Antecedentes y contexto histórico-legal de la Lotería en Chile

La Real Academia Española entiende la lotería como aquella rifa o sorteo efectuado con autorización pública, que utiliza objetos en su desarrollo y que tiene a la suerte como el factor nuclear para premiar a uno o más destinatarios. En cuanto a su etimología, se dice que proviene del francés loterie, formada del franco lot, suerte, o del celto-bretón lod, porción de tierra heredada lote, mientras que otros la derivan del italiano lotta, que significa lucha: en suma, indica que el jugador lucha contra la fortuna y los demás participantes, y que es una actividad lícita, donde existe un sorteo de por medio, en la cual una o más personas resultan beneficiadas con premios.⁸ Esta definición tiene directa relación con su historia, ya que su autorización dependió siempre de la venia de líderes locales o entidades como el Estado, quienes eran los encargados de reglamentarla y de especificar el dinero que se obtenía y los montos dispuestos a repartir.

Como práctica, goza de una larga data, manifestada incluso desde la Antigüedad.⁹ A América llegó en su plenitud durante el siglo XIX. En el continente se legalizó, con caracteres nacionales o regionales, en México, y luego en Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, cuyos gobiernos las fomentaron para inyectarle recursos a sus establecimientos de beneficencia pública, ante las múltiples necesidades que tenían, a pesar de que en algunos de ellos su aprobación no estuvo exenta de críticas y de prohibiciones momentáneas.¹⁰

En el caso de Chile, los antecedentes de la lotería provienen del periodo tardo colonial. Desde finales del siglo XVIII, existieron diversos intentos por impulsar iniciativas de esta naturaleza, una de las cuales se plasmó para financiar el hospital San Juan de Dios, gracias a la autorización del gobernador Agustín de Jáuregui; este proyecto, sin embargo, tuvo corta duración.¹¹ Hubo casos similares luego de la Independencia, época en la que se aprobaron loterías que duraron poco tiempo y que buscaban financiar con sus ingresos a organismos como la Casa de Expósitos, la Policía de Santiago y el Hospicio de Pobres.¹²

Luego de estos intentos, durante el siglo XIX, el libre ejercicio de las loterías fue prohibido en territorio chileno. En el Código Civil, se estipuló que era una práctica ilegal, pero el 30 de agosto de 1890 se abrió un espacio al promulgarse una ley que dispuso que las loterías deberían contar con un permiso del Congreso, entidad que, previa discusión, dictaría un reglamento para permitir su funcionamiento.¹³ Esto permitió su implantación, pero su carácter de “juego de azar” le impidió, en un inicio, transformarse en un proyecto concreto, debido a que hacia finales del periodo aquél era un problema enquistado en la sociedad, tal como lo reconocían las autoridades. El diputado radical Santiago Macchiavello -quien respaldó la existencia de la lotería- reconocía lo arraigado que el juego estaba en la sociedad chilena, sin importar el lugar geográfico ni la condición socioeconómica:

En Chile se juega intensamente en el corazón de la ciudad, en el suburbio y en los campos; desde la mansión opulenta de los poseedores de grandes fortunas, hasta el cuarto miserable del conventillo. Se juega en el club, se juega en la Bolsa, se juega en las carreras, se juega en las loterías de Buenos Aires, Montevideo, Lima, Hamburgo y Barcelona; se juega, en fin, en todas partes. Juega el joven y juega el viejo, la señora entrada en años y la niña casadera, y el juego de éstas es tan habitual que ya es tradicional el “pocker de familia”.¹⁴

El juego era reconocido como un mal social, pero los vacíos en su interpretación tensionaron la normativa vigente, al no existir jurisprudencia acerca de las loterías de beneficencia extranjeras. En efecto, desde Argentina, Uruguay y España llegaron estas empresas al país a comienzos del siglo XX, y se expandieron con fuerza, logrando un éxito inusitado en la población, fomentado por la prensa debido al atractivo de los premios en dinero.¹⁵ Hubo chilenos que desembolsaron gran cantidad de recursos, lo cual representaba millones de pesos que salían del país.¹⁶

Esta situación empezó a ser criticada con fuerza, tal como lo podemos apreciar en una crónica de 1907, donde se dijo que el avance de las loterías extranjeras demostraba que en Chile no existía espíritu de ahorro y que para los chilenos el sacrificio era cosa de “anacoretas” y el trabajo una “paparrucha”. Junto a la ausencia de medidas para frenar este sistema de apuestas, con el tiempo se atacó la pasividad mostrada por las autoridades: “Hemos tomado el buen acuerdo de encogernos de hombros y dejar que ruede la bola, es decir, que cunda la venta y que las economías o las necesidades domésticas de todo el pueblo se conviertan en boletitos de loterías”.¹⁷

A pesar de esta situación, el rechazo a aprobar una lotería en Chile era evidente. Esto fue resaltado por otra columna: “[en el país] ha encontrado bastante resistencia la implantación de una lotería, sea de Beneficencia, al estilo de la Argentina o con cualquier otro propósito, y es de esperar que estos ejemplos que nos vienen del vecino, nos sirvan para sostenernos en el buen acuerdo”.¹⁸ Sin embargo, en Chile existían prácticas que tuvieron un alto grado de similitud con el sistema de la lotería. Hubo sociedades financieras como La Hormiga, La Mundial y La Poderosa, cuyas utilidades eran emitidas en forma de bonos que, una vez al año, favorecían a uno de sus trabajadores gracias a los sorteos efectuados. Muchos interpretaron esto como una lotería encubierta, lo que provocó polémicas con las autoridades y que La Poderosa fuese denunciada ante la justicia, acusación de la que finalmente fue sobreseída.¹⁹ Esta situación había pasado desapercibida, pero, a inicios de la década de 1920, el Congreso y Belisario Ferrán, presidente de La Poderosa, se enfrentaron públicamente, momento en el cual Ferrán debió declarar su oposición a fomentar el juego y a la lotería. Aun así, respaldó los sorteos que realizaba su empresa, los cuales, de acuerdo con su criterio, eran producto de una buena administración y de la suerte que favorecía, año tras año, a uno de sus funcionarios; esto, a su juicio, no significaba que la empresa tuviese una lotería patrocinada, sino que prestaba una ayuda social gestada al interior de los organismos.²⁰

Fue así como, a inicios del nuevo siglo, la lotería se mantuvo dentro de este ambiente dicotómico. Se rechazó la posibilidad de instaurarla en Chile, pero las extranjeras, a pesar de las críticas, se mantuvieron en el tiempo con gran popularidad. Esta ambigüedad presente en la práctica cambió en forma abrupta a partir de la década de 1910, pues la urgencia por darle a la Beneficencia nuevas fuentes de financiamiento permitió la emergencia de propuestas que hicieron que se perfilase, poco a poco, como una alternativa posible y útil. De esta forma, se dio inicio a un debate que desarrollo a continuación.

La lógica del mal menor: respaldos y ventajas de la lotería

La flexibilización del concepto que se tenía de la lotería y sus efectos sociales y morales cambió de manera paulatina, luego del Centenario de la República. Revisando los testimonios de la época, se puede constatar que la opinión acerca de esta práctica tuvo un giro ante los recursos que de ella podían obtener. Para citar un ejemplo, en 1912 una columna trató la situación de las rifas públicas, al ser una práctica consolidada en la sociedad chilena, declarando que la permisividad en torno a ellas significaba que no se reprimía todo tipo de juego: “[El Estado está en] el deber de prohibirlo y de perseguirlo; pero hay veces en que, para evitar un mal mayor, o porque la prohibición resulta ineficaz, no es delito grave cierta tolerancia, siempre que ella sea en beneficio de los enfermos y los desamparados”.²¹

A partir de esta época, la lotería comenzó a sumar apoyos ante la utilidad que podía tener como juego regulado, factor que la llevó a ser discutida, ese mismo año, en el Congreso Nacional. El 24 de agosto de 1912, una comisión de diputados -formada por Guillermo Subercaseaux, Jorge Silva Somarriva, Matías Silva y otros- presentó un proyecto de ley que buscó crear una Lotería Nacional, entidad que estaría bajo la tutela de la Junta de Beneficencia de Santiago, la que recibiría sesenta por ciento de los ingresos obtenidos, mientras que el resto iría para las Juntas Departamentales. Además, la propuesta pretendió prohibir las loterías extranjeras para fomentar la nacionalización de esta práctica.²² Si bien fue una idea que no siguió siendo discutida, al interior de la Junta de Beneficencia de Santiago se empezó a fraguar una postura favorable a la lotería. En el mundo político ocurrió lo mismo, al recibir el apoyo explícito de parlamentarios como Ismael Tocornal, quien declaró que, en caso de existir un clima político favorable, apoyaría la medida.²³

En 1917, hubo un nuevo intento para lograr su creación. El senador del Partido Liberal José Pedro Alessandri presentó ante el Senado una moción para debatir acerca de un proyecto de ley que crearía una Lotería Nacional de Beneficencia, propuesta con la cual esperaba que se generaran 20 millones de pesos al año, prohibiendo, al igual que los casos anteriores, las loterías extranjeras, con el propósito de mantener los recursos en el país.²⁴ El proyecto de Alessandri permaneció años en el Parlamento, y el senador se volvió uno de los principales patrocinadores de este sistema, pues, desde su perspectiva, había dado buenos resultados en otros países, muchos de los cuales se veían favorecidos por el dinero proveniente de Chile. De acuerdo con Alessandri, las objeciones que se hacían a la idea -como la de fomentar al vicio y la inmoralidad- no eran razón suficiente para descartarla, frente a las necesidades por las cuales pasaba la Beneficencia; por ello, propuso darle vida a esta institución, la cual tendría personalidad jurídica. El Consejo Superior de Beneficencia, entidad creada en 1917 para unificar a las Juntas de Beneficencia de todo el país, le propondría nombres al presidente de la República para que fuese él quien escogiese a su Directorio.

Poco a poco, el proyecto de Lotería impulsado por Alessandri comenzó a concitar apoyos, entre los cuales estuvo el de su hermano, Arturo Alessandri, quien, cuando se desempeñaba como senador, declaró en favor de su aprobación: “Lejos de contribuir a fomentar el vicio del juego, lo reglamentaríamos y lo encauzaríamos y lejos de estar contribuyendo a las Beneficencias de otros países, beneficiaríamos al nuestro; sobre todo podríamos acudir a esas necesidades que hoy día no pueden ser atendidas”. Se reconoció que era una idea controversial e incómoda, pero su utilidad hizo que sumase nuevos respaldos, como el del político conservador Ramón Subercaseaux, quien se refirió a los perjuicios que el problema de la Beneficencia traía a la sociedad chilena. Sobre esto, destacó: “Para los desgraciados que en ellos tienen asilo no podemos sentirlo; pero cuando pensamos en que los millones salen de un país menos rico en dinero y más abundante en desgraciados, nos salta al ojo la necesidad de denunciar y de pedir que cese pronto tan incomprensible situación”; a propósito de las loterías extranjeras, agregó: “La llamada inmoralidad, un poco abstractamente, de las loterías, no es gran cosa si se compara con la indolencia de dejarlas venir de afuera y prosperar aquí donde hacen un daño económico que no es siquiera discutido. Son millones contados, que salen y quedan perdidos”.²⁵

Este punto también fue respaldado por Santiago Macchiavello, quien consideraba que, de todas las ideas existentes, la Lotería era la única alternativa sólida para financiar a la Beneficencia de una manera eficiente y acorde con sus necesidades, al punto de resolver de raíz los constantes dilemas económicos de los establecimientos. A su parecer, la Lotería se podía proyectar como la fuente de recursos estructural del sistema, por lo que criticó la indolencia de quienes se oponían al proyecto:

[...] estos sabios de laboratorio, que plasman sus ideas en un gabinete donde no ha llegado jamás ni la imagen de la miseria, ni el reflejo de la vida real de nuestro pueblo falto de recursos, olvidan dos hechos que son bien decidores: Que es preciso sacar a nuestra clase baja de la podredumbre que le roe su cuerpo, y que la implantación de la Lotería de Beneficencia sólo vendrá a encauzar una afición al juego, que forma parte integrante de la idiosincrasia de la raza y que es imposible extirpar.²⁶

En cuanto al resto de la clase política, fue el Partido Liberal Democrático la colectividad que manifestó un mayor respaldo a la medida, la cual discutieron en su Comisión de Estudios Sociales e Higiene, llevada a cabo durante 1922. En esta instancia, prepararon una propuesta concreta para que Pedro Lautaro Ferrer -presidente de la Comisión- la llevase al Congreso. Ante los argumentos que los detractores señalaron en contra del proyecto, ellos esgrimieron que la situación de la Beneficencia Pública era razón suficiente para respaldar la medida. En una carta escrita al senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Enrique Zañartu Prieto, Ferrer le indicó que era imperiosa su aprobación:

No hay camas, no hay dinero, es un grito a diario de las Juntas de Beneficencia, y todo sigue sin solución, sin que se estime la gravedad de la situación social, y sin pensar en satisfacer tantas necesidades que aún no se atienden por falta de servicios como el de hospitalización de incurables y de asistencia preventiva entre otros.

Por su parte, Zañartu fue benévolo con esta idea gracias a la experiencia ocurrida en Concepción -que detallaremos más adelante-, al recalcar que no estaba de acuerdo con las loterías, pero las aceptaba como un mal menor: “si los poderes públicos no encuentran recursos para salvar la vida de nuestros conciudadanos, si no hay manera de auxiliar a los hospitales en otra forma, tenemos que recurrir al arbitrio de las loterías”. Por ello, prefería un espacio de tolerancia hacia esta actividad, en vez de seguir aceptando las deplorables condiciones de los establecimientos.

Ante este motivo, quienes respaldaban el proyecto acusaron un doble discurso de los detractores, los cuales aprobaban la existencia del juego sólo para una mínima parte de la población, de mayor nivel socioeconómico, asistente a las carreras de caballos:

[Ante los problemas de la Beneficencia, que sus enemigos] nada han estudiado ni ofrecido en cambio, han repetido que la lotería es un juego inmoral. Pero esos escrupulosos jamás, tampoco, han hecho nada por impedir el juego desenfrenado de los hipódromos o para asegurar una severa sanción policial contra los millares de tapetes verdes que se toleran en pleno centro y en todos los rincones de los barrios.²⁷

La continuidad del proyecto de Alessandri fue asegurada tras discutirse al interior de la Junta de Beneficencia de Santiago. Sus directores fueron conminados a pronunciarse al respecto, lo que hicieron con diferencias entre el apoyo y el rechazo a la medida, pero Manuel Tocornal Cazotte, integrante del Directorio, solicitó que la Junta votase para patrocinar el proyecto, lo cual se hizo por un margen favorable de 16 votos contra 11.²⁸ Además, siguió sumando respaldos. El profesor y economista Guillermo Subercaseaux se pronunció ante el tema: “se acostumbra a levantar el grito al cielo cuando se trata de autorizar loterías de Beneficencia o de interés público y se tolera impasible las demás clases de juego. Es un criterio moral y económico un tanto raro”. Criticó a los parlamentarios opositores, por su puritanismo y por el doble discurso mostrado ante el tema, al no oponerse a otros juegos.²⁹

A pesar de la suma de apoyos que tuvo el proyecto, quedó entrampado en el Congreso. Los conflictos políticos hicieron que el debate se extendiera con el tiempo. Entre tanto, algunas damas connotadas por sus trabajos de caridad, como Ana Echazarreta Pérez Cotapos -esposa del presidente de la República, Juan Luis Sanfuentes-, junto a damas de alta sociedad como Adela Edwards y Juana Ross, enviaron solicitudes al Congreso para legalizar loterías con fines particulares. Al mismo tiempo, surgieron otras iniciativas a través de la prensa que no lograron ser discutidas.³⁰ Además, la defensa de la Lotería adquirió nuevos matices, al resaltarse la existencia de la ley de Apuestas Mutuas y que este proyecto era mucho mejor. En este sentido, fue el médico Pedro Lautaro Ferrer quien analizó el problema, señalando que las carreras de caballos eran verdaderamente inmorales, por obligar al apostador a gastar todo su dinero, mientras que con la Lotería el boleto tenía un precio fijo y regulado.³¹

Con el tiempo, el diputado conservador y médico Exequiel González Cortés reimpulsó la iniciativa en el Congreso, al presentar una propuesta similar a la de Alessandri. Entre los argumentos utilizados para respaldar la idea, planteó lo siguiente:

Los enemigos de la lotería no serán esta vez, los apóstoles de la moralidad, las buenas costumbres y el bienestar del pueblo, porque todos ellos están convencidos, prácticamente, de que, en la actualidad, las loterías producen muchos miles y no aportan ningún bien, mientras que, estableciendo el monopolio de ellas en favor de la Beneficencia, se aminorarán los males y se obtendrán grandes bienes para la salubridad pública, el porvenir de la raza y el alivio de la suerte del pueblo.

A su parecer, era necesario contar con la Lotería para financiar a la Beneficencia, ya que se encontraba “atrasada, miserable, en ruinas y vistiendo harapos”:

La única esperanza del pobre en sus horas de dolor, enfermedad y agonía, a sala común del hospital, es un beneficio mezquino e insuficiente, como dádiva de avaro, porque los hospitales están en perpetua pobreza, en constante déficit, sin tener para comprar instrumentales o medicinas, sin dinero con qué pagar el pan o la carne de la dieta de los enfermos; es un beneficio inseguro y engañoso porque, muchas veces, tienen que rechazar, inhumanamente, a gran número de suplicantes que, al verse abandonados a su impotencia, no saben ya a dónde irse a morir. ¿Quién no conoce el cuadro de lástima y dolor que presenta la asistencia social a lo largo de todo el país? La Beneficencia Pública es el último de los servicios, el que menos interesa al Gobierno, el que no recuerda el legislador, el que más reducido espacio y volumen ocupa en el erario y los presupuestos nacionales.³²

Ante los problemas que acusaba la Beneficencia, González Cortés apeló a la aprobación de la Lotería como la salida a sus problemas financieros. La deuda pública acumulada hacia 1924, que sumaba mil millones de pesos, no permitía darle a la Beneficencia Pública los recursos estipulados en la Ley de Presupuestos, por lo que su existencia permitiría evitar exigirle al fisco los montos que necesitaba. Por esta razón, en su proyecto de ley, planteó entregarle el monopolio a la Lotería para financiarla; incluso se proponía dejarla exenta de impuestos (se utilizaría 25 por ciento de los ingresos obtenidos por cada sorteo, y el resto para premiar a los portadores de billetes).³³ Con esta medida, se transformó en un partidario acérrimo de la Lotería, rechazando de manera tajante los cuestionamientos de quienes criticaban el incentivo al juego: “Las salas dedicadas en clubes a manipulaciones de naipes y las platas de los hipódromos ¿no ofrecen un peligro mayor para la subsistencia del hogar, con el impulso irresistible que imprimen al obcecado que corre tras ese medio engañoso de labrar una fortuna?”.³⁴

Al poner de manifiesto la intención de mantener el juego legalizado y reglamentado sólo en ciertos sectores de la sociedad, Alessandri, González y los adherentes a la Lotería cuestionaron las contradicciones de quienes la rechazaban. En particular, González criticó que enfermedades como la viruela, la cual había provocado que los servicios de la Beneficencia atendiesen “de a tres en la misma cama” a los contagiados, exponían la urgente necesidad de recursos que podían provenir de ese sistema:

[Un auxilio que] no pueden procurárselo la dádiva generosa de los filántropos, ni la ayuda fiscal, y que con ligeras desventajas de orden moral como lo acaba de proclamar la Honorable Junta de Beneficencia, puede obtenerse con la creación de una lotería nacional en la forma que he tenido el honor de proponerla al Congreso.³⁵

De esta manera, reafirmó la idea de transformarla en la vía primordial para sustentar a la Beneficencia, similar a lo que ocurría en Argentina. Una crónica publicada a finales de 1925 resaltó que el empeoramiento de la situación de los establecimientos de Beneficencia obligaba a que la Lotería fuese legalizada con urgencia. Esto distaba de lo que pasaba en el país vecino: “los desvalidos encuentran socorro; aquí por no autorizarla, los hombres son rechazados en los hospitales, los locos en la Casa de Orates, los tuberculosos de todas partes, y de cada mil escolares hay 800 con la tuberculosis viva o latente”.³⁶

Otros apoyos que sumó el proyecto provinieron de parte del liberal Guillermo Edwards, quien atacó a las sociedades “con nombres filantrópicos”, como La Poderosa y otras entidades financieras, por falsear nombres de agrupaciones cuyo único fin era incentivar los sorteos. Si bien no estaba de acuerdo con fomentar el juego, prefería reglamentar una lotería nacional para encauzar la práctica en torno a la Beneficencia. También podemos mencionar el respaldo del demócrata Luis Enrique Concha, quien, parafraseando al político argentino Domingo Faustino Sarmiento, la comprendía como “una cooperativa en que muchos hombres ponen una parte infinitesimal de su fortuna para hacer la fortuna de otros”.³⁷

A pesar de esto, el bloqueo legislativo se mantuvo e impidió que el proyecto pudiese ser aprobado, lo cual ocasionó que se criticara la falsa “moralidad” de los detractores. El tema planteó una columna en 1926, donde se señaló: “se pretende ignorar que se juega mucho en Chile y que la lotería no agregaría absolutamente nada a ese hábito, sino que lo dirigiría en un sentido social, obteniendo de la tendencia a arriesgar dinero al azar un producto para remediar dolores y atender deberes sociales”.³⁸ De todas maneras, la Lotería no dejó de estar presente en el debate acerca del presente y futuro de la beneficencia pública chilena, junto a la problemática subyacente a este tema: el juego. Para quienes lo estudiaron en la época, como Miguel Palacios, no era reprochable aceptarlo como parte de la condición humana, lo que ―si se conseguía y disminuían los prejuicios en torno a esta actividad― permitiría gestar una lotería nacional sin inconvenientes. Para él, jugar significaba “[una] de las pasiones que con mayor facilidad y con más fuerza echan raíces en el alma humana, y no es sino una de las tantas manifestaciones de esa gran ley que rige todos nuestros actos: obtener el máximun de rendimiento con el mínimun de esfuerzo”.³⁹ Con esto, daba por sentado que, en Chile, la búsqueda de una fortuna, frente a la posibilidad de ganar dinero sin trabajar, era algo natural, lo que hacía de la lotería una actividad atractiva que permitiría impulsar esta condición de las personas para suministrarle fondos a la Beneficencia.

En efecto, la regulación del juego y los espacios donde se desarrollaba implicaba reducir al máximo los lugares ilegales existentes, así como visibilizar una práctica extendida en el país. Así lo recalcó un cronista en 1927. A su juicio, la lotería podía ser positiva:

Está visto que la naturaleza humana necesita ejercitar algún vicio, precisamente para no enfangarse de lleno en el vicio. Por eso es que, reconociendo este hecho, los más sabios legisladores han preferido siempre aceptar el vicio encauzado y reglamentado a proscribirlo en absoluto. Nuestro país marcha por esta prudente senda [...] El juego desenfrenado y perturbador ha quedado proscrito: en cambio la nación entera se hunde deliciosamente en las burguesas inquietudes de la lotería.⁴⁰

Además, la aprobación de la lotería fue vista como la oportunidad para democratizar los espacios de juego monopolizados por miembros de la élite, quienes tuvieron en las carreras de caballos un espacio validado públicamente, donde podían ejercer apuestas, práctica que -como lo veremos en el próximo apartado- estuvo vedada para otras capas de la sociedad, y que llevó a que un sector de las autoridades rechazara su masificación. Ello hizo que la legalización de la lotería tuviese que esperar la década de 1930, para que se diesen las condiciones que permitiesen inclinar la balanza en favor de la iniciativa. Por lo mismo, en los próximos párrafos haré hincapié en la negativa dada al proyecto. Veremos que fue constante y que los argumentos impusieron el bienestar moral de la sociedad por sobre las ventajas monetarias que era posible obtener con la lotería.

Una práctica inmoral: rechazos a la lotería

La lotería trajo consigo agudas opiniones en su contra desde algunos sectores. Este rechazo tuvo entre sus filas a diversos miembros del mundo político, como el presidente de la República, Juan Luis Sanfuentes, quien, apartándose del Partido Liberal Democrático, se mostró contrario a aprobarla, tema al cual se refirió cuando asumió la presidencia en 1916. Descartó cualquier posibilidad de legalizarla, pues no consideraba bueno, conveniente, ni necesario proponer

[...] el establecimiento de loterías, que existen en algunos países sudamericanos y europeos e importan un ramo de entradas inaceptable bajo su doble aspecto económico y social, en cuanto es de costosa percepción y en cuanto fomentaría en nuestras clases populares un mal en extremo pernicioso, que no puede ser amparado por la ley.

En efecto, declaró que las personas capaces de comprar boletos de loterías extranjeras, a pesar del monto recaudado, eran pocas.⁴¹

La negativa de Sanfuentes fue replicada por otros parlamentarios, quienes, además de rechazar la lotería, propusieron alternativas para crear nuevas fuentes de ingreso para la Beneficencia. Augusto Vicuña, por ejemplo, planteó aumentar los montos entregados por la Ley de Apuestas Mutuas.⁴² Esta idea tuvo el apoyo del diputado liberal Samuel Claro Lastarria, quien, para fundamentar su rechazo, planteó lo siguiente:

¿Qué ocurriría si estas loterías se establecieran en Chile amparadas por la ley, y se vendieran boletos en todas partes sin las dificultades con que hoy se tropieza? Que si una lavandera, pongo por caso, que vive en un cité o en un conventillo la favorece la suerte y obtiene así mil o dos mil pesos, vendrán todas las comadres a ver esa riqueza. Porque dos mil pesos para esa pobre gente, es una verdadera fortuna. Y viene la locura de quien los recibe, para invertirlos mal; viene enseguida el mal ejemplo: “¿Por qué la Juana tiene tanta fortuna y yo no?”.⁴³

El rechazo a la lotería apuntaba al hecho de que se consideraba injusto exigir a los sectores trabajadores que invirtiesen parte de sus recursos -que eran escasos- con estos fines, y que se les atrajese con el juego, ya que podían caer en la tentación de apostar de manera fácil. Esto no significaba que no reconociesen la necesidad de inyectarle recursos a la Beneficencia, pero las propuestas no debían seguir por este camino, el cual afectaba la moralidad pública. El político conservador Carlos Aldunate, por ejemplo, sugirió el 17 de noviembre de 1919 la venta de los terrenos salitreros que se encontraban en desuso, para tomar esos recursos y destinarlos a la Beneficencia. Esta propuesta fue hecha pensando en que la Primera Guerra Mundial había puesto en jaque a la industria, pero que con el alza en el precio del salitre se podía especular y venderlo a un valor mayor.⁴⁴ El senador conservador Gonzalo Urrejola apoyó dicha iniciativa y planteó, en la sesión parlamentaria del 18 de agosto de 1923, aplicar un impuesto a las estampillas con fines de beneficencia. Hubo muchas otras, que quedaron sólo en el papel.⁴⁵

La percepción inmoral que poseía la lotería fue reafirmada por el senador radical Enrique Mac-Iver, quien se manifestó en total desacuerdo para establecerla y obtener ingresos desde ella para la Beneficencia, comparando esto como una acción similar a la aplicación de impuestos a los prostíbulos. Junto a su crítica, señaló:

Se ha llegado entre nosotros, para auxiliar a los pobres, para ejercitar la misericordia del Estado para con los enfermos, hasta constituir el vicio en fuente de recursos, es decir, juntar una idea del cielo, de la gloria, con una idea del averno. Porque buscar recursos en el vicio para invertirlos en la misericordia es mezclar un jirón azul del cielo con la podredumbre del fango, es hacer que nazca la caridad como las flores de los pantanos.

Además de esto, cuestionó el hecho de que la lotería fuese una práctica que favoreciera a Chile, sin importar que hubiese sido aprobada y funcionase con éxito en otros países. En relación con esto, manifestó:

¿Con qué se trata de justificar este proyecto? Con que otros países tienen lotería, con que la tienen la Argentina, el Uruguay, la España, Italia y Baviera; pero, olvidamos que también la tienen el Perú, Panamá y Cuba, la última isla que poseyó España en el continente americano. Todas esas naciones y otras más, tienen las loterías. Pero, ¿tiene lotería la Inglaterra? ¿tiene loterías los Estados Unidos? ¿tiene lotería la Francia? ¿Por qué vamos a imitar nosotros, ya que nuestro espíritu de macaquismo nos lleva a ello, al Perú, a Cuba, a Baviera? Y ¿por qué no imitamos a Inglaterra, a los Estados Unidos, a Francia? Porque al fin y al cabo, si se quiere buscar justificación en lo que hacen otros países, lo natural es que se busque lo mejor y no lo peor; que se busque lo bueno y no lo malo. ¿Por qué no seguimos las aguas de las naciones que son las primeras del mundo?⁴⁶

Los detractores de la lotería compartieron un argumento similar para rechazarla: defender a los sectores desposeídos de una propuesta que iría en desmedro de sus bolsillos. Así lo retrató otra crónica, al criticar lo peligroso de su presencia y que el Estado actuase como su patrocinador, lo cual podía: “asimilarse a una contribución indirecta del más defectuoso carácter; siendo las clases sociales más pobres las que relativamente resultarían erogando más”.⁴⁷ Años después, el autor de dicha publicación siguió cuestionándola con razones similares: “el único argumento nuevo en favor de las loterías sería nuestra peor situación financiera; son recursos de países de malas finanzas. Pero no proclamemos así esa mala situación, y busquemos recursos más morales o dignos para las necesidades de la Beneficencia Pública”. Al respecto, otra columna señaló: si se establece, entonces “también querrá tentar suerte el trabajador y se le desarrollará un malsano deseo de obtener fortuna por medio del azar: abandonará el trabajo: por lo menos, no tendrá la actividad de antes, confiado en la suerte”.⁴⁸

Este tipo de opiniones en contra del proyecto derivaron en presiones y sugerencias para que se evitara una eventual aprobación, sobre todo por el avance que había logrado. De hecho, en una oportunidad, el filósofo Juan Enrique Lagarrigue se dirigió de manera privada al ministro del Interior, Domingo Amunátegui Solar, para mostrarle su rechazo. Le expresó que reconocía la situación deplorable en la que se encontraba la Beneficencia Pública, pero que esto no era motivo para imponer una iniciativa de tales características. Frente a esto, señaló:

Permítame anhelar que usted, desde su alto cargo de ministro del Interior, ejerza un saludable y decisivo influjo, rectificando el engañoso criterio que inclina actualmente hacia las loterías. No le honraría de ningún modo a Chile que llegaran a establecerse aquí preconizadas por el Estado.⁴⁹

El rechazo que parte del mundo político ejerció desde el Congreso permitió bloquear la iniciativa y evitar su discusión y promulgación. El Partido Radical -tal como Mac Iver- se opuso en bloque, como acordó en su Junta Central de agosto de 1924. En aquella jornada, el doctor Julio Bustos resaltó “la conveniencia de que los parlamentarios radicales se [opusieran] al proyecto de establecimiento de una lotería nacional”, pues iba en contra de lo que prescribía el programa del partido, “y aún el programa mínimo fijado por la Convención de Valparaíso [donde] se reprueba la lotería”. Más adelante, agregó: “[No es aceptable que,] con el propósito de obtener dinero para cualquiera obra benéfica, se fomenten los vicios, como el juego. Esto es una teoría anticuada: en otro tiempo todos los gobiernos se procuraban dinero por ese medio”.⁵⁰ El senador del Partido Nacional Silvestre Ochagavía respaldó esta postura, pues, a su juicio, aprobar la lotería era “explotar una inclinación natural del hombre, o más bien, un defecto, cual es el de tentar suerte en el juego, se echa mano de este defecto del hombre para reunir dinero, y esto es inmoral”.⁵¹

Sin duda, una de las críticas más duras que se publicaron fue la del periodista Hugo Silva, conocido también con el apodo de Julio César, el cual indicó que gestarla implicaba convertir al Estado en el “Croupier Supremo de la República”. Junto a su juicio de que crear una lotería era un contrasentido porque se obtendrían recursos de los sectores desposeídos, reprochó al ministro Pedro Lautaro Ferrer y a la clase política que la respaldaba su incapacidad para encontrar una solución de fondo al problema financiero que afectaba a la Beneficencia, y que, en vez de pensar en una medida concreta, prefirieran optar por una solución que iba en perjuicio de la moralidad pública. En cuanto al juego, consideraba:

[Estimularlo, sin importar los objetivos, es] el mejor medio de matar los nacientes hábitos de ahorro que las leyes sociales últimamente dictadas estaban creando en el pueblo. Además, engendra la esperanza de, mediante un golpe de suerte, poder vivir sin trabajar. Veinte o treinta millones saldrán de los escuálidos bolsillos del empleado y del obrero, para revolverse en el tapete verde fiscal. Y el barato será para los enfermos de los hospitales, los huérfanos de padres jugadores y los vagabundos, los ex hombres que perdieron en la timbirimba oficial todos sus ahorros y el hábito de ganar como hombres el pan de cada día.⁵²

También el historiador y profesor Octavio Montero Correa se pronunció para manifestar su rechazo; recalcó que en Chile eran muy pocos quienes tenían la capacidad de jugar loterías extranjeras, debido al alto precio de los boletos.⁵³ Pero, a diferencia de los casos anteriores, manifestó una mayor flexibilidad para discutir el tema, pues, a pesar de sentir repugnancia por las loterías, planteó la posibilidad de invocar el principio salus populi suprema lex⁵⁴ sólo si la situación de la Beneficencia Pública llegaba a extremos peligrosos y no había forma de recurrir a otros medios para salvarla. En tal caso, no se opondría a su establecimiento, siempre que se le diera un carácter de emergente, transitorio, “ojalá muy breve”.⁵⁵

En definitiva, fueron éstos los argumentos que hicieron que el proyecto permaneciese en el Congreso, sin ser aprobado. Sin embargo, un hecho puso en jaque a las posiciones favorables y contrarias, y pavimentó el posterior nacimiento de la empresa conocida, hasta hoy, como Lotería de Concepción. Sus implicaciones y el resultado de los debates serán analizados en los próximos párrafos.

La Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia: concreción definitiva del proyecto

Mientras el proyecto de lotería seguía su curso en el Congreso, en Chile ocurrió un hecho paralelo que marcó el destino de esta iniciativa. En 1919, fue fundada la Universidad de Concepción, en esta ciudad situada en el centro-sur del país, gracias al trabajo previo efectuado por un comité de destacadas personalidades de aquella comuna. En su puesta en marcha, la casa de estudios tuvo serios problemas económicos, lo cual no permitió que, en sus inicios, los profesores recibieran implementos de trabajo y sus sueldos. Esta situación, a pesar de haber sido expuesta, no fue asumida por las autoridades ni por el gobierno central a causa de la crisis económica por la que atravesaba el país, lo cual le quitó la posibilidad a la Universidad de contar con recursos del Estado.⁵⁶

En vista de las múltiples necesidades arrastradas por esta casa de estudios, en su Consejo Directivo surgió la idea de llevar a cabo “donaciones por sorteo”. Con los años, se intentó denominarlas lotería, pero se optó por acomodar la fórmula al marco legal para evitar inconvenientes y no repetir anteriores iniciativas locales que no lograron llegar a buen puerto.⁵⁷ Este sistema -impulsado por David Cruz Ocampo, Desiderio González y otros directores de la Universidad- consistía en emitir y poner a la venta, con el patrocinio de una Oficina de Subsidios, boletos del mismo valor, que eran comprados por personas acaudaladas de la ciudad. El monto obtenido se depositaba en el banco hasta que la Universidad sorteara entre aquéllos un premio mayor y otros de menor cantidad, conservando los intereses para invertirlos en la institución.

En un inicio, algunos miembros de la casa de estudios se resistieron a esta idea, al considerarla semejante a la lotería, pero los problemas económicos de la Universidad llegaron a tal punto que las discrepancias se dejaron de lado para que las donaciones por sorteo pudiesen ser efectuadas sin contratiempos. El sistema comenzó a implementarse a partir de 1921. Entre ese año y 1924, se llevaron a cabo 42 sorteos, con una utilidad de 4 000 pesos tan sólo en 1921, lo cual hizo que la iniciativa fuese lucrativa y sustentable en el tiempo. Además, comenzó a ser denominada informalmente Lotería de Concepción, sin que hubiese conflictos al respecto. Funcionó con éxito en sus primeros años, pero en 1924, tras la primera renuncia del presidente de la República Arturo Alessandri -rechazada por el Congreso y reemplazada por un permiso de seis meses-, la Junta militar de gobierno entrante mandó a cerrar la Oficina de Subsidios y suspendió los sorteos, lo que sumió a la Universidad en una grave crisis económica, que no fue resuelta sino hasta el retorno de Alessandri, pues desde Concepción presionaron para derogar la prohibición de la Lotería, lo que se consiguió en 1925.

Mientras el proyecto en el Congreso seguía estancado, la aprobación para que la Lotería de Concepción pudiese funcionar trajo consigo cuestionamientos, al plantearse que no era correcto que el Gobierno tuviese como prioridad a la Universidad y la favoreciera, pues eso significaba que todas las instituciones a lo largo del país podían buscar mecanismos similares de financiamiento, haciendo de la lotería un sistema replicable en cada una de ellas. Se condenaba, a su vez, que la Beneficencia no pudiese contar con un sistema de esas características, a pesar de necesitarlo con urgencia, pues hacia finales de la década faltaban camas en los hospitales, y enfermedades como el cólera, el tifus o la tuberculosis requerían de inversiones que no era posible obtener de manera simple.⁵⁸

El promisorio funcionamiento de la Lotería de Concepción hizo que fuese mirada con mucho interés, a partir del gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, quien asumió la presidencia en 1927 y promulgó el Decreto 484, que le dio su nombre de manera oficial. Su éxito despertó la intención de Ibáñez de administrarla desde Santiago y obtener un porcentaje para la Beneficencia Pública, tema que generó conflictos entre las autoridades centrales y locales. De hecho, el Decreto le dio facultades al presidente de la República para designar al personal y tomar decisiones que no fueron bien vistas por las autoridades universitarias. El académico y rector Enrique Molina Garmendia fue uno de ellos. El 6 de mayo de 1930, le escribió acerca de esta situación al coronel Guzmán García y a Augusto Rivera Parga, cercanos a Ibáñez; al primero le comentaba: “tal vez no ignora que muchos codiciosos andan alrededor de la lotería como aves de rapiña cerca de una buena presa”; mientras que al segundo lo hacía partícipe de lo siguiente: “No es sorpresa que se hable de los que codician quitarle la lotería a la Universidad, y repartir las ganancias en la forma que para ellos resulte más conveniente”.⁵⁹

Para solucionar el traspié, una Comisión en el Congreso se encargó de discutir este tema, y cambió el Decreto por la Ley 4885, que estipuló los porcentajes destinados a favorecer las arcas de la Universidad de Concepción y la Beneficencia. De acuerdo con esta Ley, ambas entidades recibirían, respectivamente, 35 y 25 por ciento de las ganancias obtenidas en cada sorteo, mientras que el porcentaje restante se destinaría a la Cruz Roja, a los hospitales y a los gastos administrativos. Esta iniciativa fue apoyada por parlamentarios como el senador liberal Samuel Guzmán García. Sin embargo, luego de 1930 se buscó que las dos instituciones tuviesen el mismo porcentaje, lo que se tradujo en un 40 por ciento para ambas. Con el tiempo, modificaron tanto los capitales de reserva como el uso de los porcentajes restantes, pero estas cifras se mantuvieron estables.

Luego de la caída de Ibáñez, en 1931, la Lotería de Concepción fue el epicentro de nuevos conflictos entre el Gobierno y las autoridades de la ciudad. En plena República Socialista, asumida de 1931 a 1932, el presidente provisional Carlos Dávila emitió un decreto que eliminó el rubro Beneficencia, lo que hizo que la Lotería pasase de manera íntegra al Estado. Con esta situación, la empresa vivió un descalabro financiero, lo que ocasionó que se cuestionaran las decisiones que se habían tomado desde La Moneda: “El Fisco no ha sido nunca buen negociante. Diríase que el caso de la lotería es un ejemplo más, entre los muchos males producidos por el exagerado estatismo contemporáneo”.⁶⁰ Por ello, para evitar una quiebra, en agosto de 1931, el ministerio de Bienestar Social dictó un nuevo reglamento que separó a la Lotería de Concepción del Estado y le dio administración autónoma, tal como se mantiene hasta hoy.

El respaldo que este gesto le dio a la Lotería trajo críticas relacionadas con las necesidades que tenían organismos locales y nacionales. Adela Edwards de Salas, representante de la Unión Cívica de las Mujeres de Chile, señaló que una empresa de estas características debía estar destinada a la Beneficencia en su mayor parte, y que, desde ahí, se le podía entregar una parte a la Universidad de Concepción, pensando en un orden de prioridades. En relación con esto, tanto la clausura del déficit de los hospitales como el alza en el costo de los productos necesarios para alimentar y atender a los enfermos eran un tema prioritario por sobre los requerimientos de la casa de estudios. Frente a esto, Edwards indicó:

[Mientras en los países civilizados se dan cuenta de lo que debe enfrentarse en primer lugar, en Chile, cubierto por la pobreza] y por una plaga de insectos repugnantes en que azota el exantemático y caen centenares de víctimas, se cierran hospitales porque no hay dinero para sostenerlos y la Lotería de Beneficencia que da millones sólo sostiene un plantel de educación, pasaremos a la historia y se nos citará como el país más original y utópico del mundo.⁶¹

La respuesta a esta crítica no tardó en llegar. Días después, Enrique Molina Garmendia se enfrentó a los reparos de Edwards, desmintiendo que la Lotería fuese la culpable de no generar los recursos suficientes para la Beneficencia. Molina resaltó que el Gobierno, ya que impuso que la Lotería de Concepción le entregase recursos a la Beneficencia Pública, debía aspirar a sólo un porcentaje de ellos, porque el objetivo primordial era financiar a la Universidad.⁶²

Tras estas desavenencias, la Lotería de Concepción comenzó el funcionamiento que ha mantenido hasta la actualidad. Hoy entrega 33 por ciento de sus ganancias a la Universidad. De la venta de sus boletos, utiliza 5 por ciento para financiar tanto a la Universidad de Chile como a la Pontificia Universidad Católica de Chile (otorga 21.5% a cada una); 38 por ciento se destina al Consejo de Defensa del Niño; 4.5 por ciento a la Corporación de Ayuda al Niño Limitado (COANIL), entre otras instituciones estipuladas por la Ley 18568, promulgada en 2005.

Su puesta en marcha marcó al proyecto original que a inicios de la década de 1930 aún se encontraba estancado; por esa misma época se implementaron otras medidas para reorganizar a la Beneficencia Pública y darle mayor solvencia frente a sus múltiples dificultades económicas. De hecho, en 1927, se dividió en la Junta Central de Beneficencia y la Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social, la cual fue aprobada al año siguiente. Éstas centralizaron los servicios en torno a las decisiones tomadas por el presidente de la República. Mediante el ministerio de Bienestar Social -que reemplazaba al de Higiene, Asistencia y Previsión Social, creado en 1924- hizo de la Beneficencia, poco a poco, un servicio más del Estado, al presidirla. Hubo, además, un mayor control de las inversiones.

La crisis de 1929 repercutió con fuerza en la Beneficencia Pública. Ante la imposibilidad de enfrentar los gastos de las instituciones y de no contar con los recursos que le entregaba el fisco, acumuló obligaciones económicas que ascendieron, en 1931, a más de 26 millones de pesos. Para saldarlas, se pensó en un empréstito, que asimismo ayudaría a mantener planes como la construcción de hospitales, tan necesarios ante el avance de epidemias como la tuberculosis, que habían diezmado la salud de la población.⁶³

Aun así, el apogeo de la crisis hizo que dichos planes se cancelaran y que se postergara la expansión de los servicios. Para enfrentar este nuevo contexto, a mediados de 1931 se implementaron políticas de racionamiento de recursos. Dentro del plan de ahorros, debieron ser despedidos funcionarios de la Beneficencia, como los estadísticos, los secretarios de la mayor parte de las Juntas en el país, los jefes de obras y otros.⁶⁴ Con tal escenario, el regreso de Arturo Alessandri a la presidencia de la República estuvo marcado por el propósito de reconstrucción de la economía nacional y de impulsar iniciativas detenidas en el Parlamento ante los conflictos políticos.

Dentro de este panorama, la idea de la lotería se reimpulsó ante el Congreso Nacional, y terminó por cristalizar en 1934 con la Ley 5443. Para diferenciarse de la Lotería de Concepción, e integrar las ganancias de las carreras en el Club Hípico y el Hipódromo, el proyecto de lotería se transformó, con su promulgación, en la Polla Chilena de Beneficencia, nombre con el que se conoce en América Latina a este sistema de apuestas acordadas de manera previa. Así fue como nació esta empresa estatal que, junto a la Lotería de Concepción, consolidó un duopolio de juegos en el país.

Con esta nueva institución, se estipuló que, de las utilidades obtenidas, 50 por ciento sería destinado al sostenimiento de las casas de socorros, y la otra mitad serviría para mejorar los servicios hospitalarios y mantener a su personal. En cuanto a su naturaleza, se ha mantenido su carácter público hasta estos días, en que distribuye 5 por ciento de su venta de boletos a organismos de beneficencia, al Fondo Nacional de Salud (FONASA), a la Cruz Roja, al Cuerpo de Bomberos, entre otros, lo que la ha situado lejos de lo que se pretendió en la década de 1910.

En consecuencia, el nacimiento y la consolidación de ambas instituciones, tras años de debates y desacuerdos, permitió fortalecer la idea de legalizar en Chile una Lotería Nacional de Beneficencia. Su existencia creó una fórmula que permitió financiar tanto a la Universidad de Concepción como a la Beneficencia Pública chilena. Esta última se convirtió en la Junta Central de Beneficencia y Asistencia Social, tras una reforma en 1932, que la transformó en un brazo más del Estado, a pesar de seguir abierta a la colaboración de los particulares. Con todo, la aparición de nuevos objetivos y de pugnas entre las autoridades universitarias y el gobierno, así como los conflictos en el Congreso que provocó la iniciativa ocasionaron que, cuando se materializaron la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia, el financiamiento fuese menor a lo que presupuestaban tanto la casa de estudios como la Beneficencia Pública, y que no cumpliesen con los objetivos trazados en un inicio.⁶⁵

A pesar de que ambas instituciones cumplieron distintos propósitos, el proceso que vivió la lotería como proyecto hizo que se reconociese que el juego formaba parte de la naturaleza humana, y que era posible obtener réditos de dicha práctica para contribuir a fines sociales. El diputado radical y periodista Galvarino Gallardo reconoció esto años después:

La certeza de [la] imposibilidad [de controlarlo] explica que los más célebres moralistas, de diferentes nacionalidades, hayan concurrido en la creencia de que era preferible encauzar este vicio, ponerle diques, someterle a ciertas trabas y condiciones, y, finalmente, transformarlo en base financiera de instituciones de bien social.⁶⁶

Con todo, es posible deducir que, con los debates en torno al establecimiento de la Lotería, la frontera entre la ilegalidad y el bien común fue desplazada. El cambio de este límite significó para algunos una inmoralidad, mientras que otros vieron la oportunidad para contribuir, desde la práctica políticamente incorrecta del juego, en la solución de temas que afectaban a los sectores desposeídos, discusión que predominó durante el periodo señalado y que finalizó con la creación de ambas instituciones.

Conclusiones

A lo largo de este estudio, pudimos apreciar la génesis de la Lotería de Beneficencia en Chile, el inicio del debate, las ideas que emergieron en torno al proyecto y el choque de posiciones que generó. Con ello, vimos que fue un proyecto controversial porque, para algunos, incentivaba el juego en perjuicio de los sectores desposeídos, mientras que otros lo proyectaron como una solución a los dilemas financieros de la Beneficencia Pública chilena. De manera simultánea, fueron expuestas las contradicciones que tuvo la discusión, al negarse un bloque de parlamentarios a crear una lotería porque las empresas extranjeras funcionaban con gran éxito, así como la evolución que tuvo el proyecto bajo esta suma de argumentos, sobre todo durante la década de 1920.

Por otro lado, analizamos la manera en la que la idea se fue flexibilizando con el tiempo: sus detractores comenzaron a aceptar que el juego era una práctica difícil de controlar, y que, a pesar del rechazo implícito de algunos sectores, era posible transformarlo en una vía para recaudar recursos con fines sociales. Notamos cómo esto permitió la existencia de la Lotería de Concepción, tolerancia que llevó, a inicios de la década de 1930, al nacimiento de la Polla Chilena de Beneficencia. Ambas empresas cumplieron otros objetivos, escapando al propósito inicial de respaldar de forma íntegra a la Beneficencia Pública.

Con este análisis, hemos podido apreciar cómo a inicios del siglo XX el juego adquirió en Chile un matiz social, al llegar al país la lotería como mecanismo para financiar los establecimientos de la Beneficencia Pública, idea consolidada en otros países. Esto trajo un cambio cultural para las autoridades: se pasó del rechazo a cualquier escenario donde el Estado pudiera fomentar el acto de jugar, a tolerar su existencia, siempre y cuando tuviese propósitos loables. A pesar de esto, fue posible dar cuenta de que, si bien existió la intención de generar mecanismos para hacerle frente a dicho problema, los cánones morales impuestos por el Estado y las autoridades hicieron que el repudio a fomentar el juego retrasase la aprobación de la Lotería, ya que vieron en ella un acto pernicioso en contra del bien común de la sociedad.

Frente a lo señalado, podemos cerrar el análisis haciendo hincapié en la relevancia de los debates generados ante los dilemas que atravesaba el país, junto a los puntos de acuerdo y desacuerdo que provocaron temas como la lotería. Este último permite apreciar los cambios que se generaron respecto a las bases que tuvo el Estado de bienestar en el país, que se comenzó a cristalizar de forma concreta a partir de la década de 1930. En efecto, al realzar los alcances que tuvo la iniciativa, podemos entender las complejidades y tensiones ante el hecho de que el Estado lentamente empezase a hacer suyas funciones sociales antes manejadas en su mayoría por los particulares, tanto en lo administrativo como en lo económico.