Artículos

 

Del cómo y el cuándo las elecciones comenzaron a tener sentido. Algunas consideraciones sobre la pluralidad política en San Luis Potosí, 1991-2012

 

Patricio Rubio Ortiz^* y Héctor Avilés Fernández^**

 

* El Colegio de San Luis, Programa de Estudios Políticos e Internacionales. Correo electrónico: prubio@colsan.edu.mx

** Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Correo electrónico: hectoraviles@ceepacslp.org.mx

 

Enviado a dictamen el 7 de julio de 2013.
Recibido en forma definitiva el 18 y el 26 de septiembre de 2013.

 

Resumen

El artículo tiene por objetivo mostrar algunas características del cambio político en el estado de San Luis Potosí durante el periodo 1991-2012. Consideramos que una parte capital del proceso de dicho cambio ha girado en torno a la realización de las elecciones que de forma paulatina, y no sin algunos sobresaltos o retrocesos, han permitido que a partir del ejercicio del sufragio los ciudadanos configuren una distribución del poder político crecientemente competida. Se analizan las elecciones de gobernador, diputados y Ayuntamientos durante el periodo mencionado. El acento del estudio está en la identificación de los distintos ganadores en los distintos cargos de representación a lo largo del tiempo. Como resultado de ello, se identifica una diversidad de fenómenos que son discutidos a lo largo del documento. Para el objetivo de este artículo, el fenómeno más relevante tiene que ver con el incremento de la competencia electoral en la entidad que se reflejó en una distribución del poder político compleja y cambiante. En el estado se edificó un andamiaje de reglas e instituciones que fueron conduciendo las distintas pulsiones políticas de la sociedad por la ruta democrática. Tal situación trajo como resultado que las preferencias partidistas de los ciudadanos pudieran expresarse de forma más genuina que en el pasado, y ello permitió que la evaluación que los electores hicieron de una diversidad de elementos, entre ellos del funcionamiento de sus gobiernos y de las expectativas generales en las distintas campañas por los candidatos, definiera el sentido de sus votos.

Palabras clave: San Luis Potosí, elecciones, democracia, ciudadanía, partidos políticos.

 

Abstract

The purpose of this article is to depict some characteristics of political change in the State of San Luis Potosí in the period 1991-2012. We consider that a substantial part of the process in this change has turned into the fulfillment of the elections that gradually, and with ups and downs, have allowed that, with the exercise of the suffrage, citizens configure a distribution of political power in a growing way of competition. The research includes the analysis of Governor, Legislators (diputados) and Local Governments (Ayuntamientos) in the referred period. The basis of the study resides in the identification of different winners of representation charges through time, and as a result, a diversity of phenomena are identified and discussed throughout this paper. However, the most relevant goal of this article has to do with the increase of electoral competition in the federal entity, which was reflected in a complex and changing distribution of political power. A framework of rules and institutions was built in this state, and it led the different political trends of society into the democratic route. This situation had as a result that party preferences of citizens could be expressed in a more genuine way than they were in prior times, which allowed that the evaluations of electors included a diversity of elements, such as the functioning of their governments and their expectations that in different campaigns candidates projected to future, defining the direction of their votes.

Keywords: San Luis Potosí, Elections, Democracy, Citizenship, Political Parties.

 

INTRODUCCIÓN

El artículo tiene por objetivo mostrar algunas características del cambio político en el estado de San Luis Potosí durante el periodo 1991-2012. Consideramos que una parte capital del proceso del cambio político en la entidad ha girado en torno a la realización de elecciones adjetivadas por un tipo de competencia más democrática, esencialmente distinta a la que existió durante la mayor parte del siglo anterior.

La entidad ha registrado una competencia creciente con procesos electorales cada vez más institucionalizados. Tal competencia se ha reflejado en una muy distinta distribución del poder político respecto del pasado; una distribución mucho más plural en los distintos órdenes locales de elección en el estado. Tal distribución ha traído consigo nuevas realidades en la forma en la que los gobiernos contribuyen o no a satisfacer las expectativas de la ciudadanía, así como la respuesta de ésta frente a tal fenómeno.

Comenzaremos nuestro análisis haciendo una breve reflexión sobre el papel de las elecciones en los sistemas democráticos, tanto como en los sistemas que no lo son, con el objetivo de resaltar la centralidad del procedimiento electoral en el funcionamiento de los sistemas políticos. No es, desde luego, un tema nuevo pero para los fines de nuestro trabajo importa para enfatizar el núcleo institucional que en el estado encauzó la participación ciudadana en los años recientes.

Después haremos un paréntesis para mostrar algunas de las características más importantes del sistema electoral en la entidad con el propósito de explicar las claves sustantivas del mismo sistema, a fin de contribuir a una mejor comprensión del proceso de cambio político apoyado en las elecciones en el estado.

Seguido de lo anterior, revisaremos con brevedad los resultados electorales en San Luis Potosí de las elecciones de gobernador, diputados locales y Ayuntamientos a partir de la primera parte de los años noventa hasta la elección de 2012. Como resultado de esta revisión, intentaremos mostrar algunas de las transformaciones más relevantes del electorado potosino en ese periodo. Nos concentraremos en el incremento de la competitividad y en la alternancia en los distintos ámbitos de gobierno, y a partir de ello sugeriremos algunas alternativas para su comprensión.

Hacia el final del texto, se proponen algunas ideas en torno a los nuevos retos que comporta la nueva realidad política en el estado derivada de una distribución del poder político marcada por la complejidad y por una atmósfera electoral altamente competitiva.

 

LAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS FRENTE AL AUTORITARISMO

En la medida en que la democracia se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas, la atención analítica se ha movido de la explicación de las transiciones de los regímenes a la evaluación y explicación del carácter de los regímenes democráticos (Diamond y Morlino, 2005). En el mismo sentido, se ha argumentado recientemente que la democracia tiene como punto de partida la realización de procesos electorales limpios, pero que "va más allá de las elecciones: es una forma de organizar el poder para ampliar la ciudadanía en sus tres dimensiones: política, civil y social, y evitar o limitar la dominación de unos individuos o grupos sobre los demás" (PNUD-OEA, 2010). Lo anterior es importante porque en el debate sobre la democracia es una opinión más o menos compartida el que las elecciones no agotan todas las posibilidades de la democracia, pero que no puede haber democracia si no existen elecciones que provean a las sociedades de un mínimo de garantías respecto de la libertad de la competencia y de la certidumbre de los resultados.

Las elecciones son importantes porque permiten, entre otras cosas, que las personas expresen libremente su opinión respecto de quién o quiénes deben ocupar las responsabilidades de gobierno en una sociedad determinada para poder materializar ciertas ideas o principios.

Sin embargo, las elecciones en los Estados democráticos no siempre fueron lo que son ahora. Ha tenido que pasar mucho tiempo para que las sociedades pudieran incorporar distintos principios democráticos en sus prácticas políticas. En el pasado sólo pudieron participar en las elecciones los varones de determinado color de piel que poseían determinada cantidad de dinero, o bien que sabían leer y escribir. En el presente, ninguna sociedad puede reconocerse como democrática si establece mecanismos de exclusión de algún sector de la sociedad respecto de la participación política, o que impida que se respete la expresión libre de las preferencias y pueda cumplir con la finalidad de conformar los distintos órganos de gobierno.

Una buena parte de este proceso tiene que ver con la incorporación de las diferencias que se van afirmando en las sociedades con los años. Uno de los aspectos más favorables de la democracia tiene que ver con la sucesiva ampliación de las puertas de entrada a la participación política. En ningún otro régimen político como en la democracia existe una participación tan generalizada de las personas. Ningún otro es tan incluyente y tan igualitario. Y esto es muy importante si consideramos la existencia de distintas formas de comprender la realidad de un país o de una comunidad política, así como las posibles soluciones de sus problemas. Esa diversidad es lo que llamamos pluralismo. Un elemento central para saber si hay o no democracia y qué tan buena es, resulta de observar si el pluralismo puede manifestarse de forma pacífica dentro de ciertas reglas y si ese pluralismo puede efectivamente reflejarse en la conformación de los gobiernos y en la forma en que se discuten los asuntos de interés general.

Lo anterior resulta muy importante porque a lo largo de este texto nos concentraremos en la forma en la que el pluralismo potosino fue configurando una serie de reglas que permitieron su reforzamiento, al tiempo que constituyeron garantías para una cambiante y cada vez más competitiva distribución del poder político, lo que a su vez dio lugar a nuevas realidades respecto de la toma de decisiones públicas y de la relación de los ciudadanos con el gobierno.

Como dijimos antes, las elecciones tienen un papel fundamental en las democracias en la medida en que permiten la libre expresión de las opiniones y las preferencias de las personas en relación con los asuntos públicos. Ahora bien, ¿tienen razón de ser las elecciones en los regímenes autoritarios? A través de un cristal democrático la respuesta sería que no, puesto que en los regímenes autoritarios el factor de la libre expresión de las opiniones no existe.

Hay que mencionar que a lo largo de buena parte del siglo XX México realizó elecciones mientras que en el resto de América Latina hubo una gran cantidad de golpes militares que trajeron como consecuencia la suspensión reiterada de los procesos electorales. Las elecciones en México durante buena parte del siglo pasado estuvieron muy vinculadas con la preocupación del gobierno por mantener una imagen internacional más abierta en los tiempos de la Guerra Fría, de tal forma que no se le confundiera con uno de afinidades pro-soviéticas, o para impulsar mecanismos de negociación política dentro del propio régimen (Meyer, 2005: 23-24), o para incorporar la representación política a algunas fuerzas partidistas minoritarias. Sin embargo, el objetivo ineludible de la democracia —digámoslo otra vez, la libre y genuina voluntad que los ciudadanos expresan en términos de igualdad para la conformación de su gobierno— no se cumplía. Durante muchos años en México hubo elecciones pero no hubo democracia; precisamente porque las personas no podían reunirse o expresarse libremente ni poseían la garantía de que sus votos iban a ser respetados en el momento de la integración de los poderes públicos.

El problema con las elecciones en los regímenes autoritarios es que la diversidad de formas de comprender los problemas del país y del Estado no puede manifestarse con libertad ni expresarse en una conformación plural de los órganos del poder público. Es como si las instituciones no reflejaran las distintas pulsiones que se albergan en el seno de las sociedades. Por ello, se registra un desajuste extremo entre lo que la sociedad desea y expresa de múltiples maneras y lo que en realidad se concreta en la representación política. Por esta razón, durante muchos años se materializó una importante falta de representatividad en el sistema político mexicano.

Sin embargo, al paso de los años fueron introduciéndose reformas legales que permitieron la incorporación gradual de distintas fuerzas políticas a los órganos de representación pública. De forma muy señalada, la Reforma Política de 1977 dio pasos significativos hacia la constitución de un régimen político más plural, aunque no resolvió el nudo gordiano de las elecciones limpias cuyos resultados fueran creíbles para todos los participantes.

Después tuvo lugar una larga serie de reformas legales que contribuyeron a fortalecer el andamiaje legal-institucional para que los votos se contaran adecuadamente. Al final del día, en un proceso que no estuvo exento de tensiones graves, o incluso de reformas de carácter reversivo, las distintas fuerzas políticas de México representadas en el Congreso de la Unión lograron hacer eco de un elevado número de voces de la sociedad que reclamaba el justo respeto a sus derechos políticos como ciudadanos, lo que en la práctica significó un considerable esfuerzo de construcción institucional para garantizar el acceso efectivo a tales derechos (entre muchos, véase Alcocer, 1997; Becerra, 2006, y Meyenberg, 2003).

Con el correr de los años y contando con innegables aportaciones provenientes de las entidades federativas, fue instalándose un sistema electoral que permitió avanzar de forma sustancial en el expediente de elecciones democráticas.

 

UN PARÉNTESIS SOBRE EL SISTEMA ELECTORAL POTOSINO

Una de las herramientas más importantes para cristalizar la diversidad social y política en los órganos de gobierno de una democracia es el denominado sistema electoral, que puede ser definido de forma sintética como "el conjunto de leyes y normas partidistas que rigen la competencia electoral entre los partidos y dentro de ellos" (Cox, 2004:58). Se trata de un instrumento fundamental para conocer el sentido de la voluntad expresada por los electores en la jornada de elecciones y traducirla en cargos públicos. Consiste en reglas de carácter legal que sirven para conformar los órganos de representación popular; establecer el número de los cargos y la forma de acceder a ellos; afirmar las fronteras que delimitan las circunscripciones, y trazar las especificidades del voto y de su recuento, entre otros aspectos importantes. En el caso de San Luis Potosí, el sistema electoral está dividido en dos grandes territorios: a) uno federal y b) uno local.

En el federal, diremos que en la entidad, como en el resto del país, se contribuye a elegir por vía directa al presidente de la República cada seis años mediante el principio de mayoría relativa (MR), es decir que el candidato triunfador es el que obtiene el mayor número de votos aunque no sea mayor a 50 por ciento. Los electores potosinos también eligen a dos senadores por el principio de mayoría y uno más se asigna al partido que obtenga la segunda mayoría, y los votos emitidos en el estado cuentan para la asignación por la vía de la representación proporcional¹ (RP) de 32 senadores en una sola circunscripción que abarca el conjunto del país. También en el estado se eligen, cada tres años, siete diputados por el mismo principio, y los votos emitidos en la entidad se contabilizan para la asignación de diputados por el principio de RP en la segunda circunscripción de las cinco en las que está dividido el país para tal efecto.

En lo local, las leyes establecen que se elige a un gobernador constitucional del estado cada seis años por la vía directa, bajo el principio de mayoría relativa, esto es que resulta triunfador el candidato que obtenga el mayor número de votos.

En la esfera municipal, la entidad está constituida por 58 ayuntamientos, los cuales se encuentran integrados por un presidente municipal, y el número de síndicos y regidores que en cada caso establezca la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Existen tres fórmulas para la composición de los ayuntamientos: a) E el caso de la capital, se integra por un presidente municipal, dos síndicos, un regidor de mayoría y hasta catorce regidores de RP. b) La segunda fórmula se aplica para los cinco municipios más grandes después de la capital, y ésta consiste en un presidente municipal, dos síndicos, un regidor de mayoría y hasta once regidores de RP. c) En el resto de los municipios, el ayuntamiento se integra por un presidente municipal, un síndico, un regidor de mayoría y hasta cinco regidores de RP. En todos los casos, los regidores son elegidos mediante una sola boleta en la cual se elige la planilla de mayoría (LOML, art. 13).

Por su parte, el Congreso Local está conformado en la actualidad —aunque no siempre fue así, como veremos más adelante— por quince diputados electos bajo el principio de mayoría en igual número de distritos en los que se divide el estado y doce más que son resultado de la asignación por la vía de la RP, la cual, como hemos visto, toma en consideración las preferencias de los electores, pero contribuye a disminuir los efectos desproporcionales del sistema de mayoría relativa.

Eso es lo que está en juego en nuestro estado en términos de cargos públicos de representación. En este documento nos concentraremos en el ámbito local, sin perjuicio de que realicemos alguna anotación en relación con las elecciones de carácter federal que se han llevado a cabo en el estado.

 

EL ARRIBO E IMPLANTACIÓN DE LA COMPETENCIA

Al igual que en el resto del país, la representación política en San Luis Potosí durante muchos años estuvo definida por el control hegemónico de un sólo partido. Con contadas excepciones, la mayoría de los cargos de representación política en los diferentes ámbitos de gobierno estuvo ocupada por el partido del régimen de la posrevolución. Como en el resto de las entidades del país, un claro rasgo monolítico cruzó los espacios de la vida pública en el estado. A pesar de algunos intentos por limitar el autoritarismo durante el siglo XX en el estado (Calvillo, 1986), en general, el estado posrevolucionario y su partido mantuvieron su predominio sobre el sistema político potosino y, como parte de ello, sobre los procesos electorales.

En un trazo muy grueso, diríamos que las claves del control político respondieron a la pulsión antipluralista que delineó la relación del estado con la sociedad en el espacio público en la entidad. Así lo constata con toda claridad la conformación del poder político en su expresión legal-institucional durante la mayor parte del siglo pasado.

Hacia el final de los años ochenta y el principio de los noventa, se sabe, la entidad vivió intensos momentos de inestabilidad política, que trajeron como consecuencia en repetidas ocasiones la abrupta interrupción de los periodos constitucionales de gobierno y una multiplicada sucesión de los responsables del Poder Ejecutivo. Como parte de esta realidad también se presentaron presiones democratizadoras y resistencias al cambio, las cuales entraron en tensión una y otra vez para traer como resultado un nuevo orden político con un rostro más pluralista.

Como uno de los resultados de esa coyuntura, se fue construyendo una serie de instituciones y normas que permitieron conducir de una forma más institucionalizada, aunque no exenta de conflictos, la competencia política en el estado. Parte de tal construcción fue el Consejo Estatal Electoral, integrado por Consejeros Ciudadanos,² así como sucesivas reformas legales de carácter electoral que tuvieron lugar en los años siguientes. Esas mejoras, insuficientes a los ojos de los requerimientos democráticos del presente, contribuyeron a que la pluralidad social y política de la entidad contara con mejores mecanismos para poder expresarse en un espacio de libertades cada vez más amplio y pudiera traducirse en la conformación de los cargos de representación política.

Guardando en mente lo anterior, analizaremos las transformaciones que han tenido lugar en diferentes tipos de votación en nuestro Estado. De forma específica, valoraremos los cambios en la competencia y en la distribución del poder político en los comicios de gobernador, diputados locales y Ayuntamientos. Al hacerlo nos proponemos describir el proceso de consolidación de la competencia partidista que ha traído como consecuencia la integración de un mosaico plural y cambiante en la ocupación de los distintos cargos de representación política, lo que a nuestro juicio constituye una expresión de la diversidad social y política de los ciudadanos de la entidad. Queremos insistir en que el objetivo en este trabajo no es establecer las peculiaridades de cada proceso electoral, sino identificar algunas claves para el entendimiento del comportamiento electoral a lo largo de las más de dos décadas que comprende el estudio, tomando como base las modificaciones que en términos partidistas han experimentado los distintos ámbitos de gobierno en el estado.

 

Gobernador

Comenzaremos entonces con la descripción de la elección de gobernador, partiendo de la elección de 1991. Como puede observarse en el cuadro 1, se consigna una diferencia de alrededor de 30 puntos entre el candidato del PRI y el candidato de la Coalición Democrática Potosina integrada por los partidos Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Demócrata Mexicano (PDM). Tal elección generó una gran cantidad de inconformidades entre amplios sectores de la sociedad potosina, fundadas en señalamientos sobre el uso indiscriminado de recursos públicos para beneficiar al candidato del PRI y en una amplia operación que habría tenido como objetivo no respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. De igual forma no debe dejar de señalarse que la organización de dicho proceso electoral se encontraba completamente bajo el control del gobierno, situación que impidió repetidamente la adecuada vigilancia de los participantes y la sociedad sobre el desarrollo de dicho proceso.

Considerando lo anterior, de acuerdo siempre con los datos con los que se cuenta, vale la pena destacar que el porcentaje de participación registrado entonces es el más alto de todo el periodo bajo estudio, si bien tal información debe considerarse con la cautela debida en atención a las condiciones de escasa certidumbre en las que tuvo lugar el proceso electoral mencionado.

Después se realizó la siguiente elección extraordinaria de gobernador en 1993, en la que el ganador obtuvo casi 65 por ciento de la votación y estableció una diferencia de cerca de 45 puntos respecto del segundo lugar. Vale la pena recordar que el triunfador tenía un parentesco por afinidad con Salvador Nava Martínez, quien participó como candidato a gobernador en 1991 encabezando la Coalición Democrática Potosina. Del mismo modo, en la elección de 1993 el tercer lugar fue obtenido por Concepción Calvillo, abanderada del Nava Partido Político (NPP), viuda del para entonces finado Dr. Nava. Debe considerarse el antecedente de la elección de 1991, cuyos eventos motivaron un agudo momento de inestabilidad política en la entidad que derivó en la realización de la elección extraordinaria de 1993, en la que, como hemos visto, se registró una peculiar situación política derivada del más que infrecuente parentesco entre algunos de los participantes. Valdría la pena considerar que a diferencia de lo ocurrido en 1991, en esta ocasión tales vínculos familiares, sin duda asociados a otros factores, contribuyeron a disminuir el clima de ingobernabilidad en la entidad. La de 1993 fue la última elección extraordinaria para gobernador en la entidad. De ahí en adelante no se ha registrado una ruptura institucional que hiciera necesaria la realización de comicios con tal carácter.

Cuatro años más tarde, en 1997, el PRI triunfó de nuevo en la elección de gobernador, pero por un margen mucho más pequeño que en el pasado, menor al diez por ciento con respecto al segundo lugar. Se trata de la diferencia más estrecha del PRI respecto de su más cercano competidor que en este tipo de elección se había presentado en la historia de la entidad —siempre según datos oficiales—, lo que contribuiría a demostrar el crecimiento electoral de la oposición y el adelgazamiento del predominio del partido en el gobierno. A pesar de la escasa diferencia entre el primero y el segundo lugar, no se registraron expresiones populares de irritación como en el pasado, sino que los resultados fueron admitidos por ganadores y perdedores. Si bien no fue un proceso electoral ausente de controversia, sí fue menos cuestionado que algunos que habían tenido lugar en el pasado.

Al doblar la esquina el nuevo siglo, en 2003 de nuevo tuvieron lugar elecciones de gobernador. En ellas por primera vez en la historia de la entidad se reconoció el triunfo de un candidato distinto al del partido del régimen de la postrevolución. Si en el año 2000 se registró la primera alternancia en el gobierno federal, nuestra entidad conoció el arribo de la alternancia en una elección que tuvo menos de 50 por ciento de participación pero que dio como claro ganador al candidato del PAN. Como veremos más adelante, la alternancia política había comenzado a establecerse en nuestro estado con gran importancia a nivel municipal y como parte de ello la persona que obtuvo el triunfo en esta elección se había desempeñado como presidente municipal de la capital durante el trienio 2000-2003, misma que se había encontrado bajo el control del PAN —-en ocasiones aliado con el Frente Cívico Potosino (FCP), una organización de la sociedad civil vinculada al liderazgo de Salvador Nava— en la mayor parte de las administraciones municipales que ejercieron sus funciones desde los años 80. Lo que abonaría a la hipótesis de la alternancia construida, aunque no de forma exclusiva, desde los ayuntamientos hacia el gobierno local.

Sin embargo, se trató de una alternancia breve (Rubio y Avilés, 2011), ya que en 2009 el PRI volvió a ganar la elección para gobernador. Nuevamente por un margen estrecho (desde 1997 todas las elecciones se han definido por una distancia que se ha colocado alrededor de cinco por ciento entre el ganador y el segundo lugar) se definió al ganador, que en esta ocasión fue quien encabezó la alianza integrada por los partidos PRI, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Socialdemócrata (PSD).

Como resumen parcial, lo que encontramos con esta breve aproximación a los resultados de las elecciones de gobernador en el estado es en un primer momento la ausencia de condiciones equitativas y confiables para la participación política. Aún con ello, esta última se presentó de forma muy importante y contribuyó a la construcción de un edificio institucional, mismo que al paso del tiempo aportó insumos relevantes para la realización de procesos electorales con mejores condiciones de certidumbre cuyos resultados fueran aceptados por los competidores.

Otro aspecto importante sobre el que nos gustaría hacer énfasis es el hecho de que la distancia entre el PRI y el segundo lugar fue disminuyendo de forma sensible en los años noventa, lo que da cuenta de la vitalidad de la oposición política en la entidad durante esos años. Dicho impulso conoció un momento de éxito en 2003, cuando los potosinos decidieron en las urnas dar su confianza al candidato del PAN de forma mayoritaria, para seis años después otorgarla de regreso a una alianza de partidos encabezada por un miembro del PRI, quien había fungido como miembro del gabinete del gobierno del PAN durante el periodo 2003-2009 como secretario de Salud.

 

Diputados

En el caso de la integración del Congreso del Estado en nuestra entidad, notamos que al igual que en las elecciones de gobernador, existe un paulatino crecimiento de la influencia de los partidos distintos al PRI a lo largo de la década de los noventa y los primeros años del presente siglo, que eventualmente desembocó en la pérdida de las mayorías calificada y absoluta que un día ostentó el PRI, para que esta última brevemente estuviera en manos del PAN y para que con posterioridad a la elección de 2009 estuviera nuevamente bajo el control del PRI, pero esta vez aliado con el PVEM.

Debemos mencionar que a diferencia de las elecciones de gobernador aquí referidas, el estudio de la composición del Congreso del Estado inicia en 1993. La integración de la legislatura que fue resultado de la elección extraordinaria de ese año y cuyo periodo, de forma igualmente extraordinaria, se estableció hasta el año 1997, dio al PRI 16 diputados, cinco al PAN, uno al PRD y dos al Nava Partido Político (NPP). Tal situación muestra un claro predominio por parte del PRI, de tal forma que tanto la mayoría calificada como la absoluta estaban en sus manos, situación que le permitió realizar cambios constitucionales y legales sin la incorporación de otras fuerzas políticas. Lo anterior se debió a que durante esa legislatura existió un total de 24 diputados. Fue esa la última ocasión en nuestro estado en la que un partido pudo modificar la Constitución por sí sólo, lo cual es un testimonio del incremento de la pluralidad política en la entidad a partir de entonces.

Cuadro 2

En la legislatura que comprendió los años 1997-2000 la situación anterior cambió sensiblemente. Debe referirse que el Congreso local se integró por 27 diputados a partir de 1997. En esta ocasión el PRI perdió la mayoría calificada pero mantuvo la mayoría absoluta, con un total de 14 diputados.

Otra diferencia importante respecto a la legislatura anterior es el crecimiento del número de diputados obtenidos por los partidos de oposición. Tanto el PAN como el PRD duplicaron su presencia en el poder legislativo local. El primero pasó de cinco a diez y el segundo de uno a dos diputados, dejando al PT la curul restante.

Tal distribución se mantuvo en términos generales en la siguiente legislatura (2000-2003), de tal suerte que tanto el PAN como el PRD mantuvieron el mismo número de legisladores (10 y 2 respectivamente) y el PRI incrementó en un diputado su representación en el congreso, sumando un total de 15, siendo esta la última ocasión durante el periodo de estudio en que sólo tres partidos estuvieron representados en el Congreso local.

En la legislatura que tuvo como origen la elección de 2003, de nueva cuenta el PAN y el PRD mantuvieron el mismo número de legisladores. El PRI sufrió el menoscabo de dos curules, mientras que aparecieron dos nuevos jugadores en el ajedrez legislativo de la entidad: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Conciencia Popular (PCP), que tuvieron, cada uno de ellos, un diputado en dicho Congreso.

Una característica importante asociada a la integración de esta legislatura, fue el hecho de que por primera ocasión en la historia legislativa reciente, ningún partido contó con la mayoría absoluta, y por lo tanto ninguna fuerza política fue capaz de impulsar exitosamente reformas legales por sí misma. Tal situación, vista de una manera general, desde luego obliga a la formulación de acuerdos, de agendas compartidas y a negociaciones de distinta índole entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Ahora bien, después de la existencia de tres legislaturas —de 1997 a 2006— que mantuvieron una representación política similar considerando el número de legisladores por partido, la integración del Congreso a partir del año 2006 sufrió cambios realmente significativos. El más importante de ellos fue la obtención de la mayoría absoluta por parte del PAN. En ese año, por primera ocasión un partido distinto al PRI tuvo la oportunidad de modificar por sí sólo leyes reglamentarias. Tal año constituye, a no dudarlo, un punto de inflexión en la historia congresual de nuestra entidad. Acompañando a lo anterior se advierte una disminución muy profunda del número de diputados del PRI —pasó de trece a cinco—, de tal forma que en esa legislatura alcanzó la mínima representación en el periodo bajo estudio. Durante esa misma legislatura, se observa un leve crecimiento de la representación de partidos distintos al PRI y al PAN. El PRD alcanzó su máximo en el periodo que estudiamos, tres; el PT, dos, y el PVEM y el PCP mantuvieron la dimensión de su representación con un diputado.

Durante la siguiente legislatura, que abarcó de 2009 a 2012, no hubo un partido que por sí sólo ostentara la mayoría absoluta dentro del congreso, como no lo ha habido hasta la fecha. Lo que encontramos como un dato distintivo en esta ocasión es un incremento de la fragmentación de la representación política en la entidad. Consideramos esto así en razón de que el PAN obtuvo diez diputados; el PRI, ocho; el Partido Nueva Alianza (PANAL), cuatro; el PVEM, dos, y con un diputado los partidos PRD, PT y PCP.

El fenómeno de la fragmentación se mantuvo en la siguiente integración del Congreso local iniciada en 2012, teniendo algunas variaciones relevantes consistentes en la caída del número de diputados del PAN (pasó de diez a seis) y el notable crecimiento del PVEM, el cual participó en coalición con el PRI y vio incrementado su número de diputados en una proporción mayor al doble, al pasar de dos a cinco legisladores. Como fuerzas con un peso legislativo menor, encontramos al PRD y al PANAL con dos diputados y con un legislador al PT, PCP y al Partido Movimiento Ciudadano (PMC). Un dato relevante en relación con el sistema electoral potosino y su capacidad de representación es el hecho de que todos los partidos que participaron en el proceso electoral 2011-2012 tomaron parte de la integración del Congreso local.

 

Ayuntamientos

En este ámbito electoral, al inicio del periodo de estudio se aprecia, en general, un claro predominio del PRI, que al paso del tiempo fue aminorando ante el crecimiento electoral de otras fuerzas políticas, de tal forma que ha ido construyéndose un mosaico multicolor que da cuenta de las diversas preferencias y evaluaciones que los ciudadanos potosinos han hecho a lo largo del tiempo, en relación con los distintos partidos y sus candidatos en la esfera municipal.

Con dicho mosaico queda claramente demostrado que el propósito de la unificación de las racionalidades políticas en nuestro estado ya no tiene lugar en el presente. Tal vez el dato más relevante de los que se muestran sea el de la admisión y construcción de la diversidad política por parte de los potosinos. Se ha registrado un número creciente de partidos con posibilidades reales de obtener el triunfo que le permiten al ciudadano tener un número mayor de opciones para elegir al momento de constituir la representación política más cercana, la de su ayuntamiento. Como lo veremos más adelante, existe una importante oferta política que los ciudadanos tienen frente a sí para premiar o castigar la acción de los gobiernos en sus ayuntamientos.

Cuadro 3

Para acercarnos a tal fenómeno, proponemos algunos agrupamientos de los resultados que, sin ser excluyentes respecto a otras fórmulas de análisis, dan origen a derroteros interpretativos que juzgamos relevantes para este trabajo.

Resulta altamente notorio que sólo un ayuntamiento no haya registrado alternancia en el periodo de estudio. Se trata del municipio de Guadalcázar, ubicado en el altiplano potosino, donde el PRI se ha mantenido como la fuerza predominante. Lo importante aquí es que se trata de una excepción. Más allá de las distintas explicaciones que puedan construirse en torno al continuado control político del PRI en este ayuntamiento —que pueden ir desde la falta de aptitud política de la oposición hasta el mantenimiento de prácticas no democráticas del control político, entre otras—, para el objetivo de este trabajo lo que interesa resaltar tiene que ver con la identificación de la singularidad del caso, en un entorno institucional y político crecientemente más confiable y competitivo.

Otro dato para el análisis de la competencia electoral de los ayuntamientos en el estado tiene que ver con la identificación de los ayuntamientos en los que solamente dos partidos políticos han ocupado la alcaldía. Son 26 ayuntamientos en los que a lo largo de más de 20 años únicamente dos fuerzas partidistas se han repartido tales gobiernos municipales. Situación que nos habla de la magnitud del bipartidismo en nuestra entidad a nivel de los ayuntamientos. En estos casos los electores han decidido restringir sus opciones reales de gobierno a sólo dos fuerzas partidistas, lo que nos habla de la implantación de ciertas fuerzas políticas ahí donde este fenómeno tiene lugar, lo mismo que de la incapacidad de terceras conformaciones partidistas para incorporarse a los gobiernos en dichos ayuntamientos en un largo periodo de tiempo. Cabe mencionar que una mayoría de los ayuntamientos que ha experimentado esta situación lo han hecho bajo la díada PRI-PAN, esto es, que ahí donde el bipartidismo ha logrado establecerse durante un mayor número de años, ha sido gracias a la actuación de estos dos partidos.

Otro grupo importante de ayuntamientos es el que se compone de aquellos en los que durante el periodo de referencia han sido gobernados por tres o más fuerzas políticas. En estos ayuntamientos existe una mayor diversidad de experiencias ciudadanas en torno a los resultados de las gestiones de gobierno realizadas por un número mayor de fuerzas partidistas. Se trata de 31 ayuntamientos que han sido gobernados por partidos de distinto tono ideológico y profundidad en su implantación en la sociedad. Este fenómeno da cuenta clara de la volatilidad de un electorado que evalúa las gestiones de los gobiernos, al tiempo que prefigura expectativas derivadas de los compromisos de campaña de distintas fuerzas políticas. Tal realidad demuestra la existencia de un electorado que toma parte en las decisiones importantes para su comunidad. En este sentido, se atisba una diferencia cualitativa importante respecto al pasado, en términos de la condescendencia ciudadana mostrada en muchos ayuntamientos frente a la uniformidad monocolor de la representación política. Lo que este dato demuestra es algo natural en el comportamiento de todos los sistemas democráticos, sencillamente, que la lealtad que hoy muestra el electorado frente a una fuerza partidista no tendrá que ser necesariamente prolongada en el futuro. Las preferencias de hoy no necesariamente serán las de mañana. La enseñanza de la realidad se dirige tanto a los propios ciudadanos, en virtud de que se ha hecho patente que su voluntad expresada en las urnas de manera efectivamente decide quien les gobernará, tanto como a los partidos políticos que han aprendido en este ir y venir de los cargos públicos, que es necesario presentar propuestas de mejor calidad y hacer gobiernos mucho más eficaces con el fin de tener la preferencia de los ciudadanos.

Lo que también ha quedado demostrado es que el mecanismo de transferencia del poder político en esos ayuntamientos ha logrado afincarse de manera adecuada. Las reglas de entrada a la competencia política son más democráticas que en el pasado y lo mismo podemos afirmar respecto a las condiciones de la competencia electoral. Hay un número mayor de jugadores con deseos y posibilidades reales de obtener el poder y los ciudadanos deciden quien debe tenerlo. A lo largo del tiempo eso ha dejado de convertirse en un problema fundamental para la gobernabilidad en el estado. El siguiente paso, hablando de la calidad de la democracia, tiene que ver con la aptitud de los gobernantes, sean del partido que sean, para dar mejores resultados, mejorar la calidad de la convivencia y elevar el nivel de vida de los habitantes de los ayuntamientos. De nueva cuenta el problema ha dejado de ser cómo se llega al poder y si existen las condiciones para que diversas fuerzas políticas puedan hacerlo, para concentrarse en los problemas que los gobiernos deben atender y solucionar.

También tomando como base el mosaico conformado con la distribución del poder político en los ayuntamientos, vale la pena mencionar el caso de los ayuntamientos en los que el PRI ha perdido una elección y no ha regresado a gobernar. Son nueve casos, sobre los que se puede hipotetizar que el PRI no ha contado con la capacidad de rehabilitar el apoyo ciudadano, o bien que en un ambiente político cada vez más democrático ha mostrado incapacidad para transformarse por un lado, o por el otro, que los partidos distintos al PRI, han llevado a cabo gestiones de gobierno que una porción mayoritaria de la población de esos ayuntamientos ha juzgado favorable a sus intereses, o acaso menos perniciosa que otras que conoció en el pasado. O también, que los electores de estos ayuntamientos han preferido darle su preferencia a un segundo o tercer partido distinto al PRI antes que considerar el retorno de éste al gobierno municipal.

Otro grupo de ayuntamientos es el conformado por aquellos en donde el PRI perdió una elección y regresó al poder. Se trata de 48 ayuntamientos que fueron testigos de los gobiernos emanados de la postrevolución y que posteriormente tuvieron la experiencia de contar con gobiernos provenientes de fuerzas partidistas distintas al PRI. Estos ayuntamientos tuvieron una primera experiencia democrática asociada a la alternancia en el gobierno municipal. Los habitantes de estos ayuntamientos conocieron las propuestas de fuerzas políticas distintas al PRI y les convencieron, de tal forma que decidieron darle su apoyo y, con él, la oportunidad de materializar los compromisos contraídos durante la campaña electoral y establecer diferencias respecto a la forma tradicional del ejercicio del gobierno. En estos casos los partidos distintos al PRI efectivamente tuvieron la oportunidad de ser gobierno. Sin embargo, como resultado de diferentes hechos —los cuales pueden ir desde la falta de experiencia en la administración pública, las dificultades presupuestales asociadas al hecho de ser oponentes al partido en el gobierno en turno, la existencia de casos de cleptomanía rampante, entre muchas otras posibilidades—, los ciudadanos de esos 48 ayuntamientos decidieron que la experiencia de la alternancia política no había sido suficientemente satisfactoria para mantenerla a lo largo del tiempo, de tal suerte que optaron por favorecer al PRI en elecciones posteriores. Dato que contribuye de forma importante para el global de ayuntamientos ganados por el PRI (270) en el periodo bajo estudio. Lo anterior, de nueva cuenta, considerando la información disponible.

Junto a las anteriores hipótesis, puede sugerirse como explicaciones posibles al regreso del PRI, la renovación de cuadros de su militancia, la rehabilitación de redes sociales de apoyo local, así como el efecto probable que tiene sobre los ayuntamientos el resultado de las elecciones en el ámbito estatal y nacional. Una de las enseñanzas del fenómeno descrito tiene que ver con la existencia de la garantía de libertad de decisión con la que cuentan los ciudadanos para decidir quiénes les gobiernan, esto es, la generación de un entorno democrático que pone en manos de los electores la decisión sobre los cargos de representación. Para el objetivo de este trabajo tal vez es menos importante el hecho que haya regresado el PRI, como el que lo haya hecho de manera democrática, es decir, a través de elecciones limpias cuyos resultados son creíbles y aceptados por todos los participantes.

Cuadro 4

 

Algunas apreciaciones sobre el presente

Considerando las elecciones más recientes, conviene mencionar que durante el proceso electoral de 2011-2012 encontramos que la voluntad de los potosinos se orientó mayoritariamente en favor del partido en el gobierno. Lo que encontramos después de julio de 2012 es un electorado que decidió, desde luego no de manera exclusiva, dar su confianza al PRI. Vale puntualizar que en el Congreso local el PRI, junto a su aliado el PVEM, cuenta con la mayoría absoluta —14 diputados de un total de 27 que integran la LX Legislatura en el estado—, aunque no con la mayoría calificada que le permitiría llevar adelante modificaciones constitucionales. De igual modo, el PRI, con la ayuda de coaliciones y candidaturas comunes, obtuvo el triunfo en 35 de los 58 ayuntamientos del estado, entre los que destacan los municipios más importantes económica, política y socialmente, a saber, San Luis Potosí, Matehuala, Rioverde y Ciudad Valles. De igual forma, obtuvo el triunfo en cinco de las siete diputaciones federales.

Un triunfo notable para el PAN fue la elección para el Senado, en la que obtuvo las dos posiciones de mayoría y dejando al PRI solamente la posición correspondiente a la primera minoría. Un dato que no puede dejar de mencionarse al momento de revisar los comicios de julio de 2012 es el triunfo del candidato de la Coalición Compromiso por México, formada por el PRI y el PVEM en la elección presidencial. Es razonable asumir que la popularidad del candidato a la presidencia tuvo un efecto favorable en el ánimo de una porción del electorado potosino al momento de emitir su voto.

Por nuestra parte, consideramos que el dato capital tiene que ver con la aptitud decisoria de los ciudadanos en las urnas. Más allá de consideraciones puntuales sobre las peculiaridades de las campañas o de los candidatos en los diferentes tipos de elección, vale la pena insistir sobre la capacidad para reconfigurar el poder político que han mostrado los potosinos en los últimos años. Es posible constatar la existencia de cierta capacidad evaluativa respecto a los rendimientos presentados por los gobiernos y las expectativas generadas por los partidos y los políticos. Y aunque desde luego no es suficiente para la conformación de una democracia de la más alta calidad (cfr. Diamond y Morlino, 2005; O'Donnell, Vargas y Iazzetta, 2004), sí es una prueba de la existencia de un aprendizaje que conduce a los ciudadanos a utilizar las herramientas con las que cuentan en un momento determinado.

Tal situación nos muestra la implantación de la alternancia en el electorado potosino. Los datos de la realidad informan que los electores en el estado no están dispuestos a dar su confianza a un partido de una vez y para siempre, sino que constantemente se encuentra a revisión el comportamiento de los gobiernos y de los partidos. Como ocurre en cualquier democracia en el mundo. La alternancia asociada al incremento de la competitividad en procesos abiertos, ha permitido en todos los ámbitos de gobierno atestiguar la forma en la que diferentes diagnósticos y formas de hacer política se conducen en el espacio público.

Hemos descrito el proceso de cambio político en el estado, centrado en una competencia creciente que se regula con procesos electorales cada vez más institucionalizados, que han traído como consecuencia una muy distinta distribución del poder político respecto al pasado. Una distribución mucho más plural en los distintos órdenes de elección en la entidad, misma que a su vez ha contribuido al fortalecimiento de los partidos y del sistema de partidos en el estado como resultado de un extendido acceso a recursos económicos y políticos asociados a la voluntad que los electores han manifestado en cada proceso electoral. Ya que no se trata solamente de las prerrogativas que los partidos reciben en razón de la legislación y de los resultados electorales, sino que también es necesario considerar la experiencia de gobierno como un activo probable que los partidos pueden capitalizar en beneficio de los ciudadanos y del propio con miras a obtener triunfos electorales. La experiencia que se obtiene en el desempeño de la función pública puede encarnar aspectos positivos para el funcionamiento de las democracias, en la medida en que diversifica el conocimiento técnico asociado a las actividades gubernativas, lo que eventualmente puede impulsar el equilibrio y la vigilancia que se ejerce sobre las entidades públicas. Sin embargo, a juzgar por la volatilidad presente en el electorado potosino en los últimos años podríamos afirmar que una proporción importante de éste no se encuentra muy satisfecha con los rendimientos sociales que les han entregado sus gobiernos.

Lo anterior no significa que la política potosina esté al margen de los problemas que la democracia trae consigo. Desde luego que no. Se ha establecido que con frecuencia las elecciones competitivas y limpias conviven con abusos serios de los derechos humanos, con importantes limitantes de la libertad en muchas áreas de la vida; discriminación contra las minorías; un débil estado de derecho o una impartición de justicia corrupta o ineficiente (cfr. Diamond, 2008:23). Siempre es necesario mantener presente que la agenda democrática es mucho más amplia que la realización de los procesos electorales, y que la realización de elecciones competidas que cuentan con distintos ganadores en distintos espacios de representación consiste acaso uno de los primeros pasos en la construcción de un régimen democrático en un sentido más abarcador y satisfactorio para las sociedades. En ese sentido la democracia está relacionada no sólo con la realización de procesos electorales apegados a la ley sino con el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos y con la construcción de sociedades cada vez más libres.

 

UN COMENTARIO FINAL

A lo largo del documento recordamos la centralidad de los procesos electorales para el funcionamiento de las democracias. Observamos cómo la realización de elecciones no limpias sirvió en su día a ciertos intereses del sistema político de la postrevolución. Intereses que limitaron las libertades y que no contribuyeron a la creación de relaciones sociales más abiertas y democráticas.

Adelante, observamos las principales características del sistema electoral en San Luis Potosí con el objetivo de conocer las superficies institucionales en las que aterrizó la participación electoral en el estado en el periodo bajo estudio.

De forma posterior nos aproximamos al centro de nuestro argumento: la construcción de la diversidad electoral en nuestro estado asociada al incremento de la competencia política en un ambiente institucional más democrático. Visualizamos la manera en que tanto en las elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos fue incrementándose la presencia de fuerzas partidistas distintas al PRI. Tal presencia llegó a significar la salida de ese partido de distintos ámbitos de gobierno, aunque al paso del tiempo las propias condiciones de la competencia hayan hecho posible su regreso en cierto tipo de elección. Señaladamente en el caso de la elección de gobernador en la que volvió a obtener el triunfo luego de un interludio panista. Lo mismo puede decirse de muchos ayuntamientos y del Congreso del estado, el cual, luego de estar bajo el control del PAN, volvió a manos del PRI y de su aliado el PVEM.

En una palabra, no puede desconocerse el logro de avances en cuanto a la constitución de poderes legítimos en la entidad. Lo que durante mucho tiempo fue el centro de gravedad de las reivindicaciones de la oposición política y de una porción de la sociedad civil, ahora luce como un expediente esencialmente resuelto aunque con tareas por cumplir. Sin embargo es preciso mantener en mente lo que mencionamos en el apartado anterior respecto a la posibilidad de que las elecciones limpias convivan con otras realidades que menoscaban el ejercicio de las libertades ciudadanas. Es preciso no ser engañados por el espejismo de la credibilidad electoral. Antes bien, lo correcto sería reconocer en ésta última la existencia de un piso mínimo de convivencia acordada en la diversidad, para seguir planteando soluciones a los graves obstáculos que enfrenta la construcción de una democracia más robusta y hospitalaria.

 

REFERENCIAS

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Leyes

LOML. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

 

Notas

¹ Sobre la RP dice Gianfranco Pasquino (2011:150): "Se habla habitualmente de representación proporcional en singular, pero la multiplicidad de fórmulas proporcionales que son utilizadas y utilizables para la traducción de los votos en escaños recomienda remitirse a los sistemas electorales proporcionales en sus diversas configuraciones [...] El principio unificador de los diversos sistemas proporcionales está constituido lógicamente por el intento de garantizar una correspondencia porcentual, que jamás será perfecta, entre los votos obtenidos por los diversos partidos y los escaños parlamentarios que se les asigna".

² Cfr. Decreto 481 del 19 de noviembre de 1992, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número extraordinario del 22 de noviembre de ese mismo año.