Introducción

La Sierra Gorda es, sin duda, una de las áreas montañosas más conocidas en la historiografía. No son pocos los estudios que han abundado en el análisis de sus misiones franciscanas, la pacificación de sus habitantes, la aculturación y las rebeliones acaecidas en sus confines. Sin embargo, la mayoría de los tratados más extensos y completos han formado parte de los análisis correspondientes al periodo novohispano. Entre las obras destacan las elaboradas por Lino Gómez Canedo, María Elena Galaviz, Robert Jackson, Gerardo Lara Cisneros y María Teresa Álvarez Icaza, las cuales sentaron una serie de bases analíticas que han sido retomadas para nuevos escritos, a saber: el análisis regional, la población, la situación de frontera, las campañas de pacificación. Más recientemente se han sumado tesis sobresalientes, como las de David Alejandro Sánchez y Cécile Isabelle Tahon, las cuales se han concentrado en aspectos específicos como el estudio de la población de misiones y las implicaciones de las Reformas Borbónicas en ciertos poblados de la Sierra, respectivamente.¹

Por su parte, la historiografía encargada de atender la primera mitad del siglo XIX también ha sido abundante. Entre los trabajos más conocidos, podemos mencionar el artículo de Leticia Reina sobre la rebelión de 1847; el de Carmen Vázquez Mantecón en torno a la inestabilidad política en la región durante la década de 1850; el escrito de Moisés González Navarro referente a las guerras de casta, donde habla brevemente de la rebelión de 1847; el análisis acerca de las rebeliones campesinas durante el siglo XIX efectuado por Blanca Gutiérrez Grageda, así como el texto referente a la rebelión de 1847, de Marie France Houdart-Morizot.² No obstante la diversidad, la mayoría de ellos han sido fragmentarios (con mayor interés puesto en la insurgencia serrana), además de tener una fuerte influencia de las obras dedicadas al periodo colonial, en especial en lo referente a la población y al carácter aislado.

Actualmente, son varias las obras que se han abocado al estudio de la Sierra Gorda durante el siglo XIX. Entre ellas, destacan la tesis de maestría elaborada por Néstor Gamaliel, referente a la conformación del Territorio de la Sierra Gorda (1853);³ el artículo de Francisco Iván Hipólito Estrada, en torno al estudio del federalismo y su relación con el contrabando de tabaco durante la década de 1830.⁴ También destacan tanto el análisis elaborado por Ulises Ramírez Casas sobre la rebelión de 1847 a 1849 y su estrecha relación con el conflicto bélico entre México y Estados Unidos,⁵ como la tesis doctoral de James Cypher, cuyo interés analítico se centra temporalmente en la segunda mitad del siglo XIX, pero que abunda sobre la cultura política y la religiosidad de la población serrana.⁶ Estos trabajos se han diferenciado de la producción historiográfica clásica de la segunda década del siglo XX y principios del XXI que estudió la región, sobre todo, por la utilización de fuentes primarias consultadas en los archivos locales y estatales, con lo cual han cambiado las perspectivas del análisis: menos centrado en la dinámica política del centro del país y más apegado a los aspectos locales y regionales.

La historiografía que inicialmente se acercó al estudio de la Sierra Gorda durante la primera mitad del siglo XIX se enfocó en el tema de las rebeliones, en especial la de 1847, como resultado del interés causado por los movimientos de liberación, los estudios subalternos y aquellos cuyo objetivo se centraba en explicar y analizar las motivaciones de la insurgencia campesina. Sin embargo, el resultado, aunque relevante, tuvo una serie de problemas analíticos e interpretativos, primero, porque esos estudios recurrieron a fuentes ubicadas en la Ciudad de México -lo cual los dotó de una inclinación hacia el centralismo-; segundo, debido a que el interés fundamental del análisis radicaba en la insurgencia, fueron omitidos otros aspectos fundamentales para el estudio social en la Sierra Gorda, por lo cual la idea de un espacio aislado, así como la de población fueron retomadas de aquellas propuestas analíticas para el periodo colonial.

A partir de esta lectura, y debido a que la mayor parte de esos estudios siguen siendo una referencia para las nuevas disertaciones sobre la región de Sierra Gorda, el presente artículo pretende ofrecer un marco explicativo que incluye la reconstrucción de características geográficas; división política y administrativa; demografía, así como aspectos de organización religiosa. Paralelamente, el presente texto busca cuestionar algunas nociones acerca de la Sierra Gorda -por ejemplo, aquellas propuestas que la sugieren como un espacio marginal y aislado políticamente, sin cambios demográficos y una nula presencia de administración política- y proponer perspectivas analíticas a partir del estudio de las características antes mencionadas. Se eligió la década de 1840 debido a que tanto los estudios previos como los más recientes se han inclinado por el análisis de acontecimientos ocurridos durante dicho periodo (la rebelión de 1847) o bien por sucesos que remiten a lo acaecido en dicha década (la conformación del territorio de Sierra Gorda).

Para llevar a cabo este artículo fueron consultadas diversas fuentes ubicadas en los archivos históricos de los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Por cuestiones expositivas, el texto presentará información fuera del periodo de estudio propuesto con el objetivo de que el lector tenga nociones comparativas respecto a las condiciones previas a los temas que se problematizan. Aunado a esto, es importante que el lector sepa que este artículo forma parte de una investigación más extensa con motivo de la realización de una tesis de maestría sobre la rebelión de 1847.

La información reunida en este texto permitirá tener un panorama más completo de la época y de la región, la cual, a su vez, pretenderá emprender un diálogo con las propuestas analíticas que recientemente se han interesado en la Sierra Gorda durante el siglo XIX.

La Sierra Gorda: una acotación sobre el espacio y la temporalidad

La Sierra Gorda es un área montañosa que forma parte de la Sierra Madre Oriental. En la actualidad, está asociada con la zona ecológica denominada Reserva de la Biosfera, ubicada en los actuales estados de Querétaro, principalmente la zona norte, y Guanajuato, en especial la parte noroeste de dicho estado.⁷ En el Mapa 1 se puede observar la ubicación espacial de la Sierra con relación al actual territorio nacional. La delimitación es resultado de la investigación que llevé a cabo para sustentar mi tesis de maestría en Historia,⁸ la cual retomó los planteamientos propuestos por Eric van Young,⁹ para quien las regiones son hipótesis por comprobar durante el proceso de análisis de las fuentes.

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación documental efectuada en los archivos históricos de los estados de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí.

Mapa 1 Sierra Gorda, 1840-1850 

En tanto espacio montañoso, la Sierra tiene paisajes muy variados. Esto debido, por una parte, a la orografía, pues presenta alturas de hasta 3 000 msnm y depresiones de 700 a 400 msnm,¹⁰ y, por otra, a la diversidad climática originada por el fenómeno denominado sombra de montaña, gracias al cual las corrientes de aire cálido-húmedas del Golfo de México descargan sus aguas en las cumbres más altas, impidiendo que lleguen hasta la meseta central. Así, con las contrastantes variaciones altitudinales, se encuentran una gran cantidad de entornos ecológicos con bosques de coníferas, encinares, platanares, caña de azúcar, bosque caducifolio y chaparral en el semidesierto, donde las nubes provenientes del mar ya no llegan.¹¹ También por ello se presentan varios climas: la parte oriental pasa del cálido-húmedo al semicálido-subhúmedo en San Luis Potosí; en la parte central, es templado subhúmedo y corresponde a la mayor parte de la sierra queretana; en la occidental es semicálido y semiseco, y caracteriza al estado de Guanajuato.¹² Aunque el templado subhúmedo es predominante, no dejan de llamar la atención las variaciones climáticas que se forman en las depresiones de los ríos Santa María y Moctezuma, las cuales pasan de clima cálido a semiseco en cuestión de kilómetros.

Con su vegetación, vertientes y climas variables, las tierras altas dotaban de agua a los departamentos, distritos, municipalidades y poblaciones asentados en la Sierra, en sus valles intermontanos y en las tierras bajas. Aunque en la actualidad la mayor parte de los cursos de agua son pasajeros y en los mapas aparentemente no tienen continuidad, lo cierto es que a mediados del siglo XIX eran muy caudalosos. Siete ríos recorrían la Sierra: el de San Miguel Tolimán, que se reunía con el de Santa María Peñamiller, nacía en el cerro el Zamorano y en su recorrido iba rodeando comunidades y minerales en Guanajuato, hasta que confluía con el de Xichú y pasaba por Peñamiller y el Extoraz. Los de Jalpan y Ayutla se originaban en los cerros escarpados de los minerales de Amoles y Xichú, para confluir posteriormente con el de Concá y formar “el río más importante de toda la sierra, por la mucha agua que lleva”.¹³ El de Escanela nace en San Juan Tetla y se une al de Jalpan. El de Concá nace en San Luis Potosí, entra en Querétaro por el cañón del río en Arroyo Seco, baja hasta Concá, para unirse al de Jalpan y Ayutla, y, al cambiar de curso, pasa por Santa María Acapulco y regresa a San Luis Potosí. Al río Moctezuma se une el de Zimapán, entra en Cadereyta al tiempo que se le unen arroyos y va cambiando su curso por las cañadas de la Sierra, creando un lindero natural entre Querétaro e Hidalgo (en 1848-1850 éste formaba parte del Estado de México), el cual se une al Pánuco y desemboca en el Golfo de México.¹⁴

La diversidad climática, altitudinal y la cantidad de ríos dotaban a la Sierra de una gran flora y fauna. Por el rumbo de Tolimán y Cadereyta abundaban las nopaleras, el mezquite, la lechuguilla con la que se producía mezcal y jarcia, y las magueyeras, de las cuales se decía que producían un pulque apenas superado por los del valle de Apam. En el Pinal de Zamorano, en Tolimán, hasta Jalpan, abundaban el encino, pino blanco, colorado y resinoso que “[sacaban] para el consumo de los pueblos”, además de cedros y ébano pardo. En la Misión de Palmas, muy cerca de Peñamiller, así como en Concá, se sembraba caña dulce, “pero [tenía] mucha fibra y poco jugo a causa de la feracidad del terreno”.¹⁵

Por Guanajuato, el escenario era similar. Las partes altas de Del Real de Xichú y Atargea tenían bosques de pino, encino y oyamel, mientras que en las bajas y áridas de San Luis de la Paz y San Juan Bautista de Xichú de Indios (hoy Victoria), las nopaleras, el mezquite, magueyes y biznagas se encontraban por los caminos. En otras zonas, las depresiones donde la temperatura cambia y los arroyos llevan más agua, era posible encontrar platanares y vegetación selvática.

Ahora bien, cabe hacer un paréntesis expositivo para presentar un contexto nacional y regional durante la década de 1840 que permita al lector tener referencias sobre la época y algunas cuestiones para nuestro análisis.

La década de 1840 es un periodo peculiar de la primera mitad del siglo XIX en México. En especial porque en él se concentraron una serie de problemas de larga data y con profundas consecuencias políticas y sociales. Algunos historiadores han caracterizado dicho periodo por la desintegración; incluso, su segundo lustro junto con el primero de la década de 1850 han sido definidos por Raymond Buve y Romana Falcón como una temporada de desesperanza.¹⁶ La década de 1840 fue antecedida y precedida por una agitación social constante, la exacerbación de la división política, recurrentes pronunciamientos militares,¹⁷ guerras civiles, así como una de carácter internacional.

Aunque plasmar un contexto amplio de la primera mitad del siglo XIX no es un objetivo de este artículo, sí es importante destacar que a la década de 1840 le anteceden dos procesos fundamentales que tendrán fuertes consecuencias durante su segundo lustro: el primero de ellos tiene que ver con la instauración del sistema centralista en 1834,¹⁸ con el cual la administración política de los estados cambió por el modelo departamental; el segundo está relacionado con la exacerbación del separatismo y la defensa de los derechos federativos, lo cual tendrá como mejor ejemplo la rebelión de Texas en 1835 y la iniciativa de Zacatecas para defender su autonomía frente a las medidas tomadas por el gobierno central.¹⁹

A decir de Michael P. Costeloe, en términos políticos y administrativos, el gobierno se mantuvo en una constante fluctuación desde 1824, pues experimentó “republicanismo federal y central, dictadura y variantes de [esos mismos sistemas] ensayados de tiempo en tiempo”, así como una gran variedad de presidentes y gobiernos provisionales.²⁰ Para Raymond Buve y Romana Falcón, México en la década de 1840 era “un archipiélago de muchos cientos de ayuntamientos con sus cabeceras y sus pueblos”.²¹ No obstante, esta perspectiva cambia si nuestra escala de enunciación es distinta. Por ejemplo, desde la década de 1830 los gobiernos de los estados asignaron funciones de gobierno a personajes asociados a los intereses administrativos de los gobiernos estatales o departamentales, por lo que contrasta con la noción que desde el centro del país se tenía y sigue presente en muchos estudios. En todo caso, se entrevé, si no un fortalecimiento de dichas administraciones, un despliegue de su presencia en muchos espacios.

Iniciada la década de 1840 era evidente que el centralismo había fracasado. Los problemas que derivaron de las cuestiones hacendarias y del ejército no se resolvieron con la dictadura de 1841-1843. De hecho, ese año la Junta de Notables estableció las Bases Orgánicas, que eliminaban el Cuarto Poder Conservador, concedían mayor representación y restituían al Ejecutivo el mando del ejército. Entonces, Santa Anna pasó de dictador a presidente en 1844, mientras que la renuencia a reconocer la independencia de Texas exacerbó el expansionismo de Estados Unidos. El 2 de noviembre del mismo año, el general Mariano Paredes se pronunció desconociendo a Santa Anna por violar las Bases Orgánicas, y, ante la crisis en el Congreso, el 6 de diciembre se entregó el gobierno a José Joaquín Herrera, como ordenaban las Bases Orgánicas.²²

En este contexto, el país se encontraba en medio de dos amenazas externas: la de Estados Unidos y la conspiración española. Por su parte, el gobierno de Herrera buscó resolver el problema de Texas, para lo cual reformó las Bases Orgánicas con el objetivo de que otorgaran mayor autonomía a los departamentos y evitar la división territorial ante una posible invasión. El general Paredes, con ayuda de los fondos entregados por el gobierno para defender la frontera, amenazada por el ejército estadounidense, se pronunció el 14 de diciembre de 1845 con apoyo de los monarquistas. El 2 de enero de 1846, Paredes entró triunfante a la capital, mientras el presidente Polk ordenaba el avance del general Taylor hacia el río Grande. El 12 de mayo, después de algunos incidentes entre tropas mexicanas y estadounidenses, el presidente Polk envió la declaración de guerra al Congreso. De agosto a diciembre de 1846, inició la restauración del sistema federal con un gobierno de transición que nombraría autoridades provisionales en los estados. Sin embargo, la lucha de facciones impidió que la Constitución de 1824 entrara en vigor. No obstante, al preparar las reformas constitucionales, el Congreso aprobó la definición de los derechos individuales, el derecho de amparo, la abolición de la vicepresidencia, la declaración de que el Senado podía revocar cualquier ley en los estados y la potestad de la Suprema Corte de Justicia de resolver las demandas anticonstitucionales. Esto permitió establecer el gobierno provisional en Querétaro en octubre de 1847.

El cambio de sistema de gobierno, de funcionarios y las elecciones hicieron que las autoridades emplearan toda la atención en resolver esos problemas y relegar la guerra a segundo término.²³ Esto trajo problemas nuevamente entre los gobiernos estatales y el federal, pues los primeros no querían cumplir con los contingentes que debían aportar para la defensa nacional. Iniciado agosto de 1847, el general Scott comenzó su avance hacia el valle de México. Las derrotas de Padierna y Churubusco obligaron a Santa Anna a aceptar un armisticio para negociar. El 15 de septiembre, la capital fue ocupada por el ejército estadounidense. Santa Anna renunció a la presidencia y propuso que Manuel de la Peña asumiera el interinato para que trasladara el gobierno a Querétaro, el cual finalmente inició su retirada el 27 de septiembre. El 2 de febrero de 1848, después de la negociación de enero, se firmó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Para mayo de 1848, el Congreso se reunió nuevamente en Querétaro. Durante 1849 y 1850, luego de finalizada la guerra con el ejército y gobierno de Estados Unidos, se exacerbaron las guerras civiles que se habían desatado apenas dos años antes en diversas geografías del territorio mexicano, en especial las de la Sierra Gorda y Yucatán, las cuales crearon un clima de terror entre los gobiernos y las élites estatales.²⁴

Caminos en mal estado: ¿un obstáculo para la presencia estatal o una justificación para la colonización?

La Sierra Gorda, en tanto espacio geográfico, ha estado asociada con la idea de lo agreste y marginal, la cual no sólo se remite a los estudios historiográficos, sino a las fuentes documentales de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que captaron en los informes sus impresiones sobre el paisaje. Bajo esta noción, la Sierra sería un área montañosa infértil, abrupta, carente de urbanidad, desierta y completamente distante -perspectiva que habrá de influir en la consideración de otros aspectos, como las vías de comunicación o la imagen de los habitantes, de lo cual hablaré más adelante.

Las fuentes elaboradas durante la década de 1840 pueden variar considerablemente respecto a la perspectiva que se tenía de la Sierra: sus accesos, los pueblos que se ubicaban en ella e incluso las actividades comerciales y económicas que se llevaban a cabo. La Sierra Gorda, aunque es un espacio abrupto, está rodeado de importantes poblaciones, entre ellas se destacan: al sur, la ciudad de Querétaro y la villa de Cadereyta, dentro del territorio queretano; al oeste, una serie de poblados pertenecientes al camino alterno que comunicaba Querétaro con San Luis Potosí, entre los que se encuentran San Miguel el Grande (hoy conocido como la villa de San Miguel de Allende), San José Casas Viejas (actualmente denominado San José Iturbide) y la villa de San Luis de la Paz, pertenecientes a la jurisdicción de Guanajuato; al norte, Santa María del Río y Río Verde, localizadas en San Luis Potosí; al sureste, el mineral de Zimapan, próximo a Ixmiquilpan, en la demarcación del entonces Estado de México. En esas poblaciones había una importante actividad económica; por ejemplo, en Río Verde las haciendas habían entrado en un periodo de auge en su producción: maíz, frijol, chile cascabel y ancho, sal,²⁵ piloncillo y azúcar, artículos que llegaban a mercados como los de Tampico, Monterrey y Saltillo.²⁶ Por su parte, en Cadereyta y Tolimán -uno de los pueblos aledaños-, los censos hacen hincapié en la importancia que había cobrado la extracción de fibra vegetal de la lechuguilla. Cerca de 70 por ciento de la población se dedicaba a la fabricación de mecates, morrales, sombreros, cepillos, entre otros utensilios a partir de dicha fibra.²⁷ En San Luis de la Paz y los pueblos aledaños se producía maíz y trigo, aunque buena parte de las tierras se destinaba al pastoreo y la extracción de fibra de los magueyales. Por su parte, la producción de maíz, frijol, chile y trigo de San José Casas Viejas se comerciaba en los pueblos serranos, como Tierra Blanca, Santa Catarina y Xichú de Indios.²⁸

En las poblaciones ubicadas en la Sierra, como Pinal de Amoles, las actividades consistían “únicamente en [trabajar] algunas sembraduras muy cortas de maíz en los desmontes”, debido a la fragosidad del terreno, pero las actividades económicas giraban en torno al comercio de hierbas medicinales, madera, resinas y “rajas de ocote para las iluminaciones y usos de la gente pobre”.²⁹ En Escanela, los vecinos del pueblo se dedicaban a la siembra de maíz y al comercio,³⁰ al igual que los de Ahuacatlán.³¹

Ahora bien, antes de continuar con la exposición, es importante resaltar cuáles eran los accesos y vías de comunicación entre las poblaciones que rodeaban la Sierra y aquellas que se encontraban en plena zona montañosa. Por el rumbo del Estado de México, a 1 780 msnm, se encontraba Zimapán. En este pueblo iniciaba un camino hacia el nororiente que bordeaba el piedemonte rumbo a las Adjuntas, donde se encontraban los caminos que llevaban hacia Potrerillos, Pacula y Jacala, hasta remontarse a la Misión de Xiliapa, para después seguir hacia Escanela o Jalpan.³²

Al sur de Río Verde, en el estado de San Luis Potosí, salía un camino que pasaba por la hacienda de Albercas hasta llegar a un valle al pie de la Sierra, donde se encontraba la villa de San Ciro de Albercas, y se extendía hasta la villa de Jalpan. En Xilitla existía una vía más para llegar hasta Landa de Matamoros. La villa de Santa María de Río estaba comunicada por varios caminos carreteros que enlazaban la capital del estado con San Luis de la Paz, en una ruta de más de veinte leguas. La municipalidad de Tierra Nueva, enclavada en la serranía, únicamente tenía accesos por caminos de herradura, cuyos destinos eran Santa María del Río, en la parte noroccidental; Río Verde, hacia la parte nororiental de la Sierra, y San Luis de la Paz, en el sur. Las poblaciones que se encontraban al sur de Río Verde y sobre todo las del distrito de Tancanhuitz estaban insertas en una red de caminos carreteros y de herradura con el rumbo del puerto de Tampico, donde se articulaba una amplia red de comercio.

El acceso por Guanajuato podía iniciarse desde San Luis de la Paz a 2 033 metros de altitud, rodeando la Sierra por los valles que lentamente ascienden al pie de monte, hasta Xichú de Indios y Atargea, cerca del Pinal de Amoles y Jalpan. El de la villa de San José Casas Viejas (actualmente San José Iturbide), cercana a San Miguel El Grande (hoy de Allende), tomaba el rumbo de Tierra Blanca, pasando por Santa Catarina. En la década 1830, el vicegobernador de Guanajuato comentaba respecto a los caminos de ese estado: “si se exceptúa la parte del norte y poniente de Xichú, en que jamás andarán ruedas los demás caminos que yo he recorrido como siguen generalmente lo plano donde terminan las colonias, son por lo regular tan buenos en tiempo de secas, como inundables cuando la estación de lluvias es abundante”.³³

En Querétaro, el camino carretero era bueno hasta San Sebastián Bernal (actualmente Bernal), pero de ahí hasta San Pedro Tolimán se volvía “pedregoso y difícil en algunos puntos”. Un primer camino de herradura entraba “en la sierra pasando en tierras de Atongo, Ajuchitlán el Grande, [atravesaba] el pueblo de San Francisco Tolimanejo, y bajaba por San Miguelito para entrar en San Pedro”. De Cadereyta también salían caminos de herradura a San Pedro Tolimán, pasando por la hacienda de San Pablo para llegar hasta el pueblo de Arroyo-Seco, que cruzaba por el río Extoraz, Peñamiller, los minerales de Río Blanco, Atargea y Concá,³⁴ pero éstos siempre eran “fragosos”.³⁵

Hasta este momento, siguiendo la narrativa de las memorias estadísticas elaboradas por las autoridades locales y estatales, la Sierra contaba con una extensa red de caminos carreteros y de herradura, los cuales comunicaban buena parte de las poblaciones intermontanas, como aquellas ubicadas en sus márgenes (Río Verde, San Luis de la Paz, Cadereyta, Zimapán) e incluso con algunas más lejanas (Tampico). Según esta lectura inicial, dichos caminos habrían funcionado como elemento neurálgico del comercio. A pesar de que no todos permitían su tránsito en carretas, era posible mediante el transporte a lomo de mulas o caballos, en especial en la temporada de lluvias. Sin embargo, hay otras fuentes que, de no ser leídas cuidadosamente, pueden remitirnos a la imagen de una zona montañosa intransitable y de difícil acceso. Por ejemplo, un expediente elaborado entre 1841 y 1842, a raíz de una disputa entre los párrocos de Santa María Peñamiller, Cadereyta y El Doctor, ponía de relieve las dificultades que los feligreses encontraban para llegar de Cadereyta hasta Santa María Peñamiller. Sin embargo, en tanto alegato, la dificultad enunciada está en estrecha relación con la disputa y la obtención de la feligresía y, por ende, de un mayor número de diezmos.³⁶

Esto nos lleva a otra reflexión que es importante destacar aquí: la mayor parte de las iniciativas emprendidas en la Sierra, tanto para colonizarla como para gobernarla, han sido justificadas mediante una serie de explicaciones que pretendían dar una imagen de deterioro material y espiritual del espacio y sus habitantes, convirtiendo dichas empresas en una tarea necesaria y urgente.

Haciendo un ejercicio analítico de las fuentes y su forma de referirse a los caminos de la Sierra durante la década de 1840, es posible ubicar tres grandes momentos. El primero de ellos va de 1840 a 1846. La documentación elaborada en este periodo centra su atención en el buen estado que mantenían las jurisdicciones, tanto en lo administrativo como en lo económico. Por medio de esas fuentes es posible descubrir la bonanza por la que atravesaba la producción agrícola y el auge de la ganadería en muchas de las fincas rústicas. El segundo va del verano de 1846 a 1850. En este lapso las autoridades locales cambiaron de manera drástica la forma de retratar la Sierra y de analizar los problemas que en ella acaecían. Inicialmente, entre 1846 y 1847, cuando el gobierno central y los departamentales establecieron las cuotas que debían aportar las administraciones locales y los jefes de distrito para obtener mayores recursos humanos y monetarios destinados a la empresa de guerra contra el gobierno y el ejército estadounidenses,³⁷ se puso de manifiesto una narrativa en la cual se buscaba evidenciar la pobreza en la que se encontraban las arcas locales y las dificultades económicas por las que pasarían las familias de ser sustraídos los hombres de sus localidades.³⁸ En especial se quería demostrar que la sustracción de hombres destinados a formar parte de los contingentes del ejército que combatirían a las tropas estadounidenses causaría un vacío de seguridad.³⁹ Finalmente, en un tercer lapso, de 1848 a 1850, el discurso de las autoridades estuvo relacionado de manera estrecha al desarrollo de la rebelión iniciada en 1847 en la Sierra. Cabe recordar que, a partir de dicho año y hasta el otoño de 1849, la zona fue escenario de una masiva rebelión que causó pánico entre las élites y los gobiernos, debido a su potencial alianza con el ejército de Estados Unidos, sus radicales demandas de justicia social, política y económica, así como por su cercanía a la capital del país (en ese entonces situada en Querétaro, debido a la ocupación de la Ciudad de México por las tropas estadounidenses) y su capacidad emancipadora. En este contexto, las autoridades locales y estatales buscaron destacar, a través de los informes, la situación de inseguridad que vivían los propietarios de fincas rústicas, la carencia de armamento, la falta de gobierno, la escasez de hombres encargados de tareas militares, así como las dificultades para transitar los caminos por donde suministrar hombres y parque para terminar con la rebelión.⁴⁰

En este sentido, al terminar la primera mitad del siglo XIX es posible observar cómo las autoridades trataron de influir en la noción que se tenía sobre la Sierra en la capital del país y en las principales ciudades, con el objetivo de obtener apoyo y recursos por parte del gobierno federal. De esta forma, las noticias sobre los caminos no podían ser satisfactorias. El informe del gobierno de Querétaro respecto a la situación decía lo siguiente: “los más que atraviesan el estado son molestos, ya por los cenegales que se forman en la estación de aguas, ya por la piedra suelta que contienen”; se advertía, además, que no había fondos suficientes para su compostura.⁴¹

Ahora bien, la impresión que los habitantes de la Sierra tenían sobre los caminos no necesariamente respondía a las impresiones externas. A través de ellos había ocurrido una importante movilización de población de un sitio a otro, así como de mercancías e ideas; por ejemplo, entre 1846 y 1849, cuando las fuertes sequías, la falta de ocupación laboral, las epidemias de cólera, la escasez de alimentos y la rebelión de 1847 ocasionaron una continua migración de habitantes de Cadereyta y otras municipalidades queretanas hacia Guanajuato y otras poblaciones de los estados colindantes.⁴² No obstante, los caminos fueron parte fundamental del comercio y de las actividades asociadas con la arriería y el contrabando. Jornaleros y arrieros transitaban los caminos de montaña adentro;⁴³ los unos buscando ocuparse en las haciendas cercanas, los otros comerciando en pueblos, municipalidades y rancherías los productos y mercancías provenientes de distintos sitios, incluidas las producidas o elaboradas en la Sierra.⁴⁴

Para 1848, la arriería era un oficio bastante importante. Según Del Raso, al menos trescientos arrieros recorrían los caminos carreteros ―que eran los menos- y los de herradura.⁴⁵ Los viajes los hacían a larga distancia con recuas, hatajos o chinchorros,⁴⁶ intercambiando productos de tierras frías con los de tierras bajas: maíz, frijol y harina de Zimapán por piloncillo de Río Verde o Arroyo Seco. Semillas y víveres necesarios como maíz, frijol, chiles cascabel y ancho, sal, algodón y frutos silvestres eran cultivados en las zonas altas. De la Huasteca llegaba plátano largo, naranja de china, piña, mamey y otros cultivos de tierra caliente. El consumo de los tejidos de algodón y lana se abastecía de otros distritos cercanos, como Cadereyta, Tolimán y del vecino estado de Guanajuato.⁴⁷ Los lienzos extranjeros y muchos otros productos que llegaban a Tampico pasaban por esta sierra sin pagar aranceles, como a continuación relata el prefecto de Jalpan al gobernador del estado de Querétaro en 1848: “a consecuencia de varios documentos dados a esta oficina y a la receptoría de esta Villa [Jalpan], se procedió a la aprensión de unas cargas de efectos extranjeros que del puerto de Tampico se dirigían al interior sin documentos aduanales”. Pero, como en muchos casos, los alcaldes y vecinos de las municipalidades no actuaban en la persecución de los contrabandistas, porque estaban de por medio sus intereses: “tratando así de impedir su persecución con notable injuria de las leyes y grave perjuicio del erario público”.⁴⁸

Mediante estos caminos, lograron llegar a la Sierra noticias, personas, productos e ideas. Entre 1846 y 1848, las autoridades locales llevaron a cabo una investigación gracias a la cual se supo que algunos reclutas de la Guardia Nacional de Xichú de Indios mantenía una estrecha comunicación con un comandante militar de Tamaulipas, llamado Juan Galán.⁴⁹ Esa comunicación no sólo permitió a los reclutas formarse una idea de la guerra que llevaban a cabo el gobierno y el ejército mexicano contra el de Estados Unidos; también les permitió tomar una posición respecto al conflicto y aliarse con los estadounidenses para luchar contra un enemigo común y déspota.⁵⁰

Esto permitiría tener nuevas perspectivas sobre los habitantes de la Sierra Gorda. En especial para entender las motivaciones, el desarrollo y el desenlace de la rebelión de 1847, pues muchas interpretaciones plantean que el aislamiento y la dispersión geográfica de los pobladores les imposibilitó cualquier tipo de alianza o acciones contundentes para colocar sus demandas y reivindicaciones en el plano político nacional, o bien sugiriendo que el apartamiento de sus habitantes era el elemento central de las acciones rebeldes,⁵¹ obviando con eso dos cuestiones fundamentales: la capacidad de reacción y represión que desplegaron el gobierno central y los de los estados para exterminar a los rebeldes al terminar la guerra contra Estados Unidos,⁵² y la propia dinámica de la rebelión y los grupos que le dieron forma y vida.

Población serrana: una necesaria explicación sobre su composición

La mayor parte de la historiografía que se ha acercado a estudiar la rebelión de 1847 en la Sierra Gorda aglutinó a sus habitantes y sus rebeliones con el adjetivo de campesinos.⁵³ Algunos trabajos como los de Leticia Reina nos sugieren la existencia de un componente indígena, ya sea como integrantes de la rebelión o como habitantes de la Sierra, pero en la mayor parte de su análisis predomina la categoría de campesinos, además de asociar la composición social únicamente con aspectos laborales.⁵⁴

Ahora bien, antes de preguntarse quiénes habitaban la Sierra durante la década de 1840, es importante saber el número de pobladores, lo cual nos puede ayudar a conocer el componente social de la rebelión de 1847. Sugiero iniciar este análisis con los censos elaborados por estadistas, por encargo de los gobiernos estatales, y aquellos efectuados por las propias administraciones.

Cabe señalar que, aunque los documentos que trataron de definir a la población serragordana de Querétaro tienen variaciones importantes, permiten tener una noción general. En sus Notas estadísticas del departamento de Querétaro..., Antonio del Raso calculaba que, para ¹⁸⁴⁸, Jalpan tenía una población superior a los 10 000 habitantes, mientras que en Tolimán se contaban cerca de 25 353 personas y en Cadereyta alrededor de 22 676 vecinos. Por su parte, Ángela Moyano Pahissa, en Cinco años de documentos para la historia de Querétaro, recupera escritos de la Asamblea Legislativa y el gobierno del estado, así como algunos de carácter anónimo, como es el caso de una estadística de 1850, según la cual la población total de Jalpan era de 10 880 habitantes, la de Tolimán de 20 186 y la de Cadereyta de 14 370.⁵⁵ En la estadística elaborada por Juan María Balbotín entre 1854-1855, se calculaba que en los tres distritos queretanos antes mencionados había una población cercana a los 50 mil habitantes, diseminados entre rancherías, minerales, haciendas, pueblos y villas. El número de habitantes que proporcionó el autor para cada distrito era el siguiente: Jalpan 12 068, Tolimán 21 688 y Cadereyta 16 165. Por su parte, hacia 1849, en San Luis Potosí, el partido de Río Verde, con su municipalidad y poblaciones aledañas, concentraba alrededor de 21 mil habitantes; la municipalidad de Pastora tenía 4 458 y Lagunillas 3 100. Las dos municipalidades del partido de San Luis, Santa María del Río y Tierra Nueva, concentraban 20 000 y 6 182 habitantes, respectivamente.⁵⁶ En Guanajuato, las principales alcaldías en torno a la Sierra, San Luis de la Paz y San José Casas Viejas, reunían 50 mil y 25 mil habitantes, correspondientemente, repartidos en distintas poblaciones y minerales ―aunque estas dos cabeceras comprendían la mayor parte de la población―. Las cifras tan altas no se deben a una enorme población en estas dos municipalidades, sino a la concentración de censos de pueblos, villas, misiones y minerales en torno a la cabecera principal del partido.

Ahora las preguntas que es necesario responder son: ¿quiénes poblaban dicha sierra?, ¿de dónde provenían? y ¿cuáles eran sus oficios? Si bien las estadísticas ayudan a pensar de manera general las cantidades aproximadas de población en la Sierra Gorda, están lejos de decir quiénes eran esos pobladores. Para eso pueden ser de gran ayuda los censos de barrios, haciendas, pueblos y parroquias, medias filiaciones y correspondencia, con lo cual sea posible reconstruir una imagen somera de aquellos habitantes serranos de mediados del siglo XIX.

En 1846, el prefecto del distrito de Jalpan envió una extensa documentación al gobierno del estado de Querétaro sobre la media filiación de algunos presos y prospectos para formar el contingente de sangre de aquel distrito serrano. Lo más sobresaliente de esta información son los datos familiares de las personas de las que se habla. Según dicho documento, los padres de muchos de los reos no eran originarios de Jalpan, acaso uno de los dos ascendentes, pero la mayoría provenían de otros pueblos cercanos, como Xichú de Indios, Tolimán y Lagunillas.

En otro sentido, los padrones de población permiten una aproximación a la vida de dichas localidades. Por ejemplo, Tancoyol, ubicado en el estado de Querétaro, era un pueblo cercano a los límites con San Luis Potosí, y hacia 1846 tenía una población de 258 habitantes, de los cuales 121 eran mujeres, es decir, poco menos de la mitad. La mayor parte de los habitantes tenían entre 9 y 40 años. La edad para contraer matrimonio era entre 14 y 20 años, y las familias más numerosas tenían de 6 a 8 integrantes, mientras que la esperanza de vida era de 50 años, pues aquellos que rebasaban dicha edad eran una minoría. Los oficios o profesiones, como les denominaban en el padrón, eran básicamente dos: jornaleros y labradores.⁵⁷

A su vez, la Misión de Santo Domingo Soriano, en Tolimán, contaba con 1 009 habitantes en dos secciones, según el padrón del 30 de septiembre de 1846. Al igual que en Tancoyol, la mayor parte de la población se componía de habitantes con edades entre los 9 y 50 años, con una mayoría con menos de 17. En esta localidad, por su posición geográfica respecto a la ciudad de Querétaro, había más oficios, por ejemplo, jornaleros, jarcieros, artesanos, labradores, hiladores, arrieros, comerciantes, obrajeros y un maestro, pues en esta población el prefecto estaba implementando una escuela de primeras letras. En la primera sección de la Misión, las familias más grandes estaban conformadas por nueve integrantes, pero también algunas con tres o cuatro personas.⁵⁸

Asimismo, el pueblo de San Miguel Tolimán fue censado el 2 de octubre de 1846. Además de los oficios antes mencionados, en este poblado se sumaban albañiles, talladores y carpinteros. Su población total era de 1 589 habitantes, de los cuales la mitad eran mujeres.⁵⁹ Por su parte, el pueblo de Peñamiller, con sus 1 711 habitantes, también fue subdividido por los empadronadores bajo la misma lógica. Esta población, además de los oficios de los que se ha hablado, contaba con un zapatero, un sastre, panaderos y gran cantidad de labradores y jornaleros.⁶⁰

Muchos de los padrones elaborados después del 11 de septiembre de 1846 fueron realizados con el objetivo de establecer las listas de reclutas que formarían los cuerpos de la Guardia Nacional y los reemplazos del Ejército, por lo que es muy probable que muchos de los habitantes modificaran sus datos sencillamente para evadir el reclutamiento o, por lo menos, evitar salir más allá de los límites de su distrito. El reglamento para formar las guardias nacionales exceptuaba a los menores de 17 años y a los mayores de 50, mientras que quienes estuvieran casados y su oficio fuera jornalero podían quedar exentos, pero sujetos a contribuciones para sostener a las fuerzas militares. Bajo estas circunstancias es entendible que muchos habitantes estuvieran registrados como menores de 17 años, muchos más como casados y no pocos como jornaleros.

Los padrones muestran que, aunque influidos por las circunstancias, la mayor parte de los oficios estaban relacionados con la agricultura. A su vez, en las zonas áridas, sobre todo de Guanajuato y Querétaro, había otras actividades relacionadas a la producción de jarcia, en la que se empleaban talladores y jarcieros. Lo más probable es que los pobladores efectuaran dos o más actividades y oficios alternos, por lo que la economía familiar se completaba mediante distintas actividades, incluida la explotación del bosque ―entendido éste como el ecosistema aledaño a la población y del cual podían extraerse, según el lugar ocupado, maderas o pencas de maguey, por poner un caso- y otras actividades derivadas de la recolección.⁶¹

En este momento es importante preguntarse por la diversidad étnica de la región, pues el término de campesino puede decirnos suficiente de las actividades económicas desarrolladas, pero poco o nada de aspectos culturales. En algunas estadísticas de mediados del siglo XIX se menciona la diversidad étnica de la población, pero estas diferencias se omitieron debido al discurso liberal de la igualdad legal y la abolición de privilegios que se estableció en las constituciones estatales. Lo anterior queda revelado en la siguiente nota:

La política sabia y reguladora de nuestro gobierno, ha proscripto para siempre las odiosas distinciones de blancos, negros, bronceados y mixtos. No tenemos ya más [que] mexicanos libres, sin otras distinciones que las que dicen relación a la aptitud y al mérito [...] Ni las leyes, ni los registros parroquiales, ni los padrones de los municipios, hacen mención ya de los colores, sino solamente de los hombres.⁶²

Buena parte de los registros elaborados por las administraciones locales reflejaron dicha postura, lo cual no evitó que algunas autoridades continuaran haciendo “distinciones”. Algunos párrocos y los propios ayuntamientos siguieron mencionando aquellas diferencias, ya fuera para justificar el trabajo misional o para exigir derechos sobre las tierras. Inicialmente, es importante mencionar que la denominación de pueblo indio o indio aparece en dos discursos antagónicos. Es común que tanto liberales como conservadores miraran en los pueblos indios el atraso, el lastre del siglo; por el contrario, y en las ocasiones necesarias, los propios pueblos hacen uso de dicho adjetivo como forma de legitimización ante el despojo o el derecho a tierras y autonomía. En 1846, los vecinos de Escanela, distrito de Jalpan, solicitaron mudar de población y para ello redactaron lo siguiente:

[...] los que suscriben como Indígenas del Pueblo de San Pedro Escanela ante usted por el ocurso más oportuno decimos: que conociendo hace algunos años el ningún adelanto de este nuestro Pueblo quizá por haberse fundado en un lugar escondido de la Sierra, como porque no podía lograr ningún comercio.⁶³

Los estadistas también hablaban de los indios y sus pueblos. Para 1848, el propio Antonio del Raso, en la misma estadística donde hacía apología de la igualdad legal, calculaba que en el estado de Querétaro el número de personas asociadas con la población otomí era de 18 016 familias, las cuales se dedicaban, principalmente, a la agricultura, así como a la recolección de algunos “frutos espontáneos de la tierra”. Además, no sin prejuicio de civilidad, el estadista opinaba que estas familias eran “creyentes supersticiosos, y los ahorros de su trabajo los [empleaban] en danzas anuales [...] como si fueran las más augustas ceremonias”.

Cinco años después, Juan María Balbotín presentó otros datos: los casi 75 mil indígenas que había en Querétaro tenían la característica de que hablaban otomí o pertenecían a esta etnia. Sin embargo, su estudio descriptivo tenía algunas carencias: él mismo informaba que no consultó de primera mano las noticias relacionadas con las municipalidades del distrito de Jalpan ni logró llegar a estos asentamientos serranos “por enfermedad” y “por la inseguridad del camino”.⁶⁴

En el caso del estado de Guanajuato, las estadísticas fueron elaboradas por el curato de Xichú de Indios en octubre de 1848. Este conteo establecía una población de nueve mil indígenas, dividida entre los pueblos de Xichú de Indios, Real de Xichú, Tierra Blanca, Cieneguillas, Santa Catarina y San Ildefonso, donde, según el cura, se hablaba castellano y otomí.⁶⁵ Sin embargo, las investigaciones etnográficas de Manuel Orozco y Berra, aunque tardías, hacen pensar que la referencia lingüística tiene otro sentido. Dice este autor que durante mucho tiempo se confundió la lengua de los jonaces y pames con el otomí, pues muchos religiosos no supieron diferenciar las lenguas de los pueblos y las anotaban en las estadísticas como genéricas del otomí. Orozco y Berra, en sus clasificaciones, estableció una territorialidad compartida para tres grupos lingüísticos: otomíes en Casas Viejas, Xichú de Indios, Tierra Blanca y Atargea, como sugiere el documento religioso; pames en Xichú de Indios, y “mecos” o jonases, cuya lengua se hablaba a “un cuarto de legua al este de San Luis [de la Paz]”.⁶⁶

Lo anterior hace pensar que, a finales del periodo colonial y entrada la primera mitad del siglo XIX, los procesos migratorios fueron muy importantes para la repoblación y el asentamiento en esta región. De hecho, muchas de las poblaciones indígenas a principios del siglo XIX fueron constantemente desplazadas hacia lugares inhóspitos de la Sierra o hacia centros urbanos cercanos, en especial durante la guerra de Independencia.

Hacia 1845 fray José María Aguilar elaboró una noticia estadística sobre la población al sur de Río Verde, en las municipalidades de Lagunillas y Pastora, en San Luis Potosí. Respecto a las lenguas que se hablaban en aquellos rumbos, especificaba que eran el castellano y “los naturales indígenas el que llama el vulgo, pame”, aunque también “comprenden y hablan el primero”.⁶⁷

En resumen, la distribución étnica en la región a mediados del siglo XIX fue la siguiente: los otomíes habitaban en Pacula, Zimapan (Estado de México), Jalpan, Landa, Concá, Escanela, Peñamiller, Doctor, Cadereyta, Tolimán (Querétaro) y en Santa María del Río (San Luis Potosí); los pames, en Jacala, Misión de Cerro Prieto (Estado de México), Santa María Acapulco (Querétaro), Villa Victoria, Xichú, Purísima, la Misión de Arnedo (Guanajuato), Río Verde, Lagunillas, Gamoles, Pastora (San Luis Potosí), y los jonases en San Luis de la Paz, Guanajuato. No obstante, debido a las constantes migraciones era posible encontrar hablantes y portadores culturales de estas tres etnias en distintas poblaciones, ya fuera por razones de trabajo temporal, comercio o migración forzada. En este sentido, es importante destacar estudios más recientes que, desde la antropología, han ofrecido aportes fundamentales sobre las relaciones étnicas en la región, y nos podrían dar pistas para entender mejor la insurgencia serragordana y su dinámica.

En su tesis de doctorado, Mirtha Leonela Urbina Villagómez ha mostrado que, desde el periodo colonial, había una serie de veredas que unían Tierra Blanca con los Tolimanes (San Pablo, San Pedro y San Miguel), por las cuales se establecían vínculos interétnicos. Este corredor fue importante también porque los indios de dichos pueblos actuaron de forma conjunta para enfrentar problemas comunes, como los derivados de los linderos con las haciendas.⁶⁸ De acuerdo con Alejandro Vázquez Estrada, desde el periodo colonial ha existido un vínculo intercultural entre los otomíes y los chichimecos ―el cual perdura hasta nuestros días-, que los llevó a compartir prácticas culturales.⁶⁹ Por eso, en la actualidad los otomíes siguen peregrinando hacia el Pinal del Zamorano, como un acto de remembranza de sus ancestros nómadas. Esa peregrinación anual reaviva el parentesco con los chichimecos de los que hablan las fuentes y crónicas del siglo XVIII. En este sentido, a decir de Jorge Uzeta Iturbide, “la relación entre comunidades y santos orientaba una organización territorial no determinada por sus potencialidades económicas ni por sus referentes administrativos, sino por el sentido que producción y política encontraban al interior de organizaciones corporativas dispuestas por valoraciones jerárquicas de género, prestigio y nexo con antepasados”.⁷⁰ Desde mi perspectiva, ahondar en el conocimiento étnico y religioso es fundamental para entender las características de la insurgencia en Sierra Gorda, pues el término campesino, al omitir y anular las nociones culturales por las de clase, impide conocer en detalle la complejidad social y cultural. En este sentido, un artículo de Mirtha Leonela Urbina Villagómez ha mostrado la importancia que tuvieron las mayordomías en la rebelión de 1879, así como las capitanías de las danzas chichimecas de arco y flecha que se organizan en torno al culto de la Santa Cruz, no sólo para establecer una organización defensiva, sino para reafirmar y actualizar vínculos entre poblaciones.⁷¹

El problema principal de los estudios historiográficos sobre la rebelión de 1847 en Sierra Gorda es que observan en la insurgencia un acto de espontaneidad, determinado por el hambre, la carencia y las ansias de poder de algunos personajes, y no como un proceso en el que intervienen imaginarios, relaciones, acuerdos, prácticas culturales y la religiosidad.

Funciones y problemas de la incipiente administración estatal en la Sierra Gorda

De acuerdo con Jorge Uzeta Iturbide, existe una “mitificación de la rebelión serrana decimonónica [que] ha generado la idea de que la Sierra es un espacio de naturaleza rebelde, que contiene grandes y latentes aspiraciones autonómicas frente a la nación y al Estado”.⁷² Buena parte de los estudios que han emprendido el análisis de la Sierra Gorda en la primera mitad del siglo XIX, ya sea exhaustiva o someramente, sugieren que era un espacio remanente de autonomía e independencia. Para John Tutino, es una zona que quedó aislada del proceso colonizador del siglo XVIII.⁷³ Para Néstor Gamaliel Ramírez Ortiz, era un área autónoma donde, al mediar el siglo XIX, sus habitantes mantenían prácticas de vida similares a las del periodo colonial.⁷⁴ De esto ha derivado el hecho de que se le considere como un “enclave de independencia indígena” ligado, pero no sometido, por las urbes más cercanas,⁷⁵ en el cual los habitantes estarían poco o nada evangelizados,⁷⁶ permanecerían siempre huyendo de los enclaves españoles⁷⁷ y sería el refugio ideal de “inconformes y perseguidos políticos”.⁷⁸

Pero, ¿qué significa suponer que la Sierra Gorda era un espacio de autonomía o independencia? Según Tutino, esto se traduce en una incorporación económica restringida a los centros urbanos cercanos y una limitada injerencia política, lo cual habría permitido que los habitantes no fueran completamente sometidos, debido a que no todos los grupos chichimecas fueron congregados en misiones y, por lo tanto, tampoco se logró que aceptaran la fe cristiana y que rindieran fidelidad a la Corona. Para Néstor Gamaliel Ramírez Ortiz, la autonomía serragordana está asociada con el desapego que los habitantes de la Sierra tenían hacia las autoridades, así como a la economía de las urbes circundantes, pues tradicionalmente la población vivía de la explotación de los recursos naturales de la zona. Aunado a esto, el autor sugiere que estas circunstancias habrían logrado desarrollar entre la población un rechazo a las contribuciones impuestas por la Iglesia y las autoridades.⁷⁹

Es importante analizar cuidadosamente esta idea de la autonomía, pues implicaría suponer que para el siglo XIX los serragordanos no fueron partícipes de los procesos políticos locales, dando a entender que el desapego de los habitantes respecto a las autoridades locales sería únicamente una decisión de los pobladores de la Sierra y no el resultado de un complejo proceso de desplazamiento del populacho de la arena política local, mismo que habría iniciado desde la guerra civil que estalló en el pueblo de Dolores en 1810.

Ahora bien, las fuentes consultadas para este artículo muestran que para la década de 1840 había una amplia red de estructuras de gobierno desplegada en la Sierra Gorda. Una de las jurisdicciones que llama la atención es Querétaro, pues durante la época del centralismo se dividía en seis distritos: Querétaro, Amealco, San Juan del Río, Cadereyta, Tolimán y Jalpan. De éstos, se encontraban en la Sierra el de Jalpan ―en el corazón de dicha formación geográfica-, así como el de Cadereyta y Tolimán.⁸⁰ Jalpan se componía de varios ayuntamientos y pueblos aledaños, además de dos minerales y una misión.⁸¹ Tolimán, más cercano a la capital de Querétaro, se componía de tres municipalidades, cuatro pueblos y dos misiones. Cadereyta, por su parte, contaba con cinco ayuntamientos, cuatro pueblos y un mineral. A pesar de la distancia respecto a la ciudad de Querétaro, Jalpan era uno de los distritos con mayor número de autoridades locales, situación que no cambió con la instauración del federalismo en 1847.⁸²

Por su parte, para 1848, la administración local en Guanajuato se dividía en cuatro departamentos. El que correspondía a la zona de la Sierra Gorda era el de San Miguel el Grande, el cual comprendía cuatro municipalidades: Hidalgo, San Felipe, San Luis de la Paz y San José Casas Viejas (después San José Iturbide), incluyendo las poblaciones de Xichú de Indios, Tierra Blanca y Bizcocho, junto con algunos minerales y misiones.⁸³ Sin embargo, entre 1849 y 1851 hubo cambios importantes en la división política interna. Hasta 1849 el departamento de San Miguel el Grande administró cinco municipalidades distribuidas en un amplio territorio, el cual colindaba al norte con San Luis Potosí y al suroriente con Querétaro. Las municipalidades bajo su jurisdicción eran: San Miguel el Grande, Dolores, San Felipe, San Luis de la Paz y Casas Viejas. En 1850, mediante un decreto, el gobierno del estado subdividió dicho departamento, formando el de Sierra Gorda con las poblaciones de San Luis de la Paz, San José Casas Viejas, Tierra Blanca, Victoria, y los minerales de Xichú y Atargea. Únicamente las dos primeras localidades mantuvieron su estatus de municipalidad y quedaron como los centros de población más importantes de este departamento, con el consiguiente control sobre las demás poblaciones ubicadas en la Sierra.⁸⁴

Por su parte, para 1846, San Luis Potosí se dividía en cuatro departamentos, dos de ellos delimitaban con la Sierra: San Luis y Río Verde. Éstos se distribuían de norte a sur (divididos en partidos, y éstos en municipalidades); por tal motivo, la cercanía a la región montañosa era limitada a algunos municipios y poblaciones que quedaban esparcidos en la Sierra. El partido de Río Verde se formaba de cinco municipalidades, pero únicamente tres ayuntamientos se asentaban o tenían cercanía con la Sierra: el de Río Verde, Pastora y Lagunillas. A su vez, los ayuntamientos del departamento de San Luis que estaban próximos a la serranía eran Santa María del Río y Tierra Blanca.⁸⁵

Por último, el Estado de México se dividía en nueve distritos; el que colindaba con la Sierra era el de Tula, el cual limitaba a lo largo del río Moctezuma con el estado de Querétaro, y al norte con el de San Luis Potosí. Este distrito se formaba de partidos extensos ―como el de Zimapán, que se encontraba en los márgenes de la Sierra y a su vez era municipalidad― y comprendía tres poblaciones: Jacala, Pacula y Jiliapa.⁸⁶

De este cuadro general que he presentado sobre la división política surgen una serie de preguntas que nos permiten profundizar en el conocimiento de la presencia administrativa estatal: ¿cómo se gobernaba esta región?, ¿quiénes son los personajes clave del control político? y ¿cómo mantuvieron los gobiernos su presencia a nivel local? Los estados tenían una amplia red de funcionarios, con ocupaciones más o menos parecidas y nombres distintos, pero con el objetivo principal de hacer gobernables los diversos territorios de cada estado. Uno de esos personajes clave del control político y la gobernabilidad era el jefe político o prefecto. Sus funciones consistían en publicar y circular leyes, hacer cumplir la Constitución, recaudar rentas, establecer escuelas y conservar el orden y la tranquilidad de las jurisdicciones a su cargo.⁸⁷

Durante la década de 1840, dichos personajes fueron los encargados de coordinar los empadronamientos de las poblaciones para reclutar el contingente de sangre -promoviendo las juntas electorales― y las elecciones en los ayuntamientos; de igual manera, en conjunto con las autoridades militares, debían organizar las acciones contra los sublevados. En la Sierra, lejos de la administración central de los estados, las condiciones de gobernabilidad cambiaban considerablemente. Dichos personajes, además de imponer o negociar su autoridad con los ayuntamientos y pueblos, tenían que hacer valer sus atribuciones sobre los comandantes militares y los párrocos, quienes, en muchas ocasiones, llevaron a cabo acciones sin consultarlos. Por ejemplo, a finales de 1846, el prefecto de Jalpan se quejaba del comandante militar de aquella demarcación, porque había dispuesto enviar dos cuerpos militares a la Plaza de Tancanhuitz, además de ordenar que se armara la población ante una posible invasión estadounidense a la Sierra. La decisión del comandante ―decía el prefecto- rebasaba sus atribuciones y negaba la autoridad política.⁸⁸

Mientras que en Querétaro eran asignados por el gobernador, en Guanajuato y San Luis Potosí los ayuntamientos proponían a los jefes políticos y de partido, y el gobernador elegía entre los distintos personajes a aquéllos de mayor confianza. Sin embargo, esta situación creaba ciertos conflictos, como decía el gobernador de Guanajuato: “el nombramiento popular los aleja demasiado del gobierno, y mil veces son el obstáculo para la pronta y buena ejecución de las leyes: afectados de su origen se consideran apoderados y defensores del pueblo, y sujetan a su consideración las providencias que se acuerdan”.⁸⁹

Cabe mencionar que los prefectos tenían bajo sus órdenes a los jefes de partido, quienes, a nivel más local, desarrollaban las mismas funciones que aquéllos. Los documentos del periodo 1846-1849 muestran la constante comunicación establecida entre los cuatro niveles de gobierno -si acaso es posible estructurarlos de esa manera―: el gobernador enviaba notificaciones, decretos, disposiciones, a los prefectos; a su vez, éstos los mandaban a los subprefectos, hasta llegar al Ayuntamiento y los pueblos, y éstos comunicaban todos los sucesos de relevancia para el gobierno y la tranquilidad pública,⁹⁰ pues, como señalaba el jefe del partido de San Miguel el Grande en 1846, los jefes políticos estaban para cumplir “y hacer cumplir los decretos del supremo gobierno de la República y las disposiciones del Gobernador del estado”.⁹¹

Cabe destacar que entre 1846 y 1849 ninguno de los funcionarios mencionados se pronunció o tomó partido contra los gobiernos estatales. Por el contrario, cuando Mariano Salas se sublevó con el Plan de la Ciudadela, en agosto de 1846, abanderando el restablecimiento del federalismo, fueron los jefes políticos y prefectos los que organizaron juntas de vecinos en los pueblos de la Sierra para secundar el Plan, bajo la absoluta fidelidad a los gobiernos de los departamentos. En los días turbulentos de la rebelión tampoco cambiaron bandera, ni en 1848, cuando Paredes y Arrillaga se volvió a pronunciar.

En Jalpan, por ejemplo, las autoridades municipales habían abandonado la Sierra durante 1848, por estar en peligro sus vidas y las de sus familias; en esa situación, el prefecto asumió la administración política del distrito, y, frente a las incursiones de los rebeldes, se vio obligado a negociar con ellos: para evitar la destrucción y el saqueo de las propiedades de los vecinos, fingió secundar a los sublevados, y así mantuvo su fidelidad al gobierno estatal, que no tenía suficientes fuerzas para asegurar las zonas más alejadas de la Sierra.⁹²

En los pueblos y ayuntamientos también hubo otros personajes importantes para lograr el control, en este caso con funciones judiciales: los jueces de paz. En Guanajuato y San Luis Potosí, esta facultad la desempeñaban los alcaldes o los jefes políticos, pero en Querétaro podían ser nombrados por el Ayuntamiento o los vecinos del pueblo, y estaban encargados de resolver aquellos juicios locales de carácter civil y penal, aunque en este último caso trataban sólo los de carácter menor. En 1846, colaboraron con los prefectos de la Sierra para detener a desertores y vagos que escapaban de la jurisdicción de algún Ayuntamiento, con el fin de refugiarse en los pequeños poblados y evadir el reclutamiento.⁹³

Los jueces de paz, junto con funcionarios de los pueblos más lejanos, también formaban parte importante de la maquinaria de control político, instrumentada desde las capitales de los estados. En San Luis Potosí, por ejemplo, se había dispuesto desde 1829 que dichos funcionarios públicos se establecieran en “las más pequeñas reuniones de ciudadanos”, y que “allí mismo velasen por el cumplimiento de las leyes, protegiesen al desvalido, persiguiesen al malvado y por su medio, usando de los conductos debidos llegase progresivamente a noticia de los supremos poderes, cuanto pasa en los ángulos más remotos del territorio del estado”.⁹⁴

Los ayuntamientos eran la unidad básica de gobierno político y económico de los pueblos de la Sierra. Estaban compuestos por un alcalde y un juez de paz, así como por un grupo de regidores y síndicos. Las alcaldías estaban distribuidas a lo largo y ancho de la Sierra. Si bien estas municipalidades también tuvieron un papel importante en el control político, fueron de las mayores preocupaciones de los gobiernos estatales.

En la memoria del gobierno del estado de Querétaro, elaborada en 1851, uno de los temas preocupantes de la administración pública tenía que ver con los ayuntamientos. Primero, porque para la administración central del estado la mayor parte de la población estaba abatida, debido a las faltas administrativas de los ayuntamientos. Segundo, porque los males se asociaban con el problema económico de las alcaldías y, decía el gobernador, por “la ignorancia en que por tanto tiempo han vivido los pueblos, [y] el egoísmo [...] que se ha apoderado de los ciudadanos y la falta general de recursos”. Lo mismo se puede leer en las memorias de los otros gobernadores, alegando ante los congresos estatales que muchas autoridades municipales no sabían leer ni escribir y, por lo tanto, tales instituciones no podían prosperar.

A partir de 1849, la falta de fondos en las arcas municipales comenzó a formar parte de las noticias que llegaban a los gobiernos estatales, en especial porque buena parte de los recursos se habían destinado a apoyar la guerra contra Estados Unidos. Según las noticias de los ayuntamientos, muchos no tenían recursos suficientes para el pago de agentes y “demás innumerables gastos que es previsto invertir en una policía bien atendida”. En Peñamiller, por ejemplo, los fondos del Ayuntamiento eran insuficientes para el pago de los empleados, y, en muchos casos, el alcalde colaboraba con los fondos personales para solventar los gastos. Además, a falta de cárcel, muchos presos eran amarrados a la sombra de los mezquites, solamente con la custodia de un guardia, hasta ser transportados a la cárcel de la capital de Querétaro.⁹⁵

En Guanajuato y San Luis sucedía lo mismo, pero décadas atrás en estos estados se habían tomado algunas precauciones. Desde 1830 la administración estatal observaba algunos problemas referentes al funcionamiento de los ayuntamientos, como el reducido número de vecinos que podían desempeñar los cargos de la administración, y también el que muchos ayuntamientos no cumplían con los estatutos legales para efectuar sus funciones administrativas. La propuesta del vicegobernador de Guanajuato consistía en: “suspender algunos ayuntamientos por un cierto número de años [...] con el objeto de que al fin de este periodo se encuentren sujetos aptos para cumplir con los empleos municipales”; en este sentido, a los ayuntamientos que siguieran en funciones se les disminuiría “el recargo con que se hallan de atribuciones, haciendo que estas formen un solo volumen que comprenda las obligaciones de los ayuntamientos”; es decir, se les disminuirían funciones con el fin de que el jefe de partido con suficientes ahorros desempeñara esos cargos municipales que serían reducidos o retirados.⁹⁶ Asimismo, en San Luis también se crearon funcionarios que ayudaran a una mejor administración de las rentas que llegaban a los ayuntamientos, así como otros que se encargaran de estar pendientes de promover las órdenes del gobierno en los pueblos sin ayuntamiento.

Sin embargo, a pesar de las condiciones económicas por las que pasaban las municipalidades, siempre trataron de mantener comunicación estrecha con los jefes políticos, así como apegarse a las políticas surgidas de la capital del estado. A pesar de la guerra, pueblos, ayuntamientos y comunidades siguieron participando en la negociación con el estado y el establecimiento del orden social, mediante peticiones y denuncias. Por su parte, las autoridades estatales y nacionales respondieron cediendo o apoyando las peticiones. Partieron del supuesto de que estas medidas, junto con los procesos electorales en todos los pueblos de la Sierra, incluso los más dispersos, actuarían de parapeto contra las rebeliones y el desorden social.⁹⁷ Sin embargo, los procesos de insurrección, como el de 1847, no sólo demostraron que estas medidas no evitaban la simpatía hacia el levantamiento, sino que permitían que los sectores antes marginados y desplazados de la política local volvieran a inmiscuirse y exigieran un gobierno local como el de la época de la Constitución de Cádiz.⁹⁸

Misiones, curatos y parroquias: la otra vía para la implementación de dispositivos de colonización y administración

Otro aspecto importante en el estudio de la insurgencia serrana es el referente a la administración religiosa. Durante la primera mitad del siglo XIX, muchas poblaciones -especialmente las congregadas en torno a las misiones- tuvieron que reconstituirse. Con la secularización, los habitantes de las misiones convertidas en pueblos experimentaron una importante supervisión clerical de la vida cotidiana que ya no permitía la negociación implementada por los misioneros de la segunda mitad del siglo XVIII.⁹⁹ Por el contrario, empezaron a verse sujetos a las contribuciones parroquiales y, en muchos casos, a notar que los párrocos abandonaban sus funciones religiosas o las alternaban con otras actividades. Por ejemplo, en 1836, las autoridades del Ayuntamiento de Jalpan presentaron una denuncia contra su párroco ante el prefecto del distrito, pues había comenzado a alternar sus funciones religiosas con el comercio de mercancías provenientes del puerto de Tampico.¹⁰⁰

A partir de 1845, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas recalcaron la importancia de proveer de sacerdotes y sacramentos a los indígenas, especialmente en aquellas poblaciones en zonas con preponderancia de este sector, como en los departamentos de Oaxaca, Puebla, México y, por supuesto, Sierra Gorda. A inicios de dicho año, el secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, Luis Gonzaga Cuevas, lamentaba que los diversos ámbitos de gobierno hubieran olvidado la importancia que tuvieron para las autoridades virreinales las misiones en el proceso de pacificación de las regiones de frontera:

Es muy sensible que en materia tan importante hayamos olvidado los sabios planes del gobierno español, quien no solo usó de las medidas de represión, sino de las más saludables de civilización y humanidad, con el establecimiento de misiones que difundían el conocimiento del cristianismo entre las tribus bárbaras.¹⁰¹

Además, el ministro sugería establecer misiones en la frontera norte y adoptarlas “al Sur de los departamentos de México, Puebla, Morelia y Oaxaca”,¹⁰² puesto que los motines, las rebeliones y las revueltas de campesinos pobres, arrendatarios y pueblos indígenas iban en aumento, a tal grado de “violencia” que las autoridades veían con mucha intranquilidad esta situación.¹⁰³ Ese mismo año, Manuel María de Sandoval escribía al ministro de Guerra y Marina solicitando que animara a los sacerdotes para que disminuyeran los diezmos y establecieran ayudas parroquiales en el mineral de Atarjea y en la hacienda de Santa Teresa.¹⁰⁴

Hacia 1849, las autoridades estatales de Querétaro observaron que la secularización de las misiones había afectado profundamente el orden social en las poblaciones de la Sierra, por lo que ese mismo año el Congreso estatal decretó el restablecimiento de los colegios de San Ignacio y San Francisco Javier, para que se encargaran de las antiguas misiones abandonadas por el clero regular.¹⁰⁵ Sin embargo, continuó el proceso de secularización de las misiones que aún eran administradas por el clero regular, como fue el caso de la Misión de Arnedo. Aunado a esto, la epidemia de cólera que asoló las poblaciones de la Sierra en el mismo año causó que muchos eclesiásticos abandonaran sus funciones religiosas por miedo a perder la vida.¹⁰⁶

Poco después de fundadas las colonias militares en 1849, el general José López Uraga comunicaba al ministro de Guerra y Marina, Mariano Arista, que los curatos de Xichú de Indios, el mineral de Xichú y Jalpan estaban sin vicarios y que la vicaría de Arroyo Seco llevaba años sin impartir los sacramentos. A su vez, el Ministro de Guerra solicitaba al Ministerio de Justicia y Asuntos Eclesiásticos que instara a la autoridad eclesiástica para proveer de religiosos las plazas de capellán que requerían en las colonias militares.¹⁰⁷

Entre 1845 y 1850, muchas vicarías permanecieron sin sacerdotes que las administraran, debido a dos grandes preocupaciones: la epidemia de cólera, ocurrida entre 1845 y 1847, y la rebelión que inició este último año y culminó en 1849. Por ejemplo, el cura de Landa, a cargo de las vicarías de Saucillo, Tancoyol y Tilaco, dejó de administrar Arroyo Seco y Concá, debido a la distancia a la que se encontraban. Los vecinos enviaron múltiples solicitudes a la mitra de México para que mandaran un párroco a administrar dichas vicarías, y, finalmente, fue asignado en 1850 un nuevo sacerdote bajo el acuerdo de que el gobierno lo financiaría con 200 pesos.¹⁰⁸

Las autoridades estatales y el gobierno de la República vieron que una adecuada administración eclesiástica era una buena fuente de estabilidad social, sobre todo a raíz de la rebelión de 1847; por tal motivo, no abandonaron el proyecto para reestabler las misiones en Sierra Gorda e implementar nuevos procesos de ordenamiento.

Consideraciones finales

A partir de un conjunto documental no tratado por las investigaciones que antecedieron en el análisis de la situación social, política y económica de la Sierra Gorda al mediar el siglo XIX, en este artículo me permití hacer una crítica, así como plantear nuevas posibilidades analíticas que ayuden a entender a profundidad los aspectos más atrayentes de la Sierra Gorda: la insurgencia, su situación de espacio marginal y las características de la población.

En especial, traté de argumentar -sustentándome en distintas fuentes- que lejos de ser un espacio aislado y marginal, la Sierra Gorda era una zona geográfica conectada con diversos espacios comerciales ubicados en sus márgenes, como Querétaro, San Luis Potosí y Tampico, lugares con los cuales intercambiaba productos, mercancías e ideas. Paralelamente, me fue posible argumentar que la noción de región marginal está asociada con intereses muy específicos, sobre todo de autoridades locales con intención de obtener apoyo económico por parte de los gobiernos, lo cual es preciso analizar cuidadosamente, pues es posible estar observando marginalidad cuando se puede tratar de la justificación de una campaña de pacificación u ordenamiento.

También me fue posible plantear un análisis detallado de la población serrana, lo cual podría abrir el campo interpretativo de las motivaciones y la dinámica de la insurgencia en la Sierra Gorda, pues el término campesino, utilizado abundantemente en la historiografía de la región, ha impedido un conocimiento más estrecho de la política serragordana, al suponer que los motivos de la rebelión se asocian con cuestiones económicas. Con el análisis de las fuentes traté de identificar las referencias a la población indígena en la región, de la cual se tenía poco o nulo conocimiento para el siglo XIX. Esto resulta relevante, pues la mayor parte de los estudios sobre la Sierra Gorda durante la primera mitad de dicho siglo continuaban utilizando datos del periodo colonial tardío. La ausencia de esa información había causado ciertas confusiones en la interpretación de la rebelión de 1847 y de prácticamente la primera mitad del siglo XIX, al suponer que la participación indígena no era preponderante, ni sus prácticas políticas comunitarias e intercomunitarias, se asumió que muchas de las inquietudes políticas estaban asociadas con grupos no indígenas, varios de ellos externos a la Sierra.

La intención de hacer una crítica a la noción de la Sierra como espacio aislado también me llevó a analizar información referente al despliegue de la administración de su gobierno. Estos datos resultan importantes toda vez que posibilitan la desmitificación de la zona y, lejos de suponer que los habitantes vivían aislados para mantener su vida autónoma, se trató de hacer hincapié en que el despliegue de los mismos aparatos de gobierno estatal desplazó a los habitantes de funciones de gobierno local desde la primera década del siglo XIX, con la guerra civil iniciada en el pueblo de Dolores en 1810.

Finalmente, la intención del artículo fue proponer nuevas perspectivas analíticas para entender y explicar algunos de los problemas sociales, políticos, institucionales y económicos en la Sierra Gorda durante el siglo XIX.

Archivos

Archivo General de la Nación (AGN)

Archivo General del Estado de Guanajuato (AGEG)

Archivo Histórico del Estado de Querétaro (AHEQ)

Archivo Histórico de la Provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán (AHPSPSPM)

Hemerografía

El Monitor Republicano, 1848-1850

El Universal, 1848-1850

El Siglo Diez y Nueve, 1847-1859