Dos visiones antagónicas (económicas y políticas) enfrentadas

La década de los cincuenta estuvo marcada de manera preponderante por la contradicción entre dos modelos de desarrollo imperantes en el país -aunque en el resto de América Latina dicha dinámica del capitalismo se repetía con similar frecuencia- como respuesta a la crisis latinoamericana de balanzas de pagos resultante de la bursátil mundial en los países centrales en la década de los treinta, la cual impuso la necesidad de repensar los modelos de acumulación capitalistas enfrentando, por una parte, al anquilosado modelo agrominero exportador basado en la exportación de productos agrícolas y minerales y en la importación de productos manufacturados, contra un nuevo modelo que perfilaba el desarrollo económico vía su industrialización a través de la sustitución de importaciones.¹ Si bien estos dos proyectos económicos se contraponían desde el ámbito nacional, en la esfera local, es decir, desde las diversas regiones del país, encontrarían la expansión de sus múltiples expresiones al enfrentar ambos bloques de poder que lucharon por imponer su razón de estado.

En la entidad potosina, este cambio de paradigma económico supuso un enfrentamiento entre dos personajes singulares que representaban, cada uno, un lado opuesto de la visión desarrollista: por un lado, Gonzalo Nicanor Santos, el último de los caciques locales (^{Buve, 2003: 21}), heredero del vacío dejado por la rebelión y muerte en los años treinta del cacique original Saturnino Cedillo, figura destacada y paradigmática del proceso de institucionalización de la revolución que culminaría en la formación del PRI, gobernador del estado (1943-1949) y poseedor de uno de los grandes latifundios posrevolucionarios (^{Meyer, 2000: 39}), como el principal representante del modelo económico agroexportador; por otro lado, Salvador Nava Martínez, liberal exponente de las clases medias en ascenso, integrante de una reconocida familia de médicos de las principales empresas que había entonces en la capital potosina y heredero de la lucha antisantista comenzada por su hermano Manuel durante su cargo como rector de la Universidad, como representante de la burguesía local y de un proyecto económico desarrollista e industrializador (^{Carreras, 1986: 7}).

A pesar de que los grandes cacicazgos militares de la revolución llegaron a su fin con la destrucción del cedillismo² acaecida por la muerte de quien le dio su nombre (Saturnino Cedillo), esto "no significó, necesariamente, el fin de todas las islas regionales de poder", puesto que a su deceso "se inició en San Luis Potosí otro feudo dirigido por un miembro de la familia Santos", el cual tendría, sin embargo, una diferencia esencial con su antecesor: no contaría con "el control monopólico sobre los recursos coercitivos que se consideran legítimos en una sociedad" (^{Falcón, 1988: 293}).

Caracterizado el poder político de Santos como "un poder personal con soporte institucional" (^{Pansters, 1997: 23}) que le permitía monopolizar tanto la imposición en cargos públicos de sus allegados como la expansión de sus negocios en detrimento de los distintos grupos políticos y empresarios locales, ello implicó "el descontento de amplios sectores de la clase media urbana y cuadros del priismo potosino [que] se conjugaron para impulsar el [surgimiento] de Salvador Nava [...] a través del Comité de Profesionistas e Intelectuales" (^{Espinosa, 2011: 184}), que tenía como objetivo principal "quebrar el monopolio que Santos había ejercido por tanto tiempo sobre la selección de candidatos para los cargos públicos" (^{Pansters, 1997: 26}) y, de manera paralela, el detrimento del cacicazgo santista que condujo, entre otras cosas, al desplazamiento de no pocos de los sectores económicos tradicionales. En palabras del propio Salvador Nava:

Tuve un hermano que luchó mucho por la Universidad, fue rector. Todo eso para mí es positivo, y eso en la familia y en una ciudad chica pues quiere decir muchísimo. Todos mis hermanos son profesionistas, hemos trabajado aquí, todos médicos, y hemos mantenido mucho contacto con la gente. La cuestión de la Universidad fue una puerta abierta para el criterio de la gente respecto a nuestro apellido y nuestras personas. Se luchó mucho contra Gonzalo Santos, hasta que esa Universidad fue rescatada de sus manos; Santos era un verdadero cacique. Todo eso lo sumo también a lo mío. Yo era médico, oculista, de casi todas las pocas factorías de aquí. De los ferrocarriles en primer lugar, fui su médico, fui médico de la ASARCO y de las textileras que había; entonces conocí sus vidas, supe de sus necesidades, les ayudé cuantas veces pude; entonces, cuando salí a la vida pública, pues toda esa gente me siguió. No le digo que no me haya seguido después la gente de clase media y alta, pero sobre todo nuestra base fue la obrera; esa fue la que nos llevó realmente a pelear y a conseguir el puesto que obtuvimos y a quitar el ayuntamiento de las garras del caciquismo (^{Granados, 1992: 79}).

La oposición frente al dominio que ejercía Santos en el estado, sin embargo, no tuvo como únicos actores a los integrantes del grupo próximo a Salvador Nava, pues entre sus primeros adversarios estaban los propios grupos priistas que perseguían desplazar a la dirigencia santista del partido, como los significativos Frente Reivindicador, encabezado por Ignacio Gómez de Campo -viejo amigo y aliado que había roto con su antiguo jefe-, la Alianza Cívica Potosina, liderada por Concepción de la Cruz -dirigente vinculado a los grupos cedillistas aún activos-, y el ya mencionado Frente de Profesionistas e Intelectuales, afiliado a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI, cuyo dirigente era el mismo Salvador Nava.

En concreto, las razones de dicha filiación fueron una del tipo coyuntural y otra instrumental. La primera tenía que ver con el arribo a la Presidencia de la República de Adolfo López Mateos (1958-1964), quien en alguno de sus principales actos electorales en su paso por la entidad potosina declaró que los caciques duraban mientras el pueblo los tolerara, declaración de la que hicieron una lectura casi textual los opositores, que los incitaría a tratar de acabar con el poder político de Santos en la entidad. La segunda recaía en la consideración de que el PRI era la única vía institucional posible para deponer a uno de sus principales miembros y regente. Así lo previó Salvador Nava:

estuvimos analizando la situación de atraso del estado de San Luis Potosí. Veíamos que dependía todo de la voluntad de una sola persona... veíamos que todas las agrupaciones, todos los municipios se manejaban con incondicionales de Santos. Considerábamos que el día en que se consiguiera la ayuda del pueblo, San Luis Potosí podría resurgir saliendo del atraso en que se encontraba [...] No simpatizábamos con ningún partido, ni el PAN, ni el PPS, de tal manera que decidimos que solamente a través del PRI podríamos luchar contra uno de sus miembros como lo era Santos (^{Calvillo, 1984: 33}).

En este sentido, la oposición a la hegemonía del poder político del PRI en la entidad encontraría su núcleo de gestión dentro del propio partido y la razón subyacente de su estrategia, la modernización del aparato económico productivo de la entidad. En este contexto, la lucha interna por el control político en el partido se iniciaría teniendo como vencedores a los santistas -quienes obtendrían a su favor la definición de la mayoría de las candidaturas a diputaciones, senadurías y la presidencia municipal-, lo que produjo el rompimiento del bloque antisantista con la dirigencia priista.

El arribo del "civilismo" al poder político y la primera derrota de la estrategia triunfante

Habiendo sido designado para las elecciones municipales de 1958 el entonces procurador de Justicia del Estado, Francisco Gutiérrez Castellanos, la respuesta del grupo navista consistió en anunciar que Salvador Nava sería postulado candidato independiente -sin que esta postulación supusiera por necesidad un rompimiento formal con el PRI- mediante la creación de una alianza denominada Unión Cívica Potosina,³ que integraría, además de los grupos priistas ya mencionados, el apoyo de obreros disidentes del sindicalismo oficial vinculados con el Partido Comunista Mexicano (PCM) y grupos pertenecientes a la Unión Nacional Sinarquista, que resentían de manera directa las consecuencias del proyecto económico antipopular que seguía el gobierno central.

Por lo que hace a la otra fuerza de oposición en la entidad, el PAN había tenido de manera sostenida una presencia relevante durante varios periodos: en 1946 se hizo con la diputación federal correspondiente a la capital potosina y la mantuvo en las elecciones federales de 1958 aprovechando las disputas priistas internas, por lo que conservó el carácter de segunda fuerza electoral en el estado.

En este contexto se celebraron elecciones estatales en la entidad potosina en diciembre de 1958, y el resultado le favoreció a Salvador Nava y su bloque en una proporción de dos votos a uno en la capital del estado,⁴ victoria que supondría la primera capital de una entidad federativa en manos de la oposición, y al menos siete alcaldías del interior reconocidas por el Congreso local.⁵

Con estos resultados enmarcados por el avance de la oposición navista y el afianzamiento del PAN como segunda fuerza política en el estado, el entorno para el gobernador priista (santista) en turno, Manuel Álvarez López, acompañado de la antipatía y repudio a su régimen por parte de los opositores, serían de tal forma adversos que lo llevarían a solicitar separarse de su cargo en enero del año siguiente. Fue nombrado gobernador interino, en consecuencia de dicha renuncia, el periodista Francisco Martínez de la Vega; nombramiento que fue bien recibido por el bloque navista, quizá por el parentesco que lo unía con Salvador Nava, de quien era primo.

Este double play obtenido por el navismo y sus aliados, uno por vía electoral -la alcaldía capitalina y diversos municipios del interior del estado- y otro por vía contestataria -la oposición al gobernador y su posterior renuncia-, habría de producir el escenario idóneo para la siguiente jugada electoral: la contienda por la gubernatura estatal en virtud de las elecciones que se celebrarían en 1961.

Los resultados electorales municipales alcanzados por los opositores produjeron incentivos que permitieron a las principales formaciones políticas suponer, en un primer momento, que podrían ganar tanto o más poder político llegando a un acuerdo consensual para la observación de las vías institucionales de competencia que promoviendo su fractura. Por ello, a pesar de su aparente contradicción, la primera apuesta de los opositores habría de ser alcanzar la nominación de Salvador Nava por su partido, el PRI (hay que recordar que la estrategia triunfante fue individualizada, antisantista, mas no pretendió formalizar necesariamente una ruptura intrapartido, pues incluso varios aliados del navismo ocupaban cargos en el Comité Directivo Estatal del PRI), para lo cual el alcalde en funciones solicitó permiso al Cabildo para abandonar el cargo en diciembre de 1960.⁶

A pesar de que Salvador Nava se había postulado de manera oficial como precandidato a la gubernatura en enero de 1961, no habría de ser sorpresiva la nominación hecha al final por la dirigencia priista a favor de un dirigente sindical potosino con carrera política en el ámbito nacional, Manuel López Dávila.

No resulta inesperada dicha selección de candidato, puesto que en la época hegemónica del PRI (de la década de 1930 a la de 1990) los patrones de reclutamiento que seguían los políticos encargados de seleccionar a los candidatos y quienes "controlaban la mayoría de las decisiones (incluyendo las nominaciones) y el dinero que requería un político para desarrollar una carrera política exitosa [...el presidente de la República, el secretario de Gobernación y el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional] mostraban sólidas evidencias de que el sistema político y el de partido estaban centralizados, y de que [en consecuencia] a muchos políticos (aunque desde luego no a todos) les resultaba necesario competir en el nivel nacional con otros políticos del PRI incluso para obtener un puesto estatal" (^{Langston, 2008: 458-459}).

De esta forma, la carrera política previa de Manuel López Dávila y su posterior nominación como candidato a la gubernatura potosina dejan ver el carácter centralizado del reclutamiento priista durante dicho periodo, así como la justa trayectoria que todo priista de entonces debía recorrer en aras de acceder a los más altos puestos de poder político, a saber: el abandono de su entidad federativa -López Dávila emigró en su juventud a Chihuahua para formarse como normalista, e incluso llegó a ser presidente municipal de la capital y senador por el mismo estado- con el objeto de buscar conexiones -en su encargo en el Senado fue compañero de bancada de Adolfo López Mateos- o empleos en el gobierno federal, el partido o una asociación sectorial (^{Camp, 1982}; ^{Smith, 1979}).

Por el contrario, la carrera política previa de Salvador Nava y la constante negativa por parte del PRI a nominarlo como candidato a cualquier cargo de elección popular, incluida la gubernatura potosina, ponen en relieve que, si bien la presencia de la oposición en los órganos de elección popular en los municipios seguía siendo escasa, el comportamiento electoral en dicho ámbito, así como los objetivos y estrategias de los contendientes, eran muy diferentes al desarrollo de los procesos electorales en el ámbito nacional, pues dicho carácter de relativa independencia de las elecciones municipales en relación con las nacionales permitía la alternancia en el poder de manera menos conflictiva,⁷ aunque ello no trajo consigo la modificación de las dinámicas centralizadas del reclutamiento de candidatos en otros ámbitos de gobierno.

En este contexto nada favorecedor a los intereses de los opositores, éstos intentaron repetir la estrategia triunfante en la alcaldía de la capital potosina: rompimiento con el PRI local, aglutinamiento de los grupos sindicales, políticos y sociales marginados por la política dominante (sinarquistas, el clero potosino, obreros), pero con la diferencia de que en esa ocasión las direcciones de la Unión Nacional Sinarquista y del Partido Comunista Mexicano no participaron de manera orgánica con el movimiento navista. El resultado, en cambio, esta vez fue contrario: López Dávila sería gobernador del estado al haber obtenido 174 471 votos a favor, contra 36 154 obtenidos por Salvador Nava.⁸

Encierro, destierro o entierro: The only game in town

Los sistemas de partido hegemónico se caracterizan, entre otras particularidades, por la existencia de una premisa de gran peso, a saber, que en ese tipo de sistemas las escisiones y las rupturas con el partido son castigadas con sanciones prohibitivas (^{Sartori, 1989: 285}), pues precisamente su fortaleza se debe en gran medida a la razón de un principio subyacente: la unión del partido vía la fuerte disciplina partidista que persiste en el interior, "ya que los grupos que lo conforman saben que fuera del partido no existe el futuro. Así, la unidad del partido hegemónico es, a la vez, condición y resultado del funcionamiento de ese particular tipo de sistema de partidos" (^{Valdés, 2002: 276}).

Esta regla no escrita, pero aplicada a rajatabla por el PRI en el periodo hegemónico, encontró en el primer navismo una oportunidad más para imponer su razón, a saber, el ostracismo como vehículo disciplinador, ya que si a la derrota de la oposición sobrevino una de sus acciones características, es decir, la movilización contestataria acompañada incluso con la tentativa de registrar un propio partido político -de nombre Partido Demócrata Potosino- en los márgenes del oficialismo, aceptando implícitamente la derrota electoral, el uso de la fuerza del gobierno en el poder no se hizo esperar y enfrentó violentamente a los opositores, llevando a la cárcel a un gran número de navistas, incluido el propio Salvador Nava.

De esta forma, el primer navismo encontraría en esa derrota electoral el ocaso de su osadía y el partido hegemónico reafirmaría la razón de su posición privilegiada dentro del sistema político mexicano.

Sobre la iteración como vehículo de la historia

A Marx le debemos la célebre adición a un pensamiento hegeliano que supone la aparición de los grandes actores y acontecimientos universales en dos actos: en el primero se presentan como tragedia, y en el segundo, en todo caso, como una farsa (^{Marx, 2003}).

Los hechos y los personajes centrales del segundo navismo guardan un singular paralelismo con aquellas figuras y acontecimientos protagonistas de su primera irrupción en la década de los cincuenta y, en razón de ello, con la anterior afirmación marxista. Por un lado, si la década de los cincuenta estuvo marcada de manera preponderante por la contradicción entre dos modelos de desarrollo, los sesenta y setenta supusieron un periodo de expansión de las clases medias como respuesta a la quiebra del desarrollo estabilizador de reproducción capitalista en el país, el cual confluyó con otra crisis mundial. Si bien el desmoronamiento de dicho modelo de acumulación encontró su origen en el campo económico, fue en los campos político y social donde se hallaba el auge de la lucha de clases durante este periodo (^{Fernández, 1978: 18-19}).

Médicos, ingenieros y agrónomos se perfilaron como nuevos actores sociales, quienes, "con el fin de lograr mayor apertura en el sistema político" (^{Somuano, 2010: 253}), reclamaban canales para que sus demandas fueran escuchadas y atendidas por una cerrada élite política que, bajo el auspicio de un sistema político autoritario, no conocía otra vía de acceso y procesamiento de dichas demandas sino que el propio partido oficial, el PRI.

Los movimientos sociales que se sucedieron en la década de los sesenta dan cuenta de ello: médicos, ferrocarrileros y estudiantes pusieron en entredicho la afirmación del poder presidencial como eje de apoyo de la nación y del partido oficial como su instrumento de ejercicio de su poder, e hicieron latente la necesidad de replantear la vigencia de dicho esquema y la validez de su discurso frente a la diversidad y pluralidad de crecientes organizaciones y corrientes políticas que se plantearon el deber de articular nuevas u olvidadas luchas sociales populares a través de la participación electoral, como respuesta a la marginación a la que se habían visto sometidos por causa de la distribución política, sus formas de representación y el tipo de participación corporativa que, en el esquema institucional del partido oficial, provocó una "enorme conflictividad social que [...] no tenía correspondencia con lo que sucedía en la esfera institucional de los partidos y las elecciones" (^{Woldenberg, 1993: 90-91}).⁹

No resulta extraño, entonces, que frente a la recesión generalizada del capitalismo mundial en la década de los sesenta, en paralelo con la falta de una verdadera competencia político-electoral que caracterizó al periodo ubicado desde la crisis de la hegemonía del partido dominante hasta la segunda mitad de los setenta -que imposibilitó canalizar el malestar de las clases sociales afectadas política y económicamente por otros cauces institucionales que no fueran los tradicionales-, a lo largo del país comenzarían a surgir procesos democratizadores desde diversos ámbitos, impulsados por un proceso paralelo de liberalización política que se correspondió con un largo y lento proceso de reformas políticas que inició con la de 1977,¹⁰ la cual tuvo como finalidades esenciales estabilizar el sistema político, reforzarlo ante la crisis económica, ampliar la representación nacional, auspiciar la tolerancia entre los diversos sectores y corrientes de pensamiento, legitimar la representación política, promover la participación ciudadana en la vida política, fortalecer al Legislativo y captar la pluralidad nacional en la representación popular (^{Carpizo, 1979}), con lo que "la convivencia y competencia se instalaron, paso a paso, como valores positivos, y la pluralidad empezó a aparecer como una virtud más que como desgracia", lo que permitió "colocar en los primeros lugares de la orden del día nacional los temas de la democracia, los partidos políticos, las elecciones" (^{Woldenberg, 1993: 93-94}).

Así, a partir de la reforma política de 1977 encontramos el momento en que "las elecciones se empiezan a convertir en un espacio de discusión y lucha política [...] representada por el PAN y el PDM" en el ámbito nacional, como portavoces de "las corrientes ideológicas herederas de los movimientos contrarrevolucionarios surgidos en estrecha relación con la Iglesia católica" (^{Gómez Tagle, 1988: 4}).

Estimulaciones centrífugas, fuerzas centrípetas

El contexto político-económico nacional participó de manera paralela, en consonancia con lo anterior, en una estimulación política de las regiones -o su despertar, en términos de ^{Martínez Assad (1992})-, pues debido a las "fuentes de frustración para los pequeños líderes y para las élites locales" (^{Paris, 2000: 123}), que provocó la rigidez del sistema político nacional, a lo largo del país comenzaron a su vez a surgir procesos democratizadores desde el ámbito de lo local, o democratización desde la periferia (^{Campos, 2012: 24}).

Por una parte, la crisis del proyecto económico desarrollista nacional trajo consigo en el estado de San Luis Potosí algunas alteraciones del bloque en el poder, entre las cuales destacan el "desplazamiento de la burguesía regional potosina y de los sectores priistas que los representaban por parte de un sector de la burguesía nacional y de sectores priistas que no pertenecen al grupo de los no-potosinos" (^{Carreras, 1986: 8}); lo cual, por otra parte, pondría fin a "17 años de paz" cobijados bajo una política de reconciliación priista que logró apaciguar a los otrora opositores inconformes mediante la reestructuración del partido a través de la captación tanto de exsantistas como de los disidentes vía la apertura de espacios en la administración pública para el grupo navista y la promoción de la industria local.¹¹

Además, ese llamado sector de priistas no potosinos ponía en evidencia un conflicto histórico de carácter cultural que ha enfrentado a los habitantes del altiplano -donde se ubica la capital del estado- con los de origen huasteco. A decir de Márquez: "dos espíritus comarcales fueron sostén de un clásico y visceral enfrentamiento que aún hoy divide a los potosinos. Los hombres de la capital del estado no cesaron de decir que los huastecos, sus paisanos de la región oriental, son la 'barbarie'. Según los hombres de esta tierra caliente, los de San Luis sólo merecen dos palabras: 'curros y estirados'" (^{1986: 404}).

Ese conflicto cultural sería reavivado ante la figura de Carlos Jonguitud Barrios, nacido en el seno de una familia con vieja raíz en la Huasteca potosina, líder del sindicato más numeroso de América Latina, con la formación del terrateniente huasteco, de trato duro, acostumbrado al poder" (^{Gama, 1998a: 148}), que fue postulado por el PRI a la gubernatura del estado en las elecciones de 1979.

A su victoria en los comicios estatales sobrevendría una serie de modificaciones en la estructura político-económica de la entidad que a la postre constituiría el ambiente propicio para el resurgimiento del navismo como eje articulador de los opositores: los grupos oligárquicos del altiplano potosino, quienes poco tiempo atrás habían encontrado un espacio en la administración de los asuntos del estado, así como los industriales de la región, dejaron de ocupar un espacio privilegiado en la economía local y, de manera paralela, los dirigentes magisteriales vinculados a Jonguitud Barrios se apoderarían de la dirigencia estatal priista.

Este doble desplazamiento, tanto de la iniciativa privada regional de los espacios de poder como de los políticos representantes de la burguesía local -que se correspondía con el agotamiento del proyecto desarrollista implementado desde los años sesenta y que supuso un déficit en la capacidad del estado como eje articulador del progreso- favoreció la búsqueda y creación de un nuevo proyecto o discurso político que incluyera, desde luego, una alternativa económica, la cual permitiera recomponer, de alguna forma, las alianzas sostenidas durante largos años en el bloque de poder, así como la hegemonía debilitada.

A raíz de la promulgación de la ya comentada reforma política de 1977, el campo político se ampliaría y daría entrada a aquellos partidos que hasta entonces habían estado formalmente marginados de los comicios, a saber: el PDM, el PCM y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que en razón de la votación que obtuvieron en la renovación de la Cámara de Diputados federal en 1979 -superior a 1.5 por ciento de la votación total emitida¹² - habrían de obtener su registro definitivo¹³ y, en consecuencia, el derecho a la participación en los procesos electorales locales.¹⁴

De esta forma, para los comicios locales de 1980, "uno de los de mayor agitación política, debido a que se renovaban 13 gubernaturas, 15 legislaturas locales y 1,158 ayuntamientos de los 2,225 que tiene el país" (^{Espíritu, 1984: 103}), se puso en entredicho el carácter democratizador de la vida política del país, pues si bien sería la primera vez que en la arena electoral contendrían hasta siete fuerzas políticas distintas, todas ellas, con excepción del PRI, obtendrían una menor votación en proporción a aquella que recibieron en su primera experiencia en 1979.

A pesar de esta primera impresión, todos los partidos salían ganando en el corte de caja a finales de dicho año electoral, pues el PRI incrementó sus votos en once por ciento en relación con 1979 en esos quince estados, el PAN mantuvo estable su corriente electoral como segunda fuerza, el PPS y el PARM se vieron favorecidos por votos que les permitieron contrarrestar a verdaderas fuerzas políticas, mientras que los recién invitados al sistema político, el PDM el PCM y el PST, lograron una cantidad considerable de posiciones en Cámaras y Ayuntamientos que les consintió poner a prueba su fuerza e implantación en el ámbito local.¹⁵

Esta dinámica partidista y el contexto que configuraron dichos comicios pusieron de manifiesto, por una parte, que un verdadero avance de la oposición tendría que obedecer más a una tendencia estratégica de largo plazo que a una situación de coyuntura -pues la reforma política sólo supuso la inclusión formal de la naciente pluralidad política en las leyes del país, pero los hechos se encargaron de mostrar las dificultades de la oposición para traducir las demandas populares en victorias en las urnas frente al dominio priista¹⁶ - y, por la otra, que a pesar del visible aumento de la proporción de votos recibidos por el PRI, el sistema de partido hegemónico hasta entonces vigente comenzaba a someterse a indiscutibles presiones de cambio.

Ensayo y error: Un primer ejercicio de racionalidad y pragmatismo políticos

En el estado de San Luis Potosí, que no había participado aún de esta pluralidad partidista en virtud de que sus elecciones estatales no se celebrarían sino hasta 1982, el recién dibujado contexto de correlación de fuerzas posterior a las comentadas elecciones locales posibilitó en la capital potosina una dinámica de cooperación limitada entre dos fuerzas políticas que, a pesar de las evidentes diferencias entre sus planteamientos ideológicos y programáticos, tanto como por la composición social de sus militantes, en general se pueden ubicar en la misma tendencia política, esto es, a la derecha del partido oficial, el PRI;¹⁷ nos referimos a la alianza puesta en marcha por el PAN y el PDM para postular a Salvador Nava como candidato a la alcaldía capitalina en diciembre de 1982 bajo la dirección de un organismo creado por los navistas para tal efecto con la denominación de Frente Cívico Potosino (FCP).¹⁸

Decimos que en este caso se activó un mecanismo de cooperación limitada entre los integrantes de dicha alianza atendiendo una serie de consideraciones: en primer lugar, las ya comentadas experiencias previas de los partidos que se aglutinaron alrededor de la figura de Salvador Nava (más tarde se sumaría el PARM y el recién fundado Partido Social Demócrata [PSD]) produjeron los incentivos necesarios para la puesta en marcha de un acuerdo consensual entre las fuerzas integrantes a fin de formar un bloque competitivo frente al poder hegemónico del PRI. Sin embargo, en segundo lugar, el acuerdo sobre la compatibilidad de la cooperación respecto de sus fines no supuso necesariamente un convenio paralelo en la maximización de las ganancias entre los actores constitutivos de ésta, ya que sólo el PAN y el PDM tendrían representación en la planilla, pues a cambio de su incorporación al frente opositor recibirían un total de tres regidurías cada uno (^{Carreras, 1986: 92}), en razón de que, entre los partidos políticos que sostuvieron la candidatura común de Nava, sólo estos dos contaban con experiencia electoral previa que se traducía en un capital político con peso específico.¹⁹

En esa época era común la idea de que, en la celebración de elecciones concurrentes, las condiciones favorables a un candidato bien posicionado en la principal elección generaban una inercia o mejores posibilidades de triunfo de los candidatos de su mismo partido en el resto de las elecciones trayendo consigo un efecto de arrastre.²⁰ A pesar de ello, las elecciones para munícipe en la capital potosina (concurrentes de la presidencial de 1982, en las que el candidato oficial obtuvo una proporción de votos mayor a 70 por ciento²¹) dieron cuenta de un comportamiento electoral diferenciado de la presidencial al conducirse una de las pocas elecciones competitivas que tuvieron lugar ese año en las entidades del país²² en las que el candidato postulado por el frente opositor habría de obtener una victoria cerrada²³ frente al candidato del PRI, Roberto Leyva Torres, exrector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que recién terminaba su encargo como senador de la República.²⁴

Este nuevo periodo de gobierno municipal navista (1983-1985) estuvo marcado por un enfrentamiento abierto y constante con el gobernador del estado, Jonguitud Barrios, sobre todo por motivo de la retención insistente por su parte de las participaciones federales que le correspondían al Ayuntamiento, así como por las continuas manifestaciones masivas instrumentadas por los navistas como medio predilecto para presionar al gobernador.

Si bien dichos enfrentamientos se resolvieron estableciendo un empate político cuando "Jonguitud dejó de bloquear los fondos municipales y Nava dejó de pedir la renuncia del gobernador" (^{Gama, 1998a: 149}), el alcalde en funciones solicitaría licencia al Cabildo para separarse del cargo en diciembre de 1984 -guardando un gran paralelismo cuando hizo lo propio a finales de 1960- con miras a las elecciones del año siguiente para renovar el Ejecutivo estatal, según la lectura que hicieron ene se momento sus partidarios; sin embargo, en virtud de una reforma introducida en la Constitución de 1917 -vigente desde mucho tiempo antes de la primera irrupción navista en la arena política en los cincuenta-, uno de los requisitos fijados para ser gobernador del estado era contar con menos de sesenta años cumplidos el día de la elección,²⁵ lo que descartaba toda posibilidad de su nominación, pues para entonces Nava contaba ya con 70 años de edad.

Ante este escenario que implicaba la ausencia, al menos formal, del navismo en las boletas electorales, el PRI nominó para la gubernatura estatal a un personaje con una amplia carrera en las filas del partido oficial, Florencio Salazar Martínez, designación que encontró un eco favorable entre los diversos sectores de la sociedad potosina, incluso entre los empresarios locales, quienes desde la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) calificaron la decisión como acertada, sabia e inteligente (^{Martínez Assad, 1987: 150}), lo que llevó a que, el mismo día de su nominación, Salvador Nava regresara a cumplir su encargo en el Ayuntamiento capitalino en enero de 1985, con lo que otorgaba implícitamente su anuencia a dicho nombramiento.

Un estado punitivo, una oposición contestataria

En octubre de ese año tendrían lugar elecciones para renovar el municipio, lo que presentó una nueva oportunidad para que el navismo se mantuviera vigente en la lucha por el poder, pues el carácter conciliador del recién electo gobierno estatal que permitió restablecer las buenas relaciones con la burguesía regional mermadas durante el gobierno jonguitudista daba la impresión de que el navismo se enfrentaba a un eminente declive.

En alianza con el PAN, el FCP decidió postular a un navista originario, industrial potosino y expresidente de la CANACINTRA, Guillermo Pizzuto Zamanillo. Dicha postulación, que en un principio no suponía por necesidad un rompimiento con el nuevo gobernador, se enfrentó a una tardía designación por parte del partido oficial que enfrentó al Ejecutivo estatal -quien pretendía postular a un abogado, exrector de la máxima casa de estudios y diputado federal por el PRI, próximo al gobernador Guillermo Medina de los Santos- con los priistas fieles a Jonguitud Barrios -quienes pretendían que fuera electo como candidato uno de sus hombres de confianza que encabezó el Comité Directivo estatal del partido durante su sexenio, Helios Barragán López-.

Habiendo favorecido la nominación priista al primero de ellos y una vez anunciado, días después de las elecciones, el triunfo del candidato oficial,²⁶ el encono navista no se hizo esperar -sobrevinieron mítines, toma de calles, protestas y denuncias de fraude electoral-, lo que incluso llevó a Nava, quien hasta entonces se había mantenido al margen, a solicitar, entre otros excesos, la desaparición de los Poderes estatales y municipales, así como insinuar un paro de labores y una posible huelga de pago de impuestos (^{Martínez Assad, 1987: 152-153}).

Actualizando un viejo axioma sobre el cual se basaba en gran medida la razón subyacente del sistema político durante el periodo hegemónico del priismo, la lectura que el oficialismo hizo en esa ocasión, como lo había hecho en las postrimerías del primer navismo, fue que debido a que "no significa lo mismo permitir el triunfo de la oposición en un municipio, así tenga este una importancia estratégica, que perder una gubernatura" (^{Martínez Assad, 1987: 142}), la victoria electoral sería defendida incluso mediante el uso legítimo de la fuerza como estrategia oficial.

Las condiciones políticas en esta ocasión, en cambio, no presentaron una oportunidad óptima para que el partido en el poder echara mano de viejos vehículos disciplinarios, pues si en l década de los sesenta ello supuso el ostracismo del navismo, la creciente pluralidad política que comenzaba a instaurarse en el país y en el estado permitieron, en enero de 1986, la inusitada asociación pluripartidista de todos los opositores a través del entonces autodenominado Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo Potosino -encabezado por Nava y apoyado tanto por el PAN, como por el PDM, el PRT, el PSD y el PSUM-, que cuestionó la honestidad de las elecciones y los resultados oficiales, así como la represión y, en consecuencia, la legitimidad del gobierno en turno.

Ante el desprestigio que le acarrearon las protestas generalizadas de los opositores y que enfrentaba Salazar Martínez, varios miembros de su gabinete renunciarían en los subsecuentes meses, desde el secretario de Gobernación, pasando por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, hasta el secretario del PRI estatal. Abandonado así por un gran número de sus colaboradores cercanos, sin apoyo del centro y acosado por el Comité que reunía a derechas e izquierdas en su contra, su capacidad de gobierno se agotó, y en mayo de 1987 solicitó una licencia temporal para retirarse del cargo, lo cual permitió al navismo encontrar en esta victoria contestataria quizá uno de sus momentos de mayor presencia y fortuna en su historia, lapso tan solo atemperado por el arribo de Leopoldino Ortiz Santos -sobrino de un viejo conocido del navismo, Gonzalo N. Santos-, quien habría de ocupar el interinato en el Ejecutivo.

El debilitamiento del Ejecutivo estatal, la mermada credibilidad de las instituciones locales, así como la fuerte presencia de una activa oposición que ponía en relieve su capacidad contestataria cada que las circunstancias lo requerían, confluyeron en la víspera de las elecciones locales de 1988 con otra coyuntura de gran calado en la historia política del país: las elecciones federales -legislativas y presidencial- de ese año.

Transiciones y rupturas: Tiempos definitorios

Para finales de la década de los ochenta, la lógica del poder que caracterizó al sistema hegemónico fue sometida a fuertes presiones de cambio que de nuevo pusieron en duda su capacidad de control político. Este sistema que funcionó de manera sostenida desde la década de los cincuenta sin enfrentar grandes contradicciones ni obstáculos, caracterizado por la unidad de la clase política perteneciente al partido hegemónico que se traducía en un apoyo electoral suficiente para, de manera sistemática, "triunfar y mantener a sus opositores como partidos de segunda clase compitiendo por pequeños espacios de poder, determinados desde el propio partido hegemónico" (^{Valdés, 1995: 4}), en 1988 conoció una importante ruptura por parte de un conjunto de fuerzas de oposición desde el interior del propio partido oficial que postularía a un miembro de la familia revolucionaria como candidato a la presidencia de la república y que culminaría con la posterior fundación del PRD vía su escisión del partido oficial.

De esta forma, con las elecciones presidenciales de ese año se inauguró una etapa más del proceso de transición a la democracia en el país que se caracterizaría por la confluencia de tres momentos interdependientes pero fuertemente vinculados entre sí, a saber: la aceptación de nuevos partidos como actores legítimos del sistema, la modificación de casi todos los ordenamientos jurídicos vinculados con los procesos electorales y la fractura del partido hegemónico (^{Valdés, 1995: 5}).

Una más de las "crisis cíclicas de fin de sexenio" (^{Crespo, 2012}), que al menos desde 1976 han convergido en el país, acompañó esta dinámica político-electoral: la ruptura interna del PRI y la consecuente candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas enmarcada y, por ello posibilitada en gran medida, por la oposición de varios segmentos del régimen que no apoyaban el modelo económico neoliberal adoptado durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) distinguido principalmente por su política de austeridad que supuso la limitación de los privilegios económicos para los sectores corporativos del PRI, rasgo fundamental del sistema político posrevolucionario (^{Garrido, 1993}).²⁷

Estos sectores desatendidos por las políticas neoliberales²⁸ de De la Madrid pertenecientes a los partidos que tradicionalmente le habían brindado su apoyo al PRI, apoyados por los disidentes del oficialismo dentro del propio partido desde la Corriente Democrática (CD)²⁹ y la flexibilidad de las reglas entonces vigentes en materia de candidaturas comunes, crearon una estructura de oportunidades que permitió la conformación del autodenominado Frente Democrático Nacional (FDN), que vio en la figura de Cárdenas, vía su candidatura presidencial, la oportunidad de asegurar las cuotas de poder que sus sectores veían amenazadas.

De visita en la capital potosina como parte de sus campañas electorales, la presencia tanto del candidato del FDN como de Manuel de Jesús Clouthier -industrial del norte del país asociado a las principales cámaras comerciales y excandidato a gobernador del estado de Sinaloa en 1986-, postulado por el PAN, permitió definir a sus aliados: Salvador Nava y Guillermo Pizzuto acompañarían a Clouthier en el acto central de su campaña en la ciudad, y algunos de los grupos de disidentes locales del PRI se sumarían a la candidatura de Cárdenas. Con ello, para las elecciones locales de 1988, el FCP se aliaría de nueva cuenta con el PAN y el PDM y postularían como candidato a la alcaldía potosina a Pizzuto Zamanillo -ya entonces presidente del FCP-, mientras que el PRI elegiría a un empresario identificado con el oficialismo, José Morales Reyes.

En paradoja, a pesar de obtener el triunfo electoral³⁰ en virtud de esta alianza y favorecido por la gran votación recibida por Clouthier en la capital potosina, Pizzuto veía con cierto recelo el mantenimiento de vínculos postelectorales entre los partidos de oposición, pues a su parecer "el pragmatismo extremo ha llevado a las organizaciones políticas a perder los valores más elementales; como son el ejercicio democrático, la libertad y el respeto a las decisiones de los integrantes de dichas organizaciones; así como la pluralidad como producto del ejercicio de la tolerancia" (^{Yáñez, 2004: 32}).

Sobre la fragilidad del sistema y el procesamiento del conflicto entre adversarios

Esta victoria de la oposición en el interior de la república no se correspondió, sin embargo, con el resultado de las presidenciales y la dinámica partidista resultante. Por un lado, la unión tanto de partidos aglutinados en torno al FDN como de grupos descontentos con el orden de cosas existente -sobre todo con la incompatibilidad entre proyecto de modernización económica nacional y las políticas heredadas del corporativismo (^{Bizberg, 1990})-, por primera vez en la historia del país estuvo cerca de derrotar al partido hegemónico, sin embargo, según amplias acusaciones de manipulación rampante de votos y desaseo electoral, "un fraude electoral canceló dicha oportunidad"³¹ , por lo que "la decisión de la dirigencia del FDN fue formar un partido político que aglutinara a las fuerzas de izquierda que habían resultado tanto de la fractura del PRI, como del proceso de consolidación de la izquierda partidista" (^{Ortega, 2010: 230-231}), dando paso a la fundación del PRD en 1989.

Por otra parte, esta reconfiguración del abanico de opciones políticas produjo, a su vez, un nuevo ordenamiento de las estrategias intrapartidistas en el centro de las negociaciones entre fuerzas políticas, producto del aumento de competitividad electoral en el sistema, el afianzamiento y aumento de la presencia de la oposición, el debilitamiento de las mediaciones corporativistas y el cambio en la cultura política de los votantes (^{Crespo, 1992: 21}).

Así, el nuevo sistema de interacción entre los principales partidos establecido como resultado del triunfo obtenido por Salinas de Gortari se matizó por la instauración de una relación de cooperación limitada entre el PRI y el PAN -mediante la negociación de asimetrías que propiciaban tendencias centrífugas-, por un lado, y de confrontación entre el PRI y el PRD -que alentaba la polarización y exclusión de fuerzas políticas-, por el otro (^{Prud'Homme, 1997: 4-7}), radicando la diferencia entre dichas estrategias y tácticas puestas en marcha principalmente atendiendo a que "el PAN era más favorable a una alianza temporal con el régimen priista de Salinas de Gortari, mientras que el PRD se oponía completamente a su agenda neoliberal" (^{Olvera, 2010: 188}).

Si bien este tipo de equilibrios interpartidistas establecidos en el ámbito nacional constituyeron el contexto en el cual se celebrarían las elecciones locales en el país, en el ámbito estatal potosino no se reprodujo dicho sistema de interacción, lo que puso en evidencia el bajo grado de institucionalización del entorno partidista. Así se puso de manifiesto en las elecciones para renovar el Congreso estatal celebradas en 1990, en las cuales todos los partidos de oposición contenderían solos, sin aliarse con ninguno de los militantes ligados al navismo -pues éstos, al aglutinarse tan solo alrededor de la figura de Nava y no en una estructura política, requerían de un partido político que les permitiera contender electoralmente- al no llegar a un acuerdo con éstos sobre la nominación de candidatos.

El resultado de dicha polarización pondría en evidencia una vez más la necesidad de restablecer estrategias de cooperación entre los opositores frente al afianzamiento de la fuerte presencia del PRI en la entidad, ya que de los veinte escaños a repartir, quince fueron otorgados a favor de éste -once por mayoría relativa, es decir, venció en todos los distritos en que se dividía el estado, y cuatro por representación proporcional- y el PAN obtuvo tan solo tres gracias a la proporción de los votos obtenidos (^{Flores y Calvillo, 2002: 82}).³²

De esta forma, el realineamiento de fuerzas políticas en la entidad, casi de manera idéntica al contexto establecido diez años atrás, vino a proporcionar para las elecciones de renovación del ejecutivo potosino en 1991 los incentivos necesarios para la superación de las diferencias entre los planteamientos ideológicos y programáticos del PAN, el PRD y el PDM, y a permitir su alianza en contra de la hegemonía del PRI en la entidad. Para Cárdenas, entonces presidente del PRD, dicha iniciativa habría representado la primera oportunidad de unificar efectivamente las fuerzas de la oposición y alcanzar la democracia eventualmente (^{Grayson, 2007: 109}),³³ aunado a que Salvador Nava había hecho patente su interés de participar como candidato a la gubernatura si el nominado por el PRI no era aceptable para sus aliados.

De manera paralela a estas muestras de voluntad política, una observación adicional se hace necesaria, pues si bien hasta entonces se ponía en evidencia el aumento en la proporción de votos recibidos por la oposición, ello no necesariamente se veía reflejado en la institucionalización de los partidos o su arraigo en la sociedad. Así, el bajo grado de institucionalización del sistema de partidos ponía en relieve el hecho de que los votantes en todo caso sufragaban más a favor de una alternativa política distinta al PRI, que emitían simplemente un voto en contra del aparato priista o a favor de lo que los partidos de la oposición decían representar, lo que permitía a su vez la articulación de esa alternativa política alrededor de una figura simbólica y la reducción de la distancia entre presuntos opuestos naturales (^{Craig y Cornelius, 1995: 268}).

En este contexto, la contienda electoral para la gubernatura estatal -en la entidad se encontraban en disputa además una senaduría y siete diputaciones federales- se fijaría en dos frentes: por parte del PRI, la nominación de su candidato recaería a favor de Fausto Zapata Loredo, diplomático en el sexenio de Luis Echeverría y delegado de Coyoacán, en el Distrito Federal, al momento de su designación; y por parte de los opositores, a través de una instancia de coordinación política denominada Organismo de Oposición Abierta creada ex profeso, se formó una alianza integrada por tres fuerzas principales, el PAN, el PDM y el PRD bajo el nombre de Coalición Demócrata Potosina (CDP).³⁴

Esta estrategia de colaboración entre los opositores, sin embargo, supuso un problema de reciprocidad entre la cooperación positiva -establecimiento de la alianza- y la maximización de las ganancias entre sus integrantes, de ahí lo limitado de la participación acordada, pues si, por una parte, Nava "aceptó participar, siempre y cuando los partidos de verdadera oposición fueran los que lo postularan y bajo la advertencia de que con ninguno de ellos acordaría espacios de poder" (^{Calvillo y Osteguín, 1999: 315}), los partidos que lo apoyarían, por su parte, lo harían bajo la consigna de no aportar recursos económicos a la campaña (^{Blanco, 2003: 35}).

Lo anterior traería consigo tanto la aceptación de los procedimientos como la distribución de recursos y los resultados que aquellos produjeran; en otras palabras, la coordinación limitada establecida sobre las estrategias de negociación se diferenciaron de las estrategias de acumulación de poder político (^{Przeworski, 1991: 37-40}), favorecida además por la presencia de necesidades mutuas y complementarias entre sí; es decir, si bien los navistas carecían de un partido político propio que les permitiera contender en la arena electoral, ninguno de los opositores por su parte contaba con un candidato propio con capital político suficiente que pudiera hacer frente al poder hegemónico del partido oficial; así, las diferencias ideológicas de los partidos integrantes de la alianza pasaron a segundo término dada la priorización de los fines frente a los medios, esto es, terminar con el partido de estado y sus manifestaciones locales (^{Calvillo, 1999: 89}).³⁵

En este contexto se celebraron las elecciones para gobernador en la entidad potosina en agosto de 1991, y el resultado, por segunda ocasión, no favoreció a Salvador Nava y su bloque, en una proporción de tres votos a favor del PRI por uno de los opositores.³⁶

Ponderación de la derrota electoral: De la polarización a los acuerdos políticos extrainstitucionales

Si las reglas negociadas entre los partidos políticos integrantes de la CDP hicieron patente la existencia de una voluntad cooperativa de antagónicos ideológicos y programáticos -que en todo caso puso en evidencia su pragmatismo en el terreno electoral-, los resultados obtenidos vendrían a confirmarían su escasa eficiencia a la hora del procesamiento efectivo del conflicto. Para decirlo junto con Prud'Homme, "en el caso mexicano esto supone la coexistencia de rasgos institucionales asociados con la dimensión hegemónica del sistema de partidos y de rasgos asociados al incremento de la competitividad entre partidos políticos" (^{1997: 14}).

De esta forma, si el bajo grado de institucionalidad del sistema de partidos -que permitió el establecimiento de relaciones de cooperación limitada- no ofrecía incentivos suficientes para la orientación de la acción política dentro de las reglas previamente establecidas, es decir, "los partidos podían todavía esperar tanto de la acción electoral como de la acción fuera de los marcos establecidos" (^{Prud'Homme, 1997: 14}), las estrategias postelectorales puestas en marcha por cada uno de los partidos constituyentes de la alianza reflejarían los límites al grado de compromiso que hacia el interior de la misma alianza se habían fijado.

Pasadas las elecciones, la CDP se transformaría en la denominada Coalición de Resistencia Cívica (CRC), en virtud de que aquella alianza dejó de existir tan pronto terminó el proceso electoral y ante la eminente derrota de la oposición (^{Harris, 1994: 103}). El objetivo primordial de la CRC sería evitar que se consumara lo que para ella era la imposición de Zapata Loredo como gobernador por la vía que desde los cincuenta había caracterizado al navismo: un contestatarismo generalizado determinado por denuncias de fraude electoral, la movilización social auspiciada por el navismo-bloqueo de carreteras y edificios oficiales-, e incluso la autoproclamación de Nava en esta ocasión como "gobernador moral de la entidad" (^{Blanco, 2003: 49}).

El PAN, por su parte, otorgó un tibio apoyo a las estrategias postelectorales del navismo, pues de manera paralela disputaba otra elección de singular calado para la gubernatura del vecino estado de Guanajuato, donde, gracias a los canales de negociación que tenía con autoridades centrales, en particular con el PRI, y a las intensas movilizaciones realizadas en apoyo a su candidato vencido en las urnas Vicente Fox, llevaron a la renuncia del gobernador priista electo y a la elección del alcalde panista del municipio de León como interino encargado de organizar nuevas elecciones (^{Prud'Homme, 1997: 10}).

Por lo que respecta al PRD, éste mantenía además su atención puesta en el estado de Tabasco, donde el presidente del PRD en esa entidad, Andrés Manuel López Obrador, mediante un autodenominado "éxodo por la democracia" convocó a una paralela movilización popular masiva como herramienta para formalizar su protesta ante la victoria generalizada del PRI en la entidad en la renovación del legislativo y de las alcaldías, que tuvo como resultado la anulación de las elecciones en algunos municipios, por medio de la negociación con el entonces secretario de Gobernación nacional, Fernando Gutiérrez Barrios (^{Grayson, 2007: 74-76}).

Finalmente, la relación que mantuvo el navismo con el PDM era más simbólica que por su presencia real dado el apoyo histórico brindado a Nava desde los años cincuenta (^{Calvillo, 1999: 89-93}), ya que debido a la ausencia de verdaderas bases sociales en la entidad, la presencia del entonces presidente nacional del PDM, Víctor Atilano Gómez, era más testimonial que participante.

En suma, dichos triunfos paralelos de los otrora integrantes de la alianza, vía el procesamiento metajurídico del conflicto electoral, supuso en el estado potosino un estímulo adicional al navismo para continuar con su estrategia contestataria de la mano del PRD y del PDM, que serían los únicos partidos de la coalición que apoyarían sin dudar la táctica y las acciones que Nava plantearía,³⁷ entre ellas, emulando las experiencias comentadas, convocó a sus seguidores a una "marcha por la dignidad" hacia la capital del país a efectos de formalizar un acuerdo político entre el navismo y el gobierno federal encabezado por Salinas de Gortari, que días después se materializaría con la destitución de Zapata Loredo como gobernador, la convocatoria a nuevas elecciones y "una reforma electoral que a la postre incidió radicalmente en los marcos institucionales electorales de todo México: la ciudadanización de los órganos electorales" (^{Flores y Calvillo, 2002: 46}).³⁸