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Introducción
Para cruzar una frontera de manera legal, además de la portación de un documento de identificación expedido por el Estado del que se procede, es requerida la obtención de un permiso de internación emitido por la autoridad migratoria del país al que se desea ingresar. Pero, como es sabido, el acceso a los sistemas de visado no pende solo de la abstracción legal. Para obtener una visa, los solicitantes deben demostrarle a la autoridad migratoria del país al que desean ingresar que poseen los recursos materiales y lingüísticos que, aunque no aparecen inscritos en los requerimientos migratorios, condicionan el curso de los trámites.
Si se presta atención a las experiencias de guatemaltecos pertenecientes a estratos de clase baja que intentan ingresar a México, se constatarán tres situaciones: que la mayoría no alcanza a cubrir los requerimientos establecidos por la autoridad migratoria para internarse de manera legal; que la exclusión legal no detiene la migración, sino que simplemente la ilegaliza; y que muchas personas están acudiendo a instancias extralegales para obtener los documentos que luego emplean para internarse simulando legalidad.
Tomando conciencia de que la obtención de “papeles mexicanos”, según son referidos en el habla popular, por vías distintas a las ordinarias, no siempre supone transgresiones a la moral pública del Estado, opto por llamar a tales procedimientos “prácticas no ortodoxas” para la obtención de documentos de identificación personal. Por prácticas no ortodoxas defino el conjunto amplio de acciones, algunas legales y otras ilegales, ensayadas con el propósito de hacerse con un acta de nacimiento o una credencial de elector sabiendo que la vía que se ha adoptado implica la alteración de los procedimientos ordinarios. Mostraré que al tratar la alteración de los procedimientos para la extensión de documentos de identificación personal, la primera afrenta a la autoridad del Estado proviene de la anuencia de sus propios agentes para concurrir en actos ilegales, así se trate de funcionarios de Registros Civil, agentes municipales que venden las actas, o de comisariados ejidales que acceden a entregar una constancia con información alterada.
Siguiendo ideas de Eco (1988) y Bubandt (2009), propongo que los documentos falsos y la alteración de procedimientos constituyen excelentes recursos para estudiar “la relación entre empatía, poder y autenticidad” (Bubandt, 2009, p. 588). Esto debido a que sus trazos epistemológicos permiten rastrear las formaciones políticas, los campos de fuerza, y los imaginarios nacionales y globales que impulsan a los individuos a comprometerse con dichas prácticas. Atendiendo la formulación anterior, tomo a los “papeles” mexicanos, obtenidos por vías extralegales como artefactos políticos enmarcados en una historia y una economía política común, en las que México y Guatemala adquieren la forma de entidades autocontenidas, pero a la vez articuladas de manera jerárquica y desigual. Una forma sencilla de aprehender tales desigualdades es prestando atención a cómo las personas evalúan y valoran los documentos de identificación que uno y otro Estado emite.
En estos juegos de comparación “los papeles” emergen portando valores asimétricos: aunque la credencial de elector y el Documento Personal de Identificación (DPI), su equivalente guatemalteco, cumplen la misma función legal, las posibilidades para la movilidad que ofrecen son asimétricas. Mientras que el DPI es insuficiente para ingresar a México de manera legal, con la credencial de elector mexicana, y el respectivo permiso migratorio, es factible internarse en el territorio guatemalteco. Así pues, la fuerza pública de los documentos de identificación personal no depende de su autenticidad o falsedad, sino de su capacidad para devenir en artefactos de (re)conocimiento, y en su protagonismo en la articulación de la imaginación y la práctica política de quienes los portan o ansían portarlos (Abarca y Bibler, 2018; Gordillo, 2006; Ordoñez, 2016; Salter, 2003; Statz, 2016; Yeh, 2017).
Las prácticas que acá se tratarán no son las únicas que permiten hacerse de documentos de identificación mexicana empleando métodos fraudulentos. Es sabido que los “coyotes” o “polleros” cada vez con más frecuencia incorporan credenciales de elector apócrifas como parte de los servicios que ofertan a quienes migran hacia Estados Unidos, pero debido a limitaciones de espacio, este tema queda fuera de este análisis.
Reconozco que toda aproximación analítica al mundo de la ilegalidad corre el riesgo de exponer a personas que han accedido a compartir aspectos de su vida que podrían ser penalizados. Por tal razón, he adoptado precauciones para resguardad la identificación de los protagonistas de la investigación que sustenta este artículo: los nombres propios aparecen cambiados y he ocultado la ubicación y los nombres de las localidades guatemaltecas. En la misma línea aclarativa, expreso que el interés en el tema de estudio no deriva de una preocupación sobre posibles transgresiones a la legalidad y a la moral de Estado; antes que eso, lo que busco es resaltar la manera en que opera la opacidad en los registros civiles, como un proceso de falseamiento de la propia autoridad del Estado, que abre espacios para la agentividad de sujetos marginalizados.
Las localidades de estudio y las nuevas dinámicas migratorias
El material etnográfico presentado corresponde a una investigación desarrollada en dos localidades guatemaltecas, y en las ciudades de Cancún y Playa del Carmen, México2. Como anticipé, me reservo los nombres y ubicación exacta de las localidades guatemaltecas para resguardar la identificación de mis interlocutores. Haré referencia a ellas con los apelativos L1 y L2. Ambas aldeas fueron fundadas por ex refugiados que retornaron de México: L1 en 1994 y L2 en 1996. En L1 se asentaron 220 familias, mientras que a L2 llegaron130 familias. En ambas aldeas las historias familiares y personales están estructuradas por las experiencias colectivas del refugio en México y el posterior retorno a Guatemala.
Diversas fuentes indican que la cantidad de guatemaltecos que se refugiaron en México escapando de la violencia de contrainsurgencia en el periodo 1978-84 rebasó la cifra de 36
000. Según las mismas fuentes, entre 1987 y 1996 poco más de veinticuatro mil refugiados regresaron a Guatemala en el marco del así llamado retorno organizado y colectivo. La cantidad de los que optaron por acogerse a la naturalización ofrecida por el gobierno mexicano alcanzó los 11 000, esto es, el 30 por ciento (Arriola, 2016; Cárdenas, 2011; Lerma, 2016; Ruíz, 2008, 2013).
La mayoría de los habitantes de L1 provienen de campamentos, rancherías y otras localidades situadas en municipios chiapanecos fronterizos de las Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra (CPR-Sierra), y de campamentos en Quintana Roo y Campeche. Por su parte, los habitantes de L2 llegaron desde campamentos en Quintana Roo y Campeche.
L1 y L2 poseen una serie de semejanzas y contrastes cuyo conocimiento ayudará a comprender el contexto de la investigación: la mayoría de las redes familiares se extienden a ambos lados de la frontera; un alto número de sus residentes ostenta doble nacionalidad; la migración laboral transnacional constituye una de las principales formas de ganarse la vida, sobre todo para los jóvenes; los viajes a México para visitar parientes, hacer comprar o por simple esparcimiento, son frecuentes; y, en el entorno regional “los retornados” constituyen una categoría social con atributos más o menos definidos, para muchos de sus vecinos, ellos son “mexicanos”, “quieren parecer mexicanos”, o “hablan como mexicanos”. En ambas aldeas, mantener y adoptar pautas de comportamiento y presentación personal siguiendo estereotipos “mexicanos” constituyen recursos que preparan a los individuos para la migración. Los adolescentes, inclusive aquellos que no han viajado a México, saben que un performance adecuado frente a las autoridades migratorias puede hacer la diferencia entre la permanencia o la continuación de la ruta, y la posterior deportación.
Para los jóvenes de L1 y L2, como para los de otras localidades guatemaltecas (Piedrasanta, 2019), la Riviera Maya es el principal destino de migración laboral no agrícola en México. La economía de turismo de sol y playa en la Riviera Maya da cabida a un contingente de mano de obra poco calificada que la economía guatemalteca no consigue absorber, o que expulsa. Al arribar a Cancún, o a otros puntos en el área, estas personas se funden en la masa del proletariado precarizado, flexible y sujeto a los vaivenes de la industria del turismo playero (Arteaga, 2015, 2017; Bedoya, 2020; Bianet, 2010; Frage, 2012), aún así, los empleos que Cancún ofrece les resultan más apetecibles que el esporádico trabajo disponible en sus localidades de origen. La posibilidad de tener un poco de dinero y el estar un lugar cuyas ofertas de esparcimiento y consumo son amplias, aunque no se acceda a ellas, constituyen estímulos lo suficientemente atractivos como para imaginar que la vida en Cancún o en Playa del Carmen es más placentera que en las aldeas Guatemala.
Una peculiaridad de los migrantes provenientes de L1 y L2 es que, además de para encontrar mejores empleos, las personas se desplazan con la intensión de hacer del punto de llegada su lugar de residencia permanente (Bedoya, 2020). Si bien hacen de México su país de residencia oficial, mantienen vínculos de parentalidad y amistad en Guatemala, envían ayuda económica, realizan visitas periódicas y sirven de referentes migratorios en las vidas de hermanos, primos y vecinos de menor edad.
La migración hacia la Riviera Maya desde L1 y L3 coexiste con una serie variada de modalidades de desplazamientos hacia México y Estados Unidos. De hecho, como Lerma (2016) documentó en su estudio del estatus ciudadano diferenciado de los exrefugiados naturalizados radicados en Chiapas, la mayoría de los grupos domésticos de los exrefugiados en México participan de estrategias de residencia basadas en la multiterritorialidad, no siendo extraño que algunos de sus integrantes ostenten doble e incluso triple ciudadanía. Estos desplazamientos pueden caracterizarse como una serie de flujos y contraflujos en distintas direcciones y con temporalidades variadas. De estos, destacaré tres cohortes.
El primero corresponde a lo que Arriola (2016) denominó “retorno en reversa” y Lerma (2016) llamó “contrarretorno”. Se trata de familias de retornados e individuos que volvieron a México poco después de haber retornado a Guatemala. El segundo tipo de desplazamientos desde las aldeas del retorno corresponde a lo que defino como “regreso al país de origen”.
Se trata de un movimiento protagonizado por personas que nacieron en México durante el refugio y que aún eran niños o adolescentes cuando sus familias retornaron a Guatemala. Al alcanzar la adultez, muchas de estas personas regresaron a México aduciendo que ese es su país de origen. Como se inferirá, por haber nacido en México, ellos poseen documentos de identificación de mexicanos. Este desplazamiento se diferencia del “contrarretorno” y del “retorno a la inversa” porque se da de manera individual, y quienes lo protagonizan suelen presentarlo como un retorno sin epítetos, es decir, como un simple “volver” al país de origen. El tercer tipo de desplazamientos hacia México desde las aldeas del retorno cabe en la categoría de la migración irregular ordinaria, pues está siendo protagonizado por jóvenes nacidos después del retorno y que únicamente posee la nacionalidad guatemalteca.
La mayoría de los jóvenes que residen o residieron en L1 y L2, pero que nacieron en México durante el refugio de sus padres, ostentan doble nacionalidad. Es decir, son guatemaltecos y mexicanos. En estas aldeas, fue habitual que los padres de familia se preocuparan por mantener vigentes los documentos de identificación personal de mexicanos de sus hijos menores de edad. Así mismo, era común que al momento de alcanzar la mayoría de edad estos jóvenes viajaran a México para obtener la credencial de elector.
Quienes nacieron en Guatemala después del retorno de sus padres, por su parte, únicamente poseen la nacionalidad guatemalteca. Como para los guatemaltecos sin experiencias familiares de refugio y retorno, para ellos las opciones de internación regular a México se circunscriben a la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo. Son ellos los que con mayor frecuencia se implican en la compra de partidas de nacimiento.
Los dos últimos cohorte migratorios descritos constituyen el foco de atención del presente trabajo. El énfasis está puesto en integrantes de familias de exrefugiados que por haber nacido después del retorno de sus padres a Guatemala, únicamente poseen la nacionalidad guatemalteca y que acuden al mercado ilícito para hacerse de un acta de nacimiento con el propósito de transitar o establecerse en México simulando ser mexicanos por nacimiento.
Vías no ortodoxas para adquirir “papeles” mexicanos
Varios autores han documentado que históricamente las poblaciones guatemaltecas residentes en las proximidades de la línea fronteriza con México han obtenido documentos de identificación personal en ambos países, adscribiéndose a una u otra nacionalidad según las circunstancias y los requerimientos de cada momento (véase, por ejemplo: Galemba, 2018; Nollan-Ferrell, 2012).
En un trabajo que analiza la profundidad histórica de los vínculos entre localidades guatemaltecas ubicadas en el departamento de Huehuetenango y el estado mexicano de Chiapas, Galemba (2018) sostiene que en general, los residentes de localidades guatemaltecas situadas en el espacio fronterizo evalúan la posesión de documentos de identificación personal mexicanos como índices de ciudadanías más completas. Para ellos, poseer “papeles” mexicanos supone la posibilidad de acceder a bienes y servicios públicos de mejor calidad de los que Guatemala ofrece. En L1 y L2, sucede algo similar. Aunque estas aldeas no son precisamente localidades fronterizas, sus habitantes encuentran que, con relación a los “papeles” guatemaltecos, los mexicanos otorgan más derechos y posibilitan acceder a bienes que en Guatemala son escasos. Para la generación que partió al refugio, los conocimientos sobre cómo y en qué circunstancias utilizar estos u otros documentos constituyen aprendizajes que han sido transmitidos a los jóvenes, quienes los han actualizado y recrean según las nuevas circunstancias.
La valencia diferencial, en este caso, es indisociable de las experiencias del refugio, el retorno y la continuación de los vínculos heredados de aquellos procesos. La rememoración de la interacción con el Estado mexicano en el pasado juega un rol central al momento de producir nuevos significados. De manera que si alguien posee “papeles” de “uno” y “otro lado”, no resulta extraño, pues las diferencias emergen al momento de indagar en los procedimientos por medio de los cuales los obtuvieron. En este trabajo me interesa aproximarme a las experiencias de aquellos que adquirieron actas de nacimiento a través de la compra o del falseamiento de los procedimientos para su obtención.
El hecho de que guatemaltecos compren actas de nacimiento, o que participen de otros procedimientos fraudulentos para obtenerlas responde a dos motivaciones. Primero, como Galemba (2018) sostiene, se trata de prácticas arraigadas entre personas que residen en localidades cercanas a la frontera. Segundo, en la actualidad, el comercio de “papeles” mexicanos es incentivado por la creciente segurización de la frontera sur implementada por el Estado mexicano como parte de sus estrategias de combate a la ilegalidad y la criminalidad (Galemba, 2018; Marengo, 2015; Rioja, 2015; Ruíz, 2008).
En este sentido, Galemba (2018) sostiene que “en un contexto donde la economía informal e ilícita son opciones cada vez más rentables y la informalidad asociada a las actividades productivas de los pobres impregnan el sector formal” (p. 5), la estrategia gubernamental de segurización fronteriza produce nuevos sistemas de valoración en los que unos actores y actividades son posicionados positivamente, mientras que otros son excluidos y criminalizados. La autora denomina a esta estrategia: “neoliberalismo segurizado”.
La perceptiva teórica de Galemba (2018) devela cómo la articulación de políticas de seguridad y acuerdos comerciales multinacionales afectan la vida de personas cuya rutina está atravesadas por dinámicas fronterizas. Así mismo, ofrece elementos para una mejor comprensión de las lógicas de estatalidad en el espacio transfronterizo. El rebose de legalidad e ilegalidad, confusión, transgresión y sospecha oficial que caracteriza al Estado en la región devienen centrales para comprender sus concreciones locales, y pensar la construcción de ciudadanías y pertenencias naciones.
En un contexto como este, en que los controles a la inmigración irregular por parte del Estado mexicano se han endurecido, las vías extralegales para obtener documentos de identificación de mexicanos se vuelven atractivas para aquellos que desean migrar, pero que no alcanzan a cubrir los requerimientos del sistema de visado. En consecuencia, es factible afirmar que el mercado de documentos de identificación personal en la frontera sur es un fenómeno concomitante al endurecimiento de la segurización regional, y que cuando el Estado restringe la movilidad, el mercado aparece para suplirlo, abriendo el camino que conduce a los ansiados “papeles”.
Como sucede en otros países, también en México el acta de nacimiento es la piedra angular del régimen oficial de documentación personal. Además de constatar el reconocimiento de un nombre propio, género y ciudadanía, “el acta” acompaña al portador durante los subsecuentes ritos de institución que le requerirán autentificar su identificación: adquirir una credencial de elector y un pasaporte, obtener grados académicos, contraer matrimonio, etcétera. (Mercado, 2012). “La credencial” es el otro recurso clave para la validación de la ciudadanía mexicana. Poseer una clave única de registro de población (CURP) también es un paso destacado en las trayectorias civiles de los individuos. La CURP otorga legibilidad ante empleadores y complementa las nomenclaturas que habilitan los diálogos gubernamentales.
Las actas de nacimiento, credenciales de elector y CURP son estos los documentos más codiciados por los guatemaltecos que intentan establecerse en México debido a que su obtención es percibida como uno de los pasos clave del proceso de integración a la sociedad mexicana. Por integración estoy entendiendo la construcción o mantenimiento de redes de relaciones a través de las cuales un individuo o un grupo organizado de individuos se vincula a nuevas instituciones sociales, dinámicas económicas y prácticas de estatalidad (Glick, Çaglay y Guldbrandsen, 2006, p. 614). Esto es: acceder a mejores empleos y disfrutar derechos, bienes y servicios públicos que en Guatemala son limitados, pero también obtener reconocimiento de vecinos, amigos y colegas.
De todos los “papeles” mexicanos portados por guatemaltecos, una cantidad considerable fue obtenida siguiendo procedimientos no ortodoxos. Fijar una cifra puede ser una tarea realmente imposible, más si se considera que la zona de opacidad en la que tales prácticas toman lugar no siempre permite establecer deslindes entre legalidad e ilegalidad. Lo que sí es factible de distinguir son algunas de las modalidades más habituales para obtenerlos.
En los casos registrados Chiapas, Quintana Roo y Campeche aparecieron como las entidades que proveyeron los “papeles”, posiblemente, tanto por la cercanía física y el conocimiento acumulado de cómo acercarse con los agentes dispuestos a transar documentos, como por la laxitud que aparentemente domina los procedimientos administrativos en estas entidades. En L1 y L2 las modalidades mejor conocidas para obtener documentos de identificación personas por vías no ortodoxas son las que describo a continuación. Como se observará, estas toman lugar tanto en el terreno de la legalidad como de lo ilegal. No extrañe al lector encontrar que la delimitación de los límites entre uno y otro ámbito en la práctica se torna borrosa.
Simular ser mexicano que nunca ha tramitado sus documentos de identificación personal
Una modalidad bastante común para obtener actas de nacimiento mexicanas de modo fraudulento, aunque quizá pronto entre en declive, consiste en presentarse a la oficina del Registro Civil de municipios fronterizos adecuando la biografía para hacerse pasar como mexicano que ha vivido sin documentación. Acompañado de testigos, el interesado explica las razones de por qué carece de acta de nacimiento y solicita que se le extienda una. La actuación de los testigos es clave, pues ellos otorgarán veracidad a la historia que este ha presentado. Los testigos suelen ser antiguos vecinos en los campamentos que acceden a decir pequeñas mentiras a favor de sus amigos. También es usual que la solicitud incluya cartas de recomendación extendidas por autoridades ejidales, agentes municipales u otros que otorgan constancias para la realización de trámites burocráticos.
En el momento de presentarse ante la autoridad del Registro Civil, comúnmente la presentación incorpora fragmentos de narrativas de exclusión, pobreza, violencia, etcétera. En esta modalidad los agentes del Registro Civil no participan de la comisión de la ilegalidad, simplemente proceden ateniéndose a los medios de prueba que le son presentados. No se trata solamente de una adecuación de la biografía basada en pequeñas mentiras, sino de una que, además, extiende el terreno de la ambigüedad que circunda la legalidad en el espacio fronterizo. Muchos jóvenes nacidos después del retorno han conseguido obtener actas de nacimiento a través de esta vía.
Prestar, alquiler o comprar actas de nacimiento a parientes o amigos
Alguien que planea realizar un viaje a México de manera documentada pero que carece de “papeles” mexicanos puede solicitar a alguien, un pariente o amigo de la misma edad y que posee un acta de nacimiento, que le preste o alquile el documento con la promesa de que al concluir el viaje este le será devuelto. En otros casos, los propietarios de actas de nacimiento ceden sus derechos definitivamente y quien la compra toma la identificación en ella contenida, con la que inicia una nueva vida.
Actas de nacimiento como parte del clientelismo electoral
Las campañas electorales en municipios de la frontera chiapaneca han sido otra fuente de provisión de actas de nacimiento para jóvenes de localidades del retorno. En Maravilla Tenejapa o Comitán, por ejemplo, ha sido usual que los dirigentes de partidos políticos con influencias en el Registro Civil ofrezcan “nacionalizar” a guatemaltecos con el compromiso de que luego voten por ellos. Según se documentó durante el trabajo de campo, agentes municipales o comisariados ejidales vinculados a partidos políticos en contienda suelen formar parte activa de dichos engranajes burocráticos. En esta modalidad los agentes del Estado no actúan motivados por la posibilidad de recibir un pago, sino buscando ampliar redes de clientelismo que les provean votos.
Parientes que inscriben en el registro civil mexicano a niños nacidos en Guatemala
Los ex refugiados saben que los registros civiles en los municipios fronterizos son imprecisos y hacen lo que está a su alcance para sacar ventaja de ello. En la actualidad, ya no son solo adultos los que intentan obtener “papeles” mexicanos a través de vías no ortodoxas. En L1 y L2 es usual que los padres de niños recién nacidos soliciten a un pariente que reside legalmente en México que inscriba en el registro civil mexicano a niños nacidos en Guatemala presentándolos como hijos propios. Según argumentan, lo hacen para asegurarles la posibilidad de que en el futuro puedan desplazarse a través del espacio transfronterizo sin obstáculos legales, pero también para que accedan a los bienes y servicios que el Estado mexicano ofrece a sus ciudadanos como salud y educación, así como en el futuro poder acceder a empleos formales.
Comprar actas de nacimiento en el Registro Civil
Para adquirir ilegalmente un acta de nacimiento existen dos vías: los registros civiles y los agentes municipales de localidades fronterizas. En cualquiera de los casos el interesado debe acordar los términos y condiciones de la operación comercial con el agente facilitador. Los precios pueden oscilar entre 6 000 y 8 000 pesos mexicanos, mientras que los tiempos de espera para recibir el documento varían desde unos pocos días hasta dos o más meses. Quienes compran actas de nacimiento quedan exentos de explicarle a los agentes del Registro Civil por qué carece del documento. Por esta razón si así lo desean, pueden adoptar un nombre distinto al que posee en Guatemala y otra fecha de nacimiento; esto es, transformarse en una persona distinta, algo que ocurre con bastante frecuencia. En las localidades del retorno el conocimiento de cómo se establecen los contactos con empleados de los registros civiles y agentes municipales es de fácil acceso. La información es suministrada por aquellos que ya realizaron la compra o por alguien que ha servido de intermediario entre compradores y agentes emisores.
No obstante, lo circunstancial que la toma de decisiones pueda resultar, en L1 y L2 la compra es la vía más promisoria para adquirir “papeles”, pues abrevia el proceso para su adquisición y aumenta las posibilidades de tener éxito. Es conveniente especificar que aunque la existencia de credenciales falsificadas es bien conocida, y que es relativamente sencillo acceder a ellas, en ambas aldeas quienes hablaron del tema dijeron que preferirían comprar actas de nacimiento para luego solicitar la credencial de elector. Que las actas de nacimiento compradas sean preferidas con relación a las credenciales apócrifas se debe a que las primeras son “autenticas”, es decir, se trata de un documento fidedigno aún cuando el procedimiento de obtención es fraudulento. Con el acta de nacimiento las personas suelen gestionar por cuenta propia la obtención de la credencial de elector, esta vez realizando los procedimientos que realizan los ciudadanos mexicanos ordinarios. Además, quien las adquiere aparecerá inscrito en los libros oficiales. Las credenciales apócrifas, en cambio, parecen ser apetecibles para aquellos que se internan en México buscando llegar a Estados Unidos. Para un recuento breve de casos de guatemaltecos detenidos en México por portar credenciales electorales apócrifas, véase por ejemplo: Diario de Yucatán (2018), Marcrix Noticias (2018), Noticaribe News (2016) o Radio Fórmula (2016). Para aquellos que prefieren comprar actas de nacimiento y gestionar la credencial por sí mismos, la realización del trámite ante el Instituto Nacional Electoral funciona como el primero de una serie de pasos tendientes a establecer relaciones permanentes con el Estado y la sociedad mexicana. De cierto modo, así intentan incorporar la autenticidad del documento y estabilizar una veracidad respecto a sí mismos que aprecian esquivas.
A continuación, ejemplifico la variación de experiencias a la que hice referencia en este apartado. Utilizaré la voz de Rodrigo, un habitante de L1 cuya familia ha intentado en distintos momentos obtener “papeles” mexicanos a través de mecanismos no ortodoxos. Rodrigo retornó a Guatemala en 1994. Sus dos hijos menores nacieron en Guatemala, cuando
cumplieron la mayoría de edad, ambos intentaron obtener actas de nacimiento a través de las redes de clientelismo político ya descritas. El primero tuvo éxito, el otro fracasó, según dijo Rodrigo debido a que el comisariado del ejido en cuya jurisdicción se localizó el campamento donde su familia estuvo refugiada era “tipo malacate” [mala persona] que intervino para que a su hijo le negaran “los papeles”. Estando así el escenario, el muchacho debió buscar otra vía para alcanzar su cometido; buscó al agente municipal de una localidad vecina que accedió a venderle “el acta”. Así, los dos chicos obtuvieron sus “papeles” mexicanos. Como sus hermanos mayores nacidos durante el refugio, ahora ambos viajan a México perdiendo cuidado de los retenes migratorios.
Cuando Rodrigo habló de cómo sus hijos intentaron obtener actas de nacimiento de mexicanos a través de partidos políticos, lo hizo como si estuviera refiriéndose a uno más de los objetos que las campañas electorales facilitan, con la diferencia de que, en lugar de dinero, herramientas de labranza o prendas de vestir, en este caso “los políticos” extienden legalidad y reconocimiento nacional.
Cuando le pregunté si podía identificar el partido que ofrecía documentar a guatemaltecos no supo dar una respuesta certera. Primero mencionó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego al Partido Revolucionario Democrático (PRD), para después decir entre risas: “todos hacen lo mismo”, dejando en el aire la impresión de que las distinciones que yo buscaba establecer no importaban, o él era incapaz de fijarlas. De lo que sí estuvo seguro fue de que tales formas de clientelismo fluyen a través de los intercambios entre las parentelas y redes de amistades extendidas a ambos lados de la frontera. Explicó que eso era: “información que envían los amigos y parientes que viven allá”. No obstante, lo sencillo que pueda parecer obtener “papeles” a través de los partidos políticos, no siempre lo es, principalmente porque esta opción se habilita únicamente durante las campañas electorales.
Si bien la vía a seguir cuando se desea adquirir “papeles mexicanos” depende de las circunstancias y los recursos de los que se dispone, frecuentemente las personas tienen éxito solo después de haber realizado varios intentos y combinado distintas opciones, cuestión que confirma el carácter circunstancial de la toma de decisiones. La familia de Rodrigo ha acumulado suficientes habilidades para surcar con relativo éxito los intersticios institucionales y legales de los regímenes de documentación personal de ambos países. Además de sus hijos menores, han intentado obtener documentos para ellos y sus hijos un hermano y una de sus hermanas, también a través de procedimientos no ortodoxos. Moisés, su hermano, quien también volvió a Guatemala en 1994, “contrarretornó” (Lerma, 2016) indocumentado a Chiapas en 1996. Como había perdido sus derechos en el campamento, “compró papeles”. Luego de un tiempo volvió a Guatemala para llevarse a su esposa e hijos, les compró documentos y se mudaron a Tijuana, desde donde la familia se trasladó a Estados Unidos.
La hermana de Rodrigo, a quien llamaré Matilde, también “contrarretornó” a Chiapas poco tiempo después que su hermano y se casó con un mexicano, con quien procreó cuatro hijos. Los niños únicamente poseen documentos de identificación mexicana. En 2017 Matilde volvió a Guatemala con la intención de inscribir a sus hijos en el registro civil guatemalteco y tramitar las actas de nacimiento respectivas. El repentino interés por obtener papeles guatemaltecos tenía un propósito claro: la familia planeaba migrar a Estados Unidos haciéndose pasar como guatemaltecos que huían de la violencia de las pandillas o maras. Este estilo migratorio se popularizó a partir de 2014, después de que el gobierno estadounidense empezara a otorgar asilo a ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras víctimas de las pandillas (Hiskey, Córdova, Malone y Orcés, 2018). Matilde quería documentar a sus hijos en Guatemala para “aprovechar el beneficio” que el gobierno norteamericano ofrecía a los centroamericanos. Un beneficio del que, en palabras de Rodrigo, los mexicanos estaban excluidos. El intento de documentar a los niños como guatemaltecos no prosperó, según dijo Rodrigo, porque en este país es “duro sacar papeles”, una expresión de uso común que alude a lo dificultoso que resulta el procedimiento.
Las experiencias de la familia de Rodrigo son ilustrativas y permiten comprender la fuerza que los “papeles” adquieren cuando la vida parental transcurre a ambos lados de la frontera. El conocimiento respecto a la variedad de posibilidades de documentación que la familia posee constituye una suerte de patrimonio acumulado devenido a instancias del refugio, el retorno y las subsecuentes interacciones con los regímenes de documentación personal de ambos Estados que se han capitalizado en distintos momentos. Aunque en las anécdotas compartidas por Rodrigo varios de los intentos de obtener “papeles” fracasaron, para él estos no parecen haber perdido la fuerza imaginativa que les otorga. Como artefactos fetichizados, Gordillo (2006) los documentos de identificación personal anclan una relación pública con el Estado que, además de autorizar a sus portadores para que se desplacen de manera legal, incorporan un conjunto de cualidades que si uno sabe “aprovechar” pueden abrir oportunidades de acceder a una vida mejor.
Signos de pertenencia vueltos mercancías
Visto así, el procedimiento para la obtención de identificación personal y dicho con el lenguaje de Misse (1997, 2017 y 2018), los “papeles” mexicanos comprados adquieren el estatus de una mercancía política. Según Misse (2018), esta noción busca aprehender una relación de intercambio que puede ser libremente pactada, pero que generalmente es constreñida por una de las partes; libre o forzada, se desarrolla fuera de las reglamentaciones legales del Estado” (Misse, 2018, p. 68).
El concepto “mercancía política” se refiere a bienes, servicios u objetos de los que nominalmente solo el Estado puede disponer, por lo que no están disponibles en el mercado regular. Al estar proscrita su comercialización se circunscriben al ámbito de la ilegalidad, a espacios extraeconómicos y ocultos de la mirada pública. Nombrarlas como mercancías políticas en lugar de simplemente corrupción ayuda a develar la racionalidad económica subyacente en la transacción, despejando así la sanción moral que suele cubrir los discursos sobre corrupción. Se trata de este modo de “transacciones que lesionan más a la moral pública que a la privada, que tocan más al Estado que al individuo y que aspiran a algún tipo de legitimación particularista o, al menos en ciertos casos, encuentran alguna justificación moral o neutralización de la culpa” (Misse, 2017, p. 41).
Dicho de otro modo, las mercancías políticas no son objetos legales circulando por canales ilegales, sino objetos que no están disponibles en el mercado formal a razón de que su propia naturaleza los ha definido como no mercantilizables. Este es el caso de los “papeles” que comercializan individuos con acceso al régimen oficial de documentación. Así, cuando el agente de determinada oficina del Registro Civil accede a vender ilegalmente un acta de nacimiento, lo que en realidad está transando es la facultad autoritativa depositada en el cargo que ostenta para otorgar el reconocimiento de ciudadanía. No obstante que las mercancías políticas están proscritas y su comercialización aparece penalizada en los códigos legales, la propia ley y la capacidad de maniobra de la que los burócratas disfrutan fecundan un espacio de ambigüedades fértil para el florecimiento de operaciones comerciales en las que lo ilegal y lo legal se juntan hasta hacerse indistinguibles.
Misse (1997, 2017 y 2018) ha insistido en que las mercancías políticas expresan relaciones económicas que refieren a situaciones extraeconómicas, y en que al transarlas se está negociando una pequeña porción del monopolio que el Estado se ha reservado para sí mismo. Como sabemos, el Estado se asemeja a un ensamblaje de órganos, agentes y regímenes bastante desorganizados e inconexos, cuyo funcionamiento suele ser incoherente y contradictorio. A menudo, los agentes del Estado designados para resguardar la legalidad se hallan incapacitados para hacer su trabajo a cabalidad, o bien, encuentran que cooperar abiertamente con la expansión de las “zonas grises” (Auyero, 2007) les resulta provechoso. El comercio de actas de nacimiento mexicanas toma lugar justamente en estas zonas grises. Es decir, en espacios del poder estatal donde lo legal se encuentra con lo ilegal hasta el punto de la casi indistinción.
Las experiencias de los guatemaltecos que compran “papeles” mexicanos muestran que los límites que la legalidad impone no son la última frontera de las posibilidades. Sus experiencias nos muestran que cuando lo que las personas desean rebasa la línea de la legalidad, la ley es solo uno de los desafíos a sortear; entonces la creatividad, unas experiencias heredadas y el acceso a ciertas relaciones opacas pueden hacer la diferencia entre tener y no tener lo que se anhela. La suspensión moral que precede al conocimiento de estar participando de un acto potencialmente penalizable suele estar, en la mayoría de los casos, subsumida en alegatos de legitimidad, astucia, necesidad o inteligencia superior para aprovechar las ambigüedades legales y la anuencia de los agentes gubernamentales para transar.
Ahora bien, es pertinente anotar que no todas las participaciones en el mercado de bienes políticos engendran nuevas ilegalidades. Así como el pequeño tráfico transfronterizo de artículos de consumo no es equiparable con el trasiego de drogas, la compra de actas de nacimiento tampoco lo es respecto a la gran corrupción gubernamental. Un alto funcionario que se previene de pesquisas penales dando un soborno sabe que está alimentando una cadena de impunidad. En este ejemplo hipotético, el soborno es ya un segundo acto de ilegalidad, pues está destinado a encubrir infracciones previas. Quienes compran “papeles”, en cambio, suelen hacerlo motivados por el deseo de integrarse a la sociedad mexicana como individuos legalizados. Ellos no están pensando en expandir las zonas grises de la ilegalidad, sino simplemente ser reconocidos como sujetos de derechos ciudadanos, irónicamente acudiendo a la ilegalidad, todo esto en un contexto de segurización fronteriza que los excluye del sistema de visados.
Aquella suerte de desprevención que detecté entre mis interlocutores cuando hablaban de sus “papeles” comprados pareció ser relacional a la certeza de que la comisión de un acto potencialmente penable fue justificada porque así se realizó una aspiración cuya legitimidad era mayor que el resguardo de la legalidad en abstracto (Renoldi y Álvarez, 2016).
De este modo, las experiencias de estas personas muestran cómo el mercado de bienes políticos puede potenciar la agencia de sujetos marginados cuando de arreglárselas para obtener objetos proscritos se trata.
Comprando “papeles” los hijos de los exrefugiados que desean establecerse en México, pero que carecen de justificantes para reclamar la doble nacionalidad y que no alcanzan a cubrir los requerimientos del régimen oficial de visado, le sacan la vuelta a las políticas de control migratorio. En estas transacciones, legalidad e ilegalidad son solo dos momentos de una relación más amplia y compleja que interconecta al Estado con la economía y las biografías particulares.
Las mercancías políticas y la segurización fronteriza
Metafóricamente, las mercancías políticas funcionan como el aditivo que liga la economía con la política y con aquellas iniciativas individuales cuya única causa fluye fuera de lo ordinario. Cuando los “papeles” se obtienen a través de medios extralegales, pero su materialidad es fidedigna, puede resultar paradójico constatar que la ilegalidad proviene de dentro de los entramados del régimen gubernamental encargado de la documentación. Sería errado tomar tal irregularidad como una falla de funcionamiento que pone en tela de duda la autoridad del Estado; lo más adecuado es pensarla como una cualidad constitutiva del Estado en tanto ensamble de órganos parcialmente conectados, y a veces contradictorios, del que emergen topografías morales e intervenciones segurizadoras espacialmente diferenciadas que hacen de la frontera sur un territorio en el que la fuerza de la ley se debilita (Marengo, 2015).
No es casual que en los discursos centralistas del Estado mexicano la frontera sur suela aparecer como un espacio donde abunda la ilegalidad y los ciudadanos pueden no ser totalmente leales, o ser propensos a obrar con engaño. Quien haya transitado por los pasos fronterizos sureños posiblemente ha observado a agentes migratorios interrogar a ciudadanos mexicanos señalándolos de no ser honestos en sus respuestas, confundiéndolos con guatemaltecos, o presionándolos para que justifiquen sus desplazamientos. Con facilidad alguien podrá alegar que los agentes migratorios actúan de esa manera debido a que los criterios que suelen emplearse para distinguir a los nacionales de los extranjeros, por ejemplo el fenotipo y el idioma, en estos espacios se tornan inoperantes. Ciertamente, entre los guatemaltecos y los mexicanos existe una suerte de “similitud cualitativa” (Carruthers, 2017) que los hace indistinguibles a primera vista.
En un escenario como este, en el que los guatemaltecos emergen como un “extranjero próximo” (Jansen, 2009) cuyas tácticas miméticas ponen en jaque los dispositivos de control migratorio, la frontera puede dejar de ser el punto clave que distingue la inclusión de la exclusión. Tal afirmación no presupone la desaparición de la premura para diseñar nuevos y más sofisticados dispositivos de control, antes que eso, confirma que la predisposición centralista para pensar la frontera sur como margen interior poroso en intrínseca a su propia definición. Si bien en ciertos momentos los “papeles” adquiridos a través de procedimientos no ortodoxos equipan a los guatemaltecos con una herramienta que les permite burlar los cercos a la migración irregular, como se verá en el siguiente apartado, existen casos en los que el anhelo de integrarse a la sociedad mexicana que muchos cultivan puede plantearles desafíos de apariencias insospechadas.
Lidiando con las contingencias que trae la nueva identificación
Compartir una nueva ciudadanía significa una mejoría en la vida de las personas, pero otras veces puede traer problemas insospechados, e incluso irrisorios. Revisar las disyuntivas que enfrenta Adán, un joven que en agosto de 2018 aún no cumplía un año de haber obtenido su credencial de elector empleando un acta comprada, permitirá examinar las incertidumbres de autentificación a las que he aludido. Adán nació en Guatemala, es el penúltimo de siete hermanos de los cuales tres nacieron durante el refugio, los demás nacieron después del retorno. Los hermanos de Adán, exceptuando su hermana menor, viven Playa del Carmen, pero antes estuvieron en Comitán, Chiapas, y otras localidades chiapanecas cercanas al campamento del que su familia retornó a Guatemala. Adán vivió con sus padres en Guatemala hasta los doce años.
Al concluir la escuela primaria Adán se mudó a México para vivir con el mayor de sus hermanos, quien entonces vivía en Comitán. Debido a que estaba indocumentado y “por falta de interés”, durante este tiempo no fue a la escuela. Después de dos años viviendo en México sus padres tomaron la decisión de regresarlo a Guatemala, principalmente para que retomara los estudios. Al concluir la escuela secundaria, Adán regresó a México para vivir nuevamente con su hermano mayor, que se había mudado a Playa del Carmen. Durante el tiempo que Adán estuvo en Playa del Carmen se desempeñó como dependiente en un pequeño negocio propiedad de una de sus hermanas.
Pasados dos años Adán volvió a Guatemala para visitar a sus padres. Cuando regresaba a México fue detenido en un puesto migratorio móvil y deportado; entonces su madre convino en apoyarlo para que comprara un acta de nacimiento. Siguiendo recomendaciones de vecinos y el propio conocimiento familiar encontraron a un agente del Registro Civil de un municipio de Quintana Roo dispuesto a hacer la transacción. El procedimiento tomó dos días. Portando el acta de nacimiento que lo identificaba como mexicano, el muchacho ingresó a México como mexicano por nacimiento y obtuvo su “credencial” de elector en Playa del Carmen.
Al narrar su historia, Adán describió el mecanismo que le posibilitó el documento como si se tratara de un procedimiento legal. Como he argüido, debido a que encuentra que su comportamiento no transgrede la moral pública del Estado mexicano. Su mayor incomodad pareció dirigirse hacia la negativa de su madre para aceptar que él modificara su nombre. La última vez que conversé con él, estando sentados frente a la playa, en el Parque Fundadores, en Playa del Carmen, Adán jugaba con “la credencial”, pasándosela de una mano a otra. Entonces le pedí que me la mostrara para observarla con detenimiento, accedió diciendo: “es real”, al tiempo que sonreía. Intuí, así, que para él el documento porta una fuerza peculiar distinta a la que adquiere para el resto de los ciudadanos mexicanos. Su gesto denotaba un sentido de extraordinariedad difícil de capturar con palabras. Eres mexicano, le inquirí en seguida. Sonrió de nuevo y sin mediar palabras continuó jugueteando con la tarjeta.
Si bien a Adán los retenes migratorios en el territorio mexicano no le preocupan más, este no es el único asunto al que debe prestarle atención. Como para otros, su mayor desafío es performar adecuadamente su nueva identificación, de tal manera que sea creíble para los demás. En 2018 Adán retomó sus estudios. Según dije antes, el chico concluyó la educación secundaria en Guatemala, presentando los certificados de estudios apostillados podría ingresar al nivel de preparatoria, no obstante, aunque los tenía, optó por iniciar el nivel primario en el sistema abierto debido a que se presiente incapaz de explicar porqué siendo mexicano cursó estudios en una aldea guatemalteca cuyo nombre evoca las aspiraciones que motivaron el retorno. Por irónico que resulte, su decisión de no presentar los certificados de estudio guatemaltecos deriva de la sospecha de que si alguien escudriña en su pasado no será capaz de sobrellevar la autenticidad de los documentos.
La iniciativa de Adán para volver a la escuela responde a su interés de profesionalizarse como bartender; una opción laboral que encuentra atractiva. Pero mientras no consiga lidiar con las contingencias que le presenta la nueva identificación, no se atreverá a ir más allá de la zona de confort que sus hermanos le ofrecen, hasta entonces el trabajo en el mercado formal seguirá estando fuera de su alcance.
A pesar de sentirse “mexicano”, Adán aún no se convence de la total autenticidad del documento que lo identifica como tal.
Después del último encuentro que sostuve con Adán, tuve la impresión de que él albergaba el presentimiento de que si alguien escudriña su biografía, no sería capaz de despejar las irregularidades que posiblemente surgirían. Su nerviosismo respecto a la autenticidad de su documento de identificación emanaba del conocimiento de que los vínculos entre su yo íntimo y la persona que el documento identifica son endebles. Paradójicamente, la fuente de la sospecha era su propio yo. De cierta manera, Adán se sentía habitando dos personalidades: la inscrita en la intimidad de la familia y el círculo de sus amigos cercanos que conocen su origen, y la que aparece en la tarjeta que lo identifica como nacido en México. Con acierto, Reeves (2013, p. 502) llama la atención respecto a que siempre hay un espacio de indecisión “más allá del documento”, cuya volatilidad deviene del hecho de que los documentos nunca se sostienen por sí solos. Ese espacio contingente y cargado de imprevistos es al que el muchacho teme enfrentarse.
La historia de Adán confirma que si bien acceder al régimen de documentación personal despeja ciertas incertidumbres, adquirir “papeles” de manera fraudulenta abre incógnitas inesperadas, hasta casi el paroxismo. Él muestra que para que la incorporación de la nueva identificación sea exitosa se requiere del desarrollo de un conjunto de habilidades que permitan llevar avante las pequeñas actuaciones de la vida cotidiana en las que el yo reflexivo se hace protagónico transmitiendo a los demás la certeza de que se es la persona a la que el documento identifica.
Mexicanos ¿con adjetivos?
Como se ha visto, las vías para obtener “papeles” mexicanos empleando procedimientos no ortodoxos son diversas, y los juegos de legalidad e ilegalidad concomitantes carecen de la nitidez de los tipos ideales. Para los descendientes de los exrefugiados la “credencial” para votar y el “acta” de nacimiento son más que pases para circular a través del espacio transfronterizo. Su portabilidad otorga legibilidad como ciudadanos ordinarios y acerca la posibilidad de convertirse en mexicano, pero poseer el documento no despeja los problemas de autenticidad derivados del hecho de haberlo obtenido de manera extralegal. Los “papeles” demandan que el portador adecue su biografía a la nueva identificación y que aprenda a comportarse como “mexicano”. Al poner en escena la nueva identificación, las personan enfrentan la posibilidad de detonar infortunios que deben ser despejados adecuadamente.
Llegados a este punto vale inquirir por el tipo de ciudadanía que ejercen quienes han conseguido establecerse en México empleando documentos de identificación personal acudiendo a procedimientos no ortodoxos y que llevan vidas regulares en el sentido de que disfrutan de todos los derechos que la “credencial” ofrece.
Para empezar, es prudente reiterar que intentar acceder a la ciudadanía mediante la compra de “papeles” y el uso de documentos de identificación apócrifos constituyen prácticas más extendidas de lo que a primera vista puede parecer. Analizando las experiencias observadas en distintos contextos, varios autores han documentado una serie amplia de modalidades de acceso y uso de documentos de identificación personal apócrifos (Abarca y Bibler, 2018; Ordóñez, 2015; Reeves, 2013; Statz, 2016). Una constante en estos estudios es el uso de calificativos para aprehender las peculiaridades que, según indican los autores, distinguen a las ciudadanías adquiridas de manera fraudulenta de aquellas que con poco rigor en este trabajo son denominadas “ciudadanías ordinarias” (Statz, 2016). Por ejemplo, Statz empleó el término “vida de papel” para definir a los descendientes de inmigrantes chinos que obtuvieron documentos de identificación personal en California después de que los registros civiles fueran destruidos por los incendios que siguieron al sismo de 1906. El autor sostiene que aunque los inmigrantes chinos consiguieron hacerse pasar por ciudadanos nacidos en Estados Unidos, en la práctica las lógicas de segregación racial imperantes en aquel momento les impidieron ejercer con plenitud los derechos que la ciudadanía otorgaba a los blancos.
En un estudio similar, Ordóñez (2015, 2016) empleó el término “ciudadanías paralelas” para describir a inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos que emplean números de seguridad social falsos para acceder a empleos menos precarizados. En estos casos, argumenta el autor, los “papeles” fungen como herramientas de simulación de legalidad y su uso está circunscrito al ámbito laboral, quienes los usan no alcanzan a disfrutar de más derechos que el empleo.
Los ejemplos anteriores muestran claramente las limitaciones para el ejercicio de la ciudadanía plena que enfrentan quienes adquieren documentos de identificación personal a través de mecanismo fraudulentos. No obstante la similitud existente entre los casos presentados y las experiencias de los descendientes de los exrefugiados guatemaltecos que compran “papeles” mexicanos, dudo de que sea necesario emplear adjetivos para definir el tipo de ciudadanía a la que estos acceden. Mientras que los centroamericanos que estudia Ordoñez son incorporados a la sociedad estadounidense con parcialidades, los guatemaltecos que acceden a la ciudadanía mexicana portando “papeles” adquiridos a través de medios extralegales lo hacen en los mismos términos que los ciudadanos mexicanos ordinarios. En la mayoría de los casos, ellos consiguen llevar vidas públicas bastante plenas en el sentido del ejercicio de derechos políticos (votan, se casan, acceden a la seguridad social, adquieren crédito público, etcétera). Así lo indica la abundancia de casos que registré en Cancún y Playa del Carmen de personas establecidas en México usando actas de nacimiento compradas que han accedido al sistema estatal de vivienda.
Además, su estatus no contempla criterios de diferenciación, como ocurre con los ex refugiados que se acogieron a la naturalización ofrecida por el gobierno mexicano a quienes declinaron retornar a Guatemala (Lerma, 2016; Ruíz, 2008).
En este punto es importante reiterar que las “similitudes cualitativas” (Carruthers, 2017) existentes entre mexicanos y guatemaltecos inutilizan los criterios habituales a partir de los cuales se suele segregar a los extranjeros. Esta cuestión se complejiza cuando se trata de los descendientes de los exrefugiados, como anoté arriba, la cercanía cultural entre los ámbitos de partida y llegada y la rica herencia de “mexicanidad” obtenida de las generaciones mayores los han preparado para que llegado el momento de internarse en México sepan simular ser “mexicanos”. De modo que el deseo de querer “ser mexicano” en las aldeas circundantes se les atribuyen no es solo un asunto de idealismo o efecto de la publicidad nacionalista que emana del país vecino.
Tales particularidades no se entenderán si no se considera la larga historia de desplazamientos y los esfuerzos constantes para actualizar los vínculos afectivos con México (Camus, 2008; Hernández, 2018; Hurtado, 2001; Piedrasanta, 2019; Rousseau, de la Aldea, Rojas y Foxen, 2015). De manera parecida, la fecundidad imaginativa que produce la diferencia nacional y que alinea a uno y otro país con ofertas de calidad de vidas valoradas de modo desigual se inscribe en los ejercicios de resignificación de las experiencias del refugio, el retorno y del tránsito continuado de las parentelas a través del espacio transfronterizo. No obstante, la fuerza imaginativa contenida en los “papeles” como artefactos de ciudadanización, como ejemplifiqué al revisar la historia de Adán, estas personas deben mantener su pasado guatemalteco bajo reserva, o encontrar los medios idóneos para hacer que ambas identificaciones coincidan.
Comentarios finales
Obtener documentos de identificación personal supone el establecimiento de un tipo particular de relaciones con el Estado nacional que los emite, vinculando a sus portadores con determinados conjuntos de políticas y prácticas de estatalidad. Como hemos visto, en ocasiones “los papeles” son investidos con una agencia particular que rebasa su cualidad de signos de identificación. Además, no basta con acceder a ellos, se debe aprender a lidiar con las contingencias que de la nueva identificación puedan derivar.
En las localidades estudiadas las experiencias del refugio y el retorno se proyectan hacia el presente para estructurar los horizontes de expectativa y hacer de la migración un catalizador de futuridades. El ímpetu por “parecer mexicanos” que muchos exrefugiados y sus descendientes aspiran a realizar, y que procuran actualizar a través de la continuación de vínculos afectivos con México, transforma a este país en un objeto de deseo al que no siempre pueden acceder de manera legal, pero sí acudiendo a otros procedimientos. Para estas personas adquirir “papeles” mexicanos parece ser un imperativo de pertenencia, así como para el cultivo de los vínculos de parentalidad y amistad dispuestos a través del espacio transfronterizo por las posibilidades que estos ofrecen para transitar y establecerse en el país.
Como índices de pertenencia, “los papeles” sitúan a las personas en marcos de sociabilidad y encuadres materiales cuya evaluación siempre toma lugar en relaciones de comparación.
En un contexto en el que los controles a la migración indocumentada se fortalecen, el mercado surge para proveer aquello que permite desplazarse y establecerse en México como ciudadano ordinario. Ciertamente, el acto de documentarse como ciudadano mexicano siendo también guatemalteco, y hacerlo acudiendo a mecanismos extralegales posee su propia historia, podría decirse, tan añeja como el interés del Estado mexicano por controlar la movilidad indocumentada en el espacio fronterizo sur. No obstante, lo común que tales prácticas puedan resultar. En este trabajo he argumentado que los descendientes de los exrefugiados se distinguen de otros guatemaltecos que también acceden a la doble documentación porque su interés en obtener “papeles” deriva del deseo de establecerse en México y ser incorporados a la comunidad nacional como mexicanos sin adjetivos.
Si bien la tendencia a solidificar la segurización de la frontera sur aumenta los dispositivos que vigilan la movilidad humana irregular, el control nunca es total. Como mostré en el artículo, los exrefugiados y sus descendientes han conseguido responder con relativo éxito, implementando un arsenal de creatividad bastante ingenioso que les ha permitido participar en los juegos de la doble documentación, así sea presentando actas de nacimiento prestadas por parientes o amigos como si fueran propias, aprovechando las redes de clientelismo político en municipios fronterizos que ofrecen “papeles” a cambio de votos, ajustando sus biografías procurando probar que nacieron en México o bien, comprando actas de nacimiento. Es de este modo que las prácticas no ortodoxas para obtener “papeles” mexicanos alimentan y son alimentadas por la estrategia de segurización de la frontera sur. Así, mientras que por un lado la política migratoria para la frontera sur mexicana restringe la movilidad humana, por otro, los agentes del régimen oficial de documentación personal lubrican la maquinaria que permite burlar los dispositivos de control migratorio haciendo del deseo, la vigilancia, la burla y la adaptación un conjunto de relaciones marcadas por influencias recíprocas.
