Artículos

 

Entramados de clase y nacionalidad: Capital social e incorporación política de migrantes bolivianos en Buenos Aires

 

Class and Nationality Networks: Social Capital and Political Incorporation of Bolivian Migrants in Buenos Aires

 

Guillermo Cantor

 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina/Universidad Nacional de Rosario. Dirección electrónica: guillermocantor@gmail.com.|

 

Fecha de recepción: 14 de enero de 2011.
Fecha de aceptación: 9 de junio de 2011.

 

Resumen

El artículo examina la formación de un capital social y sus implicaciones políticas dentro de la colectividad de residentes bolivianos en Buenos Aires. A través del análisis de periódicos y entrevistas a profundidad con informantes clave, se identificaron dos entramados organizativos con perfiles diferenciados: uno basado en el discurso de solidaridad de clase y orientado a la unión de trabajadores inmigrantes, y el otro sustentado en un discurso de solidaridad nacional o étnica, que promueve la unidad de la comunidad boliviana en función de los lazos de fraternidad connacional. Estos dos entramados han coexistido en tensión, propiciando patrones de incorporación política diferentes en la colectividad: mientras en el primer caso el tipo de inclusión es más activo, horizontal y abierto, en el segundo, el tipo de incorporación política tiende a ser reactivo, vertical y cerrado.

Palabras clave: organizaciones de inmigrantes, inmigrantes bolivianos, capital social, industria de la confección, Buenos Aires.

 

Abstract

The article examines the formation of social capital and its political implications within the Bolivian community in Buenos Aires. Through the analysis of news stories and in-depth interviews with key informants, the article identifies two organizational networks. The first one is based on the discourse of class solidarity and is aimed at the union of the immigrant workers. The second one is centered on the discourse of national/ethnical solidarity and promotes the unification of the Bolivian community through nationality-based fraternity ties. These networks have coexisted in tension, leading to distinct patterns of political incorporation within the community. Whereas in the first case, the type of inclusion is more proactive, horizontal and open, in the second, the type of political incorporation tends to be reactive, vertical and closed.

Keywords: immigrant organizations, Bolivian immigrants, social capital, garment industry, Buenos Aires.

 

Introducción

Los inmigrantes contemporáneos en Argentina están generando dinámicas sociopolíticas novedosas. Sus acciones en la esfera pública, mediadas por diferentes entramados organizativos, han ido ganando mayor presencia en los últimos años. El propósito del presente artículo es contribuir a una reconstrucción de la historia política reciente de la colectividad de bolivianos residentes en Argentina, cuyo número la ubica como la segunda población inmigrante en importancia, detrás de la paraguaya.¹

Con base en un enfoque que entiende la dimensión política en sentido amplio –es decir, no limitada a la participación en las instituciones democráticas formales–, este trabajo examina la formación de un capital político en la colectividad de residentes bolivianos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello se analizan hitos recientes en la historia política de dicha comunidad. En particular, el artículo toma como punto de entrada el incendio de un taller textil en el que trabajaban inmigrantes bolivianos en el barrio de Caballito el 30 de marzo de 2006 –conocido como el incendio de Luis Viale– y, a partir de allí, examina algunas experiencias organizativas que precedieron y sucedieron a dicho evento.

Para los bolivianos radicados en Buenos Aires, el suceso representó un punto de inflexión no sólo por el impacto emocional que causó en ellos, sino también por sus implicaciones en las políticas adoptadas por las autoridades gubernamentales. Inmediatamente después del incendio, diferentes sectores de la colectividad boliviana emergieron en el espacio público a través de manifestaciones en la calle y en los medios de comunicación. Si bien empleaban consignas diferentes, tales manifestaciones cristalizaron la irrupción en la esfera pública,² con mensajes concretos y claros, de una colectividad que tradicionalmente había estado conminada a la invisibilidad. Esta fuerte presencia pública, impulsada a partir del siniestro, puso a su vez de manifiesto la existencia de un capital político-organizacional preexistente entre los bolivianos residentes en Buenos Aires. De hecho, a lo largo de los últimos años se han ido desarrollando varias experiencias organizativas con el propósito de reivindicar determinados derechos frente a terceros. Sin embargo, lejos de constituir un capital político-organizacional acumulado en un sentido convergente, la colectividad boliviana ha dado lugar a la conformación de diferentes entramados con intereses, en muchos casos, contrapuestos.

En este artículo se indaga puntualmente sobre el rol de las organizaciones vinculadas a la comunidad boliviana como vehículos para la incorporación política de inmigrantes contemporáneos. En particular, se examinan los ejes discursivos y la configuración interna que distinguen dos entramados organizacionales diferenciados, que se tornan marcadamente visibles inmediatamente después del incendio de Caballito: uno basado en el lenguaje de solidaridad de clase, y el otro centrado en la semántica de los lazos de nacionalidad.³ Estos entramados⁴ dan lugar a dos tipos de capital social, que a su vez se vinculan con los patrones de incorporación política que caracterizan al grupo en cuestión. En esta relación se encuadra la hipótesis que guiará la argumentación central de este trabajo: los tipos de capital social a los que dan lugar estos entramados tienen un impacto directo en el tipo de incorporación política de la colectividad; mientras en el primer caso el tipo de inclusión es más activo, horizontal –tanto en los liderazgos como en cuanto a las posibilidades de forjar alianzas– y abierto, en el segundo, el tipo de incorporación política tiende a ser reactivo, vertical –tanto en el liderazgo como en la relación entre los líderes y las bases– y cerrado –en el sentido de reforzar la distinción étnica del grupo.

La evidencia empírica en la que se basa este trabajo está compuesta por artículos periodísticos publicados en los diarios Clarín, La Nación y Página 12, y entrevistas a profundidad realizadas con referentes de organizaciones comunitarias, trabajadores inmigrantes y funcionarios. También se analizaron folletos utilizados en la convocatoria a marchas, periódicos de la colectividad y material audiovisual publicado en Internet. Mediante el análisis de los artículos periodísticos fue posible reconstruir el proceso político disparado por el incendio de Luis Viale, identificar diferentes narrativas respecto de los problemas subyacentes al siniestro, y trazar un mapa preliminar de actores. Las entrevistas, por su parte, tuvieron como objeto reconstruir las experiencias organizativas previas y posteriores al incendio y sondear las perspectivas de diferentes líderes sociales y trabajadores inmigrantes sobre varios aspectos de la situación de los bolivianos en Buenos Aires.

Los artículos periodísticos fueron seleccionados mediante el uso de buscadores digitales de los respectivos diarios, utilizando las siguientes palabras clave como criterio de búsqueda: bolivianos, Bolivia, bolivianos migrantes, inmigrantes, incendio, Luis Viale. Se seleccionó información publicada entre el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2006.⁵ Una vez escogidos los artículos con alguna relevancia para el tema de estudio, éstos fueron fichados individualmente, ingresando una entrada para cada evento.⁶ En la reconstrucción de la secuencia histórica se procuró distinguir entre acontecimientos centrales y periféricos y se indagó sobre las conexiones entre éstos. En otras palabras, siguiendo el modelo propuesto por Griffin (1993), los eventos fueron sometidos simultáneamente a interrogación histórica e interpretación causal.

Así mismo, paralelamente a la reconstrucción descriptiva de los eventos que rodearon al incendio del taller textil, se identificaron actores que tuvieron un peso relevante y presencia pública en las postrimerías de la tragedia. En función de este mapeo inicial, fueron entrevistados, para este proyecto, 19 informantes clave; a saber: nueve trabajadores inmigrantes, seis líderes de organizaciones comunitarias y cuatro funcionarios (dos públicos y dos consulares). En las entrevistas, realizadas entre diciembre de 2009 y junio de 2010, se interrogó a los diferentes informantes sobre sus interpretaciones de lo que había representado el incendio, las experiencias de los inmigrantes en la industria textil en Argentina, las trayectorias asociativas de la colectividad boliviana, sus interacciones con funcionarios del gobierno, la realidad de la industria de la confección, las experiencias de colaboración con otras colectividades, la labor de la representación consular de Bolivia en Buenos Aires, y las tensiones y conflictos al interior de la colectividad. En conjunto, las entrevistas apuntaron a obtener y contrastar diferentes visiones sobre las experiencias de la colectividad boliviana en Buenos Aires –en particular, en lo que respecta a la industria de la confección–, así como llenar vacíos o seguir pistas que se detectaron a partir del análisis de la prensa escrita. A medida que se avanzó en la realización de las entrevistas, dentro de los testimonios recogidos se fueron advirtiendo patrones bastante claros en cuanto a tipos de organización prevalecientes dentro de la colectividad, sobre todo en la industria textil. Estos patrones, a su vez, fueron leídos a través de categorías teóricas desarrolladas por estudiosos del capital social. En otras palabras, el análisis de la evidencia se basó en un enfoque mixto, pues si bien la argumentación surgió de temas y categorías hallados en los mismos testimonios de los entrevistados, esta información fue sometida a la interpretación teórica.

El artículo se organiza en seis secciones: en la primera se presenta un breve estado del arte sobre las organizaciones de bolivianos en Argentina; en la segunda, se propone un esquema conceptual mediante el cual se analiza la vida política de los inmigrantes contemporáneos; a continuación se reconstruye sintéticamente el proceso político desarrollado alrededor del incendio textil en Caballito en el año 2006; en la cuarta se reconstruyen patrones organizativos con características distintivas, a partir de la intervención en una serie de acciones concretas; en la quinta se analizan las relaciones entre los tipos de capital social identificados y los patrones de incorporación política; finalmente se presentan algunas conclusiones.

 

Las organizaciones de inmigrantes bolivianos en Argentina: Qué se conoce

Durante los últimos años ha habido en el medio académico un creciente interés en documentar las experiencias organizativas de las colectividades de inmigrantes en Argentina y, en particular, en lo que respecta a la comunidad boliviana (Zalles, 2002; Caggiano, 2005; Pereyra, 2005; Gavazzo, 2007-2008, Pizarro, 2009a, 2009b). En las investigaciones sobre este tema se abordan tanto procesos de construcción del entramado organizativo como cuestiones identitarias. En particular, la literatura ha hecho hincapié en el rol de las organizaciones de inmigrantes en la puja por el reconocimiento de derechos y su papel en la movilización social (Pereyra, 2005; Gavazzo, 2007-2008); el activismo político de estas asociaciones y sus vínculos con las autoridades políticas locales y extranjeras (Pizarro, 2009a, 2009b); la relación de los grupos de inmigrantes con procesos identitarios que la colectividad ha experimentado (Canevaro y Gavazzo, 2009; Gavazzo, 2006; Sassone, 2007) y el discurso de los líderes de dichas organizaciones (Gavazzo, 2007-2008).

En conjunto, los trabajos que han abordado las características y evolución de las organizaciones de bolivianos en Argentina nos permiten reconstruir una historia, más o menos fragmentada, de la trayectoria de los bolivianos en Argentina y, en especial, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Para empezar, sabemos que las organizaciones de extranjeros son muy volátiles, por lo que un listado de ellas tenderá a estar siempre desactualizado e incompleto (Pereyra, 2005).

De acuerdo con Gavazzo (2007-2008), la primera organización de inmigrantes bolivianos de la que se tiene registro es la Asociación Boliviana de Buenos Aires, cuya creación data de 1933. Luego, durante las décadas de 1960 y 1970, dichas organizaciones se fueron multiplicando y podían agruparse en dos tipos; a saber: los movimientos villeros y las asociaciones culturales.

Desde los ochenta del siglo pasado ha habido intentos de crear una federación de asociaciones de inmigrantes bolivianos en Argentina (Pizarro, 2009a). Sin embargo, esa organización de segundo grado no logró plasmarse sino hasta mediados de los noventa. De hecho, tal vez uno de los hitos en la historia organizativa de la colectividad boliviana en Argentina haya sido la creación de la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas (Facbol) en 1995, como intento de generar una institución que aglutinara las organizaciones de bolivianos en el país. No obstante, poco después de su creación y como resultado de disputas internas, dicha federación se divide y da origen a la Federación Integrada de Entidades Bolivianas (Fidebol), que aparece como subproducto del primer Congreso Nacional de Líderes de la Comunidad Boliviana, efectuado en 1998, a cuya reunión inaugural asisten 180 representantes de 88 organizaciones (Zalles, 2002).

A lo largo de los años, los bolivianos residentes en Argentina han creado organizaciones con dispares niveles de formalidad, siendo, según Pizarro (2009a), las asociaciones civiles y las cooperativas las más institucionalizadas. De acuerdo con un diagnóstico realizado por la Organización Internacional para las Migraciones y el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, en el año 2004, el número de asociaciones de la colectividad boliviana en el país ascendía a 161 (Texidó, 2008). Cabe destacar que desde mediados de la década de 1990, la creación de dichas asociaciones registró una aceleración (Pizarro, 2009a). Esto tal vez se deba a una reacción de la comunidad ante un elevado clima de hostilidad y discriminación desatado desde diferentes esferas gubernamentales y en los medios de comunicación (Grimson, 2006).

Hoy día, más allá de la complejidad del paisaje organizacional de la colectividad boliviana, "cada comunidad reconoce quiénes son sus referentes o incluso los organismos que los convocan. Cada comunidad tiene alianzas, rivalidades, conflictos, historia. Cada una es un mundo" (Pereyra, 2005:65). En el ámbito local, en función del tipo de actividades que primordialmente desarrollan, las organizaciones de bolivianos cubren un amplio universo. Sus labores van desde la organización de actividades deportivas y la coordinación de aquéllas de índole económica –como es el caso de las cooperativas–,⁷ hasta la realización de tareas de tipo cultural, como la celebración de festividades. No es de menor importancia la ejecución explícita o implícita de tareas políticas, que suelen llevarse a cabo en un gran número de organizaciones.

Por un lado, ante recurrentes situaciones de discriminación que afectan parcial o genéricamente a la colectividad boliviana, las organizaciones de migrantes suelen actuar poniendo el tema en el tapete o movilizando a la población (Pereyra, 2005). Por otra parte, las organizaciones de inmigrantes juegan un papel de bisagra al conectar a la población a la que atienden con las autoridades políticas del país receptor o del emisor. En el primer caso, Gavazzo (2007-2008) advierte sobre la existencia de un establishment en la colectividad, entendiendo como tal aquellas asociaciones que mantienen vínculos más o menos estables con diversas agencias estatales. Pizarro (2009a), por su parte, presenta estudios de caso sobre cómo diferentes asociaciones de productores se vinculan con diversas autoridades locales y bolivianas, lo que da lugar a un espacio político binacional.

El hecho de que un creciente número de organizaciones se aboquen a trabajar en diferentes áreas no significa, obviamente, que los modos en que estas asociaciones se presentan en la esfera pública sean homogéneos. En otras palabras, hay divisiones internas históricas y otras nuevas que separan a la colectividad. Estos clivajes se originan en diferentes fuentes, tales como viejas reyertas personales, opciones ideológicas o diferencias culturales basadas en la región de procedencia en Bolivia. Este trabajo se enfoca en aquellos clivajes que se ponen en evidencia a partir del incendio del taller textil de Luis Viale en 2006. Para ello se presenta a continuación un esquema conceptual mediante el cual se analiza, en este artículo, la vida política de los inmigrantes contemporáneos.

 

La condición política de los inmigrantes no ciudadanos

Tanto desde ciertas lecturas del sentido común como en mensajes difundidos con frecuencia en los medios de comunicación, los grupos inmigrantes suelen ser considerados como outsiders o externos al sistema político (algo que en criollo se traduce en la expresión "los de afuera son de palo"). De hecho, se estima que un número importante de inmigrantes de países limítrofes no poseen los derechos ciudadanos mínimos que los habiliten como sujetos políticos de pleno derecho. Sin embargo –y con base en hallazgos de investigaciones previas sobre inmigrantes en Estados Unidos (Cantor, 2008b)–, si bien la membresía legal es importante para el involucramiento de los inmigrantes en el sistema político formal, existen una serie de grietas a través de las cuales un grupo inmigrante se constituye en político al margen de ese sistema formal. Dicho en otros términos, el hecho de que una parte de la población no posea el estatus legal para residir en el país no lo inhabilita para tener voz en la esfera pública. Si observamos en perspectiva histórica, en Argentina, los inmigrantes han tenido una impronta política muy importante en las diversas etapas de su desarrollo. Cabe recordar la prédica y la acción de inmigrantes italianos anarquistas a principios del siglo XX, la labor de las organizaciones de ayuda mutua creadas por diferentes colectividades europeas, y el impulso que las tradiciones de la organización gremial –traídas por inmigrantes que llegaron al país hace más de un siglo– tuvieron para el desarrollo del sindicalismo en Argentina. No menos importante es el tipo de aporte que los inmigrantes limítrofes contemporáneos han tenido para el tejido político del país.

Pero, ¿qué hace que la acción de un grupo cuyos integrantes operan mayormente desde los márgenes de las vías institucionales formales pueda definirse como estrictamente política? Para fines operativos, en este artículo se propone utilizar el concepto de politización como un producto de la acción o grupo de acciones que: 1) tienen lugar en un dominio público, el cual, si bien las incluye, no se limita a las instituciones del Estado; 2) acarrean la introducción de innovación en dicho dominio; y 3) generan consecuencias que afectan no sólo a aquellos involucrados en la situación en cuestión sino también a terceros.⁸ Como punto de entrada, para observar la politización del grupo que se analiza en este trabajo se propone además examinar episodios políticos particulares, es decir, series de eventos reconocidos como excepcionales porque producen transformaciones en las estructuras (Sewell, 1996). Estos episodios, dado que son momentos extraordinarios, ameritan examinarse porque: 1) presentan oportunidades para que el grupo en cuestión pueda convertirse en actor; 2) provocan modificaciones en las relaciones sociales, y 3) tienen efectos inesperados en el proceso político. Los episodios políticos importantes plantean una ruptura respecto de lo ordinario y, por ende, constituyen el lugar por excelencia para examinar la política entendida como el comienzo de algo nuevo y diferente en la esfera pública.

Dada la perspectiva analítica adoptada en este trabajo, pondremos una especial atención en el conjunto de organizaciones que las colectividades de inmigrantes crean y/o utilizan para responder a necesidades específicas del grupo, o bien para elevar su voz en la esfera pública, pues prestar atención a este capital organizacional de la colectividad inmigrante es, a su vez, un requisito sine qua non para comprender los distintos tipos de capital social de que dispone la comunidad –es decir, las normas, prácticas y relaciones interpersonales que regulan las relaciones entre los miembros del grupo (Durston, 1999)–. En la literatura comparada, numerosos trabajos sobre inmigración han prestado un interés particular a las redes de relaciones sociales y al capital organizacional comunitario como agentes facilitadores en la incorporación de minorías en una sociedad receptora (Abraham, 1995; Bloemraad, 2005; Cantor, 2008a; Cordero-Guzmán, 2005; García y de la Garza, 1985; Koldewyn, 1992; Schrover y Vermeulen, 2005; Truelove, 2000; Hula y Jackson-Elmoore, 2001, entre otros).

En este artículo existe el interés en evaluar el capital organizacional de la colectividad boliviana en Buenos Aires, específicamente como capital político; es decir, es importante la capacidad que el tejido organizacional disponible en esta colectividad aporta para que dicha comunidad pueda tener voz en la esfera pública y, eventualmente, un efecto en el proceso político local. Dado que nuestro punto de inicio es el incendio de un taller textil y que una proporción muy importante de inmigrantes bolivianos recientes trabaja en la industria de la indumentaria, las actividades políticas que examinamos aquí están fuertemente ligadas a procesos relacionados con dicha actividad.

 

El incendio del taller textil en Caballito

El 30 de marzo de 2006, una catástrofe enlutó y puso sobre el tapete de la opinión pública a la colectividad de residentes bolivianos en Argentina. Ese día, un incendio arrasó con un taller textil emplazado en la calle Luis Viale, en el barrio porteño de Caballito, y provocó la muerte de seis trabajadores de nacionalidad boliviana, de los cuales cuatro eran niños. Este incidente tuvo un impacto muy fuerte tanto en los gobiernos local y nacional, como en los medios de comunicación y la comunidad inmigrante residente en Argentina. Las autoridades gubernamentales se vieron involucradas de manera activa en el asunto mediante la puesta en marcha de varias acciones simultáneas, que incluyeron desde purgas internas en la estructura del gobierno de la ciudad, hasta un aumento en las supervisiones y clausuras de los talleres textiles en condiciones irregulares, pasando por investigaciones acerca de lo sucedido en este caso en particular y la realización de diagnósticos acerca del circuito de la inmigración y contratación irregular de mano de obra inmigrante. Al mismo tiempo, el grado de notoriedad alcanzado por el siniestro –que reveló las condiciones en las que muchos trabajadores eran contratados en el país– precipitó, de acuerdo con las fuentes consultadas, la puesta en marcha del programa de regularización de inmigrantes Patria Grande.⁹ Dicho programa –cuyo propósito fue facilitar los procesos burocráticos para la obtención de documentos de residencia para los ciudadanos de países miembros del Mercosur y Estados asociados– tuvo un fuerte impacto en la regularización de extranjeros en el país. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior (2010), 423 697 personas se inscribieron en el programa, de las cuales 98 539 obtuvieron sus radicaciones permanentes, y 126 385, sus radicaciones temporarias.

Sin embargo, una de las situaciones más novedosas desatadas por el incendio de Caballito y los eventos que le siguieron fue que, paralelamente a las acciones adoptadas por los diferentes niveles del gobierno, la colectividad boliviana se hizo públicamente visible. Y esto fue así no solamente porque en los medios de comunicación se comenzó a hablar de ella de manera recurrente durante varias semanas, sino además por las estrategias desplegadas por varias organizaciones. El rol activo de las organizaciones de la comunidad boliviana se plasmó en instancias de diálogo y negociación con funcionarios del gobierno para gestionar soluciones al "problema del trabajo inmigrante", en estrategias políticas de búsqueda de apoyo de funcionarios diplomáticos de Bolivia, y en la organización de marchas en la calle, entre otras acciones. Hasta aquí, la historia es más o menos conocida, ya que estos hechos fueron difundidos de esta manera por la prensa.

El hecho de que ciertos sectores de la colectividad boliviana irrumpieran en la esfera pública elevando demandas al gobierno y a otros grupos reveló que esta comunidad disponía ya de algunos recursos organizativos que hicieron posible su salida a escena rápidamente luego del incendio. Estos mecanismos organizativos, por su parte, también revelaron que, lejos de representar intereses homogéneos, la colectividad boliviana estaba partida en sectores que reivindicaban respuestas diferentes. En consecuencia, el incendio disparó diversos patrones de atribución de oportunidades y amenazas, así como distintos tipos de apropiación social/organizacional.¹⁰

Por un lado, hubo una línea de acción que leyó la catástrofe en términos del sistema de explotación, esclavitud y trata de personas que el incendio había puesto en evidencia. De acuerdo con esta lectura, la única vía posible para atacar la raíz del problema revelado por el incendio de Luis Viale era eliminar de cuajo este sistema de explotación, que resultaba inaceptable no solamente desde el punto vista humano sino también legal. Por lo tanto, el reclamo consistía en endurecer y activar las políticas de control público de los engranajes de este sistema –incluyendo la eliminación de talleres en los que se sometiera a los trabajadores a la servidumbre como paso ineludible para desterrar lo que se consideraba un sistema de neoesclavitud– y regularizar la situación legal de miles de inmigrantes en el país. Esta fue la línea llevada adelante por un conglomerado de actores que tuvieron como eje el Centro Comunitario La Alameda y sectores del gobierno local.

Por otra parte, se dio una línea que se contrapuso a este diagnóstico y que, bajo la consigna de "hay que preservar nuestras fuentes de trabajo", proponía frenar lo que se consideraba una política agresiva y antiboliviana por parte del Estado y otras organizaciones sociales. De acuerdo con esta línea, la prioridad era detener los cierres de talleres textiles en los que trabajaban bolivianos. Este tipo de lectura fue primordialmente llevada adelante por sectores de la colectividad vinculados con los talleristas (dueños de los talleres textiles) y organizados en la Coordinadora de la Colectividad Boliviana. Tal línea de acción gozó de un apoyo importante de los trabajadores, lo que pudo verse en las marchas masivas convocadas frente a La Alameda y el gobierno de la ciudad, días después del incendio (Herrera, 2006).

Desde el punto de vista de este artículo, lo que esta escisión plantea es una división más profunda en la colectividad. En otras palabras, los sucesos que siguieron al incendio de Luis Viale –en especial, las acciones de resistencia al cambio o de reivindicación de las transformaciones impulsadas desde diferentes grupos– pusieron de manifiesto la existencia de entramados interorganizacionales preexistentes en la colectividad. Si bien es cierto que la politización de las comunidades de inmigrantes –usualmente excluidos de la vida pública– suele trepar significativamente en momentos extraordinarios, hay prácticas rutinarias y acumulaciones de poder y organización que lleva tiempo construir. En la sección que sigue veremos con más detalle estos entramados interorganizacionales y su conformación a partir de actividades concretas.

 

Dos entramados, dos rutas

La Alameda y el discurso basado en la solidaridad de clase

La Alameda es un centro comunitario que surgió en el marco de la conformación de las asambleas barriales durante la crisis político-institucional y económica de finales de 2001 y principios de 2002. Dicho centro, que comenzó ocupándose de la atención de las necesidades económicas más acuciantes de los vecinos, terminó, en su metamorfosis, enfocando su acción en un problema recurrentemente planteado por muchos de quienes se acercaban al comedor; a saber, el tema de las condiciones de trabajo de los inmigrantes bolivianos de bajos recursos. Paulatinamente y en función de las múltiples demandas y quejas recibidas en el comedor, el Centro Comunitario La Alameda comenzó a orientar –y paulatinamente a diferenciar– sus acciones en el campo de las condiciones de trabajo y de vida de los inmigrantes bolivianos que laboraban en la actividad textil. Algunas de las acciones desplegadas incluyeron la realización de denuncias sobre el funcionamiento de talleres clandestinos y la trata de personas, el armado de una cooperativa de trabajo, la asesoría legal a inmigrantes de bajos recursos, y la penetración en el campo gremial.

Los criterios acerca de cuáles, con justo derecho, pueden considerarse organizaciones de la colectividad boliviana son múltiples. Uno podría basar esa demarcación en quiénes son los miembros de dichas organizaciones, quiénes son sus líderes o cuál es la sustancia de su trabajo –es decir, sobre qué cuestiones basan su actividad–. En el presente estudio optamos por este último criterio. Por ese motivo incluimos a La Alameda dentro del capital organizacional de la colectividad boliviana, teniendo en cuenta que sus acciones están directamente orientadas a generar un impacto en la calidad de vida de los miembros de dicha colectividad, pero también porque ha sido un cuerpo activo en la disputa de sentido respecto de la problemática boliviana en Argentina.

Las estrategias desplegadas desde La Alameda han tenido el propósito explícito de empoderar a los inmigrantes cuyas vidas se han vuelto vulnerables en múltiples aspectos. Según se plantea en varias entrevistas, muchos trabajadores que llegaron al país en los últimos años siguieron derroteros comunes. Por lo general, el reclutamiento de mano de obra en Bolivia es llevado a cabo por empleadores bolivianos residentes en Argentina, quienes les ofrecen a aquéllos condiciones laborales tentadoras que luego no se cumplen. De hecho, una vez en el país, gran parte de estos trabajadores son empleados en establecimientos clandestinos en condiciones infrahumanas. A modo de ilustración, el siguiente relato refleja descripciones recurrentemente realizadas por trabajadores inmigrantes entrevistados:

El horario era de las 8:00 de la mañana a las 12:00 de la noche. A las 8:00 de la mañana desayunabas, te daban té con pan, y al mediodía te daban comida... La comida era un desastre: te daban sopa, te daban arroz sin carne o con una salchicha así... Nada, o sea, trabajábamos tantas horas y comíamos tan mal [...] seguro se gana trabajando tantas horas... nosotros pensando eso, ¿no? Pero no. Cuando llega al fin de mes... ahí nos enteramos que no. Mi amigo se fue, me dejó, y yo me seguí quedando. Me seguí quedando porque a mí no me quiso perdonar la deuda y tenía que pagarle todo y hacer mi pasaje para la vuelta. El primer mes que cobramos fue de 115 pesos (Mario, costurero, Buenos Aires, marzo de 2010).

En ese contexto, y producto de decisiones tomadas en el marco de la asamblea, La Alameda comenzó a generar acciones en diferentes frentes, intentando que los inmigrantes despertaran "conciencia sobre sus derechos", a la vez que se les motivaba a involucrarse directamente en aquéllas. El repertorio de acciones desplegadas incluye denuncias, escraches,¹¹ expropiación de maquinaria y penetración sindical.

A lo largo del tiempo, La Alameda ha desarrollado lazos de cooperación con organismos del gobierno de la ciudad considerados ideológicamente afines al trabajo de la organización. Tal relación se enmarca en un discurso compartido sobre los derechos humanos que resalta la dignidad del inmigrante como un sujeto de derechos. Por otra parte, ese vínculo se ha plasmado en esfuerzos coordinados de monitoreo y control de los talleres que contratan a estos trabajadores. En este sentido, fue de especial importancia la estrategia seguida por el gobierno de la ciudad después del incendio del taller ubicado en Luis Viale, cuyos lineamientos estuvieron basados en una serie de denuncias realizadas el año anterior por La Alameda y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cierre de numerosos talleres clandestinos puede entenderse como un subproducto de esa concepción del problema por parte de las autoridades municipales.

A lo largo de los últimos 10 años, La Alameda ha desplegado una estrategia activa de denuncias y escraches a talleres que empleaban a inmigrantes de manera irregular, así como a las grandes marcas que se beneficiaban con este tipo de ocupación. Mientras las acciones se orientaban a resolver problemas puntuales –como el rescate de trabajadores en situación de riesgo extremo o la exigencia a empleadores del pago de indemnizaciones o sueldos adeudados–, el fin último era poner el tema en la agenda pública y promover acciones del Estado que se dirigieran a extinguir el sistema de explotación.

Es llamativo observar que el contacto de La Alameda con organizaciones de la colectividad boliviana ha sido nulo, y muy escaso con organizaciones de otras colectividades de inmigrantes. La evidencia recogida en las entrevistas sugiere que, en el primer caso, esto se debió a la concepción divergente que, como veremos más adelante, varias organizaciones autoproclamadas como representantes de la colectividad boliviana han manifestado respecto del tema de la condición de los trabajadores bolivianos en Argentina. Puntualmente, en el conglomerado con eje en La Alameda hay un discurso que promulga la modificación de las condiciones estructurales que facilitarían la explotación de trabajadores bolivianos –en la mayoría de los casos, por patrones de su misma nacionalidad.

Respecto de otras colectividades de inmigrantes, también ha habido escasa actividad en común. Sólo en temas puntuales que tienen que ver con la documentación o reclamos alrededor de la reforma migratoria se ha dado algún tipo de cooperación. Puntualmente, esto se puede observar en las marchas que se organizaron para reivindicar una simplificación de los trámites para la radicación en el país. Para estos movimientos se convocó a algunos inmigrantes de otras nacionalidades –por ejemplo, paraguayos–. De esta manera, la cooperación no se dio en el nivel más institucional entre las organizaciones.

Por otra parte, al sondear los vínculos que desde La Alameda se han desarrollado con otras organizaciones, surge en forma recurrente el trabajo mancomunado con asociaciones de cartoneros.¹² Este dato, que podría parecer sorprendente, no lo es si se pone tal vínculo en el contexto discursivo dominante en La Alameda; es decir, al abordar la problemática de los trabajadores inmigrantes bolivianos, el eje en el discurso ha estado siempre puesto en la solidaridad de clase. En otras palabras, no se ha trabajado sobre la cuestión migratoria o los problemas de los inmigrantes en un vacío, sino en el marco de las relaciones de explotación y abuso que suceden a la migración, entre los que se cuentan "trabajo esclavo, trabajo infantil, trata con fines de explotación laboral y/o sexual" (Vera, entrevista, 2010). Por lo tanto, más que plantarse como una organización orientada a defender los derechos de los inmigrantes en general, La Alameda se ha ido constituyendo en el eje de un conglomerado flexible y móvil que plantea la defensa de los sectores inmigrantes más vulnerables contra los abusos a los que han sido sometidos en sus lugares de trabajo, muchas veces por sus propios connacionales, también inmigrantes en Argentina. En este contexto, las tareas de colaboración con los cartoneros se enmarcan en esa línea de lucha contra la explotación de sectores que se encuentran entre los más vulnerables en la sociedad receptora.

En cuanto al Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA) –gremio que agrupa a los trabajadores del sector textil y que supuestamente debería tener injerencia en la problemática de las condiciones de trabajo de los costureros bolivianos–, la relación no ha sido de cooperación directa en ningún caso. Es conocido el dilema que suele presentársele a los sindicatos en industrias donde existe un gran número de inmigrantes. Al no contar con una posición firme de SOIVA para actuar contra la existencia de talleres clandestinos, la estrategia desplegada por La Alameda ha sido, según Vera (entrevista, 2010), intentar ganar al sindicato desde adentro mediante la incorporación paulatina de trabajadores inmigrantes en la economía formal y la participación de éstos en elecciones de delegados.

En síntesis, el conjunto de acciones desplegadas por este entramado ha tenido, según el mismo discurso de algunos de sus líderes, la finalidad última de contribuir a generar un cambio profundo en las condiciones de trabajo y de vida de los inmigrantes bolivianos más vulnerables, a partir de: 1) la eliminación del sistema de explotación en talleres clandestinos, 2) la promoción de acciones positivas, tales como el empleo en cooperativas manejadas por los trabajadores; 3) el monitoreo de la ocupación en fábricas legalmente registradas, y 4) el empoderamiento de los trabajadores bolivianos a través de capacitaciones, asesoramiento jurídico y la participación en asambleas, donde se definen las estrategias por seguir. Desde varios sectores de la colectividad boliviana, sin embargo, la actuación de La Alameda ha sido vista con suspicacia, con argumentos que apuntan al hecho de que al apoyar la expropiación de máquinas de los talleres que infringían la ley, la intención de dicho grupo era apropiarse de esas máquinas.

 

Las organizaciones de talleristas y su discurso de solidaridad étnica o basada en la nacionalidad

En contraposición al modelo de acción colectiva recientemente descrito, el incendio de Luis Viale reveló la existencia de otro modelo de acumulación de poder y de representación de facto de la colectividad boliviana en la esfera pública. Se trata de un modelo más difuso en cuanto a la explicitación de los intereses o la definición organizacional, pero no por ello menos efectivo en cuanto al despliegue de estrategias de intervención en la esfera pública.

Un buen punto de entrada para ver este tipo de acumulación organizacional es la Coordinadora de la Colectividad Boliviana. De acuerdo con Renacer, periódico de esta comunidad, "la Coordinadora es una organización que quiso representar a la Colectividad Boliviana después de la tragedia de Luis Viale" (Vargas, 2006). Con el fin de entablar un diálogo con los residentes bolivianos en el país luego del siniestro, autoridades del gobierno de Buenos Aires les solicitaron que se organizaran en una agrupación unificada. En consecuencia, inmediatamente después del incendio, la recién creada coordinadora comenzó a convocar a reuniones en diferentes lugares. A éstas asistían tanto personas consternadas por lo que estaba sucediendo, como aquellos que surgían como cabezas visibles dentro de la colectividad.

Comenzaron a hablar del tema y todas sus implicancias pero estaban todos juntos y revueltos, talleristas, costureros y otros "dirigentes" de profesión. Lo que los reunía más que nada era el miedo, el miedo a perder sus talleres, a perder su trabajo y así todo lo que había ahorrado (a la fuerza, ya que ese ahorro consistía al pago adeudado de mucho tiempo) (Editorial Retazos, 2010:16).

La Coordinadora de la Colectividad Boliviana aglutinó a diversas organizaciones que trabajaban en asuntos relativos a los bolivianos en Argentina. Entre ellas se encontraban la Asamblea Coro Mayta, la Asociación de Artistas y Vendedores de Parque Indoamericano y la Cámara Central de Talleristas. Entre sus primeras acciones, la coordinadora emitió un documento en el que se demandaba al gobierno, entre otros puntos, la cancelación de los allanamientos de talleres de costura, un período de seis meses para "blanquear" las condiciones de empleo en los talleres y una reducción de obligaciones en materia de cargas sociales. Así mismo, la coordinadora eligió como presidente y vicepresidente de la agrupación a dos personalidades sumamente controvertidas al interior de la colectividad, quienes terminaron definiendo la línea de acción de esta asociación. Estos dirigentes, a su vez, son identificados por el grueso de la comunidad boliviana como voceros del sector de los talleristas. Al poco tiempo, varias fisuras se produjeron al interior de la organización, las cuales se agudizaron luego de que se detectaran irregularidades en la manera en que desde la coordinadora se gestionó la tramitación de las residencias precarias en el marco del programa Patria Grande (Vargas, 2006).

Nosotros participamos de buena fe en la coordinadora en un principio... estábamos preocupados... no queríamos quedar en la calle. También queríamos que se esclareciera el caso... después nos dimos cuenta [de] que se formaron solamente para poder defender a los talleristas, donde ellos no permitían el acceso de los trabajadores (Walter, costurero que participó en la coordinadora, Buenos Aires, mayo de 2010).

Más allá de las sospechas de corrupción por parte de la dirigencia de la coordinadora, lo que hizo eclosionar a dicha organización fue la coexistencia, en su seno, de sectores con intereses contrapuestos que difícilmente podían encontrar cabida bajo un mismo paraguas. El diario La Nación señala que desde su creación, "La Coordinadora se organizó en tres cuerpos (la comisión de costureros, la de talleristas y el directorio) [...] y comenzó a negociar con el gobierno porteño, el consulado boliviano y, posteriormente, con la comisión enviada desde Bolivia por el presidente Evo Morales" (Santiago y Krell, 2006).

Según señalan algunos trabajadores que participaron en reuniones iniciales de la coordinadora, rápidamente se puso en evidencia un distanciamiento de la dirigencia respecto de las bases. En términos discursivos, "ya no había costurero, ni tallerista, sino todos eran trabajadores bolivianos. Ocultando así la terrible desigualdad interna que vive nuestra colectividad" (Editorial Retazos, 2010:18). En otras palabras, el núcleo del discurso de este entramado organizacional hace hincapié en la solidaridad étniconacional, proponiendo la necesidad de unión de la colectividad boliviana ante amenazas que provienen de "afuera".¹³ En este tipo de discurso, que se acopla a un mensaje reproducido de manera constante por los talleristas al interior de sus negocios, los de afuera son una amenaza y, ante esta circunstancia, los bolivianos "debemos estar unidos". Esto aparece graficado en el relato de uno de los costureros bolivianos sobre los consejos recibidos de un tallerista para el que trabajaba: "Así me decía... la gente también aquí es mala... nos odian a nosotros porque trabajamos mucho. Así me decía... nos odia a nosotros y te golpean, te maltratan, te gritan de todo... No hablen mucho con los argentinos... Así nos decía" (Cesar, costurero, Buenos Aires, marzo de 2010).

Esta referencia a los ataques desde "afuera" de la colectividad aparece de manera abierta y recurrente en los discursos públicos de los dirigentes de este sector, en particular, para resistir a las iniciativas de control y sanción estatal de los emprendimientos clandestinos. Esta noción queda de manifiesto en el siguiente fragmento de un discurso pronunciado por Alfredo Ayala, titular de la Asociación Civil Federativa Boliviana (Acifebol):¹⁴

Han ingresado a domicilios y han visto donde ha habido personas que sí estaban en falta... Hay que reconocer que sí había faltas. Pero no había ningún delito para que se los trate como delincuentes, hermanos. En aquella oportunidad, en los últimos días también hemos visto un allanamiento en donde también hemos visto que un hermano nuestro ha sido tratado como el peor de los delincuentes, hermanos... incomunicado... ¿Todo por qué...? Por tener un taller nada más. El verdadero responsable es una persona de nacionalidad coreana que justamente había encerrado a una persona con candado. Esa es la responsable. ¿Y quién fue preso? El boliviano. ¿Por qué? ¿Porque simplemente es boliviano? Por eso estamos queriendo aquí aclarar todos estos hechos que malintencionadamente la gente o la prensa, en todo caso, tergiversa. Reiteramos, no somos delincuentes, somos trabajadores. Sabemos que estamos en falta en algunas situaciones, es verdad. Eso no quiere decir que siempre queramos trabajar en negro... (Nueva Bolivia, 2009a).

El reclamo de solidaridad étnico-nacional se puso abiertamente de manifiesto en las marchas que siguieron al incendio de Luis Viale. Bajo la consigna de "no al cierre de nuestras fuentes de trabajo", unos 3 000 bolivianos protestaron en frente de La Alameda primero, y del gobierno de la ciudad después, para repudiar lo que consideraban un control estatal agresivo de la industria que concentraba a una importante proporción de inmigrantes bolivianos. Desde el comienzo, estas medidas gozaron de gran apoyo entre los costureros desesperados ante el miedo de perderlo todo.

Este entramado organizacional centrado en los talleristas aparece como un aceitado sistema que se reproduce a partir de vínculos informales establecidos con otras piezas clave –tales como la policía, el consulado de Bolivia y un grupo de estaciones de radio de la colectividad boliviana–. Respecto de la policía, es común entre los trabajadores haber presenciado situaciones de arreglos ilegales entre talleristas y agentes policiales, como lo expresa un costurero entrevistado: "si vos vas a hacer la denuncia te la toman pero no hacen nada". Al mismo tiempo, varios testimonios señalan una articulación entre el cónsul de Bolivia en funciones en el momento del incendio y los talleristas. Según esos mismos relatos, ese vínculo se refleja claramente en el rol de mediación que asumía usualmente el cónsul ante alguna denuncia de abuso por parte de los trabajadores, cuyo fin último consistía en mantener el statu quo.

Paradojalmente, al mismo tiempo que muchos talleristas han llevado adelante una política de aislamiento y fragmentación de los trabajadores costureros, a quienes –según relatos de los mismos costureros– han mantenido con una movilidad reducida mediante constantes tácticas de amedrentamiento, en momentos extraordinarios esos mismos talleristas han salido a movilizar a sus bases (costureros) para causas puntuales. Respecto de este último punto, los dueños de talleres han demostrado una enorme capacidad para movilizar a sus trabajadores para resistir a lo que consideran un embate en contra de sus intereses. Algunos ejemplos, en este sentido, son las marchas convocadas para oponerse a denuncias o escraches a talleres textiles en los que se han reportado casos de abuso, o las movilizaciones para protestar en contra del endurecimiento de la política de control del gobierno local (la marcha posterior al incendio en Luis Viale es un ejemplo notable). En algunos momentos, los talleristas, a través de sus organizaciones, también han operado como piezas clave en la movilización de la colectividad alrededor de temas de Bolivia. En 2008, por ejemplo, los dueños de talleres lograron movilizar a un número importante de trabajadores bolivianos para solidarizarse con el gobierno de Bolivia.¹⁵ Es más, según varios testimonios recogidos, las organizaciones de talleristas se constituyen en un recurso estratégico para el gobierno boliviano para "movilizar a su base política en Argentina" (algo que cobra suma importancia en momentos electorales). La lealtad de los trabajadores a los talleristas, según varios de los costureros entrevistados, se asienta en el miedo a perder su empleo.

El manejo de los medios de comunicación vinculados a la colectividad boliviana es quizá una pieza fundamental para mantener una penetración ideológica en la comunidad. Esto es así teniendo en cuenta que en los talleres textiles se escucha de manera permanente la radio durante los horarios de trabajo. De acuerdo con algunos obreros entrevistados, las radiodifusoras vinculadas a la colectividad (muchas de ellas sin autorización legal para funcionar) no proporcionan información valiosa sobre temas relevantes para los bolivianos, tales como educación sobre los derechos de los inmigrantes, documentación, recursos disponibles, orientación sobre las condiciones de trabajo, entre otros. Por ese motivo, lejos de empoderar a la comunidad de residentes bolivianos, esas emisoras –según tales interpretaciones– han contribuido al aislamiento y la perpetuación de las condiciones de vida de la colectividad boliviana.

En la radio solamente pasaban música, clasificados, pasaban negocios, o centros médicos que tienen en Liniers. Pero nunca pasaban así... si tú quieres saber... o una orientación de dónde tienes que ir para hacer tu trámite migratorio, a qué lugar... nada. Todo era música... venta de negocios, bares, publicitaban muchos bares en la radio (Amílcar, costurero, Buenos Aires, marzo de 2010).

Al examinar el sistema en su conjunto, puede inferirse que las acciones llevadas adelante tienen el propósito implícito de mantener el statu quo. En este sentido, pareciera haber un sistema de privilegio montado sobre la base de la explotación laboral que ha desplegado un capital organizativo tendiente a garantizar su propia reproducción. En ese engranaje, sin embargo, los costureros no necesariamente operan como una clientela subordinada y pasiva, sino que en las diferentes actividades desarrolladas aparecen como "socios" vitales. En algunos casos, el papel de los talleristas es asociado al de un puntero político capaz de movilizar a sus tra bajadores para diferentes fines. Esto es posible ya que no sólo tienen contacto cotidiano con los costureros, disponiendo de su capacidad de movimiento durante las 24 horas, sino que además aparecen ante los trabajadores como el único recurso disponible.

 

Capital social e incorporación política

La literatura sobre el capital social ha establecido una distinción analítica entre dos tipos ideales: por un lado, el capital de tipo bonding, definido por la generación de confianza al interior de las redes que miran primordialmente hacia adentro y refuerzan tanto la identidad exclusiva como la homogeneidad del grupo; y, por otro, el capital de tipo bridging, que se refiere a las conexiones entre grupos heterogéneos. Ambos tipos de capital social son generadores de valor para los individuos participantes de las redes, aunque de diferente manera (Putnam, 2000; Brisson, 2009). En general, la literatura resalta las ventajas del capital de tipo bridging sobre el de tipo bonding tanto para las minorías en sociedades más amplias (Svendsen, 2006) como para la cohesión social (Scholten y Holzhacker, 2009). Se suele coincidir en que al tender puentes con otros colectivos, un grupo puede acceder a mayores beneficios e integrarse mejor en una sociedad. Por el contrario, cuando un grupo mira predominantemente hacia adentro, existe el riesgo de que genere hostilidad hacia sectores "de afuera" (Horiuchi, 2008).

En el caso analizado en este artículo, vemos la existencia de dos entramados diferenciados: el primero, basado en la solidaridad de clase, no expresa ni persigue explícitamente el fortalecimiento de lazos al interior del grupo ni mira necesariamente hacia adentro. De hecho, en la práctica tiene como líderes a no bolivianos, actúa en colaboración con organizaciones no referenciadas con lo boliviano sino con trabajadores –en el país y el extranjero– y con funcionarios del gobierno local. En ese sentido, puede observarse un mayor alcance del capital de tipo bridging; es decir, el foco no está puesto en un panbolivianismo sino en una articulación con otros grupos para combatir lo que se describe como situaciones de injusticia. En el segundo grupo, en cambio, se observa la presencia de un fuerte componente del capital de tipo bonding. Como vimos, en el discurso se apela constantemente al panbolivianismo, a una unión entre trabajadores y empleadores, y hasta a una articulación con diplomáticos bolivianos y el gobierno de Bolivia.

Ahora bien, ¿qué impacto tienen estos dos tipos de capital social en los patrones de incorporación política que priman en estos dos entramados? Para mostrar este impacto creemos necesario mirar no solamente la forma que tiene la entrada del grupo en la esfera pública –es decir, los repertorios–, sino también la sustancia de esa incorporación (acción versus reacción) y la manera en que se desarrolla el proceso de toma de decisiones.

En el entramado social que designamos como de solidaridad de clase, en los últimos años podemos observar el despliegue de un repertorio de acciones múltiples. La colectividad boliviana con eje en el centro La Alameda ha llevado adelante denuncias, escraches, estrategias de penetración sindical, difusión de mensajes en los medios de comunicación, rescates de sujetos en riesgo en talleres clandestinos, y trabajo de cabildeo en diferentes oficinas de gobierno. Este repertorio de acciones está, como vimos, asociado a una lectura del problema boliviano en Argentina como de explotación y conflicto de clases. Por lo tanto, la incorporación política de la colectividad boliviana tiene implícito el objetivo de desterrar un sistema que amalgama migración y explotación; es decir, hay una lectura que concibe la situación de los trabajadores inmigrantes como una parte de un problema transnacional¹⁶ que tiene que ver no sólo con los avatares de una población perjudicada en varios niveles, sino con una estructura que es necesario revertir. En tanto, el proceso de toma de decisiones suele darse de manera horizontal mediante el debate en asambleas, en un intento de convertir a los trabajadores migrantes en sujetos de derechos. Las asambleas constituyen un eje de politización continuo dentro de este entramado. En el sentido habermasiano, es allí donde se forma una opinión pública a partir del debate y el intercambio de experiencias. Como manifiesta una de las trabajadoras participantes, "en la asamblea discutimos de todo... del comedor, las marchas, qué vamos a hacer... todo... ahora también con la granja [a la] que nos fuimos allá por trabajo infantil" (Susana, costurera, Buenos Aires, marzo de 2010). Esto significa que se le da visibilidad a una serie de temas, pero además esta politización no sucede a través de una capacitación o instrucción sobre alguna problemática, sino mediante un debate entre pares, de quienes los participantes manifiestan aprender.

Y entonces aquí es donde se habló de todo eso. De que la existencia de esos talleres clandestinos está muy mal, que ahí hay trabajo migrante, trabajo esclavo, que no respetan las leyes laborales. Y de ahí aprendí, vine a otra asamblea, vine a otra, aprendí. Entonces yo llegaba, le reclamaba al patrón, le decía: "Che, usted nos está engañando, nos tiene que aumentar; esto es ilegal", le decía. "Esto es clandestino", le decía (Pedro, costurero, Buenos Aires, marzo de 2010).

Al mismo tiempo, las asambleas constituyen un espacio donde los mismos participantes destacan su papel en la transmisión de conocimiento hacia sus pares:

Nosotros trabajamos mucho con la gente. Ya desde que empezamos a hacer nuestra primera reunión... sacamos boletines, hablamos con la gente, le decíamos: "Mirá que es fácil documentarse; que en un taller no tienes que trabajar; que un trabajo es ilegal". De esta manera le hablábamos... nosotros nos juntábamos todos los sábados, les hablábamos de todos estos temas y convocamos a asambleas. Hubo asambleas donde se llenaba el lugar, todo, se llenaba (Pedro, costurero, Buenos Aires, marzo de 2010).

En otras palabras, se observa una especie de interdependencia entre los participantes de la asamblea, quienes se ven a sí mismos como beneficiarios y dadores de información y conocimiento, especialmente porque se propaga una especie de identificación con los sentimientos del otro, y éste es uno de los factores que motivan la participación. Como señala una asistente a la asamblea, "sigo participando porque me gusta. Y tampoco me gusta que mis paisanos sigan sufriendo tal vez lo que yo he sufrido o peores cosas. Hay personas que han pasado peores cosas" (Gladys, costurera, Buenos Aires, marzo de 2010).

En algún punto, los principios que guían el tipo de incorporación política impulsado en esta línea –al menos, según se desprende del discurso de algunos sectores partícipes del entramado– se asemejan a lo que en Estados Unidos se conoce como community organizing; es decir, en el discurso de los líderes y participantes de las asambleas se procura un involucramiento de la comunidad con la finalidad de lograr una distribución más igualitaria del poder y, de ese modo, propiciar un cambio social. Con ese fin se buscan coaliciones informales con organizaciones afines para incidir en el proceso político según objetivos específicos.

El segundo entramado social, basado en la solidaridad étnica o nacional, también ha impulsado una movilización de la colectividad en momentos clave. Las más notorias de esas movilizaciones han sido marchas de repudio a acciones llevadas adelante por La Alameda –tales como escraches, rescates de trabajadores en riesgo o denuncias– y de protesta contra los controles municipales. En general, este repertorio de acciones tuvo un carácter de tipo reactivo. La lógica que justifica estas manifestaciones es que la comunidad boliviana es atacada y odiada por su condición étnica, y que desde afuera se presentan amenazas que es preciso frenar. A diferencia del grupo anterior, que presenta la problemática de los inmigrantes bolivianos como una cuestión transnacional, este entramado tiende a definir el problema como de relaciones étnicas o raciales. Con base en esta lectura y las amenazas detectadas, los trabajadores son convocados a movilizaciones ante amenazas puntuales. Las decisiones, en este caso, se toman desde los cuadros autoerigidos como líderes de la comunidad. En algún punto, más que la incorporación plena de los bolivianos en la esfera pública orientada a la transformación de la estructura de distribución de poder, el tipo de incorporación política que se busca tiene que ver, paradojalmente, con aislar el colectivo boliviano del colectivo social general, bajo el argumento de que la matriz de la problemática boliviana tiene que ver con los ataques, la falta de reconocimiento y los discursos discriminatorios llevados adelante desde los medios de comunicación, las esferas políticas y vastos sectores de la población local.

Existen, así mismo, dos tipos de beneficios que diferentes patrones de redes sociales suelen proporcionar a los miembros de un grupo: por un lado, la influencia, el apuntalamiento o el empoderamiento de la comunidad y, por el otro, el apoyo o ayuda intragrupo (De Souza, 1998). En el primer caso, nos encontramos frente al tipo de redes que permiten a los miembros de un grupo avanzar y cambiar su rango de oportunidades; en el segundo, por el contrario, los beneficios provistos sirven a los miembros de un grupo para arreglárselas e "ir zafando". Los dos entramados examinados más arriba presentan una combinación entre estos dos tipos de beneficios. Sin embargo, en el entramado centrado en La Alameda hay un énfasis más fuerte en el objetivo de la transformación de estructuras y el empoderamiento de la colectividad, mientras que los beneficios para "ir zafando" –siendo el comedor comunitario o el trabajo en las cooperativas tal vez el ejemplo más evidente– funcionan como un polo de atracción para fomentar la politización de los miembros de la colectividad que se acercan a la organización. La diferenciación entre estos dos tipos de beneficios es importante para enmarcar algunas críticas que ciertos grupos de trabajadores bolivianos plantean contra el trabajo de La Alameda. Según esos señalamientos, esta organización persigue concentrar los logros de su función sólo entre sus miembros. Estas críticas aluden a la lógica de exclusión de los de afuera, que en algunos casos viene aparejada al desarrollo del capital social (Portes, 1998). No obstante, si bien los recursos conseguidos –tales como máquinas para equipar la cooperativa de trabajadores costureros y el polo textil– impactan de manera clara en aquellos trabajadores vinculados directamente a la organización, el trabajo más político descrito arriba intenta generar impactos positivos para el conjunto de trabajadores inmigrantes.

En el entramado liderado por talleristas no se observan acciones directamente orientadas a potenciar o ampliar las oportunidades de las bases de manera sostenible. Por el contrario, las acciones públicas registradas tienden a enfocarse en defender la integridad del tejido boliviano en Argentina. Este patrón se refleja en manifestaciones públicas recurrentemente vertidas por Alfredo Ayala, titular de Acifebol –por ejemplo, repudiando actos discriminatorios observados en el futbol, rechazando el cierre o decomiso de máquinas de talleres ilegales cuyos propietarios son bolivianos (Nueva Bolivia, 2009b), denunciando el acoso a talleristas de la misma nacionalidad, supuestamente basado en prejuicios xenófobos (Nueva Bolivia, 2009a)–, o en acciones tales como la protesta en la Plaza de Mayo por el supuesto asesinato de un trabajador boliviano por parte de la policía bonaerense (Videla, 2009).

Es importante remarcar que si bien los dos entramados descritos arriba no agotan el capital organizacional de la colectividad boliviana, sí representan dos lógicas importantes y antitéticas de acumulación y puesta en acto de poder, que además reflejan un clivaje sustantivo existente al interior de la colectividad boliviana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Conclusiones

Como vimos, lejos de encontrarnos con un tipo único de representación de la colectividad boliviana inmigrante en la esfera pública, estamos ante la presencia de diferentes entramados organizacionales que responden a lógicas distintas; es decir, nos hallamos ante dos estilos muy contrapuestos de acumulación de poder: uno, basado en el discurso de la solidaridad de clase y orientado a la unión de la clase trabajadora inmigrante para reclamar sus derechos ante los patrones y quienes demandan el trabajo de éstos (en el caso de la industria textil, las marcas); y el otro, basado en un discurso de solidaridad nacional o étnica, que sostiene la necesidad de unir a la comunidad boliviana en función de los lazos de fraternidad connacional. A lo largo del tiempo, estos tipos de acumulación política han coexistido en tensión y, de hecho, han tenido enfrentamientos abiertos en varias ocasiones.

El incendio del taller textil en Luis Viale abre una grieta para examinar los cambios propiciados en la colectividad boliviana. Ejemplos notables de estos cambios son la irrupción, en la esfera pública, de los bolivianos en Buenos Aires y las regulaciones que el Estado, a través de diferentes instancias, ha ejercido tanto sobre la industria de la indumentaria como sobre el estatus legal de los extranjeros. Al mismo tiempo, los diferentes comportamientos colectivos observados en la colectividad después del incendio –que, como vimos, abarcan, por ejemplo, marchas de repudio a la acción gubernamental, protestas contra la actuación de organizaciones sociales y acciones de colaboración con funcionarios del Estado para la ejecución de medidas de control de la actividad de talleres clandestinos– revelan patrones de acumulación de poder ya existentes y repertorios de acción disponibles.

En términos de la incorporación política de los inmigrantes en la sociedad receptora, el análisis de estos dos tipos de desarrollo organizacional en la colectividad nos presenta claramente los matices que existen en el desarrollo del capital social en colectividades inmigrantes. Comúnmente se da por descontado que el desarrollo de las organizaciones de inmigrantes brinda una serie de recursos valiosísimos para la integración de los recién llegados. Si bien hay parte de verdad en esa afirmación, también hay casos en los que el fortalecimiento de los lazos al interior de la colectividad –basados en la nacionalidad y la pertenencia étnica común– puede esconder y ayudar a reproducir situaciones de injusticia y –como analizamos aquí– de explotación directa entre compatriotas. Este tipo de capital social, conocido como de tipo bonding y centrado en los vínculos "entre étnicamente iguales" conlleva reivindicaciones del tipo nacionalidad-etnicidad en la esfera pública y, simultáneamente, un reclamo por la no intervención del Estado en asuntos "de bolivianos".

El análisis realizado plantea además una diferenciación entre las lógicas de insiders y outsiders que subyacen a los dos entramados organizacionales examinados. En el primer entramado, serían insiders aquellos sectores con los que se tienen una afinidad ideológica y una visión compartida del problema –en este caso, ciertos sectores del gobierno local–, o bien una situación estructural similar, medida en términos de clase –por ejemplo, los grupos de cartoneros–, mientras que los outsiders están representados por aquellos sectores que oprimen directamente, o bien amparan o legitiman la explotación de sectores vulnerables. En el segundo entramado, por otra parte, hay un discurso que hace siempre hincapié en un panbolivianismo (por lo tanto la construcción política debe darse tanto simbólica como materialmente a partir de individuos y organizaciones bolivianos), dentro del cual los grupos outsiders –ya sea el gobierno local, los medios de comunicación locales u organizaciones consideradas foráneas por tener en posiciones de liderazgo a argentinos blancos– representan una amenaza constante y, por ende, un target para las acciones colectivas por desplegar.

El accionar propugnado por estos grupos refleja también posicionamientos en cuanto a las relaciones de clase al interior de la industria de la confección. Dentro del grupo liderado por La Alameda, las múltiples líneas de acción adoptadas tienen una clara y explícita línea de reivindicación de derechos de los costureros. En el otro grupo, por el contrario, no aparece explícitamente una defensa de los intereses de los talleristas, si bien en varias intervenciones públicas de sus líderes se percibe un intento por "limpiar" su imagen respecto de lo que son consideradas "acciones difamatorias". Sin embargo, en este último conglomerado, el discurso público de sus líderes resalta la labor en beneficio de la comunidad boliviana como un todo homogéneo.

Ambos entramados organizacionales han sido eficaces en cuanto a la incorporación política informal de la colectividad boliviana, medida en términos de la presencia en la esfera pública. En efecto, durante los últimos años, mediante múltiples repertorios de acción, los bolivianos en Buenos Aires se han hecho ver y oír, y lo han conseguido, además, en un contexto moldeado por políticas gubernamentales más o menos activas, que han fomentado o disuadido la movilización de los grupos. Desde afuera del sistema político formal, las asociaciones analizadas se han convertido, en algunos casos, en desafiantes y, en otros, en aliados estratégicos del gobierno en iniciativas puntuales.

 

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Notas

¹ De acuerdo con el Censo nacional de población, hogares y viviendas de 2001, en ese año, la población boliviana en Argentina era de 233 464 habitantes, lo que representa 15.2 por ciento del total de inmigrantes residentes en el país. De ellos, 119 114 estaban asentados en el área metropolitana de Buenos Aires (INDEC, 2001).

² La noción de esfera pública en la que se apoya este artículo remite al sentido que le da Habermas (1974, 1989) como dominio de la vida social donde se forma la opinión pública, y que va más allá de las opiniones o ideas subjetivas de las personas. En otras palabras, la esfera pública, en esta acepción, se corporiza en una serie de instituciones –como diarios, organizaciones públicas, cafés, etcétera– y redes discursivas. Cuando estas discusiones públicas se centran en cuestiones relacionadas con la actividad del Estado y las autoridades públicas, estamos frente a la esfera pública política.

³ Si bien hay en Buenos Aires varias organizaciones que se autorreferencian como bolivianas, para el presente estudio se seleccionaron dos entramados que se abocan específicamente a vicisitudes por las que atraviesan los bolivianos en Argentina.

⁴ Por entramados organizacionales nos referimos aquí a la yuxtaposición de estructuras formales, discursos y prácticas que tienden a favorecer, explícita o implícitamente, la reproducción de ciertos tipos de relaciones sociales en un determinado sector (en este caso, la industria de la confección).

⁵ También se seleccionaron artículos para ilustrar conflictos puntuales fuera de este período.

⁶ Aquí evento es entendido en sentido amplio, e incluye desde hechos públicos, manifestaciones de actores clave, sanciones de normas, implementación de medidas administrativas, etcétera.

⁷ Véanse, por ejemplo, los trabajos de Pizarro (2009a, 2009b) sobre las tareas de organización formal e informal de productores de áreas periurbanas en las áreas metropolitanas de Buenos Aires y Córdoba.

⁸ Cantor (2008b) ha desarrollado extensamente este enfoque, basado en las conceptualizaciones de acción de Arendt (1958), la noción de esfera pública de Habermas (1974, 1989) y la perspectiva política sustentada en las consecuencias de Dewey (1991).

⁹ Si bien una nueva ley migratoria había sido sancionada en diciembre de 2003 (Congreso de la Nación Argentina, 2004), ésta no fue reglamentada hasta mayo de 2010. Sin embargo, en cumplimiento de dicha ley de migraciones, el programa Patria Grande flexibilizó considerablemente los requisitos para la radicación de migrantes del bloque regional.

¹⁰ Entendida en el sentido en que lo plantean Tilly y Tarrow (2007) en su enfoque de política contenciosa.

¹¹ En Argentina, un escrache es una modalidad de protesta que se realiza en el domicilio o lugar de trabajo de una persona a quien se desea denunciar ante la opinión pública.

¹² El término cartoneros se refiere a aquellas personas que buscan, entre la basura, cartón, papel u otros objetos que luego venden por exiguas sumas de dinero.

¹³ Es importante destacar que este tipo de estrategia, reactiva a los ataques de afuera, cala hondo en una comunidad que de manera recurrente es víctima de ataques xenófobos. En este sentido, varios estudios han documentado las múltiples manifestaciones de prácticas xenófobas en Argentina (véanse, por ejemplo, Caggiano, 2005; Grimson, 2005, 2006; Monner, 2005; Nadali, 2007).

¹⁴ Acifebol es una organización creada en el año 2008 por exdirigentes de la coordinadora, con el propósito implícito de defender los intereses de los talleristas.

¹⁵ La participación de las organizaciones de bolivianos –mayormente ligadas a los talleristas– se dio de manera articulada con algunas organizaciones argentinas, tales como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Barrios de Pie y Túpac Amaru.

¹⁶ De este transnacionalismo surge la iniciativa de formar coaliciones con organizaciones de trabajadores migrantes en otros países. Una iniciativa actualmente en marcha es la articulación con una cooperativa en Tailandia, y está en proceso la creación de una marca global "libre de trabajo esclavo".

 

INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOR

GUILLERMO CANTOR es doctor en sociología por la University of Maryland (Estados Unidos) y desempeña el cargo de investigador asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina. Ha desempeñado tareas docentes en varias universidades de dicho país y en Estados Unidos. Se especializa en las áreas de inmigración y política; desarrollo social y comunitario, y metodología de la investigación. Es autor de varias publicaciones en su especialidad. Actualmente se encuentra dictando un curso sobre inmigración en la Georgetown University (Estados Unidos). A lo largo de su carrera en las ciencias sociales, ha recibido prestigiosas distinciones por parte de instituciones tales como el Programa Fulbright, la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.