiciado su alejamiento de las zonas urbanas dejándolos a merced del olvido. La focalización de su uso en un solo aspecto descuidando otros ha propiciado el aprovechamiento parcial de estos complejos, por lo cual se harán una serie de sugerencias de rehabilitación poniendo especial énfasis en las ventajas de un proyecto integral que resguarde varios enfoques para procurar una recuperación holística. Uno de los experimentos corresponsables del legado patrimonial que puso en marcha el gobierno francés en los años setenta (Ximo, 2004, p. 54) puede contemplarse total o parcialmente para complementar cualquiera de los tres modelos expuestos arriba y generar suficientes posibilidades de recuperación económica. La vertiente de la nueva museología llamada ecomuseos (Maggi, 2005)15 es la que aquí se aborda para proponer el uso adecuado de la rehabilitación de inmuebles de estos rasgos. Para explicar su definición es necesario citar la comparación de las particularidades que los distinguen del museo tradicional (Rausell-Köster, 2004b).
Como puede verse, el foco de interpretación delmuseo tradicional lo constituye una sola disciplina, ya sea que se trate de una colección, de una temática, de un grupo étnico, región, ya de un país, etcétera. En este sentido, los objetos que se exhiben se concentran en un espacio físico que es visitado por un público que es convocado y "administrado" por un órgano público o privado. El ecomuseo, en cambio, expone para el visitante y el habitante el legado patrimonial holístico y multidisciplinar de una zona, de un territorio, de un entorno, que engloba el patrimonio natural y el cultural, tanto tangible como intangible. Por lo tanto, no puede quedar circunscrito a un edificio, sino que tiene que ser mostrado en su estado natural con el apoyo de la colectividad que le rodea.
El ecomuseo
La palabra ecomuseo proviene de las raíces griegas oikos, que significa 'casa' o 'totalidad', y μουσεῖον (del latín museum, 'casa de las musas'), que se refiere a una colección de objetos acomodados para su exhibición. De hecho, la palabra museo descansa en la idea de aquel recinto que guarda colecciones de objetos científicos o artísticos, y se encuentra inspirado de manera armoniosa por las musas.16 Así, aunque no unívocamente, ecomuseo puede definirse como la casa, el hogar, la proximidad; el medio ambiente, lo más cercano y progenie del hábitat del hombre; lo que lo envuelve y rodea. Describe el espacio vital en el cual crece la persona desplegando sus haberes y saberes y asumiendo todo el complejo cultural trasmitido por padres, abuelos, bisabuelos. Los ecomuseos han sido descritos como áreas geográfico-simbólicas, que implican mapas culturales en los que se expresan los valores comunes a una colectividad, por lo cual constituyen la carta de identidad frente a "lo otro", componen un autorretrato que evidencia los escenarios comunes (ambientales, paisajísticos, económicos, históricos, sociales) que confieren al territorio una característica única y especial (Mayrand, 2005), no sólo en el aspecto físico, sino también en el marco abstracto-espacial, es decir, simbólico. Como disciplina, el ecomuseo es un agente activo que impulsa la participación de la comunidad en la conservación y usufructo de su patrimonio integral. De modo estratégico, se entiende como un instrumento por el cual se potencia la relación entre la gente y los lugares. Esta relación, no sólo se reconoce y se revela, sino además se estudia, se propone y se vuelve a inventar sobre la base del proceso comunitario que éste activa. El ecomuseo tiene una vigencia oportuna en la actualidad, en tanto que se entiende como un "laboratorio de sostenibilidad donde se reinterpretan dinámicamente las especificidades locales tendientes al desarrollo también local" (declaración de propósitos de la Red Europea de Ecomuseos, cit. en Calzolaio, 2003). En el mundo actual, el ecomuseo ofrece la posibilidad de rescatar las superficies en peligro de extinción sin quedar al margen del desarrollo. Las comunidades preservan, interpretan y valorizan su patrimonio, no sólo recuperando y empleando el pasado, sino también diseñando en el presente la cuidadosa y responsable construcción de un futuro común: "más que el discurso de un edificio o de un monumento, significa una lectura participativa a partir de un determinado mapa cultural que incluye todo aquel patrimonio articulador de la realidad del territorio" (Rausell Köster, 2006).
De acuerdo con el Istituto Ricerche Economiche e Sociali (IRES), el ecomuseo corresponde a aquella iniciativa museística en la que existe un pacto por el cual una comunidad se compromete a cuidar su territorio (Maggi, 2004, p. 8). Cada uno de los términos se explica como sigue:
Pacto. No se refiere a una norma que obliga o prohíbe alguna cosa, sino a un acuerdo tácito y generalmente compartido.
Comunidad. El sujeto protagonista no es sólo la institución, puesto que su rol propositivo, que es importantísimo, debe ir acompañado de un convencimiento más allá de la ciudadanía y de la sociedad local.
Compromiso de cuidar. Conservar y también saber utilizar, para hoy y para el futuro, el propio patrimonio cultural, de modo que aumenta su valor, antes que consumirlo.
Territorio. Entendido no sólo en sentido físico, sino además como historia de la población que vive ahí, y en el sentido material e inmaterial dejado por quienes lo habitaron (Maggi, 2004, p. 8. Trad. propia).
El vocablo ecomuseo fue acuñado por Hugues de Varine, cuando ocupaba el cargo de director del ICOM,17 durante el curso de una reunión con Georges Henri Rivière,18 antiguo director y consejero de este organismo. El término fue pronunciado por primera vez en 1971 en un discurso por M. Robert Poujade, ministro del Medio Ambiente (Museum, 1985, p. 184; Rivière, 1993, p. 198). En 1984 fue celebrado el primer taller internacional de ecomuseos y nueva museología en Québec, Canadá, que tuvo como resultados la declaración de los principios básicos de una nueva museología y la creación de un Comité Internacional de Ecomuseos y Museos Comunitarios, dentro del ICOM (Museum, 1985, p. 184). Quizá fue a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando los países de Europa manifestaron una preocupación por la pérdida potencial e inminente de su patrimonio material, lo cual dio pie a la formulación de las iniciativas locales y comunitarias en pro de la subsistencia de dicho patrimonio. El fenómeno alcanzó a toda Europa; se insertó con éxito en países como Finlandia, Dinamarca, Rumania, Suecia, Francia, Italia (ICOM, 1971) y, más tarde, España y Portugal. Posteriores experiencias se registraron en Brasil, México, Chile, Argentina, Venezuela, la India y África (Maggi, 2000). Italia es uno de los países que con más rigor y entusiasmo ha desarrollado su propia línea de ecomuseos. Además, junto con Francia, es un precursor de los paradigmas teóricos de la disciplina, sin menoscabo de su puesta en práctica (ecomusei.net).
En México, en los años setenta, los museógrafos Mario Vázquez e Iker Larrauri realizaron proyectos experimentales de museología social. A partir de estos proyectos surgió un vital movimiento nacional que aun pervive: el museo comunitario, como ahora se le conoce. Esta concepción, de acuerdo con el antropólogo mexicano Méndez Lugo (2003), "está constituida por tres esferas íntimamente relacionadas: el patrimonio cultural, el medio ambiente y la estructura económico-productiva".
En 1972, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desarrolló en México varias iniciativas, entre las que estuvo la creación del Programa de Museos Escolares y los Museos Locales, para resguardo, conservación, restauración, catalogación, investigación, exhibición y divulgación de su patrimonio cultural y natural. En 1983, el Programa para el Desarrollo de la Función Educativa de los Museos del INAH impulsó la creación de museos comunitarios en varios estados de México, como Chihuahua, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero y Tlaxcala.
Hacia 1994, se integró la Unión Nacionalde Museos Comunitarios y Ecomuseos de México, A. C. (Red de Museos Comunitarios de América, s.f.), y en Nayarit existe ya una veintena de estas propuestas museográficas (Méndez, 2008). Uno de los impulsores más importantes de este modelo en México fue Raúl Méndez Lugo, quien por más de 25 años se ha dedicado a profesionalizar docentes comunitarios y gestores culturales; fundó más de veinte museos comunitarios y seis casas de la cultura en el estado de Nayarit; ha coordinado proyectos de investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural; es miembro del Movimiento Internacional para una Nueva Museología (MINOM-ICOM), del que fungió como presidente de 2004 a 2007 (según su perfil en Linkedin)19.
Los objetivos del ecomuseo son, entre otros, promover un turismo rural responsable, para la conservación del entorno natural (de los caminos, veredas, ríos, lagos); promover y desarrollar opciones turísticas que pongan en valor los atractivos naturales, culturales y sociales; desarrollar una oferta integrada de productos y circuitos turísticos rurales, innovadores y vivenciales; integrar a la comunidad en un proyecto local de constante renovación y aprovechamiento de sus recursos patrimoniales. Aquí se conjuga la labor de nuevas profesiones con las propuestas turísticas de calidad. El reto es la incorporación de grupos específicos, como los escolares, no sólo como destinatarios, sino también como copartícipes activos en las fases de reinterpretación y renovación de los contenidos temáticos que deseen plantearse.20 El papel de la escuela es central tanto para el estudio y el desarrollo de proyectos de formación o educación como para la investigación sobre el terreno, la construcción y la gestión de todo el proyecto del ecomuseo.
En su organización actúan una fila de actores sociales, como los artesanos, los campesinos, los agricultores, los empresarios turísticos, etcétera. En las haciendas de beneficio participan los hijos de los trabajadores o los herederos de esa cultura, los rescatadores, los obreros, los que manejan las máquinas, etcétera. En las haciendas de ganado hay muchos aperos que todavía se guardan en las casas de los vecinos de la localidad. Los adultos mayores tienen un papel importante: pueden narrar y reconstruir procesos de elaboración de productos, acontecimientos en el área que se conservará, localizar datos y caminos que estaban activos durante su juventud, etcétera. Ellos son asesores de la comunidad y constituyen la memoria histórica de ésta; por su conducto perdura la historia oral, que no quedará relegada en los artículos de revistas olvidadas, sino que se le dará un uso práctico y específico.
La idea del ecomuseo es hacer rendir los bienes colectivos, como son los vestigios de fundiciones, las minas subterráneas, las redes ferroviarias, las industrias desmanteladas, etcétera. A raíz de tal utilización, y de acuerdo con las temáticas que agrupe un ecomuseo, éste puede albergar desde aviarios, caminos reales, caminos de recuas, centrales de energía, centros de recreación, criaderos de animales de granja, excursiones didáctico-naturalistas, fraguas, fundiciones, herbolarios, hitos monumentales, hornos, itinerarios temáticos (o subsistemas), laboratorios de educación musical, laboratorios didácticos que rescaten procesos de elaboración de algún producto local, lugares de interés paisajístico, mezcaleras, miradores naturales, parques de protección del medio ambiente natural (flora y fauna), paseos, recuperación de procesiones religiosas, restaurantes, rutas de transporte terrestres y acuáticas, sendas, sitios arqueológicos, talleres y fábricas, vías de ferrocarriles, viveros, hasta todos los recursos localizados por la comunidad implicada.
Por esta diversidad, el ecomuseo puede albergar otros museos y otros recintos; por ejemplo, museos de metalurgia, museos de personajes, museos de arte sacro, museos de especies, museos de geología, museos de arqueología, museos de paleontología, museos líticos, etcétera. Pero un ecomuseo no es una mera acumulación de objetos o territorios, sino que hay condiciones que debe reunir para no perder su espíritu. Si bien los ecomuseos son de carácter didáctico, tienen que prever un incremento de la calidad de vida de la población, y como fin ulterior transformar la comunidad transcendiendo la puesta en valor del territorio e incidir de manera positiva en el paisaje.
Entre los productos tangibles de los ecomuseos están las publicaciones, los paquetes didácticos y turísticos, la organización de paneles, congresos o reuniones que tengan que ver o no con el entorno local, la reproducción de ilustraciones, gráficos y pinturas locales rescatados o realizados ex profeso por artistas plásticos locales o invitados, el diseño de caminos y sendas guiadas, la reconstrucción teatral de acontecimientos históricos, los concursos de fotografía, pintura, dibujo sobre los lugares locales, la organización, promoción y difusión de fiestas locales, las visitas guiadas en organización conjunta o no con las autoridades locales y estatales, la recolección, clasificación y exposición de objetos y fotos entre los habitantes, la didáctica del territorio, etcétera. Los beneficios que se alcanzan con los ecomuseos son, entre otros, el incremento de la rentabilidad de las labores agrícolas y turísticas, la disminución de la pobreza, la creación de empleo, la contención de la migración, la recuperación y preservación del patrimonio cultural y natural, el aumento de zonas verdes y recreativas, el fortalecimiento de la identidad y de la expresión cultural, la promoción del desarrollo local, los efectos multiplicadores, la apertura de negocios.
Estrategias para la puesta en marcha de los ecomuseos
Respecto de las políticas culturales, específicamente las relativas a la conservación del patrimonio construido en México, se discute el grado de responsabilidad de los actores involucrados en la normatividad21 (García, 1991) que, a decir de algunos especialistas, deviene en un aparato legislativo obsoleto y no practicado, como exponía el senador Mauricio Fernández Garza: la Ley ha quedado rezagada ante la dinámica del desarrollo social y dejó de ser un instrumento útil para la autoridad responsable de su aplicación (Fernández Garza, 1999). Aquí se identifica una circunstancia de carácter institucional, que se abordará más adelante, pero es conveniente aclarar que no basta un órgano que determine y disponga en la agenda las prioridades de conservación, sino que es necesario otro que lo interpele y colabore. Esto se explica porque en el Plan de Acción de Estocolmo sobre Políticas Culturales (1998), la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001 y 2005) y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002) se señala la necesidad de ampliar el paradigma de desarrollo, de modo que abarque la totalidad de las dimensiones humanas y culturales, (Amareswar, 2005, p. 94), por lo que, en el marco de la sustentabilidad, se exige revisar las políticas públicas que en materia económica, social y cultural practican los gobiernos. Se entiende por políticas públicas aquellas "propuestas de regulación pública de los múltiples problemas y contradicciones que afrontan las sociedades actuales" (Subirats y Gomá, 1998, p. 13), que suponen un mecanismo de asignación pública de recursos y oportunidades entre grupos sociales disímiles. Aunque respondan a una directriz externa (es decir, a las políticas internacionales), siempre "implican opciones de fondo enraizadas en valores, paradigmas e ideas" (Subirats y Gomá, 1998, p. 14), lo cual hace aun más complejo el reto de alinear los referentes normativos de un pueblo o nación. Entre los factores que influyen en este hecho está la memoria histórica de la colectividad, la situación urbana y geográfica, la situación económica, las características de la población, los problemas económicos y sociales por los que atraviesa la agenda local, la tendencia política de los dirigentes y la personalidad de los responsables (Farchy y Sagot-Duvauroux, 1994, pp. 69-71). No obstante, si se privilegian las necesidades del entorno, las acciones se pueden orientar hacia un desarrollo integral en el marco del aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. Debe contemplarse la diversificación económica, los ingresos de capital, el consumo colectivo y la creación de fuentes de empleo a partir del uso adecuado del patrimonio material (Benhamou, 2005, p. 622). La economía del patrimonio señala que las riquezas patrimoniales deben estar sujetas no sólo a una dimensión económica inscrita en el propio monumento, sino también a los servicios que su uso conlleva, clarificando los valores de esos bienes (de existencia, de uso, de cambio, etcétera), teniendo en cuenta los diferentes intereses que participan en la valorización del patrimonio (población local, empresarios, turistas, etcétera) (Greffe, 2003).
La teoría de la valorización del patrimonio expuesta por Xavier Greffe supone la puesta en valor y proyecto de recuperación del patrimonio, identificando las oportunidades de la valorización, los costos de acceso al goce de dicho patrimonio y la fijación de precios una vez asignado el valor agregado al monumento. También prevé el estudio de mercado a fin de saber a quién va dirigido el producto terminado analizando los procesos de decisión del individuo a partir de la significación funcional, económica y psicológico-social que en él impactan. Por último, supone el análisis de los bienes que la recuperación del patrimonio implica. Como dicha teoría es aplicable a un mercado cultural europeo en el cual el mecanismo de recuperación material ya ha alcanzado ciertos niveles de satisfacción, y dada la inexistencia de estudios sobre marketing hacendario en México, es preciso centrarse, por ahora, en la primera parte del escaño, es decir, en la puesta en valor y proyecto de recuperación del patrimonio (Flores, 2013), para lo cual es necesario establecer estrategias específicas de acción: a) de orden social, b) de gestión pública, c) de tipo económico-financiero, d) de medio ambiente (Flores, 2013).22 Esta propuesta inter e intrainstitucional descansa en un seguimiento acorde con las políticas gubernamentales actuales de México que consideran que en el desarrollo de las regiones debe contemplarse la confluencia de ocho "grupos sectoriales" de operación, por lo menos: 1) desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 2) desarrollo económico, 3) gestión ambiental, 4) desarrollo rural integral, 5) comités estatales de planeación, 6) salud, 7) sistemas de información, 8) agua (FIDERCO, 2004, p. 2).
Estrategias de orden social
Las estrategias de orden social indican que deberá involucrarse a los habitantes de los sitios que se conservarán, a fin de que ellos diseñen sus propios programas de valoración y recuperación del patrimonio, con lo cual se contribuye a la creación de una nueva cultura ciudadana: la de la participación e interés colectivo que contempla tres sectores: el público, el privado y el terciario. Como el sector público no posee una cantidad suficiente de recursos productivos para garantizar la satisfacción de todas las necesidades humanas, interviene el segundo sector (Montagut, 2004, p. 19), pero sólo en acciones que le reporten mayor beneficio. Así, el tercer sector, también llamado economía social, "puede disponer de ciertas capacidades de respuesta ante ciertas carencias manifestadas del Sector Público y las limitaciones del sector privado"23 (Rausell Köster, 2004c). En el marco de las inversiones aplicadas, la economía y la cultura son temas subsidiarios (Rausell Köster, 2004c), y a pesar de que la dimensión económica de la cultura es cada vez mayor "y que nos adentramos en un capitalismo cultural donde los intercambios y la competitividad de los intercambios se esclarece en el espacio de lo simbólico, no es menos cierto que el verdadero valor añadido de las prácticas culturales se define en el ámbito del individuo, muy lejos de los agregados macroeconómicos o de las variables de renta o de ocupación" (Rausell Köster, 2004d).
Existen múltiples modelos de participación ciudadana y en cada uno de ellos se detecta cierto margen de democratización. De acuerdo con Maurizio Maggi (Maggiy Murtas, 2004) y con Pau Rausell Köster (2004b), se señalan los siguientes:
*Entre las asociaciones civiles en México se hallan los patronatos, las fundaciones, los Amigos de..., los comités, los grupos, las uniones, los centros, etcétera.
Como puede observarse, en la participación ciudadana (en la toma de decisiones por referéndum) puede hallarse un amplio margen de democratización, por lo que la recomendación de esta alternativa es la más apremiante. En palabras de Julio Montagut, "estas instituciones pueden considerarse como los gestores del criterio colectivo frente a los intereses estrictamente de mercado y los fallos del sector público" (2004, p. 19). Así, para la resolución de la problemática planteada renglones arriba, la participación ciudadana mediante organizaciones civiles se convierte en el punto de equilibrio entre lo público y lo privado, ya que "pueden no sólo canalizar recursos voluntarios en ocasiones ociosos, sino que resultan útiles en el descubrimiento y valorización de nuevos bienes patrimoniales y como interlocutores de la comunidad en defensa de determinados objetivos colectivos" (2004, p. 19). El medio para la realización de estos lineamientos es otro nivel de colaboración comunitaria en un marco de descentralización responsable: la participación ciudadana entendida como el movimiento cívico no partidista, de presión, concertación y vinculación del ámbito social con los poderes públicos (Participación Ciudadana, 2014).
Los instrumentos de la participación ciudadana pueden ser múltiples y variados. En México se reconocen la asamblea ciudadana, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta ciudadana, la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pública, la red de contralorías ciudadanas, la audiencia pública y los recorridos de jefe delegacional (Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal). La participación ciudadana genera su rostro más humano, ya que las políticas públicas "implican opciones de fondo enraizadas en valores, paradigmas e ideas y trasladan de forma más o menos explícita concepciones, referentes normativos e intereses a la esfera de la decisión colectiva" (Subirats y Gomá, 1998, p. 13).
En el caso de México, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y civiles han cobrado mucha fuerza, las cuales, junto con programas de apoyo de la federación (FOMIX, CONACULTA, SEP, CONACYT, etcétera), han logrado allegarse fondos para invertir en mejoras sociales recomendadas por la Secretaría de Desarrollo Social y las Secretarías de Desarrollo Económico de los estados, aunque el rubro cultural está ciertamente descobijado.
Entre los integrantes de dichos grupos locales (cooperativa, fundación, asociación o cualquier figura con que se autonombre24) deberán contarse miembros de colegios profesionales, instituciones de participación social, universidades y centros de investigación y otras instituciones académicas no gubernamentales para que incidan en diferentes planos: compromisos para identificar proyectos de recuperación del patrimonio hacendario (que sean viables, factibles y acordes con las problemáticas planteadas en el cuarto punto y con pertinencia social del entorno); compromisos para inducirlos (con proselitismo social, gestión interinstitucional, asesoría profesional, técnica y especializada); capacitación para detonar los proyectos (es decir, involucramiento de los sectores híbridos, con normas de participación y tareas calendarizadas); agilidad para la promoción de los proyectos (solicitud y recepción de ayuda ciudadana y de grupos colectivos entre los sectores mixtos de la sociedad); autoridad para la vigilancia del buen fin de éstos (incentivando la creación de organismos de apoyo para control y vigilancia de los proyectos); compromisos para su operación y operatividad (respaldados en la asignación de tareas y trabajos) (Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal).
Una vez considerados estos aspectos y localizado un proyecto integral de valoración y recuperación del patrimonio hacendario es preciso coordinar estas obras con las estrategias de gestión pública, económico-financieras y medioambientales que a continuación se describen.
Estrategias de gestión pública
En muchos estados de la República Mexicana se aplican de modo discresional leyes esporádicas, pero nunca se está al tanto de la capacidad de gestión y de las necesidades de los municipios; tampoco se exige el compromiso obligado de los gobernantes de aplicar legislaciones y reglamentos y, muchas veces, "los responsables de poner en práctica las políticas culturales juegan un rol definitivo en la toma de decisiones, y su relajamiento dentro de las instituciones públicas les permite satisfacer sus propios objetivos antes que los del interés general" (Farchy y Sagot-Duvauroux , 1994, p. 71). Por tal razón, los proyectos en materia de cultura deben involucrar tantos sectores como conexiones y respaldarse en una revisión continua de especialistas.25 El derecho urbanístico es un marco en el cual pueden descansar favorablemente estas acciones, además, claro está, de las legislaciones sobre patrimonio cultural (Carceller, 1997, p. 17). En este derecho están involucrados desde los aparatos teóricos diseñados por la misma administración pública hasta el planeamiento, la gestión y la morfología urbana, donde el primer implicado es el órgano más básico en lo social y político, es decir, el Municipio, pero no es el único (Centros Históricos, 1990, pp. 18-19).
Estrategias económico-financieras
Suponen la promoción de un proyecto de recuperación del patrimonio como negocio rentable que permita captar recursos particulares no dependientes del gasto público para que pongan en movimiento las economías locales y regionales expandiendo la planta local de empleos en todas sus fases: planeación, construcción y operación. Las autoridades podrán otorgar estímulos a fin de impulsar la realización de los proyectos en aspectos fiscales y tarifarios. Los entes participantes en estas tácticas serían el sector privado: cámaras, asociaciones e inversionistas y desarrolladores privados, y el sector financiero: banca de desarrollo, banca comercial, etcétera, así como el tercer sector e instituciones descentralizadas que al ofrecer atractivos proyectos involucren tanto inversión privada como dividendos económicos (Varios autores, s.f.). Si bien los ingresos propios de los municipios se componen de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones que constituyen las fuentes cotidianas de su financiamiento, también hay contribuciones del gobierno estatal, del gobierno federal, préstamos de la banca comercial o pública, acceso a los mercados de capital y otros. Los recursos internos pueden proceder del presupuesto municipal (cobro de impuestos, productos, derechos) recursos de capital, valorización o contribución de mejoras, eficiencia fiscal, excedentes y ahorro; pero su fortaleza no está constituida sólo por la cantidad de recursos de que se disponga y de la libertad para administrarlos, sino también por las facultades para recaudarlos por sí mismos y aplicarlos con honestidad y decoro.
Lineamientos medioambientales
Se refieren al cuidado, uso y aprovechamiento de los recursos, así como sus rasgos tangibles en el patrimonio construido. Los recursos para lograrlo se ejercen mediante la gestión ambiental, entendida como "la organización, las actividades y las políticas públicas del gobierno local para proteger el medio ambiente" (Kit, 2001). Para que las tareas básicas de funcionamiento de la ciudad (manejo del agua, de deshechos y transporte público) puedan realizarse sin comprometer la viabilidad y la estabilidad de la comunidad las propuestas deberán estar apoyadas en una legislación y convenios de cooperación con iniciativa privada o fondos externos. Los principios metodológicos para actuar en este rubro son la interdisciplinariedad de las soluciones (educativas, económicas, sociales, políticas), el compromiso y la acción local, la utilización de técnicas de resolución de conflictos y la negociación de soluciones consensuadas (Kit, 2001). Cubiertas todas estas condicionantes, los actores sociales podrán decidir qué hacer con el capital hacendario.
Conclusiones
El patrimonio hacendario de México ofrece un relevante espectro para áreas habitables, recuperables y rentables económicamente que pueden contemplar modelos complementarios de ocupación entre los que se encuentra la propuesta base que es la creación de ecomuseos en el entorno hacendario.
Los usos que en la actualidad se les dan a estos espacios no benefician al pleno de la población y no aportan una rentabilidad atractiva para los inversionistas potenciales. Debe buscarse la manera de que se conviertan en transcendentales propulsores de la cultura local y motor de las empresas próximas a su entorno, considerando cuatro dimensiones básicas para el desarrollo: dimensión de cohesión territorial, dimensión económica, dimensión de calidad de vida y dimensión de la adecuada restauración.
Las condicionantes económicas para poner en práctica la valoración económica del patrimonio hacendario son descentralización, actuación del tercer sector de la sociedad y estudios de mercado para uso potencial y alta rentabilidad local, conjugando la participación ciudadana con las soluciones creativas de uso que beneficien al máximo número de ciudadanos.
Deberá observarse el monumento en su entorno social, político y económico, concibiendo la valorización del patrimonio como un ecosistema en el cual entran en juego las fuerzas del mercado y las necesidades locales.
