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En este texto quiero entender la manera en la que la legislación agraria mexicana, con su complejidad y sus múltiples aspectos, ha podido ser interpretada de forma distinta por sus actores, y cómo esto ha significado un acercamiento diferente al territorio y, por lo tanto, una configuración territorial que puede variar de un lugar a otro, en un mismo medio geográfico.
Para estudiar la relación entre la ley y los cambios territoriales, es importante considerar que la legislación agraria posrevolucionaria fue cambiante desde sus inicios, debido a la influencia de voluntades políticas sucesivas. Mientras los legisladores de la Constitución de 1917 consideraban el ejido como una forma de propiedad transitoria que iba a evolucionar hacia la pequeña propiedad, para Lázaro Cárdenas, en la década de 1930, ya había adquirido un carácter definitivo y debía ser una herramienta de justicia social y de desarrollo económico.1 Por otra parte, las leyes y los reglamentos permitían mucha libertad de interpretación, porque eran poco precisos y tenían un margen de acción al momento de aplicarse, y porque correspondían a la voluntad teórica de los legisladores, que no siempre resultaba realizable cuando se enfrentaba con las realidades del campo.
A pesar de que el Gobierno dominaba el proceso agrario y estuvo presente en todas las etapas de atribución de la tierra, y en prácticamente todas las actividades del ejido mediante la Secretaría de la Reforma Agraria y sus dependencias,2 los ejidatarios tuvieron cierto poder de decisión después de la dotación de sus tierras. Sus acciones, relacionadas con la función del área de uso común, la apropiación de las parcelas de cultivo, la admisión de los posesionarios para cultivar tierras ejidales,3 entre otros elementos, marcaron los territorios. De las prácticas adoptadas, diferentes de un ejido a otro, dependieron procesos de apropiación tan variados como la fundación de pueblos, la edificación de cercas y la siembra de árboles y plantas raizales, así como la amplitud y el ritmo de los desmontes para sembrar o crear potreros. Estos usos no sólo modificaron físicamente el territorio y crearon configuraciones territoriales distintas, sino que también transformaron la relación de los habitantes con el espacio, cuando la tierra que siempre había sido “del patrón” se volvió propia, para campesinos que llevaban trabajando lo ajeno por generaciones.4
Uno de los objetivos de este trabajo es, entonces, acercarse al territorio, concepto que se refiere a las relaciones no sólo materiales sino simbólicas que una sociedad mantiene con su espacio, y, en concreto, con sus tierras.5 El territorio, como lo define Gilberto Giménez, es un espacio apropiado y valorizado de manera simbólica o instrumental por los grupos humanos.6 Enfocar el trabajo al territorio, tanto a sus aspectos físicos como en la percepción de los habitantes, permite romper con la tradición de los estudios agrarios influidos por la tradición del populismo, que busca demostrar el empoderamiento del campesino, y por la tradición del revisionismo, que insiste en su marginalización. Marcado por la geografía cultural, mi acercamiento ofrece un ángulo de análisis novador, con énfasis en el espacio y en la relación de apropiación y valorización que los grupos sociales tienen con él.
Para ver de qué manera se aplicó la legislación agraria en el centro del estado de Veracruz, decidí trabajar en dos ejidos ubicados muy cerca el uno del otro, Chavarrillo y Monte Blanco (véase mapa 1). El objetivo es demostrar cómo, a pesar de sus semejanzas geográficas e históricas, los ejidos de una misma región han podido tener dinámicas socioterritoriales distintas, según su interpretación de la legislación agraria y la manera de aplicarla.7 Este artículo pretende, entonces, aportar más conocimientos sobre la evolución de las dinámicas territoriales ejidales en el centro del estado de Veracruz y evidenciar la diversidad y los contrastes existentes.8
Fuente: elaboración de Paulo César López Romero con base en datos vectoriales del INEGI, año 2015 y datos de Virginie Thiébaut.
Mapa 1 Los ejidos de Monte Blanco y Chavarrillo
La investigación se basó principalmente en la revisión de los archivos de la Reforma Agraria y en trabajo de campo efectuado a lo largo de varios años, que consistió en recorridos para la observación de los paisajes actuales y en entrevistas a ejidatarios y posesionarios (33 en Chavarrillo, 22 en Monte Blanco).9 La información documental y oral se complementó para dar cuenta de la configuración territorial y de los procesos históricos que la explican; asimismo, permitió entender si se aplicó o no la legislación agraria y por qué razones, y dio a conocer la complejidad de las dinámicas territoriales nacidas a partir de la fundación de los ejidos.
La evolución de la legislación agraria y el reparto en el estado de Veracruz
Una legislación que se fue precisando con el tiempo
Las primeras leyes agrarias se referían de manera muy general a la repartición de las tierras de las grandes propiedades: la Ley Agraria de 1915 comentaba que era “un derecho para todo mexicano de poseer y cultivar una extensión de terreno, cuyos productos le permitan cubrir sus necesidades y las de su familia”, y el artículo 27 de la Constitución de 1917 especificaba que, cuando los núcleos de población no pudieran solicitar la restitución de tierras por falta de título, pedirían dotación de tierras y aguas “conforme a las necesidades de su población” y con una superficie mínima de diez hectáreas de riego o equivalente. Sin embargo, el ejido no se consideraba todavía una forma definitiva de tenencia de la tierra, sino un tipo de propiedad transitoria y no muy definida.10
En la década de 1920, se emitieron varias leyes, que constituyen “el origen del verdadero ejido moderno”.11 La Ley de Ejidos de 1920, cuyo objetivo era reglamentar las disposiciones contenidas en el artículo 27 constitucional, definió el ejido como una forma temporal y corporativa (no individual) de tenencia, con la tierra otorgada en usufructo, no como propiedad.12 El Reglamento Agrario de 1922 definía quiénes podían solicitar restituciones y dotaciones, y aclaraba los procedimientos del reparto, incluso precisaba -por primera vez- el monto de las superficies que se asignarían por cada jefe de familia;13 cabe señalar que éste constituyó la base de la legislación que se fue desarrollando en los años posteriores.14 La Ley Reglamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales y Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal, de 1925, especificaba que las tierras de cultivo se debían parcelar, adjudicar y trabajar de forma individual, promoviendo el uso privado de las parcelas; definía además la existencia de tierras de uso común.15 En la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas de 1927 quedó asentada esa idea del “derecho a parcela de dotación individual” (Art. 70), y se definió precisamente la superficie a la cual tenía derecho cada ejidatario, en función de si la tierra era de riego o de temporal, y de su calidad (Art. 99). Se definía también una distancia de cinco kilómetros del poblado solicitante para que la Comisión Agraria Mixta efectuara los trabajos técnicos para ubicar las tierras de dotación (Art. 50, Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas). Finalmente, en la Ley del Fraccionamiento Ejidal y Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal. del mismo año, se reiteró la diferencia entre los bienes que pertenecían en común al núcleo agrario y las parcelas que eran del dominio individual de los vecinos.16 En esa década, entonces, se fue definiendo el ejido como “la tierra dotada a los pueblos”, considerados como sujetos de derecho ejidal, pero con el uso individual de las parcelas de cultivo.17
En la década de 1930 se conformó finalmente un sólido cuerpo legal que expresó de manera nítida las características que tendría la tenencia de la tierra dotada.18 El Código Agrario de 1934 constituyó un esfuerzo jurídico por sistematizar la doctrina agraria, reuniendo todas las disposiciones de la materia en un solo cuerpo de leyes.19 Daba mucho más precisiones sobre los procesos y el fraccionamiento y adjudicación de las tierras de uso individual: explicaba que, después de la posesión, las tierras de cultivo o cultivables serían divididas en parcelas de la extensión y calidad señaladas en la Resolución Presidencial, en correspondencia con el número de ejidatarios, y posteriormente serían asignadas, por sorteo, por el Comisariado Ejidal.20 Clasificaba, además, las tierras en categorías de temporal y de riego, determinando que las parcelas de la primera iban a ser de ocho hectáreas, y las de la segunda, de cuatro. Modificaba también la distancia entre el pueblo solicitante y las tierras que se podían dotar: “todas las fincas cuyos linderos sean tocados por un radio de siete kilómetros, a partir del lugar habitado más importante del núcleo de población solicitante, serán afectables en los casos de dotación de ejidos”.21 Sobre las tierras de uso común, cuando la Ley de 1925 se refería sólo a administrar la propiedad comunal de los bosques, terrenos de pasteo y de las aguas de agostadero y monte,22 el Código de 1934 especificaba que todos los ejidatarios tendrían derecho a utilizar las tierras de agostadero y de monte, así como las que debían disfrutarse en común, para sus necesidades directas y para las de su explotación agrícola.23 Los Códigos Agrarios de 1940, 1942 y 1943 (válido hasta 1971) no cambiaron la afirmación del derecho a una dotación individual mediante el parcelamiento del ejido, ni la división entre tierras de uso común y área parcelada, resaltada en la versión de 1934.
En Veracruz, el reparto de tierras fue respaldado por el Gobierno estatal desde la década de 1920, en un contexto nacional de renuencia a la redistribución de propiedad;24 el gobernador Adalberto Tejeda respaldó fuertemente la Reforma Agraria durante sus dos épocas de administración (1920-1924 y 1928-1932). En la primera, su apoyo se manifestó, sobre todo, con el reforzamiento de la guardia civil, encargada de proteger a los campesinos que solicitaban tierras y entraban a formar parte de las organizaciones agraristas, frente a agresiones de las guardias blancas de los terratenientes;25 posteriormente, el Gobierno avaló también la formación de milicias campesinas armadas. En su segunda administración, Tejeda tomó más bien medidas administrativas, institucionales y políticas para facilitar la distribución de las tierras: estimuló la formación del mayor número posible de comités agrarios e intervino para acelerar el procesamiento de las peticiones de tierras por parte de la Comisión Local Agraria, limando asperezas entre los empleados encargados del reparto agrario y los miembros de la Liga Agraria.26 A la par, las milicias campesinas cumplieron la función de asegurar la distribución, y, en algunas ocasiones, apoyaron invasiones de tierras de los campesinos para obligar a los terratenientes a respetar las resoluciones.27 Si durante la primera gubernatura se otorgaron 131 resoluciones y se entregaron 123 239 hectáreas a 19 334 beneficiarios, fue sobre todo durante el segundo periodo de Tejeda que se disparó el reparto, con 493 resoluciones y 334 493 hectáreas entregadas a 45 989 beneficiarios.28 A continuación, durante el gobierno de Gonzalo Vázquez Vela (1932-1936), el fenómeno de repartición disminuyó, lo que había pasado también durante el gobierno intermedio de Heriberto Jara (1924-1928).
Los ejidos de Monte Blanco y Chavarrillo
En los dos casos que nos interesan, los ejidos de Monte Blanco y Chavarrillo solicitaron su dotación al inicio de la década de 1930, obtuvieron la Resolución Presidencial en 1934 y fueron dotados en 1935. Se rigieron, entonces, al momento de la solicitud, por la Ley de Restitución y Dotación de Tierras y Aguas de 1927 -citada en numerosas ocasiones en los documentos-, y en los años que siguieron a la dotación, por el Código Agrario publicado en el Diario Oficial de la Federación en abril de 1934.
Los dos ejidos, separados uno de otro por aproximadamente diez kilómetros de distancia, están situados en un mismo medio geográfico (véase mapa 1). Su territorio está marcado por acantilados que pueden alcanzar 200 metros de altura, y por una red hidrográfica densa que dificulta el tránsito. De hecho, tanto Chavarrillo como Llano Grande (la localidad ejidal que se formó cerca de Monte Blanco) son pueblos “sin salida”; tienen una sola vía de acceso, pavimentada, que se termina en el pueblo, y el acceso a las barrancas cercanas se hace por caminos y veredas. La observación de los paisajes actuales muestra que las partes productivas de las barrancas están ocupadas por cultivos combinados -cafetales, árboles de mango y de plátano, en parte abandonados- y que los llanos conocen procesos de transformación importantes debido tanto a la expansión de limonares en detrimento de los potreros tradicionales, como a la lotificación de las tierras del llano, en el caso de Chavarrillo.
El ejido de Monte Blanco, municipios de Teocelo y Tlaltetela
Los años previos a la dotación
Las pequeñas propiedades (de entre 50 y 150 hectáreas) de los habitantes de Monte Blanco que rodeaban el pueblo colindaban con la hacienda de Tuzamapan. Esta propiedad de la familia Gorozpe ocupaba, a inicios del siglo XX, una superficie aproximada de 20 000 hectáreas, con una pequeña extensión de cañaverales situada cerca del casco de la hacienda y del ingenio, algunos cafetales y cultivos de subsistencia, e inmensas superficies de potreros y monte utilizadas para la ganadería extensiva. Los Gorozpe arrendaban pedazos de sus tierras a los habitantes de Monte Blanco para la siembra de maíz, café y plátano.29 En las primeras décadas del siglo XX, ante las dificultades económicas que enfrentaban, vendieron partes de su propiedad, lo que permitió el ascenso económico de algunos de los propietarios de Monte Blanco.30
Esta dinámica de compraventa siguió cuando se hicieron las primeras solicitudes de repartición ejidal: Luis Gorozpe intentó disminuir la superficie de su latifundio y ganar dinero mediante la venta de tierras, como una estrategia para perder menos, sabiendo que se iba a aplicar la Reforma Agraria y repartir su propiedad. Sabemos, por ejemplo, que José Martínez Mendoza y sus hermanos, habitantes de Teocelo, compraron, en 1926, 400 hectáreas de tierras que antes arrendaban, en la parte plana donde se juntan las barrancas -llamada Las Juntas- y en Llano Grande (véase mapa 1). Estas tierras se sembraban de cafetales y plátanos en diez hectáreas, y de maíz de temporal en pedazos de cantidad indeterminada, pero la mayor parte del terreno -correspondiente al Llano- era de “pastos de ganado para vacuno de cría”.31
De la misma manera, varias de las barrancas que se unen en Las Juntas -Cayoapa, Zempoala, Ixtla, Antonacan- fueron compradas al hacendado, pocos años antes del reparto, por ganaderos de Monte Blanco y Teocelo, quienes las aprovechaban para su ganado y para sembrar pequeñas superficies de café y mango. No se hicieron escrituras por parte de la hacienda al momento de realizarse las compraventas, razón por la cual estas tierras fueron posteriormente integradas al ejido y repartidas -a pesar de las reclamaciones de los compradores- como si se hubieran quedado a la hacienda.
La dotación
La solicitud de dotación de tierra se hizo en Monte Blanco el 2 de junio de 1930, cuando ya se habían repartido grandes extensiones de la hacienda de Tuzamapan a distintos ejidos vecinos. Como era habitual, pasaron varios años entre la primera solicitud de Monte Blanco y la Resolución Presidencial otorgada el 23 de abril de 1934 y ejecutada el 22 de noviembre de 1935. Aunque la legislación agraria indicaba claramente que los campesinos con capital agrícola no podían entrar al ejido,32 los primeros en enterarse de la posibilidad de dotación y que se organizaron fueron los campesinos que sabían leer y tenían dinero -parte de la “casta acomodada”-,33 quienes encabezaban los comités agrarios, decidían quién se integraba a ellos y aprovechaban sus ventajas para acaparar las nuevas tierras.34 En el caso de Monte Blanco, diferentes miembros de las familias de ganaderos y del pueblo colindante de Tejerías encabezaron sucesivamente la petición de dotación, convencieron a campesinos sin tierra y medianos de formar un grupo y llevaron a cabo el proceso durante los primeros años del ejido.35 Así, desde el inicio existió una división entre los propietarios/ganaderos “acomodados” y los ejidatarios “de base”.
La dotación incluyó dos polígonos separados por el río de Los Pescados: en la parte más cercana al pueblo, en el municipio de Teocelo, se otorgaron 370 hectáreas de temporal de segunda calidad, conformadas por las barrancas y Las Juntas, y 600 hectáreas de agostadero para cría de ganado en el Llano. Del otro lado del río, en el municipio de Tlaltetela, fueron concedidas 1 770 hectáreas de temporal de segunda calidad, divididas en varias fracciones separadas por barrancos o zanjones: El Volador, Pizahua, Ixtaca y Ostos (véase mapa 1). Las tierras cercanas al pueblo eran propiedades demasiado reducidas para ser afectables; las tierras dotadas más cercanas se hallaban en Llano Grande, a cuatro kilómetros de la localidad y en Las Juntas a diez kilómetros, lo que rebasaba los siete kilómetros que indicaba la legislación. El ingeniero de la Comisión justificaba la dotación de este lugar “por ser la única parte donde siembran maíz [...] y no obstante la distancia hasta este punto, [los campesinos] se trasladan [a] hacer sus siembras, debido a que no hay lugares más a propósito”.36
Fuente: Elaboración de Paulo C. López con base a perfil de elevación generado por Google Earth y datos recopilados por Virginie Thiébaut.
Gráfica 1 Perfil de elevación, ejido de Monte Blanco
Las tierras situadas del otro lado del río se hallaban a una distancia de entre once y veinte kilómetros del pueblo, siguiendo el trazado de los caminos. Como se explica en un informe sobre la planificación y deslinde del ejido entregado en posesión definitiva: “los terrenos de este polígono eran completamente desconocidos por la mayoría de los ejidatarios, por encontrarse distantes del poblado y además tener el río de los Pescados de por medio, el cual dificulta el tránsito por haber grandes barrancas de por medio”.37
El acceso a las tierras ejidales y la ausencia de parcelamiento
El documento elaborado por la Comisión Agraria Mixta en junio de 1932, poco antes de la posesión provisional, preconizaba el parcelamiento del ejido en función de la calidad de las tierras: tanto las 370 hectáreas de Las Juntas y de las barrancas como las 1 770 hectáreas situadas en el municipio de Tlaltetela tenían que dividirse en “parcelas tipo” de diez hectáreas, mientras que las 600 hectáreas de agostadero de El Llano debían fraccionarse en 25 parcelas de 24 hectáreas cada una.38 En efecto, el Código de 1934 se refería a la posesión parcelaria en estos términos: asignadas las parcelas, “el Comisionado del Departamento Agrario, acompañado del Comisariado Ejidal, hará entrega de ellas, recorriendo las colindancias de cada una [...] de las diligencias de posesión de las parcelas, se levantará un acta general que suscribirán el comisionado, el Comisariado y los individuos beneficiados”.39
Sin embargo, la dotación se llevó a cabo de manera muy distinta: no se hizo un parcelamiento inicial, sino que los ejidatarios cultivaron múltiples pedazos de tierra, de tamaños distintos, en una o más partes del ejido, según sus necesidades y posibilidades. La totalidad de hectáreas cultivadas por persona variaba; los ejidatarios/ganaderos contrataban a los ejidatarios pobres como peones para que trabajaran en sus tierras,40 así podían cultivar más superficies en las barrancas y en Las Juntas, cuando los otros ejidatarios se dedicaban a sus propias parcelas -mucho más modestas- en el poco tiempo que les quedaba después de su día laboral.41 Éstos, en algunos casos, se endeudaron con propietarios ricos para poder cultivar, y su fracción de parcela acabó en manos de los prestamistas, que se apropiaron así de más parcelas ejidales.42
En general, fueron pocos los ejidatarios que llegaron a cultivar la superficie de once hectáreas que les correspondía,43 la cual tuvo solamente un valor indicativo al inicio del ejido, ya que la tierra sobraba44 y los ejidatarios no tenían una idea muy precisa de la superficie que estaban cultivando. Según los testimonios, deslindaban el pedazo de tierra que trabajaban con piedras y árboles y plantas raizales, lo que fue suficiente para que se les respetara estas tierras en un primer tiempo. Los cultivos eran, en ocasiones, sólo temporales, porque, después de dos o tres años, los ejidatarios los podían abandonar y buscar otros pedazos de tierra, mejor ubicados o más fértiles, para sembrar maíz y frijol.
El acceso al ejido no estaba restringido a los únicos ejidatarios; sus hijos, al hacerse adultos y buscar autonomía, cultivaban también fracciones de tierra disponible en Las Juntas y las barrancas, a pesar de no tener certificado propio.45 Era el caso también de campesinos originarios de pueblos vecinos como Ixhuacán de los Reyes, que llegaron a Monte Blanco en busca de trabajo o tierra, y se asentaron. Los movimientos no se registraban en el libro de actas del ejido, sólo se avisaba al Comisariado Ejidal y a la Asamblea cuando ya estaban asentados los cultivos; aquéllos avalaban la ocupación y en general los campesinos -tanto los ejidatarios como los “posesionarios”- efectuaban los pagos correspondientes al ejido y participaban en las faenas, por lo cual tenían recibos de pago que atestiguaban su presencia y actividad dentro del ejido.
En las primeras décadas, las tierras ejidales siguieron ocupadas por los mismos cultivos que habían antecedido la dotación: maíz en la parte llana de Las Juntas, y café y plátano en las barrancas, intercalados con los mangos que se plantaron también en grandes cantidades en las laderas. Excepto el maíz, que se destinaba sobre todo al consumo de las familias, los otros cultivos se vendían: el café y el plátano a mayoristas de Teocelo, la cabecera municipal, y el mango a compradores que llegaban de distintos puntos de la República.
La ocupación de Llano Grande al inicio de la década de 1940
La zona del ejido más cercana al pueblo era Llano Grande (véase mapa 1),46 situado al sur de Monte Blanco y descrito de la siguiente manera en un informe de la Comisión Agraria Mixta: “la parte comprendida de cantil a cantil son tierras en su generalidad tepetatosas y solo útiles para pasto de ganado”.47 En los primeros años del ejido, estas tierras de agostadero, que debían ser de uso común, fueron acaparadas por los ejidatarios ganaderos, que tenían más tierras en las partes cultivadas y mandaban a pastar su ganado.
Al inicio de la década de 1940 fue nombrado un nuevo presidente del Comisariado Ejidal, Félix Marín, apoyado por un grupo de ejidatarios pobres. Impulsados por él, 25 campesinos que vivían en terrenos arrendados o prestados en Monte Blanco -porque no tenían ni casas ni solares- decidieron crear un nuevo pueblo en las tierras ejidales del Llano, para vivir dentro del perímetro ejidal y acercarse a las tierras cultivadas de Las Juntas y de las barrancas.48 Se formó así una nueva localidad que adoptó el mismo nombre de Llano Grande. Desde que llegaron, los campesinos empezaron a desmontar y a cultivar pequeñas fincas de cafetos y plátanos en los alrededores de sus jacales. Se dieron entonces fricciones con los ejidatarios ganaderos, ya que el ganado andaba suelto e invadía los cultivos de sus vecinos, quienes tuvieron que cercar sus milpas con cañuelas o alambre para protegerlas.
Paralelamente a su ocupación del terreno, los nuevos habitantes multiplicaron los trámites en Xalapa y México para que la localidad fuera reconocida como zona urbana y se hiciera una depuración censal que permitiera a varios habitantes de Llano Grande integrarse al ejido.49 Pidieron también la división de éste en dos partes, argumentando que ellos eran los verdaderos ejidatarios que cultivaban la tierra y vivían en la zona. La oposición entre este grupo y los ganaderos de Monte Blanco se manifestó en múltiples conflictos.50 Existen numerosas evidencias documentales de las luchas por encabezar el Comisariado Ejidal y por el acceso a las tierras de El Llano. Una queja escrita de los ejidatarios de Monte Blanco, con fecha de mayo de 1948, explica, por ejemplo, que no podían cortar el fruto de sus árboles de mango, que estaban en plena producción, porque los habitantes armados de Llano Grande les prohibían el paso.51
Finalmente, la nueva localidad se consolidó y fue creciendo con el tiempo, pasando de 204 habitantes en 1950 -cuando fue censada por primera vez como ranchería- a 406 habitantes en 1970.52 Los ganaderos tuvieron que desplazar sus rebaños hacia Las Juntas, y más tarde hacia los agostaderos situados del otro lado del río. Los nuevos ejidatarios de Llano Grande se quedaron con sus milpas, sembraron fincas de café y mantuvieron algunos potreros, los cuales se sumaron a las tierras que tenían en las barrancas y Las Juntas. En la década de 1950, empezaron a cultivar caña de azúcar, gracias a los créditos otorgados por el ingenio vecino de Mahuixtlán. Parte de los ejidatarios pudo alcanzar las ocho hectáreas y media consideradas dentro de la parcela para el cultivo, o incluso rebasarlas. Fue el caso de Félix Marín, presidente del Comisariado Ejidal (1943-1953), quien, según una “lista de los ejidatarios así como de la cantidad de hectáreas que cultivan y lo que en ella siembran”, en septiembre de 1965, poseía un total de diez hectáreas: cuatro de maíz, dos de café y cuatro de caña, estas últimas en El Llano.53 En cuanto al intento legal de división del ejido, fracasó en 1950, después de la ejecución de trabajos técnicos informativos por parte de un perito agrario del Departamento Agrario y una consulta de la Asamblea Ejidal.54 En el mismo año, los campesinos obtuvieron su certificado agrario, firmado por el presidente Miguel Alemán, documento que les amparaba en caso de problema y les concedía formalmente el título y estatus de ejidatario.55
La atribución de los agostaderos a grupos de ejidatarios
Las tierras del segundo polígono, en el municipio de Tlaltetela, fueron poco aprovechadas durante décadas, por estar lejos de los pueblos de Monte Blanco y Llano Grande, y por ser difícilmente accesibles en razón de la topografía accidentada. Ni la presión demográfica, ni las necesidades de los campesinos, ni la calidad de esas tierras justificaban el esfuerzo que significaba su explotación. Sólo algunos ejidatarios se desplazaban caminando y en bestias, en un recorrido que duraba, como mínimo, cuatro o cinco horas, y se quedaban varios días para sembrar pequeñas fracciones de maíz y frijol -de manera itinerante y temporal- en los zanjones fértiles que separaban los agostaderos del norte del polígono y en el predio de La Pedrera (véase mapa 1).
El principal uso de este segundo polígono era ganadero: aunque se trataba de tierras comunes, supuestamente para provecho de todos los ejidatarios, los ganaderos de Monte Blanco las acapararon después de la década de 1940, cuando sus animales ya no pudieron pastar en Llano Grande. El ganado se quedaba en estos potreros en tiempo de lluvias (abril-noviembre), y lo cambiaban a Las Juntas al inicio de la época de secas (diciembre), para que comiera los rastrojos después de la cosecha del maíz y tuviera acceso al agua, disponible todo el año en esta parte del ejido por su cercanía con los ríos. Como los agostaderos abarcaban mucha extensión y el ganado no recorría toda la superficie, el presidente del Comisariado Ejidal les rentaba a los ganaderos de localidades de las tierras bajas del centro del estado (Rinconada, Paso de Oveja, Pinillos, Cardel) y de la localidad vecina de Tlaltetela. El dinero obtenido permitía la realización de trabajos para el ejido, por ejemplo, el mantenimiento de los caminos y de los linderos. A veces, los ganaderos del pueblo o los presidentes del Comisariado rentaban estas tierras directamente, sin el permiso de la Asamblea, y ganaban así un dinero propio e indebido, en detrimento de la colectividad ejidal.
En la década de 1970, parte de los ejidatarios iniciales se habían renovado, gracias a las depuraciones censales. La selección de los nuevos propietarios se hacía por mérito. Para ser acreditados y aceptados por la Asamblea, los aspirantes debían demostrar que cultivaban tierras ejidales, que pagaban las cuotas correspondientes (con los recibos) y que participaban en las faenas. La mayoría de los que se aprovecharon de estas depuraciones fueron hijos de los ejidatarios “acomodados” de Monte Blanco, mejor posicionados y conocidos por la Asamblea, mientras que pocos hijos de los de Llano Grande tuvieron la misma oportunidad.
Así, la oposición entre los habitantes de Llano Grande y los de Monte Blanco perduró, como lo demuestran documentos de 1965, relacionados con la solicitud de ampliación del ejido (que se hizo por primera vez en 1953 y obtuvo su resolución en 1991). En estos documentos, los campesinos de Llano Grande denunciaban el manejo privativo de la tierra del segundo polígono, el cual debía ser de uso común; pedían su repartición para los campesinos que no aprovechaban la totalidad de la superficie parcelaria definida por la dotación ejidal. El presidente del Consejo de Vigilancia, Juan Tlapa López, habitante de Llano Grande, compareció en marzo de 1965 ante la Comisión Agraria Mixta, para denunciar que, de las 2 000 hectáreas que constituían el ejido, sólo una cuarta parte estaba aprovechada, porque “el resto [...] lo ha alquilado el comisariado para pastar animales a personas ajenas al ejido, impidiendo así a los verdaderos ejidatarios cultivar dichas tierras”.56 Evidenciaba así los abusos que se daban desde décadas atrás.
Posteriormente, en 1974, se organizó un grupo de 125 ejidatarios que, con el apoyo del Comisariado Ejidal de la época, pedía la medición y distribución de las tierras de agostadero para completar la dotación de quienes no tenían completa la superficie de once hectáreas.57 Entre 1978 y 1979, a pesar de la oposición de la sociedad ganadera y del nuevo Comisariado Ejidal, electo en 1977, los litigantes empezaron a cultivar maíz y a cercar sus parcelas para protegerlas del ganado; en total, fueron 320 hectáreas de tierras de uso común, que fueron repartidas y cultivadas en los potreros de Pizahua e Ixtaca (véase mapa 1).58 De acuerdo con la solicitud, los ejidatarios debían tener 2.5 hectáreas de potrero cada uno: en los hechos, les tocó una extensión diferente, según lo que les faltaba para alcanzar la superficie a la cual tenían derecho. Como en la década anterior, los ejidatarios justificaban su solicitud explicando que estas tierras se encontraban acaparadas por un grupo reducido de ganaderos que las utilizaban para pasto y las rentaban a otros, cuando ellos no tenían dónde cultivar.59 Esta redistribución de los agostaderos fue lo que más se acercó a un parcelamiento; sin embargo, quedó incompleta y causó numerosos conflictos.
En los años siguientes, se formaron más grupos de solicitantes. Si la iniciativa había nacido de campesinos pobres, los ganaderos se organizaron en paralelo, recuperando la estrategia de la formación de grupos para pedir tierras. Una vez que obtuvieron la atribución, se dieron dinámicas de acaparamiento dentro de estos grupos: hubo casos de ejidatarios que intercambiaron fracciones que tenían en el primer polígono, para juntar todas sus tierras en los potreros; otros compraron su fracción a ejidatarios del mismo grupo, pero que no eran ganaderos o no podían trabajar tierras tan alejadas.60 Se puede pensar incluso que los grupos se formaban con la intención exprofeso de efectuar estas compraventas; los miembros interesados en acaparar encabezaban el grupo e invitaban a otros que no tenían la posibilidad de aprovechar estas tierras. Entonces, la acumulación y el acaparamiento en favor de ciertos ejidatarios no se acabó con la repartición de las tierras de agostaderos, sino que el fenómeno se reforzó con el tiempo: algunos pudieron sumar hasta 30 o 50 hectáreas, rebasando por mucho el límite fijado para cada parcela ejidal. Con los años, y sobre todo con el PROCEDE -aceptado por la Asamblea Ejidal en 2005-, las compraventas se multiplicaron en favor de ejidatarios de Monte Blanco, pero también de habitantes de Tlaltetela, interesados en adquirir tierras cercanas a su pueblo.
Después de la repartición, las tierras se siguieron utilizando como potreros en su mayor parte; sólo en El Volador (véase mapa 1) se sembró caña desde finales de la década de 1970 hasta la de 1990, gracias a los créditos del ingenio de Mahuixtlán. A partir del 2000, las tierras resultaron adecuadas para el cultivo del limón persa, en fuerte expansión en toda la región, y se encontraron entonces más valoradas. En la actualidad, este cultivo compite cada vez más con la actividad ganadera. Los árboles frutales se han expandido sobre todo en Ostos, el agostadero situado al sur del polígono, mejor comunicado con la localidad de Tlaltetela. Es importante señalar también, como parte de los cambios en las actividades, el desarrollo de la artesanía de muebles de bambú, que empezó en la década de 1960, a lo cual parte de la población de Monte Blanco se dedica de tiempo completo o como complemento a las actividades agropecuarias; incluso, existen casos de ejidatarios que han vendido la totalidad de su parcela para hacerse artesanos.
El ejido de Chavarrillo, municipio de Emiliano Zapata
Solicitud y conformación del ejido
La hacienda El Encero, que se formó durante la época colonial y creció hasta el siglo XIX, fue dividida en varias partes en 1873. Uno de sus arrendatarios, Nicolás Contreras, adquirió en esta ocasión dos grandes fracciones de terreno, Nevería y Tepeapulco, que formaron una propiedad independiente de más de 800 hectáreas. Fue en estas tierras, dedicadas a la ganadería extensiva, donde fundó el pueblo de Chavarrillo, habitado por la familia Contreras y sus trabajadores. En los alrededores de la localidad, se sembraron café, plátano, tabaco, caña de azúcar -que se procesaba en un pequeño trapiche- y varios cultivos de subsistencia, como maíz, frijol y yuca. Las parcelas de cultivo, en manos de los propietarios, se hallaban cerca del pueblo, y se concesionaron fincas de café en las tierras fértiles de la barranca (véase mapa 1). A finales del siglo XIX, los Contreras empezaron también a fabricar moldes de barro para el piloncillo de la hacienda de Tuzamapan.61 Sin embargo, la actividad ganadera seguía siendo la principal, y las grandes extensiones de monte y potreros predominaban.62
En 1930, los trabajadores de Chavarrillo se organizaron para solicitar la formación de un ejido con las tierras de Tepeapulco y Nevería, que seguían en manos de la misma familia -organizada como Sociedad Contreras Hermanos- y de la hacienda vecina de El Encero, que poseía todavía una extensión de 3 737 hectáreas. La Resolución Presidencial se dio el 23 de abril de 1934, y la ejecución se hizo el 12 de diciembre de 1935, casi al mismo tiempo que se adjudicó el ejido de Monte Blanco. El ejido de Chavarrillo abarcaba una superficie mucho más modesta: estaba conformado por un polígono de 764 hectáreas (493 la Sociedad Contreras y 271 El Encero) y benefició a 76 personas.63
A diferencia de Monte Blanco, el ejido no empezó con diferencias entre los beneficiarios. Al contrario, la idea era garantizar la equidad entre los ejidatarios titulares y los otros campesinos, los “posesionarios”,64 que en este caso no sólo fueron los hijos de los ejidatarios fundadores, sino también personas ajenas al pueblo. En efecto, como consecuencia de sus vínculos estrechos con políticos socialistas -como Vicente Lombardo Toledano y Vidal Díaz Muñoz, senador del estado de Veracruz y dirigente de la Confederación de Trabajadores de México-, la localidad de Chavarrillo se caracterizó por ser un refugio para los agraristas perseguidos en varias partes del estado por la Mano Negra y otros grupos de guardias blancas. El pueblo conoció, por lo tanto, un fuerte crecimiento demográfico,65 y los ideales socialistas, promovidos por los influyentes políticos amigos del pueblo, incentivaron a las autoridades ejidales a ser incluyentes con los recién llegados.
La Asamblea Ejidal otorgaba fracciones de tierra, no sólo a los beneficiarios con certificados agrarios, sino además a los hijos de ejidatarios que lo solicitaban bajo el título de su padre, y a cualquiera que las pedía. En este caso, se aplicó el lema de la Revolución: “La tierra es de quien la trabaja”, sin favorecer los intereses de los ejidatarios ni tomar en cuenta la posibilidad de que las extensiones de tierra, que parecían inmensas, se pudieran acabar en algún momento. En 1989, había 176 campesinos registrados en el libro de actas del ejido,66 y el Registro Agrario Nacional (RAN) contabilizó un total de 198 posesionarios durante el PROCEDE, además de los 76 ejidatarios titulares.67 Como en el caso de Monte Blanco, los posesionarios tenían que cumplir con faenas y con el pago de las cuotas del ejido, y sus fracciones aparecían en el plano ejidal, al lado de las de los titulares; tenían también el derecho de construir su casa en los solares de la localidad.
La atribución de las fracciones y los cultivos
En Chavarrillo, tampoco hubo parcelamiento del ejido en sus inicios, sino que las tierras se empezaron a repartir poco a poco en función de las solicitudes de los campesinos. La barranca -de difícil acceso, pero con tierras profundas y fértiles- había sido cultivada por los mismos a comienzos de la década de 1930, de manera más intensiva que en tiempo de los patrones,68 y fueron las primeras tierras atribuidas cuando se dio el ejido. Hubo intentos de sembrar maíz, pero los beneficiarios optaron muy rápidamente por los cafetales como cultivo principal -combinados con plátanos-, los cuales dieron muy buenos resultados por la calidad de la tierra y por ser un cultivo de media sombra, ya que la vegetación natural de la barranca persistió (árboles de chalahuite, jinicuil, tamarindo, entre otros).69
El café tenía para aquella época un buen precio en el mercado internacional, era un cultivo rentable, incluso para pequeños productores como los ejidatarios;70 las cosechas se vendían a acopiadores de la región, que se encargaban de su comercialización. El cultivo del mango, que ya se daba antes del ejido en pequeñas cantidades, se desarrolló a partir de las décadas de 1930 y 1940, con buenos resultados; durante la época de la cosecha (mayo-agosto) llegaban compradores de varias partes de la República.71 Estos dos cultivos y la artesanía del barro cocido72 permitieron el desarrollo económico del pueblo. A pesar de su difícil acceso, la barranca fue, por lo tanto, la zona del ejido más solicitada y concurrida, donde la repartición se acabó, en primer lugar, por falta de tierras en la década de 1960. En paralelo, en otras partes del ejido se sembraron productos de subsistencia, como maíz, frijol, calabaza y tomate, y se plantaron también palos de mango y cafetales.
En los alrededores del río y cerca del pueblo, las tierras eran tepetatosas y cultivables sólo en parte, por lo cual se aprovechaban extensiones reducidas, de manera progresiva y en distintos lugares, según iban aumentando las necesidades de los campesinos y según lo que deseaban sembrar. No siempre podían ampliar su fracción con tierras adyacentes, porque estaban cultivadas por otros o porque resultaban inservibles; se les atribuía entonces un pedazo en otra parte del ejido, a veces a varios kilómetros de distancia.
Los ejidatarios y posesionarios acumularon así una multitud de pequeñas fracciones, entre siete y más de diez. Esta organización implicaba vaivenes y kilómetros recorridos, pero aseguraba la complementariedad de las producciones, con un equilibrio entre los cultivos comerciales y los de subsistencia. Las fracciones entregadas no se medían y los campesinos no sabían entonces la superficie exacta que estaban explotando. Sin embargo, se daba por hecho que la suma no rebasaba las diez hectáreas a las que tenían derecho los ejidatarios de Chavarrillo. En general, quienes pidieron más tierra llegaron a tener una superficie máxima de seis o siete hectáreas.73
Como en Monte Blanco, las tierras no fueron medidas ni se entregaron de forma sistemática. Esto se explica, por una parte, porque había una gran disponibilidad de tierras y, por otra, porque existió un proceso de atribución controlado, registrado de manera sistemática en los libros de actas del ejido. Cuando querían cultivar una nueva fracción, los titulares de un certificado agrario -como los otros campesinos- pedían al presidente del Comisariado Ejidal convocar una junta de la Asamblea para solicitar la atribución. Los miembros de ésta daban su acuerdo, y se anotaban entonces en el libro de actas el nombre del beneficiado, la fracción otorgada con su ubicación y otras informaciones más, como sus linderos y las fracciones colindantes. Quedaron así evidencias de todas las atribuciones, de la misma manera que se registraron sistemáticamente las permutas y compraventas.
La parte de uso común
La legislación agraria se respetó en Chavarrillo en otro aspecto importante. Aunque no había precisiones sobre qué partes de las diez hectáreas correspondían al área cultivada y al área comunitaria, desde los inicios del ejido se determinaron y delimitaron zonas de tierras de uso común. La primera era una zona de bosque situada en el cerro; la segunda y más importante se ubicaba en la parte alta del ejido, llamada El Llano, dos kilómetros al norte del pueblo. Con sus tierras tepetatosas y cubiertas de monte bajo, que no se prestaban para la agricultura, este paraje fue utilizado para la cría de ganado y el aprovechamiento colectivo de leña y madera. Al contrario de lo que pasó en Monte Blanco -donde los agostaderos cambiaron de lugar con el tiempo-, esta zona conservó su uso, por lo menos hasta fecha reciente. Los ejidatarios y posesionarios juntaban allí sus vacas y bestias -que en un primer tiempo pastaban cerca del pueblo- para no dañar las siembras; iban una vez a la semana a atender a sus animales y colectar leña y madera del monte para el uso de la casa.74
Pese a abarcar una extensión mucho más reducida que en Monte Blanco y de “ser disfrutados en común para sus necesidades directas” por los ejidatarios y posesionarios, tal como lo especificaba el Código Agrario de 1934 (Art. 147-I), estos potreros también se rentaban a ganaderos de localidades vecinas -El Palmar, El Roble, Tigrillos, El Carrizal, Apazapan- durante la época de lluvias (junio-noviembre), porque los ejidatarios poseían un número reducido de cabezas de ganado y era poco el aprovechamiento que tenían. El dinero obtenido se utilizó, sin excepción,75 para gastos colectivos del ejido, relacionados con los linderos, los caminos y los cuerpos de agua.
Los cambios de las últimas décadas: valoración y desvaloración de los territorios
En la década de 1970, la crisis del precio del café y la desaparición del INMECAFÉ -como resultado del retiro del Estado del sector agropecuario- provocaron un desinterés por el cultivo del grano y el abandono progresivo de las fincas. La barranca, que durante décadas constituyó “el corazón” del ejido, cayó poco a poco en decadencia y desuso; los ejidatarios de más edad, que seguían atendiendo su cafetal, dejaron de ir con el paso de los años y la vegetación natural creció e invadió las fincas. Este fenómeno es mucho más marcado que en Monte Blanco, por el difícil acceso a las parcelas, imposible para los vehículos (véase imagen 2).
Al mismo tiempo, se empezó a desarrollar la siembra del limón persa. Como se trata de un cultivo de sol y no de sombra y que no necesita suelos profundos, los árboles se pudieron adaptar perfectamente a las tierras tepetatosas de los alrededores del pueblo y del río, que hasta entonces no habían sido utilizadas de manera intensiva, sino sólo para cultivos de subsistencia. Entre las décadas de 1960 y 1990, los campesinos solicitaron masivamente fracciones ejidales en estas zonas. Desdeñadas y subvaloradas durante mucho tiempo, estas tierras se volvieron las más cotizadas del ejido y se cubrieron de limonares. La instalación en el pueblo de tres empacadoras de limón, una comunitaria y dos privadas, a finales de la década de 1990 e inicios del 2000, favoreció aún más el cultivo. En dos o tres décadas, los territorios ejidales cambiaron drásticamente, por la importancia que adquirió el limón persa, y porque éste necesitaba condiciones físicas distintas a las de los cultivos comerciales anteriores, lo que ocasionó que se expandiera a otras partes del ejido.
Otro cambio importante en el ejido, más reciente, fue la división de las 46 hectáreas de tierras de uso común situadas en El Llano, pues los agostaderos eran ya poco utilizados por los ejidatarios, como resultado del retroceso de la actividad ganadera. Por otro lado, estas tierras se ubican en la zona sureste de Xalapa, cerca de la autopista que une esta ciudad con Veracruz, donde se han construido numerosos fraccionamientos residenciales en los últimos años, lo que les ha vuelto altamente atractivas en términos económicos.
En 2012, en una Asamblea, los ejidatarios decidieron dividir y lotificar estas tierras; se cambió la categoría de tierra de uso común a área parcelada, y se dividió en lotes de 7 000 m2, los cuales se repartieron por sorteo.76 A pesar de que las ventas fueron lentas y de que existen todavía pocas construcciones -porque no han llegado los servicios básicos-, es muy probable que en pocos años se vuelva una zona urbanizada, como ocurrió con varios fraccionamientos vecinos.
A manera de conclusión
El estudio de los dos casos evidencia la dificultad de aplicar la legislación agraria. Ninguno de los dos ejidos se dividió en parcelas repartidas de manera sistemática y equitativa, como lo preconizaba la Ley de 1925 y como lo ratificaba el Código Agrario de 1934; tampoco se fraccionaron los terrenos ni se sortearon las parcelas después de la posesión.77 Sin embargo, esto no significó que los ejidatarios trabajaran de manera colectiva, sino que cada quien se apropió progresivamente de pedazos de tierra para trabajarlos de manera individual.
La ausencia de parcelamiento se debió a varias causas. En primer lugar, a las características topográficas del terreno: la presencia de barrancas profundas y, en el caso de Monte Blanco, la división del ejido en dos polígonos separados por un río dificultaron el conocimiento y aprovechamiento de la totalidad del terreno y la posibilidad de medirlo para repartirlo equitativamente. El hecho de que no se llevara a cabo el parcelamiento se explica, en segundo lugar, por la ausencia de personal suficiente y calificado de la Comisión Local Agraria,78 así como por las pocas herramientas y conocimientos de la época. Si los deslindes de los ejidos se realizaron mal que bien, a grandes rasgos, una atribución individual, que requería mediciones precisas, se reveló imposible, lo que demuestra la incompatibilidad entre las decisiones tomadas por especialistas jurídicos en altas esferas en la Ciudad de México y las condiciones existentes en la realidad, con los pocos medios asignados localmente para la aplicación de la Reforma Agraria. En el caso de Monte Blanco, no repartir pudo ser también el resultado de las diferencias -que existieron desde los inicios del ejido- entre categorías de ejidatarios, así como la dinámica “liberal” que se impuso: el que tenía mayor capacidad económica y mano de obra podía apropiarse de más tierras, y a los ejidatarios más poderosos les convenía que no hubiera parcelamiento para seguir haciéndolo.
En ningún caso hubo repartición sistemática de parcelas, pero los dos ejidos, situados a pocos kilómetros de distancia en un mismo contexto geográfico y adjudicados el mismo año, se diferenciaron en sus prácticas. Hubo más respeto de la legislación agraria en el caso de Chavarrillo, lo que se evidencia en la división clara entre el área cultivada y las tierras de uso común, así como tanto en las consultas sistemáticas a la Asamblea Ejidal al momento de atribuir una fracción de tierra para explotarla, como en el registro de la atribución y de los movimientos de las fracciones de tierra en los libros de actas. La cercanía de políticos izquierdistas y de agraristas con la localidad favoreció sin duda un contexto de discusión y debate, y permitió a los ejidatarios beneficiarse de más elementos para tener un mejor conocimiento de la legislación agraria y respetarla. Estos contactos fomentaron también el respeto a las instituciones ejidales y las prácticas de transparencia y equidad, que beneficiaron a la comunidad en su conjunto.
En Monte Blanco, en cambio, a pesar de que la legislación preconizaba el uso común de un área del ejido, los agostaderos fueron acaparados por los ganaderos, primero en Llano Grande y posteriormente en el segundo polígono ejidal. Cuando en la década de 1970 se conformó un grupo de ejidatarios para el repartimiento de estas tierras, aquéllos se organizaron para seguir acumulando tierras en esta parte del ejido. El proceso de redistribución favoreció entonces la reproducción -e incluso el incremento- de las desigualdades existentes, beneficiando a los habitantes “acomodados” de Monte Blanco y marcando más diferencias aún con los ejidatarios “de base”. El no tener registro en los libros de actas favoreció al primer grupo, ya que no se evidenciaba el control que tenía sobre las tierras, y la dinámica de acaparamiento -que siguió a lo largo de toda la historia del ejido- muchas veces fue encubierta por las autoridades ejidales.
De estas dinámicas políticas y socioeconómicas resultaron procesos de apropiación y valoración territorial diferentes. Tanto la reducida superficie ejidal de Chavarrillo como el mayor control de las autoridades bajo la influencia de los políticos agraristas permitieron un conocimiento más completo y una apropiación diferenciada de las partes del ejido. La barranca, durante décadas el lugar central de los intensivos cultivos comerciales, representaba también un espacio de vida especialmente apreciado por los habitantes, utilizado para la pesca y el recreo. Su importancia declinó con el auge del cultivo del limón y el aprovechamiento de tierras del ejido más cercanas al pueblo.
En el caso de Monte Blanco, la lejanía e inaccesibilidad de los agostaderos situados en el segundo polígono provocaron que la mayoría de los ejidatarios tuviera poco contacto con esta parte del ejido y se dedicara a la explotación de las barrancas y de las Juntas, conocidas y fáciles de recorrer en bestias o caminando; allí se concentraron su trabajo y sus vivencias. Los que esporádicamente iban a los agostaderos eran los ganaderos acomodados, pues podían moverse con vehículos. A finales de la década de 1970, la repartición de las tierras no cambió la dinámica; los agostaderos quedaron “tierra incógnita” para gran parte de los ejidatarios. Sólo el cambio de uso de suelo de ganadero a agrícola, así como la mejora de los caminos que unen Tlaltetela con el sur del ejido (agostadero de Ostos) han provocado en los últimos años transformaciones territoriales importantes y un mejor aprovechamiento de esta zona. El uso, la valoración y la apropiación de los polígonos fueron entonces diferentes en el mismo ejido, y dependieron de factores socioeconómicos, es decir, de las categorías a las que pertenecían los ejidatarios, las cuales se reprodujeron y reforzaron con el tiempo.
Queda claro así que la aplicación de una misma legislación agraria ha dado resultados variados, en cuanto a la apropiación y valoración de los territorios, incluso en ejidos situados a pocos kilómetros de distancia. Durante décadas, la construcción de un nuevo pueblo y la ocupación poco intensiva de las tierras del segundo polígono han caracterizado la situación en Monte Blanco, cuando la equidad de acceso a las tierras y las diferencias marcadas en los usos de suelo entre una zona y otra definieron la apropiación ejidal en Chavarrillo.
