Reseñas

 

Patrice Melé. 1998. Patrimoine et action publique au centre des villes mexicaines.

 

Miguel Adolfo Ortiz Brizuela*

 

Traducido al español en 2005 con el título. La construcción del patrimonio urbano. México: La Casa Chata, 2005

 

* Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales. El Colegio de San Luis, A. C.

 

Centros históricos, patrimonio urbano y acción social

El geógrafo y urbanista Patrice Melé es doctor en planeación, geografía y urbanismo de la Universidad de París III, profesor investigador en la Université de Tours. Sus esfuerzos académicos se han enfocado al estudio de las ciudades y, en particular, ha dedicado gran parte de su labor al estudio detallado de ciudades mexicanas, de su historia y de sus procesos territoriales.

En La construcción del patrimonio urbano, Patrice Melé analiza las dinámicas espaciales de los centros históricos mexicanos para medir el impacto e identificar el origen de políticas urbanas. Para tales fines, se basa en los enfoques de la teoría del espacio de Milton Santos, Jaques Levy, Roland Barthes, Agustin Berque y otros. Desde esta postura, el espacio se define como producto y productor de lo social, "como huella y matriz" (Berque en Melé, 2005:18), rebatiendo el paradigma que lo considera como resultado de relaciones sociales, pero no como determinante de las mismas. En este sentido, Melé afirma que el espacio "ejerce una inercia dinámica" (2005:18), caracterizada por sus funciones y por su carga simbólica, en la construcción de una imagen, de la que derivan los caminos, cargados de expectativas, para la acción social. Además, las cargas simbólicas de los distintos lugares varían en intensidad. Los centros históricos son lugares con una fuerte carga simbólica, razón por la que son objeto de una dinámica espacial constante y de un proceso continuo de acción para el control y la explotación de sus potencialidades.

Para aproximarse a su objeto de estudio, Melé analiza los discursos de las políticas públicas, con el fin de identificar las imágenes que se perciben de los distintos lugares que conforman los centros históricos, de las que derivan acciones urbanas específicas. También identifica actores locales y externos que intervienen en estos procesos de acción. Además, intenta esclarecer estos últimos para abrir un debate sobre la idea de que el libre mercado, laissez-faire, es único productor de los espacios, sin control alguno de los gobiernos, postulando, a manera de hipótesis, que "los espacios urbanos de las ciudades mexicanas resultan de una interacción entre ciertas dinámicas sociales y un orden social y urbano, caracterizado por el peso de los reglamentos, del impacto del poder público, de un modo particular de legitimación, necesaria para permitir el mantenimiento del statu quo negociado" (2005:16). Para verificar lo anterior, reúne información sobre los centros históricos, desde su génesis (de forma introductoria) hasta el México contemporáneo (donde amplía el detalle de la indagación). En esta reseña se hará un breve recorrido por la extensa recopilación de datos que Patrice Melé hizo sobre dichas dinámicas espaciales para la comprobación o refutación de sus afirmaciones.

Los centros, vistos como patrimonio histórico, son una construcción social relativamente reciente. Originalmente fueron las ciudades mismas, es decir, las trazas españolas y los barrios indígenas de la colonia (Virreinato). Territorios, mayormente no amurallados, organizados a partir de un entramado en forma damero o plano cuadriculado, que mantenía una centralidad de poderes en torno a una plaza mayor o plaza de armas. Esta última reunía autoridades españolas, autoridades de la iglesia y el mercado indígena. Así, se pretendía integrar a los conquistados a la economía colonial y facilitar las conversiones.

En 1573, mediante la publicación de las ordenanzas de descubrimiento y población, se intentó hacer una recopilación de las principales reglas para la construcción de las ciudades del Virreinato. En éstas se percibe, simultáneamente, la potencialidad de las nuevas tierras como depositarias de "la ciudad perfecta" y la normatividad para el control tanto de poderes locales como de posibles rebeliones indígenas. Las ordenanzas imponían, entre muchas otras cosas, limitaciones para la adquisición de terrenos alrededor de la plaza mayor por parte de particulares, así como una estricta segregación residencial entre castas. Sin embargo, tales instrucciones no pudieron acatarse del todo. De esta manera se hace notorio desde sus inicios como ciudades, los centros históricos, cargados de expectativas y de valores semióticos, se toman de referencia para implantar políticas de acción que concluyen, aunque de forma no del todo contundente, en la creación y recreación del espacio concreto.

En el siglo XVIII, con el despotismo ilustrado de las reformas borbónicas, se buscaba optimizar y hacer eficiente la extracción y el transporte del capital del Virreinato a Europa. También se persiguió, mediante éstas, la eliminación del "desorden" de las ciudades barrocas mexicanas, que en sustento de las valorizaciones de quienes ejercieron el poder durante esos tiempos se percibían como espacios de potencialidades que brindarían una nueva bonanza a la corona. Estas reformas también impactaron directamente en el espacio concreto. Así, se pretendía el orden y embellecimiento de las ciudades, de acuerdo con los ideales de la época, para el control de poderes, pueblos y capitales novohispanos por el Virreinato.

Ya en el México independiente, las leyes de Reforma influyeron en la transformación de la ciudad colonial a la ciudad decimonónica. Fueron políticas para el control del poder de la Iglesia, por medio de la expropiación de inmuebles del clero. Algunas edificaciones expropiadas fueron derrumbadas total o parcialmente, para ampliar la traza y la conectividad de las ciudades. A lo largo del siglo XIX aparecieron nuevos elementos de centralidad, como los almacenes de comercialización de artículos de lujo y los bulevares, estos últimos, utilizados como centralidades lineales, en torno a las que se edificaron las residencias de la burguesía, también se descentralizaron los mercados populares, se intentó limitar el impacto de la ocupación de vendedores "ambulantes" y se construyeron cárceles e instituciones mentales en las periferias, acciones ligadas a ideales higienistas y, también, resultantes de una valorización de la estética urbana parisina.

Después de la institucionalización de la Revolución mexicana, algunas edificaciones de la ciudad colonial se percibieron como lugares de valor histórico, valoración ligada a la construcción de una identidad nacional. En principio, solamente se tomaron en cuenta algunas edificaciones coloniales y no la traza entera, lo que provocó la destrucción masiva de muchos edificios, desde los años treinta hasta los sesenta del siglo XX. Todo esto tiene su origen en la imagen percibida de los espacios intraurbanos como legitimadores de una historia oficial, donde se ensalzaban (o en los términos de Melé, se "sacralizaban") "hechos" históricos ocurridos en los lugares por encima del valor artístico o arquitectónico, tipificado por los actores influyentes en dichas acciones. Los espacios valorizados de las ciudades mexicanas, aún a la fecha, mantienen una jerarquía. Los lugares precolombinos están por encima de los coloniales y éstos, junto con los edificios construidos en el siglo XIX, están por encima de los del siglo XX. Cabe señalar que las construcciones del porfiriato, específicamente las de las primeras décadas de su régimen, no son tomadas en cuenta, sino hasta la publicación de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas de 1972, precisamente por sus acepciones relacionadas con la dictadura. Algunas del periodo 1900-1910 están valoradas como patrimonio artístico.

En 1939 se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organismo federal inicialmente enfocado a la investigación. A partir de los años sesenta comienza a tomar un rol importante en la acción urbana. La publicación de reglamentos del inah integra las trazas de los centros como espacios de valor histórico que deben ser conservados. Esto se vincula con los casos de Morelia y Zacatecas, estudiados por Melé a partir de sus nombramientos estatales, federales y mundiales como patrimonio cultural. Los centros históricos de estas ciudades fueron objeto de políticas de conservación a partir de sus nombramientos y de su carga simbólica valorizada. Sin embargo, los reglamentos de ambas ciudades, a nivel estatal, mantenían sus políticas relacionadas con las de la construcción de una imagen urbana, desligada de la conservación ortodoxa, que pretendía la reglamentación a nivel nacional, razón por la que se hicieron modificaciones de imagen. Por mencionar un ejemplo, en Morelia algunas edificaciones fueron despojadas de su revoco, a pesar de que originalmente sí lo llevaban. La integración de sedes del INAH en estas ciudades fue vista por los actores locales como una imposición federal, como un mecanismo de control. No fue sino hasta la inscripción de estos casos a la lista de México, para su legitimación como patrimonio mundial por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), como se aceptaron las políticas federales, pues dicha lista sólo podía integrar lugares con títulos de patrimonio nacional. En la normatividad aplicada a estos espacios se puede observar la pugna entre poderes locales y externos, privados y públicos, para el control del territorio, la expulsión de vendedores "ambulantes" de las áreas protegidas y, también, para legitimar poderes del sector privado por medio de acciones públicas.

Ya enfocándose al centro histórico de la ciudad de México, Patrice Melé describe el proceso de pugna entre los habitantes de vecindades y actores públicos, privados, nacionales e internacionales para la reconstrucción de inmuebles a raíz del terremoto de 1985. Aquí, es necesario hacer mención a grandes rasgos de la historia de la percepción de las vecindades, que influyó de forma determinante en la acción pública y también en la concepción del espacio concreto. Espacios residenciales característicos de ciudades mexicanas y latinoamericanas, donde se comparten antiguas fincas, o también espacios diseñados a priori, entre sus inquilinos.

A finales del siglo XIX, la salida de la burguesía hacia nuevas colonias periféricas, por ideales higienistas y de estatus que hacían ver la antigua centralidad como pauperizada y pasada de moda, generó que algunas edificaciones de los centros quedaran abandonadas. La explosión demográfica de las ciudades a raíz de su industrialización y del ferrocarril provocó una migración masiva hacia las urbes del país. La mano de obra, que percibía salarios bajos, se instaló en estos espacios por medio de la renta a sus propietarios.

La posterior congelación de las rentas de las vecindades provocó que sus propietarios no invirtieran en su cuidado, dejando que las fincas fueran degradándose. Melé asegura que esta acción por parte del gobierno fue para el beneficio de la industria, más que para el beneficio de los inquilinos, pues, de esta manera, el empresario se veía menos obligado a aumentar los salarios de sus obreros.

A la degradación física de las vecindades se sumó la construcción de la pobreza por parte de la industria del cine y de la antropología urbana. Estos lugares fueron observados como espacios de miseria y del melodrama urbano. Sin embargo, no todos los que viven en vecindades perciben ingresos bajos. La congelación de las rentas y la ubicación privilegiada de los inmuebles fueron un aliciente para que los inquilinos se quedaran, independientemente de su situación económica. Después del temblor que dejó miles de muertos, heridos y daños materiales, estos espacios se sujetaron a políticas de reconstrucción y de expropiación a favor de sus habitantes. También se construyeron viviendas unifamiliares en la periferia para los afectados, las cuales podían ser adquiridas por créditos preferenciales.

La presión de las organizaciones de los afectados fue un factor determinante para las promulgaciones de acuerdos relacionados con el siniestro, además de los préstamos del Banco Mundial al país y la premura para su acción, tanto por las consecuencias del sismo como por el proselitismo político. La aparente miseria de algunas colonias y la aparente riqueza de otras provocó que estas políticas sólo se aplicaran en los barrios considerados, desde el ideal, como precarios. Sin embargo, hubo colonias, como la Roma (considerada como zona de clases medias y altas), que sufrieron consecuencias graves por el terremoto, donde también vivían personas de clase popular. Invariablemente, la acción pública a raíz del desastre se centró en lo que se percibía del espacio, en su carga simbólica, más que en datos "duros". La premura con la que trabajó el gobierno se relacionó más con la potencialidad de la ayuda, hacia la renovación del espacio para las siguientes votaciones, que para lograr una ayuda a conciencia.

Los casos de Guadalajara y Monterrey son abordados en relación con la creación de dos proyectos para la modernización de sus centros. La Plaza Tapatía y la Macroplaza. En Guadalajara, la Plaza Tapatía es un intento por generar la conectividad entre dos áreas de la antigua traza percibidas como divididas, de la reubicación del comercio "ambulante", que fue visto (y es visto) como un factor que limita las potencialidades del centro y de percibirlo, por su ubicación geográfica y por su estética, como lugar para la creación de una variación de los malls periféricos. Con la Macroplaza, el gobierno de Monterrey intentaba construir un espacio "a la altura" de su perfil de ciudad cosmopolita, abriendo un espacio en el corazón de la ciudad, ocupado por clases populares, para que las grandes corporaciones regiomontanas ubicaran sus edificios administrativos y así formar un skyline, además de la valoración histórica del área burguesa del siglo XIX de la ciudad (barrio antiguo).

En los dos casos la ocupación por "empresas y comercios de prestigio" se vio disminuida. En la Plaza Tapatía se ubicaron, más bien, microempresarios, vendedores de artesanías y de comida "tradicional". En la Macroplaza sólo se construyeron edificios públicos y monumentos de "orgullo", como la torre del arquitecto Luis Barragán o la fuente de Neptuno, símbolo de la relación entre la ciudad de Monterrey y el agua. La iniciativa privada de Monterrey optó por el municipio contiguo de San Pedro Garza García, dando prioridad a la cercanía con las residencias de clases medias altas y altas. Para la obtención de los terrenos y para el financiamiento de ambos proyectos, se utilizó la expropiación mediante la compra de las áreas derrumbadas y el cobro de impuestos especiales a propietarios de inmuebles colindantes con las plazas, sustentados en el futuro incremento de la plusvalía de los mismos. Otra característica que comparten es la visión de proyecto, de inspiración modernista, sustentada, seguramente, aunque no lo afirma el autor, en la visión de los arquitectos normalizados desde su educación.

En Puebla, la acción de organizaciones "altruistas" vinculadas directamente a políticas públicas, derivó también de ver al centro como en decadencia y, de la percepción de su potencialidad como espacios para el lucro, de sus títulos oficiales como ciudad patrimonio y de sus funciones como espacio para la pugna entre pueblos y poderes. Dichas acciones tuvieron diferentes objetivos. El lucro de empresas privadas de la construcción, la gentrificación (proceso de expulsión de clases populares de edificios valorizados por medio de la compra de inmuebles) para la reutilización de vecindades, la descentralización de universitarios de izquierda, por medio de la construcción de un Campus Periférico de la universidad pública, así como de vendedores "ambulantes" y del mercado central, reubicados en construcciones fuera del centro y la construcción de una imagen urbana de "centro histórico", en relación con modelos de ciudades tejanas, pero a la mexicana.

El centro histórico de Puebla es uno de los más importantes del país. Su monumentalidad y su traza original de "cuadrícula perfecta" aportaron el sentido de potencialidad. La degradación, real e idealizada, de algunos de sus inmuebles y la proliferación del comercio informal en la calles influyeron en la construcción de la imagen de pauperización. Además, es posible observar la influencia del poder federal, con la privatización de la banca de los años ochenta, en la construcción del patrimonio de Puebla. En un proceso constante de acciones territoriales que se gestaron mediante la percepción del espacio desde diferentes perspectivas, y que derivaron en la modificación de su espacio físico, el centro de Puebla, así como los otros analizados por el autor, se descentralizó y recentralizó mediante la proscripción o la inclusión de poderes.

En la actualidad, los centros históricos siguen siendo multifuncionales y fuertemente polisémicos. Son lugares llenos de expectativas, potencialidades y ofrecimientos reales. Son espacios de recreación, de comercio, de producción y de residencia, pero también de pugna y conflicto, lugares de acción de distintos poderes y resistencias, punto de contacto entre estratos sociales y pluralidades. Su valorización como centros históricos provocó acciones en su espacio concreto, de las que se desprendieron y se desprenden nuevas relaciones sociales. A su vez, estas nuevas relaciones seguirán impactando en forma determinante en su configuración.

A manera de conclusión, Melé afirma que el espacio concreto de los centros, más que resultado de las intencionalidades conscientes e inconscientes de actores involucrados, es producto de las tensiones conflictivas entre posiciones de distintos tipos de actores dentro de la acción local (2005:391). También rebate la idea del libre mercado como único factor de conformación del espacio y de sus territorios. Esta dinámica espacial, mediante las relaciones territoriales, se hace evidente en todo el estudio de Melé. Desde su configuración como ciudades hasta su valorización como espacios históricos que sustentan la historia oficial del país, el conflicto de intereses es precisamente el que define la configuración de estos espacios.

Para finalizar esta reseña, cabe añadir que "La construcción del patrimonio urbano" es un texto fundamental para quienes estudien a los centros históricos, pero también lo es para quienes pretendan hacer un acercamiento a los estudios del territorio. Definitivamente es un texto recomendable para aquellos que estudien la vivienda y los procesos de urbanización. Es un gran compendio de antecedentes sobre las ciudades mexicanas, que ayuda a su comprensión fina y a su aprehensión. En el texto es posible observar cómo las cualidades semióticas del lugar empujan a la acción territorial. Así, Melé nos hace ver que los significados del lugar y del territorio son esenciales para la comprensión de relaciones sociales. También hace evidente que, por encima del espacio concreto está el espacio social. Es decir, que las tensiones entre estratos sociales y económicos son las que definen las fronteras de los diferentes territorios que conforman el espacio urbano.