Introducción

Como señaló Leticia Calderón Chelius, la noción clásica de ciudadanía, comprendida como derechos adquiridos con base en los límites territoriales para la delimitación del Estado y fincada en la necesidad de acotar a los sujetos y sus derechos políticos, ha comenzado a complejizarse a partir de dos elementos: la extensión de los derechos humanos y el incremento de la migración desde los años ochenta del siglo XX (2013:26). La incidencia de ambos aspectos impacta significativamente las ciencias sociales, obliga a repensar lo social y cuestiona los paradigmas nacionales-estatales en el contexto de las sociedades plurales, inscritas en procesos de migración pendular entre dos países ^{(Levitt y Glick, 2004)}. Con el fin de explicar este impacto en el campo microsocial, se han desarrollado nuevas vetas de investigación interesadas en conocer la emergencia de nuevos tipos de familias y sus dinámicas: distribución de recursos y estrategias que impiden la disolución del vínculo parental. Este artículo se sitúa en esta tesitura, explicando el modo en que se construyó el estatus ciudadano diferenciado guatemalteco-mexicano-estadounidense al interior de algunas familias residentes en Chiapas, con el fin de analizar si existe relación entre el estatus ciudadano diferenciado y la ampliación del margen de espacialidad que hace posible la construcción de la multiterritorialidad.

Aunque aún no existen acuerdos conceptuales que permitan distinguir claramente entre familias transfronterizas y transnacionales, según ^{Ojeda (2009)} las primeras se caracterizan porque distintos planos de su acción social se desarrollan en una región de frontera en donde el límite internacional está acompañado de distinciones culturales y étnicas en constante interacción y con una marcada dependencia económica del polo menos desarrollado hacia su contraparte. Bajo este paradigma las prácticas sociales son binacionales y biculturales, de modo que es posible hablar de familias sonora-arizonenses, maya-beliceños o tex-mex. Tales contactos suponen, además, intercambios y resistencias en términos de Hansen, para quien la frontera puede ser vista como la posibilidad de expansión, frontier, y el límite como contención: line.^{(Hansen, 2007:232-233)}.

El segundo tipo de familias se concibe bajo la perspectiva de lo transnacional: "múltiples lazos e interacciones que vinculan a personas o instituciones a través de fronteras entre espacios geográficos definidos, y en especial entre estados-naciones" ^{(Ojeda, 2009:17)}. Se trata de familias que buscan mantener vínculos de diferentes tipos: económicos, culturales y afectivos en espacios discontinuos, lo que permitiría hablar de la construcción de comunidades trasnacionales a través de la circulación de personas, productos, prácticas, remesas económicas y remesas simbólicas. Según ^{Hernández Lara (2013:46)}, el concepto se usa para referirse a aquellas familias cuyos miembros viven la mayor parte del tiempo separados en dos o más países diferentes, pero que logran mantener un sentimiento colectivo de bienestar y unidad. Destaca además la observación de ^{Mummert (2012)}, quien muestra cómo en estas familias interfieren leyes y disposiciones estatales que producen distinciones en el estatus migratorio de sus miembros. Por ello define a la familia transnacional como:

Un grupo de parientes que organizan sus labores productivas y reproductivas a través de una o más fronteras político-administrativas internacionales y frente a dos o más Estados-nación. [...] Dicho de otra manera son seres sujetos a los designios de burocracias y reglamentaciones gubernamentales, pero a la vez capaces de negociar sus condiciones de vida ^{(Mummert, 2012:154)}.

En el caso aquí tratado, esto se puede observar claramente: el actual estatus ciudadano diferenciado en las familias transnacionales es resultado de distintas oleadas migratorias hacia México y al país del norte; pero también de la posibilidad o no de regular la permanencia en contextos sociales y coyunturas diferentes de frente al Estado.

La primera generación de desplazados por la violencia en Guatemala que aquí se aborda migró a México entre 1970 y los primeros años de la década de 1980, y fueron reconocidos como refugiados. El proceso se acompañó de corrientes migratorias al interior de México y hacia Estados Unidos (^{Popkin, 2003}; ^{Jurado, 2007}) y de trámites consulares que dejaron como saldo estatus ciudadanos diferenciados al interior de las familias. De manera que en la actualidad es común encontrar a ancianos, legalmente mexicanos por naturalización, que tienen uno o dos hijos con nacionalidad guatemalteca, que han adquirido la residencia estadounidense, pero no cuentan con papeles mexicanos. En la tercera generación se registran casos de nietos con nacionalidad estadounidense o mexicana por nacimiento o que cuentan con doble registro mexicoestadunidense o mexicoguatemalteco. En contraste, en casi todas las familias hay algún pariente que cuenta sólo con su carné vencido de refugiado y algún niño pequeño que no tiene ningún documento de registro. A esto se suman las nuevas migraciones guatemaltecas en la región, empujadas por la crisis económica y la violencia en Centroamérica, y por la construcción de nuevos vínculos parentales.

Todas estas variantes conviven de manera cotidiana en un mismo lugar y se traducen en diferenciación de derechos y desigualdad de oportunidades. Esto, además, como se verá, impacta de manera importante en las decisiones y posibilidades de movilidad conjunta en la familia.

El concepto de estatus ciudadano diferenciado (ECD) que aquí se propone se distingue de otros como ciudadanía diferenciada de ^{Kymlicka (2006)}, más situado en la discusión liberal de construir un estado multicultural a partir de integrar políticamente a las minorías étnicas: "Se busca entonces una integración diferenciada con una ciudadanía que reconozca derechos fundamentales y derechos diferenciales" ^{(Mosquera y León, 2009:55)}.¹ El ecd también se distingue de otras discusiones similares que critican al multiculturalismo dentro de la democracia liberal y a las identidades predatorias. Éstas analizan la participación política diferenciada de las minorías en los Estados nación, argumentado la exclusión que se genera al aprobar normas y políticas a partir de la construcción de grupos mayoritarios y minoritarios (^{Tamayo, 2006}; ^{Appadurai, 2006}). La tensión entre el concepto de ecd y los anteriores es que este último, más que centrarse en los derechos colectivos, supone profundizar en la desigualdad de derechos que tienen por separado los miembros de un mismo grupo minoritario e inmigrante. Distinciones que producen mayor vulnerabilidad en algunas personas que en otras. La diferencia fundamental radica en el análisis centrado en el desgrane que se hace al interior de las unidades familiares. Atomizo el problema a partir de situarme en analizar el tipo de visado que tiene cada persona perteneciente a una minoría inmigrante y excluida y el modo en que esto repercute positiva o negativamente en la estabilidad del grupo (familia o etnia).

En esta coyuntura, el ECD puede entenderse, según mi propia reflexión, como el resultado de la asignación jurídico-política que un Estado nación asigna a cada sujeto que se encuentra en su territorio o que está vinculado a su territorio: sea de extranjeros que se encuentran dentro de sus fronteras o de los nacidos o reconocidos con derechos nacionales y que están fuera de sus límites. Dicha asignación implica derechos y obligaciones jurídico-políticas para cada sujeto, pero en contextos migratorios no se limita a la acción estatal; la agencia de los actores sociales es imprescindible en un proceso de negociación social por la obtención de cierto tipo de estatus. Bajo esta lógica, aunque el Estado pretende resguardar, regular o restringir la permanencia y el ingreso a su territorio según principios de inclusión/exclusión, nacional/extranjero y del imaginario seguridad/riesgo, esto no le es exclusivo: los inmigrantes encuentran formas de regular su estancia con normatividades alternativas.² Aun así, las familias que se encuentran en territorios extranjeros ven sus derechos jurídico-políticos limitados por las posibilidades que ofrece el país de llegada y se diversifican en cada miembro de la familia dependiendo del contexto de la migración, de las coyunturas sociopolíticas del país receptor al momento del ingreso, de las características del migrante (ocupación, género, edad), del tipo de visado que obtuvo y de su nacionalidad de origen; pero también de las diferentes fases migratorias que experimenta la familia y de su capacidad de negociación. Si bien es posible que los migrantes no aspiren a formar parte de la ciudadanía en el país receptor, no dejan de tener un estatus ciudadano, aunque éste sea ilegal, dado que poseen la ciudadanía de su país de origen.

Los estudios acerca de familias transnacionales se sitúan mayoritariamente en casos binacionales y distinguen entre los que se van y los que se quedan, tomando como base una trayectoria migratoria unidireccional. El caso aquí estudiado trata también estos aspectos, con la salvedad de que sus miembros experimentaron una migración rizomática (con diversos puntos de destino), pero que se ha mantenido circular entre tres países en un período menor de cuarenta años (1980-2014) y actualmente tienen su lugar de anclaje territorial y de identidad cultural no en el "lugar de origen" sino en un sitio intermedio: Chiapas. Desde aquí sus habitantes explican su territorialidad o posibilidades de desplazamiento al interior de México, hacia Guatemala y a Estados Unidos, según las particularidades que el ECD de sus familias les permite.

Bajo esta mirada, el objetivo de este artículo es mostrar el proceso por el cual devino el ECD en familias de exrefugiados guatemaltecos y el modo en que esto impacta sus posibilidades de movilidad horizontal en México y hacia Estados Unidos. Se toma como eje una localidad de Chiapas que se ha convertido en el centro de una región nodal de flujos, es decir, en el lugar deíctico desde el cual se sitúan los actores para explicar su estatus legal y sus posibilidades territoriales. Con base en el término pragmático de deixis,³ se propone entender a la localidad deíctica como el lugar desde el cual es posible situarse para marcar las coordenadas espaciales, mismo que desde el discurso de los actores permite identificar el nodo que entrelaza las diferentes rutas migratorias que confluyen en un mismo sitio. En el caso aquí abordado los actores usan 'irse' cuando se trata de destinos que no son en Guatemala; 'volver' cuando se regresa a Chiapas o Guatemala tras un período de migración; pero 'retornar' sólo se usa cuando se pretende volver definitivamente a Guatemala. Como distinción aquí se propone el uso de 'contrarretorno' para hacer referencia a quienes participaron del retorno organizado a Guatemala y, tras el desencantamiento en su país, volvieron a México.

La localidad deíctica que aquí interesa lleva por nombre La Gloria, ubicada en Trinitaria, Chiapas, y cuenta con aproximadamente 3 500 habitantes agrupados en 446 familias ^{(Jurado, 2007)}; éstas son de extracción mayoritaria kanjobal, minoría chuj y mam; en conjunto se asumen de forma general como migueleños, dado que, aún con la diversidad étnica que los caracteriza, la mayoría tiene raíces parentales en San Miguel Acatán, no se omite, sin embargo, el origen de algunos en Nentón y Jacaltenango. La Gloria se fundó en 1984 durante el período más tenso del refugio, como resultado de un segundo desplazamiento forzado al interior de México, tras el ataque al campamento "El Chupadero" cuando el ejército guatemalteco cruzó la frontera para masacrar a los refugiados. Treinta años más tarde, La Gloria es reconocida por las autoridades locales como la comunidad mejor posicionada y organizada de exrefugiados en el Estado.

Dado que la inmigración de la que hablo tiene origen en una coyuntura muy específica: la guerra en Guatemala, señalaré antecedentes generales y trataré de tejer a lo largo de la argumentación algunos datos contextuales de la historia del refugio en Chiapas que permitirán comprender mejor la situación actual.⁴

El refugio guatemalteco en México y la fundación de La Gloria: Algunos datos

Entre Chiapas y el poniente de Guatemala han existido siempre relaciones socioculturales -parentales, laborales y de intercambio comercial- que cuestionan la existencia de una frontera política y confirman la existencia de una dinámica regional de larga data (^{Cruz Burguete, 1989}; ^{Hernández Castillo, 2012}). En Guatemala, como resultado del colonialismo heredado de La Conquista se fomentó la acumulación de la tierra en pocas manos y el extremo parcelamiento para miles de familias, sistema que se sostuvo en una gran desigualdad económica. Para 1945, inicios de la Revolución de Octubre, 72 % de la tierra estaba en manos de 2% de los terratenientes, mientras que 250 mil campesinos indígenas padecían la extrema parcelación ^{(Cruz Estrada, 2006:40)}. La tierra destinada a la agricultura había sido distribuida en una relación complementaria entre latifundio (del colonizador) y minifundio (del indígena) que permitía la reproducción de la explotación indígena. El latiminifundio funcionaba porque una vez que el indígena cultivaba su tierra, que sólo daba para vivir, debía migrar al latifundio finquero de la costa sur en donde la producción en grandes cantidades hacía posible la exportación de productos agrícolas y el enriquecimiento del colonizador. En parte este sistema dinamizaba la migración guatemalteca hacia las fincas cafetaleras del Soconusco en Chiapas: una migración temporal, laboral y estacional.

Esta lógica se vio alterada en la década de 1980, superando por mucho la movilidad cotidiana transfronteriza de la región ^{(Hernández Castillo, 1992)}. Miles de guatemaltecos buscaban sobrevivir a los ataques de su ejército nacional. Uno de los objetivos de la violencia era acabar con la organización cooperativa de sectores marginales y de extracción indígena, quienes inconformes con la situación agraria habían iniciado formas de organización productiva autónoma y cuestionaban las políticas hegemónicas nacionales y a los gobiernos generados tras la Contrarrevolución de 1954. Pero el argumento más fuerte para atacar a las poblaciones asentadas, principalmente en Huehuetenango y en la zona del Ixcán, fue la sospecha de que formaban parte de las bases de apoyo de la guerrilla ^{(De Vos, 2002)}.

En 1980, previo al desplazamiento guatemalteco, el gobierno mexicano creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) destinada a mediar entre diferentes instancias relacionadas con la inmigración centroamericana de esos años. Ésta negoció, en su momento, distintos aspectos con los gobiernos federal y local, las asociaciones civiles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los propios refugiados y la población local receptora.

La represión por parte del ejército se ejecutó, entre otras formas, con la creación de aldeas estratégicas, la organización de las patrullas civiles y los operativos "tierra arrasada" ^{(Camey, 1992:353)}. Estas agresiones orillaron al desplazamiento de miles de guatemaltecos provenientes de Huehuetenango, Quiché y Petén hacia Chiapas ^{(Aguayo, Christensen y Varesse, 1987:29)}, construyendo asentamientos en Tziscao, Trinitaria, Frontera Comalapa, Las Margaritas y Ocosingo ^{(Hernández Castillo, 1992:94)}. La fuerte migración registrada durante la década de 1980 generó, para 1992, un total de 123 campamentos ^{(Santistevan, 1992:29)}.

El refugio guatemalteco suponía un reto para México. La ayuda humanitaria internacional se hizo presente, pero las acciones no pudieron solventar las necesidades básicas de los refugiados. El cerco impuesto por el ejército mexicano intentaba evitar la salida de los campamentos, pero los refugiados encontraron formas de burlar la seguridad y se desplazaron en busca de trabajo a nuevos lugares. Algunos testimonios actuales dan cuenta de la movilidad hacia el Soconusco, Tabasco, el Distrito Federal, Tijuana y otras ciudades intermedias, en donde se colocaron como trabajadores agrícolas y de la construcción. Según ^{Hernández Castillo (1992)}, en este contexto fue donde la identidad nacional mexicana comenzó a cobrar importancia en la frontera sur, pues los indígenas mexicanos deseaban distinguirse de los guatemaltecos, lo que les permitía resguardar sus derechos ciudadanos frente a los inmigrantes.

La Gloria se fundó en 1984, tras el ataque a El Chupadero, provocando un nuevo desplazamiento hacia una localidad llamada Las Delicias. Dicha población se reubicaría después donde hoy es La Gloria. El terreno lograría adquirirse legalmente hasta 2001 a través de la intermediación de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Se compraron 72 hectáreas en propiedad privada, gestionada como ampliación ejidal a la localidad Rudolfo Figueroa ^{(Ruiz, 2013)}.

La Gloria se formó por personas cuya identidad grupal se construyó en torno a la trayectoria común del refugio en Chiapas, fortalecida ésta con dos decisiones coyunturales, pero fundamentales: la oposición a que su campamento fuera reubicado en Campeche o Quintana Roo, tras los ataques en El Chupadero,⁵ y posteriormente negándose retornar a Guatemala (^{Kauffer, 1998}; ^{Ruiz, 2013}). La trayectoria común durante el refugio y la persistencia a permanecer juntos los condujo además a tomar decisiones contundentes, es decir, romper los vínculos que se mantenían con la guerrilla y negarse a retornar a Guatemala. A partir de esas dos negativas se endurecieron las medidas que limitaban la movilidad regional y se impuso un cerco militar (^{Kauffer, 1998:294}). Algunas familias, sin embargo, se repatriaron al país de origen por decisión propia; una vez cruzada la frontera, éstos fueron enviados por el ejército guatemalteco a vivir en los llamados Polos de Desarrollo bajo vigilancia de las Patrullas de Autodefensa Civil y fueron obligados a firmar una Amnistía como aval de su "ruptura con la guerrilla" ^{(Cruz Estrada, 2006)}. El "retorno organizado" inició en 1992 con base en los Acuerdos del 8 de Octubre del mismo año.⁶ "El más publicitado se ejecutó en 1993, pero en 1995 ocurrió el grueso de los regresos" ^{(Camus, 2012:52)}.

En La Gloria se presentaron fracturas importantes por posicionamientos opuestos respecto al tema. Los que optaron por el retorno acusaron a los otros de "traidores", lo que causó rupturas familiares en esta coyuntura. El sector que decidió permanecer en México se arraigó al territorio y decidió esperar a entablar una relación mejor posicionada con el gobierno mexicano. Los Acuerdos de Octubre no se cumplieron: parte de las tierras eran de mala calidad; el gobierno propició intrigas con la población asentada en los sitios de recepción y hubo episodios de violencia. En este contexto algunas familias de La Gloria contrarretornaron a Chiapas, pero no todos fueron aceptados, sólo aquellos que tenían parientes cercanos. Quienes no pudieron reubicarse tras el contra-retorno en La Gloria se incorporaron a otros asentamientos de la región como Nueva Libertad y Ojo de Agua ^{(Ruiz, 2013)}.

Posterior al retorno, México inició un proceso de naturalización para regularizar la permanencia de esta población en el país y así lograr planificar mejor su integración. Esto respondió al interés de finiquitar la etapa del refugio e incluir a los guatemaltecos en el sistema jurídico nacional, evitando así una normatividad y políticas diferenciadas.

Construcción del estatus ciudadano diferenciado

En el primer lustro de 1980, debido a la ausencia en México de una figura jurídica que hiciera referencia al estatus de refugiado, unos 40 mil guatemaltecos recibieron un documento migratorio llamado FM-8, el cual los identificó como migrantes temporales, trabajadores transitorios o visitantes fronterizos. La reforma a la Ley General de Población de 1990 sería el instrumento jurídico que normaría por primera vez la condición de refugiado con el objetivo de "proteger su vida, seguridad o libertad cuando haya sido amenazado por violencia generalizada, agresión extranjera, los conflictos internos, la violencia masiva de los derechos humanos, y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de origen, que lo haya obligado a huir a otro país" ^{(Hernández y Freyermuth, 1991:32)}.⁷

Con la nueva ley, los refugiados se encontraban bajo el respaldo de derechos derivados de acuerdos internacionales, algunos de ellos ni siquiera ratificados por México, pero que sirvieron de base para la Ley General de Población de 1990: la Convención de Ginebra de 1951, el Protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena en 1984. Con base en estos acuerdos se concretó en un convenio que buscaba cubrir las resoluciones tomadas en 1982 por México y el ACNUR, en ellas México se comprometió a que los refugiados gozarían del reconocimiento de sus derechos humanos más importantes, como educación, trabajo, asociación, libre circulación, expresión de pensamiento, y de poseer sus documentos de identidad y de viaje ^{(Senado de la República, 2013)}. Sin embargo, en la realidad algunos derechos importantes se restringieron, tales como el permiso para trabajar, viajar por el territorio libremente y mudarse de residencia. Varios testimonios actuales afirman que el ejército mexicano montó un cerco alrededor de los campamentos que impedía salir del área. No obstante varios guatemaltecos lograron burlarlo y migrar hacia Estados Unidos en busca de trabajo y de satisfacer las necesidades familiares. Esto acarreó que muchos de ellos perdieran sus derechos en México. La ley establecía que si el refugiado se ausentaba del país perdería todo derecho de regresar con esa calidad migratoria.

El estatus de refugiado se comprobaba con el documento Fórmula Migratoria para Refugiados (FMR8) con validez de un año. Dado que la renovación se hacía previa supervisión individual, caso por caso, actualizarlo se convirtió en un problema que impidió que el grueso de esta población mantuviera vigente el permiso durante todo el período de refugio ^{(ACNUR, 1989:483)}, aún así la posesión de esta documentación, vigente o vencida, permitió en su momento tramitar la obtención de la nacionalidad mexicana por naturalización. El proceso de integración de los guatemaltecos se realizó por etapas: inició en 1996 después de que un gran número de refugiados retornaron a su país con la firma de los Acuerdos de Paz. La primera etapa se inauguró con el Programa de Estabilización Migratoria en la que expidieron dos tipos de documentos: el FM2 con la palabra "asimilado" y el FM3 con permiso de "inmigrante visitante". Con ambos se permitía circular libremente por México y buscar trabajo. Pero el FM2 representaba una posibilidad más cercana de establecerse en México de manera permanente ^{(Kauffer, 2002:371)}. Kauffer menciona que esta etapa tuvo larga espera y sólo unos pocos obtuvieron la documentación en el año en que el programa inició.

Verónica Ruiz señala que en 2003 se retiró el ACNUR de la región y en 2005 culminó la última etapa de entrega de cartas de naturalización. En este evento, presenciado por la autora, las personas de mayor edad recibieron su documentación sin problemas, mientras que los hombres de edad mediana, muchos de los cuales habían salido de los campamentos en busca de trabajo, no recibieron los documentos necesarios para permanecer legalmente en México ^{(Ruiz, 2013)}.

Cabe señalar que los retornados tuvieron que entregar sus cartillas de refugio antes de volver a Guatemala, quienes después regresaron a México, debido a las malas condiciones que encontraron allá, contrarretornaron a Chiapas con menos ventajas que antes: perdieron sus derechos como refugiados, legitimidad política en sus comunidades y no pudieron gestionar la naturalización mexicana.

Además de la obtención de la nacionalidad por naturalización, en La Gloria la mayor parte de la población menor de 30 años tiene la nacionalidad mexicana por nacimiento, no así los hijos de quienes retornaron a Guatemala: procrearon allá y después contrarretornaron a México con hijos de nacionalidad guatemalteca. Por otro lado, quienes volvieron de Estados Unidos se encuentran viviendo en La Gloria con diferentes estatus ciudadanos: algunos que no consiguieron la naturalización mexicana cuentan con acta de nacimiento guatemalteca y la residencia estadounidense; otros tienen doble residencia en Estados Unidos y México, pero siguen conservando la nacionalidad guatemalteca; algunos sólo poseen el acta de nacimiento de Guatemala. Pocos casos, aunque los hay, no cuentan con ningún documento, así que han pasado por migrantes indocumentados en México, en Guatemala y en el país del norte.

Cabe mencionar que, aun con estas diferencias, los "guatemalteco-mexicano-estadounidenses" han buscado la manera de consolidar su permanencia en México. Han construido su patrimonio familiar en Chiapas, recreando una identidad compartida como exrefugiados y actualizando las festividades rituales de San Miguel Acatán con la incorporación de honores a la bandera mexicana y la adopción del culto guadalupano. En las generaciones más jóvenes se muestra una identidad marcadamente mexicana y con cada vez menos identificación con la nacionalidad guatemalteca, pero sí con la cultura migueleña (de San Miguel Acatán). En ese sentido la denominación de "guatemalteco-mexicano-estadounidense" no tiene que ver con una identidad híbrida trinacional sino con las posibilidades que se abren a diferentes miembros de una misma familia de servirse de la diferencia en el estatus. Es posible escuchar: "ese niño es gringo", en el entendido de que nació en Estados Unidos y puede ir sin problemas, no alude a una identidad cultural con el país del norte.

La Gloria, en tanto localidad deíctica, ha cobrado importancia en la construcción de la identidad de los exrefugiados, tanto de quienes alguna vez la habitaron y ahora residen en Estados Unidos, como de quienes han hecho de ella su lugar principal de residencia. La Gloria es el eje de la movilidad de ciertos flujos migratorios, algunos que aún provienen de Guatemala con destino a Estados Unidos o a otros lugres en el territorio mexicano.

Dos casos de familias con estatus ciudadano diferenciado en La Gloria

El ECD es resultado de flujos migratorios previos y posteriores al refugio, pero es visto por las autoridades migratorias mexicanas como consecuencia de decisiones personales, cuando en realidad es producto de la inestabilidad económica, política y jurídica en que se han visto contextualizados los exrefugiados en las tres naciones implicadas. Los casos abajo expuestos tratan de mostrarlo desde la narración de dos historias familiares.

La familia de Pedro Diego

Pedro Diego trabaja como chofer de su propia camioneta en la que conduce pasajeros de La Gloria a La Mesilla, zona comercial libre en la frontera México-Guatemala, ubicada a 50 km de la cabecera municipal de La Trinitaria y lugar estratégico de la economía regional. Los guatemaltecos compran del lado mexicano gasolina, bebidas gaseosas, maíz, frituras y ropa. Los mexicanos compran del lado guatemalteco telas, textiles, ingredientes culinarios, crédito del celular y tecnología. Hasta hace dos años compartía vivienda en el mismo lote con sus cuñadas, pero ahora ya tiene su propia casa. Sus hijos le enviaron dinero de Estados Unidos para comprar la camioneta y la vivienda, convencidos de que no volvería a reunirse con ellos en Los Ángeles.

Pedro nació en Chacá en 1960, hijo de campesinos kanjobales que migraban temporalmente para trabajar en las fincas cafetaleras, ubicadas en la costa sur guatemalteca. Cuando tenía dieciséis años se juntó con Petra, de catorce, hija de campesinos también del mismo pueblo, con ella tuvo dos hijos en Guatemala, José y Mario. Cuando descubrió que el fruto de la tierra y el dinero no le alcanzarían para mantener a su familia decidió irse con su mujer a Estados Unidos en 1979. Petra intentó encargar a sus hijos con Lidia, su madre, en lo que volvía del norte. Lidia no aceptó, tenía que hacerse cargo de sus otras tres hijas, María, Yuli y Joaquina. Así que Pedro y Petra llegaron a Tijuana con la familia nuclear completa e ingresaron a Estados Unidos en 1980. Originalmente sólo trabajaba Pedro en los campos de cultivo en California, después Petra se integró al trabajo. Al principio no pudieron juntar dinero porque tuvieron otros cuatro hijos y todos los ingresos los invertían en la manutención de la familia. Estos otros hijos, Juan, Roberto, Cintia y Angélica, gozaron de la nacionalidad estadounidense por nacimiento, así que tenían acceso a educación, salud y subsidio; no así los primeros hijos nacidos en Guatemala.

Cuando las cosas tomaban cierta estabilidad, las condiciones de sobrevivencia se agravaron para la familia: Pedro fue acusado de violación en prejuicio de la esposa del administrador de uno de los campos de cultivo y fue remitido a la cárcel ocho años; con ese pretexto no recibió el salario de meses de trabajo y Petra debió abandonar el rancho en que vivían, propiedad del patrón. Esto significó una mayor carga de responsabilidades, como trabajar para mantener ella sola a sus hijos y dar seguimiento al caso del esposo.

Era 1988, la familia de Petra llegó a Los Ángeles y fue en su búsqueda. Su madre y hermanas llegaban de Chiapas, habían sobrevivido a la violencia en Guatemala, al ataque en El Chupadero y participado en la fundación de La Gloria; por falta de ingresos en la región tuvieron que migrar a Estados Unidos. Se instaló toda la familia en una sola vivienda. Petra y su madre trabajaron varios años en las fábricas de ropa de la ciudad en donde cobraban por pieza confeccionada; con ello juntaron lo suficiente para comprar un terreno en La Gloria.

Pedro cumplió la condena en 1997 y fue deportado a México. Esto coincidió con el retorno de su suegra y sus dos cuñadas menores a La Gloria, a quienes se les unió en la frontera. Llegaron a tiempo para solicitar la nacionalidad mexicana por naturalización y conformaron una unidad doméstica con solar común y gasto de manutención compartido. Petra no volvió pronto a México, consiguió años más tarde la residencia estadounidense, al igual que sus dos hijos guatemaltecos, quienes ahora viven en Tenesse. Pedro no intentó ir de nuevo a Estados Unidos. Su mujer divide el año en estancias cuatrimestrales, turnando su permanencia entre Los Ángeles y La Gloria; ingresa a México en calidad de turista guatemalteca, proveniente de Estados Unidos. Alguna vez Pedro le propuso renunciar a la residencia estadounidense y quedarse a vivir con él en La Gloria, pero los hijos se opusieron: si él moría era muy probable que Petra se quedara en México sin poder ingresar de nuevo a Estados Unidos. Actualmente la pareja ha adquirido una casa en La Gloria. Cuando llega el momento en que Petra debe ir de nuevo al norte, Pedro la acompaña en autobús desde Comitán hasta Tijuana, ahí los hijos la recogen. Él se desvía a Ensenada, Baja California, donde se encuentra una pequeña comunidad de exrefugiados guatemaltecos que también partieron de La Gloria, ahí trabaja en el campo durante la temporada de pizca de uva.

De los seis hijos que tuvieron, sólo José, el mayor, regresa continuamente a la localidad. Fue a La Gloria a buscar esposa y se casó con una chica acatecomexicana del lugar.⁸ Recién casados, ella migró a Estados Unidos, pero en una visita que hizo a su madre en Chiapas ya no pudo volver a Los Ángeles, se quedó en La Gloria. Ahora cría a los dos hijos mexicanos que tuvo con José, quien la visita algunos meses al año.

Aunque Pedro tiene vínculos fuertes en La Gloria esperaría que su esposa se quedara con él todo el tiempo, pero ha tenido que conformarse con la visita cuatrimestral, con la corta estancia anual de su hijo José, con la presencia de la nuera, de los nietos y la compañía de sus parientes lejanos que viven en la misma localidad (Pedro, La Gloria, febrero de 2014; Petra, La Gloria, febrero de 2014; Clara, La Gloria, septiembre de 2012; enero-marzo de 2013; febrero de 2014).

Con base en lo descrito en el esquema de parentesco transnacional de la familia de Pedro Diego (Figura 1), el estatus ciudadano diferenciado se muestra complejo, sobre todo si se toma en cuenta el lugar de residencia.

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos registrados en trabajo de campo en la comunidad La Gloria, Trintiaria, entre 2012 y 2014

Figura 1 Familia extensa de Pedro Diego 

La familia nuclear de Eustolia Domingo

Eustolia es una mujer de aproximadamente 39 años. Es originaria de Nentón, Guatemala. Recuerda como parte de su infancia los campamentos de refugio en Las Delicias y en El Chupadero, el ataque del ejército guatemalteco y cómo tuvieron que desplazarse más lejos de la línea fronteriza para protegerse. Creció con sus padres y sus once hermanos en La Gloria en una pequeña casa hecha de plástico y láminas donadas por el ACNUR. Dice que esa época fue difícil porque no tenían la certeza de permanecer en México. Sembraban maíz en el mismo terreno en que pernoctaban y tenían que levantarse antes del amanecer para acarrear agua. Vivían con el miedo de tener que dejar el lugar y verse obligados a regresar a Guatemala. Por ello al principio sus padres no tenían la confianza de construir una casa con material caro. A los 16 años se juntó con Jorge, un joven también de La Gloria. No se casaron porque ninguno de los dos tenía acta de nacimiento. Procrearon un hijo varón, Daniel, quien nació en La Gloria con ayuda de un partero comunitario capacitado por una organización no gubernamental. Cuando vieron que sería insuficiente el salario que Jorge obtenía trabajando en los ranchos aledaños, decidieron migrar a Estados Unidos y dejar a Daniel encargado con la abuela materna. Se fueron juntos cruzando por Nogales. Eustolia dice que entonces la migración era menos complicada y asegura que no caminaron más de 10 minutos en la frontera para cruzar el límite. Trabajaron por ocho años en una fábrica de calcetines en Alabama con otros miembros de su familia. Comenta que allá vivían cerca de varias personas de La Gloria y que muchos siguen ahí. En esos años tuvieron un segundo hijo, Gerry, quien tiene la nacionalidad estadounidense por nacimiento. Eustolia también logró tramitar la residencia en aquel país. Su esposo no la consiguió. Lo deportaron en una redada saliendo de la fábrica en donde trabajaba, así que volvieron a México y él se fue a Guatemala, su lugar de origen, a tramitar su acta de nacimiento. Eustolia asegura que regresó a La Gloria sólo por Daniel, pero el niño y ella se distanciaron; con el tiempo se han ido acostumbrado el uno al otro nuevamente, y ahora la pareja ha tenido un tercer hijo mexicano.

Cuando Eustolia y Jorge se fueron a Estados Unidos sólo tenían el carné del refugio, pero volvieron a Chiapas en condiciones que les marcarían diferencias ciudadanas distintas: ella con la residencia estadounidense y él sin ningún documento oficial del nacimiento. En México estuvieron varios años sin papeles de estancia legal, hasta que obtuvieron el FM3 por cuenta propia, pues la etapa de naturalización había pasado cuando regresaron de Alabama. Conocedora de los problemas que enfrenta alguien que carece de papeles de registro, Eustolia ha tramitado a su hijo estadounidense un acta de nacimiento mexicana para que pueda estar en ambos países sin problemas. Eustolia sueña con volver a Estados Unidos, pero con dos hijos mexicanos y un esposo que únicamente tiene documentación guatemaltecomexicana ve muy complicado realizar ese proyecto. Por lo pronto espera presentar solicitud en la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener la nacionalidad mexicana por naturalización, al menos para asegurar su residencia permanente en Chiapas y ampliar su movilidad por territorio mexicano (Roque, La Gloria, enero-marzo de 2013; febrero de 2014; Eustolia, febrero de 2014; Doña Ifigenia, enero-marzo de 2013; febrero de 2014).

Siguiendo la historia de la familia Domingo, el esquema de parentesco aquí trazado permite observar la diversidad en el estatus ciudadano diferenciado al interior de una familia nuclear (Figura 2):

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos registrados en trabajo de campo en la comunidad La Gloria, Trintiaria, entre 2012 y 2014

Figura 2 Familia nuclear de Eustolia Domingo 

Los dos casos expuestos permiten conocer la movilidad territorial de estas familias y cómo se construyó el ECD al interior de ellas, así como la situación en que actualmente se encuentran. Sintéticamente, en casos similares a los anteriores, el ecd en las familias de La Gloria puede explicarse de acuerdo con lo expuesto en el Cuadro 1.

Fuente: Elaboración propia, con base en información del portal web oficial de la ^{Comar (2011)} y el del ^{INM (2010)}.

Cuadro 1 Estatus ciudadano diferenciado 

Las consecuencias que produce el ECD al interior de las familias y para la comunidad son más evidentes con relación a la participación ciudadana en el campo político y en la construcción de la multiterritorialidad. Respecto a la participación política, por ejemplo, en La Gloria se toman varias decisiones en las asambleas comunitarias, pero es evidente que éstas tienen continuidad para el gobierno municipal si son refrendadas por quienes tienen documentación legal en México y cuentan con credencial del Instituto Nacional Electoral (identificación para votar), ya que todos los proyectos productivos y programas de subsidio están dirigidos a los mexicanos. No sobra decir, además, que los naturalizados mexicanos se han convertido también en botín para los partidos políticos, éstos se acercan a la localidad sólo en períodos electorales y se comprometen con sus demandas en tanto logran posicionarse en las curules.⁹

Al interior de las familias se observan otras consecuencias. Es común encontrar familias que se esfuerzan por mantener vínculos transnacionales, pero también se observa que la imposibilidad de los padres para transitar legalmente entre México y Estados Unidos contribuye al abandono de los hijos: decenas de ellos viven en La Gloria bajo el cuidado de parientes cercanos. La desintegración familiar se presenta de manera paulatina y en algunos casos los canales de comunicación se pierden indefinidamente. En la escuela secundaria de la localidad los maestros atribuyen el incremento de la violencia entre los adolescentes a la ausencia de sus padres: "sólo cumplen con mandar dinero y a veces ni eso".

Por otra parte, Eustolia señaló, a nivel de las emociones, la frustración que provoca el no poder concretar un proyecto migratorio familiar hacia Estados Unidos y que beneficie a todos sus miembros por igual. Sin embargo, una estrategia, usada por algunas personas que tienen hijos nacidos en Estados Unidos es tramitarles acta mexicana para que gocen del apoyo de los programas de subsidio. Cuando los progenitores no tienen documentos mexicanos se registra a los niños en Guatemala, anticipándose así a su posible deportación hacia el país centroamericano.

Lo complejo de la interferencia de la normatividad estatal en la vida de las personas es que en contextos de movilidad transnacional se han conformado familias transnacionales aun cuando viven en la misma localidad.

La multiterritorialidad vista desde la localidad deíctica

Otro aspecto en la construcción del ECD es el modo en que éste impacta la construcción de la multiterritorialidad; cómo incide dicho estatus en la percepción del margen de espacialidad en cada persona y en las posibilidades de construir grupalmente múltiples territorialidades. La relación es digna de análisis y cuestionable, ya que un número importante de migrantes no cuenta con la documentación migratoria necesaria y aun así se desplaza a nuevos lugares. No obstante, tal como como se muestra en el caso de La Gloria, el ECD ha comenzado a adquirir importancia en la toma de decisiones respecto a la movilidad territorial.¹⁰

El uso del territorio conlleva múltiples posibilidades. En la discusión ^{Fernandes (2008)} invita a realizar un análisis multiescala (local, regional, nacional) y multidimensional (político, económico, ideológico, etcétera), lo que permitiría conocer la movilidad social en un "tercer territorio". Sin embargo, la potencia de su propuesta no logra despegarse del trinomio desterritorialización/territorialización/ reterritorialización (^{Fernades, 2005}) que acompañó los estudios migratorios por varios años (^{García Canclini, 1990}; ^{Montañez y Delgado, 1998}). La crítica que enriqueció Gilberto ^{Giménez (1999)} acerca de los límites de esta perspectiva se vio concretada en el concepto de multiterritorialidad de Rogério ^{Haesbaert (2011)}, con él se busca explicar por qué la desterritorialización y la reterritorialización no son fenómenos que sucedan de manera simultánea, necesariamente, tal como se señaló en estudios previos. Los territorios en la actualidad son más complejos: la movilidad social, cada vez más acelerada, es rizomática y produce múltiples territorialidades en lugar de espacios desterritorializados. Las muliterritorialidades pueden ser vistas así como lugares en red, integrados también por espacios discontinuos y no jerárquicos que incluyen al supuesto espacio desterritorializado: "La multierritorialidad es la posibilidad de tener la experiencia simultánea y/o sucesiva de diferentes territorios, reconstruyendo constantemente el propio" ^{(Haesbaert, 2013:34)}.

Desde esta perspectiva es posible señalar que los desplazamientos forzados, generados durante la guerra en Guatemala, aceleraron procesos de construcción multiterritorial. Las primeras etapas migratorias produjeron, en efecto, un proceso de desterritorialización; pero las repatriaciones, el retorno organizado, el traslado a Campeche y Quintana Roo, la migración a Estados Unidos y el regreso a México produjeron procesos de reterritorialización y nuevas territorializaciones: un fenómeno de "explosión" de los territorios y la producción de la multiterritorialidad ^{(Haesbaert, 2011:279)}. Esta dinámica de movilidad y de multiterritorialidad condujo a la construcción del ECD. Pero el tema no queda ahí: visto desde la localidad deíctica, colocada analíticamente en cualquier nodo de la retícula rizomática, las posibilidades de movilidad en la red se constriñen en muchos casos al margen de espacialidad que permite el estatus ciudadano.

El margen de espacialidad se entiende como las posibilidades de expansión espacial que un grupo o un individuo posee como resultado del domino sobre el espacio ^{(Lerma, 2013)}. Es el caso del dominio de las rutas migratorias y de las posibilidades de territorializar nuevos espacios. Para los habitantes de La Gloria, sin embargo, aunque la red migratoria ha demostrado sus posibilidades multiterritoriales, el flujo no es fácil para todos los miembros de la localidad, debido a su estatus ciudadano. Como se observa en el caso de la familia de Eustolia, sólo ella y uno de sus hijos tienen mayor margen de espacialidad al contar con la residencia y la nacionalidad estadounidense, respectivamente. El ecd en los miembros de su familia, donde los otros dos hijos son mexicanos y el esposo guatemalteco, limitan el margen de espacialidad de toda la familia, empeñada en mantenerse unida. Las restricciones en el margen de espacialidad de algunos integrantes del núcleo familiar restringen así las posibilidades del resto y propician la construcción de una territorialidad local y hacia Guatemala. En el caso de Pedro se observa algo similar, su estatus ciudadano mexicano, sin documentación estadounidense, lo distingue de su familia, la cual sí cuenta con visado de aquel país. Esto provoca que actualmente construya una movilidad territorial restringida al territorio mexicano: cuando está en el bordo de Tijuana en lugar de cruzar a Estados Unidos se desvía a Ensenada. A diferencia de él, sus hijos y esposa, circulan por la red en múltiples territorios.

Aunque gran parte de la migración nacional e internacional se lleva a cabo de manera indocumentada, la multiterritorialidad, vista por los habitantes de La Gloria, es diferenciada y se construye en algunas familias, preferentemente, hacia ciertos lugares, dependiendo de lo ventajoso que resulte para sus miembros.

Conclusiones

En los casos aquí analizados ha sido importante tomar las decisiones con base en el ECD que tienen sus integrantes. Por ejemplo, las personas que no cuentan con documentación mexicana procuran mantener actualizados sus vínculos con Guatemala, algunos informantes temen ser deportados a su país de origen, así que buscan fortalecer sus lazos parentales en sus pueblos natales por si llegaran a ser deportados. En cambio, en las generaciones más jóvenes, mexicanos por nacimiento, el interés por ir a Guatemala se va desvaneciendo. Aprovechan su margen de espacialidad en México, migrando por temporadas a las zonas turísticas de la Rivera Maya, principalmente a Cancún y Playa del Carmen. En algunos casos los ingresos obtenidos en las zonas hoteleras se invierten en su desarrollo personal en otros destinos: Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Tabasco, en escuelas de educación superior.

De este modo encontramos la construcción de múltiples territorialidades, forjadas en distintas etapas por diferentes generaciones y con distintos intereses. Así, la territorialidad México-Guatemala, más consistente en la primera generación de refugiados en Chipas, contrasta con la de sus nietos, quienes actualmente construyen sus trayectorias migratorias al interior de México. Estos jóvenes también se separan de la generación intermedia, la de sus padres, quienes buscaron territorializarse en Estados Unidos. El endurecimiento de la frontera norte ha convencido a los y las jóvenes de La Gloria de optar por la migración interna en lugar de la migración a Estados Unidos.

Como se muestra, las variaciones al interior de la familia no sólo se producen por el ECD, también por las posibilidades migratorias que éste permite. Así mismo, producto de estas diferencias, la multierritorialidad de los migueleñosde La Gloria, también es diferenciada.

En los últimos años se ha tendido a señalar que los transterritorios -conjunto de territorios nacionales entendidos como espacio de gobernanza- son producto del debilitamiento del Estado nación. Pero, ¿se puede hablar de un debilitamiento del Estado cuando el sistema jurídico produce diferencias en el estatus ciudadano al interior de las familias? Es decir, las familias trasnacionales no requieren estar separadas por fronteras internacionales para padecer la intervención diferenciada de las normas estatales y de los derechos ciudadanos, éstas pueden experimentarse conviviendo en la misma localidad. Según mi apuesta, las familias transnacionales son aquellas cuyos miembros tienen estatus ciudadano diferenciado, estén separados por fronteras internacionales o estén en un mismo sitio, y que se caracterizan también porque sus posibilidades de movilidad al interior de los territorios nacionales y a través de redes transfronterizas son diferenciadas. Así mismo, estas posibilidades se calculan desde el lugar que se ha elegido para vivir, la localidad deíctica y no desde el lugar de origen; la localidad deíctica es también el lugar desde el cual se concibe el estatus ciudadano.

Falta hacer estudios más puntuales y comparativos acerca de este fenómeno en otros lugares para conocer en qué medida las ideas aquí propuestas sirven de hipótesis en casos similares. En ese sentido, este artículo busca añadir elementos para seguir discutiendo si existe relación entre el ECD y la construcción de las multiterritorialidades.