El cooperativismo como bandera

En el número cuatro de Cooperación, se encuentra impreso un documento de nueve páginas titulado “Programa mínimo del Partido Cooperatista Nacional”. En él, los integrantes del PCN hicieron la distinción entre dos tendencias que supuestamente estaban presentes en la vida de todos los pueblos: las conservadoras y las avanzadas. Mientras las primeras buscaban la conservación de las instituciones, la jurisprudencia y las costumbres tradicionales, las segundas se decantaban por el desenvolvimiento y la reforma progresiva de la estructura social. No obstante, continúa el texto, la Revolución surgida tras el asesinato de Madero introdujo la cuestión social a la fórmula. Para el PCN, la consideración de esta última debía guiar los programas de todos los partidos políticos que se instituyeran tras el decreto del 12 de diciembre de 1914. En este nuevo panorama, debía ser incuestionable que “el carácter dominante de las actuales tendencias avanzadas no es otro que el deseo de un mejor ajuste de las condiciones económicas y una elevación moral de las clases desposeídas”.¹⁷

El decreto del 12 de diciembre de 1914 fue un documento publicado por Venustiano Carranza que tuvo como función reformar el Plan de Guadalupe, el cual se había producido con el objetivo de desconocer y anunciar la lucha en contra de Victoriano Huerta. Los nuevos agregados, surgidos tras la ruptura del constitucionalismo con villistas y zapatistas, incluían la promesa de legislaciones agrarias, obreras, judiciales y electorales más justas y equitativas.¹⁸ Según Arnaldo Córdova, esta nueva forma de hacer política debe concebirse como populista, pues ella inauguró

[...] la organización de un régimen social, económico y político también populista. En adelante, las masas campesinas y obreras no sólo serían tomadas en cuenta para ser utilizadas como carne de cañón en la lucha por transformar a la sociedad, sino que, en ellas, de modo esencial, se apoyaría todo intento de renovación social.¹⁹

Abanderado por la revolución, el PCN se adscribió a la corriente de la justicia social. En abril de 1922, este último se declaró

[...] en pro del sistema socialista, considerando que el Estado no debe ser ya una simple organización política, sino que debe cumplir funciones sociales, buscando un nuevo ajuste de las condiciones económicas de la colectividad. Entre estas actividades, descuellan por su importancia la moral, el trabajo y la cultura.²⁰

En sintonía con esta aseveración, en un manifiesto publicado en Excélsior el 10 de noviembre de 1917, el PCN divulgó las líneas principales de su pensamiento:

Queremos por la educación, base necesaria para el progreso, llegar a la igualdad social, por el acercamiento de las clases sociales, formar la verdadera nacionalidad mexicana. […] Perseguimos la fraternidad humana, lucharemos por formar un pueblo unido. El camino que señalamos es cooperativismo; cooperar es pactar ayuda recíproca y como decíamos que para pactar es necesario tener responsabilidad, es indispensable que la tengan precisa y definida, los que venden su fuerza de trabajo, los que compran ésta y eso lo conseguiremos luchando contra los vicios y contra el empirismo y el carácter egoísta de las clases superiores.²¹

Como se puede ver, la doctrina de la cooperación fue proyectada en un primer momento como la aceptación de las responsabilidades mutuas que existían entre trabajadores y patronos. En este sentido, sus ideas no se diferenciaban mucho de las expuestas por el Partido Católico Nacional seis años atrás.²² No obstante, la gran diferencia entre ambos grupos fue su concepción de la sociedad. Mientras el Partido Católico manifestó un fuerte temor ante la entrada de las masas en el escenario político y una aceptación naturalista de las jerarquías sociales, el Cooperatista aceptó la política de tinte popular y, según sus propias palabras, buscó la igualdad social y el acercamiento de las clases sociales a través de la educación.

A partir de un escrito titulado “La República Cooperativa”, redactado por Jorge Prieto Laurens, es posible profundizar en el entendimiento que el partido tenía del cooperativismo. Según este documento, el objetivo principal del PCN era lograr una “cooperación organizada científicamente que controle y dirija la producción, la circulación de la riqueza y el consumo”.²³ Esta pequeña frase demuestra que el interés del Cooperatista se fijaba en la totalidad del espectro económico. A su vez, también deja ver que sus miembros compartían una confianza según la cual el pensamiento racional y la ciencia podían maximizar las capacidades humanas y, a partir de ello, lograr la armonía social.

Otra de las grandes pautas sostenidas por el texto era aquella que giraba alrededor de la superación del yugo que las leyes económicas imponían sobre los destinos humanos. Según ésta, tanto el liberalismo como el comunismo, al imponer tareas y responsabilidades, mantenían al hombre en un estado perpetuo de servilismo. Para Prieto Laurens, dicha situación sería superada con el advenimiento del mundo cooperativo, el cual inauguraría una época de libertad. El camino hacia ese objetivo debía estar libre de cualquier tipo de coerción. La República Cooperativa, supuestamente, sería el resultado del asociacionismo voluntario de todos los hombres del mundo, transformándose así en el punto final de la historia.

La idea de la República Cooperativa fijó una filosofía especulativa dentro del programa del PCN. Con tal fin, en ella se retomó la división por estadios que sobre la historia de la humanidad llevó a cabo Ernesto Poisson en su libro La República Cooperativa: comunismo primitivo, esclavitud, servilismo y salariado. Esta periodización tenía como criterio de clasificación la evolución dialéctica de la economía (medios de producción y organización del trabajo). Claramente, dicha sistematización era derivada de la elaborada por el materialismo histórico de Marx y Engels: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo.²⁴

En un artículo de El Heraldo de México, el mismo Prieto Laurens dio cuenta de las influencias que sobre su pensamiento tuvieron Marx, Engels y Saint-Simon. Después de citar algunas de sus obras, el joven político defendió la idea de que el Estado era una entidad histórica en la cual existía el dominio de una clase sobre otras. A su vez, llegó a la conclusión de que la mejor solución posible a ese problema era que ese Estado se trasladase del dominio de los hombres a la administración de las cosas. Al parecer de Prieto Laurens, este paso representaría la más amplia realización del ideal democrático, pues a través de él se garantizaría la existencia de un gobierno que representase al pueblo trabajador agrupado en cooperativas de producción y consumo, y, por otro lado, también haría desaparecer a los “zánganos” que, aprovechándose de la lucha obrera y campesina, lucraban únicamente en beneficio personal.²⁵

El texto de La República Cooperativa es claro en su postura antirrevolucionaria (entendiendo revolución como un cambio abrupto propiciado por un movimiento violento). Por el contrario, la transformación que deseaba tenía como base la sustitución, es decir, la paulatina constitución de las formas e instituciones de una nueva sociedad dentro de la organización social precedente. La República Cooperativa, concluye el discurso, sería un hecho una vez que las ideas y las organizaciones del cooperatismo (sic) lograran su máxima penetración en la sociedad capitalista. El Partido Cooperatista, en consecuencia, se conformó con la intención de ser el órgano de difusión de esas ideas y el promotor de las nuevas instituciones que surgieran de ellas.

El objetivo de alcanzar un régimen que tuviera como punto nodal el asociacionismo, la aversión hacia la violencia como método para lograr transformaciones sociales, el establecimiento de la libertad como valor supremo y la adopción del método de convencimiento para lograr sus objetivos fueron elementos que el PCN heredó de la doctrina societaria fundada por Charles Fourier, continuada por Víctor Considerant y difundida en México por Plotino Rhodakanati.²⁶ De esta corriente de pensamiento también retomaron la necesidad de minimizar a los intermediarios entre la producción y el consumo. En sus memorias, Juan Manuel Álvarez del Castillo, presidente del Cooperatista entre 1922 y 1923, plasmó algunos de los puntos mencionados de la siguiente manera:

[El PCN buscaba la] emancipación económica de los componentes de la colectividad, a fin de que, eliminando a los intermediarios, aquellos se basten a sí mismos; no abolir la propiedad individual, sino encontrar un medio mejor de distribuirla; no suprimir el capital: limitarle el papel preponderante y aún absorbente que tiene en la producción; estimular una participación más humana de provechos y dividendos.²⁷

El mismo Juan Manuel Álvarez del Castillo, en una convención nacional, aceptó que el programa del partido estaba en extrema afinidad con la pugna de Marx para que los trabajadores recobrasen los derechos que les pertenecían, y para que la propiedad de la tierra y los medios de producción fuese colectiva y no individual. Asimismo, citó a Lasalle para fundamentar la necesidad de regimentar a los obreros en una vasta asociación universal. Por otro lado, rememoró las tesis de repartición equitativa del trabajo de Saint-Simon y de Fourier. También recordó las ideas de Louis Blanc acerca de llegar a la libertad absoluta y a la comunidad de bienes por medio del derecho. Por último, exaltó la máxima de Kant según la cual la misión política consistía en afianzar la libertad de todos.²⁸

En general, los artículos contenidos en Cooperación tenían un matiz moderado. Sin embargo, en algunos números hicieron aparición textos con un tono radical. Desprendiéndose de la visión pacífica del cambio social, Juan de Dios Robledo, diputado en la XXX Legislatura y presidente del grupo de estudios históricos de la revista del partido, esgrimió una concienzuda justificación de las revoluciones sociales. En uno de sus escritos, presentó un análisis de la conformación social de México. Para ello, recurrió a la mención de diversos momentos en la historia nacional. Para él, los mayores males del país se gestaron durante el virreinato y correspondieron tanto al dominio que durante el periodo estableció el clero como a la proliferación del sistema de encomienda. Para Robledo, la Guerra de Reforma, muchas veces condenada desde el ámbito moral, logró frenar el abuso cometido por las autoridades eclesiásticas desde el momento mismo de la conquista. Para este autor, la obra quedó inconclusa, ya que no eliminó la desigualdad social. Con ello, pronosticó la llegada de nuevos embates violentos que garantizasen el progreso social y la libertad de México.²⁹

Otro artículo discrepante a tono con el programa de la República Cooperativa es el que aparece en el número correspondiente a junio de 1923, en el cual se reproduce una disertación de Antonio Gómez Campos. Su objetivo era provocar el abandono del derecho individual para sustituirlo por otro de naturaleza social. Para este abogado, la sociabilidad era un hecho primitivo y no un producto de la voluntad humana. Por consiguiente, los seres humanos estaban obligados a respetar todas las pautas y restricciones que le imponía la solidaridad social. En este sentido, toda legislación debía estar sujeta a “todas las emergencias, exigencias y eventualidades que vaya exigiendo la vida colectiva”.³⁰ Esta visión, naturalmente, chocaba con la libertad propuesta por Prieto Laurens.

Los artículos de Juan de Dios Robledo y de Gómez Campos muestran lo moldeable que era la doctrina societaria manifestada por el PCN. Su premisa básica era la resolución de la cuestión social. De allí en adelante, las ideas esgrimidas por sus integrantes podían ser más o menos radicales. En este contexto, como se verá en el siguiente apartado, los desacuerdos solían aumentar cuando los temas discutidos eran más específicos.

Educación y ciudadanía

Uno de los principios fundamentales pregonados por el PCN fue la promoción de una vigorosa nacionalidad. En este rubro, la educación era concebida como el instrumento que permitiría consolidarla. La importancia asignada a este aspecto se afianzó en el transcurso del siglo XIX. Un gran número de intelectuales se enfocaron en desarrollar los fundamentos de una educación revolucionaria, así como en esclarecer las raíces mismas de la nacionalidad. La mayoría de estos autores pusieron el acento en la cuestión racial. Para ellos, la clave se encontraba en reconciliar la herencia indígena con la hispánica a través de la figura del mestizo.³¹

Partiendo de las discusiones sobre la educación y el nacionalismo, a mediados de 1923, Julio S. Hernández, vocal del grupo de estudios educacionales del PCN, se refirió al grupo racial mestizo, a cuyo conglomerado pertenecía la gran mayoría del pueblo mexicano, como un conjunto enfermo proclive al dolor y el vicio. Lo anterior, como consecuencia del enfrentamiento que dentro de él se daba entre dos herencias disociativas: la indígena y la española. Ante la falta de identidad, el mestizo antepuso la fe a las ideas. Por ello, su vida se basaba en una constante mentira reconfortante. Para Hernández, la educación era la única que podía y debía resolver definitivamente tal dificultad.³² Con la misma idea, pero con el énfasis puesto en los indígenas del país, José Ángel Ceniceros, maestro rural, afirmaba:

El problema educativo está en la incorporación de la raza indígena a nuestra civilización. No es posible otra solución. Y como el cruzamiento en gran parte se ha estancado y la inmigración sólo favorecerá a las razas blanca y mestiza, creo […] que la evolución de la raza autóctona sólo puede encomendarse a la educación intelectual. Y elevar la raza autóctona es una imperiosa necesidad, antes sin duda que la de la intensificación de la educación profesional que ha llegado a convertirse en una verdadera sanguijuela nacional.³³

La homogeneización cultural era el objetivo principal de la educación. Su éxito en esta tarea se antepuso a la proliferación de la enseñanza universitaria especializada. Esta última, de hecho, recibió duras críticas. En julio de 1923, un artículo de Cooperación declaró la intención de consolidar un modelo educativo cuyo plan de estudios primarios se basase únicamente en la impartición de nociones elementales de aritmética y lengua nacional, así como de talleres y oficios. Todo ello, en detrimento del sistema pedagógico enciclopedista -basado en la adquisición de conocimientos teóricos complejos- característico de la instrucción de índole positivista que reinó durante el Porfiriato.³⁴

La educación de tipo popular partía de la idea de que era imposible que la educación universitaria fuese universal. Con esto en mente, algunos personajes del PCN idearon la consolidación de una sociedad cuyos miembros estuviesen fuertemente capacitados en habilidades técnicas. Además de la pobreza de la mayoría de la población mexicana, la cual era un obstáculo para todo aquel que quisiese prepararse académicamente, el viraje hacia la educación práctica partió de la escasez de empleo que entonces existía para los profesionistas liberales, así como de la necesidad de trabajadores calificados, provocada por el floreciente desarrollo industrial y comercial del país, y de la desaprobación que había sobre el hecho de que gran parte de las labores técnicas en México fuesen llevadas a cabo por manos extranjeras.³⁵ Para los representantes de este tipo de pensamiento, la educación, además de tener un carácter obligatorio, debía llevarse a cabo por medio del trabajo y para el trabajo. A los niños pobres se les debía dar la asistencia necesaria para que pudieran concurrir a las aulas. El Estado emprendería esta acción

[... n]o en calidad de benefactor, sino de administrador de los bienes comunales, que tiene el deber de atender al bienestar de los componentes de la comunidad; y los niños recibirán aquella ayuda no como una caridad, sino como una justa compensación a las labores que desempeñan en su propia escuela. De este modo aprenderán desde muy pequeños esta máxima: todos tenemos el derecho de consumir, pero también la obligación de producir; que no es sino un corolario de la sabia ley divina: comerás del pan amasado con el sudor de tu frente.³⁶

La educación práctica era dividida en rural e industrial. La primera era considerada como la más importante y, por ello, se planeaba que se desarrollara en conjunto con la instrucción primaria obligatoria. La amalgamación entre la enseñanza primaria y rural debía cumplir tres condiciones fundamentales: 1) las escuelas debían poseer terrenos anexos que permitiesen las labores agrícolas; 2) los maestros debían transformarse en los líderes intelectuales y morales de las comunidades que les estuviesen asignadas, y 3) los programas de estudio debían formularse de acuerdo con las condiciones telúricas, económicas y sociales de las localidades.³⁷ La educación industrial, por su parte, se concebía como complementaria y, dirigida tanto a jóvenes como a adultos, por lo general se pensaba que debía desarrollarse tanto en escuelas diurnas como en nocturnas.³⁸

Toda la serie de consideraciones anteriores decantaban en fuertes críticas a las “escuelas capitalistas” y a las “escuelas rojas” que supuestamente dominaban en México. Julio S. Hernández razonaba que ambas eran sectarias y promovían la perpetuación y radicalización de la lucha de clases. Hernández creía que la cooperación, y no la lucha, era la solución de los problemas sociales.³⁹ Siguiendo una argumentación similar, Gabino A. Palma, secretario del grupo de estudios educacionales de la Academia del PCN, mencionó que durante los primeros años del siglo XX la escuela se había convertido en un lugar en el cual se formaba a “hombres máquinas” que, con los conocimientos para perpetuar el movimiento de la “monstruosa industria contemporánea”, garantizaban el dominio económico universal de los pontífices del capitalismo. Para Palma, el sistema educativo debía regresar a las manos del pueblo mediante un modelo cooperativo en el cual se inculcara que “cada individuo debe ser conscientemente responsable de su función dentro de la sociedad en que vive, de acuerdo con sus propias fuerzas y capacidades, no debiendo exigirse a todos iguales responsabilidades, porque no todos tienen iguales recursos y aptitudes”.⁴⁰

La repartición de responsabilidades de acuerdo con la capacidad individual, más que llevar a Palma a la construcción teórica de un sistema social equitativo, lo condujo por el camino de la discriminación racial. Con ello, este personaje se transformó en una bisagra entre dos corrientes de pensamiento al interior de las filas del PCN, a saber, la que daba preeminencia a la educación y la que prefería el blanqueamiento racial.

Distanciándose de muchos de sus compañeros en las filas del Cooperatista, un sector minoritario del partido, observable en los pocos artículos que lograron colocar en Cooperación, criticaba: “ingenuidad es afirmar que todos los hombres son iguales, como ingenuidad es afirmar que los milagros de la educación pueden obtener genios de mediocres”.⁴¹ Para los integrantes de este círculo de pensamiento, la única solución posible en el rubro era el fomento de la inmigración europea y la paulatina desaparición del indio mediante el mestizaje y el “blanqueamiento” cultural. En ambos sentidos, las políticas raciales de Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Australia eran los ejemplos a seguir.⁴² Por su parte, debido a los peligros que supuestamente entrañaban, los inmigrantes negros y amarillos debían ser rechazados del país. En agosto de 1923, un artículo alarmaba sobre la invasión de una caravana de migrantes negros a una hacienda localizada en San Luis Potosí. Más que preocuparse por la invasión misma, lo que inquietaba era el latente peligro existente en el “cruzamiento” entre negros e indígenas.⁴³

La raza amarilla causaba aún más temor por dos razones. La primera de ellas se debía a que, por su predisposición a aceptar salarios sumamente bajos, representaba una competencia nociva para la mano de obra del país.⁴⁴ La segunda razón respondía al predecible futuro de los pueblos asiáticos como conquistadores. Después de hacer un análisis del ocaso de Europa tras la Gran Guerra, Gabino A. Palma llegó a la conclusión de que el estandarte de la civilización había pasado a manos de estadounidenses y asiáticos. Si bien, por sus marcadas tendencias imperialistas, ambos representaban un peligro para México y América Latina, para él era preferible la victoria y dominación mundial del vecino norteamericano. Sólo así, razonaba, se resguardaría la civilización blanca. Para Gabino A. Palma, el problema intercontinental o de raza se sobreponía sobre el continental o político. En sus propias palabras:

¿Nuestros odios hacia Estados Unidos, serán tan ciegos y tan estúpidos, que prefiramos al predominio de ese pueblo de cultura blanca, el predominio de otra cultura, la dominación de nuestra raza por otra raza que no es la nuestra y que tiene una espiritualidad radicalmente diferente de nuestra espiritualidad? Pueblos de origen europeo ¿preferiremos a un señor europeo, un amo de tez amarillenta, pómulos salientes y ojos oblicuos?⁴⁵

La discriminación racial era más fuerte puertas adentro del país. El indígena era su principal objetivo. Juan de Dios Robledo representó a este último como un ser degradado por siglos de sumisión y enfermedades. Para dicho autor, “el indio puro, el indio de la Mesa Central, ejerce escasísima influencia en la resolución de los problemas nacionales; en nuestras luchas no ha pasado, jamás, de ser propagado como motivo falso y utilizado como miserable carne de cañón. En la paz es el paria”.⁴⁶

¿Cuál era la solución propuesta a estos problemas por los integrantes del PCN que sostenían la importancia de la cuestión racial? El 26 de octubre de 1922, durante un banquete ofrecido por la diputación de Tlaxcala, Gabino A. Palma presentó su proyecto a la mesa del partido. El plan se dividía en dos líneas de acción. La primera era la creación de un Centro Nacionalizador de Inmigrantes que fuese capaz de despertar el celo patriótico mexicano en los extranjeros europeos que llegasen al país. Así, ellos se quedarían y comenzarían un proceso de blanqueamiento a través de su cultura y su matrimonio con mujeres locales. La segunda línea era procurar la preeminencia social y cultural de los mestizos. “Ni adoración a los blancos ni culto al estúpido indio. Si los mestizos son los representantes de la verdadera población mexicana, entonces los mestizos deben aprender a creer y tener confianza en ellos mismos”. Para 1950, según el plan de Palma, México debía contar con 30 millones de mestizos fuertes y sabios y 3 millones de dirigentes de igual condición, capaces de llevar al país por la senda del progreso.⁴⁷

Como se ha visto, el PCN contaba con dos visiones alrededor de la regeneración de los grupos populares. La primera abogaba por la educación; la segunda, por el mejoramiento de la raza. Ambas posturas chocaron inevitablemente. A ello se sumaron los pareceres encontrados respecto a la cuestión obrera.

Cuestión obrera

A pesar de que la resolución de las problemáticas de la clase obrera fue una de las grandes preocupaciones del Congreso Constituyente de Querétaro, la legislación sobre el ramo contaba con múltiples huecos. Por ello, se pidió constantemente su reglamentación.⁴⁸ Miguel Torner, secretario del grupo de estudios políticos de la Academia del PCN, argumentó en 1923 acerca de la necesidad de que dicha reglamentación fuese federal y no se dejase al arbitrio de los gobiernos estatales.⁴⁹

La cuestión obrera se mantuvo a debate por largos años. El PCN buscó inmiscuirse en él a través de la celebración del Tercer Congreso Nacional del Movimiento Obrero, llevado a cabo en mayo de 1918 en Coahuila. El gobernador de la entidad, Gustavo Espinoza Mireles, lo convocó con la intención de llevar a sus asistentes hacia las filas del Partido Cooperatista. El cálculo resultó erróneo. En dicho congreso, se creó la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).⁵⁰ Su secretario general, Luis N. Morones, con la intención de separar la labor sindical de la labor política, activó múltiples mecanismos para la fundación del Partido Laborista Mexicano (PLM), en diciembre de 1919. Este último se consideraba como el genuino representante de los intereses obreros. Su programa se basó en la reglamentación del trabajo, en el derecho individual y colectivo de los trabajadores para suspender la prestación de sus servicios en casos necesarios, y en la conservación del derecho de asociación para los trabajadores urbanos y rurales.⁵¹

A pesar de lo anterior, el PCN no cejó en sus intentos por participar en la cuestión obrera. Para ello, encargó a los miembros de su Academia de estudios el examen de los problemas del sector. Dicho grupo llevó a cabo una labor que podría denominarse como deductiva. Se interesaron, en primera instancia, por la agitación obrera internacional. Para ello, concentraron su atención en Estados Unidos, España y la Unión Soviética. En abril de 1923, se reprodujo en Cooperación un artículo del periodista estadounidense William Willis Davies en el cual se alertaba sobre las amenazas socialistas presentes en las grandes huelgas. A su vez, como consecuencia del punto anterior, el escrito alentaba a la legislación rigurosa del derecho de huelga.⁵² En concordancia con esta visión, un texto del español Adolfo Posada, en el número correspondiente a febrero de 1923, examinaba la situación extrajurídica del fenómeno huelguístico. Para dicho autor, esta situación era aún más grave debido a que en muchas ocasiones las suspensiones de actividades laborales, sobre todo aquellas que entraban dentro de los servicios públicos, generaban un importante desorden social.⁵³

Con una visión muy distinta a la de Davies y Posada, pero con igual interés en la legislación sobre la huelga, Salomón Kahan, migrante polaco de ideas socialistas llegado a México en 1921 y vocal de la sección de estudios literarios y artísticos de Cooperación a partir de enero de 1923, se encargó de investigar la organización obrera en Rusia. Según sus pesquisas, en este país, la unión proletaria era grande, independiente, influyente y benéfica. Por ello, ésta había logrado la legitimación del derecho de huelga y la creación de una caja de seguros para desempleados y paristas.⁵⁴

La legislación en torno a la huelga fue uno de los aspectos más debatidos dentro de las esferas políticas de la época. Desde el punto de vista del sector patronal, se creía que las huelgas no se podían reglamentar, pues surgían de situaciones económicas anormales y, por lo tanto, eran contrarias al orden establecido por la ley. De modo opuesto a tal concepción, en El Mundo se defendía: “la huelga es un derecho tan difícil de ejercer como el de [legítima] defensa. Quizá sea una modalidad del mismo. Si la ley ha consagrado este último, ¿por qué va a ser antijurídico que consigne el de resistir colectivamente a las agresiones del patrón?”.⁵⁵ De la mano con dicho argumento, en un artículo de Cooperación se defendía a la legislación obrera como una nueva rama del derecho. Ésta, según el parecer del documento, tenía como materias principales la jornada de trabajo, el trabajo de las mujeres y los niños, la higiene y seguridad de talleres y fábricas, el descanso semanal, el salario mínimo, la participación en las utilidades, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, el sindicalismo y las asociaciones profesionales, las huelgas y los paros, las juntas de conciliación y arbitraje, y la previsión social.⁵⁶

En especial, los integrantes del PCN pusieron mucha atención a las indemnizaciones por concepto de accidentes.⁵⁷ Este énfasis estaba en sintonía con la retórica de la justicia social con la cual se amparaba el partido. La Revolución, como menciona Enrique Rajchenberg, logró que la sujeción de la indemnización pasara de ser un acto privado, en el cual se presentaba al empleado como sujeto de caridad, a ser una responsabilidad social del empresario, en la cual intervenían los poderes públicos.⁵⁸

Cooperación contiene un estudio sobre las leyes de accidentes industriales presentes en diferentes países de Europa y en Estados Unidos. Esta multitudinaria comparación llevó a los cooperatistas a declarar que la indemnización tenía la tarea de ser una compensación pecuniaria y de devolver al trabajador, mediante la intervención de una asistencia médica adecuada, su capacidad productora. A su vez, los hizo considerar que el pago por concepto de indemnización debía ser liquidado obligatoriamente por los patronos de forma periódica y que su monto debía establecerse según un cálculo que tomase en cuenta las condiciones generales de la industria, de los trabajadores y del costo de la vida.⁵⁹

Dentro de Cooperación, también se puede encontrar un proyecto de ley de huelgas que, en teoría, reglamentaría los incisos XVIII, XX y XXII del artículo 123 de la Constitución. La comisión revisora de este documento estuvo a cargo de los cooperatistas Miguel Torner, Eduardo Delhumeau Jr., Víctor J. Velázquez y Luis Enrique Erro. En este texto, se planteaba que, para recibir reconocimiento, las huelgas debían ser colectivas, temporales, racionales y estratégicas, es decir, que pudieran lograr sus objetivos sin poner en peligro la estabilidad social. También, se consideraba la necesidad de la mediación por parte de juntas de conciliación y arbitraje municipales y centrales. Mientras los fallos de las primeras podrían ser revisables, los de las segundas, tomados después de llevarse a cabo diversas juntas de avenencia entre patronos y trabajadores, serían inapelables.⁶⁰

A pesar de la centralidad que tuvieron en el proyecto de legislación laboral las juntas de conciliación y arbitraje, el propio Eduardo Delhumeau puso en duda su justa funcionalidad. Para él, éstas, en la medida en que exigían representantes del sector privado y del sector laboral, eran inequitativas. Mientras los patronos contaban con una fuerte comunión ideológica y de intereses, los trabajadores estaban mortalmente divididos en asociaciones marxistas, anarquistas, mutualistas y católicas. Delhumeau consideraba que esta situación llevaría inevitablemente a la aplastante imposición de los ideales capitalistas.⁶¹

El PCN estaba interesado en defender el derecho a huelgas. Sin embargo, una parte de sus integrantes buscaba que éstas disminuyeran al amparo de frases como “vale más hacer una huelga general por año que muchas huelguitas inútiles” y “más vale una mala transacción que un buen pleito”.⁶² En general, la propagación y derrota de las huelgas eran achacadas por ese círculo tanto a los malos dirigentes como a las excesivas aspiraciones obreras, las cuales, al parecer de varios editoriales de El Mundo, hacían que los trabajadores industriales contendientes perdieran la simpatía del público, es decir, de los sectores no proletarios del país o de los grupos laborales que no estaban directamente involucrados en el conflicto⁶³.

Después de hacer un balance de las consecuencias que las huelgas tenían con el aumento de salarios y la inflación, Víctor Díaz de León, articulista de El Heraldo de México, sentenció que las protestas multitudinarias no beneficiaban a los trabajadores. Para él, la única salvación proletaria era la organización horizontal defensiva, es decir, la constitución de cooperativas de crédito, de producción, de consumo y de seguros.⁶⁴ Con una perspectiva similar, en El Mundo se hizo hincapié en la superioridad del cooperativismo sobre el sindicalismo. Desde este punto de vista, mientras el primero exigía una labor constructiva con base en medios pacíficos, el segundo se contentaba con una estrategia inmediatista de resistencia que podía hacer uso de la violencia.⁶⁵ En concordancia con todo ello, en un artículo de Cooperación se declaró: “no se beneficia a las clases laborantes con leyes que so pretexto de ser radicales sean inadecuadas para nuestra situación obrerista”.⁶⁶

Dentro del PCN, la cuestión obrera provocó pareceres encontrados. Si bien la opinión general en sus filas era la reglamentación pormenorizada de los derechos y deberes de empleados y empleadores, la diferencia recaía en la valoración que hacían de los métodos de los grupos trabajadores para hacer valer sus derechos. Por una parte, estaban aquellos que veían con simpatía la activa organización obrera (entre ellos sobresale el migrante polaco Salomón Kahan y Eduardo Delhumeau). Por la otra, se encontraban aquellos que veían con horror las huelgas que por entonces comenzaban a llenar las calles de la Ciudad de México.

Cuestión agraria

Tras el cuartelazo de Victoriano Huerta en 1913, muchos intelectuales urbanos de la oposición se adhirieron a las filas del ejército zapatista. Estos hombres agregaron un enfoque nacional al discurso del grupo, para volverlo “liberal, radical, justiciero, de denuncia del sistema social, con ideas cercanas al socialismo, a la doctrina social cristiana y al anarcosindicalismo”.⁶⁷ No obstante, la oposición que lo enfrentó al constitucionalismo retrasó su entrada a las filas de la revolución oficial. Este desplazamiento sólo se logró tras la muerte de Emiliano Zapata. Antonio Días Soto y Gama fue el encargado de llevarlo a cabo mediante la fundación del Partido Nacional Agrarista (PNA), en junio de 1920.

El PNA moderó los ideales zapatistas y los acercó hacia las filas del oficialismo, es decir, a la elaboración de proyectos para la creación legalista de la pequeña propiedad y su constante tecnificación. Álvaro Obregón solía argumentar que el reparto agrario no debía llevarse a cabo con base en la expropiación indiscriminada de todos los latifundios, sino que debía limitarse a aquellos que se siguieran guiando bajo los medios tradicionales de explotación. Con el sustento que brindaban los diversos tipos de maquinarias y las técnicas nuevas, razonaba Obregón, los latifundios modernos podían potenciar el usufructo de sus cosechas y, por lo tanto, mejorar los jornales de sus trabajadores.⁶⁸

De forma paralela a las líneas generales del pensamiento oficial sobre la cuestión agraria se forjaron posturas radicales. Entre los grandes representantes de estas corrientes, se encontraban Primo Tapia de la Cruz, Úrsulo Galván y José Guadalupe Rodríguez Favela. Representando respectivamente a Michoacán, Veracruz y Durango, estos personajes, en colaboración con los grupos comunistas del país, fundaron sindicatos y ligas agrarias. Si bien este agrarismo radical compartía con el oficial la idea de que el reparto agrario debía llevarse a cabo por medios legales, se diferenciaba de él en dos premisas fundamentales: la autonomía de las asociaciones agrarias frente al Estado y el armamento y adiestramiento de los campesinos para la defensa de las tierras conquistadas frente a la reacción de los hacendados y militares conservadores del país.⁶⁹

Al igual que con los asuntos de la educación y el trabajo, los grupos internos del PCN reconocieron la existencia de un fuerte problema agrario y llamaron a su resolución mediante leyes claras y justas.⁷⁰ Junto con el agrarismo imperante, compartieron la crítica hacia los terratenientes tradicionales, en especial en contra del acaparamiento especulativo que promovían, de los fraudes por concepto de impuestos a la propiedad que perpetraban, de su opulencia y de su mala administración.⁷¹

En contraposición al agrarismo radical, el PCN abrió los espacios de su revista para artículos de opinión que, bajo lemas como “para todos según sus necesidades físicas y en proporción de sus actividades”, llamaron a la moderación del reparto de tierras.⁷² En este punto, se pidió por el tránsito de un agrarismo político a un agrarismo económico, es decir, a dejar atrás el absurdo y el peligro de

[…] entender al agrarismo en un solo aspecto de dotar de tierras a quienes lo soliciten, sin tener en cuenta si poseen siquiera los conocimientos de una agronomía empírica y si además, tienen una reserva de recursos para invertirlas en el negocio, en primer lugar, y en segundo resistir las contingencias que suelen trastornar todos los cálculos de la economía rural.⁷³

Puede decirse que el Partido Cooperatista se suscribió al pensamiento oficial sobre la cuestión agraria. Dentro de este ámbito, su labor propositiva se enfocó en la elaboración de proyectos de cooperativas rurales de crédito, de producción, de consumo, de seguros y de comercio, las cuales, con base en valores de defensa, ayuda, instrucción y progreso, evitarían la improductividad de la pequeña propiedad recién fraccionada. Tomando como ejemplo a Dinamarca, Irlanda, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Italia y España, el PCN declaró que el cooperativismo agrario daba a los campesinos dos ventajas: la conservación de la condición aislada de pequeños propietarios y el aprovechamiento de las innumerables ventajas de los latifundistas.⁷⁴ En el ámbito nacional, el PCN puso como ejemplos de agrarismo bien llevado a las colonias militares de San Luis Potosí administradas por Saturnino Cedillo y a las cooperativas rurales del Estado de México auspiciadas por el gobernador cooperatista Abundio Gómez.⁷⁵

Al igual que en el ámbito del proletariado industrial, algunos sectores del PCN resaltaron la importancia de que la lucha agraria desembocara en el cooperativismo y no en el “peligroso” sindicalismo que, so pretexto de lograr sus fines de mejoramiento y redención del campesinado, podía dejar en la improductividad total al campo y, por lo tanto, llevar a la ruina alimentaria y económica al país.⁷⁶ En este tenor, en El Heraldo de México se llevó a cabo una crítica hacia el sindicalismo agrario de confrontación. En sus líneas, se lee que en la historia de Francia este tipo de organizaciones,

[…] para llamar la atención sobre su miseria, se propusieron organizar y encauzar por senderos de progreso las actividades que, disgregadas para el trabajo y sólo unidas para la lucha, tendrían por única resultante violencias esporádicas que sembrarían la desconfianza en los campos y originarían la ruina de la agricultura.⁷⁷

La posición del PCN con respecto al problema agrario de México se sintetizó, en fin, en el punto número seis de su programa mínimo. En este último se lee lo siguiente:

Que se lleve a efecto el fraccionamiento de la gran propiedad agraria, mediante justa indemnización; se instituyan las escuelas rurales de LAS CAJAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA, y se adopten todas las medidas que tienden a la conservación y transmisión de la propiedad fraccionada, la elevación económica y moral del campesino, la debida restitución de ejidos a los pueblos y la utilización de los modernos sistemas de cultivo y los instrumentos mecánicos. Y que se adopten todos los medios prácticos que conduzcan a la progresiva socialización de la tierra.⁷⁸

Dotar de técnicas y herramientas nuevas al campesinado organizado fue la bandera del programa agrario compartido por la mayor parte de los actores políticos posrevolucionarios. Con este objetivo en mente, en Cooperación se buscó sentar las bases para la creación de un Banco Nacional Cooperativo Rural de responsabilidad solidaria ilimitada y duración indefinida, que funcionara en primero, segundo y tercer grado, es decir, a partir de la constitución de cajas regionales que, a su vez, tendrían por accionistas a las cajas rurales formadas por pequeños y medianos agricultores. En esta iniciativa, el PCN contó con el apoyo de Antonio Díaz Soto y Gama y del PNA.⁷⁹

La cuestión agraria contó con un amplio consenso en las esferas políticas parlamentarias. El entendimiento se observó incluso en los periódicos El Heraldo de México y El Mundo. A diferencia de los líderes obreros, personajes que únicamente aparecieron en sus columnas para recibir denostaciones y críticas, Soto y Gama contó con un espacio en sus páginas mediante el cual pudo difundir las ideas agrarias de su partido.⁸⁰ Estas últimas, vale la pena recordar, estaban en sintonía con el cooperativismo impulsado por el PCN. Junto con el aparato gubernamental, el pna y el PCN defendieron la creación de la pequeña propiedad con base en la modernización, la tecnificación y la cooperación.

Conclusiones

El legado revolucionario, junto con las ideas de algunos socialistas utópicos encaminó a los integrantes del PCN por el sendero discursivo de la justicia social. Este bagaje intelectual desembocó en una doctrina que consideraba al cooperativismo como la mejor herramienta para lograr la reconstrucción nacional. Ahora bien, debido sobre todo a la diferencia de énfasis en temas estratégicos, la afinidad que unía a las filas del partido era sumamente frágil. La moderación y la radicalidad, respaldadas por el estudio de la cuestión nacional e internacional, estaban presentes en los distintos círculos internos del grupo. El acuerdo imperó en torno al tema agrario (incluso entre partidos y con el gobierno). Por el contrario, las discrepancias en materias de educación y de legislación laboral constituyeron puntos neurálgicos de contradicción y enfrentamiento.

El 12 de septiembre de 1923, el diputado cooperatista Justo A. Santa Anna le envió una carta a Plutarco Elías Calles para informarle de las “pérfidas” estratagemas que un grupo del partido estaba llevando a cabo para sostener la candidatura presidencial de Adolfo de la Huerta. En este escrito, además, le advirtió acerca del periódico El Mundo en los siguientes términos: “Usted sabe muy bien que la publicación en referencia está en manos de aquellos que menos quieren a usted y los que nunca perdonarán el radicalismo que usa usted en todos sus actos”.⁸¹ Por último, Santa Anna anexó un artículo de El Universal Gráfico en el que él, precisamente, celebraba la radicalidad de Calles. He aquí la racionalización de la diferencia ideológica interna del PCN. Los que estaban con Calles eran radicales. Los que estaban con De la Huerta, por tanto, eran los conservadores o reaccionarios.

Por mi parte, no me atrevería a afirmar que el grupo del PCN que sostenía a Calles era radical.⁸² Lo que me interesa es poner sobre la mesa cómo, a partir de las ideas y los escritos de los miembros del partido, se crearon dos filiaciones diferentes que, a la larga, ocasionaron la escisión de la agrupación durante la coyuntura provocada por la elección presidencial de 1924. Soy consciente de que esta repuesta es fragmentaria. Detrás de los acontecimientos se desenvolvieron tramas que estaban más allá de las posiciones ideológicas. Sin duda, la ambición (el futurismo), la estrategia y las lealtades de camarilla tuvieron un gran protagonismo en los reacomodos políticos. Empero, no por ello la ideología desempeñó un papel menor en ellos. Espero que las líneas precedentes abonen positivamente en la tarea para devolverle a este factor su importancia dentro de las categorías históricas explicativas.